Hace apenas unas semanas, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que las movilizaciones contra el gobierno boliviano de Rodrigo Paz constituían un “golpe de Estado en desarrollo” financiado por una alianza entre actores políticos y el crimen organizado. La declaración fue posteriormente reforzada por el secretario de Estado Marco Rubio y por el secretario de Defensa Pete Hegseth, quienes insistieron en presentar las protestas como una amenaza contra un gobierno democráticamente electo y como un intento de restaurar viejas estructuras vinculadas al narcotráfico.
Las palabras utilizadas no son menores. En un contexto regional atravesado por profundas tensiones sociales, crisis económicas, conflictos territoriales y procesos de polarización política, definir una movilización como protesta, insurrección, golpe de Estado o amenaza terrorista implica mucho más que una descripción de los hechos. Significa establecer un marco de interpretación que condiciona las respuestas posibles, delimita los márgenes de legitimidad y determina quiénes pueden ser reconocidos como actores políticos y quiénes pasan a ser tratados como enemigos.
Por ello, más allá de la situación específica que atraviesa Bolivia, las declaraciones de los funcionarios estadounidenses abren una discusión más amplia sobre la relación entre democracia, seguridad y poder. Una discusión particularmente relevante cuando se observa que muchos de los sectores políticos que hoy califican las protestas bolivianas como una amenaza para el orden democrático sostuvieron interpretaciones muy distintas frente a uno de los episodios más significativos de la historia política reciente de Estados Unidos: la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021.
La disputa por el significado de la multitud
El asalto al Capitolio constituyó un hecho extraordinario. Miles de personas ingresaron por la fuerza al principal símbolo institucional de la democracia estadounidense con el propósito de impedir la certificación de los resultados electorales que darían la victoria a Joe Biden. Hubo enfrentamientos con la policía, ocupación de edificios públicos, amenazas a funcionarios y una interrupción temporal del proceso constitucional.
Sin embargo, lo que resulta especialmente interesante para el análisis político no es únicamente lo ocurrido aquel día, sino la disputa posterior por su significado.
Mientras amplios sectores lo describieron como un intento de insurrección o un ataque contra el orden democrático, buena parte del universo político vinculado al trumpismo impulsó una narrativa distinta. Los participantes fueron presentados como patriotas, ciudadanos preocupados por el futuro del país o víctimas de persecución política. La ocupación violenta de una institución estatal dejó de interpretarse como una amenaza a la democracia y pasó a ser leída, por determinados sectores, como una forma legítima de defenderla.
La pregunta que emerge entonces es incómoda, pero necesaria: ¿qué diferencia una protesta de una insurrección? ¿Qué convierte una movilización en una amenaza contra el orden democrático? ¿Dónde termina el derecho a la resistencia y dónde comienza el intento de subvertir las instituciones?
Las respuestas parecen variar considerablemente según quién protagonice la acción, cuáles intereses estén en juego y desde qué posición de poder se construya el relato dominante.
La geopolítica de la legitimidad
Las declaraciones de Landau, Rubio y Hegseth no pueden interpretarse únicamente como posicionamientos coyunturales frente a la crisis boliviana. Más bien forman parte de una arquitectura discursiva más amplia que hemos venido observando en los recientes documentos de seguridad de la administración Trump, donde la defensa de la democracia aparece crecientemente subordinada a criterios geopolíticos y estratégicos.
En este marco, la democracia deja de operar como una categoría aplicada de manera consistente a todos los actores y situaciones. Su significado comienza a depender de la posición que cada gobierno ocupa dentro de la estructura de alianzas, intereses y prioridades de la política exterior estadounidense. La legitimidad ya no se define exclusivamente por el origen electoral de los gobiernos ni por el respeto a procedimientos institucionales, sino también por su alineamiento con determinados proyectos de seguridad hemisférica.
Esto permite comprender por qué fenómenos similares pueden ser interpretados de formas radicalmente distintas. Cuando un gobierno es considerado un aliado estratégico de Washington, las movilizaciones que cuestionan su continuidad pueden ser presentadas como amenazas a la estabilidad, intentos de desestabilización o incluso procesos de carácter insurreccional. En cambio, cuando las protestas se producen contra gobiernos considerados adversarios o incómodos para los intereses estadounidenses, esas mismas acciones suelen ser leídas como expresiones legítimas de la voluntad popular, luchas por la democracia o procesos de resistencia ciudadana.
La cuestión de fondo, por tanto, ya no es únicamente jurídica ni institucional. Es una disputa profundamente política por la capacidad de nombrar la realidad. Lo que está en juego es quién posee la autoridad para definir cuándo una protesta constituye una expresión democrática, cuándo representa una amenaza al orden constitucional y cuándo debe ser interpretada como un intento de golpe de Estado.
De la lucha contra el narcotráfico a la securitización del conflicto social
La insistencia de los funcionarios estadounidenses en vincular las protestas bolivianas con el narcotráfico resulta particularmente reveladora porque muestra un desplazamiento que hemos venido observando en distintos escenarios de la región.
Durante décadas, América Latina y el Caribe ha sido interpretada a través de marcos que combinan seguridad, terrorismo, narcotráfico, gobernabilidad y estabilidad regional. Estas categorías han servido para justificar intervenciones, programas de cooperación militar, reformas institucionales y dispositivos de vigilancia. Lo novedoso es que actualmente comienzan a fusionarse con una intensidad cada vez mayor.
Cuando la protesta es asociada al crimen organizado, el conflicto deja de ser entendido como una disputa política relacionada con condiciones de vida, modelos económicos o desacuerdos sociales. Se transforma en un problema de seguridad. Y una vez que ocurre esa transformación, las respuestas posibles también cambian radicalmente.
La negociación pierde centralidad frente a la contención. El diálogo es sustituido por la vigilancia. Las demandas sociales dejan de analizarse desde sus causas estructurales para ser interpretadas como factores de riesgo. La política comienza a ser administrada mediante instrumentos policiales, judiciales o militares.
En este sentido, la securitización no consiste únicamente en aumentar la presencia de fuerzas de seguridad. Implica algo más profundo: redefinir la manera en que la sociedad interpreta los conflictos. Lo que antes era leído como desigualdad, exclusión o malestar social pasa a ser leído como amenaza.
¿Quiénes son los “vándalos”?
Las declaraciones del propio gobierno boliviano ofrecen otro elemento importante para esta discusión. Rodrigo Paz anunció su disposición a dialogar con diversos sectores movilizados, pero aclaró que no negociaría con quienes calificó como “vándalos”.
A primera vista podría parecer una afirmación razonable. Sin embargo, desde una perspectiva política, las categorías utilizadas para nombrar a los actores en conflicto poseen una enorme relevancia. Las palabras no son simples descripciones de la realidad. También son instrumentos que organizan la realidad. Determinan quién puede ser escuchado, quién merece reconocimiento institucional y quién queda excluido de los marcos de legitimidad.
Nombrar a una persona como ciudadana implica reconocerle derechos. Definirla como manifestante supone admitir la existencia de una demanda. Reconocerla como opositora significa aceptar que forma parte de un conflicto político legítimo. Pero cuando se la nombra como vándala, criminal o terrorista, el sentido de su acción cambia por completo.
La discusión deja de girar alrededor de las causas del conflicto y se desplaza hacia la necesidad de restaurar el orden. El problema ya no es lo que se reclama, sino la existencia misma del actor que reclama.
Por ello, una de las preguntas más importantes para comprender la coyuntura boliviana no es únicamente qué está ocurriendo en las calles. La cuestión central es quién tiene la capacidad de definir qué significa lo que está ocurriendo.
Cuando la democracia depende de quién protesta
Quizá el aspecto más inquietante de esta discusión no sea la crisis boliviana en sí misma, sino la creciente tendencia a que las categorías políticas pierdan estabilidad. Democracia, protesta, golpe de Estado, terrorismo o seguridad parecen significar cosas distintas según quién las utilice y contra quién se apliquen.
En este escenario, la disputa no se libra únicamente en las calles ni en las instituciones. También ocurre en el terreno del lenguaje. Porque quien logra imponer el significado de los acontecimientos adquiere una enorme capacidad para orientar las respuestas políticas, legitimar determinadas intervenciones y delimitar los márgenes de lo aceptable.
La pregunta que deja abierta el caso boliviano no es solamente si existe o no un intento de desestabilización. La pregunta más profunda es otra: ¿qué ocurre con la democracia cuando el poder de definir quién la defiende y quién la amenaza se concentra cada vez más en actores que también participan activamente de la disputa geopolítica?
En tiempos de securitización creciente, quizás el desafío principal consista precisamente en defender la capacidad de nombrar los conflictos desde la política antes de que sean absorbidos completamente por el lenguaje de la seguridad.
Matriz para analizar la construcción de legitimidad política
| Dimensión de análisis | ¿Qué observar? | Preguntas clave | Señales de alerta | Claves para la reflexión crítica |
|---|---|---|---|---|
| Definición del conflicto | Cómo se describe la situación en disputa | ¿Se presenta como protesta social, crisis política, insurrección o golpe de Estado? | Uso rápido de categorías extremas sin análisis de causas | Nombrar un conflicto también implica orientar las respuestas posibles frente a él |
| Producción del enemigo | Actores identificados como responsables de la crisis | ¿Quién aparece como amenaza? ¿Quién queda fuera de la legitimidad? | Construcción de enemigos amplios y difusos | La figura del enemigo suele simplificar conflictos complejos |
| Lenguaje de seguridad | Conceptos dominantes utilizados por autoridades y medios | ¿Qué palabras se repiten? ¿Terrorismo, narcotráfico, radicalización, orden, estabilidad? | Sustitución de categorías políticas por categorías securitarias | La seguridad puede desplazar el debate sobre derechos y demandas sociales |
| Legitimidad de la protesta | Tratamiento de las movilizaciones sociales | ¿Se reconocen sus demandas o se reducen a problemas de orden público? | Invisibilización de las causas estructurales del conflicto | No toda protesta es antidemocrática ni toda estabilidad es democrática |
| Construcción mediática | Relatos que circulan en medios y plataformas digitales | ¿Cómo se representa a quienes protestan? | Estigmatización sistemática de movimientos sociales | Los medios participan activamente en la producción de legitimidad |
| Actores reconocidos | Sectores considerados interlocutores válidos | ¿Quién puede dialogar y quién no? | Exclusión previa de actores sociales organizados | La democracia también se expresa en el reconocimiento del conflicto |
| Actores excluidos | Sectores deslegitimados | ¿Quién es nombrado como vándalo, criminal, extremista o terrorista? | Etiquetas que sustituyen el análisis político | Las categorías de exclusión reducen la complejidad social |
| Relación con intereses geopolíticos | Posición estratégica del país o gobierno involucrado | ¿Existen intereses económicos, militares o diplomáticos en juego? | Apoyo internacional selectivo | La legitimidad suele construirse también desde relaciones de poder global |
| Uso del narcotráfico o terrorismo | Asociación entre protesta y crimen organizado | ¿Se presentan pruebas o solo afirmaciones generales? | Expansión de categorías penales hacia actores políticos | La criminalización puede operar mediante asociaciones discursivas |
| Intervención internacional | Participación de actores externos en la crisis | ¿Se presenta como cooperación, apoyo o defensa de la democracia? | Incremento de asistencia militar o de seguridad | Analizar quién define la amenaza y quién se beneficia de esa definición |
| Impacto democrático | Consecuencias sobre derechos y participación | ¿Se amplía o se restringe el espacio para la disidencia? | Militarización, vigilancia o restricciones a la protesta | La democracia se mide también por su capacidad para procesar el conflicto |
| Producción de consenso | Narrativas que buscan instalar una interpretación dominante | ¿Qué lectura se intenta convertir en sentido común? | Uniformidad discursiva entre gobiernos, medios y actores internacionales | Analizar quién tiene capacidad para imponer significados |
| Doble rasero democrático | Diferencias en la interpretación de situaciones similares | ¿Se aplican los mismos criterios a aliados y adversarios? | Cambios en el lenguaje según el actor involucrado | Comparar narrativas permite identificar sesgos y relaciones de poder |
| Escenarios de resistencia | Espacios donde se disputan los significados del conflicto | ¿Quién cuestiona la narrativa dominante? | Invisibilización de voces alternativas | Toda coyuntura es también una disputa por el sentido |
| Pregunta de fondo | Lo que la coyuntura revela sobre el sistema político | ¿Quién tiene el poder de definir qué es democracia y qué es amenaza? | Concentración del poder de nombrar | La lucha política también es una lucha por el significado de los acontecimientos |
Preguntas orientadoras para talleres, círculos de estudio o análisis de coyuntura
- ¿Quién está definiendo lo que ocurre?
- ¿Qué actores son considerados legítimos y cuáles son excluidos?
- ¿Qué papel juega el lenguaje de la seguridad en la interpretación del conflicto?
- ¿Cómo cambia el significado de una protesta según quién la protagonice?
- ¿Qué intereses económicos o geopolíticos atraviesan la narrativa dominante?
- ¿Qué voces están ausentes o invisibilizadas?
- ¿Se están aplicando los mismos criterios a situaciones comparables?
- ¿Qué impactos tiene esta narrativa sobre la democracia y los derechos ciudadanos?
- ¿Cómo se relaciona esta coyuntura con procesos más amplios de securitización y criminalización de la disidencia?
- ¿Qué otras formas de nombrar y comprender el conflicto son posibles?
La protesta social como bien común bajo asedio
Más allá de las disputas coyunturales que atraviesan Bolivia, lo que está en juego es una transformación más profunda del lugar que ocupa la protesta social dentro de las democracias contemporáneas. Cuando las movilizaciones comienzan a ser interpretadas prioritariamente desde marcos de seguridad, terrorismo, crimen organizado o amenaza a la estabilidad, la protesta deja de ser reconocida como una expresión legítima del conflicto social y pasa a convertirse en un objeto de vigilancia, control y contención.
Esta transformación tiene implicaciones que trascienden a cualquier gobierno o coyuntura particular. La protesta social constituye uno de los bienes comunes fundamentales de toda sociedad democrática. No pertenece a una organización específica, a una ideología determinada ni a un sector político concreto. Es una capacidad colectiva construida históricamente por pueblos, movimientos sociales, sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones estudiantiles, movimientos de mujeres y múltiples actores que han encontrado en la movilización una herramienta para defender derechos, disputar sentidos y ampliar horizontes democráticos.
Sin esa capacidad de protesta, muchas de las conquistas sociales que hoy se consideran normales simplemente no existirían. Los derechos laborales, la educación pública, la seguridad social, el sufragio universal, los derechos civiles y las luchas por la justicia ambiental surgieron precisamente de procesos de organización y movilización que, en distintos momentos históricos, fueron también acusados de alterar el orden, generar inestabilidad o amenazar intereses establecidos.
Lo que observamos actualmente es la emergencia de un escenario donde esa capacidad colectiva comienza a ser crecientemente problematizada. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses sugieren una ampliación de los marcos de securitización hacia ámbitos tradicionalmente pertenecientes a la esfera política. En este contexto, las demandas sociales pueden ser reinterpretadas como amenazas estratégicas, los conflictos territoriales como riesgos para la estabilidad hemisférica y las organizaciones populares como potenciales focos de radicalización.
La preocupación no radica únicamente en el uso de determinadas categorías discursivas. Lo verdaderamente significativo es que dichas categorías provienen de una potencia que continúa ejerciendo una enorme influencia política, económica, diplomática y militar sobre América Latina y el Caribe. Cuando Estados Unidos redefine las amenazas que considera prioritarias para la seguridad hemisférica, esa redefinición tiende a irradiarse hacia instituciones de seguridad, sistemas judiciales, políticas públicas, programas de cooperación y marcos regulatorios en toda la región.
Por ello, el problema no es solamente semántico. La manera en que se nombran los conflictos tiene consecuencias materiales. Las categorías de terrorismo, narcotráfico, extremismo o radicalización pueden habilitar mayores niveles de vigilancia, fortalecer mecanismos de control territorial, justificar procesos de militarización y ampliar las capacidades de intervención estatal sobre actores sociales considerados problemáticos.
En este sentido, resulta legítimo preguntarse si estamos asistiendo a una nueva fase del intervencionismo hemisférico. Ya no necesariamente basada en las formas clásicas de ocupación, tutela o intervención directa que caracterizaron otros momentos de la historia latinoamericana y caribeña, sino en mecanismos más sofisticados de producción de amenazas, alineamiento estratégico y gobernanza de la seguridad. Un imperialismo que no siempre necesita desembarcar tropas porque opera a través de doctrinas, marcos interpretativos, dispositivos tecnológicos, cooperación securitaria y narrativas capaces de definir quién representa el orden y quién encarna el peligro.
Desde esta perspectiva, la disputa por la protesta social adquiere una relevancia estratégica. Defender la protesta no implica respaldar acríticamente todas las movilizaciones ni desconocer que puedan existir expresiones violentas dentro de determinados conflictos. Implica reconocer que la posibilidad de cuestionar el poder, expresar desacuerdos y organizar respuestas colectivas constituye una condición fundamental para cualquier proyecto democrático.
La pregunta que emerge entonces no es únicamente qué ocurre en Bolivia, sino qué tipo de democracia se está configurando en el continente. Una democracia donde el conflicto social siga siendo reconocido como parte constitutiva de la vida política o una democracia crecientemente subordinada a lógicas de seguridad que transforman la diferencia en amenaza y la disidencia en sospecha.
En tiempos de crisis múltiples —económicas, climáticas, energéticas y geopolíticas— esta discusión adquiere una importancia decisiva. Porque si la protesta social deja de ser entendida como un derecho colectivo y comienza a ser administrada como un problema de seguridad, lo que se erosiona no es solamente la capacidad de movilización de determinados movimientos sociales. Lo que se pone en riesgo es uno de los bienes comunes más importantes de nuestras sociedades: la posibilidad de imaginar, disputar y construir futuros distintos.
Referencias:
Agence France Presse. (2026, 5 de junio). EEUU dice que «está vigilando» la crisis en Bolivia y anuncia una ayuda de emergencia. AFP.
Ceceña, Ana Esther (Coord.). (2004). Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI. CLACSO.
Rogero, Tiago (2026, 20 de mayo). Bolivia rocked by protests as US warns of ‘coup d’état’. The Guardian.
The White House. (2025). National Security Strategy of the United States of America. The White House.
Esta publicación forma parte de la colección Geografías Herejes de los Bienes Comunes, un espacio de análisis crítico que, desde la antigeopolítica, la ecología política y la defensa de los bienes comunes, busca leer el mundo desde los territorios, las comunidades y las resistencias que sostienen la vida frente a las múltiples formas de despojo, militarización, extractivismo y dominación.
