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Defender la vida no es delito: patrones de estigmatización y criminalización contra quienes cuidan la naturaleza

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El reciente ataque contra las personas abogadas ambientalistas Randall Arauz y Walter Brenes, reconocidas por sus acciones judiciales para detener la comercialización del tiburón martillo, no puede leerse como un hecho aislado. Este suceso se inscribe en una tendencia más amplia de hostigamiento y deslegitimación de las personas defensoras ambientales, que afecta cada vez con más fuerza a América Latina y que empieza a manifestarse con mayor claridad en Costa Rica.

De la defensa ambiental al “enemigo del desarrollo”

En las últimas décadas, los conflictos socioambientales se han intensificado en toda la región. Mientras comunidades y organizaciones defienden sus territorios frente a proyectos extractivos o pesquerías industriales, los Estados y las élites económicas han respondido con una combinación de represión, judicialización y estigmatización.

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) y de EarthRights International (2020) muestran cómo, bajo el discurso del progreso y la seguridad, se criminaliza a quienes ejercen el derecho legítimo a la participación, la protesta y la defensa del ambiente.

El discurso dominante traslada la atención del problema estructural —la sobreexplotación de los bienes naturales— hacia las personas que lo denuncian, presentándolas como obstáculos, radicales o enemigos del desarrollo nacional.

En Costa Rica, etiquetas como “ecoterroristas”, “antidesarrollo” o “enemigos del país” reproducen un patrón regional que la investigadora Marina Mendoza (2023) denomina la actualización de la doctrina del enemigo interno: una narrativa que convierte el cuidado del territorio en sospecha política y el disenso ambiental en amenaza al orden económico.

Qué entendemos por estigmatización

La estigmatización es un proceso social de deslegitimación y exclusión simbólica, en el que ciertos actores —autoridades, empresas, medios o figuras de poder— atribuyen etiquetas negativas a quienes defienden derechos humanos o ambientales, distorsionando sus motivos y restándoles credibilidad ante la opinión pública.

Según el estudio de Protection International y la PDDH (2025), este proceso opera mediante tres mecanismos principales:

  • -Reducción moral: presentar a las personas defensoras como fanáticas, violentas o ideologizadas, negando la legitimidad de su causa.

  • -Inversión del conflicto: desplazar el foco del daño ambiental hacia la supuesta “amenaza” que representan quienes denuncian.

  • -Despersonalización: convertir a los defensores en objetos de sospecha o “problemas de orden público”, invisibilizando sus trayectorias humanas y comunitarias.

La estigmatización no solo distorsiona los hechos: erosiona el reconocimiento social del papel que cumplen estas personas en la defensa de los bienes comunes, preparando el terreno para agresiones más graves.

Estrategias de estigmatización y control

Los estudios de EarthRights International (2020) y la CIDH (2015) identifican múltiples estrategias que combinan la dimensión mediática, judicial y política:

  • -Uso político del derecho penal: figuras como “usurpación”, “difamación” o “entorpecimiento” se aplican para criminalizar la protesta o la acción legal.

  • -Campañas mediáticas de desprestigio: titulares y contenidos que asocian la defensa ambiental con agendas extranjeras, “izquierdismo” o sabotaje económico.

  • -Acoso digital y desinformación: redes sociales usadas para hostigar, amenazar o difundir rumores que siembran miedo.

  • -Negligencia institucional: la falta de investigación o sanción de las amenazas refuerza la idea de que agredir a defensores “no tiene consecuencias”.

  • -Apropiación del discurso ambiental: empresas y gobiernos adoptan un lenguaje “verde” para desactivar críticas mientras invisibilizan los impactos reales.

Estas estrategias no solo buscan silenciar voces críticas; también fragmentan los lazos comunitarios, desalientan la participación y debilitan la democracia ambiental.

Estigmatización en el contexto costarricense

Aunque Costa Rica mantiene una imagen de “democracia verde”, los conflictos por el uso y control del territorio se han agudizado en zonas costeras, rurales y fronterizas.

Los ataques contra Arauz y Brenes, y las amenazas en Talamanca, Osa y la Zona Norte, se dan en contextos donde confluyen crimen organizado, pesca industrial, turismo desregulado y discursos políticos hostiles al Acuerdo de Escazú.

El cuestionamiento al Escazú —que garantiza el acceso a la información, la participación y la protección de defensores ambientales— es parte de una estrategia de desinformación y miedo, que busca impedir una ciudadanía ambiental activa y crítica.

En el fondo, la disputa no es solo jurídica: es cultural y política. Se trata de quién tiene derecho a decidir sobre el territorio, los recursos y el sentido del desarrollo.

De la estigmatización al riesgo

La estigmatización es el primer peldaño de una escalera que puede escalar hacia la criminalización, el hostigamiento o la violencia física. Los discursos que deslegitiman la defensa ambiental generan condiciones para ataques más severos: se convierten en permisos simbólicos para dañar.

La experiencia latinoamericana muestra que la violencia empieza con la palabra: antes del golpe, la cárcel o el asesinato, hay una narrativa que despoja de legitimidad al defensor. Costa Rica aún puede evitar que esa espiral avance, si logra reconocer y detener esas prácticas antes de que se normalicen.

La trampa de la falsa polarización

Uno de los efectos más perniciosos de la estigmatización es la creación de falsas polarizaciones: ambientalistas contra el desarrollo, ambientalistas contra pescadores, ambientalistas contra agricultores. Estas oposiciones simplifican y distorsionan conflictos complejos, reduciendo debates estructurales sobre justicia ambiental a batallas morales entre “progreso” y “obstáculo”.

En realidad, no existe un conflicto esencial entre cuidar la naturaleza y garantizar la producción o el trabajo, sino entre dos formas de entender el desarrollo: una basada en la apropiación y el agotamiento de los bienes comunes, y otra que busca sostener la vida en equilibrio con ellos.

La retórica del “ambientalista enemigo” sirve para dividir a quienes comparten condiciones de vulnerabilidad, enfrentando a comunidades pesqueras, agrícolas o rurales entre sí, mientras los verdaderos beneficiarios —los grandes intereses extractivos, turísticos o industriales— se mantienen fuera del foco público.

Superar esta polarización exige reconstruir el diálogo desde lo común: reconocer que pescadores, agricultores y defensores ambientales no son bandos opuestos, sino parte de una misma defensa del territorio y de la soberanía sobre los bienes que los sostienen.

Frente a la lógica del enfrentamiento, la alianza entre quienes viven del mar y la tierra es la única vía posible para resistir el cercamiento de lo común y construir alternativas de vida digna.

La normalización de la estigmatización

La normalización ocurre cuando la sociedad deja de percibir la estigmatización como una forma de violencia y empieza a considerarla parte del “juego político” o del debate público.

Cuando insultos, burlas o acusaciones contra defensores se vuelven frecuentes y no generan rechazo, se instala una cultura de indiferencia que legitima la agresión.

Esa normalización tiene consecuencias profundas:

  • -Reduce la empatía social, debilitando la solidaridad hacia quienes defienden causas comunes.

  • -Desactiva los mecanismos institucionales de protección, porque las amenazas dejan de verse como graves.

  • -Distorsiona el debate público, sustituyendo el argumento por la difamación.

  • -Refuerza la impunidad, al convertir el miedo y el silencio en prácticas cotidianas.

En ese contexto, la estigmatización deja de ser una anomalía para convertirse en una herramienta estructural de control social.

Desmontar esa normalización implica nombrar el problema, crear espacios de memoria y cuidado, y reafirmar que defender el ambiente no es un privilegio ni una amenaza: es un derecho.

Escazú y la legitimación del silencio

La negativa de Costa Rica a ratificar el Acuerdo de Escazú no puede entenderse solo como un desacuerdo técnico o jurídico; expresa una alianza tácita entre intereses económicos y políticos que buscan mantener el control sobre la información y limitar la participación ciudadana en los conflictos ambientales.

En ese contexto, la estigmatización de las personas defensoras cumple una función estratégica: desacreditar al mensajero para preservar el modelo.

Cuando se rechaza un instrumento que protege a quienes defienden los bienes comunes, se envía un mensaje claro: la transparencia y la participación son vistas como amenazas, y no como pilares de la democracia.

Así, la no ratificación de Escazú contribuye a normalizar un clima de desconfianza y hostilidad, donde la defensa ambiental deja de percibirse como un derecho y se convierte, peligrosamente, en un acto de sospecha.

Cuidar a quienes cuidan

Defender la naturaleza no es un acto de confrontación, sino de cuidado del bien común. En tiempos de polarización y pérdida de confianza institucional, proteger a quienes defienden la vida es un imperativo democrático.

La estigmatización busca aislar; la solidaridad, en cambio, reconstruye comunidad.

La defensa ambiental es, en el fondo, una defensa de los bienes comunes: del agua, los bosques, los mares, la tierra y la posibilidad de habitarlos dignamente. Cuando las personas que los protegen son perseguidas o silenciadas, no solo se vulneran derechos individuales, sino que se debilita la trama social que sostiene la vida colectiva.

Los procesos de cercamiento y agotamiento de los bienes comunes —ya sea por la expansión extractiva, la privatización o la captura institucional— avanzan más rápido cuando la sociedad acepta la estigmatización de quienes resisten. En esa frontera, las personas defensoras representan la última línea de contención frente a un modelo que convierte todo en mercancía, incluso la vida misma.

Protegerlas no es un acto simbólico, es una condición de posibilidad para la democracia ambiental y para imaginar un país donde el bienestar no se mida por el lucro, sino por la capacidad de cuidar lo que nos sostiene en común.

Glosario
ConceptoDefinición
Defensores y defensoras ambientalesPersonas, colectivos o comunidades que promueven y protegen derechos relacionados con el ambiente, el territorio, el agua y la naturaleza, actuando en nombre del interés público.
CriminalizaciónUso indebido del sistema penal, administrativo o judicial para sancionar o intimidar a quienes ejercen la defensa de derechos. Incluye acusaciones infundadas, procesos judiciales prolongados o uso abusivo de figuras legales.
EstigmatizaciónProceso simbólico que deslegitima y desacredita públicamente a las personas defensoras, a través de discursos, etiquetas y narrativas que las presentan como amenazas, enemigas o antidesarrollo.
Doctrina del enemigo internoLógica heredada de contextos autoritarios según la cual ciertos sectores sociales —antes los insurgentes, hoy los ambientalistas o pueblos indígenas— son tratados como enemigos del Estado o del progreso.
Acuerdo de EscazúTratado regional que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública y la protección de las personas defensoras del ambiente en América Latina y el Caribe. Entró en vigor en 2021.
Bienes comunesRecursos naturales, culturales y sociales compartidos por las comunidades y esenciales para la vida —como el agua, el aire, la biodiversidad y el conocimiento— cuya gestión debe basarse en el cuidado colectivo y no en la apropiación privada.
CercamientoProceso mediante el cual los bienes comunes son apropiados o controlados por intereses privados o estatales, restringiendo el acceso y la participación de las comunidades que los habitan o gestionan.
Democracia ambientalEnfoque que reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información, participar en las decisiones y exigir justicia en asuntos ambientales, vinculando la protección del ambiente con la participación ciudadana y los derechos humanos.
Referencias

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Organización de los Estados Americanos.

EarthRights International. (2020). Criminalización de defensores y defensoras de la Tierra: Elementos para la defensa legal desde el análisis de casos. Coordinado por Juliana Bravo Valencia, con la colaboración de Ana María Vidal Carrasco, Pablo Abdo y Katherine Paucar Quispe. EarthRights International.

López Rodríguez, Mario Alejandro, y Excell, Cristhian. (2017). La violencia en contra de defensores(as) ambientales y de la tierra en Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Martínez, Alonso. (2025, 10 Noviembre). Organizaciones se pronuncian ante actos de violencia contra defensores ambientales en Puntarenas. Delfino.CR.

Mendoza, Marina Gabriela. (2023). La instrumentalización del “ecoterrorismo” en el abordaje de la conflictividad socioambiental latinoamericana: los casos de Chile y Perú (2003–2023). Revista de Estudios sobre Genocidio, 18, 88–112. Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Protection International y Fundación Verdad Abierta. (2025). Patrones de estigmatización y estereotipos hacia las personas defensoras de derechos humanos. Coordinado por Juliana Bravo Valencia. Protection International y Fundación Verdad Abierta.

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Los bosques no se negocian: defensa de los sitios sagrados bribris y cabécares

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El Colectivo Antonio Saldaña denuncia la inclusión de sitios sagrados dentro de programas de conservación y contratos de reducción de emisiones forestales (REDD+) que operan en territorios indígenas. Estos mecanismos, impulsados bajo el discurso de la “sostenibilidad” y la “mitigación del cambio climático”, han terminado por legitimar nuevas formas de despojo y profanación espiritual, encubiertas bajo el lenguaje técnico y ambiental.

En un documento presentado por Filidencio Cubillo Morales del Colectivo Antonio Saldaña ante el Tribunal Indígena de Derecho Propio, se advierte que las autoridades externas —estatales, corporativas y religiosas— están imponiendo sistemas de conservación que contradicen las normas naturales y espirituales que sostienen la vida de los pueblos bribris y cabécares. Bajo la lógica del lucro y la mercantilización del bosque, estos programas permiten el aprovechamiento de recursos maderables, hídricos y medicinales, invadiendo territorios que por derecho ancestral son espacios de veneración y comunión con la Madre Tierra.

Detrás de los discursos sobre “protección de los bosques” se esconden formas renovadas de colonización, donde el conocimiento técnico sustituye el saber ancestral, y donde la gestión ambiental se convierte en una herramienta para subordinar la espiritualidad indígena a los marcos legales del Estado y las exigencias del mercado global del carbono. Estas políticas no solo definen qué debe conservarse, sino también quién puede decidir y cómo se debe habitar el territorio, imponiendo una visión ajena que despoja a los pueblos de su autoridad espiritual sobre la Tierra.

Uno de los casos más graves es el de Kotsipatsipá, conocido en el mundo externo como San José Cabécar. Este santuario ancestral, dedicado al Creador Sibö, ha sido incluido indebidamente en planes de manejo forestal y de conservación que violan la espiritualidad y la autonomía indígena. Tal profanación no solo representa una falta de respeto, sino un quiebre en la armonía que los pueblos mantienen con la Madre Tierra, fuente de vida, equilibrio y sabiduría.

Los pueblos alertan que estas acciones, además de violar su derecho a la autodeterminación, reproducen el mismo patrón histórico de imposición que por siglos ha intentado subordinar sus territorios, su espiritualidad y su cosmovisión. La colonización ya no llega con armas ni misioneros, sino con contratos, mapas satelitales y proyectos ambientales que, en nombre del “desarrollo sostenible”, desconocen la autoridad espiritual y el derecho propio.

Las comunidades recuerdan que toda intervención sobre un territorio indígena sin consentimiento es una ruptura con el orden natural, y que esa ruptura tiene consecuencias: enfermedades, desajustes ecológicos, catástrofes y desequilibrios sociales. Por eso, este llamado del Colectivo Antonio Saldaña es también una advertencia: cuando la Tierra es herida, toda la vida se resiente. Es momento de escuchar lo que ella enseña y de respetar los mandatos de Sibö, que recuerdan que “por designio de Dios la Tierra no pertenece al Ditsowo, es la casa de todos los pueblos indígenas. Los sitios sagrados son para la veneración del Creador, áreas de reflexión, manifestación y expresión del pueblo y su madre.”

Convenio 16G de la OIT: el derecho a decidir sobre los territorios y la espiritualidad

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica en 1993, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus instituciones, valores, creencias y formas de vida propias. Este instrumento internacional establece que los gobiernos deben consultar de manera libre, previa e informada a los pueblos cada vez que se adopten medidas susceptibles de afectarles directamente.

El Convenio también protege el derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, reconociendo que la relación espiritual y cultural con el entorno es inseparable de la identidad de los pueblos. Por tanto, incluir sitios sagrados en proyectos de conservación sin consentimiento constituye una violación directa de estos principios y un acto de colonialismo contemporáneo.

Lejos de fortalecer la protección ambiental, muchos de estos programas terminan trasladando la lógica extractivista hacia nuevas formas de control sobre los territorios, disfrazadas de “legislación” y “acuerdos climáticos”. En lugar de reconocer la autoridad de los pueblos sobre su propio conocimiento y espiritualidad, los reducen a beneficiarios pasivos de políticas diseñadas desde fuera. Así, la conservación se convierte en un nuevo rostro del despojo.

Descolonizar la conservación: la resistencia del Colectivo Antonio Saldaña

Frente a estas imposiciones, el Colectivo Antonio Saldaña se ha convertido en una voz que articula memoria, espiritualidad y acción política. Su trabajo reivindica el Derecho Propio y la defensa de los lugares sagrados como ejes fundamentales para reconstruir la autonomía indígena y descolonizar las relaciones con la naturaleza.

Desde la palabra, la caminata y la acción colectiva, el Colectivo impulsa procesos de reflexión y denuncia que desnudan la violencia simbólica de programas y proyectos que se presentan como ambientales, pero que terminan desconociendo las formas propias de entender y cuidar la vida.

A ello se suma una crítica profunda a los credos judeocristianos y fundamentalistas que históricamente han satanizado la espiritualidad indígena, reduciéndola a superstición o “prácticas contrarias a la sana doctrina”. Esta deslegitimación no solo ha acompañado los procesos coloniales, sino que persiste hoy en discursos religiosos y estatales que pretenden definir qué espiritualidades son válidas y cuáles deben desaparecer. Frente a ese intento de homogeneizar la fe, el Colectivo reafirma que la relación con Sibö, con la Madre Tierra y con los sitios sagrados no es idolatría, sino sabiduría viva.

En un contexto donde las instituciones intentan reglamentar incluso la espiritualidad, el colectivo recuerda que no hay conservación posible sin respeto a los pueblos que han cuidado los bosques desde siempre. Su lucha no es solo por la tierra, sino por el derecho a seguir existiendo desde sus propias formas de vida, pensamiento y relación con el cosmos.

Proteger Kotsipatsipá y todos los sitios sagrados no es una cuestión de “gestión de recursos”, sino un acto de justicia espiritual y política. Porque los sitios sagrados no se conservan con contratos: se respetan, se veneran y se defienden con la palabra, la acción y la comunidad.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Voces que no se callan: la democracia se defiende en las calles – 11 de noviembre de 2025

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El Observatorio de Bienes Comunes participó en la movilización nacional del 11 de noviembre, una jornada donde agricultores, docentes, mujeres, estudiantes y diversos sectores sociales marcharon en defensa de la democracia, la seguridad social y la producción nacional.

Las voces reunidas en esta manifestación expresaron una profunda preocupación por el autoritarismo creciente del gobierno, el desmantelamiento de las instituciones públicas y el abandono de los territorios rurales. Entre las principales denuncias se señaló la represión contra manifestantes, el encarcelamiento del agricultor Roy Fallas, el desprecio hacia el diálogo social y las políticas que favorecen a los grandes importadores en detrimento del campesinado nacional.

Las intervenciones también advirtieron sobre la crisis de seguridad ciudadana, el deterioro del sistema educativo y de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como el aumento de la violencia feminicida. Colectivos feministas exigieron la renuncia de la ministra de la Condición de la Mujer y la declaratoria de emergencia nacional por los femicidios, denunciando el silencio institucional ante la violencia estructural contra las mujeres.

Diversas voces llamaron a devolver a los trabajadores el control de sus fondos de pensión (ROP), a convocar el proyecto FONARROZ (24.211) y a detener el abandono del agro costarricense. También se denunció la corrupción, el acoso de la prensa y el uso del miedo como herramienta política, alertando sobre los riesgos de una deriva autoritaria que erosiona las bases del Estado Social de Derecho.

“Sí a la democracia, no a la dictadura” fue la consigna que unió a quienes marcharon desde distintos puntos del país. En sus palabras resonó una defensa firme de la libertad, la dignidad y el derecho a participar en la construcción colectiva del futuro.

🎧 Escuchá aquí el registro sonoro completo de la protesta:

 

Libertad para Roy Fallas: la represión como mensaje político

Durante la manifestación, la fuerza pública detuvo al agricultor y líder campesino Roy Fallas, integrante del movimiento arrocero nacional, mientras la marcha avanzaba pacíficamente hacia Casa Presidencial. Su arresto, denunciado por múltiples sectores, fue interpretado como un acto de represión y criminalización de la protesta social.

Las organizaciones participantes exigieron su liberación inmediata, recordando que defender el derecho a producir, a manifestarse y a exigir diálogo no puede ser tratado como delito. El caso de Roy Fallas refleja una tendencia preocupante: el uso de la fuerza estatal para silenciar la disidencia y disuadir la organización popular.

En las calles, la consigna fue clara: “Libertad para Roy Fallas, solo el pueblo salva al pueblo”, reafirmando que la defensa de la democracia también implica proteger el derecho a la protesta y a la palabra pública.

Nota de actualización: Entrada la tarde fue liberado.

La memoria que suena: el valor del registro sonoro

Los registros sonoros de las manifestaciones son parte viva de la memoria colectiva. Permiten escuchar las voces que muchas veces quedan fuera de los medios tradicionales: las de quienes marchan, reclaman y defienden derechos en las calles. En ellos se guardan los sonidos de la protesta —consignas, tambores, discursos, silencios y emociones— que narran de manera directa cómo se vive la democracia desde abajo.

El Observatorio de Bienes Comunes considera esencial documentar y preservar estos testimonios para que sigan inspirando procesos de reflexión, organización y defensa de lo público en Costa Rica.

Galería
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8 N Lo que aprendimos en las calles: defender la Caja es defender la vida

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A trece años de la represión del 8 de noviembre de 2012, las calles volvieron a llenarse de voces en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Lo que comenzó como una conmemoración se transformó en un acto de reafirmación política y ética: la salud pública es una conquista popular que hoy enfrenta una de las coyunturas más críticas desde su fundación.

En medio de consignas, banderas y testimonios, la marcha del 8 de noviembre fue también una lección. Nos recordó que la defensa de la Caja no es un asunto técnico ni institucional, sino una lucha profundamente política y moral: lo que está en juego no es solo la sostenibilidad financiera de una institución, sino la posibilidad de sostener la vida en común en un país que se pretende solidario.

Entre las voces que marcaron la jornada, destacó el testimonio de una trabajadora del cuidado que tomó el micrófono para hablar “por quienes están en la UCI cuidando a niños en fase terminal, a sus padres y abuelos”. Su intervención recordó que la defensa de la Caja es también la defensa de quienes sostienen la vida desde el trabajo cotidiano del cuidado. Denunció que el gobierno ha negado la autorización presupuestaria para continuar con el pago de licencias a estas personas, utilizándolas como instrumento de presión política y dejando en la incertidumbre a cientos de familias. “Esto no es política, esto es amor”, expresó con la voz quebrada, denunciando la estrategia gubernamental que castiga a quienes cuidan. Su mensaje condensó uno de los sentidos más profundos de la protesta: cuidar la salud pública es cuidar a quienes cuidan, y reconocer su trabajo es una deuda ética que el país no puede seguir postergando.

Un modelo en disputa: la salud como derecho o como negocio

Las organizaciones sociales coincidieron en que el deterioro institucional no es producto del azar, sino de una estrategia deliberada de desfinanciamiento y privatización. Mientras el Estado y los grandes empleadores acumulan deudas millonarias con la CCSS, los discursos oficiales insisten en que “la Caja está quebrada”. Los movimientos lo leen al revés: la Caja está siendo quebrada por decisiones políticas que facilitan la transferencia de recursos públicos hacia intereses privados.

La CCSS encarna uno de los pilares más concretos del Estado social costarricense y un ejemplo histórico de solidaridad intergeneracional y territorial. Sin embargo, desde los años noventa, la introducción de lógicas neoliberales ha intentado subordinar la salud al mercado. En este contexto, las organizaciones recalcan que no se trata de modernizar para competir, sino de recuperar su sentido de comunidad:

“La salud no es un gasto, es una inversión social”, repitieron, recordando que detrás de cada servicio hay un principio de justicia y de vida digna.

Crisis democrática y mercantilización de lo público

La protesta de este año se desarrolló en un escenario político de creciente autoritarismo. Desde el poder se deslegitima la protesta social, se ataca a las instituciones públicas y se desmantelan espacios de participación ciudadana. Ante ello, defender la Caja se ha convertido en un acto de defensa democrática: sostener la transparencia, la solidaridad y el bien común frente a un Estado cada vez más capturado por intereses empresariales.

Los movimientos alertaron sobre los intentos de fragmentar el régimen de pensiones, reducir la autonomía institucional y abrir espacios para la contratación privada. Todos estos procesos responden a una misma lógica: convertir derechos en mercancías, transformando a la ciudadanía en clientela. En palabras de una dirigenta sindical:

“Cuando se privatiza la salud, no solo se pierde un servicio; se pierde el sentido mismo de lo público, de lo que nos une como sociedad.”

Defender la Caja, en este contexto, es también resistir la cultura de la indiferencia que pretende naturalizar la desigualdad.

Unidad popular frente a la incertidumbre electoral

De cara a las elecciones de 2026, los movimientos hicieron un llamado a superar la apatía, el miedo y la fragmentación. En los discursos emergió una idea común: la defensa de la Caja no puede ser una causa aislada, sino parte de una estrategia más amplia por la justicia social y la democracia.

La unidad popular —entre sindicatos, juventudes, movimientos feministas, campesinos, indígenas y estudiantiles— se plantea como una tarea urgente para enfrentar el avance de proyectos autoritarios y ultraconservadores que amenazan los derechos conquistados.

“Defender la Caja es defender la vida, el trabajo y la dignidad del pueblo costarricense”, afirmaron desde el Frente Nacional por la Seguridad Social.

Esa dignidad implica también denunciar el discurso que intenta dividir al país entre quienes “producen” y quienes “reciben”. La seguridad social, recordaron, es un pacto colectivo que garantiza que nadie quede fuera, y no una dádiva del poder.

Horizonte común: volver a colocar la vida en el centro

La seguridad social en Costa Rica se encuentra en una encrucijada. Entre la tecnocracia que la reduce a cifras actuariales y la política que la usa como botín, los movimientos sociales plantean otro horizonte: recuperar la confianza en lo público, fortalecer la participación social en la gestión institucional y exigir que el Estado asuma plenamente sus obligaciones financieras.

Defender la Caja hoy es también repensar el modelo de país. Es preguntarnos si queremos una sociedad donde la salud, la educación y la vejez estén determinadas por la capacidad de pago o por el derecho a vivir con dignidad.

El 8 de noviembre nos recordó que los derechos se conquistan y se sostienen colectivamente. Que la calle sigue siendo el espacio donde la democracia respira. Y que mientras haya un pueblo dispuesto a levantar la voz, seguirá viva la promesa de justicia social que dio origen a la Caja Costarricense de Seguro Social.

Porque en Costa Rica, como se volvió a escuchar con fuerza:
“La Caja no se vende, la Caja se defiende.”

Palestina en las calles de Costa Rica: la solidaridad como principio

Entre las voces que se alzaron el 8 de noviembre, también resonó con fuerza la solidaridad con el pueblo palestino y en denuncia del genocidio en curso. En medio de las banderas y las consignas en defensa de la Caja, surgieron palabras de denuncia frente al genocidio en Gaza y de apoyo a quienes hoy resisten la ocupación y la violencia.

Las y los manifestantes recordaron que la defensa de la vida no conoce fronteras: que no se puede luchar por la salud pública y la justicia social sin alzar la voz ante la muerte injusta de otros pueblos. Desde esa conciencia, la causa palestina fue abrazada como parte de una misma lucha global por la dignidad humana y los derechos colectivos.

Esa conexión reafirma un principio que atraviesa toda la jornada: la solidaridad como bien común. En las calles de San José, Palestina se hizo presente no solo como consigna internacionalista, sino como recordatorio de que defender la vida, en cualquier territorio, es una responsabilidad compartida.

La protesta social: un bien común que sostiene la democracia

Entre las voces que recorrieron las calles, una frase quedó grabada en la memoria colectiva:

“La protesta social es un derecho; la represión, un delito.”

Esa afirmación resume con claridad lo que está en juego en momentos como este. La protesta no es un desorden que interrumpe la vida pública, sino una de sus expresiones más genuinas. Es el espacio donde el pueblo defiende lo que le pertenece y recuerda al poder que la soberanía no se delega por completo.

En Costa Rica, donde las conquistas sociales nacieron de la organización y la calle, la protesta sigue siendo un bien común social: una práctica colectiva que mantiene viva la democracia, permite disputar el sentido de lo público y afirmar que los derechos no se mendigan, se ejercen.

Frente a la criminalización de la disidencia y los intentos de reducir la política a la obediencia, salir a las calles es una forma de cuidar lo común. Porque cuando el pueblo se organiza y se hace escuchar, no solo defiende instituciones como la Caja: defiende el derecho mismo a tener voz, a construir futuro y a decidir en colectivo.

La protesta como memoria viva

El 8 de noviembre no solo convoca a la defensa de la Caja, sino también a la memoria de quienes resistieron la represión de 2012. A trece años de aquel episodio, las calles siguen siendo un espacio donde el recuerdo se transforma en acción. Las personas que marcharon este año no lo hicieron solo para reclamar derechos, sino para rendir homenaje a quienes fueron golpeados, judicializados y perseguidos por ejercer el suyo.

Conmemorar en la calle es una manera de decir que la historia sigue abierta. La protesta se convierte así en un acto de memoria social, donde las experiencias del pasado alimentan la conciencia colectiva y fortalecen la resistencia frente a nuevas formas de autoritarismo. Cada pancarta y cada consigna recuerdan que los derechos sociales —como la salud, la educación y la seguridad social— fueron conquistados por la organización popular y solo se mantienen vivos cuando el pueblo los defiende.

El 8 de noviembre es, por tanto, una fecha de lucha, pero también de gratitud: un recordatorio de que la memoria no pertenece a los archivos, sino a las calles donde sigue latiendo la esperanza.

🎧 Escuchá las voces del 8 de noviembre

El Observatorio de Bienes Comunes acompañó la manifestación y registró el pulso vivo de la jornada: consignas, discursos y emociones que dieron forma a un testimonio colectivo en defensa de la Caja y de la vida. Este registro sonoro es una invitación a volver a las calles con el oído y el corazón, a escuchar lo que se dijo, lo que se sintió y lo que aún resuena. Porque la memoria también se construye con sonido, y cada voz grabada recuerda que los bienes comunes se defienden juntas, desde la palabra y desde la calle. Pueden escucharlo aquí.

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“La Caja no se vende, la Caja se defiende”: voces desde la calle en defensa de la vida

with No Comment MOVIMIENTOS

El Observatorio de Bienes Comunes acompañó la manifestación del 8 de noviembre, una jornada donde miles de personas volvieron a ocupar las calles para defender la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), símbolo de la solidaridad y de la justicia social en el país.

El audio compartido —un collage de voces y consignas— recoge la fuerza de un movimiento diverso que reunió a sindicatos del magisterio, organizaciones estudiantiles, feministas, campesinas e indígenas, así como personas usuarias y trabajadoras de la Caja. En cada intervención resonó la memoria del 8 de noviembre de 2012, cuando la represión estatal intentó acallar una protesta en defensa de la CCSS. Trece años después, la herida sigue viva, pero también la convicción de que la salud no es un negocio, sino un derecho.

Entre las voces se insistió en que la deuda del Estado y las políticas neoliberales amenazan la sostenibilidad de la institución, mientras crece la tentación de privatizar lo público. En el marco de un nuevo proceso electoral, las organizaciones alertaron sobre el riesgo de que la caja, la educación y las universidades públicas se conviertan nuevamente en botín político o terreno de ajuste.

Defender la Caja —recordaron desde el Frente Nacional por la Seguridad Social— es defender la vida digna, el trabajo decente, el derecho a la salud y la memoria de quienes, desde hace más de ocho décadas, hicieron posible un modelo solidario.

🎧 Escuchá aquí el testimonio sonoro de la jornada: un eco colectivo que recuerda que los bienes comunes también se defienden desde la calle.

 

Palestina también resuena en las calles de Costa Rica

Durante la manifestación del 8 de noviembre, entre las consignas en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, también se alzaron voces solidarias con el pueblo palestino. En medio de tambores, banderas y discursos, la causa por la salud pública se entrelazó con la denuncia del genocidio en Gaza, recordando que la defensa de la vida no tiene fronteras.

Estas intervenciones afirmaron que la lucha por la justicia social y los bienes comunes es inseparable de la solidaridad internacionalista: cuando un pueblo es atacado, todos los pueblos que resisten sienten la herida. Desde Costa Rica, las voces que defienden la Caja se sumaron al clamor global por un alto al fuego y por el respeto a la dignidad del pueblo palestino, reafirmando que la vida —en cualquier territorio— nunca debe ser una mercancía ni un objetivo de guerra.

La memoria sonora de la protesta

Registrar y compartir los sonidos de una manifestación es también una forma de hacer memoria. Cada consigna, cada tambor y cada voz guardada en estos archivos sonoros reconstruye la historia viva de las luchas sociales y permite que las generaciones futuras escuchen lo que se quiso silenciar. Estos testimonios son parte del patrimonio político y afectivo del país: resguardan la emoción colectiva, la resistencia y la palabra de quienes defienden lo común. Escuchar es, también, una forma de cuidar la memoria.

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Monitoreos ambientales en defensa del territorio: las denuncias de Philippe Vangoidsenhoven

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Desde hace varios años, Philippe Vangoidsenhoven documenta con rigor y persistencia las transformaciones ilegales del paisaje costero en el Caribe sur de Costa Rica. A través de recorridos periódicos, fotografías y reportes georreferenciados, ha evidenciado un patrón sostenido de tala, relleno y construcción en zonas de protección y humedales, muchas veces con la complacencia institucional o la falta de seguimiento efectivo.

Su labor se desarrolla en condiciones profundamente desiguales: sin respaldo institucional, sin protección jurídica ni apoyo técnico, y con recursos limitados que debe autofinanciar. Como muchas personas defensoras ambientales en el país, Philippe actúa desde la convicción de cuidar los bienes comunes frente a un modelo que prioriza la especulación turística y el negocio inmobiliario. Mientras las instituciones se ven sobrepasadas o inactivas, son estos monitoreos ciudadanos los que permiten sostener la vigilancia ambiental y mantener viva la memoria del territorio.

Caso 1: Tala y construcciones junto a un arroyo

En julio de 2021, Philippe denunció ante el MINAE una chapea en la orilla de un arroyo, pero la inspección se realizó tres meses después, cuando ya no era posible constatar el daño. En febrero de 2022 verificó la tala en la zona protegida de 15 metros, y a inicios de 2023 observó la construcción de una casa y un pozo dentro del cauce del arroyo. Aunque el MINAE obligó a dejar que la vegetación se regenerara, no detuvo las obras. Recientemente, se añadieron dos contenedores en la franja de protección y una nueva construcción al otro lado del arroyo, por lo que Philippe volvió a denunciar exigiendo la demolición de las estructuras y la restauración del área.

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Caso 2: Chapeas en la franja costera de REGAMA

Desde hace años, cuadrillas de peones limpian la franja de bosque costero en REGAMA bajo el argumento de “seguridad”, apoyadas incluso por la policía. Sin embargo, Philippe ha documentado que detrás de estas acciones se esconden intereses turísticos: un bar de hotel utiliza la zona para habilitar parqueos, a pesar de que la ley exige mantener una franja mínima de 15 metros libre de intervención en ambos márgenes de los cauces.

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Caso 3: Desmonte en Margarita Road

En el sector de Margarita Road, Philippe ha presentado múltiples denuncias por tala total del terreno y eliminación del sotobosque, lo que constituye un cambio de uso de suelo en un área boscosa ubicada dentro del territorio indígena Kekoldi.

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Caso 4: Río Cocles, la desaparición de la franja de protección

El seguimiento fotográfico confirma que los 15 metros de protección del río Cocles han desaparecido. En el sitio, donde aún se observa agua superficial, el terreno presenta características de humedal. Philippe había advertido sobre esta situación desde años anteriores, pero el daño se ha agravado. Las talas —registradas desde 2019— muestran un patrón sostenido en terrenos tanto privados como públicos, dentro del área REGAMA.

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Caso 5: Extracción y venta ilegal de tierra

Otro monitoreo revela la extracción ilegal de tierra para rellenos de terrenos, bosques y humedales. Aunque una de las fincas fue detenida tras las denuncias, en otras continúa el saqueo. Philippe advierte que la tierra se ha convertido en un nuevo negocio en el Caribe sur, donde varias lomas están siendo raspadas para su venta.

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Implicaciones de un patrón que avanza sobre los ecosistemas costeros

Los casos documentados por Philippe revelan un proceso de transformación profunda del territorio, donde las zonas de protección y los humedales pierden su función ecológica. Cada tala, relleno o construcción no solo modifica el paisaje: interrumpe los flujos del agua, fragmenta los hábitats y debilita los equilibrios que sostienen la vida en los ecosistemas costeros.

En los márgenes de ríos y quebradas, la desaparición de la vegetación ribereña acelera la erosión, contamina los cauces y reduce la capacidad natural de infiltración del agua. Los rellenos sobre humedales eliminan espacios vitales para la recarga acuífera y para especies que dependen de esos ambientes. Estos procesos, repetidos en distintas localidades, configuran un patrón de pérdida silenciosa, donde el deterioro se acumula sin posibilidad de recuperación a corto plazo.

Las implicaciones también son sociales: el avance de intereses privados sobre áreas comunes restringe el acceso al territorio y erosiona la confianza en las instituciones encargadas de protegerlo. Detrás de cada denuncia no solo hay un daño ambiental, sino la expresión de un conflicto entre dos formas de entender el espacio costero: como bien común o como recurso para la especulación inmobiliaria.

Patrones que se repiten y defensores desprotegidos

Los monitoreos de Philippe muestran una constante: el deterioro ambiental no ocurre de manera aislada, sino como parte de un entramado donde la falta de control, la permisividad institucional y los intereses económicos se combinan. Chapeas, talas, rellenos y construcciones avanzan sobre zonas protegidas mientras los mecanismos de vigilancia estatal actúan con lentitud o no logran detener el daño.

Este tipo de seguimiento ciudadano se vuelve crucial en contextos de estrés institucional, como el que vive hoy Costa Rica, donde por omisión, impotencia o sobrecarga, las instituciones ambientales no dan abasto. Frente a esa fragilidad, los registros independientes —fotográficos, georreferenciados y persistentes— son los que permiten sostener la memoria del territorio y exigir rendición de cuentas.

Sin embargo, quienes realizan este trabajo lo hacen sin protección ni apoyo oficial. Philippe financia de su propio bolsillo cada desplazamiento, equipo y denuncia. En uno de sus monitoreos perdió su dron —una herramienta esencial para registrar los daños desde el aire—, que había sido adquirido gracias a la solidaridad de una vecina.  Tuvo que volver a pedir apoyo para reemplazarlo. Esa es la vida del defensor ambiental en el Caribe sur: sostener con esfuerzo y convicción una tarea que el Estado debería acompañar, proteger y reconocer.

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COP30: multilateralismo en crisis y justicia socioecológica fuera de agenda

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Del 10 al 21 de noviembre, Belém, Brasil, se convertirá en el epicentro de la política climática global con la celebración de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30). A diez años del Acuerdo de París, la cumbre llega marcada por tensiones entre discursos de transición justa y la continuidad del modelo extractivista.

El contexto no podría ser más complejo: guerras, crisis energética, avance de gobiernos ultraconservadores y un multilateralismo debilitado. En este escenario, las voces que defienden los territorios y la vida —pueblos indígenas, comunidades locales y personas defensoras ambientales— siguen relegadas a los márgenes del debate oficial.

Una década después de París: promesas rotas y ambición insuficiente

El balance global es preocupante. Según ONU Cambio Climático, solo 64 países presentaron planes nacionales de reducción de emisiones (NDC) antes de la COP30, lo que apenas permitiría una reducción del 10% de las emisiones para 2035 Cuenta atrás para la COP30 . Muy lejos del 60% que la ciencia considera imprescindible para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 °C.

El Informe pre-COP30 de Ecologistas en Acción advierte que los principales emisores y países del Norte Global siguen bloqueando compromisos vinculantes, trasladando la responsabilidad al Sur Global y confiando en mecanismos de mercado. La financiación climática continúa siendo el eje del desacuerdo: los países ricos evitan asumir su deuda histórica y apuestan por fondos privados e instrumentos “innovadores”, que en la práctica profundizan la dependencia y el endeudamiento de los países del Sur Informe-pre-COP30 .

Brasil, anfitrión entre la selva y el petróleo

La sede de la COP30 en Belém tiene una carga simbólica innegable: la Amazonía es uno de los grandes pulmones del planeta. Sin embargo, Brasil llega con contradicciones profundas. Bajo el gobierno de Lula da Silva, la deforestación amazónica cayó un 62% en 2023, pero al mismo tiempo Petrobras expande su frontera petrolera en la Margen Ecuatorial, con nuevas licencias para buscar crudo en el delta del Amazonas.

La cumbre, que se realizará “al borde del bosque”, enfrenta así su propia paradoja: mientras se discute la descarbonización global, el país anfitrión consolida un modelo extractivo que depende de los combustibles fósiles para sostener su balanza comercial. Como señala el informe, Brasil “proyecta una imagen de líder climático mientras fortalece la industria petrolera y gasística”, una contradicción que refleja el dilema mundial entre los discursos de transición y la realidad del poder económico.

Un nuevo marco jurídico: la justicia climática como obligación

Un punto clave de esta COP será la reciente Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que establece por primera vez que el umbral de 1,5 °C es jurídicamente vinculante. Esto significa que los Estados no pueden seguir tratando la acción climática como un compromiso voluntario, sino que tienen obligaciones legales concretas para reducir emisiones y financiar la transición de los países más vulnerables.

Este avance jurídico se suma a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconocen la crisis climática como una violación de los derechos humanos. Aun así, las negociaciones siguen ancladas en la lógica del consenso entre Estados, donde los vetos de los petroestados y la influencia de los lobbies fósiles frenan cualquier medida ambiciosa.

Defensoras y defensores ambientales: la ausencia más grave

Aunque la retórica oficial habla de “transición justa” y “participación inclusiva”, la realidad es otra. Las personas defensoras del ambiente y del territorio permanecen fuera de la agenda oficial de la COP30, a pesar de que América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la tierra y el agua.

En Brasil, Colombia, México, Honduras y otros países amazónicos, las comunidades que se oponen a megaproyectos extractivos —represas, minas, monocultivos, hidrocarburos— enfrentan criminalización, amenazas y asesinatos. La expansión petrolera en el delta del Amazonas ha generado nuevas denuncias por violaciones del derecho a la consulta previa, libre e informada, mientras el Acuerdo de Escazú —que garantiza protección a las personas defensoras— sigue sin implementarse de manera efectiva.

Las organizaciones presentes en la Cumbre de los Pueblos y la articulación “Pueblos contra el Extractivismo” exigen que la COP30 reconozca explícitamente la protección de las y los defensores ambientales como condición para la justicia climática. Su demanda es clara: no hay transición justa si se sigue asesinando a quienes defienden la vida.

El poder de los pueblos: resistencias desde la Amazonía

Mientras las negociaciones oficiales se concentran en tecnicismos financieros, la sociedad civil global se organiza en torno a la Cumbre de los Pueblos, que reunirá a más de 1.200 organizaciones. Desde la Amazonía, las comunidades indígenas recuerdan que ellos son los verdaderos guardianes del clima, responsables de conservar los territorios que el modelo económico global continúa depredando.

En su declaración previa a la cumbre, el G9 de la Amazonía Indígena advirtió: “La transición energética no puede ser una nueva forma de colonialismo verde”. Este llamado resuena como una advertencia a los gobiernos y empresas que buscan nuevas fuentes de extracción bajo el discurso de la descarbonización.

Una cumbre decisiva

Belém será una prueba para el multilateralismo: o avanza hacia una gobernanza climática basada en derechos humanos y justicia, o confirma su captura por los intereses fósiles y financieros.

Pero más allá de los acuerdos diplomáticos, el futuro del clima se juega en los territorios: en las comunidades que cuidan el agua, los bosques y las semillas. Allí donde las personas defensoras del ambiente arriesgan su vida cada día para sostener la esperanza de un planeta habitable.

La COP30 será histórica no por lo que firmen los gobiernos, sino por lo que logren sostener los pueblos.

No perdamos de vista a la agroindustria: glosario para leer la COP30 con mirada crítica

Mientras los focos de la COP30 se centran en los combustibles fósiles, la agroindustria avanza su propio relato verde. Empresas y gobiernos intentarán mostrarse como parte de la solución climática, aunque el sistema alimentario global —desde la ganadería intensiva hasta los monocultivos— genera cerca de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Este glosario ayuda a identificar las estrategias de greenwashing que estarán presentes en Belém.

Agricultura regenerativa: Promesa de una agricultura que “repara el suelo” y “secuestra carbono”, pero sin estándares verificables. Es la etiqueta preferida de grandes corporaciones como McDonald’s, Cargill o Bayer, que la usan para ocultar el impacto de sus cadenas de producción ganadera y de fertilizantes.

Agricultura tropical: Narrativa impulsada por el agronegocio brasileño para afirmar que la ganadería tropical puede ser “neutra en carbono”. La ciencia demuestra que los suelos tropicales no pueden compensar las emisiones de metano del ganado. Detrás de esta idea se justifica la expansión sobre la Amazonía y el Cerrado.

Sin calentamiento adicional (GWP*): Concepto técnico usado por países y empresas para recalcular sus emisiones de metano y aparentar neutralidad climática. Permite seguir produciendo carne y lácteos a gran escala sin reducir rebaños ni contaminación.

Bioeconomía: Palabra comodín del crecimiento verde. En teoría, busca producir en armonía con la naturaleza; en la práctica, legitima monocultivos para biocombustibles que compiten con la producción de alimentos, provocan deforestación y concentran tierras.

Alimentamos al mundo: Argumento clásico de la agroindustria para evitar regulaciones ambientales. Ignora que el planeta ya produce 1,5 veces más alimentos de los que necesita; el problema no es la producción, sino la desigualdad y el desperdicio.

La agroindustria es progreso y desarrollo: Discurso que presenta al agronegocio como motor económico y cultural. Invisibiliza el rol de la agricultura campesina y familiar, que produce la mayor parte de los alimentos del mundo, y desplaza las voces rurales en favor de corporaciones exportadoras.

La eficiencia es suficiente: Consigna usada por las grandes lecheras y cárnicas: producir “más con menos”. En realidad, aumentar la eficiencia sin limitar la producción incrementa las emisiones totales, consolidando un modelo agroindustrial dependiente de agroquímicos y monocultivos.

Los combustibles fósiles son el verdadero problema: Estrategia para desviar la atención. Si bien el petróleo y el gas son centrales en la crisis, el sistema alimentario consume el 15% de los combustibles fósiles del mundo y es responsable de una tercera parte del calentamiento global.

No habrá justicia climática si el debate global sigue ignorando el impacto del sistema alimentario. En la COP30, cuestionar a la agroindustria es tan urgente como desafiar a las petroleras: ambas sostienen un modelo que convierte la vida en mercancía.

Referencias:

Climate Observatory. (2025). Brasil y la paradoja del petróleo en la Amazonía: Informe de seguimiento de emisiones nacionales 2024-2025. Observatório do Clima.

Comisión EAT-Lancet. (2019). Alimentar al planeta de forma saludable dentro de los límites planetarios. The Lancet Commission.

Corte Internacional de Justicia. (2025). Opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y los derechos humanos. Naciones Unidas.

Ecologistas en Acción. (2025). Informe pre-COP30: Un balance crítico del Acuerdo de París y los desafíos hacia Belém. Ecologistas en Acción.

Greenpeace International. (2025). Cuenta atrás para la COP30: Evaluación de los compromisos climáticos globales y los riesgos del extractivismo en Brasil. Greenpeace.

Organización de las Naciones Unidas (ONU) Cambio Climático. (2025). Nuevos compromisos de acción climática nacional (NDC) 2025: Síntesis global. UNFCCC.

Sherrington, Rachel, y Healy, Hazel. (2025, 26 de octubre). Ojo con estos 8 términos de lavado de imagen verde de la agroindustria en la COP30. Desmog. 

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Cercamientos a lo común: los derechos reproductivos ante la avanzada ultraconservadora en Centroamérica

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El informe De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española contra los derechos sexuales y reproductivos (2025) revela cómo actores ultraconservadores españoles —como el Opus Dei, Hazte Oír, CitizenGO, la Political Network for Values (PNfV) y Vox— han extendido sus redes de influencia hacia América Latina y África, configurando un entramado transnacional que ataca los derechos sexuales y reproductivos.
Desde una lectura crítica de los bienes comunes sociales, esta ofensiva puede entenderse como un intento de cercar la autonomía de las personas y de restringir la dimensión pública del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, un bien común que sostiene la igualdad y la democracia.

En el caso centroamericano, la investigación muestra que la ofensiva no se limita a lo religioso o moral, sino que forma parte de proyectos de poder que buscan reinstalar jerarquías de género, clase y raza, bajo narrativas de defensa de la “familia” y la “vida”. Estas estrategias se articulan con redes españolas y estadounidenses que trasladan recursos, discursos y formación política hacia élites conservadoras locales.

Tendencias regionales

La región centroamericana exhibe una serie de tendencias preocupantes:

  • Captura institucional y jurídica: en países como Guatemala y El Salvador, las élites vinculadas al Opus Dei y a organizaciones “provida” han logrado bloquear reformas legales y judiciales, imponiendo marcos regresivos que penalizan totalmente el aborto y obstaculizan la educación sexual integral.

  • Convergencia transnacional: redes como PNfV y CitizenGO utilizan la retórica de la “defensa de los valores” para articular campañas digitales, congresos y formación de cuadros políticos que difunden la ideología antigénero.

  • Colonialidad persistente: la apelación a la “hispanidad” y al legado católico sirve como vehículo cultural y simbólico para justificar un tutelaje moral sobre América Latina, replicando lógicas coloniales.

El espejo costarricense: cuando los derechos conquistados empiezan a ceder

La defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica —y particularmente en Costa Rica— enfrenta un nuevo escenario de disputa que trasciende el ámbito cultural y entra de lleno en el terreno electoral y político.

A medida que se acercan los comicios de 2026, emergen nuevas tensiones entre los movimientos ciudadanos que defienden los bienes comunes sociales y los bloques políticos que buscan capitalizar el malestar social con discursos moralistas y autoritarios.

En varios países de la región, los sectores ultraconservadores están rearticulando su poder a través de alianzas entre iglesias evangélicas, sectores católicos integristas, partidos populistas y redes transnacionales de la ultraderecha española y latinoamericana. Estos actores han aprendido a traducir la narrativa antigénero en propuestas electorales que apelan al “orden”, la “familia” y la “soberanía moral”, convirtiendo los cuerpos, la educación y la sexualidad en campos de batalla ideológica.

En Costa Rica, la reforma restrictiva de la norma técnica sobre aborto terapéutico y la eliminación de la educación sexual integral son síntomas de una ofensiva más amplia que busca disputar el sentido mismo de la democracia: si esta debe sostenerse en la igualdad y la autonomía o en un orden jerárquico tutelado por valores religiosos. Las elecciones de 2026 se anuncian así como un punto de inflexión donde se pondrá a prueba la fuerza de las redes feministas, estudiantiles y ciudadanas que defienden lo común frente a la captura institucional de los bienes públicos por intereses conservadores.

Desde la perspectiva de los bienes comunes sociales, lo que está en juego no es solo la legislación sobre aborto o educación sexual, sino la posibilidad misma de sostener una democracia de lo común, basada en la deliberación, la justicia y el cuidado compartido.

Frente al intento de cercar los cuerpos y los saberes, el desafío es repolitizar lo común, convertir la defensa de la autonomía reproductiva y la igualdad en una causa democrática central y transversal.

En palabras simples: defender los derechos sexuales y reproductivos hoy es defender la democracia misma.

Los derechos reproductivos como bienes comunes sociales

Esta dimensión de los derechos son más que libertades individuales: constituyen una infraestructura colectiva que sostiene la autonomía, la equidad y la democracia. Son bienes que requieren de instituciones, saberes y redes de cuidado compartidas.

Su defensa implica reconocer que el cuerpo, la salud y la sexualidad son territorios comunes, no propiedad del Estado ni de las iglesias. La ofensiva ultraconservadora busca privatizar este bien común, subordinándolo a la moral religiosa y al control patriarcal, restringiendo la capacidad de las mujeres y disidencias para decidir sobre su vida y su futuro.

Proteger estos derechos exige fortalecer la educación sexual integral, las redes feministas y los espacios de deliberación ciudadana. También implica comprender la interdependencia entre justicia social, justicia de género y justicia epistemológica: sin acceso equitativo al conocimiento y a la autodeterminación corporal, no hay democracia viva.

Bordar la esperanza: cuerpos, saberes y futuro compartido

La defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica —y particularmente en Costa Rica— enfrenta un nuevo escenario de disputa que trasciende el ámbito cultural y entra de lleno en el terreno electoral y político.

A medida que se acercan los comicios de 2026, emergen nuevas tensiones entre los movimientos ciudadanos que defienden los bienes comunes sociales y los bloques políticos que buscan capitalizar el malestar social con discursos moralistas y autoritarios.

En varios países de la región, los sectores ultraconservadores están rearticulando su poder a través de alianzas entre iglesias evangélicas, sectores católicos integristas, partidos populistas y redes transnacionales de la ultraderecha española y latinoamericana. Estos actores han aprendido a traducir la narrativa antigénero en propuestas electorales que apelan al “orden”, la “familia” y la “soberanía moral”, convirtiendo los cuerpos, la educación y la sexualidad en campos de batalla ideológica.

En Costa Rica, la reforma restrictiva de la norma técnica sobre aborto terapéutico y la eliminación de la educación sexual integral son síntomas de una ofensiva más amplia que busca disputar el sentido mismo de la democracia: si esta debe sostenerse en la igualdad y la autonomía o en un orden jerárquico tutelado por valores religiosos. Las elecciones de 2026 se anuncian así como un punto de inflexión donde se pondrá a prueba la fuerza de las redes feministas, estudiantiles y ciudadanas que defienden lo común frente a la captura institucional de los bienes públicos por intereses conservadores.

Desde la perspectiva de los bienes comunes sociales, lo que está en juego no es solo la legislación sobre aborto o educación sexual, sino la posibilidad misma de sostener una democracia de lo común, basada en la deliberación, la justicia y el cuidado compartido.

Frente al intento de cercar los cuerpos y los saberes, el desafío es repolitizar lo común, convertir la defensa de la autonomía reproductiva y la igualdad en una causa democrática central y transversal.

En palabras simples: defender los derechos sexuales y reproductivos hoy es defender la democracia misma.

Glosario de conceptos clave

  • Bienes comunes sociales: recursos, derechos y prácticas colectivas que sostienen la vida social y no deben ser mercantilizados ni apropiados por élites políticas o religiosas.

  • Ofensiva antigénero: estrategia transnacional de actores ultraconservadores que buscan revertir los avances en derechos sexuales, reproductivos y de género.

  • Ideología de género: categoría fabricada por sectores conservadores para desacreditar el feminismo y las políticas de igualdad, presentada falsamente como amenaza cultural.

  • Cercamiento del cuerpo: proceso de apropiación y control del cuerpo y la sexualidad mediante leyes, discursos y moralismos que restringen la autonomía individual.

  • Ultraderecha transnacional: red política y cultural que articula actores religiosos, mediáticos y partidarios con el objetivo de construir hegemonía a través de la “guerra cultural”.

Pueden descargar la infografía aquí:

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“Nos sentimos ciudadanos de tercera categoría”: Hablan desde Calle Álvarez en Guatuso

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En Sentirles y Saberes, el Observatorio de Bienes Comunes visitó la comunidad de Calle Álvarez, en Guatuso, para conversar con don Pedro Luis Martínez habitante nativo de la zona y testigo de cómo las decisiones —o la falta de ellas— impactan directamente la vida cotidiana de su comunidad.

A menos de 300 metros del Río Frío, las familias de Calle Álvarez viven entre el riesgo constante de las inundaciones y el abandono institucional. Don Pedro relata cómo, pese a los años de solicitudes y promesas, siguen sin acceso seguro al centro del cantón cada vez que el río crece. Lo más indignante, dice, es que el mismo municipio que extrae material del río argumente no tener recursos para lastrear la calle del barrio.

En la conversación, emergen temas que van más allá de lo ambiental: la desigualdad territorial, la exclusión política y el derecho a una vida digna, especialmente en comunidades rurales que, como señala don Pedro, son vistas por las autoridades “como si no contaran porque aquí hay pocos votantes”.

Escuchar esta entrevista es asomarse a la política real, la que se vive en los caminos, en los hogares y en las decisiones que afectan la vida diaria. Porque la política no termina con el voto: se expresa también en el abandono o en la atención que reciben las comunidades.

🎧 Escuchá la entrevista completa con Pedro Martínez en Calle Álvarez, Guatuso.

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Defender la vida en tiempos de extractivismo: la escalera de la violencia y los derechos en riesgo

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El escalamiento de la violencia y el incumplimiento de los derechos

En Violencias y Derechos en los Extractivismos, Eduardo Gudynas, Marco Gandarillas y Oscar Campanini proponen una lectura integral de las relaciones entre extractivismo, derechos y violencia en América Latina. Una de sus principales contribuciones es la idea de la “escalera de la violencia”, presentada como un instrumento conceptual que permite identificar y analizar cómo las violaciones de derechos se acumulan y escalan hasta formas extremas de agresión.

Los autores explican que la violencia en los extractivismos no comienza con las armas ni con la represión policial: inicia mucho antes, en los incumplimientos institucionales y normativos que erosionan los derechos de las comunidades y de la naturaleza. La falta de información, la negación del derecho a la consulta, la manipulación de procesos de participación y las reformas legales para flexibilizar los controles ambientales son los primeros peldaños de una escalera que conduce, casi inevitablemente, a formas más graves de violencia.

En los niveles siguientes aparecen la criminalización de la protesta, la estigmatización de líderes comunitarios, el uso del sistema judicial para desmovilizar resistencias y, finalmente, la represión directa, los desalojos forzosos y las agresiones físicas o asesinatos. La escalera de la violencia permite, así, leer el conflicto extractivo como un proceso estructural, donde las violaciones a los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son parte del funcionamiento mismo del modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva de bienes naturales.

Este instrumento resulta especialmente pertinente porque no solo denuncia los hechos de violencia visibles, sino que revela las formas invisibles e institucionalizadas de violencia, aquellas que se ejercen desde el Estado a través de políticas públicas, marcos legales y decisiones administrativas que facilitan la expansión de los extractivismos. Gudynas denomina a este tipo de prácticas extrahecciones: extracciones que, al vulnerar derechos y apoyarse en la violencia estructural, exceden la simple extracción de recursos para convertirse en mecanismos de despojo.

En este sentido, la “escalera de la violencia” no es solo una metáfora analítica: es una herramienta política y pedagógica que permite a comunidades, movimientos y defensores de derechos identificar tempranamente los procesos de escalamiento y visibilizar la responsabilidad estatal y empresarial en cada etapa. Su utilidad radica en ofrecer un lenguaje común para conectar las luchas locales con un marco más amplio de comprensión de las violencias del desarrollo.

Un marco urgente ante el aumento de la criminalización ambiental

La pertinencia de esta herramienta se hace aún más evidente en el contexto actual de creciente violencia contra las personas defensoras del ambiente y los territorios. El más reciente informe de Global Witness alerta que América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la naturaleza, y que la mayoría de los ataques están vinculados a proyectos extractivos y agroindustriales.

En Costa Rica, estos riesgos se agravan por la decisión estatal de rechazar la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca precisamente garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de las personas defensoras ambientales. Esta negativa deja en evidencia una brecha entre el discurso ambiental del país y la protección real de quienes sostienen la defensa de los bienes comunes.

Frente a ese escenario, la “escalera de la violencia” propuesta por Gudynas, Gandarillas y Campanini se vuelve una herramienta analítica y ética indispensable: permite identificar tempranamente las señales de escalamiento, comprender las responsabilidades estatales y empresariales, y fortalecer la acción colectiva desde una mirada de derechos humanos y de la naturaleza.

Un libro necesario para pensar los derechos en tiempos de extractivismo

Publicado por el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Violencias y Derechos en los Extractivismos. Extrahecciones en Bolivia y Latinoamérica (2019) constituye una referencia ineludible para quienes buscan comprender la relación entre el modelo extractivista y la crisis de los derechos humanos en la región.

A partir de una amplia revisión de casos y del informe sombra presentado ante el Examen Periódico Universal de Bolivia (ONU, 2019), el libro muestra cómo los extractivismos —mineros, petroleros o agroindustriales— generan una erosión sostenida del marco de derechos. Sus autores analizan conceptos como efectos derrame, violencia institucionalizada y neoconstitucionalismo latinoamericano, destacando las contradicciones entre las Constituciones que reconocen derechos de la naturaleza y las políticas que los vulneran en nombre del desarrollo.

Más allá del diagnóstico, la obra propone instrumentos para la acción, como las Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos (EIDH), que deberían acompañar los estudios de impacto ambiental para garantizar la protección efectiva de las personas y los territorios.

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Violencias y Derechos en los Extractivismos. Extrahecciones en Bolivia y Latinoamérica
Autores: Eduardo Gudynas, Marco Gandarillas y Oscar Campanini
Editorial: LaLibre / CLAES / CEDIB (2019)
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Pueden descargar el esquema aquí:

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Créditos de imagen: Foto mural de Jairo Voz de Guanacaste. Evidencia de ataque al parabrisas y mano vendada por agresión recibida de Philippe Vangoidsenhoven.