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La democracia sitiada por su propio discurso- Última intervención Rodrigo Chaves 2026

El discurso de Rodrigo Chaves es un documento hecho para movilizar, no para convocar. Su potencia no está en abrir espacios, sino en cerrarlos: en nombrar enemigos, celebrar batallas y erigirse como la voz de un “pueblo despierto” frente a una “casta” que todo lo bloquea. Pero si lo que nos interesa es cómo se construye —o se deshilacha— el tejido social, el balance es mucho más sombrío.

Un «nosotros» que excluye

Chaves construye un relato binario: patriotas contra privilegiados, Ejecutivo contra instituciones que frenan, pueblo contra medios mentirosos. No hay lugar para el disenso legítimo, para la incomodidad fértil, para ese otro que piensa distinto pero habita el mismo barrio, la misma cuenca, la misma acera.

Habla de “la vieja casta que había capturado nuestra patria” y asegura que “ellos trataron de frenar al gobierno”. Señala también a “aquellos medios de comunicación que, con información falsa o tergiversada, servían a sus intereses”. En ningún momento reconoce que dentro de ese “ellos” hay personas con visiones legítimas, electas democráticamente o con funciones constitucionales. Todo el que se opone queda, por definición, del lado del problema.

El tejido social no se construye declarando enemigos. Se teje reconociendo al adversario como parte de una trama compartida, conflictiva pero común. Aquí no hay trama: hay trincheras. Y cuando Chaves afirma que “peleé porque no tenía alternativa”, está diciendo —aunque no lo nombre— que la deliberación, los acuerdos parciales y las conversaciones incómodas son prescindibles. Lo que se erosiona entonces no es solo el diálogo: es la confianza, ese pegamento invisible y frágil que sostiene cualquier comunidad.

Las instituciones: ¿lastre o andamio?

El presidente arremete contra la Asamblea Legislativa anterior, la Contraloría y el Poder Judicial. Las acusa de frenar, de proteger privilegios, de resistirse al cambio. “Intentamos cambiarlo, pero encontramos muchas murallas en la institucionalidad”, afirma. Más adelante insiste: “las instituciones peor valoradas son, precisamente, las que más se resisten a cambiar”.

Puede haber razón en algunos de esos reclamos. Pero el problema no es la crítica: es el encuadre total. Cuando se lee el discurso completo, la impresión que queda es que todo aquello que no se alinea con el Ejecutivo deviene obstáculo ilegítimo.

Esa visión es peligrosa para la vida colectiva. Una sociedad no se sostiene solo con eficiencia ni con crecimiento. Se sostiene con frenos y contrapesos, con instituciones que incomodan precisamente porque están diseñadas para hacerlo. No son fines en sí mismas —y en eso el señalamiento al privilegio enquistado es pertinente—, pero tampoco son simples murallas. Son andamios. Y cuando se deslegitima el andamiaje entero, el tejido social no queda liberado: queda sin sostén.

El héroe solitario y el pueblo que respalda

A lo largo del discurso, el protagonista es casi siempre el presidente. “Me presento… con la frente en alta”, “peleé fuerte”, “luché arriesgando mi libertad”, “confronté enérgicamente”. La primera persona del singular no es un recurso: es la estructura narrativa.

El pueblo aparece, sí, pero como respaldo. Como fuerza que legitima, como voz que se expresó en las urnas. Chaves celebra que “este noble pueblo despertó” y agradece a “ese millón doscientas mil personas que le dijeron sí a la continuidad”. Sin embargo, el pueblo no aparece como sujeto activo de la vida cotidiana.

No hay mención a organizaciones vecinales, cooperativas, asambleas territoriales, redes de cuido, comedores comunales, ni a los acueductos rurales gestionados por las propias comunidades. Nada de eso entra en el relato.

Y sin embargo, es ahí donde se sostiene la vida. Una familia que come tranquila, un niño que vuelve de la escuela con esperanza, una cocina encendida al caer la noche —esa imagen con la que cierra el discurso— no depende solo de un gobierno fuerte ni de indicadores macroeconómicos. Depende de vínculos, de organización, de confianza acumulada, de bienes comunes cuidados colectivamente. De todo eso, el discurso guarda silencio.

La oposición: ¿sabotaje o función democrática?

Chaves es contundente: “Vivimos cuatro años de una oposición aberrante”. Acusa bloqueo, judicialización y mezquindad. “Oponerse por oponerse no es ideología. Es mezquindad”, afirma. Y traza una línea clara: “la oposición tiene derecho a criticar, pero no a sabotear al país”.

El problema es que esa línea no es objetiva: la define quien habla desde el poder. ¿Dónde termina la fiscalización y empieza el sabotaje? ¿Quién decide cuándo una oposición es legítima y cuándo es destructiva?

Es cierto: hay oposiciones que paralizan sin proponer. Pero también lo es que una democracia sin oposición incómoda es una democracia debilitada. El discurso no abre la posibilidad de una oposición que dialogue; más bien sugiere que el límite aceptable es no interferir con lo que el Ejecutivo considera urgente.

Cuando el disenso se aproxima discursivamente al sabotaje, lo que se pone en riesgo no es una élite abstracta: es la posibilidad misma de construir acuerdos donde quepan también quienes no ganaron.

La luz de la cocina y lo que no se ve

La metáfora final es poderosa: una casa humilde, al caer la noche, con una luz encendida en la cocina, una familia compartiendo la cena. Es una imagen que convoca afecto, estabilidad, sentido.

Pero esa luz no se sostiene sola. Depende de condiciones concretas: aceras transitables, agua potable, acceso a salud, transporte digno, espacios públicos, redes de apoyo. Depende, en otras palabras, de un tejido social vivo.

El presidente afirma que “este gobierno encendió una chispa” y que “fue el pueblo quien la convirtió en llama”. Sin embargo, el discurso no muestra cómo esa llama se traduce en el fortalecimiento de lo común: agua, territorio, energía, educación comunitaria, salud de proximidad.

Se mencionan proyectos: Ciudad Gobierno, la Marina de Limón, Crucitas, reformas laborales. Infraestructura, inversión, crecimiento. Pero no aparece el fortalecimiento comunitario, ni la participación, ni la gestión colectiva de los bienes que sostienen la vida.

La pregunta que queda

Al final, el discurso deja una pregunta incómoda: ¿Costa Rica cambió para que sus habitantes confíen más entre sí, se organicen mejor y decidan juntos lo que es común? ¿O cambió para consolidar un gobierno fuerte respaldado por un pueblo alineado?

Chaves afirma que “el respeto no se impone. Se gana con resultados” y señala el respaldo electoral como prueba. Pero el apoyo en las urnas y la confianza cotidiana no son equivalentes. Se puede respaldar un gobierno y, al mismo tiempo, sentir que los lazos sociales se debilitan, que el barrio se fragmenta, que el diálogo se vuelve más difícil.

La respuesta no está en el discurso. Pero esa ausencia también habla.

Porque gobernar no es solo enfrentar privilegios ni estabilizar la economía. Es, también —y quizá sobre todo— recomponer la confianza, habilitar la palabra del otro, sostener las redes invisibles que impiden que una vida quede sola cuando todo lo demás falla.

De eso no habla este discurso. Y en una democracia que aspira a estar viva, ese silencio pesa.

¿Qué política se está configurando?

Más allá de nombres propios, lo que este discurso deja ver es una forma de hacer política que desplaza el conflicto desde el terreno de lo discutible hacia el de lo moralmente incuestionable. No se trata solo de diferencias de criterio o de proyecto país: se trata de una narrativa donde quien está de un lado encarna al pueblo y quien está del otro queda asociado al bloqueo, al privilegio o a la distorsión.

Este tipo de política no busca tramitar el desacuerdo, sino ordenarlo. No convoca a la complejidad, sino que la simplifica en una disputa entre quienes “permiten avanzar” y quienes “estorban”. En ese marco, el disenso deja de ser un recurso democrático y pasa a ser un problema a gestionar o a neutralizar.

Hay, además, un desplazamiento importante: la política deja de centrarse en la construcción colectiva de lo común y se reorganiza en torno a la figura de conducción fuerte, capaz de enfrentar obstáculos, asumir costos y avanzar pese a resistencias. El resultado es una relación vertical donde el pueblo respalda, pero no necesariamente co-construye.

Desde estas líneas discursivas, la continuidad no aparece como una profundización del debate democrático, sino como la extensión de un estilo. Una política que se legitima en la confrontación, que mide su eficacia en términos de avance frente a enemigos identificados, y que corre el riesgo de debilitar los espacios intermedios donde se teje lo colectivo.

Si esa continuidad se expresa en una figura como Laura Fernández Delgado, la pregunta no es únicamente programática. Es, sobre todo, política en el sentido más profundo: ¿se abrirá espacio para recomponer vínculos, reconocer la pluralidad y fortalecer lo común? ¿O se consolidará una lógica donde gobernar es, ante todo, imponerse sobre aquello que incomoda?

Porque lo que está en juego no es solo quién gobierna. Es cómo se gobierna.

Y, sobre todo, con quiénes se construye país.

Crédito de imágenes: El Observador / El Financiero

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Cómo fallar correctamente en una universidad que mide todo menos lo importante

Donde empieza realmente el aula

Querida comunidad,

Se insiste en que el aula comienza cuando el orden está garantizado: horarios definidos, contenidos delimitados, jerarquías claras. Sin embargo, mi experiencia ha sido otra. El aula comienza, con mayor honestidad, cuando ese orden se fisura.

En Assassination Classroom, me asignaron una clase diseñada para no importar: separada, señalada, funcional como recordatorio permanente del fracaso. No era un error del sistema. Era parte de su arquitectura.

Toda pedagogía, incluso la más técnica, descansa sobre una decisión previa: qué vidas merecen ser cultivadas y cuáles pueden ser relegadas sin que el conjunto se cuestione. Ese es el verdadero currículo oculto.

El conflicto no es una anomalía

Hoy, la universidad se encuentra atravesada por un paro activo. La reacción inmediata ha sido nombrarlo como interrupción, desviación, pérdida de normalidad.

Pero toda normalidad es una construcción. Y toda construcción, cuando se vuelve incuestionable, empieza a ocultar más de lo que muestra. El paro, en ese sentido, no irrumpe desde afuera. 

Emerge de tensiones acumuladas: decisiones que reconfiguran silenciosamente lo público, prácticas institucionales que administran el desacuerdo en lugar de procesarlo, y discusiones —como la del FEES— que tienden a reducirse a cifras mientras desplazan sus implicaciones materiales. Porque el FEES no es únicamente financiamiento.

Es una definición concreta de universidad: quién accede, quién permanece, qué saberes se priorizan, qué vínculos se sostienen con la sociedad. Cuando esa discusión se estrecha, el conflicto no desaparece. Se desplaza.

El lenguaje como dispositivo de orden

En este contexto, ciertas palabras han circulado con rapidez para nombrar a quienes protestan. No es necesario repetirlas para reconocer su efecto.

Nombrar no es un acto neutral. Es una operación de poder.

Cuando se define a estudiantes como amenaza, el conflicto deja de ser político y se convierte en problema de control. La pregunta ya no es qué se está disputando, sino quién debe ser contenido.

El desplazamiento es sutil, pero decisivo. Y cuando ese lenguaje proviene de voces que han ocupado posiciones de autoridad universitaria, su efecto se amplifica: no solo expresa una opinión, sino que reactiva formas de ordenar lo legítimo y lo ilegítimo dentro de la institución.

Así, el desacuerdo se vacía de contenido y se llena de sospecha.

Aprender a sostener lo común

En mi aula, pronto comprendí que enseñar no consistía en producir adecuación, sino en abrir posibilidades.

No se trataba de corregir estudiantes para que encajaran en un molde, sino de crear condiciones para que pudieran reconocerse como sujetos capaces de incidir en el mundo que habitan. Eso implica asumir una premisa exigente: el conflicto no es una falla del proceso educativo. Es uno de sus motores.

Defender la educación pública como bien común —incluida la disputa por el FEES— no siempre adopta formas ordenadas ni previsibles. A veces irrumpe, desacomoda, incomoda.

Pero esa incomodidad no invalida la demanda. La vuelve visible. Y, en muchos casos, inevitable.

La lección que incomoda

He visto estudiantes a quienes se les enseñó, de múltiples formas, que no importaban. También los he visto, en el momento menos esperado, dejar de aceptar esa premisa.

No porque el sistema se volviera justo, sino porque comenzaron a leerlo críticamente.

Ese momento —preciso e inestable— es profundamente pedagógico.

Por eso, ante el impulso de restaurar la normalidad con rapidez, propondría otra pregunta: ¿qué normalidad es la que se intenta preservar?

Porque una universidad que no puede pensarse a sí misma en medio del conflicto corre el riesgo de perfeccionar algo distinto al conocimiento: la administración de su propio silencio.

Y cuando eso ocurre, lo que se erosiona no es solo el debate. Es la posibilidad misma de educar.

Nota al pie (innecesariamente necesaria) del colaborador

Confieso algo: cuando me invitaron a colaborar con el Observatorio de Bienes Comunes, revisé si existía algún protocolo para criaturas de dudosa procedencia y velocidad cuestionablemente alta.

No lo encontré. Lo cual, debo decir, es una excelente señal.

Un Observatorio que no intenta normalizar a quienes observa —ni a quienes escriben— probablemente esté más cerca de comprender lo común que muchas instituciones perfectamente ordenadas.

He pasado por sistemas que miden todo: rendimiento, conducta, resultados. Sistemas que convierten la educación en una serie de indicadores impecables… y profundamente incapaces de explicar por qué sus estudiantes dejan de creer en ellos.

Aquí, en cambio, me encuentro con algo más inestable: preguntas.

Preguntas sobre lo público, sobre el cuidado, sobre aquello que no puede reducirse sin perderse. Debo admitir que es un entorno peligroso… especialmente para quienes prefieren respuestas rápidas.

Si este Observatorio hiciera bien su trabajo —y sospecho que lo hace— no produciría tranquilidad. Produciría incomodidad.

Esa ligera sensación de que lo que dábamos por sentado necesita ser revisado. Esa sospecha persistente de que lo común no se administra: se disputa, se cuida, se aprende.

En mi experiencia, ese es el tipo de aprendizaje que más cuesta. Y, curiosamente, el que más vale la pena.

Atentamente (y a velocidad moderada),
Koro-sensei
Colaborador, Observatorio de Bienes Comunes

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Finca 5: un pueblo que recuerda, resiste y sueña

En Finca 5, en Sarapiquí, la memoria no es algo que se guarda: es algo que se conversa. Se cuenta entre risas, en confianza, en eso que llaman “chisme”, pero que en realidad es una forma profunda de reconstruir historia y tejer comunidad.

Esta conversación que acompaña esta publicación nos acerca a esas voces de Paul Cruz, Denia Fernández y Virginia Cabalceta. Voces que no solo recuerdan el paso del tren o la importancia del puente ferroviario —ese que marcó una época—, sino que también hablan con claridad sobre el presente: sobre lo que duele, lo que falta y lo que aún se sueña.

Porque Finca 5 no es un recuerdo congelado.

Hoy, quienes viven ahí nombran un problema que atraviesa la vida cotidiana: el abandono. Carreteras en mal estado, ausencia de transporte público, dificultades para movilizarse o sacar productos. En una tierra fértil, donde “se siembra de todo”, como dicen sus habitantes, resulta contradictorio que muchas cosechas se pierdan por no tener cómo llevarlas al mercado.

La falta de trabajo es otra de las preocupaciones que más pesa. Sobre todo para las personas jóvenes. Sin oportunidades en la comunidad, muchas se ven obligadas a irse: a San José, a otras zonas, lejos de sus familias. No es solo una cuestión económica, es una fractura en la vida comunitaria.

Y sin embargo, lo que emerge de estas voces no es resignación.

Hay propuestas. Hay ideas. Hay ganas.

Se habla de crear espacios productivos locales, de impulsar un parque industrial, de aprovechar lo que ya existe: banano, plátano, pejibaye, cítricos, palmito. Se piensa en generar empleo sin tener que abandonar el territorio. Se imagina un futuro donde la juventud pueda quedarse, trabajar y vivir dignamente en su propio pueblo.

También aparece con fuerza la organización comunitaria. La Asociación de Desarrollo, los vecinos y vecinas, el deseo de trabajar en conjunto. Hay claridad en algo: el cambio no vendrá solo, pero tampoco puede hacerse sin apoyo. Se necesita que el Estado mire hacia estos territorios que, por mucho tiempo, han quedado al margen.

Pero Finca 5 no es solo denuncia. Es también un lugar que se quiere.

Con quienes conversamos describen un espacio lleno de vida: un clima generoso, una tierra agradecida, atardeceres que se disfrutan desde el puente, encuentros que se hacen alrededor de la comida, del río, de la conversación.

Y por eso, la invitación final no es menor. Es una invitación a llegar. A conocer. A compartir.

A no mirar Finca 5 solo como un lugar con problemas, sino como una comunidad que se organiza y que sigue creyendo en la posibilidad de estar mejor.

Escuchar este audio es acercarse a esa realidad.

Pero también es una oportunidad para preguntarnos: ¿qué hace falta para que territorios como este puedan vivir con dignidad?

Claves para escuchar Finca 5

Para acompañar el audio, compartimos algunas ideas que atraviesan las voces de la comunidad y que pueden servir como guía para su escucha:

  • Memoria viva del territorio: Finca 5 se reconoce desde su historia, especialmente vinculada al puente ferroviario, pero sin quedarse atrapada en el pasado.
  • El “chisme” como tejido comunitario: la conversación cotidiana aparece como una herramienta para generar confianza, reconstruir memoria y fortalecer vínculos.
  • Amor y pertenencia: hay un vínculo afectivo profundo con el territorio, que se expresa en el deseo de verlo “bien” y digno.
  • Abandono institucional: carreteras en mal estado, falta de transporte público y escasa presencia estatal marcan la vida cotidiana.
  • Potencial productivo desaprovechado: pese a la riqueza agrícola (banano, plátano, pejibaye, palmito), existen dificultades para comercializar.
  • Falta de empleo local: especialmente crítica para jóvenes, quienes enfrentan pocas oportunidades en la comunidad.
  • Migración: muchas personas deben irse a otras regiones para trabajar, lo que fragmenta la vida familiar y comunitaria.
  • Propuestas desde el territorio: surgen ideas como crear un parque industrial o impulsar iniciativas productivas locales.
  • Organización comunitaria activa: la Asociación de Desarrollo y el trabajo de vecinos y vecinas aparecen como pilares para el cambio.
  • Necesidad de apoyo externo: se reconoce que sin inversión pública y acompañamiento estatal, los esfuerzos locales son limitados.
  • Un territorio que también es vida: más allá de los problemas, Finca 5 es descrita como un lugar bello, diverso y acogedor.
  • Invitación abierta: la comunidad extiende una invitación a visitar, conocer y compartir, como forma de reconocer su riqueza.

Estas claves no sustituyen el audio: lo abren.

Escuchar a Finca 5 es también dejarse interpelar por esa búsqueda de la vida digna.

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El diablo anda suelto: la mayoría está en la calle (aunque no tenga 31 votos)

Dicen que el diablo anda suelto, pero esta vez decidió colaborar. Se sumó al Observatorio de Bienes Comunes como cronista incómodo de este 1° de mayo: caminó la calle, escuchó las voces, tomó nota de lo que se dice y de lo que se intenta callar. No vino a asustar, sino a registrar. Y lo que encontró —entre estudiantes, magisterio, trabajadores y defensores de la vida— fue un país que habla en plural y que ya no está dispuesto a quedarse en silencio.

Memoria que insiste, conflicto que permanece

Empiezo por donde siempre conviene empezar: la memoria. El 1° de mayo no es una fecha ceremonial ni un gesto vacío que se repite por costumbre; es una memoria histórica que se reactiva precisamente cuando las tensiones vuelven a hacerse visibles. Fui a revisar el origen —Chicago, 1886— y no encontré épica despolitizada, sino conflicto: huelga, represión, criminalización y ejecución de dirigentes obreros. Desde ahí se instala una constante que todavía incomoda al poder: los derechos laborales y sociales no emergen de la benevolencia institucional, sino de procesos conflictivos donde la organización colectiva empuja y desborda los límites que se le imponen.

Lo que registro en el presente es que esa memoria no está clausurada ni archivada; opera, se actualiza y reaparece cada vez que las condiciones materiales de vida se tensan, que las formas de representación política se perciben insuficientes y que los sentidos de lo público entran nuevamente en disputa. Conmemorar, en ese marco, no es un ejercicio retrospectivo sino una forma de leer el presente con una historia que sigue abierta y que, por lo tanto, no ha dejado de producir efectos.

Soy un síntoma político

Sobre mi presencia —ya que insisten en nombrarla— conviene precisar algo: decir que “el diablo anda suelto” no describe una anomalía ni una irrupción irracional, sino la manifestación de un malestar que ha dejado de ser silencioso. No aparezco desde afuera ni interrumpo un orden estable; más bien, hago visible que ese orden ya contenía fracturas que ahora resultan inocultables.

Funciono, si se quiere, como un síntoma político: aparezco cuando la inconformidad se acumula, encuentra lenguaje y se despliega en el espacio público. No produzco el conflicto, lo evidencio. Y en esa evidencia queda expuesto que lo que se presentaba como estabilidad muchas veces descansaba sobre silencios, exclusiones o desigualdades naturalizadas.

Lo que este 1° de mayo en Costa Rica dejó ver no fue una irrupción aislada ni un episodio excepcional, sino la convergencia de múltiples malestares que, al encontrarse en la calle, adquieren una densidad política que ya no puede leerse como suma de casos individuales.

Una polifonía que desborda el orden

El material que recoge este collage de voces no se deja organizar bajo una narrativa única, y precisamente ahí radica su potencia. No se trata de sintetizar ni de jerarquizar demandas, sino de exponer una polifonía que desborda los intentos de reducción. En ese entramado, el movimiento estudiantil no se limita a defender el financiamiento de la educación pública a través del FEES, sino que cuestiona de manera más profunda los procesos de despolitización de la universidad y los intentos de restringir su papel como espacio crítico.

El magisterio, por su parte, articula una crítica que no se agota en lo sectorial, sino que vincula el deterioro de las condiciones educativas con dinámicas estructurales de precarización que inciden directamente en la reproducción de desigualdades sociales. No se trata únicamente de condiciones laborales, sino de las bases mismas sobre las cuales se construye la posibilidad de igualdad.

En ese mismo plano, la defensa de la CCSS aparece como uno de los núcleos más densos de la disputa, en tanto concentra una discusión sobre el sentido de lo público. Lo que está en juego no es solo la preservación de una institución, sino la continuidad —o la transformación— de un modelo de bienestar que enfrenta presiones crecientes hacia su fragmentación y eventual mercantilización.

Poder, cierre democrático y narrativas en disputa

En el plano político-institucional, lo que se escucha en la calle no es un rechazo abstracto, sino una lectura situada de cómo se está ejerciendo el poder. Las voces recogidas dan cuenta de una percepción creciente de que las dinámicas de gobierno están transitando hacia formas que restringen la deliberación y amplían los márgenes de imposición. La idea de decisiones adoptadas “a golpe de tambor” no funciona solo como consigna, sino como síntesis de una inquietud más profunda sobre el debilitamiento de los procedimientos democráticos sustantivos.

Este señalamiento se articula con la identificación de redes de cuido político que permiten la continuidad de ciertas estructuras de poder, incluso en contextos donde el discurso oficial se presenta como disruptivo o transformador. La tensión entre narrativa y práctica emerge, así, como uno de los ejes más persistentes del malestar: lo que se promete no coincide necesariamente con lo que se ejecuta, y esa brecha es percibida, nombrada y cuestionada.

Mi papel aquí no es resolver esa tensión, sino dejar constancia de su existencia y de su creciente visibilidad.

Tramas de lucha y horizontes compartidos

Lo que este recorrido permite observar es que las luchas no se presentan de forma aislada, sino como parte de una trama compleja donde distintas agendas se entrelazan sin perder su especificidad. La defensa de los derechos de las mujeres se inscribe en un contexto donde las violencias persisten y donde las capacidades institucionales para garantizar protección efectiva son puestas en cuestión.

La reivindicación de los sindicatos reaparece como afirmación de la legitimidad de la organización colectiva frente a discursos que buscan erosionarla, recordando que las condiciones laborales no se negocian individualmente, sino que se disputan colectivamente.

Por su parte, las demandas en torno al ROP introducen una dimensión intergeneracional que evidencia tensiones sobre el derecho a una vejez digna en un contexto de transformación de los sistemas de seguridad social. Estas luchas, aunque diversas en sus formas y énfasis, convergen en una exigencia más amplia: la democratización de la vida política entendida no como un procedimiento formal, sino como una práctica que requiere apertura, participación efectiva y reconocimiento del conflicto como parte constitutiva de lo democrático.

Escalas de la protesta: entre lo local y lo global

El alcance de lo que se expresa en la calle no se limita a las fronteras nacionales. Las voces recogidas articulan también una crítica a la injerencia de Estados Unidos en la región, incluyendo Costa Rica, lo que reactualiza debates históricos sobre soberanía en un contexto de dependencias persistentes.

De manera simultánea, la solidaridad con el pueblo palestino y la denuncia del genocidio amplían el horizonte de la protesta, inscribiéndola en una lógica internacionalista que reconoce la interconexión de las luchas. Lo local y lo global no aparecen como niveles separados, sino como dimensiones que se cruzan y se condicionan mutuamente en la experiencia concreta de quienes protestan.

Escuchar como acto político

Escuchar este collage no es un ejercicio pasivo ni meramente descriptivo. Implica reconocer que lo que está en juego es la producción de sentidos en disputa sobre el presente y el futuro. En un contexto donde la política tiende a reducirse a gestión, administración y control, la calle reaparece como un espacio donde se produce lenguaje, se articulan demandas y se ensayan formas de comunidad.

En esta clave, mi presencia deja de ser leída como amenaza para convertirse en indicador: allí donde aparezco, hay conflicto, pero también hay vitalidad democrática. No soy el problema; soy la señal de que algo está siendo puesto en cuestión.

No me olvido de los bienes naturales

Hay, sin embargo, una dimensión que atraviesa todo el recorrido y que no puede ser tratada como un tema más: la cuestión ambiental. La voz ecologista que emerge en este 1° de mayo no se limita a la defensa abstracta de la naturaleza, sino que introduce una lectura sobre la reorganización del poder en los territorios, sobre quién decide y bajo qué criterios se establecen los límites de intervención.

Lo que se denuncia con insistencia es una tendencia hacia la concentración de decisiones en el aparato central del MINAE, lo que reduce los márgenes de autonomía técnica y debilita instancias que históricamente han funcionado como contrapesos dentro de la institucionalidad ambiental. Esta recentralización no es un ajuste administrativo menor, sino una reconfiguración del poder de decisión que desplaza equilibrios y condiciona los procesos de evaluación.

A ello se suma el recorte presupuestario, cuyos efectos no son abstractos: menos recursos implican menor capacidad de fiscalización, menor presencia institucional en los territorios y, por lo tanto, una mayor exposición de los ecosistemas a presiones externas. En este contexto, la flexibilización de los marcos regulatorios —presentada bajo el lenguaje de la eficiencia— es percibida como una apertura de portillos que debilita el principio de precaución y facilita intervenciones sobre entornos sensibles.

Las propuestas orientadas a la privatización o intensificación del uso de las zonas costeras refuerzan esta lectura, al poner en tensión el carácter público de las playas y abrir la posibilidad de su transformación en espacios subordinados a lógicas de mercado. Este conjunto de medidas se articula, además, con un discurso desarrollista que deslegitima las preocupaciones ambientales al reducirlas a caricaturas, desplazando el debate hacia una falsa oposición entre desarrollo y conservación.

Simultáneamente, se identifica un uso estratégico del lenguaje ambiental que distintas voces nombran como greenwashing: la apelación a la sostenibilidad y a la defensa de los océanos convive con prácticas que, en la experiencia concreta, contradicen esos principios. Esta brecha entre narrativa y acción alimenta la desconfianza y refuerza la percepción de inconsistencia.

Finalmente, la erosión de los mecanismos de participación ambiental cierra el cuadro. Procesos que formalmente incluyen consulta terminan operando como instancias de validación sin incidencia real, debilitando tanto la legitimidad de las decisiones como la relación entre comunidades e institucionalidad.

Lo que se configura, en conjunto, no es una desaparición de la institucionalidad ambiental, sino su reconfiguración: menos autónoma, más frágil, más permeable a presiones externas.

Y en ese punto, mi tarea es sencilla: no exagero, no adorno, no dramatizo.

Registro.

Porque cuando la protección ambiental se vuelve flexible, lo que entra en negociación no es solo la norma. Es la vida misma.

Reporte del diablo: la mayoría que se quedó esperando

Transmisión desde las inmediaciones del poder…

Mientras yo caminaba la calle —llena, ruidosa, viva—, me dio por asomarme al edificio que dicen concentra la “mayoría”. Y ahí estaba: impecable, custodiado, listo para una escena que nunca ocurrió. Un operativo desplegado con disciplina, vallas en su lugar, policías atentos… resguardando, curiosamente, nada. O peor: resguardando una ausencia.

Confirmo: la manifestación no pasó por ahí. No fue descuido. Fue decisión.

Porque mientras adentro se repite el número —31, 31, 31— como si fuera un conjuro de legitimidad, afuera la cuenta se hacía de otra manera: en pasos, en voces, en cuerpos que eligieron no pedir permiso ni girar alrededor de ningún edificio. Yo mismo tomé otro rumbo. No por perderme, sino por encontrarme con lo que estaba pasando.

No hubo cerco. No hubo choque. No hubo siquiera la cortesía de acercarse. Y, sin embargo, el mensaje fue más claro que cualquier consigna: se puede blindar un edificio, pero no se puede obligar a la calle a reconocerlo como centro.

La escena, lo admito, tenía algo de comedia involuntaria. Un dispositivo listo para contener una amenaza que decidió no presentarse. Una institucionalidad esperando ser interpelada… y una calle que, simplemente, siguió hablando en otro lado. Más que ignorancia, fue desplazamiento.

Así que dejo constancia en este reporte: la “gran mayoría” se quedó esperando. Y la política, por un momento, ocurrió sin ella.

Dicen que ando suelto. Puede ser. Pero esta vez ni siquiera toqué la puerta.

Entrevista exclusiva con el diablo

—Se insiste en que usted “anda suelto”. ¿Cómo interpreta esa afirmación?
—La frase dice más del miedo de quien la enuncia que de mí. “Suelto” sugiere descontrol, pero lo que hay es organización. Aparezco cuando el malestar deja de ser individual y encuentra formas colectivas de expresarse.

—¿Por qué su presencia se vuelve más visible en fechas como el 1° de mayo?
—Porque la memoria no es pasiva. El 1° de mayo activa una genealogía de luchas que recuerda que los derechos se conquistaron enfrentando al poder. En ese contexto, mi presencia no es excepcional: es coherente.

—Se le asocia con el caos y la desestabilización.
—Esa es una lectura interesada. Se llama “caos” a todo aquello que interrumpe la comodidad del orden. Pero no hay nada más inestable que un sistema que necesita silenciar para sostenerse.

—¿Qué lectura hace del momento actual del país?
—Hay una tensión evidente entre formas de poder que buscan concentrarse y sectores sociales que exigen ser escuchados. Esa tensión no es nueva, pero hoy se expresa con mayor claridad porque los márgenes de tolerancia al deterioro se han reducido.

—En el collage aparecen múltiples luchas. ¿Cómo se relacionan entre sí?
—No necesitan ser idénticas para ser compatibles. Lo que comparten es una experiencia de límite: educativo, económico, político. Yo no unifico esas luchas; las pongo en contacto.

—¿Qué papel juega la institucionalidad en este escenario?
—La institucionalidad puede ser espacio de mediación o de cierre. Cuando se percibe como cerrada, la calle se vuelve inevitable. No como rechazo absoluto, sino como corrección de ese cierre.

—También hay referencias internacionales en estas voces.
—Porque las luchas no están aisladas. Las dinámicas de poder, las formas de intervención externa, incluso los modelos económicos, operan a escala global. Ignorar eso sería ingenuo.

—¿Tiene algún horizonte o finalidad?
—No soy un programa político. Soy una señal. Indico que hay algo que no está funcionando y que requiere ser transformado.

—¿Cuándo deja de aparecer el “diablo”?
—Cuando el conflicto deja de ser necesario para ser escuchado. Es decir, cuando la democracia deja de temerle a su propia gente.

—Entonces, ¿se va a quedar?
—Mientras intenten gobernar sin escuchar, ya sabe la respuesta.

El diablo anda suelto.
No como amenaza, sino como evidencia.
Y esta vez, no habla en singular.

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Cuando la universidad se vuelve “Sin Cara”: ética, política y pedagogía en tiempos del FEES

Por momentos, no hace falta inventar nuevas metáforas. Basta mirar con atención a Sin Cara en El viaje de Chihiro para reconocer algo inquietantemente cercano: una figura que no es mala en sí misma, pero que se vuelve lo que el entorno le devuelve. Una figura que consume… y termina siendo consumida.

Un contexto que desborda el aula: paro activo y disputa por el FEES

En abril de 2026, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica declaró un paro activo en el marco de la disputa por el Fondo Especial para la Educación Superior 2027.

No se trata de una huelga tradicional. El paro activo implica no detener del todo las clases, sino transformarlas: el aula se desplaza hacia espacios de discusión, análisis crítico y organización colectiva. La medida, fue propuesta por la Escuela de Ciencias Políticas e impulsada desde la Asamblea Ampliada de Ciencias Sociales.

El trasfondo es claro: la ruptura de negociaciones entre el gobierno y las rectorías, junto con el anuncio de congelamiento presupuestario, activó un escenario de tensión donde estudiantes han exigido no criminalizar la protesta y han respaldado acciones como la toma de edificios.

En este contexto, la universidad deja de ser únicamente un espacio académico para convertirse en un territorio en disputa.

Una presencia incómoda: lo que Sin Cara nos obliga a ver

Sin Cara no entra haciendo ruido. Aparece silencioso, casi invisible, hasta que encuentra un espacio donde puede interactuar. En el baño termal, rodeado de codicia, jerarquías y ansiedad por el oro, empieza a transformarse: devora, crece, exige, se desborda.

No es un villano clásico. Es, más bien, un espejo.

Pensar la universidad pública en Costa Rica desde esta imagen —en medio de las discusiones sobre el FEES— abre una pregunta incómoda: ¿qué estamos reflejando cuando hablamos de financiamiento, autonomía y defensa de lo público?

Dimensión ética: entre el principio y la inercia

El debate sobre el FEES suele reducirse a montos, porcentajes y reglas fiscales. Pero la metáfora de Sin Cara desplaza el foco: no se trata solo de cuánto, sino de para qué y desde dónde.

Cuando no hay un horizonte ético claramente asumido, la universidad corre el riesgo de actuar por inercia. De responder a presiones externas —mediáticas, políticas o económicas— sin procesarlas críticamente. De adaptarse, más que de orientar.

Aquí la pregunta no es técnica, es profundamente ética: ¿la universidad pública está organizada para sostener el bien común o para administrarse a sí misma?

Porque cuando el criterio se diluye, cualquier lógica puede ocupar su lugar.

Dimensión política: el conflicto que no siempre se nombra

El baño termal en la película no es neutral. Está lleno de relaciones de poder, de intercambios desiguales, de decisiones que benefician a unos y excluyen a otros.

Lo mismo ocurre con el FEES.

Lejos de ser un simple mecanismo de financiamiento, es un campo de disputa donde se juegan visiones de país, modelos de desarrollo y sentidos de lo público. Pero también —y esto suele quedar fuera del foco— es un espacio donde emergen tensiones internas:

  • -¿Quién decide dentro de la universidad?
  • -¿Cómo se distribuyen los recursos?
  • -¿Qué áreas se fortalecen y cuáles se precarizan?
  • -¿Qué voces participan y cuáles quedan fuera?

La figura de Sin Cara incomoda porque evidencia que el problema no es solo la presión externa. También está en cómo la institución procesa, negocia o reproduce esas presiones.

El quiebre: cuando la universidad se enfrenta a su propio reflejo

Hay momentos en que la metáfora deja de ser interpretativa y se vuelve concreta.

El episodio en el que la propia institución decide cortar el agua, la luz y mantener una alarma activa durante toda la noche mientras estudiantes sostenían la toma de un edificio no es un detalle administrativo. Es un punto de inflexión.

Ahí la universidad deja de ser únicamente un espacio en disputa para convertirse en actor directo de una práctica que tensiona su propio discurso.

La contradicción es evidente: una institución que, en medio de un paro activo que reivindica la reflexión crítica, la organización y la defensa de lo público, recurre simultáneamente a medidas que operan desde la presión, el desgaste y el control.

En clave de Sin Cara, es el momento en que el personaje ya no solo refleja el entorno: lo encarna sin mediación.

Y la pregunta se vuelve más incómoda aún: ¿qué condiciones hicieron posible que esa decisión pareciera válida, necesaria o incluso “normal”?

Cuando aparece Chihiro: el límite, el cuidado y la transformación

Sin embargo, la historia no termina ahí. Hay un giro clave cuando Chihiro Ogino entra en escena de otra manera.

Chihiro no compite con Sin Cara, no lo reprime con violencia ni se deja seducir por el oro. Hace algo más difícil: le pone un límite sin dejar de reconocerlo. Le ofrece comida que lo obliga a devolver lo que ha consumido, lo saca del espacio donde se desbordó y lo acompaña en un proceso de transformación.

Fuera del baño termal, Sin Cara cambia. Se calma. Deja de devorar.

Este momento es clave para pensar la universidad:

  • -No toda respuesta al conflicto tiene que pasar por la coerción.
  • -No todo límite tiene que construirse desde el castigo.
  • -No toda tensión se resuelve eliminando al otro.

La relación que propone Chihiro abre otra posibilidad: la del vínculo como práctica ética y pedagógica.

Dimensión pedagógica: formar criterio o reproducir reflejos

El propio paro activo es, en sí mismo, una apuesta pedagógica: convertir la crisis en contenido, el conflicto en aprendizaje, la coyuntura en espacio formativo.

Pero esa apuesta entra en tensión cuando las respuestas institucionales contradicen ese horizonte.

¿Qué se aprende de una universidad que, mientras promueve el debate crítico en las aulas, gestiona el conflicto desde la coerción fuera de ellas? ¿Qué tipo de ciudadanía se está formando cuando el disenso se reconoce discursivamente, pero se limita en la práctica?

La escena con Chihiro Ogino sugiere otra dirección: la formación no ocurre solo en lo que se dice, sino en cómo se sostienen los conflictos, cómo se construyen los límites y cómo se cuidan los vínculos.

En ese sentido, la universidad puede amplificar la lógica de Sin Cara —absorber sin procesar, reproducir sin transformar— o puede apostar por lo contrario: formar sujetos capaces de no devorar ni ser devorados por el contexto.

Democratizar para no devorar(se)

Hay un punto donde la metáfora deja de ser cómoda y se vuelve exigente.

Porque si la universidad quiere evitar convertirse en una figura que refleja sin cuestionar, necesita mirarse hacia adentro. Las tensiones en torno al FEES no solo interpelan al gobierno o a la opinión pública. También interpelan la vida interna de la institución:

  • -sus formas de gobierno,
  • -sus mecanismos de participación,
  • -su relación con estudiantes, territorios y comunidades.

El paro activo abre precisamente esa posibilidad: no solo defender recursos, sino disputar el sentido de la universidad.

No se trata únicamente de cuánto presupuesto se recibe. Se trata de cómo se decide, para quién y con quién.

Una pregunta abierta (y urgente)

Sin Cara no desaparece. Cambia de contexto. Y con eso, cambia también su forma de estar en el mundo.

En medio del paro activo, de la defensa del FEES y de las tensiones abiertas entre gobierno, autoridades y movimiento estudiantil, aparece una imagen difícil de ignorar: una universidad que disputa lo público hacia afuera, pero que también debe hacerlo hacia adentro.

Pero también aparece otra posibilidad, menos estridente pero más exigente: la de construir relaciones como las que propone Chihiro.

La pregunta, entonces, es otra: ¿qué tipo de universidad queremos ser cuando el conflicto nos atraviesa?

Porque en tiempos de disputa por lo público, la ética, la política y la pedagogía no son dimensiones separadas. Son, precisamente, el terreno donde se juega el sentido mismo de la universidad.

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Lo que el tren no cuenta: el puente que la comunidad hizo suyo – Finca 5. Río Frío, Sarapiquí.

En Finca 5, el puente ferroviario dejó de ser solo una estructura para el paso del tren. Con el tiempo —y tras décadas sin uso ferroviario— se convirtió en otra cosa: un camino, un lugar de encuentro, un espacio vivido.

Este video recoge voces de la comunidad que reconstruyen la memoria del puente más allá de su función original. Aquí, el puente no se entiende desde los rieles, sino desde los pasos: de quienes lo cruzaron a pie, de quienes vendían alimentos en canastos, de quienes encontraron en él una forma de acercarse a la otra orilla y también a otras personas.

Las historias que emergen hablan de trabajo, de fondas que alimentaron a quienes construyeron la obra, de una economía cotidiana que se movía entre ida y vuelta, pero también de afectos, de juegos, de recorridos compartidos y de una vida comunitaria tejida en el tránsito diario.

Este ejercicio de memoria colectiva nos recuerda que la historia no está solo en las grandes infraestructuras, sino en las experiencias que las personas construyen alrededor de ellas. Porque cuando el tren dejó de pasar, la comunidad siguió cruzando… y el puente encontró nuevos sentidos.

Lo que el tren no cuenta es justamente eso: la historia que vive en la gente, la memoria que no siempre queda registrada, pero que sigue sosteniendo la vida en común.

La memoria que revela lo que no siempre se ve

Volver sobre la historia del puente desde la memoria local permite descubrir algo que no aparece a primera vista: que los territorios no se explican únicamente por sus infraestructuras ni por las funciones para las que fueron diseñados. El puente, pensado para el paso del tren, terminó siendo habitado, recorrido y resignificado por la comunidad hasta convertirse en un espacio de encuentro, trabajo y vida cotidiana.

Este proceso de reconstrucción colectiva hace visible lo que muchas veces queda fuera de los relatos oficiales: las relaciones, los afectos, las economías pequeñas, los esfuerzos compartidos y las formas concretas en que las personas sostienen la vida. Mirar el puente desde estas experiencias no solo amplía su significado, sino que cuestiona la idea de que el desarrollo se mide únicamente en términos de grandes obras o conectividad técnica.

La memoria local, en ese sentido, no es solo un ejercicio de recuerdo, sino una herramienta para comprender el presente y proyectar el futuro desde otros lugares. Permite reconocer que, incluso cuando una infraestructura deja de cumplir su función original, puede seguir siendo central en la vida de una comunidad, precisamente por los vínculos que allí se han tejido.

Poner en valor estas memorias es también afirmar el derecho de las comunidades a nombrar su historia desde su propia experiencia. Porque, como muestra el caso del puente en Finca 5, hay sentidos que no están en los planos ni en los rieles, sino en los pasos de quienes lo han hecho suyo día a día.

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Lo que queda después de limpiar: preguntas desde Grecia

En Grecia, Alajuela, más de 140 personas se reunieron para recoger residuos en espacios que, aunque son de todas y todos, suelen quedar atrapados en el abandono. En esta ocasión, la jornada se concentró en el río Agualote, un cuerpo de agua que, como muchos otros, carga con los efectos de prácticas que lo desbordan. La escena podría leerse como una jornada más de limpieza. Sin embargo, lo que revela —y lo que profundiza este episodio de Sentires y Saberes— va mucho más allá de la acción inmediata.

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Hay algo profundamente revelador en ver a personas dedicando su tiempo a recoger desechos que no produjeron. Esa imagen, lejos de ser anecdótica, apunta a una realidad más amplia: la basura no es un hecho aislado, sino la expresión visible de formas de producción y consumo que trasladan sus impactos hacia lo común. Lo que se limpia en unas horas —en este caso, a lo largo del río Agualote— es apenas la superficie de una cadena más extensa, donde las responsabilidades no siempre están distribuidas de forma equitativa.

Al mismo tiempo, la experiencia deja ver que estas acciones no ocurren de manera espontánea. Detrás de cada jornada hay semanas de organización: coordinar voluntariado, gestionar recursos, asegurar condiciones básicas para que el trabajo sea posible. Ese esfuerzo, muchas veces invisible, es el que sostiene lo colectivo. Y ahí aparece una señal importante: la alta participación no es casual. Existe disposición social, ganas de involucrarse, de hacer algo frente a problemas que afectan el entorno cotidiano. El desafío, entonces, no es solo convocar, sino sostener esa energía en el tiempo y convertirla en procesos más continuos.

Sin embargo, incluso cuando se logran retirar grandes cantidades de residuos, queda una certeza difícil de ignorar: el problema no termina ahí. La basura sigue llegando porque responde a dinámicas más amplias, vinculadas a cómo se produce, se consume y se desecha. Por eso, pensar en el cuidado de los bienes comunes también implica ampliar la conversación sobre quiénes se benefician del uso del territorio y quiénes asumen sus costos.

En este proceso, las acciones no se limitan a limpiar. También se proyectan hacia la reforestación y la arborización, recordando que intervenir el entorno no es solo actuar, sino decidir cómo hacerlo. Cada elección —qué sembrar, dónde, con qué criterios— tiene efectos, y cuidar lo común también implica asumir esa dimensión.

Lo que queda, al final, es una tensión que atraviesa toda la experiencia: la satisfacción por lo logrado y la conciencia de que aún es insuficiente. Lejos de paralizar, esa tensión abre un camino posible. Porque en acciones concretas, organizadas y colectivas como esta, no solo se limpia un espacio: también se disputan, poco a poco, otras formas de habitar y cuidar lo que es de todas y todos.

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Seguridad jurídica: el lenguaje que ordena el debate (y también lo limita)

Un ejercicio necesario

Hagamos un ejercicio.

Imaginemos que, en algún lugar del país, recientemente ocurrió un hecho. No diremos exactamente dónde, ni quiénes están involucrados. Solo diremos que una decisión judicial detuvo una intervención sobre un entorno natural.

A partir de ahí, algo predecible comienza a desplegarse.

Distintas voces públicas encienden la alerta. Se habla de “incertidumbre jurídica”, de empleos en riesgo, de inversiones millonarias que podrían frenarse, de la urgencia de reglas claras para sostener el desarrollo. Se construye un relato donde lo que está en juego no es únicamente un caso específico, sino la estabilidad de todo un modelo económico.

El argumento tiene fuerza porque conecta con preocupaciones reales: el trabajo, los ingresos, la posibilidad de sostener proyectos de vida. No es un discurso vacío. Pero precisamente por eso, conviene detenerse no solo en lo que dice, sino en cómo organiza lo que podemos pensar sobre lo que está ocurriendo.

Este ejercicio —aparentemente abstracto— permite tomar distancia. Y en esa distancia, observar patrones que suelen pasar desapercibidos cuando el debate se reduce a nombres propios, cifras o urgencias del momento.

Nombrar también es tomar posición

Cuando una situación se define como un problema de “seguridad jurídica”, no estamos simplemente describiendo la realidad. Estamos eligiendo un marco desde el cual interpretarla.

Ese marco no es neutro.

Colocar la “seguridad jurídica” en el centro implica priorizar la estabilidad de las reglas para la inversión como eje del debate. Desde ahí, otras dimensiones —como la protección de los ecosistemas, los derechos de las comunidades o los límites de ciertas actividades— no desaparecen, pero quedan subordinadas, desplazadas a un segundo plano.

El conflicto cambia de forma.

Ya no se discute principalmente si una intervención sobre un entorno natural es adecuada, sostenible o legalmente válida. Se discute, más bien, qué efectos tiene esa intervención (o su detención) sobre la confianza de quienes invierten.

Ese desplazamiento es profundamente político porque reordena las prioridades colectivas.

Define qué se considera urgente, qué se percibe como amenaza y qué aparece como sacrificable. También delimita el tipo de soluciones que se vuelven imaginables: si el problema es la incertidumbre para la inversión, la respuesta tenderá a ser eliminar obstáculos, reducir controles o acelerar procesos.

Así, el lenguaje no solo describe el conflicto. Lo produce en una forma específica.

La decisión judicial: ¿ruptura o expresión del sistema?

Sigamos con el ejercicio.

Imaginemos ahora que la decisión judicial que detiene la intervención no surge de la nada. Que está fundamentada en normativa existente. Que responde a procedimientos establecidos. Que forma parte del mismo entramado institucional que, en teoría, garantiza esas “reglas claras” que se reclaman como indispensables.

En ese sentido, la resolución no es una anomalía. Es una expresión del sistema en funcionamiento.

Sin embargo, cuando esa aplicación de la ley introduce límites —especialmente sobre proyectos económicamente relevantes— comienza a ser interpretada como un factor de inestabilidad.

Aquí aparece una tensión difícil de ignorar.

La seguridad jurídica es celebrada cuando facilita, habilita o da previsibilidad a la inversión. Pero tiende a ser cuestionada cuando esa misma estructura legal actúa para regular, contener o incluso detener determinadas acciones.

No se trata entonces de una oposición entre legalidad e incertidumbre, sino de una disputa sobre qué tipo de legalidad se considera legítima.

¿Es legítima solo aquella que garantiza fluidez a la inversión? ¿O también aquella que impone límites en función de la protección ambiental y el interés colectivo?

La respuesta a estas preguntas no es técnica. Es política.

La asimetría del ejercicio legal

Hay una dimensión clave que suele quedar fuera del encuadre dominante: la profunda desigualdad en la forma en que distintos actores pueden relacionarse con el sistema legal.

En abstracto, la ley se presenta como un terreno común. Un espacio donde todas las partes pueden acudir en igualdad de condiciones. Pero en la práctica, ese acceso está mediado por recursos, capacidades y posiciones de poder muy diferentes.

Algunos actores cuentan con:

  • -Equipos legales especializados y permanentes
  • -Capacidad financiera para sostener litigios prolongados
  • -Posibilidad de asumir costos judiciales como parte de su estrategia
  • -Influencia suficiente para incidir en los ritmos y alcances de los procesos

Desde esa posición, el sistema legal puede ser utilizado activamente como herramienta: para defender intereses, para presionar, para disputar territorios o incluso para desincentivar la acción de otros actores.

En contraste, quienes participan en la defensa de los territorios y los ecosistemas suelen enfrentar condiciones mucho más precarias:

  • -Acceso limitado a asesoría legal continua
  • -Dificultades para asumir costos económicos sostenidos
  • -Impactos directos en su vida cotidiana ante medidas judiciales
  • -Desgaste emocional y organizativo derivado de procesos largos e inciertos

En algunos casos, el uso de mecanismos legales contra estas personas no solo busca resolver un conflicto específico, sino generar efectos más amplios de intimidación o desmovilización.

En este escenario, la “seguridad jurídica” se experimenta de manera profundamente desigual.

Para unos, es un marco que ofrece garantías y herramientas. Para otros, puede convertirse en un espacio de riesgo, desgaste e incluso vulnerabilidad.

Reconocer esta asimetría no debilita el Estado de derecho. Al contrario, permite ver dónde sus promesas no se cumplen de forma equitativa.

Desarrollo, empleo y lo que no se discute

El discurso de la seguridad jurídica encuentra uno de sus apoyos más fuertes en la defensa del empleo.

Se presentan cifras, proyecciones, impactos en cadenas productivas. Se construye una imagen donde la estabilidad de la inversión aparece directamente vinculada al bienestar de miles de personas.

Y, en efecto, el empleo importa. Importa profundamente. Pero el problema no es que se hable de empleo. Es cómo se habla de él.

Con frecuencia, el argumento se plantea en términos cuantitativos: cuántos puestos están en juego, cuánto se podría perder. Sin embargo, quedan fuera preguntas igualmente relevantes:

  • -¿Qué condiciones laborales caracterizan esos empleos?
  • -¿Qué niveles de estabilidad ofrecen en el mediano y largo plazo?
  • -¿Qué grado de dependencia generan respecto a un único sector económico?
  • -¿Qué capacidad tienen las comunidades para incidir en las decisiones que afectan esos territorios?

Además, se omite con frecuencia una relación fundamental: muchas de estas actividades económicas dependen directamente de la salud de los ecosistemas en los que se insertan.

El deterioro ambiental no es un problema separado del desarrollo. Es un límite estructural. Pensar el empleo sin considerar esa base ecológica es, en el fondo, pensar en términos de corto plazo.

Seguridad jurídica como campo de disputa

Lo que este ejercicio permite evidenciar es que la seguridad jurídica no es simplemente una condición técnica que debe cumplirse.

Es también un concepto en disputa.

Un lenguaje que distintos actores utilizan para posicionar sus intereses, legitimar sus demandas y construir sentido sobre lo que está ocurriendo.

En ese campo de disputa, la seguridad jurídica puede ser invocada para:

  • -Defender la estabilidad de la inversión
  • -Exigir el cumplimiento de la legislación ambiental
  • -Proteger derechos colectivos
  • -Garantizar condiciones para la participación y la defensa del territorio

El problema surge cuando esa pluralidad se reduce.

Cuando una de esas interpretaciones se impone como la única válida, y las demás son presentadas como obstáculos, excesos o amenazas.

En ese momento, la seguridad jurídica deja de ser un principio compartido y se convierte en un argumento selectivo.

Más allá del juego

El ejercicio de no nombrar lugares ni actores no busca ocultar la realidad, ni diluir responsabilidades.

Busca algo distinto.

Busca mostrar que, incluso cuando se eliminan los detalles, la estructura del conflicto permanece reconocible. Que hay formas de narrar, de argumentar y de posicionar intereses que se repiten en distintos territorios y contextos.

Y que, por lo tanto, lo que está en juego no es únicamente un caso particular.

Es una manera de entender la relación entre ley, desarrollo y naturaleza.

Por eso, la discusión de fondo no es si la seguridad jurídica es necesaria. Lo es, y seguirá siéndolo.

La cuestión es si estamos dispuestos a sostener una idea de seguridad jurídica que sea realmente integral. Una que no funcione solo como garantía para ciertos intereses, sino como un marco que articule de manera equilibrada:

  • -la actividad económica,
  • -la protección de los ecosistemas,
  • -y los derechos de quienes habitan y defienden los territorios.

Porque cuando la ley opera con fuerza hacia un lado
y con fragilidad hacia el otro,
deja de ser una base común.

Y empieza a parecerse, cada vez más, a una expresión de las relaciones de poder que atraviesan la sociedad.

La inseguridad jurídica que no se nombra

Hay, sin embargo, una dimensión de la seguridad jurídica que rara vez ocupa titulares, comunicados o alertas empresariales. No se mide en millones de dólares ni en proyecciones de inversión. No se presenta como riesgo para la competitividad. Pero existe, y pesa.

Es la inseguridad jurídica que enfrentan quienes defienden los territorios.

En el país, la no ratificación del Acuerdo de Escazú no es un dato menor. Es una decisión política que tiene efectos concretos sobre la vida de las personas que participan en la defensa ambiental y sobre la calidad democrática en la gestión de los conflictos socioambientales.

Escazú no crea derechos nuevos. Refuerza y articula tres pilares básicos: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Pero además —y esto es clave— incorpora un elemento que rara vez se coloca en el centro del debate: la protección de las personas defensoras del ambiente.

En un contexto donde quienes alzan la voz pueden enfrentar demandas, presiones económicas o medidas que afectan directamente su vida cotidiana, la ausencia de un marco robusto de protección no es neutra. Genera condiciones de incertidumbre, desalienta la participación y profundiza las asimetrías ya existentes.

Aquí la pregunta vuelve a aparecer, con más fuerza:

¿qué entendemos por seguridad jurídica cuando quienes defienden el interés público no tienen garantías suficientes para hacerlo sin riesgo?

Porque la seguridad jurídica no debería limitarse a la previsibilidad de las reglas para invertir. También debería implicar que cualquier persona pueda acceder a información clara, participar en decisiones que afectan su entorno y acudir a la justicia sin enfrentar barreras desproporcionadas o consecuencias que comprometan su integridad o sus medios de vida.

Cuando esas condiciones no están aseguradas, lo que existe es otra forma de inseguridad jurídica. Más silenciosa, menos visible, pero profundamente estructural.

Una inseguridad que no se expresa en comunicados ni en cifras de inversión,
pero que define quién puede hablar, quién puede defender y quién puede sostener un conflicto en el tiempo.

Cerrar el debate sin reconocer esta dimensión es dejar incompleta la discusión.

Porque sin garantías para la participación, sin protección efectiva para las personas defensoras y sin acceso equitativo a la justicia, la seguridad jurídica deja de ser un principio compartido.

Y se convierte, nuevamente, en un privilegio.

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La constancia que transforma: aprendizajes desde el cierre de las jornadas de limpieza de ríos

El pasado 25 de abril, el río Agualote fue escenario del cierre de un ciclo de trabajo colectivo. Esta jornada de limpieza no fue un evento aislado, sino el punto de llegada de un proceso más amplio que incluyó varias actividades previas —entre ellas observación de biodiversidad, acciones comunitarias y otras jornadas de recolección— que, en conjunto, fueron tejiendo una experiencia sostenida en el tiempo.

Más que un cierre, este momento permite mirar en perspectiva lo construido: aprendizajes, vínculos, desafíos y una certeza compartida: el cuido socioambiental no ocurre de una vez, se construye desde la constancia, desde la persistencia de quienes deciden involucrarse y sostener.

La jornada reunió a diversas organizaciones, instituciones, empresas y personas voluntarias, entre ellas el Observatorio del Río Agualote, FUNDEMA, Helados Sensación, CoopeVictoria, la Cruz Roja, la empresa Panduit, estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Práctica Profesional y TCU), el Observatorio del Agua del río Trojas, así como otros actores comunitarios que continúan articulando esfuerzos en el territorio.

Este proceso ha dejado claro que las limpiezas de ríos son mucho más que acciones puntuales. Cada jornada implica semanas de organización, coordinación y articulación. El trabajo visible —la recolección de residuos— es solo una parte de un esfuerzo mayor que incluye construir confianza, gestionar recursos, convocar voluntades y leer el territorio.

Los resultados son tangibles: toneladas de residuos retirados, mayor participación comunitaria, procesos de sensibilización en marcha. Pero también se evidencian los retos: focos persistentes de contaminación, vacíos en la gestión de residuos y la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad entre actores.

Además del trabajo en campo, estas jornadas integraron procesos de sensibilización comunitaria. A través de microcharlas casa por casa, se recogieron voces, inquietudes y necesidades que permiten comprender mejor la problemática. Limpiar, en este sentido, también ha sido escuchar.

La participación de jóvenes y organizaciones ha sido clave para sostener este proceso, mostrando que la construcción de lo común también es una apuesta generacional.

Lo que no se ve: el trabajo detrás de una jornada

A simple vista, una jornada de limpieza puede parecer un grupo de personas que decidió dedicar un sábado a recoger residuos. Sin embargo, lo que ocurre ese día es solo la parte visible de un proceso mucho más amplio.

Cada jornada implica semanas —e incluso meses— de organización: coordinación entre actores, gestión de recursos, convocatoria de voluntariado, articulación con instituciones, planificación logística y definición de rutas de trabajo. Garantizar condiciones adecuadas para la participación de decenas o incluso más de cien personas requiere un esfuerzo sostenido que pocas veces se reconoce.

Este trabajo también construye confianza y credibilidad, permitiendo que más actores se sumen y que los recursos se canalicen de forma transparente hacia el objetivo común.

Lo que dicen las comunidades

El componente de sensibilización impulsado por el TCU de Cambio Climático de la Universidad Técnica Nacional, desarrollado durante estas jornadas permitió abrir un espacio fundamental: escuchar. A través de visitas casa por casa y microcharlas sobre manejo de residuos, no solo se compartió información, sino que se recogieron experiencias, preocupaciones y necesidades concretas de las comunidades.

Uno de los hallazgos más claros es que persisten importantes vacíos en torno a la clasificación y gestión de residuos. En muchos hogares no se cuenta con información suficiente sobre cómo separar adecuadamente, qué materiales pueden valorizarse o cuáles son las rutas correctas para su disposición. Incluso en aquellos casos donde ya existe una práctica de separación, se identifican dudas que limitan su efectividad.

Pero más allá de la información, las conversaciones evidenciaron algo más profundo: las condiciones. Muchas personas expresaron que, aunque existe disposición para mejorar sus prácticas, no siempre cuentan con las facilidades necesarias. Esto incluye desde limitaciones en los sistemas de recolección hasta la ausencia de acompañamiento continuo por parte de instituciones públicas y gobiernos locales.

Otro elemento clave fue reconocer que la participación no es homogénea. No todas las personas pueden sumarse a las jornadas de limpieza por razones físicas, de tiempo o de cuidado, pero eso no implica desinterés. Las microcharlas permitieron llegar a esos hogares, incorporarlos en el proceso y reconocer que el cuidado del río también se construye desde otras formas de participación.

En este sentido, el aprendizaje es claro: el problema de la contaminación no puede reducirse a decisiones individuales. Requiere comprender las realidades locales, atender las condiciones estructurales y construir respuestas que surjan del diálogo con las comunidades.

La pedagogía de la constancia

Uno de los aprendizajes más profundos que deja este proceso es que el cuidado no es un acto puntual, sino una práctica que se sostiene en el tiempo. Las jornadas de limpieza del río Agualote muestran que transformar implica volver: regresar al mismo lugar, enfrentar los mismos desafíos y, aun así, continuar.

Esta repetición no debe leerse como un fracaso, sino como parte esencial del aprendizaje. Cada jornada acumula experiencia, permite afinar la organización, fortalece vínculos y amplía la conciencia sobre la problemática. Es en esa acumulación donde empiezan a hacerse visibles los cambios.

La limpieza de ríos enseña que las transformaciones socioambientales no son inmediatas ni lineales. Hay avances, retrocesos, momentos de mayor participación y otros de menor impulso. Sin embargo, es precisamente en esa continuidad donde se construye la posibilidad de cambio.

Además, esta constancia tiene una dimensión pedagógica profunda: forma en la paciencia, en el compromiso y en la responsabilidad compartida. Enseña que el cuidado de lo común no depende de acciones extraordinarias, sino de la capacidad de sostener prácticas en el tiempo.

Cada jornada, entonces, no solo limpia el río, sino que educa. Educa en el hacer, en el encontrarse con otras personas, en reconocer la magnitud del problema sin paralizarse, y en comprender que el cambio se construye paso a paso.

Características de una pedagogía de la constancia

A partir de este proceso, es posible identificar algunas características que definen esta pedagogía que se va construyendo desde la práctica:

En primer lugar, la construcción de tejido social. La reiteración de las jornadas permite que las personas pasen de coincidir a reconocerse. Se generan vínculos, se fortalecen confianzas y se consolidan redes que sostienen el proceso más allá de cada actividad puntual. La constancia convierte la participación en comunidad.

En segundo lugar, el vínculo con el territorio. Volver al río no es solo regresar a un lugar físico, es profundizar en su conocimiento. Las personas empiezan a identificar sus dinámicas, sus problemáticas y también su valor. Este acompañamiento sostenido construye sentido de pertenencia y compromiso: el río deja de ser un espacio externo y se reconoce como parte de lo común.

Otra característica clave es la solidaridad que emerge del trabajo compartido. Las jornadas generan encuentros donde el esfuerzo colectivo adquiere valor. Se comparten tareas, se distribuyen responsabilidades y se construye una ética de colaboración que trasciende la actividad misma.

También destaca su dimensión formativa. No se trata de un aprendizaje abstracto, sino situado y práctico. Se aprende organizando, coordinando, dialogando con comunidades, resolviendo imprevistos. Es un aprendizaje que fortalece capacidades individuales y colectivas, y que difícilmente se logra en espacios desconectados de la realidad.

Finalmente, esta pedagogía enseña a habitar la complejidad. No ofrece soluciones rápidas ni resultados definitivos, pero sí herramientas para sostener procesos. Forma en una ética del compromiso: seguir, incluso cuando los cambios son lentos; insistir, incluso cuando los problemas persisten.

Así, la constancia no solo transforma el entorno, sino también a quienes participan en su cuidado.

No es el cierre, es el comienzo

Aunque la jornada del 25 de abril marca el cierre de este ciclo de actividades, sería un error entenderla como un punto final. Más bien, representa un momento de pausa que permite mirar lo recorrido y proyectar lo que sigue.

Lo que estas jornadas dejan no es solo un río más limpio, sino una acumulación de aprendizajes: sobre organización, sobre articulación entre actores, sobre las realidades de las comunidades y sobre la magnitud del desafío que implica el cuidado de lo común.

También dejan preguntas abiertas. ¿Cómo sostener estos procesos en el tiempo? ¿Cómo fortalecer la articulación entre comunidades, instituciones y sector privado? ¿Cómo traducir los aprendizajes en políticas y acciones más estructurales? ¿Cómo ampliar la participación y diversificar las formas de involucramiento?

Este cierre, entonces, es en realidad una apertura. Una invitación a no perder lo construido, a seguir tejiendo redes y a profundizar en los procesos iniciados.

El río Agualote recuerda que el cuidado de los bienes comunes no tiene un punto de llegada definitivo. Es un proceso continuo, que requiere presencia, compromiso y voluntad colectiva.

En ese sentido, el verdadero riesgo no está en que una jornada termine, sino en que los aprendizajes no se sostengan. Por el contrario, el desafío es claro: hacer de esta experiencia un punto de partida para seguir construyendo, desde la constancia, las transformaciones que necesitamos.

Para profundizar la práctica:

La siguiente matriz recoge, de forma sintética, algunos de los principales aprendizajes construidos a lo largo de las jornadas desarrolladas. No se trata de conclusiones cerradas, sino de pistas que emergen de las prácticas, las conversaciones y los encuentros sostenidos entre quienes participaron en este proceso.

Estos aprendizajes no nacen únicamente de la acción de limpiar, sino del conjunto de experiencias compartidas: la organización previa, el trabajo en campo, el diálogo con las comunidades, la articulación entre actores y la reflexión colectiva que se fue tejiendo en el camino.

En este sentido, la matriz busca ser una herramienta para mirar lo vivido, ordenar ideas y, sobre todo, abrir nuevas preguntas. Porque si algo dejan estas jornadas es la certeza de que el cuidado de lo común se aprende haciéndolo, pensándolo y sosteniéndolo en colectivo.

Sostener para transformar: aprendizajes desde el cuidado de lo común
Dimensión¿Qué se observa en las jornadas?¿Qué aprendizaje deja?Preguntas para profundizarProyecciones / acciones
Constancia en la acciónJornadas repetidas en el tiempo, regreso al mismo ríoEl cambio requiere continuidad, no acciones aisladas¿Qué pasa si dejamos de volver? ¿Qué sostiene la continuidad?Diseñar calendarios sostenidos de acción comunitaria
Organización y articulaciónCoordinación entre organizaciones, instituciones y empresasTransformar implica tejer alianzas y sostener procesos colectivos¿Quiénes faltan en la articulación? ¿Cómo ampliar la red?Fortalecer alianzas y sumar nuevos actores
Trabajo invisiblePlanificación previa, gestión de recursos, logísticaEl impacto visible depende de un esfuerzo previo poco reconocido¿Cómo visibilizar y valorar este trabajo?Documentar procesos y distribuir responsabilidades
Escucha comunitariaMicrocharlas, visitas casa por casa, diálogo con comunidadesLas soluciones requieren escuchar necesidades y contextos reales¿Qué nos están diciendo las comunidades que aún no atendemos?Incorporar sistemáticamente la voz comunitaria en las acciones
Condiciones estructuralesDificultades en manejo de residuos, falta de información o serviciosEl problema no es solo individual, también es estructural¿Qué condiciones limitan el cambio? ¿Quién debe responder?Incidir en políticas locales y mejorar sistemas de gestión
Tejido socialEncuentro constante entre personas diversasLa repetición construye confianza, vínculo y comunidad¿Cómo sostener estos vínculos más allá de las jornadas?Crear espacios permanentes de encuentro y organización
Vínculo con el territorioReconocimiento progresivo del río y sus dinámicasEl cuidado nace del sentido de pertenencia¿Cómo cambia nuestra relación con el río al volver?Promover actividades que fortalezcan el arraigo territorial
Memoria localRelatos, historias y experiencias compartidas sobre el río y la comunidadLa memoria permite comprender el pasado del territorio y proyectar su cuidado¿Qué historias del río estamos recuperando? ¿Cuáles se están perdiendo?Incorporar espacios de memoria, registro y diálogo intergeneracional
Monitoreo comunitarioObservación constante del estado del río, identificación de focos de contaminaciónEl cuidado implica seguimiento, no solo intervención puntual¿Qué cambios estamos logrando observar en el tiempo? ¿Cómo registrarlos?Crear mecanismos comunitarios de seguimiento y registro del estado del río
Solidaridad y trabajo colectivoDistribución de tareas, apoyo mutuo en la jornadaEl hacer conjunto construye ética de lo común¿Qué aprendemos del trabajo colectivo que no se aprende solos?Fomentar metodologías colaborativas
Aprendizaje prácticoOrganización, resolución de problemas, sensibilizaciónSe aprende haciendo, en contextos reales¿Qué habilidades hemos desarrollado en el proceso?Sistematizar aprendizajes y compartirlos
Gestión de la complejidadPersistencia de problemas junto a avances visiblesEl cambio es lento, no lineal, pero posible¿Cómo sostener la motivación ante resultados parciales?Incorporar espacios de evaluación y reflexión colectiva
Participación diversaPersonas que participan de distintas formas (acción directa, sensibilización)El cuidado admite múltiples formas de involucramiento¿Quiénes no están participando y por qué?Diversificar formas de participación
Proyección a futuroCierre de ciclo que abre nuevas preguntasTodo cierre es una oportunidad para continuar¿Qué sigue después de este proceso?Definir nuevas etapas y líneas de acción
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Cuando protestar es un derecho: lo que Bella Ciao nos obliga a recordar

Antes de empezar a leer, dale play.

Dejá que suenen los primeros acordes de Bella Ciao. Tal vez ya la conocés, tal vez la has escuchado en una marcha, en una película o en alguna conversación que hablaba de lucha. No importa. Escuchala otra vez.

Porque hay canciones que no solo se oyen: se recuerdan. Y en ese recordar, despiertan algo más profundo que una melodía. Llaman a la memoria colectiva, a historias de resistencia, a nombres que a veces no conocemos, pero que siguen ahí, sosteniendo lo que hoy entendemos como derechos.

Esta no es solo una canción del pasado. Es una invitación.

Escuchá. Y luego leemos.

Una canción que no se queda en el pasado

Hay canciones que no pertenecen solo a una época, sino a una memoria que se rehúsa a desaparecer. Bella Ciao es una de ellas. Nacida en la resistencia partisana contra el fascismo, su letra no solo narra una despedida, sino una decisión: levantarse frente a la injusticia, aun cuando el costo sea alto.

Su vigencia no es casual. Cada vez que se canta en una marcha o en un espacio organizativo, la canción deja de ser un recuerdo histórico y se convierte en una práctica política: una forma de decir que hay luchas que no han terminado.

Memoria colectiva y música como bien común

La música no solo acompaña procesos sociales: los sostiene. Canciones como Bella Ciao construyen comunidad, crean lenguajes compartidos y permiten que la memoria circule entre generaciones. No es solo lo que dicen, sino lo que hacen posible: reconocerse en una historia común.

Desde la perspectiva de los bienes comunes, esto es clave. Lo común no se reduce a recursos materiales; también incluye aquello que hace posible la vida en colectivo: la cultura, la memoria, la palabra compartida. La música, en este sentido, es un bien común social. Se mantiene viva porque se comparte, se resignifica y se vuelve a cantar en nuevos contextos.

Defender estos bienes comunes implica también reconocer que sin memoria no hay posibilidad de transformación. Una sociedad que olvida sus luchas pierde también su capacidad de imaginar alternativas.

La protesta como herencia política, no como desviación

Existe una narrativa dominante que presenta la protesta como problema: como interrupción del orden, como exceso, como amenaza. Sin embargo, muchas de las libertades actuales nacieron de contextos donde protestar era ilegal, peligroso y profundamente estigmatizado.

La resistencia antifascista —de donde emerge Bella Ciao— no fue “ordenada” ni “permitida”: fue necesaria. En ese sentido, la protesta social no es una anomalía dentro de la democracia, sino una de sus expresiones más profundas.

Protestar es, también, una forma de cuidado de lo común. Es una manera de señalar que hay condiciones de vida que están siendo vulneradas y que requieren una respuesta colectiva.

Protestar en tiempos de conservadurismo: disputar el sentido de lo legítimo

En contextos de avance del conservadurismo, la protesta social adquiere nuevas tensiones. No solo se enfrenta a condiciones materiales adversas, sino a un intento sistemático de redefinir su significado.

Se promueven discursos que:

  • -Reducen la protesta a “desorden” o “violencia”, invisibilizando sus causas.
  • -Exigen formas de participación “aceptables” que, en la práctica, desactivan el conflicto.
  • -Individualizan los problemas sociales, debilitando las respuestas colectivas.
  • -Reivindican un orden que muchas veces excluye y silencia.

En este escenario, protestar implica también disputar el sentido de lo democrático. No se trata solo de salir a la calle, sino de defender la legitimidad de hacerlo. Es afirmar que la democracia no se agota en lo institucional, sino que se construye también desde la acción colectiva.

Cuerpo, riesgo y dignidad en la acción colectiva

Protestar nunca es un acto abstracto. Implica cuerpos que se exponen, que se organizan, que sostienen la presencia en el espacio público. En contextos adversos, esto puede significar estigmatización, criminalización o incluso violencia.

Aquí la memoria de Bella Ciao vuelve a interpelar: no como una invitación al sacrificio, sino como un recordatorio de que la dignidad colectiva ha tenido costos históricos. Reconocer esto no es romantizar la lucha, sino dimensionar su profundidad.

También permite visibilizar que hoy muchas personas —líderes comunitarios, juventudes, colectivos territoriales— enfrentan estas tensiones en condiciones mucho más desiguales, sin el reconocimiento público que tuvieron otras luchas.

Gina Galeotti: la memoria insurgente de las mujeres

Hablar de la resistencia antifascista también exige nombrar a quienes han sido históricamente invisibilizadas. Gina Galeotti, conocida como “Lia”, fue una joven partisana que participó activamente en la lucha contra la ocupación nazi-fascista en Italia. Embarazada al momento de su muerte, fue asesinada en 1945 mientras cumplía tareas vinculadas a la resistencia.

Su historia rompe con una imagen reducida de la lucha política como un espacio exclusivamente masculino. Las mujeres no solo acompañaron: organizaron, comunicaron, sostuvieron redes clandestinas, arriesgaron sus vidas y, en muchos casos, pagaron con ellas.

Recuperar la figura de Gina Galeotti no es un gesto simbólico aislado. Es reconocer que la defensa de la libertad y de lo común ha estado profundamente atravesada por las luchas de las mujeres, muchas veces desde lugares no reconocidos o subvalorados.

Hoy, esta memoria dialoga con las múltiples formas en que las mujeres siguen estando en la primera línea de defensa de los bienes comunes: en territorios, comunidades, movimientos sociales. Desde la protección del agua hasta la defensa del territorio y la vida, su participación no solo es constante, sino estructural.

En contextos de avance conservador, donde también se disputan los derechos de las mujeres y sus formas de participación, esta memoria adquiere una dimensión aún más política: recordar es también resistir el borramiento.

La flor en la montaña: memoria como posibilidad

Al final de la canción, la imagen de la flor en la montaña no es un gesto romántico. Es una marca: alguien luchó por la libertad, y esa huella queda para quienes pasan después.

Esa imagen permite cerrar con una clave fundamental: la memoria no es nostalgia, es posibilidad. No se trata solo de recordar lo que fue, sino de reconocer lo que aún está en disputa.

Hoy, recuperar la protesta como herencia política implica también defender los bienes comunes que la hacen posible: el derecho a organizarnos, a expresarnos, a recordar y a imaginar colectivamente otros futuros.

Porque cuando se desacredita la protesta, no solo se cuestiona una forma de acción. Se debilita el tejido mismo que sostiene la vida en común.

Y quizá ahí radica la vigencia de Bella Ciao: en recordarnos que lo que está en juego no es solo el pasado que evocamos, sino el futuro que estamos dispuestos a construir.

Referencia:

Hobsbawm, Eric (1998). Historia del siglo XX. Barcelona: Crítica.

Hobsbawm, Eric (2011). Cómo cambiar el mundo: Marx y el marxismo 1840-2011. Barcelona: Crítica.