El reciente ataque contra las personas abogadas ambientalistas Randall Arauz y Walter Brenes, reconocidas por sus acciones judiciales para detener la comercialización del tiburón martillo, no puede leerse como un hecho aislado. Este suceso se inscribe en una tendencia más amplia de hostigamiento y deslegitimación de las personas defensoras ambientales, que afecta cada vez con más fuerza a América Latina y que empieza a manifestarse con mayor claridad en Costa Rica.
De la defensa ambiental al “enemigo del desarrollo”
En las últimas décadas, los conflictos socioambientales se han intensificado en toda la región. Mientras comunidades y organizaciones defienden sus territorios frente a proyectos extractivos o pesquerías industriales, los Estados y las élites económicas han respondido con una combinación de represión, judicialización y estigmatización.
Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) y de EarthRights International (2020) muestran cómo, bajo el discurso del progreso y la seguridad, se criminaliza a quienes ejercen el derecho legítimo a la participación, la protesta y la defensa del ambiente.
El discurso dominante traslada la atención del problema estructural —la sobreexplotación de los bienes naturales— hacia las personas que lo denuncian, presentándolas como obstáculos, radicales o enemigos del desarrollo nacional.
En Costa Rica, etiquetas como “ecoterroristas”, “antidesarrollo” o “enemigos del país” reproducen un patrón regional que la investigadora Marina Mendoza (2023) denomina la actualización de la doctrina del enemigo interno: una narrativa que convierte el cuidado del territorio en sospecha política y el disenso ambiental en amenaza al orden económico.
Qué entendemos por estigmatización
La estigmatización es un proceso social de deslegitimación y exclusión simbólica, en el que ciertos actores —autoridades, empresas, medios o figuras de poder— atribuyen etiquetas negativas a quienes defienden derechos humanos o ambientales, distorsionando sus motivos y restándoles credibilidad ante la opinión pública.
Según el estudio de Protection International y la PDDH (2025), este proceso opera mediante tres mecanismos principales:
-Reducción moral: presentar a las personas defensoras como fanáticas, violentas o ideologizadas, negando la legitimidad de su causa.
-Inversión del conflicto: desplazar el foco del daño ambiental hacia la supuesta “amenaza” que representan quienes denuncian.
-Despersonalización: convertir a los defensores en objetos de sospecha o “problemas de orden público”, invisibilizando sus trayectorias humanas y comunitarias.
La estigmatización no solo distorsiona los hechos: erosiona el reconocimiento social del papel que cumplen estas personas en la defensa de los bienes comunes, preparando el terreno para agresiones más graves.
Estrategias de estigmatización y control
Los estudios de EarthRights International (2020) y la CIDH (2015) identifican múltiples estrategias que combinan la dimensión mediática, judicial y política:
-Uso político del derecho penal: figuras como “usurpación”, “difamación” o “entorpecimiento” se aplican para criminalizar la protesta o la acción legal.
-Campañas mediáticas de desprestigio: titulares y contenidos que asocian la defensa ambiental con agendas extranjeras, “izquierdismo” o sabotaje económico.
-Acoso digital y desinformación: redes sociales usadas para hostigar, amenazar o difundir rumores que siembran miedo.
-Negligencia institucional: la falta de investigación o sanción de las amenazas refuerza la idea de que agredir a defensores “no tiene consecuencias”.
-Apropiación del discurso ambiental: empresas y gobiernos adoptan un lenguaje “verde” para desactivar críticas mientras invisibilizan los impactos reales.
Estas estrategias no solo buscan silenciar voces críticas; también fragmentan los lazos comunitarios, desalientan la participación y debilitan la democracia ambiental.
Estigmatización en el contexto costarricense
Aunque Costa Rica mantiene una imagen de “democracia verde”, los conflictos por el uso y control del territorio se han agudizado en zonas costeras, rurales y fronterizas.
Los ataques contra Arauz y Brenes, y las amenazas en Talamanca, Osa y la Zona Norte, se dan en contextos donde confluyen crimen organizado, pesca industrial, turismo desregulado y discursos políticos hostiles al Acuerdo de Escazú.
El cuestionamiento al Escazú —que garantiza el acceso a la información, la participación y la protección de defensores ambientales— es parte de una estrategia de desinformación y miedo, que busca impedir una ciudadanía ambiental activa y crítica.
En el fondo, la disputa no es solo jurídica: es cultural y política. Se trata de quién tiene derecho a decidir sobre el territorio, los recursos y el sentido del desarrollo.
De la estigmatización al riesgo
La estigmatización es el primer peldaño de una escalera que puede escalar hacia la criminalización, el hostigamiento o la violencia física. Los discursos que deslegitiman la defensa ambiental generan condiciones para ataques más severos: se convierten en permisos simbólicos para dañar.
La experiencia latinoamericana muestra que la violencia empieza con la palabra: antes del golpe, la cárcel o el asesinato, hay una narrativa que despoja de legitimidad al defensor. Costa Rica aún puede evitar que esa espiral avance, si logra reconocer y detener esas prácticas antes de que se normalicen.
La trampa de la falsa polarización
Uno de los efectos más perniciosos de la estigmatización es la creación de falsas polarizaciones: ambientalistas contra el desarrollo, ambientalistas contra pescadores, ambientalistas contra agricultores. Estas oposiciones simplifican y distorsionan conflictos complejos, reduciendo debates estructurales sobre justicia ambiental a batallas morales entre “progreso” y “obstáculo”.
En realidad, no existe un conflicto esencial entre cuidar la naturaleza y garantizar la producción o el trabajo, sino entre dos formas de entender el desarrollo: una basada en la apropiación y el agotamiento de los bienes comunes, y otra que busca sostener la vida en equilibrio con ellos.
La retórica del “ambientalista enemigo” sirve para dividir a quienes comparten condiciones de vulnerabilidad, enfrentando a comunidades pesqueras, agrícolas o rurales entre sí, mientras los verdaderos beneficiarios —los grandes intereses extractivos, turísticos o industriales— se mantienen fuera del foco público.
Superar esta polarización exige reconstruir el diálogo desde lo común: reconocer que pescadores, agricultores y defensores ambientales no son bandos opuestos, sino parte de una misma defensa del territorio y de la soberanía sobre los bienes que los sostienen.
Frente a la lógica del enfrentamiento, la alianza entre quienes viven del mar y la tierra es la única vía posible para resistir el cercamiento de lo común y construir alternativas de vida digna.
La normalización de la estigmatización
La normalización ocurre cuando la sociedad deja de percibir la estigmatización como una forma de violencia y empieza a considerarla parte del “juego político” o del debate público.
Cuando insultos, burlas o acusaciones contra defensores se vuelven frecuentes y no generan rechazo, se instala una cultura de indiferencia que legitima la agresión.
Esa normalización tiene consecuencias profundas:
-Reduce la empatía social, debilitando la solidaridad hacia quienes defienden causas comunes.
-Desactiva los mecanismos institucionales de protección, porque las amenazas dejan de verse como graves.
-Distorsiona el debate público, sustituyendo el argumento por la difamación.
-Refuerza la impunidad, al convertir el miedo y el silencio en prácticas cotidianas.
En ese contexto, la estigmatización deja de ser una anomalía para convertirse en una herramienta estructural de control social.
Desmontar esa normalización implica nombrar el problema, crear espacios de memoria y cuidado, y reafirmar que defender el ambiente no es un privilegio ni una amenaza: es un derecho.
Escazú y la legitimación del silencio
La negativa de Costa Rica a ratificar el Acuerdo de Escazú no puede entenderse solo como un desacuerdo técnico o jurídico; expresa una alianza tácita entre intereses económicos y políticos que buscan mantener el control sobre la información y limitar la participación ciudadana en los conflictos ambientales.
En ese contexto, la estigmatización de las personas defensoras cumple una función estratégica: desacreditar al mensajero para preservar el modelo.
Cuando se rechaza un instrumento que protege a quienes defienden los bienes comunes, se envía un mensaje claro: la transparencia y la participación son vistas como amenazas, y no como pilares de la democracia.
Así, la no ratificación de Escazú contribuye a normalizar un clima de desconfianza y hostilidad, donde la defensa ambiental deja de percibirse como un derecho y se convierte, peligrosamente, en un acto de sospecha.
Cuidar a quienes cuidan
Defender la naturaleza no es un acto de confrontación, sino de cuidado del bien común. En tiempos de polarización y pérdida de confianza institucional, proteger a quienes defienden la vida es un imperativo democrático.
La estigmatización busca aislar; la solidaridad, en cambio, reconstruye comunidad.
La defensa ambiental es, en el fondo, una defensa de los bienes comunes: del agua, los bosques, los mares, la tierra y la posibilidad de habitarlos dignamente. Cuando las personas que los protegen son perseguidas o silenciadas, no solo se vulneran derechos individuales, sino que se debilita la trama social que sostiene la vida colectiva.
Los procesos de cercamiento y agotamiento de los bienes comunes —ya sea por la expansión extractiva, la privatización o la captura institucional— avanzan más rápido cuando la sociedad acepta la estigmatización de quienes resisten. En esa frontera, las personas defensoras representan la última línea de contención frente a un modelo que convierte todo en mercancía, incluso la vida misma.
Protegerlas no es un acto simbólico, es una condición de posibilidad para la democracia ambiental y para imaginar un país donde el bienestar no se mida por el lucro, sino por la capacidad de cuidar lo que nos sostiene en común.
Glosario
| Concepto | Definición |
|---|---|
| Defensores y defensoras ambientales | Personas, colectivos o comunidades que promueven y protegen derechos relacionados con el ambiente, el territorio, el agua y la naturaleza, actuando en nombre del interés público. |
| Criminalización | Uso indebido del sistema penal, administrativo o judicial para sancionar o intimidar a quienes ejercen la defensa de derechos. Incluye acusaciones infundadas, procesos judiciales prolongados o uso abusivo de figuras legales. |
| Estigmatización | Proceso simbólico que deslegitima y desacredita públicamente a las personas defensoras, a través de discursos, etiquetas y narrativas que las presentan como amenazas, enemigas o antidesarrollo. |
| Doctrina del enemigo interno | Lógica heredada de contextos autoritarios según la cual ciertos sectores sociales —antes los insurgentes, hoy los ambientalistas o pueblos indígenas— son tratados como enemigos del Estado o del progreso. |
| Acuerdo de Escazú | Tratado regional que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública y la protección de las personas defensoras del ambiente en América Latina y el Caribe. Entró en vigor en 2021. |
| Bienes comunes | Recursos naturales, culturales y sociales compartidos por las comunidades y esenciales para la vida —como el agua, el aire, la biodiversidad y el conocimiento— cuya gestión debe basarse en el cuidado colectivo y no en la apropiación privada. |
| Cercamiento | Proceso mediante el cual los bienes comunes son apropiados o controlados por intereses privados o estatales, restringiendo el acceso y la participación de las comunidades que los habitan o gestionan. |
| Democracia ambiental | Enfoque que reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información, participar en las decisiones y exigir justicia en asuntos ambientales, vinculando la protección del ambiente con la participación ciudadana y los derechos humanos. |
Referencias
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Organización de los Estados Americanos.
EarthRights International. (2020). Criminalización de defensores y defensoras de la Tierra: Elementos para la defensa legal desde el análisis de casos. Coordinado por Juliana Bravo Valencia, con la colaboración de Ana María Vidal Carrasco, Pablo Abdo y Katherine Paucar Quispe. EarthRights International.
López Rodríguez, Mario Alejandro, y Excell, Cristhian. (2017). La violencia en contra de defensores(as) ambientales y de la tierra en Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Martínez, Alonso. (2025, 10 Noviembre). Organizaciones se pronuncian ante actos de violencia contra defensores ambientales en Puntarenas. Delfino.CR.
Mendoza, Marina Gabriela. (2023). La instrumentalización del “ecoterrorismo” en el abordaje de la conflictividad socioambiental latinoamericana: los casos de Chile y Perú (2003–2023). Revista de Estudios sobre Genocidio, 18, 88–112. Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Protection International y Fundación Verdad Abierta. (2025). Patrones de estigmatización y estereotipos hacia las personas defensoras de derechos humanos. Coordinado por Juliana Bravo Valencia. Protection International y Fundación Verdad Abierta.
