Este 8 de noviembre, mientras cientos de personas marchaban en San José para defender la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aquella imagen parecía adquirir un nuevo significado.
Porque conseguir una cita, esperar una cirugía o acceder a una atención especializada puede convertirse en una carrera de obstáculos. Y mientras las personas usuarias intentan encontrar respuestas, quienes trabajan en la institución hacen esfuerzos cotidianos por sostener los servicios, en medio de decisiones políticas, restricciones presupuestarias y cuestionamientos sobre el futuro de la seguridad social.
La pregunta surgía casi naturalmente: ¿quién mandó a la Caja a cruzar el Niágara en bicicleta?
Una cita con la memoria: 8 de noviembre de 2012
San José despertó distinto este domingo. En la Avenida Segunda, bajo un sol que obligaba a buscar sombra entre mantas y pancartas, comenzaron a reunirse trabajadores de la salud, estudiantes, pensionados, campesinos, jóvenes y adultos mayores.
La concentración transcurría entre coordinaciones: ubicar la manta que encabezaría la marcha, acomodar el vehículo de sonido, organizar la participación de personas con discapacidad y esperar a quienes todavía venían en camino.
Pero aquella jornada tenía una memoria particular.
Catorce años atrás, el 8 de noviembre de 2012, en ese mismo espacio, la fuerza pública había arremetido contra personas manifestantes que defendían la seguridad social. Hubo personas heridas, detenidas y procesos judiciales que se prolongaron durante años.
Algunas de las personas que regresaban a marchar habían vivido directamente aquella represión. Otras habían enfrentado persecuciones y consecuencias laborales por participar en las luchas sociales.
Pero volvieron «El 8 de noviembre no se olvida», se escuchaba entre las consignas.
La frase no era solamente un recuerdo. Era la constatación de que las luchas por los derechos sociales tienen una historia y que quienes las protagonizan no necesariamente abandonan sus convicciones cuando termina una manifestación.
La Caja tiene historias, no solamente estadísticas
«La Caja no se vende, la Caja se defiende». La consigna se repetía mientras las personas avanzaban por las calles. Sin embargo, su significado se comprendía mejor al escuchar las historias que acompañaban la movilización.
Una madre recordó cómo llegó a punto de dar a luz y encontró en la Caja la atención que necesitaba para ella y su hijo. Otra historia fue la de una familia cuya hija, nacida a los seis meses y medio, logró sobrevivir gracias a los cuidados recibidos en una incubadora de la institución.
También se compartieron experiencias de personas con padecimientos crónicos que durante años han recibido atención y acompañamiento; de un joven que permaneció cuarenta días hospitalizado y recibió atención de calidad; y de una trabajadora que, después de casi treinta años de servicio, defendía no solamente la atención médica, sino también a quienes sostienen la institución desde la logística y la administración.
Son experiencias distintas, pero tienen algo en común: muestran que la Caja forma parte de la historia de nuestras familias y comunidades.
Por eso, cuando se habla de defender la seguridad social, no estamos hablando únicamente de presupuestos, edificios o estructuras administrativas. Estamos hablando de la posibilidad de recibir atención cuando llega una enfermedad, de acompañar un nacimiento prematuro, de tratar un padecimiento crónico o de salvar una vida.
La Caja no es una abstracción institucional: está presente en las historias de quienes han encontrado en ella una oportunidad para seguir viviendo.
¿Quién está poniendo piedras en el camino?
Frente al edificio de la Caja, las mantas expresaban las distintas preocupaciones de quienes participaron en la movilización: «Hospital para Cartago», «No al TLC con Israel», «La deuda es de Hacienda», «Gobierno choricero, la Caja está primero».
Durante la jornada, las personas voceras expusieron los principales motivos de su indignación.
Se denunció una deuda estatal con la institución que ronda los 4,6 billones de colones, así como la inestabilidad de la Junta Directiva, que ha registrado más de 33 cambios de integrantes en 50 meses. También se cuestionó el veto a la representante electa de los trabajadores, pese a la resolución de la Sala Constitucional relacionada con el respeto a su nombramiento.
A estas preocupaciones se sumaron los cuestionamientos alrededor del caso Barrenador, las denuncias sobre el avance de la privatización y tercerización de servicios, la aplicación de la regla fiscal sobre una institución autónoma y las campañas que insisten en presentar a la Caja como una institución inevitablemente quebrada.
La imagen de Niágara en Bicicleta vuelve a aparecer: ¿cómo se espera que una institución avance si las condiciones para cumplir su función se vuelven cada vez más difíciles?
La pregunta es especialmente importante cuando se observa el impacto que estas situaciones tienen sobre la población.
Durante la marcha se recordó que más de un millón de personas permanecen en listas de espera. Detrás de esa cifra hay personas adultas mayores que aguardan por una cirugía, mujeres que necesitan un diagnóstico y niños que requieren atención especializada.
También se denunciaron las dificultades que enfrenta el hospital de Limón, incluyendo la falta de cirujanos y los problemas de inundaciones. Las comunidades rurales y costeras volvieron a señalar las desigualdades territoriales que condicionan sus posibilidades de acceder a los servicios de salud.
Las listas de espera no afectan a todas las personas de la misma manera. Quienes tienen recursos económicos pueden buscar alternativas privadas; quienes dependen exclusivamente de la seguridad social no siempre tienen esa posibilidad.
Por eso, el debilitamiento de la Caja también profundiza las desigualdades.
Cuando la solidaridad parece una mala palabra
En medio de la movilización, una expresión llamó particularmente la atención:
«El mejor ejemplo del comunismo es la Caja: todos ponemos de acuerdo lo que tenemos y a todos nos atienden por igual». La frase, pronunciada en tono provocador, puso sobre la mesa uno de los principios fundamentales de la seguridad social: la solidaridad.
La Caja representa una forma de organización colectiva en la que las contribuciones de la sociedad permiten sostener un sistema de protección que no depende exclusivamente de la capacidad económica individual.
No se necesita una tarjeta de crédito para recibir atención en una emergencia. Tampoco se debería tener que demostrar capacidad de pago para acceder a un tratamiento.
Esta experiencia de solidaridad es precisamente uno de los aspectos que vale la pena defender. La salud no es una mercancía más y el cuidado de la vida no debería quedar subordinado a las posibilidades de compra de cada persona.
Desde la perspectiva de los bienes comunes, la CCSS representa una construcción histórica de enorme valor: capacidades públicas, conocimientos, infraestructura, relaciones de solidaridad y una institucionalidad levantada mediante el esfuerzo de generaciones.
Defenderla no significa ignorar sus problemas. Significa exigir que se resuelvan fortaleciendo su carácter público, universal y solidario, en lugar de convertir sus dificultades en argumentos para justificar su debilitamiento.
Aquí nadie quiere bajarse de la bicicleta
La movilización también fue un espacio para honrar a quienes han sostenido estas luchas.
Se recordó a las personas que sufrieron la represión de 2012, a quienes murieron durante la pandemia y a los trabajadores de la salud que entregaron sus esfuerzos en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente.
También se reconoció a las personas pensionadas, los pueblos originarios, las comunidades campesinas, las organizaciones estudiantiles, las mujeres y las juventudes.
La solidaridad llegó hasta Palestina, donde la destrucción del sistema de salud fue recordada como una expresión de la violencia que sufren los pueblos cuando sus condiciones de vida y sus derechos son arrasados.
«Lo que pasa en Palestina ya está pasando en Latinoamérica», expresó una de las voces durante la jornada.
Al finalizar, entre el Himno Nacional y los aplausos, quedaba la imagen de una movilización que reunió distintas generaciones y experiencias alrededor de una preocupación compartida.
La Caja no nació simplemente de un decreto. Es resultado de luchas sociales, organización popular y decisiones colectivas que hicieron posible construir un sistema de protección social en Costa Rica.
Su historia demuestra que hay conquistas que no pueden dejarse exclusivamente en manos de quienes administran las instituciones. Necesitan participación, vigilancia ciudadana y organización social.
Quizá por eso la pregunta del comienzo sigue teniendo sentido: ¿quién mandó a la Caja a cruzar el Niágara en bicicleta?
Las personas usuarias no deberían hacer malabares para recibir atención. Las personas trabajadoras no deberían tener que compensar con esfuerzos extraordinarios las dificultades estructurales. Y la sociedad no debería aceptar que el deterioro de una institución pública se convierta en la justificación para entregar sus capacidades al negocio privado.
Este 8N dejó un mensaje claro: hay una historia que no se olvida y una conquista colectiva que no se está dispuesta a entregar.
¡Que nadie nos mande a cruzar el Niágara en bicicleta para ejercer nuestro derecho a la salud!
La Caja no se vende, la Caja se defiende.
La alegría también ocupa las calles: celebrar, encontrarse y bailar también es luchar.
La calle también se convierte en un espacio para encontrarnos, reconocernos y celebrar. En medio de las consignas y las demandas, la protesta abre lugar para reír, bailar, conversar y compartir. La alegría se hace presente, toma su espacio y se abre paso entre quienes se reúnen para defender aquello que consideran importante.
Porque manifestarse no es solamente expresar el desacuerdo o denunciar lo que nos preocupa. También es hacer comunidad, encontrarse con otras personas y descubrir que la defensa de los derechos puede vivirse desde la alegría, la esperanza y la celebración de estar juntos.
En ese sentido, la fiesta no es una pausa en la lucha ni algo que ocurre al margen de ella. Es también una manera de ocupar el espacio público, de construir vínculos y de recordar que defender los derechos significa defender las condiciones para vivir, encontrarnos y disfrutar de la vida en común.
El espacio público nos pertenece también para eso: para reunirnos, expresarnos, celebrar y construir colectivamente. La protesta social tiene muchas formas; a veces se grita, otras se conversa y también se baila. Porque la democracia no se limita a observar desde la acera: se ejerce participando, encontrándonos y haciendo de las calles un lugar para todas las personas.
Una calle acordonada, una memoria que permanece
Cuando la movilización llegaba a su final, una escena volvió a despertar recuerdos. La presencia policial acordonó parte del espacio para habilitar un carril destinado al tránsito de vehículos. La disposición de las fuerzas policiales y el espacio delimitado hicieron que algunas personas recordaran inevitablemente lo ocurrido aquel 8 de noviembre de 2012.
Pero esta percepción no surge únicamente de la memoria de aquella jornada. También se construye en el contexto actual. Apenas cinco días antes, el 3 de noviembre, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, anunció instrucciones a la Fuerza Pública para impedir bloqueos de vías durante las manifestaciones y advirtió sobre posibles detenciones y denuncias ante el Ministerio Público contra personas que bloquearan calles, utilizaran pasamontañas o dañaran el patrimonio cultural. Además, cuestionó a diputados y rectores universitarios por supuestamente incitar a la violencia.
Aunque el jerarca afirmó reconocer el derecho a manifestarse, sus declaraciones colocaron en primer plano las medidas de control, las posibles sanciones y la intervención policial frente a determinadas expresiones de protesta. En un escenario donde distintos sectores sociales se movilizan para defender la educación pública, la seguridad social y otros derechos, estos mensajes también inciden en la manera en que la ciudadanía interpreta la presencia de los cuerpos policiales.
Por eso, una calle acordonada no es necesariamente una escena más para quienes recuerdan lo ocurrido en 2012. La memoria de la represión, las advertencias recientes de las autoridades y la experiencia acumulada de quienes han salido a defender sus derechos se entrecruzan y dan sentido a lo que sucede en el espacio público. No se trata de afirmar que cada despliegue policial anuncia una nueva represión, sino de reconocer que la confianza también se construye —o se debilita— a partir de las experiencias y los mensajes que rodean el ejercicio de la protesta.
Esta vez el escenario fue distinto. No vivimos aquella jornada de represión, las agresiones y las detenciones que marcaron la memoria de quienes defendían la seguridad social hace catorce años. Sin embargo, la imagen de una calle acordonada, mientras la ciudadanía se manifestaba, no pasó inadvertida.
Hay recuerdos que se activan con pequeños gestos, con una escena, con una calle que vuelve a tener un significado particular. También hay palabras oficiales que pueden alimentar inquietudes sobre los márgenes que tendrá la protesta social en los próximos días.
La movilización terminó, el tránsito volvió a ocupar su espacio y las personas comenzaron a retirarse. Pero quedó algo que no se puede acordonar ni enviar por otra vía: la memoria de quienes han defendido sus derechos y saben que la protesta social también forma parte de la vida democrática.
Hoy fue distinto, pero no olvidamos. El 8N sigue siendo una fecha para recordar que los derechos se conquistan, se defienden y también necesitan de la memoria colectiva. Porque aquel 2012 también nos dejó un aprendizaje doloroso: cuando el poder siente cuestionados sus intereses, en Costa Rica también puede responder con violencia frente a quienes salen a defender sus derechos.
