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Las venas abiertas de los Bienes Comunes: Nuestros bosques

Con el pasar del tiempo los extractivismos han tendido a ensanchar cada vez más sus fronteras. La búsqueda de “riqueza” mediante el despojo y la sobreexplotación sigue marcando el destino de nuestros bienes comunes. Un buen indicador es la cantidad de denuncias ambientales que se registran en nuestro país, de estas podemos destacar que en materia forestal representan el 48%. De ese porcentaje, un 78% corresponde a actividades relacionadas con la tala y el aprovechamiento forestal. ¿Cómo comprender esta voracidad?

Ninguno de los fenómenos que podríamos citar son nuevos: tala ilegal, biopiratería, cambio de uso del suelo para ampliar las tierras de cultivo o ganadería, entre otras. Esto nos evidencia la constante y creciente presión sobre nuestros bosques, convirtiéndolos en escenarios recurrentes de conflictos y despojo, pero también nos alerta sobre la cantidad de intereses que rondan sobre estos importantes ecosistemas.

En las últimas décadas se ha desarrollado una forma de acaparamiento más sofisticada. Con el creciente protagonismo de la economía verde surgió la noción de “Capital Natural”, impulsada con los avances tecnológicos (especialmente la biotecnología), logrando no solo la mera “extracción de recursos”, sino también la incorporación de los procesos naturales; es decir, la integración plena de la naturaleza, al mercado.

Encontramos también como cómplice el “Corporativismo Ambiental”, refiriéndose a quienes ven la financiarización de la naturaleza como el camino “indicado” para el ahorro de energía, la disminución de los desechos y la compensación de su huella ecológica.

Esta tendencia introduce nociones de “eficiencia y rentabilidad” en nuestros ecosistemas; sin embargo, esto es incongruente con la complejidad que representan las interacciones en nuestros territorios naturales. Esta lógica es parte de la dinámica que desea vender la “economía verde”, es decir, una economía acrítica y sin el menor sentido político.

Los bosques albergan y protegen muchos otros bienes naturales como la biota (que incluye flora y fauna), el agua, el suelo, minerales, sumideros de carbono, entre otros. En esta lista encontramos algunos de los bienes naturales más apetecibles para un sinnúmero de corporaciones que buscan su privatización.

Indicamos lo anterior porque a través del posicionamiento de mecanismos, como los mercados de carbono o las tecnologías verdes, estos convierten lo que antes se entendía como externalidades negativas (como la contaminación o el consumo desmedido de energía) en potenciales nichos de negocios.

Estos mecanismos resultan opacos en cuanto a resultados, pero abren espacios a nuevos tipos de extractivismos: títulos de carbono (que básicamente es la privatización de bosques), plantaciones forestales (como la teca y melina), parques energéticos, minería verde, etc.

Todas estas experiencias comparten una premisa: no hay un cuestionamiento real sobre la producción o el consumo, sino a lo sumo una “ingenua” compensación. Esto tiende a solapar una homogeneización destructiva (una adaptación que no cuestiona el modelo dominante), más cercana a una “política de monocultivo” que a una política de la vida.

Durante décadas, nuestros pueblos y sus bosques han venido resistiendo ante los embates de diversos extractivismo (madereros, agroindustria, ganadería, minería, por citar algunos). Sin embargo, se ha sumado ahora la financiarización de la naturaleza.

¿Cuánto podrán resistir? Dependerá de muchos factores, así como del acompañamiento que podamos brindarles a todas esas personas defensoras ambientales, que día a día denuncian los atropellos de un sistema económico que sigue ensanchando su frontera extractiva.

El escenario es poco alentador, durante tantos años de resistencia ha prevalecido una impunidad ambiental ante los atropellos y sobreexplotación de los bosques. Hemos aprendido algo: todo abuso sobre nuestros ecosistemas conlleva una violación constante de los derechos humanos.

Pueblos y bosques caminan juntos, por esta razón, más que nunca se debe garantizar seguridad a las personas defensoras ambientales; pero también se les debe reconocer su labor de cuidado en las dimensiones legales e institucionales, ya que son la última esperanza, por no decir la última frontera de la vida.