Antes de continuar, quizá corresponda ofrecer una disculpa a las víctimas del terrorismo de Estado en América Latina y el Caribe. A quienes padecieron persecución política, desapariciones forzadas, torturas, exilios y asesinatos cometidos desde estructuras estatales. En Costa Rica, el concepto parece haber iniciado una nueva etapa de flexibilización semántica: ya no necesariamente describe regímenes que sembraron terror para controlar a la población, sino también resoluciones electorales, desacuerdos institucionales y sentencias que pueden ser apeladas ante los tribunales. Las palabras, al parecer, también sufren procesos de inflación.
«Estamos frente al acto más cobarde de terrorismo de Estado».
La afirmación fue realizada por el consejero de la presidencia de la República, el señor Fabian Silva durante una conferencia de prensa convocada para cuestionar una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) relacionada con el uso de mensajes religiosos en la campaña electoral de 2026. Más allá de la controversia jurídica que rodea el caso, la expresión utilizada merece una reflexión propia. No tanto por lo que dice acerca de la resolución del tribunal, sino por lo que revela acerca de las formas contemporáneas de construir sentido político.
¿Por qué recurrir precisamente al concepto de terrorismo de Estado? ¿Qué efectos produce esa elección lingüística? ¿Qué tipo de realidad se busca construir cuando un conflicto institucional es presentado mediante categorías asociadas históricamente a experiencias de violencia extrema?
Las palabras nunca son simples vehículos para transmitir información. También son herramientas mediante las cuales se organizan percepciones, se producen identidades colectivas y se establecen marcos de interpretación sobre aquello que ocurre en la vida pública. En política, nombrar es una forma de actuar.
El poder de las palabras extraordinarias
No todas las palabras poseen la misma capacidad de movilización. Existen conceptos que arrastran consigo una enorme carga histórica y emocional. Terrorismo es uno de ellos.
La palabra remite inmediatamente a situaciones de miedo, amenaza, violencia y vulneración de derechos. No se trata únicamente de una categoría descriptiva; se trata también de una categoría moral. Cuando algo es nombrado como terrorismo deja de ser percibido como un desacuerdo ordinario y pasa a ser interpretado como una agresión grave que exige una respuesta urgente.
Algo similar ocurre con términos como dictadura, persecución, censura o totalitarismo. Su fuerza política no proviene únicamente de su significado conceptual, sino de las memorias históricas que activan y de las emociones que convocan.
Por esta razón, la elección de estas palabras nunca resulta inocente. Quien logra instalar una determinada denominación no solamente describe un acontecimiento: también orienta la manera en que ese acontecimiento será interpretado socialmente. La disputa política es, en buena medida, una disputa por la capacidad de nombrar la realidad.
De la controversia jurídica a la narrativa de persecución
El conflicto que dio origen a esta discusión gira alrededor de una resolución del TSE sobre propaganda electoral vinculada a motivos religiosos. Sin embargo, al introducir la expresión terrorismo de Estado, la naturaleza del conflicto cambia significativamente.
La atención deja de centrarse en la interpretación de normas constitucionales, en los alcances del artículo 28 o en los límites entre libertad religiosa y regulación electoral. La discusión es desplazada hacia otro terreno: el de la persecución.
-Ya no se habla únicamente de una resolución cuestionable. Se habla de una agresión.
-Ya no se habla únicamente de una institución pública que adopta una decisión. Se habla de un aparato estatal que actúa contra un grupo específico.
-Ya no se habla únicamente de una controversia legal. Se habla de una amenaza existencial contra una comunidad.
Este desplazamiento resulta fundamental porque transforma el marco desde el cual se interpreta el acontecimiento. Lo que antes podía aparecer como una disputa jurídica pasa a ser comprendido como una confrontación entre víctimas y perseguidores.
La política de la victimización
Uno de los fenómenos más visibles en numerosos escenarios políticos contemporáneos consiste en la creciente centralidad de las narrativas de agravio.
Actores con capacidad de influencia institucional, presencia mediática y representación política recurren cada vez más a discursos que los presentan como sectores perseguidos, silenciados o excluidos por élites, instituciones o grupos de poder.
La eficacia de estas narrativas radica en que permiten construir fuertes vínculos de identificación colectiva. Cuando un grupo se percibe a sí mismo como víctima de una agresión externa, las diferencias internas tienden a disminuir y la cohesión política suele fortalecerse.
En este contexto, conceptos como persecución, censura o terrorismo adquieren una función estratégica. No solamente describen una situación; contribuyen a producir una comunidad emocional articulada alrededor de la experiencia compartida del agravio.
La pregunta relevante no es únicamente si existe o no una vulneración de derechos. También es necesario preguntarse cómo se construye discursivamente esa vulneración y qué efectos políticos genera esa construcción.
La apropiación de memorias históricas
La utilización del concepto terrorismo de Estado posee además una dimensión particularmente significativa.
Históricamente, esta expresión fue empleada para describir formas sistemáticas de violencia ejercidas desde estructuras estatales contra sectores de la población. En América Latina, el término quedó profundamente asociado a experiencias de desaparición forzada, tortura, persecución política, encarcelamiento arbitrario y eliminación física de opositores.
Por esa razón, cuando la expresión reaparece en debates contemporáneos, no lo hace desprovista de historia. Llega acompañada de una memoria colectiva acumulada durante décadas.
Utilizar esa categoría para interpretar conflictos actuales supone trasladar parte de esa carga simbólica hacia nuevos escenarios políticos. La operación no consiste únicamente en describir una situación presente; consiste también en establecer analogías, activar recuerdos y generar asociaciones emocionales capaces de reforzar una determinada lectura de los acontecimientos.
La disputa política contemporánea se libra también en este terreno: el de la apropiación y resignificación de conceptos históricamente cargados de sentido.
¿Quién tiene el poder de definir la realidad?
En el fondo, la controversia no gira solamente alrededor de una resolución electoral. Tampoco se limita a una discusión sobre religión y política.
Lo que aparece en juego es una cuestión más profunda: quién tiene la capacidad de definir el significado de los acontecimientos que atraviesan una sociedad.
-¿Se trata de una medida destinada a proteger la autonomía del sufragio?
-¿Se trata de una limitación indebida a la libertad religiosa?
-¿Se trata de una forma de persecución política?
Las respuestas no dependen exclusivamente de los hechos. También dependen de los marcos interpretativos mediante los cuales esos hechos son comprendidos.
Por eso las disputas políticas contemporáneas se desarrollan simultáneamente en múltiples niveles: en los tribunales, en los parlamentos, en las redes sociales, en los medios de comunicación y en el lenguaje mismo.
La batalla por el sentido de las palabras
La discusión suscitada por las declaraciones contra el TSE ofrece una oportunidad para reflexionar sobre algo que suele pasar desapercibido: las palabras son también un terreno de disputa política.
Nombrar una situación como regulación, censura, persecución o terrorismo no constituye un acto neutral. Cada una de esas denominaciones organiza la realidad de manera distinta, distribuye responsabilidades diferentes y produce efectos políticos específicos.
Por eso vale la pena preguntarse no solamente si una determinada palabra es correcta o incorrecta, sino también qué hace esa palabra en el debate público, qué emociones moviliza, qué actores legitima y qué formas de comprender la realidad contribuye a consolidar.
Al final, las luchas políticas no se desarrollan únicamente alrededor de instituciones, leyes o recursos materiales. También se desarrollan alrededor de algo aparentemente más simple, pero igualmente decisivo: la capacidad de definir qué significan las palabras con las que una sociedad se piensa a sí misma.
Mantener viva la controversia
Quizás el objetivo principal de declaraciones como estas no sea ganar una discusión jurídica. Tampoco necesariamente convencer a quienes piensan distinto. Su eficacia política puede encontrarse en otro lugar.
En numerosos contextos contemporáneos, la comunicación política ha dejado de orientarse principalmente hacia la búsqueda de consensos. En cambio, tiende a privilegiar la producción permanente de controversias, agravios y conflictos capaces de mantener movilizada a una base social específica. La disputa deja de girar alrededor de soluciones concretas y pasa a organizarse alrededor de emociones como la indignación, el miedo, la sensación de amenaza o la percepción de estar siendo injustamente atacados.
En este marco, la victimización cumple una función política central. Un movimiento que logra presentarse como perseguido puede fortalecer la cohesión interna de sus seguidores, justificar nuevas movilizaciones, deslegitimar instituciones que limitan sus acciones y transformar cualquier cuestionamiento en una prueba adicional de la supuesta persecución que denuncia.
La lógica es circular pero eficaz: si una institución sanciona, confirma la narrativa de persecución; si no sanciona, se interpreta como una victoria frente a quienes pretendían silenciar al movimiento. En ambos casos, el conflicto permanece abierto y continúa alimentando la identidad política del grupo.
Por eso, más que analizar únicamente la veracidad de ciertas afirmaciones, resulta importante observar los efectos que producen. ¿Contribuyen a comprender mejor los problemas públicos? ¿Favorecen la deliberación democrática? ¿O desplazan la atención hacia conflictos simbólicos que consumen buena parte de la conversación pública?
La pregunta adquiere especial relevancia en tiempos donde la política parece depender cada vez más de la capacidad para mantener encendida la indignación. Porque cuando el conflicto se convierte en un recurso político permanente, la controversia deja de ser un problema que debe resolverse y pasa a convertirse en un activo que conviene administrar, reproducir y prolongar.
No nos olvidamos: cuando el miedo sí tenía memorando
La discusión actual también invita a mirar hacia atrás.
Costa Rica ya ha vivido momentos en los que amplios sectores de la sociedad cuestionaron el papel de instituciones estatales durante procesos políticos de alta intensidad. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió durante la campaña del referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2007.
En aquel contexto salió a la luz pública el denominado «Memorando del Miedo», un documento elaborado por altos funcionarios del gobierno que proponía utilizar el temor como herramienta de comunicación política para influir en la ciudadanía. El texto sugería advertir sobre posibles pérdidas de empleo, afectaciones económicas y consecuencias negativas para el país en caso de que triunfara la opción contraria al tratado.
La filtración generó una fuerte polémica porque revelaba de forma explícita una estrategia orientada a movilizar apoyos mediante la construcción de escenarios de amenaza e incertidumbre.
Durante aquellos meses, diversos movimientos sociales, organizaciones sindicales, sectores estudiantiles y espacios ciudadanos denunciaron además una serie de desequilibrios en la campaña, cuestionando la participación de actores gubernamentales y el tratamiento otorgado por las instituciones electorales a distintas denuncias presentadas durante el proceso.
No se trata de afirmar que ambas coyunturas sean equivalentes. No lo son. Tampoco de establecer una competencia para determinar cuál conflicto fue más grave.
La pregunta es otra.
Resulta llamativo que el concepto de «terrorismo de Estado» aparezca hoy para describir una resolución electoral que puede ser discutida, apelada y cuestionada públicamente, mientras que durante uno de los procesos políticos más polarizados de la historia reciente del país —marcado por denuncias de uso del miedo como herramienta política desde las más altas esferas del poder— esa expresión prácticamente no ocupó un lugar central en el debate público.
La observación no busca resolver la controversia actual. Busca recordar algo más elemental: las palabras tienen historia. Y quizás una de las preguntas más incómodas para cualquier actor político sea por qué determinados conceptos aparecen con fuerza en unas coyunturas y desaparecen en otras. Qué acontecimientos merecen ser nombrados como abusos de poder y cuáles no. Qué memorias se activan y cuáles se silencian.
Porque la disputa por el significado de las palabras también es una disputa por aquello que una sociedad decide recordar.
¿Cómo analizar campañas políticas basadas en la victimización y el conflicto permanente?
| Aspecto a observar | Preguntas para el análisis crítico | Señales de alerta |
|---|---|---|
| Uso del lenguaje | ¿Qué palabras se utilizan para describir el conflicto? ¿Son proporcionales a los hechos que se denuncian? | Uso recurrente de términos extremos como «terrorismo», «dictadura», «persecución», «censura», «enemigos del pueblo» o «ataque a la libertad». |
| Construcción de víctimas | ¿Quién aparece como víctima en el relato? ¿Qué poder político, económico o mediático posee realmente ese actor? | Actores con amplios recursos y capacidad de influencia se presentan exclusivamente como sectores indefensos o perseguidos. |
| Construcción de enemigos | ¿Quién es señalado como responsable de los problemas? ¿Se trata de personas concretas o de categorías amplias y difusas? | Aparición de enemigos abstractos como «los progres», «las élites», «los globalistas», «los comunistas», «los ateos», «la prensa» o «el sistema». |
| Relación con los hechos | ¿Las afirmaciones se apoyan en evidencia verificable o principalmente en interpretaciones emocionales? | Predominio de sentimientos, sospechas o percepciones sobre datos verificables. |
| Escala del conflicto | ¿El conflicto descrito corresponde a la magnitud de los hechos? | Un desacuerdo institucional es presentado como una amenaza existencial para la democracia, la religión, la familia o la nación. |
| Uso del miedo | ¿Qué temores se activan? ¿Qué escenarios negativos se presentan? | Predicciones catastróficas, amenazas inminentes o escenarios extremos sin evidencia suficiente. |
| Papel de las instituciones | ¿Las instituciones son criticadas por decisiones concretas o se cuestiona su legitimidad misma? | Descalificación generalizada de tribunales, universidades, medios de comunicación o autoridades electorales. |
| Posibilidad de diálogo | ¿Se reconoce la legitimidad de quienes piensan distinto? | Los adversarios son retratados como enemigos morales, traidores o amenazas para la sociedad. |
| Beneficios políticos | ¿Quién gana políticamente si el conflicto se mantiene abierto? | La controversia fortalece la cohesión interna de una base política o religiosa. |
| Memoria histórica | ¿Se utilizan conceptos con una fuerte carga histórica? ¿Cómo se comparan con los hechos actuales? | Uso de categorías asociadas a guerras, dictaduras, genocidios o terrorismo para describir situaciones muy distintas. |
| Resultado esperado | ¿La campaña busca resolver un problema o mantener viva la indignación? | El conflicto parece más importante que las posibles soluciones. |
| Efectos democráticos | ¿La comunicación amplía el debate público o reduce la complejidad de los problemas? | Polarización creciente, simplificación extrema y debilitamiento de la deliberación pública. |
Cuando una campaña política insiste constantemente en que existe una persecución, una conspiración o una amenaza permanente, vale la pena preguntarse:
¿Estamos frente a un problema que necesita ser resuelto o frente a un conflicto que resulta útil mantener vivo?
Referencias
Corral Corral, María de Jesús. (2008). Poder mediático y comunicación dialógica, simétrica y libre en América Latina. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, (47), 117–136. https://doi.org/10.22201/cialc.24486914e.2008.47.57401
Holzmann, Guillermo. (2011). Comunicación política y calidad democrática en América Latina. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, (33), 109–141. https://doi.org/10.18682/cdc.vi33.1714
Madrigal, Luis Madrigal (2026, 17 de junio). Chavismo cierra filas con evangélicos y acusa al TSE de «terrorismo de Estado». Delfino.cr.
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