Descripción: En 2011, los indígenas del Territorio Indígena Organizados Salitre y apoyado por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Salitre (ADI-TIS) de la ONU Comienzan el Proceso de Recuperación de Tierras en Salitre, Zona Sur de Costa Rica. El pueblo indígena Bribri RECLAMA el retorno de sus tierras que mediante la Ley Indígena de 1977 se les otorgan alrededor de 12.000 hectáreas.Con la aprobación de la Ley Indígena, el Estado costarricense debió reubicar a toda Aquella persona no indígena que tuviera propiedad dentro del territorio indígena Salitre (TIS). Este proceso nunca sucedió y se transformó en la comercialización ilegal de tierras y un conflicto que persiste hasta el día de hoy. En 2011 en reacción a la inacción estatal, la ASDI-TI, dirigida por Sergio Rojas, indígena bribri y otros compañeros y compañeras, inician un proceso de recuperación de tierras «no formales». Este proceso consiste en el envío de una notificación por parte de los indígenas a la persona no-indígena indicando un plazo concreto para el desalojo. Cumplido este plazo y al no realizarse ninguna acción, los indígenas toman el terreno mediante la construcción de sus ranchos y ocupación del territorio. Los «sikuas» (no indígenas) que han comprado de manera legal o ilegal (antes o después de la ley de 1977) grandes hectáreas de tierras incluidas partes de TIS donde tienen actividades productivas de tipo agricultura o ganadería. Como reacción a la recuperación de tierras no formal, entre el 5 y el 8 de julio de 2014 de un grupo de sikuas incursionó en ese territorio y violentó la integridad física, emocional y psicológica del pueblo indígena Bribri. En aras de crear un ambiente de paz, se conformó una comisión por parte del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, conformado por varias organizaciones gubernamentales (y no gubernamentales). El informe final presentado por la comisión denunció la quema de viviendas y ranchos indígenas, agresiones físicas, restricción a las vías de acceso, gritos, intimidaciones y comentarios racistas. Debido a los altos índices de violencia entre los indígenas y «sikuas», en 2015, la CIDH emitió medidas cautelares en favor de los indígenas de las etnias Teribe y Bribri que habitan en las comunidades de Térraba y Salitre, respectivamente, y ordenó al Gobierno tomar acciones para garantizar el respeto a su vida e integridad. Las agresiones de julio de 2014 han quedado en la impunidad, la identificación de los agresores, irrespetando el debido proceso. El Punto más álgido de violencia fue en marzo de 2019, cuando personajes aún no identificados (hasta el día 26/03/2019) entraron a la casa de Sergio Rojas, indígena Bribri y presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ASDI) , asesinándolo con 15 tiros. De acuerdo con el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), Sergio ya habia estado previamente amenazado de muerte, habia sobrevivido a intentos de asesinato y fue encarcelado por delito de fraude. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige al Gobierno de Costa Rica que responda por El asesinato de Sergio Rojas.

Actores: Gobierno de Costa Rica, Fuerza Pública, Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO), Oficinas de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, Defensoría de los Habitantes, Municipalidad de Buenos Aires, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Coordinadora Lucha Sur Sur, Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), Asociación de Desarrollo Integral (ADI), Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Sistema de Naciones Unidas Derechos Humanos – Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ-CR), Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ), Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena, Observatorio de los Derechos Humanos y la Autonomía Indígena (ODHAIN)

Categorías: Derechos Territoriales, Criminalización, Recuperación

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