All posts by : Observatorio Bienes Comunes UCR

Un discurso que recorre el mundo: el mapa de la desconfianza

Si la circular costarricense fuera un hecho aislado, podríamos atribuirla a una decisión administrativa coyuntural. Pero no lo es. Existe una tendencia global que, con variaciones locales, repite un mismo repertorio discursivo: deslegitimar la labor docente, presentar la educación crítica como una forma de adoctrinamiento y promover mecanismos de control y denuncia contra el profesorado.

Brasil constituye probablemente uno de los ejemplos más conocidos. El movimiento Escola Sem Partido («Escuela sin Partido»), surgido en 2004 y fortalecido durante el ascenso del bolsonarismo, afirmaba combatir el adoctrinamiento ideológico en las aulas. Bajo ese argumento impulsó proyectos para limitar la actuación docente, promover denuncias de estudiantes contra profesores y restringir el tratamiento de temas relacionados con política, desigualdad, género o derechos humanos. Aunque muchas de esas iniciativas fueron frenadas por el Poder Judicial y recibieron fuertes críticas de universidades y organizaciones educativas, el debate dejó instalada una idea poderosa: el principal riesgo para la democracia no era la censura, sino el profesorado.

Algo similar ocurrió en Estados Unidos. Diversos estados aprobaron leyes para limitar la enseñanza de determinados contenidos vinculados con el racismo estructural, la historia crítica, la diversidad o la teoría crítica de la raza. Nuevamente, el argumento no fue prohibir el conocimiento, sino garantizar una educación «objetiva» y proteger a las familias frente al supuesto adoctrinamiento.

En España, el partido Vox impulsó el llamado «pin parental», mediante el cual las familias podrían impedir que sus hijos participaran en determinadas actividades escolares relacionadas con derechos humanos, igualdad o educación sexual. El fundamento era, otra vez, la defensa de la neutralidad ideológica de la escuela.

En Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, el discurso contra el «adoctrinamiento» universitario y escolar se ha convertido en un eje recurrente del debate público, acompañado por críticas a las ciencias sociales, las universidades públicas y los enfoques pedagógicos críticos.

Cada país tiene su propia historia. Pero el repertorio discursivo resulta sorprendentemente similar:

La dimensión silenciosa: criminalización de la práctica docente

La circular, más allá de su intención explícita, puede generar efectos que vale la pena observar con atención. No se trata de afirmar que exista una intención deliberada de generar miedo o censura, sino de advertir que ciertos mecanismos, aunque bienintencionados, pueden producir un clima de desconfianza que termina afectando la libertad de cátedra.

1. El peso de la amenaza disciplinaria: La circular menciona la posibilidad de remitir casos al Departamento de Asuntos Disciplinarios. Esa referencia, aunque formalmente correcta, introduce una sombra de posibilidad que puede operar como un freno silencioso. No hace falta que se abra un expediente para que su mera existencia condicione decisiones. Cuando un docente sabe que una interpretación ligera de la norma puede desencadenar un proceso, es natural que prefiera evitar cualquier riesgo, incluso cuando su práctica sea legítima.

2. Conceptos amplios, interpretaciones variables: Términos como «proselitismo», «sectarismo» o «adoctrinamiento» no están definidos con precisión en la circular. Esto no es necesariamente un error, pero sí deja un margen de interpretación que puede variar según quien aplique la norma. Lo que para un docente es un análisis riguroso de desigualdad social, para otro superior jerárquico podría ser visto como una toma de posición indebida. Esa ambigüedad genera incertidumbre y, en la práctica, puede llevar a que muchas personas opten por no abordar ciertos temas, aunque estén en el currículo.

3. El peso de la denuncia: La circular establece que, ante hechos que eventualmente contravengan las disposiciones, se debe levantar documentación y remitirla a la instancia competente. Esto es un procedimiento estándar. Sin embargo, al no definir con claridad qué constituye una infracción, cualquier denuncia, incluso aquellas que podrían carecer de fundamento, puede activar un proceso que, por sí mismo, genera desgaste. El solo hecho de tener que justificar la propia práctica, aunque finalmente se demuestre que fue legítima, ya implica un costo emocional y profesional que muchas personas prefieren evitar.

4. La línea difusa entre análisis y propaganda: Uno de los riesgos más sutiles de la circular es que, al poner bajo el mismo paraguas de sospecha el análisis crítico y el proselitismo partidario, puede deslegitimar el primero por asociación. No es lo mismo discutir las causas estructurales de la pobreza que hacer campaña por un candidato. Pero si ambos quedan bajo la misma categoría de «conductas a vigilar», el mensaje que se transmite es que problematizar el orden establecido también es peligroso. Y eso, aunque no se diga explícitamente, es una forma de disciplinamiento.

5. Actividades formativas bajo sospecha: La prohibición de inducir al estudiantado a participar en actividades político-electorales es razonable. Sin embargo, la redacción es tan amplia que podría interpretarse que cualquier salida de aula, visita a una organización social o proyecto comunitario con componente de incidencia ciudadana cae dentro de lo prohibido. Esto no significa que vaya a aplicarse así, pero la mera posibilidad puede disuadir a muchas personas de organizar actividades valiosas desde el punto de vista formativo. El efecto práctico, aunque no deseado, es que el horizonte de lo posible se reduce.

¿Casualidad o estrategia? La geopolítica de la pedagogía del silencio

La pregunta que surge al observar este mapa no es si Costa Rica copió a Brasil o a España. La pregunta es otra: ¿por qué este discurso emerge con tanta fuerza en distintos países, en distintos momentos y con distintos gobiernos?

La respuesta probablemente no sea una conspiración, sino una confluencia de intereses. En contextos de polarización, crisis de representación y ascenso de discursos autoritarios, controlar la educación se vuelve una prioridad estratégica. Quien define lo que puede enseñarse, define lo que puede pensarse. Y quien define lo que puede pensarse, define lo que puede transformarse.

La educación popular, desde Paulo Freire hasta la actualidad, ha insistido en que enseñar es un acto político, no en el sentido partidista, sino en el sentido de que toda práctica educativa o bien reproduce el orden existente o bien contribuye a transformarlo.

Las iniciativas como Escola Sem Partido, el pin parental o las leyes antirracismo crítico en EE.UU. no son medidas pedagógicas. Son medidas de contención del pensamiento crítico. Y la circular costarricense, aunque con un tono más institucional y menos confrontativo, se inscribe en esa misma lógica: generar incertidumbre para reducir la autonomía docente y, cuando sea necesario, activar el aparato disciplinario para sancionar a quien se salga del guion.