Esto no es nuevo: ecos del macartismo
Aunque estos procesos puedan parecer recientes, lo cierto es que la criminalización de la disidencia tiene antecedentes claros en la historia. Un ejemplo emblemático es el Macartismo en Estados Unidos durante las décadas de 1950.
En ese período, bajo el argumento de la “seguridad nacional”, se construyó una persecución sistemática contra personas acusadas de ser comunistas o simpatizantes. No se trataba únicamente de actores políticos: artistas, académicos, funcionarios públicos y movimientos sociales fueron investigados, señalados y excluidos, muchas veces sin pruebas contundentes.
El macartismo operó a través de:
- -la ampliación de la categoría de “enemigo interno”,
- -la estigmatización pública,
- -la vigilancia y persecución institucional,
- -y la instalación del miedo como mecanismo de control social.
Más que responder a amenazas concretas, funcionó como una forma de disciplinamiento político e ideológico.
Traer este antecedente al presente permite reconocer que lo que hoy vemos —la ampliación de categorías como “extrema izquierda”, la asociación con terrorismo o la deslegitimación de la protesta— no surge de la nada, sino que forma parte de una lógica histórica que se reactualiza en distintos contextos.
En clave de nuestro análisis: la “nevada” ya ha caído antes.
Y así como en aquel momento muchas voces fueron silenciadas bajo el peso de la sospecha, hoy el desafío vuelve a ser reconocer cuándo los discursos de seguridad se convierten en herramientas para limitar la democracia.
El marco: una estrategia que redefine al «enemigo»
En noviembre de 2025, la administración de Donald Trump publicó su National Security Strategy (NSS), un documento que, bajo el lema «America First», establece un giro radical en la política exterior estadounidense. Entre sus principios figuran el rechazo al intervencionismo –al menos en su versión clásica–, la primacía de la soberanía nacional, el fin de la «era de la migración masiva» y una concepción economicista de la seguridad.
Pero hay un capítulo silencioso que ahora comienza a ejecutarse: la persecución global de la llamada «extrema izquierda».
Dos noticias recientes confirman que lo que parecía retórica interna ya es política activa. Por un lado, un cable del secretario de Estado Marco Rubio ordena a todas las embajadas coordinar campañas digitales con influencers y actores locales para contrarrestar la «propaganda antiestadounidense». Por otro, el Departamento de Estado ha designado formalmente como «organizaciones terroristas» a cuatro grupos de izquierda en Europa (dos en Grecia, uno en Alemania y uno en Italia), y presiona a aliados para que persigan a movimientos como antifa.
¿Qué conexión hay entre ambos hechos? Ambos son la puesta en práctica operativa de la NSS 2025, que establece la necesidad de combatir la «subversión cultural», las «ideologías radicales» y cualquier forma de pensamiento crítico que desafíe el orden que Washington quiere imponer.
Como en la ciudad nevada del Eternauta, donde las reglas cambian sin previo aviso, aquí también se redefine quién es el enemigo… y bajo qué criterios.
¿Qué es «extrema izquierda» según EE.UU.?
Una categoría tan vaga como peligrosa
El discurso de Monica A. Jacobsen, alta funcionaria antiterrorista del Departamento de Estado, define como terrorismo de extrema izquierda a:
- -Amenazas comunistas, marxistas y anarquistas
- -Movimientos anticapitalistas
- -Ideologías «ecoextremistas»
- -Cualquier movimiento «antifascista autodenominado»
Esta definición es tan amplia que podría incluir desde sindicatos combativos hasta organizaciones ecologistas, pasando por colectivos feministas o de defensa de derechos humanos que utilicen tácticas de desobediencia civil.
Como advierte Tom Joscelyn, «están tratando de inventar a antifa como una amenaza internacional para vincularla a grupos e individuos en Estados Unidos».
El riesgo no es menor: al no exigir pruebas de violencia inminente ni de ataques contra ciudadanos estadounidenses, la administración Trump crea una categoría política, no criminal. Y con ella, abre la puerta a vigilar, investigar y perseguir a activistas y académicos que simplemente sostengan ideas contrarias al statu quo.
En clave del Eternauta: no es la acción lo que define el peligro, sino la etiqueta que se impone sobre quien piensa distinto.
Criminalización de la protesta social: el caso europeo como alerta
Los cuatro grupos designados –Antifa Ost (Alemania), dos organizaciones griegas y una italiana– no tienen antecedentes de atentados contra EE.UU.
En el caso alemán, las autoridades locales señalaron que «la amenaza ha disminuido considerablemente». En Grecia, el ministro antiterrorista declaró: «Antifa existe en toda Europa, pero hasta hoy han sido activistas, no terroristas».
Sin embargo, la designación permite a EE.UU.:
- -Congelar activos financieros
- -Presionar a gobiernos extranjeros
- -Establecer vínculos para investigar o procesar personas
Esto último es clave. Sebastian Gorka ha insistido en que «no hay lobos solitarios», promoviendo la búsqueda de conexiones entre activistas.
El objetivo final podría ser castigar a opositores internos bajo cargos de «apoyo al terrorismo».
Como en la historia del Eternauta, donde el peligro no siempre es visible pero sí operativo, aquí el control se expande a través de redes invisibles.
Redes, influencers y guerra narrativa
¿proteger la imagen o silenciar la disidencia?
El cable de Rubio instruye a las embajadas a:
- -Colaborar con influencers y líderes de opinión
- -Coordinar con unidades de información militar
- -Usar plataformas como X para contrarrestar narrativas
En apariencia, es diplomacia pública. Pero en este contexto, se convierte en una herramienta de control narrativo.
No se trata solo de mejorar la imagen de EE.UU., sino de deslegitimar voces críticas, asociándolas con amenazas o propaganda hostil.
La nevada, en este caso, no solo cae: también se organiza.
El doble estándar: ¿dónde queda la amenaza real?
Los datos muestran otra realidad:
- -112 muertes por extremismo de derecha (2010-2020)
- -13 muertes por extremismo de izquierda
- -82 por yihadismo
Christopher Wray había señalado que la principal amenaza provenía de la extrema derecha.
Sin embargo, la administración ha redirigido recursos hacia la izquierda.
No se trata de seguridad, sino de ideología.