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Convocatoria – Elecciones 2026: Curso-taller para leer críticamente las propuestas socioambientales

julio 11, 2025

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¿Cómo se entrelazan los discursos democráticos con los conflictos territoriales? ¿Qué implicaciones tienen las elecciones del 2026 para las luchas ambientales y comunitarias?

En un contexto de creciente crisis socioecológica y de profundización de los conflictos socioambientales en Costa Rica, el Observatorio de Bienes Comunes lanza su nuevo curso-taller presencial: “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”.

Esta iniciativa surge como parte de la propuesta más amplia “Democracia, tenemos que hablar…”, que busca abrir espacios de formación, reflexión colectiva y articulación política desde los territorios, en un momento de evidente erosión democrática.

🔍 ¿Por qué este curso-taller?

A pesar de que Costa Rica se proyecta internacionalmente como una democracia sólida y ambientalmente ejemplar, muchas comunidades enfrentan exclusión en la toma de decisiones y sufren las consecuencias de políticas que favorecen la mercantilización del ambiente y los territorios. Ante esto, urge construir herramientas colectivas para desmontar las narrativas dominantes y fortalecer las capacidades de análisis frente a las elecciones de 2026.

El curso-taller propone un enfoque desde la Educación Popular Latinoamericana y Caribeña, reconociendo los saberes comunitarios como fuentes legítimas de conocimiento, y la acción colectiva como horizonte para la transformación social.

🎯 Objetivos del curso

Fortalecer las capacidades de acompañamiento comunitario desde una mirada crítica de los procesos educativos y políticos.
Sensibilizar sobre el valor de las prácticas cotidianas construidas en los territorios como parte esencial de la resistencia.
Reflexionar colectivamente sobre el vínculo entre la participación, el conocimiento situado y las luchas por la transformación social.

🗓️ Fechas y contenidos

Cada sesión abordará una temática clave para comprender el vínculo entre política, territorio y propuestas electorales:

Democracia en disputa – 8 de agosto

El desarrollo como dogma – 15 de agosto

Política ambiental dominante – 22 de agosto

Protesta social y criminalización – 29 de agosto

Elecciones 2026 y lectura crítica de propuestas socioambientales – 5 de septiembre

🕘 Todas las sesiones serán de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. en la Universidad de Costa Rica, San Pedro.

📌 Es necesario asistir a todas las sesiones para completar el proceso.

👥 ¿A quién va dirigido?

El curso está abierto al público general, con especial interés en personas que forman parte de organizaciones, colectivos sociales, culturales y políticos. Queremos construir un espacio donde se encuentren saberes, trayectorias y estrategias diversas para defender el bien común.

Pueden descargar el documento de convocatoria aquí.

¿Proteger o desalentar la vigilancia ciudadana? Humedal Carbón en riesgo y el uso cuestionable del derecho administrativo

julio 10, 2025

with No Comment extractivismos MOVIMIENTOS

Comunicación a la que hace referencia esta nota:

AEL-00281-2025

AEL-00263-2025

CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-032-2025

Humedal Carbón: ocupación ilegal, deterioro acelerado y evasivas institucionales
La Asociación de Desarrollo para la Ecología denunció de forma urgente, el pasado 29 de junio de 2025, una nueva ocupación ilegal en el Humedal Carbón, ubicado en Playa Negra, Talamanca. La denuncia advierte sobre un avance rápido y de gran escala de actividades no autorizadas que incluyen drenajes, rellenos, caminos y construcciones con maquinaria pesada. El humedal forma parte del Patrimonio Natural del Estado y se encuentra registrado en el inventario oficial de humedales del SINAC desde 2017, bajo la protección del Convenio Ramsar.

A través de una solicitud formal, se pidió la intervención directa del Programa Nacional de Humedales para coordinar acciones interinstitucionales, generar un informe técnico actualizado (incluyendo análisis de ortofotos y cambios de uso del suelo) y entregar un listado de las propiedades involucradas. La respuesta oficial, emitida por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), señala que varias de estas informaciones no están disponibles, y redirige la responsabilidad hacia otras instituciones o incluso hacia la ciudadanía denunciante. Pese a los antecedentes de denuncias desde 2005, el SINAC admite que no se han producido medidas efectivas recientes para frenar la ocupación ni revertir los daños ecológicos.

“Uso abusivo del derecho de petición”: ¿una estrategia para desalentar la acción ciudadana?
En su respuesta, el ACLAC incluyó una cita extensa del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición, sugiriendo que el activismo de seguimiento y denuncia podría interpretarse como un uso “torcido”, “ofensivo” o “hostigante” del aparato estatal. Este señalamiento llama la atención no solo por su tono, sino por el trasfondo político que revela: el debilitamiento del derecho de acceso a la información y la criminalización indirecta de la vigilancia ambiental por parte de la ciudadanía.

Este tipo de argumentación institucional, en vez de fortalecer la rendición de cuentas, tiende a deslegitimar la participación activa en la defensa del bien común. En un contexto donde Costa Rica experimenta crecientes regresiones en su política ambiental —como la flexibilización de controles en zonas costeras y humedales—, el uso de figuras legales para silenciar o desgastar a quienes ejercen su derecho a solicitar información pública, representa un retroceso peligroso.

El caso del Humedal Carbón evidencia una tendencia preocupante: cuando las instituciones no producen ni entregan información clave sobre ecosistemas en riesgo, y al mismo tiempo intentan frenar el monitoreo ciudadano, lo que está en juego no es solo un ecosistema, sino el propio ejercicio democrático del control ciudadano sobre lo público.

Vigilancia ciudadana en acción: la labor de Marco Levy y la respuesta ética ante el intento de silenciamiento

Detrás de la denuncia presentada el 29 de junio se encuentra el trabajo sostenido de Marco Vinicio Levy, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, quien ha liderado por años la documentación, denuncia y monitoreo del deterioro del Humedal Carbón. Su labor no solo ha sido técnica y argumentada, sino también valiente ante la resistencia institucional que han enfrentado quienes defienden los ecosistemas del Caribe Sur.

Ante la insinuación institucional de que sus solicitudes podrían constituir un uso abusivo del derecho de petición, Levy respondió con firmeza el 10 de julio, reiterando el carácter legítimo de su gestión y recordando que, sin acceso a la información técnica, la ciudadanía no puede cumplir su deber constitucional de proteger el ambiente. Su carta subraya que exigir transparencia, generar alertas tempranas y contribuir a la justicia ambiental no es hostigamiento: es un acto de responsabilidad democrática.

La respuesta de la Asociación representa un contrapeso necesario frente a la opacidad y pasividad institucional. No busca sustituir al Estado, sino exigirle que cumpla con su función de garante del bien común. En un momento en que los marcos normativos y ambientales se ven debilitados, la acción ciudadana organizada, crítica y fundamentada se convierte en uno de los pilares más sólidos para la defensa de los territorios y los bienes comunes.

El derecho de petición en disputa: entre garantías democráticas y prácticas de deslegitimación institucional

La inclusión, por parte del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC–SINAC), de un extracto del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición no es un detalle menor. Su presencia en una respuesta administrativa, en el contexto de una solicitud de información ambiental, revela una tensión estructural cada vez más frecuente en América Latina: el choque entre la participación activa de la ciudadanía en la defensa del ambiente y las formas institucionales que buscan mantener el control sobre los marcos de decisión y acceso a la información.

Desde la perspectiva institucional, el señalamiento parece buscar anticiparse a futuras solicitudes, enmarcándolas como potencialmente excesivas, repetitivas o perturbadoras del funcionamiento público. Sin embargo, esta lectura parte de una interpretación burocrática del quehacer estatal, que tiende a ver las solicitudes ciudadanas como cargas administrativas, y no como expresiones de un derecho fundamental. En cambio, la respuesta de Marco Levy destaca con claridad una postura opuesta: si el Estado exige pruebas para actuar, debe entonces garantizar a la ciudadanía acceso a los insumos técnicos necesarios para generar esas pruebas. De lo contrario, se genera un círculo vicioso donde la falta de información impide la denuncia, y la falta de denuncia refuerza la inacción.

En materia ambiental y socioambiental, esta tensión no es menor. Los conflictos ambientales contemporáneos se caracterizan por una fuerte asimetría de información, en la que comunidades y defensores enfrentan barreras de acceso a datos técnicos, jurídicos y territoriales. Por eso, el derecho de petición no puede reducirse a un trámite: es una herramienta de fiscalización, de exigibilidad de derechos y de protección del interés público frente a los daños ecológicos.

La noción de “abuso del derecho de petición” se convierte entonces en una frontera peligrosa. Cuando se invoca desde los espacios administrativos en contextos de vigilancia ciudadana ambiental, no solo busca desactivar la crítica, sino también debilitar el tejido democrático que sostiene la defensa del bien común. Lejos de ser un problema de exceso de peticiones, lo que este caso revela es una falta de voluntad institucional para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, tal como lo exigen principios como el de transparencia activa del Acuerdo de Escazú.

Este no es un caso aislado. Es un síntoma de algo más profundo: un Estado que comienza a responder con sospecha y no con apertura a quienes ejercen su derecho a preguntar, a vigilar y a defender la vida en sus múltiples formas. En esta coyuntura, repensar el derecho de petición como un acto político y no solo jurídico, es clave para sostener una democracia ecológica real.

Fuente de las imagenes: Alvarado Salazar, G. (2005, 8 de noviembre). Informe de inspección técnica en propiedad de Pavel Jaroslav en Playa Negra, Puerto Viejo. Comité Local Forestal de Talamanca, Subregión Cahuita, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

¿Democracia ambiental en retroceso? Acceso a la información y el caso costarricense

julio 10, 2025

with No Comment PARTICIPACIÓN Reflexión

La reciente publicación de la UNESCO y la CEPAL, El acceso a la información ambiental en América Latina y el Caribe: Síntesis de decisiones de órganos garantes y jurisprudencia seleccionada (2024), plantea una pregunta urgente: ¿cómo se garantiza este derecho en contextos donde la participación ambiental se erosiona y los marcos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, siguen sin ser ratificados?

El informe ofrece un análisis exhaustivo del estado actual del derecho de acceso a la información ambiental en la región, con base en decisiones de tribunales y órganos garantes emitidas entre 2018 y 2023. Su enfoque pone de relieve cómo este derecho no sólo permite el ejercicio de la participación y la justicia ambiental, sino que constituye una herramienta fundamental para proteger otros derechos humanos, como el acceso a la salud, al agua o a un ambiente sano.

Una mirada regional: avances desiguales y desafíos comunes

El estudio muestra que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han reconocido el derecho de acceso a la información en sus constituciones o leyes, y muchos han adoptado marcos legales específicos. No obstante, la implementación efectiva es altamente desigual.

Pese a la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en 2021, sólo 15 países lo han ratificado. Su adopción es crucial: se trata del primer tratado ambiental regional que vincula el derecho a la información con la participación pública y la justicia ambiental, y que reconoce de forma explícita la protección de personas defensoras del ambiente.

El informe destaca buenas prácticas y avances en jurisprudencia en varios países, pero también evidencia obstáculos persistentes: barreras burocráticas, falta de información en formatos accesibles, uso abusivo de excepciones, e incluso negación sistemática a entregar información de interés público. Esto es especialmente grave en contextos de extractivismo, urbanización desordenada o conflictos socioambientales.

El caso costarricense: discursos verdes, prácticas opacas

En Costa Rica, el derecho de acceso a la información ambiental está reconocido en decretos y en la Ley Orgánica del Ambiente, pero no existe una ley integral sobre acceso a la información pública ni se ha ratificado el Acuerdo de Escazú. Esto contrasta con su reputación internacional como referente ambiental.

El informe subraya que sin marcos legales robustos y mecanismos independientes de garantía, este derecho se diluye. La ausencia del Acuerdo de Escazú deja un vacío normativo importante, especialmente en lo relativo a:

Estándares claros de acceso y entrega de información.
Participación efectiva en decisiones que afectan territorios.
Protección específica para personas defensoras.

En los últimos años, Costa Rica ha visto una disminución progresiva de espacios formales de participación ambiental, aumento de conflictos territoriales no transparentados y casos de criminalización de liderazgos comunitarios. Todo esto profundiza la desconfianza hacia las instituciones y debilita los mecanismos democráticos.

¿Qué aporta el informe?

El documento de UNESCO y CEPAL ofrece:

Un marco normativo actualizado (internacional, regional y nacional).
Conceptos clave como “transparencia activa”, “principio de máxima publicidad” o “grupos en situación de vulnerabilidad”.
Una selección de decisiones judiciales y administrativas que amplían el alcance del derecho a la información ambiental.
Recomendaciones para mejorar la legislación, fortalecer la institucionalidad garante y garantizar el acceso universal y equitativo a la información.

Democracia ambiental: mucho más que buenas intenciones

A la luz del informe, se vuelve evidente que el debilitamiento institucional de la participación ambiental, junto con la opacidad de decisiones clave sobre el uso del territorio, profundizan las brechas de justicia ambiental.

Costa Rica tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de dar pasos firmes hacia una democracia ambiental real: con información abierta, participación sustantiva y protección efectiva para quienes defienden los bienes comunes.

Porque como señala el informe:

“El acceso a la información ambiental no es un fin en sí mismo, sino un medio esencial para ejercer otros derechos, proteger el ambiente y construir un desarrollo verdaderamente sostenible.”

¿Qué significa realmente el acceso a la información ambiental? ¿Por qué es clave para proteger nuestros territorios y ejercer nuestros derechos?

A partir del informe de la UNESCO y la CEPAL, preparamos una infografía con conceptos esenciales, ideas fuerza y los principales aportes del documento. Un recurso útil para estudiantes, organizaciones, activistas y cualquier persona interesada en la justicia ambiental.

Explorá, compartí y usala como punto de partida para seguir defendiendo el derecho a saber… y a decidir.

PDF – Imagen

Glosario esencial sobre acceso a la información ambiental

1. Información ambiental
Todo dato sobre el estado del medio ambiente, recursos naturales, riesgos ambientales, impactos reales o potenciales, así como medidas de protección, gestión o normativa ambiental.

2. Acceso a la información
Derecho de toda persona a solicitar y recibir información pública, sin necesidad de justificar su interés. Aplica tanto a instituciones estatales como a otras entidades obligadas por ley.

3. Transparencia activa
Obligación del Estado de generar y difundir información ambiental de forma sistemática, oportuna, accesible y comprensible, sin necesidad de que haya una solicitud previa.

4. Transparencia pasiva
Derecho de las personas a obtener información ambiental cuando la solicitan expresamente, y deber del Estado de entregarla dentro de plazos establecidos.

5. Principio de máxima publicidad
Todo lo que no esté expresamente clasificado como reservado debe ser público. Las excepciones deben ser limitadas, proporcionales y justificadas.

6. Sujetos obligados
Entidades públicas (y en algunos casos privadas) que tienen la obligación de proporcionar información ambiental bajo su control, como ministerios, municipios, empresas concesionarias, etc.

7. Grupos en situación de vulnerabilidad
Poblaciones que enfrentan barreras estructurales para ejercer sus derechos, como pueblos indígenas, personas defensoras ambientales, mujeres rurales o personas en zonas remotas. El acceso debe garantizarse con medidas diferenciadas.

8. Acuerdo de Escazú
Primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que garantiza derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Incluye también la protección de personas defensoras.

9. Justicia ambiental
Acceso equitativo a los beneficios del ambiente y a la posibilidad de reclamar ante afectaciones. Implica garantizar el derecho a un ambiente sano con perspectiva de derechos humanos.

10. Derecho a un ambiente sano
Derecho reconocido en la mayoría de constituciones de América Latina. Es base para la vida digna y para el ejercicio de otros derechos fundamentales.

11. Evaluaciones de impacto ambiental (EIA)
Instrumentos técnicos y legales para analizar los efectos de un proyecto o actividad sobre el ambiente. Su acceso es clave para la participación pública informada.

12. Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (Escazú)
Órgano no judicial ni punitivo que acompaña a los Estados Parte en la implementación del Acuerdo de Escazú, promoviendo buenas prácticas y cooperación.

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¿Hasta la última piedra? El Río Frío bajo amenaza por minería no metálica

julio 9, 2025

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La comunidad de Maquengal en Guatuso vuelve a alzar la voz. Esta vez, con más urgencia que nunca.

A pesar de años de las advertencias comunitarias y las evidencias sobre el daño ambiental, la administración anterior de la Municipalidad de Guatuso aprobó una nueva concesión de minería no metálica en el Río Frío por 30 años más. Mientras tanto, maquinaria pesada ya está escarbando en la poza ubicada cerca de la base del puente de cemento, removiendo material de forma intensiva y alterando drásticamente el cauce del río.

El impacto es tangible. Las pozas ya no están, la sedimentación impide la navegación, las corrientes disminuyen, los espacios de recreación se han vuelto inseguros, y los bordes del río se erosionan visiblemente. Lo que antes era parte del paisaje vivo de la comunidad, hoy es un recuerdo en peligro de desaparecer.

“Esto ha venido a matar el río. Le estamos vendiendo al mundo un sitio RAMSAR, el humedal de Caño Negro, que no estamos cuidando”, expresó una persona vecina. El Río Frío no solo es un símbolo cultural y económico para la región, sino el principal afluente del Humedal Caño Negro, reconocido internacionalmente por su biodiversidad y protegido bajo la Convención RAMSAR.

Cuando se arranca el río, se arranca la vida

La extracción sin regulación no solo pone en riesgo ecosistemas: también daña infraestructura pública, propiedades privadas y genera condiciones propicias para inundaciones y pérdida de suelos. Este riesgo es más que una posibilidad futura: ya está ocurriendo en la poza cercana a la base del puente de cemento que une Maquengal con la Amapola, donde actualmente maquinaria remueve material sin un monitoreo claro. Las alteraciones al cauce y al entorno inmediato podrían comprometer la estabilidad del propio puente, aumentar la erosión de las riberas y agravar las afectaciones aguas abajo.

Es decir, el afán por “sacar hasta la última piedra” termina dejando un vacío que se siente en lo ambiental, lo social y lo económico. La remoción del lecho del río no solo altera su curso natural, sino que también pone en riesgo la seguridad y el bienestar de quienes viven a su alrededor.

El caso de Maquengal es más que una denuncia: es una lección de participación ambiental comunitaria. En marzo de este año, durante el Festival del Agua, vecinas y vecinos entregaron cartas al alcalde Carlos Sequeira y a autoridades ambientales, recordando el compromiso asumido de hacer un diagnóstico ecológico del cantón. Esta solicitud no es caprichosa: es una necesidad urgente, especialmente cuando ya se están interviniendo zonas sensibles del río sin un control efectivo y con impactos visibles que podrían ser irreversibles.

Voces por la protección del Río Frío

En Maquengal, la defensa del río no es un asunto técnico ni lejano: es cotidiano, vivido, sentido. Las personas vecinas se preguntan por qué se insiste en extraer piedra del Río Frío, mientras existen otros cauces que podrían asumir esa carga sin tanta afectación.

“¿Por qué todas las piedras grandes se las llevan del Río Frío? ¿Por qué no se hace un equilibrio con otros ríos como el Celeste, el Venado o el Samen, que también tienen bastante piedra? Aquí ya están sacando hasta las piedras grandes, las que le dan forma al río, las que sostienen sus orillas.”

La preocupación va más allá de Maquengal. Vecinos de otras zonas del cantón han señalado cómo el dragado también ha afectado humedales y otros afluentes del Río Frío. En lugares como Buenavista, donde el mismo río Celeste ofrecía pozas naturales, hoy las familias recuerdan con tristeza cómo esos espacios desaparecieron.

“Han sacado manzanas enteras de humedal. Lo vemos en Llanos, lo vemos en Buenavista, y el gobierno local no hizo nada. Antes la gente se bañaba en Semana Santa, ahora las pozas ya no están.”

Frente a este abandono institucional, muchas personas se preguntan qué ha hecho el gobierno local en todos estos años.

“¿Qué ha estado haciendo la municipalidad mientras todo esto pasa? La población sí ha estado observando, denunciando, pero las veredas del río se destruyen, los humedales se secan, y seguimos sin respuestas claras. ¿A dónde vamos a llegar si no se detiene esto?”

Las voces del territorio, lejos de ser ruido, son un llamado urgente: dejar descansar al río, repensar las prioridades, y cuidar lo que aún late antes de que lo borren hasta la última piedra.

¿Desarrollo para quién?

Las comunidades no están en contra del desarrollo. Están en contra del saqueo, del uso intensivo de un bien común para el lucro de unos pocos, sin respetar los límites ecológicos ni los derechos de quienes viven en el territorio. Mientras se extrae el material, las personas vecinas de Maquengal pierden el potencial turístico del Río Frío, que antes atraía visitantes por su belleza natural y su biodiversidad. Pero aún más grave: pierden también su espacio recreativo local, el lugar donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas compartían, se bañaban, pescaban y construían sus vidas cotidianas.

Como expresan con firmeza sobre la relación entre el humedal de Caño Negro y el río Frío: “no se puede seguir vendiendo al mundo un sitio de valor ambiental si no se está cuidando ni monitoreando”.

Frente al extractivismo, la comunidad propone un camino distinto:

Priorizar proyectos que beneficien el bienestar.
Regular con criterios ambientales.
Evaluar los daños acumulados y restaurar los ecosistemas.
Escuchar y respetar la voz de quienes han vivido, cuidado y defendido el río toda su vida.

Participar es un derecho, manternos es un deber

El Acuerdo de Escazú y la Ley Orgánica del Ambiente reconocen el derecho de las personas a participar en las decisiones ambientales. Y eso es precisamente lo que hace Maquengal: ejercer su derecho a defender un río que aún vive, que aún canta, pero que está siendo silenciado a golpe de retroexcavadora.

No podemos permitir que la minería no metálica borre nuestras pozas, nuestros recuerdos, nuestra seguridad, nuestra biodiversidad.

Porque cuando se agota hasta la última piedra, lo que queda es el vacío de lo que fuimos.

¿Qué es la minería no metálica y por qué afecta tanto?

La minería no metálica es la extracción de materiales como arena, piedra, grava, caliza, arcilla y otros minerales que no contienen metales. En Costa Rica, esta actividad se realiza principalmente para abastecer la industria de la construcción: carreteras, puentes, edificios y desarrollos inmobiliarios.

Aunque no se trate de oro o cobre, los impactos ambientales de esta minería pueden ser igual de devastadores, especialmente cuando se realiza en cauces de ríos o zonas sensibles:

Modifica el cauce natural del río, alterando sus flujos y aumentando el riesgo de
Provoca erosión en las riberas, afectando árboles, vegetación y vida
Contribuye a la sedimentación, lo que daña la calidad del agua y reduce el hábitat de muchas especies acuáticas.
Disminuye el caudal, afectando a las personas que dependen del río para consumo, agricultura o recreación.
Fragmenta los ecosistemas, afectando la biodiversidad y debilitando la capacidad de los humedales de cumplir funciones clave, como el control de inundaciones o la regulación del clima local.

Cuando esta actividad no se regula adecuadamente, se convierte en una forma de extractivismo destructivo que sacrifica el largo plazo en nombre de un beneficio inmediato y desigual.

Inquilinas e inquilinos en lucha: voces desde Los Ángeles

julio 9, 2025

with No Comment MOVIMIENTOS PARTICIPACIÓN

En medio de una crisis habitacional global, miles de personas enfrentan desalojos, aumentos abusivos de alquiler y condiciones de vida precarias. En Los Ángeles, una de las ciudades más desiguales del mundo, el Sindicato de Inquilinos ha surgido como una fuerza organizada que resiste la lógica del mercado inmobiliario y defiende el derecho a una vivienda digna.

En este video conversamos con integrantes del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, quienes comparten sus experiencias de lucha, organización y esperanza. A través del sindicalismo inquilino y la educación popular, estas comunidades están construyendo alternativas desde abajo para transformar su realidad.

🚪 ¿Qué pasa cuando quienes alquilan se organizan?
🏙️ ¿Cómo se construye una ciudad desde el derecho, no desde el privilegio?

👉 Dale play y sumate a esta conversación sobre defensa colectiva, justicia habitacional y transformación social.

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Zona pública en peligro: construcciones, abandono y apropiación en la franja costera

julio 9, 2025

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Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental comprometido con la defensa del territorio costero, realizó como parte de su labor de monitoreo ambiental un recorrido por un conocido punto de la costa caribeña sur, frecuentado por surfistas y turistas. Lo que encontró vuelve a confirmar las alertas sobre una situación que se repite cada vez con más frecuencia: ocupación irregular de la zona pública y la playa, generando alteraciones en el ecosistema y evidenciando la omisión de deberes por parte de las autoridades municipales.

En las inmediaciones de beach break(lugar donde las olas rompen sobre un fondo de arena, en lugar de sobre un arrecife o roca), en Cocles —una franja de aproximadamente 300 metros conocida como zona dedicada al surf, como muchas otras ubicadas frente al mar— se observan siembras de cocoteros directamente sobre la arena de la playa. Estas intervenciones se suman a la presencia de construcciones que, aunque utilizan materiales como madera redonda para disimular su carácter permanente, cumplen funciones claras dentro del negocio: brindar servicios, delimitar espacios o establecer una presencia física sobre el terreno.

¿Regenerar o encubrir?

La regeneración costera es una necesidad urgente ante los efectos del cambio climático y la erosión. Sin embargo, en este caso, se observa un uso distorsionado del concepto: la siembra de cocoteros no responde a un criterio técnico de restauración ecológica, sino a una apropiación encubierta del espacio público. Se plantan árboles grandes, ajenos al ecosistema originario, con el objetivo de marcar presencia y generar sombra para uso comercial, desplazando especies nativas como el almendro de playa o el jobo.

Este tipo de prácticas transforma la fisonomía de la playa, impide la regeneración natural de la flora local y promueve una imagen homogénea que invisibiliza la diversidad biológica propia del territorio. Además, generan un efecto psicológico de “territorio ocupado”, disuadiendo el uso libre por parte de otras personas.

Construcciones disfrazadas: apropiación sin permiso

Una práctica cada vez más común en esta zona es la instalación de estructuras que se presentan como temporales, ecológicas o móviles, pero que en realidad son parte del funcionamiento permanente de los negocios. Al usar materiales naturales o poco visibles, se busca evitar sanciones y pasar desapercibidos ante la inspección municipal. Algunas de estas construcciones incluso cuentan con conexiones eléctricas y servicio de internet, lo que evidencia su carácter permanente y funcional.

Durante el recorrido realizado por Philippe se evidencia también el uso nocturno del sitio, con intensa iluminación, lo que comprueba que todas estas instalaciones son de uso permanente. A esto se suma que varias zonas del Caribe sur son parte de rutas de anidamiento de tortugas, y este tipo de instalaciones luminosas en la playa puede repercutir negativamente en estos procesos naturales, provocando la desorientación de las tortugas durante su ciclo reproductivo.

Todo lo anterior demuestra que estos elementos no son neutros: alteran profundamente la dinámica del espacio, sustituyen el uso colectivo por un uso comercial, promueven desigualdad —ya que mientras a algunas personas se les exige operar dentro de sus propiedades, otras extienden su actividad directamente sobre la playa— y generan impactos negativos en los ecosistemas costeros, afectando procesos naturales como el anidamiento de tortugas y la regeneración de la vegetación autóctona.

Abandono institucional y urgencia de acción

Lo registrado por Philippe es un ejemplo más del abandono institucional en la protección de la playa. A pesar de múltiples denuncias, los mecanismos de control municipal y estatal no están respondiendo con firmeza ni coherencia. Esta inacción permite que se normalicen prácticas irregulares que vulneran el derecho colectivo y ponen en riesgo la sostenibilidad del territorio.

La recuperación de la zona pública costera no solo es una responsabilidad legal del Estado, sino también una tarea urgente para la protección de nuestros ecosistemas, el acceso equitativo al espacio común y la defensa del bien común frente al avance de la privatización encubierta.

La ausencia institucional que habilita abusos… e ingenuidades

La falta de monitoreo y presencia efectiva por parte de las autoridades encargadas de velar por la zona pública —como municipalidades, MINAE o el Instituto Costarricense de Turismo— no solo permite que se consoliden prácticas ilegales, sino que crea un ambiente de ambigüedad normativa que habilita tanto abusos intencionados como transgresiones por desconocimiento.

En contextos donde no hay reglas claras aplicadas ni fiscalización visible, florecen las llamadas “zonas grises”: espacios donde se aprovecha la debilidad institucional para apropiarse de bienes comunes sin mayores consecuencias. Esto beneficia especialmente a quienes cuentan con recursos o conexiones para avanzar con obras, instalar negocios o modificar el entorno, incluso dentro de la franja pública.

Pero esta falta de control también genera un efecto menos visible, aunque igualmente preocupante: muchas personas que dependen de actividades económicas de pequeña escala (alquiler de bicicletas, ventas, servicios turísticos) reproducen prácticas irregulares sin saber que están violentando la legislación, simplemente porque no existe acompañamiento, orientación ni procesos formativos desde las instituciones competentes.

Este vacío institucional no solo expone el bien común al deterioro, sino que también crea desigualdad frente a la ley: mientras algunos actores operan en la informalidad con total impunidad, otros reciben sanciones selectivas, y muchos más ni siquiera saben con certeza qué se puede o no hacer en la zona costera.

Revertir esta situación exige más que fiscalización. Implica fortalecer la presencia institucional con enfoque preventivo, educativo y transparente, que combine vigilancia con procesos de diálogo comunitario y apoyo técnico. Solo así podremos construir una relación justa, sostenible y compartida con nuestro litoral.

¿Por qué importa la zona pública costera? Un bien común vital y vivo

La zona pública costera —los primeros 50 metros contados desde la pleamar ordinaria— no es solo una franja de tierra. Es un espacio protegido por ley, concebido como espacio común, de libre acceso y uso colectivo. Su función es social, ambiental y cultural. Es un lugar donde confluyen biodiversidad, recreación, modos de vida y valores simbólicos que son parte del tejido de nuestras comunidades costeras.

Este espacio no pertenece a ningún negocio, empresa ni persona particular, por más tiempo que lleve operando en sus inmediaciones. Pertenece a toda la ciudadanía y debe ser resguardado con criterios de equidad y sostenibilidad.

Dentro de esta zona, la vegetación autóctona cumple funciones ecológicas esenciales:

Sostiene la tierra y previene la erosión, al fijar el suelo con sus raíces.
Ofrece sombra y refugio para personas, aves, insectos y otros seres que habitan la costa.
Protege frente al avance del mar, actuando como una barrera natural ante el oleaje y las tormentas.
Favorece la biodiversidad, al mantener un entorno compatible con las especies nativas del ecosistema costero.
Preserva la identidad del lugar, aportando a la memoria ecológica y cultural de la comunidad.

Cuando se sustituyen estas especies por cocoteros u otras plantas introducidas con fines ornamentales o comerciales, no solo se altera el paisaje: se debilita el ecosistema costero y se pierde la memoria viva del territorio.

Defender la zona pública costera es, por tanto, defender un espacio que nos protege, nos conecta y nos pertenece a todas y todos. Reforestar con especies nativas, respetar los usos comunes y exigir que se respete la ley no es una actitud radical: es un compromiso mínimo con la vida y con el futuro de nuestras costas.

¿Qué hacemos? Actividades económicas que respetan la zona pública costera

Frente a las múltiples formas de ocupación indebida de la franja costera, también existen experiencias que demuestran que es posible desarrollar actividades económicas sostenibles sin invadir ni privatizar lo que es público. Estas prácticas respetuosas del entorno no solo son legales, sino que refuerzan el vínculo comunitario y el valor ambiental de la zona.

A continuación, algunos ejemplos de buenas prácticas:

Turismo responsable sin infraestructura fija en la playa

Algunos emprendimientos turísticos han optado por ofrecer servicios (clases de surf, yoga, tours guiados) que se realizan sin instalar estructuras permanentes ni delimitar espacios en la playa. Usan señalización móvil, promueven el respeto por la biodiversidad y orientan a los visitantes sobre el valor del ecosistema.

Venta ambulante consciente

Personas vendedoras de comida, bebidas o artesanías utilizan puestos móviles, sin anclajes ni estructuras fijas, que se retiran al final del día. Esta práctica permite aprovechar la dinámica del turismo sin generar apropiación territorial ni residuos permanentes en la zona pública.

Alquiler de bicicletas, tablas o equipos fuera de la zona pública

Emprendimientos de alquiler de equipos para actividades recreativas han instalado sus locales dentro de propiedades privadas o concesiones legales, sin extenderse sobre la franja costera. Algunas de estas iniciativas incluso ofrecen información sobre cómo cuidar el entorno mientras se usa el equipo.

Restauración ecológica participativa

Colectivos comunitarios y negocios conscientes han impulsado procesos de reforestación con especies nativas, retirando residuos y promoviendo la educación ambiental. Estas acciones mejoran el entorno sin necesidad de ocuparlo ni modificarlo para beneficio propio.

Educación ambiental como propuesta económica

Algunos emprendimientos ofrecen recorridos guiados o talleres educativos sobre flora costera, historia local o conservación, contribuyendo al conocimiento y al aprecio por la zona sin alterar el espacio físico ni imponer su uso.

Estas experiencias muestran que es posible generar ingresos, atraer turismo y sostener modos de vida en la costa sin apropiarse de la zona pública ni degradar su valor ecológico. La clave está en el respeto por el entorno, el cumplimiento de la normativa y una visión que entienda el bien común como una base, no como un obstáculo.

Galería

Rebelión Popular en Panamá: Voces desde la Resistencia

julio 7, 2025

with No Comment NOTICIAS Reflexión

El pasado sábado 5 de julio, el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) organizó un conversatorio virtual e híbrido para analizar la crítica situación social y política que atraviesa Panamá. La actividad reunió a destacadas voces del pensamiento y la militancia latinoamericana: Giovanni Beluche (académico y dirigente sindical), Priscilla Vásquez (Propuesta Socialista Panamá – UIT-CI), David Morera (PRT Costa Rica – Sección de la Liga Internacional Socialista), y Paola Zeledón (Pan y Rosas / La Izquierda Diario).

El evento abordó el contexto de movilización social panameña que ha estallado en respuesta al intento de reinstalar un proyecto minero rechazado por el pueblo, la criminalización de luchadores sociales, la crisis del sistema de pensiones, y la represión brutal encabezada por el gobierno de José Raúl Mulino. Las ponencias destacaron la valentía del pueblo panameño frente a un modelo neoliberal autoritario, apoyado por el imperialismo estadounidense y respaldado por sectores empresariales locales.

Los y las expositoras señalaron que la ofensiva represiva no ha logrado apagar la llama de una rebelión que articula a trabajadores bananeros, docentes, estudiantes, pueblos indígenas y sectores urbanos en lucha. También se enfatizó el papel de la solidaridad internacional, la importancia de rechazar cualquier salida burguesa a la crisis y la necesidad de construir alternativas políticas desde abajo, con independencia de clase.

Durante la actividad, se recordó el legado de resistencia de Panamá y se denunció la instalación encubierta de bases militares, la impunidad de la clase política y la violencia ejercida contra mujeres y comunidades originarias. En un ambiente de análisis crítico y compromiso militante, se reiteró el llamado a romper el cerco mediático y a sostener activamente la solidaridad desde Centroamérica y más allá.

Este encuentro fue una muestra clara de que las luchas en Panamá no son locales ni aisladas: son parte de una batalla continental contra el autoritarismo, el saqueo y la subordinación imperialista. Y como afirmó uno de los panelistas, “la clase trabajadora panameña ha dado un ejemplo a todo el continente: la lucha no ha terminado, apenas comienza”.

Panamá hoy: entre la resistencia popular y el endurecimiento autoritario

La situación actual en Panamá es el resultado de una profunda crisis del modelo neoliberal impuesto desde hace décadas, agudizada por un gobierno que responde a los intereses del capital transnacional y del imperialismo estadounidense. Bajo la administración de José Raúl Mulino, el país ha entrado en una etapa de represión abierta, concentración del poder y despojo de derechos sociales, especialmente contra quienes se movilizan.

En los últimos meses, Panamá ha vivido un levantamiento popular multisectorial sin precedentes recientes. Las calles han sido ocupadas por educadores, estudiantes, comunidades indígenas, trabajadores bananeros, movimientos feministas y ambientalistas. Las demandas han sido claras: derogación de la Ley 421 que precariza las pensiones, rechazo a la reapertura del proyecto minero Cerro Colorado, defensa del río Indio frente a la amenaza de embalses, y oposición a la instalación de nuevas bases militares estadounidenses en suelo panameño.

Estas luchas, sin embargo, han sido enfrentadas con una brutal represión de Estado. Se han documentado detenciones arbitrarias, agresiones sexuales, desapariciones y asesinatos, especialmente contra mujeres, jóvenes y personas indígenas. Sindicatos combativos como el SUNTRACS han sido criminalizados, y líderes sociales enfrentan persecución, exilio o prisión. La represión no solo busca desarticular las protestas, sino también imponer miedo como estrategia política.

A pesar de este contexto, la lucha panameña ha demostrado una resiliencia histórica. Las raíces de esta resistencia se hunden en procesos previos: la gesta por la recuperación del Canal, la lucha contra la invasión militar estadounidense de 1989, y las huelgas sindicales de las últimas décadas. Hoy, esa memoria vuelve a florecer en un pueblo que no está dispuesto a ser silenciado.

Esta crisis también expone el agotamiento del modelo político panameño: un sistema profundamente desigual, sin garantías democráticas reales, y con una economía que favorece a una élite oligárquica mientras más del 50% de la población vive en condiciones de informalidad y pobreza. La supuesta “prosperidad panameña”, muchas veces mostrada como ejemplo por organismos financieros, esconde una profunda fractura social, especialmente en las zonas rurales, indígenas y empobrecidas.

En este contexto, las movilizaciones no solo son un acto de defensa: son una apuesta por un nuevo horizonte democrático y popular. La lucha en Panamá interpela al resto de Centroamérica y del continente, recordándonos que frente al avance del autoritarismo y el capital, la unidad, la solidaridad y la organización desde abajo son la clave para sostener la esperanza y abrir caminos nuevos.

La protesta social: bien común que teje comunidad e identidad

Más allá de la coyuntura panameña, el encuentro impulsado por el PRT permitió reflexionar sobre un aspecto fundamental para los pueblos de Nuestra América: la protesta social como un bien común. En un contexto de creciente autoritarismo y criminalización de la disidencia, la protesta no es solo un derecho: es una práctica colectiva que crea vínculos, fortalece identidades populares y reconstruye lo común en medio de la fragmentación impuesta por el modelo neoliberal.

Las voces participantes en el conversatorio subrayaron que las luchas que hoy movilizan a docentes, comunidades indígenas, trabajadores bananeros, juventudes y mujeres en Panamá no surgen del vacío: brotan de una memoria colectiva de dignidad y organización que se actualiza en cada marcha, huelga o bloqueo. Así, la protesta se convierte en territorio simbólico y afectivo, donde el pueblo se reconoce, se encuentra, y reafirma su potencia transformadora.

Proteger y acompañar estas expresiones es fundamental. No solo porque enfrentan regímenes autoritarios, sino porque son semillas de otro mundo posible, donde los pueblos no se resignan al despojo ni a la obediencia, sino que reafirman su derecho a decidir sobre su destino y sobre los bienes comunes que sostienen la vida.

Desde esta mirada, la protesta social es parte del patrimonio vivo de los pueblos, una fuente de aprendizaje democrático, un acto de cuidado mutuo y una herramienta esencial para la defensa de la justicia social, ambiental y territorial.

Tejiendo puentes: el valor político de los conversatorios internacionales

La realización de este tipo de encuentros por parte del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) de Costa Rica no es un gesto menor. En medio de un contexto regional marcado por el avance de proyectos autoritarios, la fragmentación social y la criminalización de la protesta, generar espacios de diálogo entre pueblos y organizaciones representa un acto profundamente político y necesario.

Este conversatorio sobre la situación en Panamá no solo brindó información y análisis de coyuntura. También permitió fortalecer la identidad latinoamericana y caribeña de las resistencias, haciendo visibles las conexiones que existen entre las luchas sociales en ambos países y en toda la región. En un momento en que el capital y el autoritarismo avanzan de manera transnacional, la solidaridad y la articulación desde abajo también deben ser internacionales.

El hecho de que una organización costarricense convoque y escuche activamente a voces panameñas en lucha –y que lo haga con una perspectiva crítica, desde la independencia de clase y el internacionalismo– es una apuesta por construir tejidos de confianza, memoria compartida y acción común. Estos espacios permiten que quienes resisten en un territorio sepan que no están solos ni aislados, y que su lucha resuena más allá de las fronteras impuestas.

Además, fortalecen la pedagogía política popular: invitan a reflexionar, a cuestionar el modelo dominante, y a ensayar nuevas formas de organización y acompañamiento entre pueblos. Son, en sí mismos, actos de construcción de lo común continental, donde la palabra, la escucha y la reflexión se convierten en herramientas para la emancipación colectiva.

En tiempos donde los gobiernos endurecen sus fronteras y los medios silencian la protesta, la iniciativa de espacios como estos se vuelve un gesto urgente de cuidado político, de memoria viva y de apuesta estratégica por una América Latina unida desde sus luchas, no desde los discursos institucionales.

Festival de Felinos: una celebración comunitaria por la vida silvestre y la convivencia

julio 7, 2025

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El pasado domingo 6 de julio, la comunidad de Piedades Sur de San Ramón celebró con entusiasmo el primer Festival de Felinos, una iniciativa organizada por el colectivo Felinos en Libertad, con el apoyo de la Municipalidad, Universidad de Costa Rica y diversos emprendimientos locales. La jornada reunió a personas de todas las edades en un ambiente festivo y reflexivo, con el propósito de reconocer y valorar la vida que habita el territorio.

Durante el festival se realizaron actividades variadas, como talleres sobre reciclaje, un recorrido guiado por la reserva natural del Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur, presentaciones de bailes típicos y el dinámico Rally Desafíos y Aventura organizado por los Scouts. Estas propuestas no solo ofrecieron entretenimiento, sino también espacios de encuentro comunitario, aprendizaje y diálogo sobre el entorno natural.

Uno de los ejes centrales del evento fue el conocimiento y la reflexión sobre los felinos silvestres que habitan la zona. Se compartió información sobre su importancia ecológica y los retos que enfrentan para sobrevivir en un territorio cada vez más intervenido. A partir de esta conversación, se enfatizó la urgencia de promover formas de convivencia que respeten sus ciclos de vida, y que garanticen condiciones adecuadas para su permanencia en los ecosistemas locales.

Este tipo de actividades son fundamentales para fortalecer los procesos de educación socioambiental, sensibilizar sobre la biodiversidad y fomentar el compromiso ciudadano en la defensa y cuidado del entorno. A la vez, representan una oportunidad para redescubrir el placer de convivir con la naturaleza, reconociendo que protegerla también implica disfrutarla y vivirla desde el vínculo comunitario.

Felinos en Libertad es una iniciativa comunitaria nacida en Piedades Sur de San Ramón, dedicada a la conservación de los felinos silvestres y la fauna local. Su labor se enfoca en promover la coexistencia entre biodiversidad y comunidades humanas, a través de acciones concretas como el monitoreo de especies, la educación ambiental y el fortalecimiento de emprendimientos locales comprometidos con la conservación. Desde una visión que une ciencia, territorio y participación, este colectivo demuestra que es posible cuidar la vida silvestre desde lo local, con conocimiento, vínculo y compromiso.

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Educación socioambiental desde la fiesta, el vínculo y la alegría

Más allá de la formación tradicional, el Festival de Felinos muestra que la educación socioambiental también puede y debe vivirse desde la festividad, el compartir y la alegría colectiva. No se trata solo de transmitir información o capacitar en habilidades técnicas, sino de cultivar una relación afectiva con el territorio, de crear memorias compartidas que fortalezcan el sentido de pertenencia y el compromiso con la vida que nos rodea.

Cuando una comunidad se reúne para celebrar su biodiversidad, no solo aprende: se reencuentra, se reconoce y se organiza. El juego, la danza, el arte y la conversación abierta se convierten en caminos para despertar conciencia, valorar la riqueza natural y entender que proteger los ecosistemas también es una forma de cuidar nuestras relaciones humanas. En este sentido, la educación socioambiental es también una invitación a imaginar y practicar otras formas de habitar el mundo: más sensibles, más justas y profundamente alegres.

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Encuentros que cuidan lo común

Los espacios como el Festival de Felinos son mucho más que celebraciones puntuales: son momentos en que la comunidad se reconoce como protagonista en la defensa de los bienes comunes. Al reunirnos en torno a la biodiversidad, el agua, los bosques o los animales silvestres, afirmamos que esos elementos no son recursos aislados, sino parte esencial de la vida que compartimos.

Estos encuentros permiten articular saberes, fortalecer vínculos y renovar el compromiso colectivo con el cuido del territorio. Nos enseñan que proteger los bienes comunes no es tarea exclusiva de instituciones o especialistas, sino una responsabilidad compartida, que se nutre del diálogo, la alegría y la organización comunitaria. Y al hacerlo desde la cercanía y el disfrute, se siembran las condiciones para una relación más ética, sensible y sostenida con nuestro entorno.

Una imagen colectiva, un futuro común: territorio, participación y transformación desde las comunidades de Las Nubes, Cascajal Centro y Monserrat de Coronado

julio 7, 2025

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Este proceso socioeducativo surge a partir del interés y compromiso de la Asociación de Desarrollo Integral de la Zona Alta de Coronado, preocupada por los cambios acelerados que vive la zona y por la necesidad de fortalecer los vínculos entre las personas que habitan el territorio. Desde la ADI se impulsó esta iniciativa con el fin de reconstruir el tejido comunitario, visibilizar las riquezas locales y abrir nuevos espacios de encuentro e intercambio, donde la palabra, la escucha y la acción compartida permitan imaginar un futuro común con participación, arraigo y dignidad.

El proceso socioeducativo desarrollado en Las Nubes, Cascajal Centro y Monserrat de Coronado nace de una convicción clara y profundamente política: para transformar un territorio con justicia, sostenibilidad y equidad, no basta con imponer soluciones desde afuera; es indispensable partir de la mirada, los saberes y las aspiraciones de quienes lo habitan cotidianamente. Desde esta premisa, se impulsaron una serie de talleres participativos con vecinos y vecinas de la zona alta del cantón, buscando construir colectivamente una imagen identitaria del territorio que no solo represente su riqueza natural y cultural, sino que también visibilice los desafíos comunes y fortalezca las bases para la acción colectiva.

Esta imagen identitaria no es un simple retrato simbólico, sino una herramienta para soñar y proyectar el futuro desde lo local, con propuestas que integran el impulso del turismo sostenible, la dinamización de la economía comunitaria y el fortalecimiento de los vínculos sociales, muchas veces debilitados por el avance de la urbanización desordenada y la fragmentación del tejido social.

A lo largo de este proceso emergieron hallazgos profundos y conmovedores. Se reveló la existencia de una memoria territorial viva, que reconoce en los ríos, las montañas, las nacientes, los senderos y los sonidos del bosque no solo elementos del paisaje, sino pilares afectivos y culturales de una identidad compartida. Al mismo tiempo, se manifestó una conciencia crítica ante las transformaciones que amenazan esa identidad: la expansión inmobiliaria sin planificación, la contaminación de fuentes de agua, la pérdida de espacios públicos y la percepción de abandono institucional.

Pero, quizás lo más importante, fue la constatación de que, pese a estas tensiones, las comunidades no están paralizadas. Existe una voluntad firme de organizarse, de cuidarse colectivamente, de recuperar espacios abandonados, de sostener prácticas solidarias y de defender lo común. En medio de las dificultades, brotan ideas, memorias y gestos que abren camino a nuevas formas de habitar, imaginar y construir comunidad desde abajo, con dignidad y esperanza.

Desafíos compartidos en el territorio

A lo largo de los talleres realizados en Las Nubes, Cascajal Centro y Monserrat, las comunidades identificaron una serie de desafíos que, aunque con matices propios en cada sector, revelan tensiones estructurales que afectan la vida cotidiana y la posibilidad de habitar el territorio con dignidad. Estos desafíos no son solo problemas puntuales, sino señales de un modelo de desarrollo que avanza sin considerar la voz ni las necesidades de quienes viven el lugar.

Entre los desafíos más reiterados destacan:

Urbanización acelerada y pérdida del equilibrio ambiental: La expansión desordenada de construcciones ha generado la pérdida de espacios verdes, fragmentación del paisaje y presión sobre nacientes, ríos y zonas de recarga hídrica. Muchas personas expresaron preocupación por la contaminación de fuentes de agua y la transformación del entorno natural.
Abandono y deterioro de infraestructura pública: Escuelas cerradas, centros comunales sin uso y caminos en mal estado reflejan una desatención institucional que limita el acceso a servicios básicos y reduce los espacios de encuentro y organización local.
Contaminación y gestión deficiente de residuos: La basura en calles, ríos y espacios públicos fue una denuncia constante, especialmente por el impacto de visitantes externos y la falta de control municipal.
Fragmentación del tejido social: La llegada de nuevas personas a las comunidades, sin procesos de integración ni espacios de convivencia, ha generado una sensación de desconocimiento entre vecinos, debilitando la confianza mutua y la participación.
Debilidad en la participación ciudadana: A pesar del interés en involucrarse, muchas personas señalaron el bajo nivel de asistencia a audiencias públicas, el desconocimiento de derechos y la escasa respuesta de las instituciones frente a sus demandas.
Inseguridad y percepción de vulnerabilidad: Se reportaron asaltos, circulación de drogas, problemas con el alumbrado público y la necesidad de repensar la seguridad desde una lógica de corresponsabilidad, no solo de control policial.

Estos desafíos no se presentan como obstáculos insalvables, sino como puntos de partida para fortalecer el protagonismo comunitario. Reconocerlos colectivamente permite imaginar soluciones desde la raíz, priorizando la escucha, la organización local y la acción territorial sostenida.

Reflexión final: la participación como semilla de transformación

Este proceso confirma que la participación comunitaria no es un lujo, sino una necesidad urgente. Es desde la escucha, el encuentro y la acción colectiva que pueden surgir respuestas reales a los desafíos territoriales. Cuando una comunidad se reconoce, se cuida y se organiza, empieza a transformar no solo su paisaje, sino también sus relaciones, su esperanza y su destino. Porque los barrios no se cambian desde afuera, sino desde adentro, paso a paso, entre todas y todos.

Boletín 1 (Las Nubes):
La comunidad reconoció el valor del entorno natural y cultural, así como la urgencia de actuar ante la pérdida del paisaje, la contaminación y el abandono de espacios públicos. Las experiencias organizativas, como rifas y actividades recreativas, muestran que hay una red viva de cuidado y compromiso.

Pueden descargar el boletín aquí

Boletín 2 (Cascajal Centro):
Se evidenció un fuerte arraigo con el paisaje y prácticas cotidianas como caminar o andar en bicicleta, que conectan con el territorio. Preocupan la contaminación, el mal estado vial y la desconexión entre habitantes antiguos y nuevos. La comunidad expresa el deseo de reorganizarse, mejorar la convivencia y exigir mejor gestión pública.

Pueden descargar el boletín aquí.

Boletín 3 (Monserrat):
A pesar de una participación más limitada, se identificaron recursos clave como la producción agrícola local y lugares con potencial para el encuentro. Se propusieron acciones concretas como mercados de cercanías, huertas comunitarias y directorios de oficios, apostando por una economía solidaria y circular.

Pueden descargar el boletín aquí.

Boletín 4 (Encuentro sobre seguridad):
La seguridad fue abordada desde una perspectiva de derechos. Se planteó la corresponsabilidad comunitaria como eje para prevenir la violencia y recuperar espacios públicos. Frente a propuestas punitivas, se impulsaron talleres por calle para diagnosticar problemas y diseñar soluciones desde la comunidad.

Pueden descargar el boletín aquí.

Municipalidad de San Rafael de Heredia enfrenta cuestionamientos por intervenciones no autorizadas en el Cerro Chompipe

julio 7, 2025

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El colectivo ciudadano CONCEVERDE solicitó formalmente al Concejo Municipal de San Rafael de Heredia que intervenga ante las acciones impulsadas por el alcalde Jorge Arias Santamaría en la zona del Cerro Chompipe, territorio ubicado dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo y protegido por la Ley 65 como área inalienable del Estado.

Según la denuncia presentada José Francisco Alfaro Carvajal, el alcalde ha impulsado acciones como la instalación de cámaras trampa y planes de amojonamiento en la finca 4-156766-000 sin contar con autorización del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Estas intervenciones, realizadas sin aval institucional y en una zona categorizada como patrimonio natural del Estado, podrían constituir una usurpación de competencias e infringir normativas ambientales vigentes.

El SINAC confirmó en distintos oficios que no ha otorgado permisos ni convenios con la Municipalidad para realizar estudios, delimitar terrenos o desarrollar planes de manejo en esta área protegida. Asimismo, un informe de inspección del Parque Nacional Braulio Carrillo alertó sobre la falta de cooperación del alcalde ante solicitudes de verificación y recomendó aplicar medidas de prevención administrativa bajo el principio indubio pro natura.

CONCEVERDE solicita al Concejo Municipal tomar acciones inmediatas para que se concrete el traspaso registral de la finca al MINAE, se prohíba toda intervención sin aval institucional y se delimite claramente la responsabilidad del gobierno municipal en estos hechos. La situación se encuentra bajo seguimiento del MINAE, la Sala Constitucional y la ciudadanía organizada.

Pueden acceder a la documentación aquí.

Si desean conocer más sobre el traspaso de la propiedad, pueden consultar la nota web «Finca pendiente de traspaso en el Parque Nacional Braulio Carrillo genera preocupación ciudadana y riesgos para el patrimonio natural«.

Patrimonio natural en riesgo legal

Dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, en el sector del Cerro Chompipe, se ubica la finca 4-156766-000. Esta propiedad, protegida por la Ley N.º 65 de 1888 como zona inalienable y cubierta de bosque, califica legalmente como Patrimonio Natural del Estado según el artículo 13 de la Ley Forestal N.º 7575. No obstante, a pesar de una orden expresa de la Sala Constitucional (resolución 2023-017109), esta finca aún figura inscrita a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

El SINAC solicitó su traspaso al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) desde julio de 2024, pero el trámite no se ha concretado. Esta dilación genera incertidumbre jurídica y abre la puerta a intervenciones no autorizadas, como la instalación de cámaras trampa o intentos de amojonamiento, sin permisos del ente rector.

La falta de inscripción a nombre del Estado debilita la capacidad de las instituciones ambientales para ejercer vigilancia, aplicar planes de manejo y garantizar la conservación efectiva del área. Mientras esta situación persista, la finca se mantiene en una especie de “limbo legal”, donde el riesgo de vulneración al patrimonio natural es latente. La resolución judicial exige además informes periódicos sobre los avances en recuperación de terrenos protegidos, lo que refuerza la urgencia de una respuesta institucional concreta y diligente.

La importancia de la coordinación interinstitucional en la gestión del patrimonio natural

El desarrollo de acciones como la instalación de cámaras trampa o los planes de amojonamiento en áreas protegidas requiere una coordinación interinstitucional rigurosa. Estas actividades, aunque puedan tener fines de conservación o investigación, deben ejecutarse dentro del marco legal y en sintonía con las políticas y planes de manejo establecidos por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Cuando una municipalidad actúa de forma unilateral, sin los permisos ni el acompañamiento técnico necesario, se generan múltiples riesgos: desde la alteración de ecosistemas sensibles hasta la anulación de procesos de planificación estatal ya en marcha. Además, tales acciones pueden desembocar en conflictos legales, pérdida de legitimidad institucional y vulneraciones al principio de indubio pro natura, que prioriza la protección ambiental ante la duda.

La colaboración transparente y basada en competencias claras entre municipios, ministerios, áreas de conservación y comunidades es clave para garantizar la defensa efectiva del patrimonio natural del Estado. En contextos de alta fragilidad ecológica como el Cerro Chompipe, esta articulación se vuelve aún más urgente y estratégica.

¿Qué es el Patrimonio Natural del Estado y por qué debe ser protegido?

El Patrimonio Natural del Estado en Costa Rica está definido por el artículo 13 de la Ley Forestal N.º 7575, como el conjunto de bosques y terrenos forestales que pertenecen a las reservas nacionales, las áreas declaradas inalienables, las fincas inscritas a nombre del Estado o de las municipalidades, instituciones autónomas y otros entes públicos. Este patrimonio es administrado por el MINAE y representa una de las herramientas más importantes del país para garantizar la conservación ambiental y el acceso a bienes comunes naturales.

La finca 4-156766-000, ubicada en el Cerro Chompipe, cumple con todas las condiciones legales para formar parte de este patrimonio: está dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, se encuentra en una zona que ha contado con protección legal desde 1888 mediante el Decreto N.º 14 —que creó la Reserva Forestal Central, declarando inalienables los terrenos boscosos clave para el abastecimiento de agua— y posee cobertura boscosa protegida. Por ello, cualquier intervención en esta área debe estar sujeta a controles legales estrictos y ser autorizada por las autoridades ambientales competentes.

La defensa del Patrimonio Natural del Estado no solo es una obligación legal, sino una responsabilidad ética ante las generaciones presentes y futuras. Ignorar esta normativa debilita los mecanismos de conservación y pone en riesgo los ecosistemas que sustentan la vida y el bienestar en el país.

Referencias:

Alfaro Carvajal, J. F. (2025, 3 de julio). Solicitud de intervención del Concejo Municipal de San Rafael de Heredia sobre acciones en Cerro Chompipe (Oficio CNVJF/151/25). Colectivo CONCEVERDE.

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). (2025, 25 de junio). Oficio DM-529-2025 / DAJ-MINAE-1233-2025. Respuesta a solicitud sobre finca 4-156766-000 y actuaciones en el Cerro Chompipe.

SINAC – Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. (2025, 23 de junio). Informe de Gira SINAC-ACC-PNBC-SVB-INF-227-2025: Inspección en finca 4-156766-000, Cerro Chompipe.

SINAC – Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. (2025, 25 de julio). Carta-SINAC-ACC.DR-0485-2025: Exhorto al respeto de la resolución 2023-017109 y solicitud de información a la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

Crédito imagen de cabecera Ameria Rueda.