Cuando el INDER blanquea la lucha por la tierra de los pueblos originarios
En junio de 2025, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) difundió en sus redes sociales un mensaje celebratorio: “En el año 2024 se lograron indemnizar un total de 14 fincas en 7 territorios indígenas del país”. En su narrativa, esta acción es presentada como un logro del Gobierno de la República y de la Mesa Técnica Interinstitucional de Asuntos Indígenas, destacando territorios como Cabagra y China Kichá entre los supuestamente beneficiados.
Es cierto que el INDER ha realizado procesos de indemnización de fincas en algunos territorios indígenas. Sin embargo, lo problemático no radica en el hecho mismo de las indemnizaciones, sino en el modo en que la narrativa oficial las presenta: invisibilizando sistemáticamente el proceso de recuperación directa impulsado por las comunidades desde hace más de una década, y omitiendo el costo humano, político y cultural de esas luchas. En lugar de reconocer esta historia, el Estado se coloca como protagonista exclusivo de una supuesta solución técnica, institucional y pacífica, apropiándose simbólicamente de logros que no le pertenecen.
Esta estrategia institucional alcanza tintes paradójicos. En una de las actividades oficiales de la Mesa Técnica —realizada en 2022 en Buenos Aires de Puntarenas— el presunto asesino del líder indígena Jerhy Rivera se presentó públicamente, confesó el crimen, y fue aplaudido por parte del público presente. Este hecho reveló el profundo nivel de impunidad y complicidad que puede operar incluso en espacios institucionales que se presentan como mecanismos de “diálogo” y “reparación”.
Detrás de esta postal institucional de “avance en derechos”, se esconde una historia mucho más compleja, dolorosa y profundamente política: la larga y valiente lucha de los pueblos originarios por recuperar sus territorios ancestrales frente al despojo, la violencia y el racismo estructural. Lejos de hacer justicia a esta memoria, el comunicado del INDER se inscribe en una estrategia más amplia de blanqueamiento institucional del conflicto territorial indígena, que despoja a los pueblos no solo de su tierra, sino también de su relato y de su protagonismo histórico.
En esta nota proponemos un recorrido por los principales hitos de la recuperación de tierras desde 2010, las implicaciones políticas y sociales vividas por los pueblos, las formas en que el Estado ha intentado neutralizar o apropiarse de la lucha, y una reflexión final sobre la tierra como bien común, no como propiedad ni mercancía.
Una década de recuperación y resistencia: línea del tiempo crítica (2010–2025)
2010 – Los pueblos originarios de Costa Rica presentan ante la Asamblea Legislativa su propuesta de Ley de Desarrollo Autónomo, elaborada colectivamente para garantizar su derecho a decidir sobre sus territorios, autoridades y formas de vida. Ante la indiferencia del poder legislativo, surge una nueva consigna que marcará la década siguiente: “Hacemos la autonomía en los territorios”.
Comienza así una nueva etapa de recuperación directa de tierras usurpadas, especialmente en territorios del sur como bribri de Salitre, bribri de Cabagra, cabécar de China Kichá y bröran de Térraba.
2012–2018 – Los procesos de recuperación se intensifican. Las comunidades logran retomar importantes extensiones de tierra, a pesar de las constantes agresiones por parte de terratenientes, fuerzas policiales e incluso funcionarios públicos.
Los ataques incluyen:
– quema de cultivos,
– destrucción de viviendas,
– amenazas de muerte,
– campañas de criminalización en medios de comunicación locales.
El Estado, lejos de garantizar derechos, se mantiene ausente o cómplice.
2015 –Ante las crecientes denuncias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorga medidas cautelares para los pueblos bribri de Salitre y bröran de Térraba. A pesar de ello, las agresiones continúan y el Estado costarricense incumple reiteradamente las recomendaciones internacionales.
2019- El conflicto alcanza un punto crítico con el asesinato de Sergio Rojas, reconocido líder bribri de Salitre y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). Rojas fue ejecutado por sicarios vinculados a intereses terratenientes en su propia casa.
El crimen sigue impune hasta hoy, marcando una herida profunda para el movimiento indígena y evidenciando la negligencia estatal.
2020- Apenas un año después, en febrero, es asesinado Jerhy Rivera, líder brörán de Térraba. Recibió cinco disparos por la espalda durante una acción de recuperación en la zona de Mano de Tigre.
Ambos crímenes revelan que la lucha por la tierra en Costa Rica sigue costando vidas. La pandemia por COVID-19 no detuvo las recuperaciones; al contrario, las comunidades indígenas fortalecieron su organización y estrategias de cuidado territorial ante la ausencia del Estado.
2022- Durante una actividad oficial de la Mesa Técnica Interinstitucional en Buenos Aires de Puntarenas, Luis Eduardo Varela Rojas, acusado por la Fiscalía como autor del homicidio de Jerhy Rivera, confiesa públicamente el crimen y es aplaudido por parte de los asistentes. Este acto evidencia la continuidad de la impunidad y el riesgo que corren los pueblos indígenas incluso en espacios institucionales que supuestamente velan por sus derechos.
2021–2023- Pese al miedo, la impunidad y la criminalización, los pueblos continúan recuperando tierra y reafirmando su autonomía. Mientras tanto, el Estado insiste en reconocer únicamente a las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) como interlocutores válidos, aunque muchas comunidades las consideran estructuras impuestas y ajenas a su legitimidad.
2025- El INDER publica su comunicado sobre la “indemnización” de fincas en territorios indígenas. En lugar de reconocer que esas tierras fueron recuperadas por las comunidades con riesgo y sacrificio, el Estado se presenta como promotor de una solución técnica, institucional y pacífica.
Este gesto, aparentemente inofensivo, constituye en realidad una operación simbólica de blanqueamiento del conflicto y de apropiación del relato indígena.
¿Cómo entender esto? Blanqueamiento institucional: borrar el conflicto, borrar a los pueblos
El blanqueamiento institucional es una forma de violencia simbólica. Consiste en ocultar los procesos históricos reales de lucha y despojo para sustituirlos por un relato neutral, administrativo o benevolente. Este relato:
- Presenta las indemnizaciones como logros de buena voluntad estatal, ignorando la presión, las muertes y las recuperaciones previas.
- Evita nombrar el racismo estructural que sostiene el despojo de tierras en Costa Rica.
- Invisibiliza a las verdaderas autoridades tradicionales (como los consejos de mayores o liderazgos comunitarios), al validar exclusivamente a las ADI.
- Institucionaliza la narrativa, al imponer la idea de que el progreso solo es posible dentro de los marcos legales del Estado, deslegitimando la acción directa de los pueblos.
- Neutraliza el conflicto en nombre de la paz social, borrando el hecho de que ha sido la resistencia indígena la que ha mantenido viva la posibilidad de justicia.
Este proceso no es nuevo. Es la continuación del colonialismo por otros medios.
Tierra, bienes comunes y defensa de la vida
Para los pueblos originarios, la tierra no es una propiedad que se compra, se vende o se “indemniza”. Es un territorio ancestral, un espacio de vida colectiva, espiritualidad, memoria y organización comunitaria. La tierra es madre y principio de reciprocidad. Es un bien común en el sentido más profundo del término.
Recuperar tierras, entonces, no es solo resolver un problema legal o habitacional. Es reparar una herida histórica, ejercer soberanía cultural y política, reactivar la vida comunitaria y reestablecer un equilibrio roto por siglos de despojo.
Frente a un modelo de desarrollo basado en la acumulación, la propiedad privada y el extractivismo, los pueblos indígenas nos recuerdan que los bienes comunes no se mercantilizan: se cuidan colectivamente.
Lo que está en juego
Lo que el Estado no dice en sus comunicados es que la lucha por la tierra sigue activa. Que los asesinos de Sergio y Jerhy siguen libres. Que muchas familias indígenas aún viven bajo amenaza. Que la institucionalidad prefiere el silencio antes que enfrentar el racismo estructural que la atraviesa.
Lo que está en juego no es solo la propiedad de unas hectáreas. Es la dignidad de los pueblos, su derecho a existir en sus propios términos, su posibilidad de futuro.
Cuando el INDER celebra la indemnización de fincas como si fueran conquistas estatales, sin nombrar a quienes han resistido, luchado y muerto por ellas, no solo falta a la verdad: contribuye activamente a la impunidad y a la continuidad del despojo.
Y más aún: perpetúa una lógica en la que el Estado se presenta como garante de derechos, mientras en sus propias actividades oficiales se aplaude públicamente a quienes atentan contra la vida de los defensores territoriales. Esa contradicción no es anecdótica: es estructural.
Mientras el crimen se normaliza en actos institucionales, hablar de reparación o justicia es una farsa. Solo el compromiso con una justicia territorial y restaurativa —que parta del reconocimiento pleno de la memoria, la autonomía y la dignidad de los pueblos originarios— puede empezar a saldar esta deuda histórica.
Esta justicia no puede limitarse a castigos individuales ni a simples indemnizaciones: debe incluir la devolución efectiva de territorios, el respeto a las formas propias de organización y resolución de conflictos, la reparación simbólica y colectiva, y el reconocimiento de la verdad histórica del despojo y la violencia. En otras palabras, una justicia que se construya con y desde los pueblos, no en su nombre pero sin ellos.
Referencias
Delfino.cr. (2022, 24 de agosto). Pueblos indígenas de la zona sur registraron 63 agresiones durante el 2021. Delfino.cr. https://delfino.cr/2022/08/pueblos-indigenas-de-la-zona-sur-registraron-63-agresiones-durante-el-2021
Delfino.cr. (2023, 7 de febrero). Frente Nacional de Pueblos Indígenas confirma que seguirán adelante con recuperaciones de tierras. https://delfino.cr/2023/02/frente-nacional-de-pueblos-indigenas-confirma-que-seguiran-adelante-con-recuperaciones-de-tierras
Delfino.cr. (2023, 21 de marzo). Celebrar para resistir: Pueblo indígena de Salitre conmemoró el cuarto aniversario del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. Delfino.cr. https://delfino.cr/2023/03/celebrar-para-resistir-pueblo-indigena-de-salitre-conmemoro-el-cuarto-aniversario-del-asesinato-de-sergio-rojas-ortiz
Pomareda García, Fabiola. (2022, 18 de agosto). Presunto asesino de indígena Jerhy Rivera confiesa el asesinato en actividad oficial en Buenos Aires, donde lo aplauden y vitorean. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/presunto-asesino-de-indigena-jerhy-rivera-confiesa-el-asesinato-en-actividad-oficial-en-buenos-aires-donde-lo-aplauden-y-vitorean/
Mora Calderón, José Antonio, y Solís Aguilar, David. (2020). Recuperaciones de tierras de pueblos originarios en Costa Rica: La pandemia como contexto. En Senti-pensarnos tierra: Número 1 (pp. 81–86). Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad de Costa Rica. https://www.uned.ac.cr/extension/images/ifcmdl/Senti-pensarnos-tierra.pdf
Moya Aburto, César, Gutiérrez Slon, Juan Antonio, Delgado Morales, Mariana, y Sivas Sivas, Pablo. (2020). Acciones comunitarias e institucionales en territorios indígenas frente a la enfermedad global: Duwé. Rupturas, 10(Especial COVID-19), 101–110. https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas/issue/view/275
Programa de Identidades, Cultura y Ciudadanía del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED). (2023, 4 de octubre). ¿Qué ha pasado con las recuperaciones? https://cicde.uned.ac.cr/blog/127-que-ha-pasado-con-las-recuperaciones
Programa de Identidades, Cultura y Ciudadanía del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED). (2024, 15 de mayo). ¿En qué punto están las recuperaciones? https://cicde.uned.ac.cr/blog/145-en-que-punto-las-recuperaciones
Voces Nuestras. (2021, 11 de agosto). Las recuperaciones de tierras de pueblos originarios son legítimas y justas, afirman. https://vocesnuestras.org/las-recuperaciones-de-tierras-de-pueblos-originarios-son-legitimas-y-justas-afirman/
