Vivimos rodeados de decisiones que tienen una fuerte dimensión científica y tecnológica. La inteligencia artificial, la preparación ante nuevas pandemias, la transición energética, la gestión de los territorios o las políticas de salud implican conocimientos especializados y decisiones que terminan afectando nuestra vida cotidiana.
Sin embargo, quienes viven las consecuencias de esas decisiones rara vez participan en la definición de los problemas, las prioridades o las respuestas.
Un artículo publicado en Nature el 2 de julio de 2026 plantea precisamente esta preocupación. Bajo el título Six ways to put the public at the heart of science and policy, Chris Tyler y un grupo de especialistas de distintos países proponen seis caminos para colocar a la ciudadanía en el centro de la investigación y del asesoramiento científico a las instituciones públicas.
La propuesta parte de una constatación sencilla, pero incómoda: la comunicación entre ciencia y política suele desarrollarse principalmente entre personas expertas y responsables institucionales, mientras que la ciudadanía permanece en buena medida al margen. Incluso dentro de las universidades, las metodologías para incorporar a las comunidades a la investigación existen, pero continúan siendo poco financiadas y poco utilizadas.
Pero el problema no es solamente quién participa. También está en juego qué conocimientos son reconocidos, quién define las preguntas y quién tiene capacidad para incidir en las decisiones.
Participar no es solamente ser consultado
Uno de los aportes más interesantes del artículo es que propone pasar de una participación entendida como consulta ocasional a una participación incorporada desde el comienzo de los procesos.
Entre 2015 y 2018, por ejemplo, la Unión Europea invitó a ciudadanos de 30 países a participar en la definición de prioridades de investigación para el programa Horizonte 2020. El contraste fue significativo: mientras 16 informes elaborados desde perspectivas expertas recomendaban priorizar avances tecnológicos, las personas participantes otorgaron mayor importancia a comunidades fuertes, salud y bienestar, educación y economías locales.
El ejemplo permite observar algo fundamental: la ciudadanía no necesariamente está aportando una versión menos especializada del mismo conocimiento. Puede estar planteando otras preguntas y señalando otras prioridades.
Por eso, involucrar a las comunidades no significa simplemente traducir la ciencia a un lenguaje más sencillo. Significa abrir la posibilidad de que las personas afectadas por una decisión contribuyan a definir qué vale la pena investigar y para qué.
El artículo propone que la participación pública sea una expectativa habitual en los proyectos de investigación, salvo que existan razones para no incorporarla. También señala que este trabajo necesita recursos, capacidades y tiempo: construir relaciones con las comunidades, reconocer los desequilibrios de poder y desarrollar formas de investigación conjunta no puede depender únicamente de la buena voluntad de quienes investigan.
Del territorio también viene conocimiento
Esta discusión resulta especialmente relevante cuando pensamos en los territorios. El conocimiento no se encuentra únicamente en universidades, laboratorios, oficinas gubernamentales o publicaciones científicas. Las comunidades acumulan experiencias, observaciones, memorias y formas de comprender los lugares que habitan.
El artículo presenta un ejemplo de restauración de manglares en Filipinas. En Kalibo, el conocimiento científico sobre las especies necesarias para construir un ecosistema resiliente se combinó con el conocimiento comunitario sobre las dinámicas de la costa. El proceso alcanzó resultados duraderos cuando una organización local obtuvo el derecho de gestionar el bosque a largo plazo, que hoy forma parte del Bakhawan Eco-Park.
Aquí aparece una diferencia importante entre escuchar conocimientos comunitarios y reconocerlos.
Escuchar puede significar recoger información y después continuar tomando las decisiones desde las instituciones. Reconocer implica aceptar que esos conocimientos tienen valor para comprender un problema y que quienes los producen deben contar con espacios efectivos para incidir.
Por eso, el artículo insiste en que la inclusión de conocimientos diversos necesita mecanismos institucionales duraderos. La buena voluntad no es suficiente: quienes poseen esos conocimientos necesitan capacidad real de decisión.
Desde una mirada de bienes comunes, esta discusión resulta particularmente sugerente. Los territorios no son únicamente espacios sobre los cuales se aplican políticas diseñadas en otros lugares. También son espacios donde se producen conocimientos y donde las comunidades desarrollan formas de cuidado, uso, defensa y gestión.
¿Quién define las prioridades?
El segundo camino propuesto por el artículo consiste en incorporar la deliberación pública en los organismos que asesoran a los gobiernos.
No se trata únicamente de preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo con una decisión que ya fue tomada. La propuesta es incorporar la deliberación antes, cuando todavía se están definiendo los problemas y los valores que deberían orientar las decisiones.
Para ello se mencionan diferentes mecanismos: paneles ciudadanos, conferencias de consenso y consultas públicas. En Dinamarca, por ejemplo, desde mediados de la década de 1980 se han desarrollado conferencias de consenso para discutir asuntos como la tecnología genética y el ambiente marino, contribuyendo a orientar agendas legislativas. También se mencionan experiencias relacionadas con decisiones de la NASA y con la regulación de tecnologías de edición genética en el Reino Unido.
La cuestión de fondo no es solamente crear nuevos espacios de participación. Es preguntarnos en qué momento participa la ciudadanía y cuánto puede transformar aquello que se está decidiendo.
Una consulta realizada cuando todo está definido tiene un alcance muy distinto a una deliberación que participa en la definición del problema.
La transparencia también es una forma de participación
La confianza tampoco se construye simplemente pidiendo a la ciudadanía que confíe en las personas expertas.
El artículo plantea la importancia de la humildad, la honestidad y la transparencia. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, la confianza en uno de los principales grupos asesores científicos del Gobierno británico se vio afectada por la falta inicial de transparencia, mientras que el comité encargado de asesorar sobre vacunación publicaba regularmente sus actas y explicaciones sobre decisiones controvertidas. Esto no eliminó los desacuerdos, pero permitió conocer el razonamiento detrás de las decisiones y someterlo al escrutinio público.
La transparencia, entonces, no significa que todo el mundo tenga que llegar a las mismas conclusiones. Significa poder conocer cómo se llegó a una conclusión, qué información se utilizó, qué incertidumbres existen y qué valores están orientando una recomendación.
Esto último resulta especialmente importante. Las decisiones científicas y políticas no ocurren en un vacío de valores. El artículo plantea que quienes asesoran deberían ser capaces de reconocer, por ejemplo, si están priorizando el principio de precaución, la libertad individual o la reducción de riesgos colectivos.
Hacer visibles esas decisiones no debilita necesariamente el conocimiento científico. Puede permitir comprender mejor sus alcances y límites.
Ciencia para todos los poderes
Hay otra dimensión que puede pasar desapercibida: ¿quién asesora científicamente a quienes toman decisiones?
El artículo señala que alrededor del 90 % de los parlamentos carecen de sistemas adecuados de asesoramiento científico. Mientras algunos poderes ejecutivos cuentan con estructuras para recibir información técnica, los parlamentos suelen tener menos capacidades para evaluar críticamente las leyes que deben discutir y aprobar. El poder judicial tampoco suele disponer de órganos permanentes de asesoramiento científico.
Esto abre una pregunta sobre la democracia: si las decisiones públicas incorporan cada vez más dimensiones técnicas y científicas, ¿no debería existir también la posibilidad de que distintos poderes y sectores de la sociedad puedan acceder a conocimientos rigurosos para discutirlas?
El artículo propone que quienes investigan estén dispuestos a trabajar con responsables políticos y ciudadanía de diferentes posiciones, manteniendo como fuente de autoridad el rigor, la transparencia, la revisión por pares y la posibilidad de revisar las propias conclusiones, y no una determinada identificación política.
Hacer de la participación una estructura, no una excepción
El sexto camino es probablemente el más difícil: institucionalizar estos procesos.
No basta con encontrar investigadores comprometidos o funcionarios dispuestos a abrir una consulta. Las universidades, organismos públicos y parlamentos necesitan capacidades, recursos e incentivos permanentes para sostener estos vínculos.
El artículo propone que las universidades incorporen equipos especializados en políticas y participación, que los fondos de investigación contemplen recursos para estos procesos y que los sistemas de evaluación reconozcan el impacto social del conocimiento. Como ejemplo se menciona el sistema británico Research Excellence Framework, que incorpora el impacto social medible dentro de la evaluación de la investigación universitaria.
La propuesta reconoce, además, que no todas las instituciones cuentan con los mismos recursos. Por eso plantea avanzar mediante compromisos graduales: gobiernos con presupuestos limitados pueden asociarse con universidades y organizaciones sociales; las instituciones académicas pueden crear equipos de enlace; y quienes investigan pueden incorporar interacciones comunitarias dentro de sus proyectos.
El punto central es que la participación requiere infraestructura. No puede descansar permanentemente sobre el voluntarismo.
¿Y si la pregunta no fuera si la ciudadanía confía en la ciencia?
El artículo termina dando vuelta una pregunta que suele plantearse de otra manera.
Habitualmente hablamos de la pérdida de confianza en las instituciones, en los gobiernos, en las universidades o en la ciencia como si el problema estuviera principalmente en una ciudadanía mal informada o desconfiada.
Pero ¿qué ocurre si hacemos la pregunta al revés?
¿Qué pasa cuando las instituciones piden confianza sin abrir realmente sus procesos? ¿Qué sucede cuando una comunidad aporta información sobre su territorio, pero esa información no modifica ninguna decisión? ¿Qué ocurre cuando se invita a participar después de que ya fueron definidos el problema, las alternativas y los criterios para evaluarlas?
En estos casos, el problema no necesariamente es que la ciudadanía no confíe en el conocimiento experto. Puede ser que las instituciones no estén dispuestas a compartir el poder de producir conocimiento y tomar decisiones.
El artículo lo formula de manera directa: democratizar la investigación y los procesos de asesoramiento puede contribuir a reconstruir la confianza y democratizar la producción de conocimiento, pero antes de eso las élites académicas y políticas necesitan confiar en el público.
Desde los bienes comunes: conocimiento, participación y poder
Para quienes trabajamos alrededor de los bienes comunes, esta discusión plantea una cuestión particularmente relevante.
Hablar de participación no debería reducirse a incorporar personas en reuniones, talleres o consultas. La pregunta fundamental es qué capacidad tienen esas personas para intervenir en aquello que se decide.
De la misma manera, hablar de conocimiento comunitario no significa colocar todos los conocimientos en el mismo plano ni negar la importancia del conocimiento científico. Significa reconocer que existen distintas formas de conocer y que los problemas complejos requieren ponerlas en diálogo.
Una comunidad que conoce el comportamiento de un río, los cambios de un territorio, las dinámicas de un bosque o los efectos cotidianos de una política pública no necesariamente dispone de las mismas herramientas que una universidad o una institución estatal. Pero eso no significa que su conocimiento sea irrelevante.
La cuestión, entonces, no es elegir entre ciencia y comunidad. Es preguntarnos cómo construir relaciones en las que diferentes conocimientos puedan encontrarse, contrastarse y producir decisiones más democráticas.
Desde esta perspectiva, la participación deja de ser un mecanismo para mejorar la aceptación de decisiones previamente elaboradas. Puede convertirse en una forma de disputar quién define los problemas, quién produce conocimiento y quién participa en la gestión de aquello que nos pertenece colectivamente.
Una pregunta que queda abierta
El artículo de Nature ofrece seis caminos concretos para avanzar hacia una ciencia y unas políticas públicas más participativas: incorporar al público en la investigación, hacer participativos los órganos de asesoramiento, reconocer conocimientos diversos, fortalecer la transparencia, asesorar a todos los poderes e institucionalizar estas capacidades.
Pero quizá su aporte más importante no esté en la lista de propuestas.
Está en la pregunta que deja abierta: ¿Estamos realmente dispuestos a confiar en la ciudadanía?
No solamente a escucharla.
No solamente a consultarla.
No solamente a invitarla a una mesa.
Sino a reconocer que también produce conocimiento, que puede formular preguntas distintas, que puede cuestionar las prioridades institucionales y que debe tener capacidad real para participar en las decisiones que afectan su vida y sus territorios.
Quizá democratizar el conocimiento empiece justamente por ahí: dejar de pensar la participación como un favor que las instituciones conceden y empezar a entenderla como una dimensión necesaria de la vida democrática.
Matriz para pasar de la reflexión a la acción
Esta matriz propone tomar las ideas centrales del artículo y ponerlas en diálogo con nuestras propias experiencias, territorios y procesos organizativos. No busca encontrar respuestas únicas ni comprobar si nuestras prácticas “cumplen” con un modelo de participación, sino abrir preguntas: ¿quién participa?, ¿quién produce conocimiento?, ¿qué saberes son reconocidos?, ¿quién decide y qué capacidad real existe para incidir? Puede utilizarse de manera individual o colectiva, seleccionando uno o varios ejes y completando las preguntas a partir de casos concretos. El objetivo es convertir la lectura en un insumo para la reflexión crítica y, sobre todo, para reconocer aprendizajes, tensiones y posibilidades de transformación.
| Eje de reflexión | ¿Qué plantea el artículo? | Pregunta para problematizar | ¿Qué ocurre en nuestros territorios? | Tensiones / contradicciones | Experiencias o casos que podemos documentar | Posibles acciones / aprendizajes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Incorporar al público desde el diseño de la investigación y las políticas. | ¿Participar significa ser consultado o tener capacidad de decisión? | ¿En qué procesos se consulta a las comunidades y en cuáles realmente pueden incidir? | Participación simbólica vs. participación con poder. | Asambleas, consultas, procesos comunitarios, conflictos territoriales. | Identificar mecanismos que permitan pasar de consulta a incidencia. |
| Producción de conocimiento | La investigación puede producirse conjuntamente con las comunidades. | ¿Quién define qué preguntas vale la pena investigar? | ¿Qué conocimientos producen las comunidades sobre sus territorios? | Conocimiento experto vs. conocimiento situado. | Monitoreos comunitarios, observatorios, investigaciones participativas. | Reconocer a las comunidades como productoras de conocimiento. |
| Saberes territoriales | Las comunidades poseen conocimientos valiosos que deben incorporarse a las decisiones. | ¿Qué conocimientos son considerados legítimos y cuáles son descartados? | ¿Qué saben las personas del territorio que no aparece en informes institucionales? | Saber técnico vs. experiencia territorial. | Conocimiento sobre ríos, bosques, fauna, agricultura, agua, contaminación. | Construir espacios de diálogo entre diferentes formas de conocimiento. |
| Definición de prioridades | La ciudadanía puede establecer prioridades distintas a las de los expertos. | ¿Quién decide cuáles son los problemas urgentes? | ¿Coinciden las prioridades institucionales con las preocupaciones comunitarias? | Agenda institucional vs. necesidades territoriales. | Procesos de diagnóstico participativo, conflictos socioambientales. | Incorporar las prioridades comunitarias desde el inicio. |
| Asesoramiento científico | Los órganos que asesoran a gobiernos deberían incorporar deliberación pública. | ¿Quién asesora a quienes toman decisiones sobre nuestros territorios? | ¿Qué información llega a las instituciones y quién queda fuera? | Decisiones cerradas vs. deliberación pública. | Comisiones, municipalidades, instituciones ambientales, legislativas. | Promover mecanismos públicos de asesoramiento y deliberación. |
| Transparencia | Las instituciones deben explicar métodos, datos, incertidumbres y razones. | ¿Qué necesitamos saber para poder discutir una decisión? | ¿Son accesibles los datos y criterios utilizados por las instituciones? | Transparencia formal vs. información realmente comprensible. | Estudios de impacto, informes técnicos, permisos, resoluciones. | Traducir información técnica y exigir trazabilidad de las decisiones. |
| Confianza | La confianza no debería exigirse unilateralmente a la ciudadanía. | ¿Las instituciones confían realmente en las comunidades? | ¿Cómo responden las instituciones cuando una comunidad cuestiona una decisión? | Ciudadanía «desinformada» vs. instituciones que no escuchan. | Conflictos donde los aportes comunitarios fueron ignorados o incorporados. | Cambiar la relación entre instituciones, ciencia y ciudadanía. |
| Poder | La participación efectiva requiere capacidad real de decisión. | ¿Qué cambia cuando una comunidad participa? | ¿Qué decisiones puede modificar realmente la ciudadanía? | Participación sin poder vs. cogestión. | Procesos de defensa territorial, gestión comunitaria, bienes comunes. | Identificar dónde se concentra el poder y cómo redistribuirlo. |
| Institucionalización | La participación necesita recursos, capacidades e incentivos permanentes. | ¿Por qué la participación suele depender de personas o proyectos específicos? | ¿Qué mecanismos participativos permanecen cuando termina un proyecto? | Voluntarismo vs. estructuras permanentes. | Observatorios, organizaciones comunitarias, universidades, gobiernos locales. | Crear mecanismos estables de participación y seguimiento. |
| Conocimiento y bienes comunes | Democratizar la producción de conocimiento puede mejorar las decisiones públicas. | ¿Puede el conocimiento ser pensado también como un bien común? | ¿Cómo se comparte, protege y utiliza el conocimiento producido colectivamente? | Conocimiento abierto vs. apropiación institucional o privada. | Mapas comunitarios, monitoreos, archivos, memorias territoriales. | Fortalecer formas comunitarias de producir, compartir y cuidar conocimiento. |
Referencia:
Tyler, C., Akerlof, K. L., al-Gharbi, M., Bedsted, B., Boeira, L., Brown, T., Christopherson, E., Scheufele, D. A., Farooque, M., Head, B. W., Piquado, T., & Pedersen, D. B. (2026). Six ways to put the public at the heart of science and policy. Nature, 655, 34–37. https://doi.org/10.1038/d41586-026-01981-z
