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Sentires y Saberes: David Menjívar, Birmania y una historia de vida que hace comunidad

En esta nueva entrega de Sentires y Saberes nos acercamos a la historia de vida de David Menjívar, una historia que también es, de muchas maneras, parte de la historia de Birmania, en Upala.

David llegó desde El Salvador a Birmania, y ese encuentro con una comunidad marcada por las distancias, las dificultades de acceso y el aislamiento fue también el inicio de un aprendizaje que atravesaría buena parte de su vida: comprender que las condiciones de una comunidad no están dadas de una vez y para siempre, y que su transformación requiere que las propias personas que la habitan asuman un papel protagónico.

A través de sus recuerdos, experiencias y reflexiones, esta conversación nos permite acercarnos a la construcción de un vínculo comunitario que no se limita a compartir un territorio. Se trata de construir relaciones, reconocerse como parte de una historia común y asumir que mejorar las condiciones de vida implica también organizarse, trabajar colectivamente y preguntarse qué comunidad se quiere construir.

La historia de David se entreteje así con la de Birmania. Su recorrido nos habla de caminos que se han ido abriendo, de esfuerzos compartidos y de una convicción que aparece una y otra vez: el bienestar de una comunidad también se construye cuando las personas deciden involucrarse en aquello que les afecta y trabajar junto a otras para transformarlo.

Pero esta conversación también nos recuerda que ninguna transformación está terminada. Birmania sigue enfrentando dificultades y formas de aislamiento que, aunque alguna vez estuvieron relacionadas principalmente con las distancias y las condiciones de acceso, hoy también pueden verse alimentadas por el desinterés y el abandono. Por eso, el compromiso comunitario no aparece como una tarea concluida, sino como un proceso que necesita continuar.

Escuchar a David es acercarnos a una manera de entender la vida comunitaria en la que el vínculo y la práctica transformadora van de la mano: conocer a otras personas, compartir sus preocupaciones, asumir responsabilidades y trabajar para que las condiciones de vida puedan mejorar.

En su historia hay también una invitación a mirar la comunidad no como algo acabado, sino como algo que se construye cotidianamente. Y quizá allí se encuentra una de las preguntas que atraviesan esta conversación: ¿qué podemos hacer, colectivamente, para que el lugar que habitamos tenga cada vez mejores condiciones para vivir?

Esta es una historia de vida, pero también una historia de compromiso, de aprendizaje y de comunidad. Una historia que nos recuerda que los territorios también se construyen a través de los vínculos que somos capaces de sostener.

Historias de vida y bienes comunes

Acercarnos a los bienes comunes también implica escuchar las historias de quienes los construyen y sostienen. Una historia de vida permite reconocer cómo, desde las experiencias cotidianas, las personas van creando vínculos con otras, con un territorio y con aquello que comparten.

La historia de David Menjívar y su relación con Birmania nos muestra que estos vínculos no aparecen de manera automática. Se construyen con el tiempo, a través del encuentro, el aprendizaje, la participación y el trabajo colectivo. En ese proceso también se construyen identidad, pertenencia y responsabilidades compartidas.

Por eso, recuperar estas historias es también recuperar saberes: formas concretas en que las personas han aprendido a organizarse, cuidarse y trabajar juntas para mejorar sus condiciones de vida. Los bienes comunes no son solamente aquello que compartimos; también son las relaciones y prácticas que hacemos posibles para sostener aquello que consideramos común.

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Militarización de la tecnología: una brújula para investigar lo que a menudo solo sospechamos

¿Cómo investigar la militarización de una tecnología sin dar por hecho aquello que precisamente queremos comprender?

Esta es una de las preguntas que atraviesa Militarización de la tecnología: aproximaciones teóricas y herramientas para su investigación, una publicación de la Fundación Karisma que reúne dos textos construidos a partir de un proyecto de investigación sobre la militarización de la tecnología en Colombia.

La propuesta resulta especialmente interesante porque no parte de una definición cerrada de militarización ni ofrece una lista de tecnologías que puedan ser clasificadas automáticamente como “militares”. Su apuesta es otra: utilizar los conceptos como fuentes de preguntas, capaces de orientar la observación y abrir caminos para investigar casos concretos.

La publicación reúne Precisiones para el estudio de la militarización, de Michael Ruiz Salinas, y Cómo investigar la militarización de la tecnología: un repertorio de entradas al problema, de Juan Diego Castañeda. El primer texto aborda las discusiones conceptuales alrededor de la militarización; el segundo recupera aprendizajes del proceso de investigación de Karisma y propone siete entradas metodológicas para aproximarse a casos concretos.

Cuando una palabra también necesita ser investigada

Uno de los primeros problemas que plantea la publicación es aparentemente sencillo: ¿qué entendemos por militarización?

No existe una definición única y ampliamente aceptada. El concepto ha sido utilizado para describir transformaciones observables, pero también para analizar relaciones de poder, violencia, desigualdad o represión. Por eso, diferentes investigaciones pueden utilizar la misma palabra para referirse a procesos distintos.

El primer texto organiza esta diversidad en cuatro enfoques: ideológico, comportamental, institucional y sociológico. Más que escoger una definición definitiva, propone reconocer desde qué perspectiva estamos investigando y formular tres preguntas que ayudan a orientar la mirada: ¿dónde opera la militarización?, ¿cómo opera?, ¿qué produce?

Este desplazamiento es importante porque evita convertir “militarización” en una etiqueta que simplemente confirme aquello que ya sospechábamos.

De la tecnología como objeto a la tecnología como relación

El segundo texto lleva esta discusión hacia la tecnología.

Aquí aparece una crítica a dos formas habituales de pensar los artefactos tecnológicos: entenderlos como instrumentos neutrales o asumir que determinadas relaciones políticas están inscritas de manera definitiva en ellos.

Frente a esta disyuntiva, la propuesta trabaja con las ideas de coproducción y ensamblajes sociotécnicos. Esto permite observar la tecnología dentro de las relaciones institucionales, sociales, materiales y discursivas que hacen posible sus usos.

Una distinción resulta especialmente sugerente: la diferencia entre propiedades y capacidades.

Las propiedades permiten preguntar qué conserva un componente tecnológico cuando se desplaza entre distintos contextos. Las capacidades, en cambio, permiten preguntar qué puede hacer ese componente dentro de un ensamblaje concreto y qué relaciones explican aquello que puede hacer. De esta manera, lo militar deja de ser entendido simplemente como una propiedad de un artefacto y pasa a investigarse como una capacidad que se ejerce dentro de configuraciones específicas.

La pregunta, entonces, deja de ser únicamente: ¿Esta tecnología es militar?

Y puede convertirse en: ¿Qué capacidades adquiere esta tecnología en este contexto, mediante qué relaciones y con qué efectos?

Siete entradas para investigar

A partir de este marco, la publicación propone siete entradas que pueden combinarse según los intereses, recursos y características de cada investigación.

La Trayectoria y reinscripción invita a reconstruir los ensamblajes por los que ha pasado una tecnología antes de llegar al caso estudiado. La Comparación de ensamblajes permite observar qué capacidades ejerce un mismo componente en diferentes contextos.

La Coproducción pregunta por las categorías de conocimiento y las formas de autoridad que se estabilizan mientras una tecnología es diseñada, adquirida o adoptada. El Trabajo de frontera dirige la mirada hacia quienes establecen las divisiones entre lo civil y lo militar y hacia los efectos que producen esas clasificaciones.

La entrada de Cotidianidad acerca la investigación a quienes utilizan, operan o experimentan los efectos de estas tecnologías, incorporando además las relaciones de género, clase, raza y posición social. La Triangulación de definiciones permite contrastar diferentes maneras de comprender la militarización. Finalmente, la Reflexividad invita a revisar las propias categorías y decisiones de quien investiga.

No se trata de siete pasos que deban cumplirse en orden. Son, más bien, puertas de entrada diferentes a un mismo problema, que pueden utilizarse y combinarse de acuerdo con cada caso.

De la sospecha a la investigación

Quizá uno de los aportes más útiles de la propuesta sea precisamente su advertencia frente a dos errores opuestos.

El primero consiste en utilizar “militarización” como una etiqueta: asumir desde el comienzo que una tecnología está militarizada, buscar elementos que confirmen esa sospecha y terminar encontrando aquello que ya se había decidido encontrar.

El segundo consiste en abandonar el concepto porque resulta demasiado complejo o cargado.

Frente a ambos caminos, Karisma propone una tercera posibilidad: usar el concepto como generador de preguntas y objetos de observación, mantenerlo mientras resulte productivo y permitir que el propio caso obligue a transformarlo, cuestionarlo o incluso reemplazarlo.

Esta perspectiva puede resultar particularmente útil para organizaciones de la sociedad civil, observatorios, colectivos y espacios de investigación que buscan documentar transformaciones tecnológicas sin reducirlas a sus características técnicas.

Investigar, en este sentido, no significa solamente identificar una tecnología y describirla. Significa reconstruir las relaciones que permiten que esa tecnología sea incorporada, las instituciones que participan, los discursos que la justifican, las fronteras que se establecen y las consecuencias que aparecen en la vida cotidiana.

Una propuesta que también reconoce sus propios límites

La publicación no presenta este repertorio como una metodología definitiva.

Entre sus propias limitaciones reconoce un sesgo eurocéntrico en buena parte de las referencias utilizadas y plantea la necesidad de incorporar más producción latinoamericana. Esta observación es relevante: no se trata simplemente de agregar autores de la región, sino de reconocer que las experiencias latinoamericanas de militarización pueden modificar las propias preguntas desde las cuales investigamos.

También se reconoce que el documento abre caminos, pero no los recorre. Ninguna de sus entradas sustituye el trabajo concreto de investigar, construir fuentes, contrastar información y poner a prueba las preguntas frente a casos específicos.

Tal vez allí reside precisamente su utilidad.

Más que entregarnos respuestas cerradas, la publicación ofrece una manera de mirar. Nos recuerda que investigar la relación entre tecnología y militarización requiere resistir tanto la tentación de encontrar rápidamente aquello que ya sospechábamos como la de abandonar las preguntas porque los conceptos son difíciles.

Entre ambas posibilidades queda un espacio fértil: preguntar, observar, contrastar y dejar que el caso también transforme nuestras propias categorías.

Para quienes investigamos las relaciones entre tecnología, poder y vida cotidiana desde América Latina, esta puede ser una buena brújula para comenzar a caminar.

De las preguntas a la investigación

Si estas siete entradas funcionan como distintas maneras de acercarnos a un caso, el siguiente paso puede ser llevar esas preguntas a una herramienta de trabajo. No para convertir la investigación en una receta ni para establecer de antemano qué debemos encontrar, sino para ayudarnos a ordenar aquello que queremos observar, identificar posibles fuentes y registrar las preguntas que van apareciendo durante el proceso.

La siguiente matriz recoge las siete entradas propuestas por Fundación Karisma y las traduce en una serie de preguntas, dimensiones de observación y posibles fuentes. Puede utilizarse de manera completa o parcial, según las características de cada caso. También puede modificarse: agregar preguntas, incorporar nuevas fuentes o dejar abiertas aquellas dimensiones para las que todavía no contamos con información.

La intención es sencilla: que la matriz no cierre la pregunta, sino que ayude a abrirla.

Porque investigar la militarización de la tecnología también implica aprender a reconocer qué sabemos, qué suponemos y, sobre todo, qué todavía necesitamos preguntar.

Matriz de análisis de militarización tecnológica
Dimensión / EntradaPregunta centralQué observarFuentes sugeridas
1. Trayectoria y reinscripción¿Por qué ensamblajes ha pasado este componente antes de llegar aquí? ¿Qué propiedades conservó y qué se reinscribió?Origen del artefacto, clientes previos, usos anteriores, supuestos inscritos (ej. qué es «riesgo»), miniensamblaje adherido (entrenamiento, licencias, soporte).Contratos, licencias, manuales, historial de proveedores, entrevistas con operadores.
2. Comparación de ensamblajes¿Qué capacidades ejerce este componente en dos o más ensamblajes? ¿Qué relaciones explican las diferencias?Diferencias en protocolos, control judicial, cadenas de mando, auditoría, roles de operadores. Inventariar sin preclasificar.Normativa, manuales de uso, organigramas, entrevistas, observación directa.
3. Coproducción¿Qué categorías de conocimiento y qué autoridad institucional se estabilizan en el mismo proceso?Pliegos técnicos, contratos, cronogramas, entregables, presupuestos, discursos oficiales, material de mercadeo.Documentos de contratación, anexos técnicos, comunicados, ferias del sector.
4. Trabajo de frontera¿Quién traza la frontera entre lo civil y lo militar? ¿En qué documentos y prácticas? ¿Qué efectos produce?Clasificaciones (ej. «doble uso»), regímenes de compra, controles aplicables, proveedores elegibles, presupuesto que paga.Documentos de clasificación, normativa de contratación, disputas interinstitucionales.
5. Cotidianidad¿Cómo se integra esta tecnología en las prácticas cotidianas? ¿Cómo interviene en relaciones de género, clase, raza?Experiencias de operadores, usuarios y afectados; cambios en lo que se considera «normal», «seguro» o «sospechoso»; distribución desigual de efectos.Entrevistas, etnografía, observación participante, testimonios, datos desagregados.
6. Triangulación de definiciones¿Cómo aparece el caso bajo cada enfoque de militarización? ¿Qué ilumina y qué deja fuera cada uno?Aplicar los cuatro enfoques (estatal-institucional, sociocultural, crítico-feminista, economía política) y las preguntas: ¿dónde opera?, ¿cómo opera?, ¿qué produce?Literatura académica, informes previos, datos cuantitativos (gasto, tropas), análisis de discurso.
7. Reflexividad¿Cómo dialoga este caso con el concepto de militarización? ¿Qué confirma, problematiza o desborda?Qué mostró el lente de la militarización que otro concepto no habría mostrado; qué se volvió invisible; qué creía quien investiga antes de empezar.Diario de campo, notas reflexivas, discusión con el equipo.

Sitio web de Fundación Karisma: https://info.karisma.org.co/

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Querida Universidad: Koro-sensei tiene una pequeña pregunta sobre Gaza… perdón por interrumpir su pluralidad

“Perdón por interrumpir su pluralidad, querida Universidad. Koro-sensei solo tiene una pequeña pregunta: ¿qué significa hablar de libertad académica mientras la Universidad de al-Azhar de Gaza queda reducida a esto?”

Querida Universidad de Costa Rica:

He leído sus comunicados. Todos. Incluso aquellos que contienen palabras tan bonitas como autonomía, pluralidad, libertad académica, coexistencia y pensamiento crítico. Son palabras importantes. En mi planeta también nos gustan mucho, pero tengo una pequeña dificultad para entender algo.

Usted dice que la Universidad debe ser un espacio donde distintas corrientes de pensamiento puedan encontrarse. Dice que las presiones externas no deberían condicionar sus decisiones académicas. Dice que la pluralidad no significa neutralidad. Y ahora, además, ha dicho algo que merece ser reconocido: que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas determinó la responsabilidad del Estado de Israel en la comisión de genocidio en Gaza.

Muy bien.

Entonces Koro-sensei tiene una pregunta: ¿por qué cuando hablamos de libertad académica alrededor de Palestina parece que la Universidad empieza a hablar de sí misma y deja de hablar del mundo que hizo necesaria esa discusión?

Porque en Gaza hay un genocidio en marcha. Y mientras ustedes discuten si una conferencia debe tener un espacio en un auditorio universitario, las universidades palestinas han sido destruidas y las condiciones materiales para enseñar, estudiar e investigar han sido devastadas. Naciones Unidas y distintos organismos internacionales han documentado la destrucción sistemática de infraestructura educativa y el colapso de las condiciones necesarias para sostener la educación palestina.

Es una imagen difícil de ignorar. Aquí discutimos quién ocupa un auditorio. Allá se destruyen los lugares donde una sociedad estudia. Aquí defendemos la libertad académica como principio. Allá se destruyen las condiciones materiales que permiten ejercerla.

Quizá por eso me cuesta aceptar que todo esto pueda presentarse simplemente como una discusión entre dos perspectivas sobre Gaza.

Porque las perspectivas no llegan a la Universidad caminando solitas, como si fueran dos estudiantes puntuales que se encontraron por casualidad en la entrada. Llegan acompañadas de poder. Llegan acompañadas de historia. Llegan acompañadas de instituciones, dinero, gobiernos, ejércitos, policías, universidades, medios de comunicación, procedimientos disciplinarios y campañas públicas. Y también llegan acompañadas de silencios.

 

La Academic Freedom Initiative de la Middle East Studies Association mantiene un registro de represalias laborales vinculadas con expresiones y actividades relacionadas con Palestina. Su base documenta 170 acciones de represalia en Norteamérica desde octubre de 2023, entre ellas 64 pérdidas de empleo y 44 suspensiones, además de censuras oficiales, revisiones administrativas y otras medidas. No estamos hablando de personas que simplemente recibieron una invitación a debatir. Estamos hablando de personas que perdieron condiciones concretas para trabajar dentro de la academia.

En 2024, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión registró más de 2.000 detenciones en campus universitarios estadounidenses durante las protestas relacionadas con Gaza. Estudiantes y docentes fueron suspendidos, investigados, desalojados de viviendas universitarias y, en algunos casos, estudiantes extranjeros enfrentaron amenazas de deportación. El dato importa porque nos obliga a ampliar la conversación: la libertad académica no solamente está en juego cuando una institución decide qué conferencia organizar. También está en juego cuando una persona descubre que participar en una protesta puede costarle su permanencia en la universidad, su empleo o incluso su derecho a permanecer en el país.

Y mientras todo esto ocurre en universidades estadounidenses y europeas, tampoco podemos mirar hacia otro lado cuando hablamos del propio Estado de Israel. Adalah documentó 124 estudiantes palestinos sometidos a procedimientos disciplinarios en al menos 36 instituciones de educación superior israelíes por expresiones relacionadas con Gaza. Según su registro, 47 % de esos procedimientos terminaron en suspensión o expulsión, y la organización documentó además el respaldo público de autoridades israelíes a medidas contra estudiantes por sus expresiones políticas. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas también ha registrado medidas disciplinarias contra estudiantes y personal académico por expresiones vinculadas con la población palestina y con la guerra.

Entonces Koro-sensei vuelve a preguntar: ¿estamos realmente ante dos opiniones que simplemente necesitan un micrófono?

Porque una cosa es abrir un espacio de discusión y otra muy diferente es fingir que todas las personas llegan a ese espacio desde posiciones equivalentes. Una persona llega al auditorio; otra llega después de haber sido suspendida. Una tiene una invitación institucional; otra tiene un expediente disciplinario. Una puede hablar desde una plataforma; otra ha aprendido que hablar puede costarle el trabajo. Una universidad abre sus puertas; otra universidad ya no existe.

¿Y después llamamos a todo esto pluralidad?

No estamos diciendo que una universidad deba prohibir una conferencia. Precisamente al contrario. Lo que estamos preguntando es por qué la defensa de la libertad académica aparece tan rápidamente cuando se trata de proteger un espacio institucional, pero parece adquirir menos urgencia cuando hablamos de quienes han sido sancionados, despedidos, expulsados o criminalizados por hablar sobre Palestina.

La pregunta no es si alguien tiene derecho a hablar. La pregunta es qué condiciones permiten que unas personas hablen sin consecuencias y otras tengan que calcular el precio de hacerlo.

Porque ahí es donde la palabra pluralidad puede convertirse en una trampa. Dos personas pueden sentarse frente a frente en una mesa y, sin embargo, no ocupar posiciones equivalentes. Una puede hablar desde la legitimidad de un Estado; otra desde una población sometida a ocupación y destrucción. Una puede contar con instituciones que protegen su discurso; otra puede encontrarse frente a un procedimiento disciplinario. Una puede llegar con el respaldo de una organización; otra puede llegar después de perder su empleo.

La mesa puede parecer perfectamente equilibrada.

La historia que hizo posible que esas dos personas llegaran a la mesa no lo está.

Y eso es precisamente lo que la descontextualización consigue ocultar.

Aquí Koro-sensei tiene una sospecha. Quizá una Universidad puede despolitizarse incluso cuando habla constantemente de política.

Sí, lo sé. Parece un trabalenguas.

Pero mirémoslo con calma.

Un genocidio puede convertirse en una conferencia. La ocupación puede convertirse en “el conflicto”. La censura puede convertirse en “presiones externas”. La criminalización puede convertirse en “controversia”. La desigualdad de poder puede convertirse en “dos perspectivas”.

Y entonces la Universidad puede seguir haciendo algo que parece profundamente académico: organizar mesas, invitar especialistas, publicar comunicados y defender la pluralidad.

Todo perfectamente ordenado. Todo perfectamente institucional. Todo perfectamente despolitizado.

Porque el problema ya no es quién tiene poder.

El problema pasa a ser quién tiene permiso para hablar sobre el poder.

Y aquí llegamos a algo que el Observatorio quiere poner sobre la mesa: quizá no estamos solamente frente a un aparato de “discusión académica”. Estamos frente a un entramado mucho más amplio que interviene en la producción de los límites de lo que puede decirse, investigarse y enseñarse sobre Palestina.

No hace falta imaginar una oficina secreta donde alguien se sienta frente a una computadora y escriba: “Hoy construiremos consenso”. La construcción del consenso puede funcionar de maneras mucho más ordinarias. Un gobierno presiona. Una universidad investiga. Una policía entra al campus. Una administración suspende. Un empleador despide. Una organización denuncia. Un medio etiqueta. Un estudiante se autocensura. Un docente evita un tema. Una publicación deja de circular.

Y finalmente una institución abre un auditorio y dice: “Aquí tenemos dos perspectivas.”

La mesa aparece al final de un proceso que ya decidió, muchas veces, quién podía llegar hasta ella.

Por eso preferimos hablar de una industria de construcción de consenso como una lectura crítica de estos mecanismos, no como si existiera una única organización que los coordinara. Lo que existe y puede documentarse son los distintos engranajes: sanciones, despidos, arrestos, investigaciones, presiones políticas, vigilancia, restricciones y destrucción de infraestructura educativa. Lo que nos corresponde hacer es preguntarnos qué producen cuando funcionan juntos.

Y aquí aparece Israel.

La palabra equidistancia se vuelve especialmente problemática cuando se utiliza para describir un escenario en el que las posiciones no son equivalentes. No basta con mencionar a Israel una vez, reconocer su responsabilidad en el genocidio y después regresar a una conversación abstracta sobre pluralidad.

Israel no es simplemente una de las “partes” de una discusión académica. Es un Estado con un aparato militar, instituciones, capacidad diplomática y políticas que afectan directamente las condiciones de vida y las posibilidades de expresión de la población palestina. También es un Estado cuyas instituciones han intervenido sobre estudiantes y docentes que expresan solidaridad con Gaza.

Esto importa. No para impedir que personas israelíes, judías o defensoras de las políticas israelíes hablen. Importa para entender desde qué relaciones de poder se produce la conversación.

Porque si la Universidad dice que no es neutral, entonces tampoco debería presentar como neutral el contexto en el que esas voces llegan a su espacio.

No es lo mismo una crítica desde una institución poderosa que una denuncia desde una población sometida a una violencia estatal masiva. No es lo mismo defender una política de Estado que denunciar sus consecuencias desde quienes las padecen. Reconocer esa diferencia no significa cancelar el debate.

Significa hacerlo inteligible.

 

Querida Universidad, aquí aparece otra pregunta que quizá sea todavía más incómoda: ¿dónde están las universidades palestinas en esta conversación?

Porque si la libertad académica es realmente un principio universal, no debería empezar y terminar en el momento en que una universidad costarricense abre el Zoom de una conferencia.

La libertad académica también debería importarnos cuando una universidad palestina es destruida. Cuando un estudiante palestino es disciplinado por hablar. Cuando un docente pierde su trabajo. Cuando una persona es detenida. Cuando una investigación se vuelve políticamente incómoda. Cuando alguien aprende que el precio de hablar puede ser demasiado alto.

Ahí también está la Universidad.

Aunque no esté físicamente allí.

Y entonces llegamos a una paradoja que quizá merezca mucha más atención. Mientras en nuestros campus discutimos quién puede hablar sobre Gaza, en Gaza se destruyen las condiciones materiales para estudiar, investigar, enseñar y producir conocimiento. Mientras aquí defendemos el derecho de distintas posiciones a ocupar un auditorio, allí se destruyen universidades. Mientras aquí discutimos pluralidad, allá se destruyen bibliotecas, laboratorios y espacios de aprendizaje.

¿Qué significa entonces hablar de libertad académica sin hablar de la destrucción de la universidad palestina?

No queremos quitarle su puerta.

Queremos que deje de mirarla como si fuera todo el edificio.

Abra la puerta. Invite. Debata. Escuche. Confronte. Pero no nos diga que el mundo comienza cuando se abre el auditorio.

Porque antes de esa puerta hay un genocidio. Hay una población palestina sometida a una violencia devastadora. Hay universidades destruidas. Hay estudiantes sancionados. Hay docentes despedidos. Hay personas detenidas. Hay investigaciones disciplinarias. Hay policías entrando a campus. Hay instituciones que presionan. Hay discursos que criminalizan. Hay personas que se autocensuran. Y hay una enorme disputa por quién tiene derecho a producir conocimiento sobre Palestina.

Por eso, querida Universidad, la pregunta no es si queremos discusión académica.

La queremos.

La pregunta es si queremos una discusión académica que despolitice aquello que está intentando comprender.

Porque una universidad que elimina las relaciones de poder de su análisis puede parecer muy plural, pero termina siendo profundamente despolitizada.

Y una universidad despolitizada frente a un genocidio corre el riesgo de convertirse, sin quererlo, en algo mucho más cómodo que una institución crítica: un lugar donde el conflicto puede discutirse siempre que las condiciones que lo producen permanezcan fuera de la sala.

Atentamente,

Koro-sensei

Profesor temporal del Observatorio de Bienes Comunes, especialista en abrir preguntas donde las instituciones prefieren cerrar puertas.

P.D. Estimada Universidad: no se preocupe. No voy a destruir su edificio. Ya hay demasiados edificios destruidos en Gaza. Mi especialidad es otra: hacer preguntas hasta que la pared institucional empiece a mostrar sus grietas.

Referencia:

Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel. (2024). Repression of Palestinian students in Israeli universities and colleges. Adalah. https://www.adalah.org/en/content/view/11331

Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel. (2026, September 7). Apartheid in Israeli academia: Palestinian students after 7 October 2023. Adalah. https://www.adalah.org/en/content/view/11693

Khan, I. (2024). Global threats to freedom of expression arising from the conflict in Gaza (A/79/319). United Nations, Human Rights Council.

Middle East Studies Association Academic Freedom Initiative. (2026, August 20). Employment retaliation database. MESA Academic Freedom Initiative. https://afi.mesana.org/data-insight/employment-retaliation-database/

Michie, I., & Benton, A. (2025, June 7). All universities in Gaza have been destroyed. What does this mean for Palestinians? ABC News. https://www.abc.net.au/news/2025-06-07/gaza-lost-generation-of-students-academic-say/105379150

Shaheed, F. (2024). Academic freedom and expression: Navigating challenges in Gaza, Palestine, and beyond (A/HRC/56/58). United Nations, Human Rights Council.

United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel. (2025). Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel (A/HRC/59/26).

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Tierra recuperada, permanencia en riesgo

Jannia Fernández, Jimena Tercero, Monserrat Espinoza y Zuiri Méndez

TC-590 Defensa Comunitaria de Territorios

En la Finca San Andrés y Crün Shurín, Térraba, la historia de la tierra no se cuenta como un asunto del pasado. Se entrelaza con las historias de vida de quienes la habitan: está en las casas levantadas por las familias, en las parcelas que se regeneran y en las personas que participaron en los procesos de recuperación. También permanece en los conflictos que, años después, siguen marcando la vida en el territorio, escenario de una disputa por la tierra, los servicios básicos y el rol de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI).

Actualmente, el «Reglamento Interno de Acceso y Tenencia de la Tierra del territorio indígena de Térraba» impulsado desde la ADI de Térraba está en el centro de las preocupaciones de la comunidad. Este reglamento interno podría tener injerencia directa sobre quienes habitan fincas recuperadas, incluida su permanencia y posibles mecanismos de desalojo. Así quedó expuesto durante las reuniones realizadas el 5 y 6 de septiembre, cuando miembros de ambas comunidades compartieron los antecedentes del conflicto y sus preocupaciones frente a una supuesta consulta del reglamento.

Nos han dado la tierra.
Recuperamos la tierra.

La recuperación de Finca San Andrés ocurrió en 2015. Según explicaron, San Andrés había sido adquirida al igual que la finca Volcancito, por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA ahora INDER). Esta gestión se dio en el marco de regresar tierras que estaban en manos no indígenas al territorio indígena de Térraba.

De acuerdo con los participantes, está adquisición fue entregada a la ADI de Térraba, sin embargo Volcancito fue repartido en manos de personas no indígenas y que personas beneficiadas terminaron vendiendo a personas no indígenas. Por lo que según relataron, queriendo evitar que en San Andrés se repitiera la misma situación que en Volcancito y sumando la necesidad de que la tierra se entregará a personas no indígenas, fue que un grupo ingresó a la finca en 2015 para asegurar la tierra a cerca de 40 familias indígenas brörán.

En el caso de Crün Shurín, la recuperación se llevó a cabo en el 2018. Crün Shurín significa «Tierra de Venados» y fue realizada por 16 familias brörán. Según los relatos, las tierras estaban en manos de un terrateniente que se dedicaba a la ganadería extensiva. Luego de la recuperación que implicó la vivencia de múltiples violencias y amenazas, han logrado ir restaurando el espacio para que la biodiversidad se regenere.

Según las personas participantes, la ADI de Térraba no ha respetado la Base de datos creada junto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Consejo de Mayores Brörán, donde se reconocen doce troncos genealógicos pertenecientes al pueblo térraba/brörán. Señalan que la ADI tampoco ha hecho esfuerzos para regresar el territorio a manos de personas indígenas. Según Jorge Cole en el año 1976, el 88% del territorio estaba en manos de personas no indígenas (2009).

Un reglamento que podría abrir paso al despojo

Según lo expresado durante las reuniones, el «Reglamento Interno de Acceso y Tenencia de la Tierra del territorio indígena de Térraba» es impulsado desde la ADI de Térraba, cuya dirigencia, según señalaron los participantes, mantiene una continuidad de más de 30 años. Para Macedonio, Pedro y Jorge de la recuperación Crún Shurín, representa otro mecanismo institucional que podría utilizarse para expulsarles de la tierra recuperada.

Para algunos miembros de la comunidad, el problema no es únicamente la existencia del reglamento, sino el poder que podría otorgar a personas no indígenas para tomar decisiones sobre las personas y la tierra en la que habitan. También se cuestionó que una normativa interna permita medidas que afecten derechos fundamentales sin garantizar el debido proceso.

Un reglamento no es una ley y un reglamento no puede ir en contra de una ley, expresó uno de los participantes. La preocupación también se relaciona con quién tendría autoridad para aplicar esas medidas. Otro asistente lo resumió así: La asociación no puede ser juez y parte.

También se mencionó que el reglamento podría contemplar expulsiones del territorio por periodos de entre cinco y diez años, y cuestionaron que decisiones de esa magnitud puedan tomarse sin acuerdos con la comunidad.

Resaltando que el problema no radica únicamente en establecer reglas, sino en que éstas respeten la Ley Indígena y las formas propias mediante las cuales los pueblos indígenas toman sus decisiones.

La ADI y el acceso a servicios básicos como forma de presión

Pero primero, ¿Qué es una ADI?. Las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) son figuras que el Estado reconoce como agentes legales para impulsar el desarrollo de comunidades. Sin embargo, en el caso de territorios indígenas tienen una particularidad, pues la tierra es de carácter comunal. En los territorios indígenas la tierra que pertenece a cada familia no se registra en planos catastrados, más bien, lo que se reconoce en el Registro Civil es el plano catastrado de todo el territorio designado por ley para cada pueblo indígena en particular.

Por lo que, el Estado entrega una potestad a las ADIs en territorios indígenas para administrar la tierra. Esta decisión ha llevado a muchos tipos de conflictos, pues las ADIs, según señalaron integrantes de Crün Shurín y Térraba, son organizaciones impuestas sobre formas organizativas propias.

El acceso a servicios básicos fue otra de las dificultades señaladas, ya que la ADI entrega reconocimientos de identidad indígena para que puedan acceder a servicios básicos. Algunos habitantes aseguraron haber enfrentado problemas para obtener electricidad y agua potable, y otros continúan sin estos servicios porque, según mencionaron, la ADI obstaculiza su obtención. Nos están negando servicios básicos que para nosotros son funcionales, por ejemplo, poner la electricidad, manifestó uno de los participantes.

La experiencia de Ballvina muestra cómo estas dificultades para acceder a servicios básicos han tenido consecuencias directas en la vida cotidiana de las familias. Al recordar la situación con su madre, señaló que durante años permaneció sin acceso a electricidad ni agua: Nos niega la luz, durante cinco años, no se pudo poner una refri, no se pudo poner una lavadora, ni el agua, el agua siempre la trasladé desde Buenos Aires a aquí para poder tener a mi mamá, hasta que al fin ella descansó, nos cuenta.

Según explicó, su madre no pudo disfrutar de esas condiciones básicas durante el tiempo que permaneció allí.

Los testimonios coinciden al afirmar que la ADI tiene a su disposición un arsenal de herramientas de coacción con el fin de intimidar voces disidentes dentro de la comunidad: desde la promesa de tierras y bonos de vivienda a personas indígenas y no indígenas, hasta una tramitología alienante por parte del SENASA si se busca diversificar la actividad económica.

En palabras de Dixiana: La gente tiene que someterse si quiere acceder a servicios básicos.

En ese contexto, también señalan las presiones que atribuyen a la ADI y cuestionan la poca regulación que, según consideran, ejerce DINADECO (Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad) sobre las Asociaciones de Desarrollo. A esto se suma la preocupación por el distanciamiento de las autoridades respecto a la comunidad indígena.

El sentimiento entre las y los habitantes reunidos era compartido: aquel de la rabia frente a la violación de su autonomía, autogestión y cosmovisión frente a un organismo con profundas raíces coloniales establecido como régimen disciplinario de cuerpos y territorios.

Autoridades tradicionales fuera de la discusión

La pregunta sobre quién debe participar en las decisiones relacionadas con la vida comunitaria fue un hilo conductor de las conversaciones. Varias voces insistieron en la importancia del Consejo de Mayores dentro de las estructuras tradicionales de autogobierno indígena y cuestionaron la concentración de decisiones en la ADI cuando sus consecuencias afectan a las comunidades.

Uno de los mayores dijo no haber tenido acceso al reglamento: Ese reglamento no lo he visto y pertenezco al Consejo de Mayores. Yo no lo he visto, no me lo han pasado.

Para él, la discusión debía involucrar primero a los mayores. Los mayores (…) deberían primero ver eso para poder conversar con la juventud, manifestó.

Los adultos mayores sostienen la comunidad mediante la transmisión de saberes y herencia cultural; paradójicamente, un mamotreto legal como el que promueve la ADI lo que hace es dejarlos fuera de las decisiones sobre el futuro de nuestros pueblos, donde justamente ellos deberían estar en el centro de todo.

Durante las reuniones también insistieron en que cualquier organización que intervenga en estos asuntos debería respetar la Ley Indígena y las formas propias de organización comunitaria, y que las decisiones deben construirse con la participación del pueblo y mediante acuerdos.

También se cuestionan las formas de comunicación, ya que no están adaptadas a las necesidades de toda la comunidad, especialmente de las personas mayores que no saben leer. Según señalaron, esto limita su acceso a la información y dificulta un diálogo más directo entre la ADI y las personas del territorio, así como el reconocimiento de sus formas de organización y sus tradiciones.

Autogestión y autonomía para una vida digna

Pese a las dificultades, los recuperadores destacaron el trabajo de las familias para establecerse y mantener activas las tierras recuperadas. Las viviendas, las parcelas y los cultivos reflejan un proceso que, según explicaron, han construido y sostenido mediante su propio esfuerzo y aprendizaje.

Muy orgulloso de la gente de aquí, de San Andrés, no esperando que la Asociación nos dé las cosas […] nosotros podemos hacer las cosas, expresó uno de ellos.

Durante un recorrido por la parcela de Gerald, uno de los recuperadores de Finca San Andrés, fue posible observar parte de ese proceso. En un terreno antes utilizado como potrero, ha desarrollado por cuenta propia un sembradío de cacao que mantiene y amplía mientras aprende sobre su manejo. Además de su aprendizaje autodidacta, ha buscado recomendaciones sobre qué especies sembrar y cómo organizar los cultivos, entre ellas la incorporación de guaba junto al cacao.

Con el paso del tiempo, el terreno también ha recuperado parte de su cobertura vegetal: donde antes predominaba el potrero, actualmente se observan cultivos y una mayor presencia de vegetación que ha surgido naturalmente gracias a la protección de las personas indígenas. El proceso muestra cómo algunas familias no solo han ocupado las tierras recuperadas, sino que han aprendido a trabajarlas y transformarlas mediante sus propios recursos y conocimientos adquiridos en el camino.

En Crün Shurín, la autogestión también se ha expresado en la organización comunitaria. Durante la reunión, los habitantes recordaron que en la finca se han impulsado clases para recuperar palabras del idioma indígena, procesos de trabajo junto con universidades y espacios de organización colectiva, entre ellos la creación de un sindicato. También señalaron que varias familias se han establecido allí de forma permanente y que incluso han nacido niños dentro de la recuperación. Para ellos, permanecer en la tierra implica no solo habitarla, sino construir comunidad y sostener prácticas culturales y organizativas propias.

Conflictos impuestos pero salidas colectivas

Después de más de una década, en San Andrés y Crün Shurín se ven las consecuencias de la imposición de formas organizativas que no son propias de los pueblos indígenas. El reglamento, las atribuciones del Estados hacia las ADIs en territorios indígenas y las formas de la ADI de Térraba, visibiliza las herramientas de cohesión que pueden aplicar estas instancias sobre la población indígena.

Las personas participantes piden gobernar su territorio de acuerdo con sus tradiciones e ideales y continuar con procesos como el saneamiento de las tierras, la construcción de comunidad y el rescate cultural.

El reto para las comunidades de San Andrés y Crún Shurín es uno colectivo y contrarreloj, pero como susurró Doña Ballvina, ellos y ellas al ser quienes se ven directamente afectados, no pueden darse el lujo de ser pesimistas.

Galería
Copia de Copia de Copia de pedagogía de la protesta(1)

La falacia de la pluralidad: cuando dos voces no ocupan el mismo lugar

Estamos ante un genocidio en Gaza y ante una relación profundamente desigual frente al aparato político y militar israelí. En estas condiciones, poner dos posiciones en un mismo espacio no elimina las desigualdades entre ellas. La pluralidad puede abrir un lugar para distintas voces, pero no debería convertirse en una forma de dejar de reconocer las condiciones desde las que esas voces hablan ni la responsabilidad que implica presentarlas en relación.

Recibimos un comunicado en el que se plantea que es posible sostener determinados principios y, al mismo tiempo, garantizar la presencia de posiciones diferentes en un espacio de discusión. La formulación parece razonable: una institución puede defender sus principios y, a la vez, abrir espacios para el desacuerdo y la diversidad de perspectivas.

Sin embargo, precisamente ahí aparece una pregunta que merece ser discutida: ¿es suficiente con mantener formalmente los principios y ofrecer un espacio a posiciones diferentes para considerar cumplida la responsabilidad institucional?

El problema no está en que existan posiciones distintas ni en que estas puedan expresarse. Tampoco en la necesidad de construir espacios donde el desacuerdo pueda ser escuchado. El problema aparece cuando una concepción ingenua de la pluralidad permite separar la participación de las condiciones en las que esta ocurre y, con ello, eximirnos de la responsabilidad de reconocer las desigualdades que atraviesan esas posiciones y que pueden terminar siendo legitimadas por el propio espacio.

Dicho de otra manera: podemos sostener nuestros principios, abrir el micrófono y escuchar distintas voces. Pero eso no significa que hayamos agotado nuestra responsabilidad.

La pluralidad no ocurre en el vacío

Ninguna voz llega al espacio público desde un lugar completamente neutral. Las personas, organizaciones e instituciones participan desde posiciones sociales, históricas y políticas diferentes. Algunas cuentan con mayores recursos, reconocimiento, redes, capacidad de incidencia o acceso institucional. Otras deben construir desde cero las condiciones para ser escuchadas.

Por eso, el número de voces presentes no nos dice necesariamente cómo está distribuido el poder entre ellas. Dos personas pueden compartir el mismo escenario y disponer del mismo tiempo de exposición, pero tener capacidades muy distintas para hacer circular sus argumentos antes y después de ese momento. Una puede contar con una estructura institucional que amplifique su voz, mientras otra depende de redes comunitarias, esfuerzos colectivos o espacios ocasionales para alcanzar una audiencia similar.

El micrófono puede ser el mismo. Las condiciones para llegar hasta él no necesariamente lo son.

Reconocer esta diferencia no significa impedir la participación de determinadas posiciones. Significa asumir que el hecho de darles espacio no elimina las relaciones sociales, históricas y políticas que existen alrededor de ellas.

Y aquí aparece una pregunta fundamental: ¿qué responsabilidad conserva una institución frente a las desigualdades que atraviesan las posiciones que decide poner en diálogo? La respuesta no puede agotarse en decir que todas tuvieron la posibilidad de hablar.

La igualdad del formato no elimina la desigualdad

Una forma habitual de imaginar la pluralidad consiste en distribuir el espacio de manera proporcional: una posición habla, luego otra; una perspectiva expone, luego aparece su contraparte. El procedimiento puede parecer justo porque el formato permite que diferentes posiciones tengan presencia.

Pero la igualdad del formato no elimina las desigualdades que existen fuera de él.

Podemos distribuir el tiempo por partes iguales y seguir teniendo una relación desigual de poder. Podemos colocar dos voces frente a frente y dejar intactas las condiciones que hacen que una tenga mayor capacidad para instalar temas, conseguir reconocimiento, acceder a instituciones o mantener una presencia pública.

La igualdad formal puede ser importante, pero no es suficiente para comprender la desigualdad real. El problema, entonces, no es que el formato sea plural. El problema aparece cuando el formato plural se utiliza como evidencia de que la responsabilidad ya fue cumplida, sin examinar qué ocurre con las desigualdades que ese formato no modifica.

La falacia de «dos lados»

Llamemos, provisionalmente, falacia de la pluralidad a esta operación: asumir que cuando conseguimos reunir dos posiciones diferentes hemos producido automáticamente las condiciones suficientes para un debate plural.

El problema no está en que existan dos posiciones ni en que ambas puedan ser escuchadas. El problema aparece cuando el número de voces se convierte en una medida suficiente de pluralidad y se deja de mirar aquello que precede y rodea al encuentro.

La pluralidad no se puede contar únicamente. También requiere observar desde dónde se habla, con qué recursos, con qué reconocimiento y con qué capacidad de incidencia. Una voz puede disponer de canales institucionales permanentes, recursos profesionales y posibilidades de interlocución que otra no posee. Otra puede construir su presencia a partir de redes sociales, organizaciones comunitarias, movimientos colectivos o esfuerzos voluntarios.

Cuando estas diferencias desaparecen detrás de la fórmula “dos lados”, la pluralidad puede terminar ocultando aquello que pretendía mostrar.

Pero existe aquí un segundo problema. Si aceptamos que basta con garantizar la presencia de dos posiciones diferentes, podemos terminar trasladando toda la responsabilidad al acto de participación: “ambas voces fueron escuchadas”. A partir de ahí, las desigualdades que existen entre ellas parecen convertirse en un asunto externo al espacio.

Y no necesariamente lo son.

La mesa no borra la estructura que existe alrededor de ella

Pensemos en cualquier discusión pública. Una institución gubernamental y una organización comunitaria pueden ser invitadas al mismo foro. Una empresa y un colectivo vecinal pueden recibir el mismo tiempo de exposición. Dos organizaciones sociales pueden sentarse frente a frente.

Formalmente, existe pluralidad.

Pero las condiciones de partida pueden ser muy diferentes. Una organización puede disponer de equipos profesionales, recursos económicos, asesorías jurídicas, canales institucionales y presencia permanente en los medios. La otra puede sostener su trabajo mediante voluntariado, redes comunitarias y esfuerzos colectivos.

No hay contradicción en que ambas tengan derecho a participar. Lo que merece ser discutido es la idea de que colocarlas en la misma mesa elimina esas diferencias.

La mesa no borra la estructura que existe alrededor de ella.

Y tampoco debería permitirnos olvidar que toda decisión de organizar un espacio produce determinados efectos de reconocimiento. Al seleccionar qué posiciones entran en conversación y bajo qué condiciones, no solamente estamos facilitando que hablen: también estamos contribuyendo a definir cuáles posiciones aparecen como interlocutoras legítimas dentro de ese espacio.

Por eso, la responsabilidad no consiste únicamente en garantizar diversidad de voces. También implica preguntarse qué desigualdades estamos haciendo visibles, cuáles estamos dejando fuera y cuáles podríamos estar normalizando al presentar determinadas posiciones como equivalentes.

“Pluralidad sin renuncia a los principios”

En este punto cobra especial importancia la formulación “pluralidad sin renuncia a los principios”.

El problema no está en defender que una institución pueda mantener sus principios mientras abre espacios a distintas posiciones. Eso es perfectamente posible.

La cuestión es otra: mantener los principios no necesariamente nos exime de asumir la responsabilidad sobre las desigualdades que pueden ser reproducidas o legitimadas mediante una determinada práctica de pluralidad.

Es posible afirmar que no se renuncia a los principios y, simultáneamente, construir un espacio bajo una concepción ingenua de la pluralidad. Es posible garantizar que diferentes posiciones sean escuchadas y, al mismo tiempo, evitar preguntarse por las relaciones de poder que atraviesan esas posiciones. Es posible defender formalmente determinados valores y, a la vez, presentar como equivalentes realidades profundamente desiguales.

Ahí se encuentra la tensión que nos interesa señalar. La pluralidad no necesariamente nos libera de responsabilidad por el hecho de ser plural.

Más bien, puede ocurrir lo contrario: cuanto más importante es para una institución garantizar espacios plurales, mayor es la responsabilidad de preguntarse qué efectos produce esa apertura y qué formas de desigualdad pueden quedar naturalizadas bajo su cobertura.

Escuchar no es lo mismo que reconocer

Aquí aparece otra dimensión del problema. Una voz puede ser escuchada sin que necesariamente sea reconocida como una fuente legítima de conocimiento.

Podemos permitir que alguien hable y, al mismo tiempo, interpretar su experiencia desde categorías construidas por quienes históricamente han tenido mayor capacidad para definir los problemas. Podemos abrir un micrófono sin preguntarnos qué experiencias quedan fuera de las categorías con las que estamos pensando.

Esta cuestión nos conduce al trabajo de Miranda Fricker sobre la injusticia epistémica.

En Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing (2007), Fricker examina la relación entre poder y conocimiento. Su propuesta permite observar que nuestras prácticas de conocer y reconocer a otras personas no están separadas de las relaciones sociales en las que vivimos.

Uno de sus conceptos centrales es la injusticia testimonial, referida a situaciones en las que los prejuicios pueden producir un déficit injustificado de credibilidad hacia quien habla. Otro es la injusticia hermenéutica, relacionada con las dificultades que aparecen cuando determinadas experiencias sociales no cuentan con recursos interpretativos suficientes para ser comprendidas y comunicadas dentro de los marcos compartidos.

Estas categorías ofrecen una herramienta para pensar la pluralidad desde otro lugar. La pregunta ya no es solamente quién tiene permiso para hablar, sino también qué condiciones permiten que una voz sea considerada creíble, qué experiencias pueden ser comprendidas y qué conocimientos aparecen como legítimos.

La pluralidad puede ser formalmente amplia y, al mismo tiempo, epistemológicamente estrecha.

La ingenuidad de pensar que basta con dar espacio

Aquí aparece la idea que queremos problematizar: una concepción ingenua de la pluralidad.

Es ingenua no porque defender espacios de diálogo sea ingenuo. Al contrario, escuchar posiciones diferentes es una condición importante para la vida democrática. La ingenuidad aparece cuando suponemos que dar espacio equivale a asumir responsabilidad sobre las condiciones y desigualdades que atraviesan ese espacio.

Como si sentar a dos personas en una mesa fuera suficiente para cumplir con la pluralidad. Como si distribuir el mismo tiempo hiciera innecesario reconocer las diferencias históricas de recursos. Como si permitir una réplica hiciera desaparecer las desigualdades institucionales. Como si la presencia de una posición alternativa bastara para que ninguna otra consideración sobre el poder resultara necesaria.

De esta manera, la pluralidad puede convertirse en una forma de desresponsabilización.

Se abre el espacio, se escuchan las voces y, una vez cumplido ese procedimiento, la institución puede presentarse como neutral frente a las desigualdades que atraviesan la conversación.

Pero las desigualdades no desaparecen porque hayamos decidido no mirarlas.

Y más aún: cuando una práctica institucional presenta como equivalentes posiciones que parten de condiciones desiguales, puede contribuir a normalizar esa desigualdad. No necesariamente porque exista una intención explícita de hacerlo, sino porque el formato puede desplazar la atención desde las condiciones estructurales hacia la simple presencia de las voces.

Más voces no siempre significa más comprensión

Una discusión puede incorporar cada vez más voces y, sin embargo, mantener intacto el marco desde el cual se interpreta el problema.

Podemos ampliar el número de participantes sin ampliar realmente las preguntas. Podemos multiplicar opiniones sin cuestionar las categorías que organizan esas opiniones. Podemos tener desacuerdo sin tener comprensión.

Esta distinción resulta fundamental: pluralidad de voces y pluralidad de conocimientos no son necesariamente lo mismo.

La primera se refiere a quién está presente en la conversación. La segunda nos obliga a pensar qué podemos llegar a comprender gracias a esa presencia y si las experiencias incorporadas tienen capacidad real para transformar los marcos desde los cuales interpretamos la realidad.

Una discusión puede ser muy plural en términos de participantes y continuar siendo limitada en términos de conocimiento. Puede reunir posiciones diferentes y mantener intacta una determinada manera de definir el problema. Puede ofrecer diversidad en el escenario mientras reproduce homogeneidad en las categorías utilizadas para interpretar aquello que ocurre.

Por eso, ampliar la pluralidad también significa ampliar nuestra capacidad colectiva para cuestionar los marcos que damos por sentados.

Una pluralidad menos ingenua

Problematizar esta concepción de la pluralidad no significa abandonar el diálogo ni cuestionar el derecho de las personas a expresar posiciones diferentes. Significa tomar la pluralidad más en serio.

Una pluralidad democrática no debería limitarse a garantizar que diferentes personas puedan hablar. También debería permitir reconocer las desigualdades que atraviesan esas voces y preguntarse por los efectos de ponerlas en diálogo bajo determinadas condiciones.

Esto supone pasar de una idea aritmética de la pluralidad —una voz frente a otra, un lado frente a otro— hacia una comprensión más compleja. No se trata solamente de sumar voces, sino de ampliar nuestra capacidad colectiva para escuchar, comprender, cuestionar y producir conocimiento.

En este sentido, el comunicado que recibimos puede ser leído como una oportunidad para abrir una discusión más amplia. La afirmación de que es posible sostener los principios y, al mismo tiempo, garantizar la pluralidad no debería cerrar la discusión sobre la responsabilidad institucional. Al contrario, debería llevarnos a preguntar qué significa sostener esos principios cuando las posiciones que entran en diálogo están atravesadas por desigualdades que no desaparecen al compartir un mismo espacio.

Porque el desafío no consiste únicamente en permitir que dos voces hablen.

Consiste también en preguntarnos qué estamos haciendo cuando las ponemos en relación, qué desigualdades reconocemos, cuáles dejamos intactas y cuáles corremos el riesgo de legitimar al presentar su encuentro como suficiente evidencia de pluralidad.

Porque dos voces pueden ocupar el mismo escenario sin ocupar el mismo lugar.

Y reconocer esa diferencia no debilita la pluralidad. Nos obliga, más bien, a asumirla con mayor responsabilidad.

La pluralidad no debería ser una forma de eximirse de la desigualdad. Debería ser una oportunidad para reconocerla, problematizarla y evitar que su existencia quede legitimada simplemente porque todas las voces tuvieron un espacio para hablar.

Cuando escuchar no basta: las herramientas de la injusticia epistémica

La discusión sobre la pluralidad no termina cuando conseguimos poner distintas voces frente a un mismo micrófono. También necesitamos preguntarnos qué condiciones hacen posible que una voz sea escuchada, creída, reconocida y capaz de producir conocimiento en el espacio público.

El trabajo de la filósofa Miranda Fricker resulta útil para profundizar esta pregunta. En Epistemic Injustice (2007), Fricker muestra que las relaciones de poder también atraviesan nuestras prácticas de conocimiento: pueden afectar quién recibe credibilidad, quién logra hacer inteligible su experiencia y quién es reconocido como sujeto capaz de conocer.

Sus conceptos permiten desplazar la mirada desde el simple conteo de voces hacia las condiciones sociales que acompañan esas voces. La siguiente matriz recoge algunos de sus principales aportes y los propone como herramientas para leer críticamente situaciones en las que la aparente pluralidad puede coexistir con profundas desigualdades de poder.

Concepto / aporteDefinición o idea central según FrickerUtilidad para interpretar y analizar críticamente
Injusticia epistémicaGénero de injusticia que afecta a una persona específicamente en su capacidad como sujeto de conocimiento. Fricker distingue entre injusticia testimonial e injusticia hermenéutica.Permite identificar desigualdades que no son únicamente materiales o políticas, sino que afectan quién puede ser reconocido como sujeto de conocimiento y cómo sus experiencias pueden ser comprendidas.
Injusticia testimonialSe produce cuando un prejuicio del oyente conduce a otorgar al hablante un nivel de credibilidad inferior al que merece.Permite analizar situaciones en las que una voz es desacreditada no por la calidad de sus razones, sino por prejuicios asociados con quien habla.
Déficit de credibilidad por prejuicio identitarioEl déficit de credibilidad surge cuando un prejuicio relacionado con la identidad social del hablante interviene en la valoración de su testimonio.Ayuda a distinguir entre errores ordinarios de valoración y formas de injusticia epistémica vinculadas con desigualdades sociales.
Injusticia testimonial sistemáticaForma de injusticia testimonial vinculada con prejuicios que afectan al sujeto en diferentes dimensiones de su vida social, como la económica, política o jurídica.Permite analizar cómo una desventaja en el reconocimiento de una voz forma parte de patrones más amplios de desigualdad social.
Injusticia testimonial incidentalInjusticia testimonial localizada en una situación particular y que no necesariamente se encuentra conectada con otras formas de desigualdad social.Permite diferenciar una experiencia concreta de descrédito de aquellas formas de injusticia que forman parte de relaciones sociales más amplias y persistentes.
Prejuicio identitarioPrejuicio asociado con el tipo social al que se atribuye una persona. Puede operar de manera positiva o negativa y afectar la valoración de su credibilidad.Permite examinar si la evaluación de una voz está influida por concepciones sociales previas acerca del tipo de persona que habla.
Poder socialCapacidad socialmente situada de controlar las acciones de otras personas. Puede ejercerse de manera agencial o mediante estructuras que producen efectos sin depender de una acción individual directa.Permite analizar desigualdades que no pueden explicarse únicamente por decisiones individuales, sino por estructuras que condicionan las posibilidades de participación e incidencia.
Poder identitarioForma de poder social que depende de concepciones compartidas sobre las identidades sociales y que opera, entre otros medios, a través de imaginarios y discursos.Ayuda a comprender cómo las representaciones sociales de determinados grupos pueden afectar su credibilidad, reconocimiento y participación pública.
Economía de la credibilidadDistribución socialmente desigual de la credibilidad, en la que prejuicios y estereotipos pueden hacer que algunas personas reciban sistemáticamente más o menos credibilidad que otras.Ofrece un marco para analizar cómo se distribuye la autoridad epistémica dentro de un debate, institución o espacio público.
Estereotipos como heurísticosLos estereotipos pueden funcionar como recursos espontáneos para orientar los juicios sobre otras personas. El problema surge cuando esos procesos incorporan prejuicios que afectan injustamente la valoración de su credibilidad.Permite comprender algunos mecanismos mediante los cuales determinados hablantes son considerados espontáneamente más o menos creíbles.
Injusticia hermenéuticaSe produce cuando una laguna en los recursos interpretativos colectivos coloca a una persona en una situación de desventaja para comprender o comunicar una experiencia social significativa.Permite analizar situaciones en las que una experiencia de desigualdad resulta difícil de nombrar, comunicar o comprender porque los recursos interpretativos disponibles son insuficientes.
Marginalización hermenéuticaParticipación desigual de distintos grupos en las prácticas sociales mediante las cuales se producen y transforman los significados colectivos.Permite preguntar quién participa en la construcción de los conceptos y marcos interpretativos con los que una sociedad comprende determinadas experiencias.
Virtud de justicia testimonialDisposición intelectual y ética que permite al oyente identificar y corregir la influencia de prejuicios en sus juicios sobre la credibilidad de quien habla.Ofrece un criterio para analizar la responsabilidad de quien escucha y su capacidad para revisar críticamente sus propios juicios de credibilidad.
Virtud de justicia hermenéuticaSensibilidad reflexiva ante situaciones en las que una persona encuentra dificultades para hacer inteligible su experiencia debido a una carencia de recursos hermenéuticos colectivos.Permite considerar que una dificultad para comprender un testimonio puede estar relacionada con condiciones sociales de interpretación y no necesariamente con una deficiencia del hablante.
Objetivación epistémicaLa injusticia testimonial puede implicar una exclusión de la persona de la práctica misma de conocimiento: deja de ser reconocida como sujeto epistémico y es tratada, en cierto sentido, como objeto de conocimiento.Permite analizar situaciones en las que el problema no consiste solamente en impedir que alguien hable, sino en negar su condición de sujeto capaz de producir conocimiento.
Dimensión política de la injusticia epistémicaLas virtudes individuales pueden contribuir a enfrentar la injusticia epistémica, pero resultan insuficientes cuando esta se encuentra sostenida por estructuras sociales de poder.Permite evitar una lectura exclusivamente individual del problema y dirigir la atención hacia las condiciones institucionales y sociales que producen y reproducen desigualdades epistémicas.
Del análisis de la justicia al análisis de la injusticiaFricker propone partir de experiencias concretas de injusticia para comprender las condiciones que debería reunir una práctica epistémica justa.Ofrece una estrategia de análisis: observar primero dónde y cómo se produce el daño epistémico para identificar posteriormente las condiciones necesarias para relaciones más justas de conocimiento.
Referencia

Fricker, Miranda (2007). Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing. Oxford University Press.

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¿Adoctrinamos con el FEES?

Hay preguntas que llegan con respuesta incluida. “¿Adoctrinan en la Universidad Pública?” parece ser una de ellas. Pero en el Observatorio de Bienes Comunes decidimos hacer algo un poco más complicado: en vez de responder, salimos a preguntar.

Porque, si vamos a hablar de educación, quizá también tengamos que estar dispuestos a que nos sorprendan las respuestas.

En una de nuestras giras, David Menjívar, defensor ambiental y habitante de la comunidad de Birmania en Upala, conversó con Andrea Espinoza, estudiante universitaria. No había una clase convencional, ni una pizarra, ni una presentación de PowerPoint. Había una conversación entre personas con trayectorias diferentes, preguntas, experiencias y saberes construidos desde lugares distintos.

Y entonces volvió la pregunta: ¿esto es adoctrinamiento?

La sospecha de que conversar también puede ser adoctrinar

En el Observatorio nos hemos encontrado con una idea que aparece cada vez que hablamos de estas experiencias: que llevar estudiantes a comunidades, conversar con personas defensoras de los territorios o acercarse a distintas problemáticas sociales podría ser una forma de “adoctrinamiento”.

No queremos resolver aquí, de una vez y para siempre, si esa afirmación es correcta o incorrecta. Nos interesa más hacer algo que quizá resulte menos cómodo: mirar qué pasa realmente cuando ocurre el encuentro.

Por eso fuimos a preguntar ¿Qué aprende una estudiante cuando conversa con una persona que ha construido buena parte de sus conocimientos a partir de su propia experiencia comunitaria? ¿Qué sucede cuando una problemática deja de aparecer como un dato, una cifra o un concepto y adquiere un nombre, una historia, un territorio y una trayectoria de vida? ¿Qué ocurre cuando los saberes que habitualmente no aparecen en los programas de estudio entran en conversación con los conocimientos universitarios?

Quizá ahí haya algo que observar antes de ponerle una etiqueta.

Una vida no cabe en una estadística

Las comunidades suelen aparecer en los documentos institucionales de maneras bastante ordenadas: población, territorio, actividad económica, problemática ambiental, cantidad de personas afectadas. Pero una gira permite que esa comunidad aparezca de otra manera.

Aparecen las historias. Los recorridos. Las decisiones tomadas durante años. Las preocupaciones cotidianas. Las formas de organizarse. Los conflictos. Los aprendizajes. También aparecen las contradicciones y las preguntas que no tienen una respuesta sencilla.

La experiencia de una persona de comunidad no sustituye los contenidos formales ni pretende convertirse en una nueva autoridad incuestionable. Lo que hace es algo diferente: permite ampliar la mirada sobre aquello que estamos estudiando.

David no llega a la conversación solamente como alguien que “cuenta un caso”. Su trayectoria constituye un saber. Un saber construido caminando el territorio, enfrentando situaciones concretas, conversando con otras personas y participando en procesos comunitarios. Y reconocer eso también es parte del aprendizaje.

¿Quién aprende de quién?

Aquí aparece una pequeña complicación para la idea del adoctrinamiento.

Si una persona estudiante llega a una comunidad, escucha una experiencia, formula preguntas y encuentra respuestas que quizá no había considerado, ciertamente está aprendiendo.

Pero el aprendizaje tampoco termina ahí. Las personas de comunidad también pueden verse interpeladas por las preguntas de quienes llegan desde otros espacios. Al explicar su experiencia, pueden ordenar recuerdos, revisar ideas, ampliar reflexiones o descubrir nuevas preguntas sobre aquello que han vivido.

No se trata entonces de una transferencia de conocimiento en una sola dirección: alguien sabe y alguien aprende.

El encuentro puede producir un aprendizaje de doble vía. Y quizá ahí esté una de las dimensiones más interesantes de estas experiencias: los saberes no aparecen como objetos que una institución posee y entrega, sino como construcciones que pueden encontrarse, contrastarse y enriquecerse cuando distintas personas ponen en común sus experiencias.

Cuando el aula decide salir a caminar

También está la cuestión del lugar. La educación suele imaginarse dentro de determinados espacios: un aula, una universidad, una biblioteca, un laboratorio. Pero aprender también puede ocurrir caminando, visitando una comunidad, escuchando una historia o intentando comprender cómo una problemática se vive desde otro lugar.

La visita puede convertirse en un hecho educativo precisamente porque desplaza la educación de sus espacios habituales. No significa abandonar los contenidos, sino ponerlos en movimiento.

Una problemática ambiental estudiada desde un libro puede adquirir otras dimensiones cuando se escucha a quienes han convivido con ella. Una discusión sobre territorio puede cambiar cuando se reconoce que ese territorio no es solamente una superficie delimitada en un mapa, sino un espacio donde las personas construyen sus vidas. Una conversación sobre participación puede adquirir otro significado cuando se escucha a quienes llevan años intentando organizarse para defender aquello que consideran común.

El territorio no reemplaza al aula. Pero puede hacerle preguntas.

Entonces, ¿adoctrinamos?

Después de hacer la pregunta, no salimos corriendo a buscar una respuesta definitiva.

Tal vez porque el propio encuentro nos dejó otras preguntas.

¿Es adoctrinamiento reconocer que existen saberes construidos fuera de la universidad? ¿Es adoctrinamiento escuchar experiencias que contradicen nuestras propias certezas? ¿Es adoctrinamiento poner en conversación conocimientos diferentes y permitir que quienes participan formulen sus propias preguntas? ¿O será que parte del problema está en imaginar que aprender consiste únicamente en recibir contenidos previamente organizados?

No pretendemos resolver estas preguntas por decreto. Mucho menos desde el Observatorio.

Preferimos seguir preguntando. Porque si algo hemos aprendido en estas experiencias es que educar también puede significar encontrarse con aquello que no sabíamos que íbamos a encontrar.

Y eso puede ser bastante incómodo para cualquiera que espere que la educación funcione como una máquina de respuestas.

Una conversación, no una receta

La conversación entre David y Andrea no pretende representar todas las experiencias comunitarias ni todas las experiencias estudiantiles. Es un encuentro particular, entre personas particulares, en un momento particular.

Precisamente por eso nos interesa. Porque permite mirar la educación desde las trayectorias concretas de quienes participan en ella.

Las personas no llegan vacías a estos encuentros. Llegan con historias, conocimientos, dudas, experiencias y condiciones de vida distintas. Reconocerlo permite comprender que la construcción de saberes también ocurre cuando esas experiencias entran en relación.

Y allí aparece una dimensión política de la educación que no necesita convertir la conversación en una receta: reconocer a las personas como sujetos capaces de interpretar sus realidades, construir conocimientos y participar en la transformación de aquello que viven.

Quizá por eso seguimos saliendo de gira. No porque tengamos todas las respuestas. Sino porque todavía tenemos demasiadas preguntas.

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¿Hasta dónde podemos cavar un río sin cambiarlo?

Las consecuencias de profundizar y ampliar el cauce de un río.

Cuando hablamos de extracción de material en un río, solemos preguntarnos cuánto material se retira: piedras, arena, grava u otros sedimentos. Pero hay otra pregunta fundamental: ¿qué pasa con el río cuando para extraer ese material necesitamos profundizar y ampliar su cauce?

La diferencia es importante. Cuando la extracción modifica de manera significativa el fondo y las márgenes, ya no se trata solamente de sacar material: estamos interviniendo la forma en que funciona el río.

Un río no es simplemente un lugar por donde pasa el agua. Su profundidad, ancho, fondo y márgenes se han construido y transformado mediante el movimiento del agua y los sedimentos, junto con la vegetación y los organismos que lo habitan. Las piedras, arenas y gravas tampoco están simplemente «de más»: se movilizan, se depositan y participan en la formación de pozas, rápidos, acumulaciones y diferentes ambientes dentro del cauce.

Por eso, un río no funciona como una cantera a cielo abierto por la que simplemente pasa agua.

¿Qué pasa cuando profundizamos el cauce?

Profundizar significa retirar material del fondo para hacerlo más hondo. Aunque pueda parecer que así simplemente se crea más espacio para el agua, la profundidad del cauce está relacionada con la velocidad y distribución de la corriente, el transporte de sedimentos y la estabilidad de las márgenes.

Cuando se baja artificialmente el fondo, estas relaciones cambian. El agua puede encontrar nuevas condiciones para erosionarlo y también para erosionar las orillas. Si se ha retirado más material del que el sistema puede reponer, el río puede comenzar a movilizar sedimentos desde otros sectores para compensar esa pérdida.

Dicho de manera sencilla: sacar material de un sitio puede hacer que el río busque material en otros sitios.

Por eso, una extracción localizada puede producir cambios aguas arriba, aguas abajo o en las propias márgenes. El problema no necesariamente termina donde termina la maquinaria.

¿Y qué ocurre cuando además ampliamos el cauce?

Ampliar el cauce significa modificar lateralmente el espacio por donde circula el agua: retirar material de las márgenes, desplazar las orillas o transformar sectores que antes tenían otra forma.

Las orillas no son simplemente el límite entre el agua y la tierra. Allí se encuentran raíces, vegetación, materia orgánica, sedimentos y organismos que también contribuyen a regular cómo se mueve el agua y cómo se distribuye su energía.

Cuando estas estructuras son eliminadas o transformadas, pueden cambiar la corriente, los lugares donde se acumulan los sedimentos y las condiciones de las márgenes. También pueden desaparecer o modificarse pozas, sectores de corriente rápida, acumulaciones de grava y otros espacios utilizados por distintas especies.

Profundizar y ampliar un cauce significa, en conjunto, modificar la geometría del río.

Y cuando cambia la geometría, cambia también la manera en que el agua y los sedimentos se mueven.

La presión por encontrar «la parte buena»

Hay una situación que ayuda a comprender esta dinámica. Si el material que se busca tiene determinadas características o un mayor valor comercial, puede ser necesario remover primero las capas que se encuentran encima.

Entonces la extracción puede no detenerse al retirar el material superficial. Si para encontrar «la parte buena» hay que seguir excavando, aparece una presión para profundizar cada vez más el cauce.

Aquí se enfrentan dos maneras de mirar el río.: Una lo entiende como un depósito de materiales que deben retirarse hasta encontrar aquello que tiene valor. La otra lo entiende como un sistema vivo, donde cada capa del fondo participa en su funcionamiento.

La pregunta deja de ser únicamente: ¿Cuánto material todavía se puede sacar? Y pasa a ser: ¿Qué ocurre con el río cuando para sacar ese material tenemos que cambiar su profundidad y su ancho?

Un río también necesita su material

Las piedras, arenas y gravas del fondo forman parte de la dinámica del río. Las crecidas las movilizan y las depositan nuevamente en otros sectores. Cuando la extracción supera la capacidad del sistema para reponer esos materiales, puede producirse un desequilibrio que favorezca la erosión del fondo, la modificación de las márgenes y la redistribución de sedimentos.

El río continúa transportando agua y sedimentos después de que las máquinas se retiran. Lo que cambia es el punto de partida desde el cual continúa haciendo su trabajo.

Por eso, observar la extracción implica mirar más allá del lugar donde entra la maquinaria: ¿qué profundidad alcanza?, ¿cuánto se ha ampliado el cauce?, ¿qué ocurre con las márgenes?, ¿cómo se mueve el sedimento después de la intervención?, ¿qué cambios aparecen aguas arriba y aguas abajo?

¿Y qué pasa con el agua que se infiltra?

Cuando se modifica profundamente el fondo de un río, también puede cambiar la relación entre el agua que vemos correr y el agua que se encuentra debajo del suelo.

El fondo del río no es una superficie impermeable. El agua puede moverse entre los sedimentos y el subsuelo, y en determinadas condiciones una parte del agua del río puede infiltrarse hacia capas subterráneas. También puede ocurrir el proceso contrario: el agua almacenada bajo tierra puede regresar al río y contribuir a mantener su caudal, especialmente durante los períodos en que llueve menos.

Cuando se extraen grandes cantidades de arena, grava y piedras, y se profundiza o limpia intensivamente el fondo, estas relaciones pueden modificarse. Al cambiar la profundidad y las características de los materiales que forman el lecho, también cambian las condiciones en las que el agua circula entre el río y el subsuelo.

Esto es importante porque el agua que entra al suelo no desaparece del ciclo del agua. Puede almacenarse temporalmente bajo tierra, desplazarse hacia otros lugares y, dependiendo de las condiciones, volver a aparecer en nacientes, quebradas o en el propio río.

Por eso, intervenir el cauce también significa intervenir una parte del camino que sigue el agua.

El problema es que no siempre podemos observar estos cambios a simple vista. Una excavación puede verse únicamente como un fondo más profundo o un cauce más amplio, mientras que debajo de esa superficie pueden estar cambiando los intercambios entre el agua superficial y el agua subterránea.

Y aquí aparece una pregunta que suele quedar fuera cuando hablamos de extracción: ¿Qué pasa con el agua que ya no se mueve por el río de la misma manera que antes?

El ciclo del agua también pasa por el río

La lluvia que cae sobre un territorio puede tomar diferentes caminos. Una parte corre por la superficie, otra se infiltra en el suelo, otra es utilizada por las plantas y otra puede almacenarse temporalmente en depósitos de agua subterránea. Los ríos conectan muchos de estos procesos.

Por eso, cuando cambia la forma del cauce, no estamos modificando solamente el lugar por donde circula el agua. Podemos estar modificando la velocidad con que se mueve, los lugares donde se almacena temporalmente, la relación con el subsuelo y la forma en que el agua vuelve a circular por el territorio.

Esto también ayuda a entender por qué las consecuencias de una extracción pueden aparecer mucho después y lejos del punto donde se realizó.

Una modificación del fondo puede favorecer procesos de erosión, cambiar la distribución de los sedimentos y alterar la relación del río con sus márgenes y con el subsuelo. Y todos estos procesos están conectados con la manera en que el territorio recibe, mueve, almacena y devuelve el agua.

El río, entonces, no es solamente un canal que lleva agua de un lugar a otro. También forma parte de la infraestructura natural mediante la cual el territorio regula el movimiento del agua.

Por eso, cuando preguntamos cuánto material podemos extraer, también deberíamos preguntarnos: ¿Qué transformaciones estamos provocando en el camino que sigue el agua?

¿Qué pasa con las actividades de las comunidades?

El río tampoco es solamente un sistema físico o ecológico. Es parte de la vida cotidiana de las comunidades.

Un río puede ser espacio de recreación, encuentro y descanso; un lugar para bañarse, nadar, pescar y compartir en familia; un espacio vinculado al turismo local y a actividades como cabalgatas u otras formas de disfrute del territorio. También puede utilizarse como abrevadero para animales y estar relacionado con actividades productivas y cotidianas.

Estas posibilidades dependen de determinadas condiciones del río.

Una poza que desaparece, una corriente que cambia, una orilla que se vuelve inestable o un sector que modifica su profundidad pueden parecer cambios menores desde la perspectiva de quien extrae material. Para quienes utilizan ese espacio, pueden significar la pérdida o transformación de un lugar construido y disfrutado durante años.

Por eso, no se trata solamente de preguntarnos qué material sale del río, sino también: ¿Qué usos y posibilidades permanecen en el río después de que ese material sale?

El río que queda

Hablar de extracción en un río implica mirar el proceso completo: cuánto material se retira, de dónde, qué profundidad alcanza la extracción, cuánto se modifica el ancho del cauce, qué ocurre con las márgenes y cómo responde el río después. Pero también implica mirar aquello que muchas veces queda fuera de las discusiones técnicas: los usos y relaciones que las comunidades han construido alrededor del río.

Porque un río no es solamente agua ni una reserva de materiales. Es también un espacio de vida, recreación, trabajo, encuentro y relación con el territorio. La discusión sobre la extracción, entonces, no termina cuando el material sale en un camión. También tenemos que mirar el río que queda.

Cuando “arrecostar” el río también transforma su cauce

En este video, una persona vecina comparte imágenes de los trabajos que se están realizando para “arrecostar” el río, modificando y acercando sus márgenes. Estas intervenciones pueden parecer puntuales, pero adquieren otra dimensión cuando ocurren en un río que ya está siendo excavado y sometido a una extracción intensiva de materiales.

Profundizar el fondo, ampliar o modificar las márgenes y remover sedimentos no son acciones independientes: juntas pueden transformar la forma del cauce, la circulación del agua, el movimiento de los sedimentos y la relación del río con sus orillas y el subsuelo.

Las imágenes nos invitan a mirar más allá de la maquinaria y preguntarnos: ¿qué río estamos construyendo con cada una de estas intervenciones?

Posterior a la intervención
This monument near Tinglayan in Kalinga province. Philippines, commemorates three tribal leaders killed during resistance to the Chico River dam project in the 1980s.

¿Qué precio tiene defender la naturaleza? 124 personas defensoras asesinadas en 2025 ¿qué señales no estamos viendo?

Una lectura del informe de Global Witness sobre la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente

Pueden descargar el informe completo aquí

¿Qué ocurre antes de que una amenaza se convierta en un ataque? ¿Cómo reconocer que un conflicto territorial está cambiando de escala? ¿Qué sucede cuando una comunidad empieza a ser presentada como un obstáculo, una organización como una amenaza o una persona defensora como alguien que debe ser silenciado?

El informe Poder colectivo: la lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente, publicado por Global Witness en septiembre de 2026, parte de una realidad difícil de ignorar: durante 2025 fueron asesinadas 124 personas defensoras del ambiente y el territorio en el mundo. Desde 2012, la organización ha documentado 2.375 asesinatos y desapariciones de larga duración. Pero el propio informe advierte que estas cifras no alcanzan a mostrar toda la dimensión de la violencia. Muchos casos no llegan a denunciarse o no pueden verificarse, particularmente allí donde existen conflictos armados, represión y restricciones al espacio cívico.
Por eso, quizá una de las preguntas más importantes que deja este informe no sea solamente cuántas personas fueron asesinadas, sino qué ocurre antes de llegar a ese extremo.

Global Witness describe los asesinatos como la parte visible de un «iceberg oculto» de agresiones. Debajo aparecen la criminalización, las amenazas, las campañas de desprestigio, la intimidación y el acoso, incluyendo el uso de redes sociales para desacreditar y aislar a quienes defienden sus territorios. Esta mirada permite comprender que la violencia no siempre comienza con una agresión física. Puede comenzar mucho antes, cuando se intenta debilitar la legitimidad de una comunidad, fragmentar sus vínculos, instalar miedo o convertir la defensa de un derecho en algo sospechoso.

El informe también muestra que estas situaciones no aparecen desconectadas. Más de la mitad de los asesinatos documentados en 2025 estuvieron vinculados con conflictos por la tierra, mientras que otros estuvieron relacionados con minería, explotación forestal, agroindustria, energía, agua e infraestructura. Al mismo tiempo, la corrupción, la impunidad, el debilitamiento del espacio cívico y la presencia del crimen organizado pueden aumentar la vulnerabilidad de las comunidades.
Así, defender un territorio no ocurre en un vacío. Ocurre dentro de relaciones de poder concretas.

Cuando la amenaza empieza a parecer normal

Una lectura crítica de nuestros propios contextos puede ayudarnos a mirar aquello que muchas veces se vuelve cotidiano y, precisamente por eso, deja de llamar nuestra atención.

No todas las situaciones de conflicto anuncian necesariamente una agresión grave. Tampoco cada desacuerdo con una empresa, una institución o una autoridad significa que exista una estrategia de persecución. Pero el informe permite identificar patrones que conviene observar colectivamente, especialmente cuando comienzan a acumularse.

Una primera señal aparece cuando cambia la manera en que se habla de quienes defienden un territorio. ¿Una comunidad comienza a ser presentada como enemiga del desarrollo? ¿Una organización es descrita como un obstáculo para la inversión? ¿Se cuestiona públicamente la legitimidad de quienes participan en una defensa territorial? En el informe, este tipo de estigmatización aparece vinculada con otras formas de presión y con intentos de aislar a las personas defensoras de sus propias comunidades.

Otra señal puede encontrarse en la aparición de mecanismos de criminalización: denuncias, procesos judiciales, acusaciones desproporcionadas o utilización de normas relacionadas con seguridad, terrorismo, orden público o difamación para restringir la acción colectiva. Global Witness identifica la criminalización como una de las formas no letales de represalia y llama la atención sobre legislaciones que pueden ser utilizadas para silenciar el activismo pacífico.

También resulta importante observar aquello que sucede alrededor del territorio. ¿Aparecen nuevos proyectos, concesiones, cambios de uso del suelo o intereses económicos? ¿Se acelera alguna decisión institucional? ¿Existen procesos de consulta que dejan de ser significativos? ¿Comienzan a aparecer actores desconocidos en la zona? ¿Se incrementan las disputas por la tierra o el acceso a determinados recursos?

El informe muestra que la inseguridad en la tenencia de la tierra constituye un factor importante de riesgo y que los conflictos territoriales pueden abrir el camino a nuevos ataques. También documenta vínculos entre proyectos extractivos y violencia contra personas defensoras.

Y hay otra dimensión que merece atención: la acumulación. Una campaña de desprestigio puede parecer menor. Una denuncia aislada puede parecer un asunto administrativo. Una vigilancia puede interpretarse como casualidad. Una amenaza puede ser considerada un episodio individual. Pero cuando distintas formas de presión aparecen simultáneamente, quizá sea necesario dejar de leerlas como hechos separados y comenzar a preguntarnos qué relación existe entre ellas.

Leer críticamente el contexto significa, entonces, no esperar a que la violencia sea evidente para empezar a organizarnos.

Las amenazas no siempre tienen el mismo rostro

El informe permite realizar una generalización importante, aunque necesariamente abierta a las particularidades de cada territorio: las amenazas contra quienes defienden el ambiente y el territorio suelen combinar dimensiones físicas, jurídicas, económicas, territoriales, comunicativas y comunitarias.

Pueden aparecer como amenazas directas o como hostigamiento; como procesos judiciales o campañas de difamación; como vigilancia o restricciones a la movilidad; como desplazamiento y despojo; como debilitamiento de las organizaciones; como militarización; como presión económica; o mediante el cierre de espacios para participar y reclamar derechos.

Las mujeres, además, enfrentan formas persistentes de agresión no letal. El informe recoge datos de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos que documentó, entre 2012 y 2023, más de 30.000 agresiones no letales contra mujeres defensoras en México y Centroamérica, entre ellas acoso, desprestigio, amenazas verbales, vigilancia y violencia psicológica.

Esto obliga a ampliar nuestra idea de seguridad. La seguridad no puede reducirse a evitar una agresión física. También implica poder participar, organizarse, comunicarse, desplazarse, habitar el territorio, sostener los vínculos comunitarios y defender derechos sin que esas acciones se conviertan en motivos de persecución.

Por eso, una lectura crítica de nuestros contextos podría comenzar con algunas preguntas sencillas: ¿qué está cambiando en el territorio?, ¿quiénes están adquiriendo capacidad de decisión?, ¿qué intereses aparecen?, ¿cómo se está hablando de quienes cuestionan esos cambios?, ¿qué mecanismos institucionales se están utilizando?, ¿qué ocurre con quienes levantan la voz?, ¿se están produciendo formas de aislamiento o fragmentación?, ¿qué respuestas existen cuando aparece una primera señal de alerta?

No se trata de vivir bajo sospecha permanente. Se trata de desarrollar una capacidad colectiva para leer las transformaciones que pueden afectar la vida comunitaria.

Defenderse también es construir comunidad

Frente a este panorama, el informe propone una idea especialmente sugerente: la protección no debería pensarse únicamente alrededor de una persona amenazada.

Las personas defensoras rara vez son atacadas solamente por lo que hacen como individuos. Muchas veces son atacadas por formar parte de comunidades, organizaciones y movimientos que defienden tierras, territorios, ecosistemas y derechos colectivos. Por eso, Global Witness plantea trascender los modelos exclusivamente individuales y fortalecer formas de protección colectiva.

Esta perspectiva cambia la pregunta. Ya no se trata solamente de cómo proteger a quien recibe una amenaza, sino de cómo fortalecer las condiciones colectivas que permiten que una comunidad pueda seguir existiendo, organizándose y defendiendo aquello que considera fundamental para su vida.

El ejemplo de las guardias indígenas presentado en el informe permite observar esta dimensión. En la Amazonía peruana, el pueblo Kakataibo creó una estructura comunitaria con presencia en distintas comunidades, una asamblea general y mecanismos propios para monitorear amenazas, responder ante ellas y decidir colectivamente qué hacer.

No se trata de trasladar mecánicamente esta experiencia a otros territorios. Su importancia está en mostrar que la protección puede construirse desde los propios conocimientos, formas de gobierno, relaciones comunitarias y capacidades organizativas existentes.

Global Witness identifica allí algunos componentes de la protección colectiva: liderazgo comunitario, autodeterminación, solidaridad, monitoreo de riesgos, documentación de abusos, cohesión social y capacidad de actuar colectivamente. También señala la importancia de contar con condiciones materiales y políticas que hagan posible esa protección, como el reconocimiento de la tenencia de la tierra, la participación significativa, el respeto de las formas comunitarias de gobernanza y espacios cívicos seguros.

Esto permite pensar la defensa de otra manera. Defender no es solamente reaccionar ante una amenaza. También es construir capacidades antes de que la amenaza aparezca.

Es saber quiénes están en el territorio y qué está cambiando. Es mantener comunicación. Es documentar. Es cuidar los vínculos. Es compartir información. Es evitar que una persona quede aislada. Es construir alianzas. Es reconocer conocimientos locales. Es generar mecanismos comunitarios para tomar decisiones cuando aparecen situaciones de riesgo. Y también es sostener espacios de cuidado, porque el miedo, el desgaste y la presión prolongada afectan a quienes defienden y a las comunidades que los acompañan.

El propio informe señala que la protección colectiva contribuye al bienestar y al cuidado psicosocial del colectivo y que las estrategias más sostenibles suelen apoyarse en la autodeterminación, el control territorial, el cuidado colectivo y la capacidad de las comunidades para definir sus propias formas de defensa.

Del miedo individual a la capacidad colectiva

Quizá una de las principales provocaciones de Poder colectivo consiste en obligarnos a desplazar la mirada. No basta con contar las agresiones cuando ya ocurrieron. Tampoco basta con proteger a una persona mientras las condiciones que producen la amenaza permanecen intactas.

Necesitamos aprender a leer los contextos, reconocer las señales, identificar cómo se acumulan distintas formas de presión y preguntarnos qué capacidades tenemos, como comunidad, organización, colectivo o movimiento para responder.

El informe recomienda precisamente desarrollar sistemas de alerta temprana capaces de identificar patrones emergentes de violencia y actuar antes de que ocurran los ataques. También plantea que estos mecanismos incorporen la participación de las propias personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil.

Esta propuesta puede leerse más allá de un mecanismo institucional. También puede convertirse en una pregunta organizativa: ¿cómo aprendemos colectivamente a reconocer aquello que amenaza la vida antes de que la amenaza se vuelva irreversible?

La defensa del territorio puede ser, entonces, también una práctica de aprendizaje. Aprender a mirar. Aprender a escuchar. Aprender a documentar. Aprender a cuidarnos. Aprender a reconocer cuándo un conflicto está cambiando. Aprender a no dejar sola a una persona. Aprender a construir redes antes de necesitarlas.

Porque frente a amenazas que buscan fragmentar, aislar y generar miedo, la respuesta colectiva no consiste únicamente en sumar más personas a una protesta. Consiste en construir una trama de relaciones capaz de sostener la vida, la memoria, la organización y la capacidad de decidir.

Y quizá ahí esté una de las preguntas que este informe deja abierta para nuestros propios territorios: ¿Qué necesitamos aprender colectivamente para defendernos antes de que sea demasiado tarde?

El informe Poder colectivo: la lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente puede consultarse como una invitación a mirar estas preguntas desde las experiencias de quienes, en distintos lugares del mundo, continúan defendiendo la tierra, el agua, los bosques, las comunidades y las posibilidades de una vida digna.

Leer las amenazas antes de que se vuelvan violencia

Las agresiones contra quienes defienden el territorio y el ambiente no aparecen necesariamente de un momento a otro. Pueden comenzar con discursos que deslegitiman, formas de vigilancia, presiones sobre las organizaciones, procesos de criminalización o transformaciones en el territorio que, acumuladas, configuran escenarios de mayor riesgo. Por eso, reconocer las amenazas implica también aprender a observar sus señales, identificar cambios en el contexto y preguntarnos colectivamente qué está ocurriendo, a quiénes afecta y cómo están cambiando las condiciones para organizarse y defender la vida. La siguiente matriz propone algunas claves para esa lectura; no busca establecer una fórmula para predecir la violencia, sino ayudar a reconocer patrones, acumulaciones y señales que merecen atención colectiva.

Amenaza¿Cómo puede manifestarse?Señales de alerta para leer el contexto
Estigmatización y difamaciónPresentar a personas, organizaciones o comunidades como enemigas del desarrollo, conflictivas, radicales o vinculadas con intereses ajenos.Aumento de mensajes públicos contra quienes participan; circulación de rumores; cuestionamientos sistemáticos sobre su legitimidad; campañas en redes sociales; intentos de desacreditar liderazgos.
Intimidación y amenazasMensajes, advertencias, hostigamiento o acciones destinadas a generar miedo y desalentar la participación.Aparición de mensajes anónimos o advertencias; seguimiento inusual; presencia reiterada de personas desconocidas; cambios en las formas de comunicación; personas que comienzan a retirarse de las actividades por temor.
CriminalizaciónUso de denuncias, procesos judiciales o normas para obstaculizar la defensa del territorio y la acción colectiva.Incremento de denuncias contra integrantes de una organización; acusaciones desproporcionadas; utilización reiterada de determinadas figuras legales; procesos dirigidos contra quienes ejercen roles visibles.
Vigilancia y seguimientoObservación de personas, reuniones, actividades comunitarias o comunicaciones con el propósito de conocer y controlar la organización.Personas desconocidas en reuniones; preguntas insistentes sobre actividades y participantes; registro o seguimiento de actividades; cambios inexplicados en la seguridad de espacios o comunicaciones.
Hostigamiento y acosoPresiones reiteradas dirigidas a desgastar emocional, económica o socialmente a quienes participan en la defensa.Contactos insistentes; interrupciones constantes de actividades; presiones sobre familias o espacios de trabajo; aparición de conflictos dirigidos hacia determinados liderazgos.
Presiones sobre el territorioCambios, proyectos, concesiones o decisiones que pueden afectar tierras, agua, bosques, costas u otros bienes comunes.Aparición de nuevos proyectos o actores; cambios acelerados en usos del territorio; procesos de permisos o decisiones poco transparentes; presión para aceptar acuerdos; reducción de espacios de participación.
Despojo o desplazamientoPérdida o amenaza sobre la permanencia de comunidades en sus territorios y sobre sus formas de vida.Conflictos crecientes por la tenencia de la tierra; ocupaciones o intentos de apropiación; presión para abandonar el territorio; cambios en las condiciones de acceso o permanencia.
Violencia físicaAgresiones dirigidas contra personas defensoras o comunidades.Escalada de amenazas previas; presencia de actores violentos; ataques contra infraestructura comunitaria; agresiones que comienzan a repetirse o dirigirse contra más integrantes de la organización.
Violencia contra la comunidadEl objetivo deja de ser una persona y pasa a ser la organización, comunidad o movimiento en su conjunto.Aumento simultáneo de distintas formas de presión; ataques contra varios liderazgos; división interna; desplazamiento; restricciones a reuniones o actividades comunitarias.
Cierre del espacio cívicoObstáculos para reunirse, protestar, organizarse, informar o participar en decisiones públicas.Restricciones a reuniones; obstáculos administrativos; vigilancia de actividades públicas; discursos que cuestionan el derecho a protestar; reducción de espacios de participación.
Militarización o respuestas de seguridadPresencia o intervención de fuerzas de seguridad en contextos de conflicto territorial, con posibles efectos sobre las comunidades.Incremento de presencia armada; controles o restricciones de movilidad; cambios en las dinámicas cotidianas del territorio; tratamiento de un conflicto social como problema exclusivamente de seguridad.
Aislamiento y fragmentaciónIntentos de separar a las personas defensoras entre sí o debilitar los vínculos comunitarios y organizativos.Conflictos internos que aparecen o se intensifican; presión diferenciada sobre determinados liderazgos; rumores dirigidos contra organizaciones; disminución de la comunicación y participación.
ImpunidadFalta de investigación o respuesta frente a agresiones, lo que puede favorecer su repetición.Denuncias que no avanzan; ausencia de información sobre investigaciones; repetición de agresiones; falta de respuesta institucional ante señales previamente documentadas.
¿Seguridad para quién?

En Costa Rica, la seguridad ocupa un lugar central en el discurso político del Estado y del gobierno. Sin embargo, esta preocupación adquiere otra dimensión cuando se observa desde quienes defienden los territorios. Durante su gobierno, el entonces presidente Rodrigo Chaves se refirió públicamente al Acuerdo de Escazú para transmitir al sector privado que podía estar tranquilo y que el acuerdo no avanzaría. Más allá de las implicaciones políticas de aquella posición, la escena permite formular una pregunta incómoda: ¿por qué la tranquilidad del sector privado frente a las personas defensoras ambientales parece formar parte de la conversación sobre seguridad, mientras la seguridad de quienes defienden el ambiente aparece mucho menos en ella?

El contraste resulta particularmente sugerente frente al artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que plantea la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

La pregunta, entonces, puede formularse con cierta ironía: si el sector privado puede recibir garantías para estar tranquilo, ¿quién garantiza la tranquilidad de quienes defienden los territorios? Y todavía más: ¿qué entendemos por seguridad cuando una persona que denuncia una amenaza ambiental puede terminar siendo presentada como el problema, mientras aquello que amenaza al territorio permanece fuera de esa conversación?

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Memoria, martirio y diálogo para defender la vida: Espiritualidades diversas frente a los conflictos por los territorios y los bienes comunes

Desde el Observatorio de Bienes Comunes compartimos dos documentos que nos invitan a pensar el diálogo, la defensa de los territorios y el cuidado de la vida desde una perspectiva profundamente situada en las comunidades.

En tiempos marcados por conflictos socioambientales, extractivismo, despojo territorial y distintas formas de violencia contra quienes defienden la vida, hablar de diálogo no puede reducirse a sentar a diferentes actores alrededor de una misma mesa. Dialogar también implica preguntarnos quiénes pueden hablar, quiénes son escuchados, quiénes tienen capacidad de decisión y qué relaciones de poder atraviesan ese encuentro.

Esta preocupación atraviesa el documento Diálogo justo y en equidad para la transformación de conflictos, elaborado desde redes eclesiales latinoamericanas en contextos de extractivismo. El texto parte de una constatación importante: aunque distintos actores reconocen el valor del diálogo, la palabra no necesariamente significa lo mismo para una empresa, una institución pública, una comunidad afectada o un movimiento social. Por eso propone mirar las condiciones concretas que pueden hacer del diálogo una herramienta de justicia y transformación.

El documento llama particularmente la atención sobre las asimetrías de poder, la necesidad de escuchar a quienes padecen los conflictos, garantizar su participación efectiva, asegurar el acceso a la información y situar los procesos de diálogo en los propios territorios donde se viven las consecuencias.
Desde el Observatorio consideramos que estas reflexiones pueden abrir una conversación más amplia: ¿cómo construir diálogos capaces de encontrarnos en nuestras diferencias sin convertirlas en obstáculos?

Más allá de una sola voz

Las comunidades están atravesadas por múltiples maneras de comprender la vida, el territorio y nuestras responsabilidades colectivas. En ellas conviven distintas tradiciones religiosas, espiritualidades, cosmovisiones, experiencias comunitarias y también personas que no profesan ninguna religión.

Reconocer esta diversidad no significa buscar una espiritualidad única ni construir consensos artificiales. Significa, más bien, abrir espacios donde podamos escuchar las distintas formas en que las personas nombran aquello que consideran valioso y digno de ser cuidado.

Para algunas personas, la defensa de un río puede estar vinculada con la fe y con una relación espiritual con la creación. Para otras, puede partir de una cosmovisión indígena, de una memoria comunitaria, de una experiencia histórica de defensa territorial, de una preocupación ecológica o de una convicción ética que no necesita recurrir a una referencia religiosa.

Todas estas experiencias pueden encontrarse alrededor de preguntas comunes: ¿qué vida queremos defender?, ¿qué territorios queremos cuidar?, ¿qué relaciones queremos construir?, ¿qué formas de violencia y despojo no estamos dispuestas a aceptar?

El diálogo ecuménico puede ser parte de ese camino, pero también puede desbordar los límites del propio mundo religioso. El encuentro entre distintas espiritualidades y con personas no creyentes puede convertirse en una oportunidad para reconocer que existen múltiples caminos para acercarnos a preocupaciones compartidas: la dignidad, la justicia, la solidaridad, el cuidado de la naturaleza y la defensa de los bienes comunes.

Escuchar también a quienes resisten

El segundo documento, Mártires de la Creación, coloca otra dimensión sobre la mesa: la memoria de quienes han defendido la tierra, el agua, los bosques y sus comunidades frente a proyectos extractivos y otras formas de despojo. El texto propone ampliar la mirada del martirio para incluir no solamente a las personas, sino también a comunidades y territorios afectados por estas dinámicas.

Esta memoria aparece acompañada de una preocupación por las condiciones que permiten que determinadas violencias se reproduzcan. El documento llama a comunicar y registrar estos casos, fortalecer la solidaridad, impulsar procesos de aprendizaje colectivo y compartir saberes con otras comunidades.

Aquí aparece un punto de encuentro particularmente fértil para el diálogo: aprender de quienes están defendiendo la vida en los territorios.

No se trata únicamente de hablar sobre las comunidades, sino de escuchar sus experiencias, sus conocimientos, sus memorias y sus propias formas de comprender lo que está ocurriendo. El primer documento insiste precisamente en que las comunidades afectadas deben ocupar un lugar real de autoridad y expresión dentro de los procesos de diálogo.

Del encuentro a la acción común

El diálogo adquiere sentido cuando puede transformar relaciones y ampliar las posibilidades de justicia. El propio documento habla de un “diálogo orientado a la transformación” y de un “diálogo emancipador”, entendido como aquel que contribuye a modificar las relaciones sociales y las desigualdades en la distribución del poder.

Esta perspectiva resulta especialmente sugerente para pensar los bienes comunes. El encuentro entre diferentes espiritualidades, tradiciones religiosas y posiciones no religiosas no tendría que buscar que pensemos igual. Puede buscar algo más sencillo y, al mismo tiempo, más exigente: que podamos reconocernos como parte de una conversación común sobre aquello que sostiene la vida.

Esto supone también aprender a conversar cuando existen diferencias profundas. Escuchar no significa renunciar a las propias convicciones. Dialogar tampoco significa relativizar las injusticias o colocar en un mismo nivel a quienes tienen capacidades de decisión radicalmente distintas. Como advierte el documento, un diálogo justo requiere reconocer las asimetrías de poder que atraviesan cada conflicto.

Quizás allí exista una tarea especialmente importante para nuestras sociedades: construir espacios de encuentro donde la diversidad espiritual, religiosa y no religiosa no sea una barrera, sino una fuente de aprendizajes para defender aquello que compartimos.

Más allá de sentarse a dialogar: seis claves para la transformación

Diálogo justo y en equidad para la transformación de conflictos propone seis dimensiones para pensar un diálogo que pueda contribuir realmente a la transformación de los conflictos. Su punto de partida es reconocer que no todas las personas, comunidades e instituciones llegan a la conversación en las mismas condiciones: existen diferencias de poder, acceso a la información, capacidad de decisión y posibilidades de incidencia. Por ello, dialogar no puede reducirse a reunir a las partes, sino que requiere crear condiciones de mayor justicia y equidad.

A continuación, presentamos una síntesis de estas seis dimensiones, que ponen especial atención en la escucha de las comunidades afectadas, su participación efectiva, el acceso a información, la importancia de situar los procesos en los territorios y la responsabilidad de las instituciones públicas frente a las acciones empresariales. La propuesta entiende el diálogo como una posibilidad para transformar las relaciones sociales, reconocer las asimetrías de poder y construir condiciones más equitativas para abordar los conflictos.

Dimensión del diálogo¿Qué plantea el documento?Clave para un diálogo justo
1. Reconocer las asimetrías de poderLos actores que participan en un conflicto no cuentan necesariamente con las mismas capacidades de decisión, información, recursos o responsabilidades.No asumir que todas las partes llegan a la mesa en condiciones equivalentes. El diálogo debe reconocer y considerar las relaciones de fuerza existentes.
2. La Iglesia garante de la voz de las víctimasLa Iglesia no debe asumir una posición de observadora o mediadora neutral, sino partir de la opción preferencial por las personas empobrecidas y vulnerables.La escucha de quienes sufren las consecuencias del conflicto debe ocupar un lugar central en el proceso de diálogo.
3. Dar autoridad, voz y oportunidad de propuestas a las víctimasLas personas y comunidades afectadas no deben limitarse a ser invitadas, consultadas o representadas indirectamente.Deben contar con espacios reales de expresión, reconocimiento y autoridad para participar y formular propuestas. El documento amplía esta escucha hacia las víctimas no humanas: ecosistemas, especies y territorios.
4. Garantizar la transparencia y el acceso universal a la informaciónLa falta de información adecuada, oportuna y accesible puede impedir que las comunidades defiendan sus derechos.La información debe estar disponible de manera equitativa antes de cualquier negociación o decisión.
5. Situar el diálogo en los territorios en conflictoEl diálogo no debería quedar desconectado de los lugares donde se experimentan los impactos y donde las comunidades resisten y cuidan sus territorios.Llevar la conversación al territorio permite incorporar las experiencias, demandas y conocimientos de quienes viven directamente el conflicto.
6. Monitoreo y control de las acciones empresariales a través de las leyes e instituciones públicasEl respeto de los derechos humanos y ambientales no puede depender únicamente de la voluntad o autorregulación empresarial.Se requiere regulación efectiva, instituciones públicas capaces de supervisar y hacer cumplir las normas, y un Estado democrático que garantice justicia y derechos.
Dos documentos para continuar la conversación

Compartimos estos materiales como una invitación a leer, conversar y abrir preguntas. No los presentamos como una respuesta definitiva. Nos interesa ponerlos en circulación porque contienen reflexiones y experiencias que pueden alimentar conversaciones más amplias sobre los conflictos socioambientales, las relaciones de poder, la defensa de los territorios, la memoria y las distintas formas de comprender nuestro vínculo con la naturaleza.

El camino puede comenzar precisamente allí: sentarnos a escuchar qué nos une, reconocer aquello que nos diferencia y preguntarnos qué podemos hacer juntxs para cuidar la vida y los bienes comunes.

Documentos para descargar y leer

Diálogo justo y en equidad para la transformación de conflictos Reflexiones de las redes eclesiales latinoamericanas en contextos de extractivismo.

El documento propone seis dimensiones para pensar un diálogo verdaderamente transformador: reconocer las asimetrías de poder, garantizar la voz de las víctimas, asegurar transparencia e información, situar el diálogo en los territorios y fortalecer el papel de las instituciones públicas y las comunidades en el seguimiento de los conflictos.

Mártires de la Creación

Un documento que recupera testimonios y experiencias de personas, comunidades y territorios afectados por la violencia asociada a la defensa de la naturaleza, el agua y los territorios. Desde una perspectiva de fe, propone fortalecer la memoria, el aprendizaje colectivo, la organización comunitaria, la solidaridad y el cuidado de la Casa Común.
Los compartimos para seguir conversando. Porque quizá una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo sea aprender a encontrarnos sin exigirnos pensar igual, y descubrir desde nuestras diferencias qué podemos hacer juntxs para defender la vida.

En un videomensaje dirigido a la comunidad de Lampedusa, el papa León XIV afirmaba: “La historia es devastada por los poderosos, pero es salvada por los humildes, los justos y los mártires, en quienes brilla el bien y la auténtica humanidad resiste y se renueva”. Más que una frase para ubicarnos cómodamente del lado de quienes defienden la vida, estas palabras abren una pregunta incómoda: ¿desde dónde acompañamos y compartimos las luchas de quienes resisten? La tensión entre el poder, sus comodidades y privilegios, y la ética de quienes sostienen la vida en sus territorios también nos interpela a quienes caminamos junto a estas experiencias.

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El golpe también se cuenta: mentiras, poder y la disputa por la realidad

11 de septiembre de 1973: cuando las “noticias falsas” todavía no tenían redes sociales

Hay una manera de recordar el 11 de septiembre de 1973 que consiste en volver sobre la fecha, enumerar los acontecimientos y repetir, año tras año, que aquel día ocurrió un golpe de Estado en Chile.

Hay otra posibilidad: preguntarnos cómo fue posible que un golpe de Estado pudiera presentarse como una defensa del orden, de la institucionalidad y hasta de la democracia. Esta segunda pregunta resulta más incómoda, pero también más necesaria.

Cuando hablamos hoy de fake news, desinformación o manipulación informativa solemos pensar inmediatamente en redes sociales, algoritmos, teléfonos y plataformas digitales. Como si el problema hubiera nacido con Facebook, X, TikTok o WhatsApp. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1973 nos recuerda algo fundamental: las noticias falsas no nacieron en internet.

Mucho antes de las redes sociales, el poder ya sabía que para transformar una realidad política no bastaba con ocupar un territorio. También era necesario disputar las palabras con las que ese territorio sería interpretado.

Antes de las redes ya existía la disputa por la realidad

El documento 1-11 septiembre de 1973 muestra un Chile profundamente polarizado durante los días previos al golpe. Esa polarización atravesaba también los medios de comunicación: mientras quienes apoyaban a la Unidad Popular seguían Televisión Nacional, sectores opositores seguían Canal 13, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica. La disputa política era, por tanto, también una disputa por los espacios desde los cuales se construía y circulaba la realidad.

Esto permite mirar la desinformación de una manera menos cómoda. No se trata únicamente de personas que comparten contenidos falsos en internet. La pregunta de fondo es otra: ¿quién tiene la capacidad de definir qué está ocurriendo?

Quien consigue instalar una explicación como sentido común adquiere una forma particular de poder. Puede decidir quién aparece como amenaza, quién como víctima, quién como enemigo y quién como salvador. Puede conseguir que una interpretación particular de los acontecimientos termine presentándose como si fuera simplemente “la realidad”.

En Chile esa disputa existía mucho antes de que una pantalla pudiera enviarnos una notificación.

“Esto no es un golpe de Estado”

Quizá uno de los ejemplos más reveladores se encuentre en las propias palabras de quienes estaban ejecutando el golpe.

A las ocho de la mañana del 11 de septiembre, con Valparaíso bajo control militar, el almirante José Toribio Merino afirmó: “Este no es un golpe de Estado”. Según la proclama, lo que estaba ocurriendo era el “restablecimiento de un estado de derecho”.

La frase importa no porque una mentira pueda convertirse en verdad por ser pronunciada desde el poder, sino porque muestra una necesidad política: el poder necesita producir un lenguaje capaz de hacer inteligible y justificable aquello que está haciendo.

Los militares no dijeron simplemente que habían decidido tomar el poder. Construyeron otro relato. Hablaron de una patria que se derrumbaba, de una crisis social y moral, de un gobierno incapaz de controlar el caos, de grupos paramilitares, de una amenaza de guerra civil y de la necesidad de liberar a Chile del “yugo marxista”.

Aquí aparece una operación que todavía reconocemos en muchos discursos políticos: primero se presenta una situación de emergencia; después se identifican responsables; luego se construye una amenaza extraordinaria y, finalmente, aparece quien afirma tener la capacidad de salvarnos de ella.

Por eso el problema no puede reducirse a una falsedad aislada. Hay algo más complejo: una arquitectura política del relato.

El caos puede ser real y también puede ser narrado

Esto permite mirar de otra manera las referencias al “caos”. El documento registra un contexto efectivamente atravesado por una fuerte crisis política, económica y social: inflación, desabastecimiento, acaparamiento, sabotaje empresarial y una creciente polarización.

Reconocer que existía una crisis, sin embargo, no significa aceptar automáticamente cualquier explicación sobre sus causas ni cualquier solución presentada para resolverla.

Una crisis puede ser real y, al mismo tiempo, puede ser narrada políticamente.

Lo importante no es solamente determinar si algo ocurrió. También importa observar cómo se seleccionan los acontecimientos, cómo se ordenan, qué causas se les atribuyen, quiénes son responsabilizados y qué respuestas terminan apareciendo como inevitables.

La existencia del conflicto no determina por sí misma el relato sobre el conflicto.

Esta distinción resulta fundamental para comprender cómo opera la propaganda. La mentira no siempre necesita inventarlo todo. Puede ser mucho más eficaz cuando toma elementos reales, los separa de su contexto, exagera algunos, oculta otros y establece conexiones interesadas hasta construir una explicación conveniente.

En Chile había conflictos, violencia, escasez, polarización y confrontación política. Sobre esa realidad se construyó un relato que permitió presentar la intervención militar como una respuesta necesaria frente al caos y la amenaza.

El golpe no solamente necesitó soldados. Necesitó una explicación.

Para imponer una explicación también hay que controlar quién puede hablar

La disputa por la realidad no se desarrolló únicamente mediante discursos. Mientras las fuerzas militares avanzaban, también se desplegó una operación para controlar las comunicaciones.

A las 4:30 de la madrugada comenzó en Valparaíso la llamada “Operación Silencio”, destinada a acallar sistemas de comunicación y radios vinculadas a la Unidad Popular. Horas después, aviones Hawker Hunter bombardearon los estudios de Radio Corporación. La primera proclama golpista fue transmitida desde el Ministerio de Defensa.

La Junta no se limitó a informar lo que estaba ocurriendo. Ordenó a la prensa, las radioemisoras y los canales considerados afines a la Unidad Popular suspender sus actividades informativas, bajo amenaza de castigo aéreo y terrestre.

Esto cambia nuestra manera de entender la desinformación. No se trata solamente de producir información falsa. También se trata de decidir qué información puede circular, qué voces pueden ser escuchadas, qué imágenes pueden verse y qué acontecimientos pueden ser nombrados.

En otras palabras, el silencio también puede ser una forma de construir realidad.

Cuando algunas voces son silenciadas y otras reciben el poder de hablar en nombre de todos, la disputa ya no ocurre únicamente sobre lo que es verdadero o falso. Ocurre también sobre quién tiene la posibilidad de contar lo sucedido.

Cuando el lenguaje intenta gobernar los acontecimientos

Quizá uno de los aspectos más reveladores del 11 de septiembre sea la velocidad con la que se intentó transformar el significado de lo que estaba ocurriendo.

A las 8:10 de la mañana se informaba que las Fuerzas Armadas comenzaban a hacerse cargo del país. A las 8:40 se transmitía una proclama que hablaba de crisis, caos, guerra civil, liberación de la patria y restauración del orden y la institucionalidad. Mientras La Moneda era atacada, el relato oficial continuaba construyéndose.

A las 10:00 se anunció que, si no había rendición, La Moneda sería bombardeada. A las 11:52 comenzó el bombardeo. Y posteriormente, cuando el palacio ya estaba siendo destruido, la Junta presentó la acción militar como una operación destinada a “evitar el derramamiento de sangre”.

La contradicción es evidente. Pero precisamente por eso resulta pedagógica.

Nos muestra que el lenguaje político no solamente describe los acontecimientos: también intenta gobernar su interpretación.

La palabra “orden” puede acompañar una ruptura institucional. “Libertad” puede aparecer en un contexto de censura. “Restauración” puede nombrar una toma del poder. “Bien común” puede ser invocado para justificar decisiones tomadas por quienes han desplazado el orden democrático.

Las palabras no son neutrales cuando están respaldadas por determinadas relaciones de poder.

Fabricar legitimidad

A las 14:10, la Junta Militar transmitió un nuevo bando en el que afirmaba que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder porque un gobierno inicialmente legítimo había caído en una “ilegitimidad flagrante”. La acción se justificaba, además, apelando al supuesto sentir de la “gran mayoría nacional”, al “bien común” y al “alto interés patriótico”.

Aquí aparece algo políticamente más complejo que una mentira: la fabricación de legitimidad.

El poder que acaba de romper el orden constitucional se presenta como encargado de restaurarlo. Quien toma el poder por la fuerza habla de institucionalidad. Quien clausura espacios de expresión puede hablar de libertad. Quien impone un nuevo orden puede presentarse como quien viene a salvar a la patria.

Por eso quizá sea insuficiente preguntar únicamente si un mensaje es verdadero o falso. También necesitamos preguntar quién está hablando, desde dónde habla, con qué poder cuenta, qué efectos busca producir, qué queda fuera del relato y quién tiene la posibilidad de responder.

Estas preguntas nos permiten pasar de la verificación aislada de un dato a una lectura política de la información.

La censura también construye memoria

Después del golpe, la relación entre poder y comunicación no terminó. La censura y el control de las industrias culturales limitaron la circulación de expresiones artísticas y políticas dentro de Chile. Muchas manifestaciones artísticas chilenas tuvieron que desarrollarse fuera del país, mientras dentro del territorio surgía lentamente un movimiento reivindicativo a través de medios de comunicación de oposición.

La represión, por tanto, no operó solamente sobre las personas. También operó sobre las palabras, las imágenes, los relatos y las posibilidades de recordar.

Esto resulta especialmente importante porque una sociedad no recuerda únicamente aquello que ocurrió. Recuerda también aquello que pudo ser contado, aquello que fue silenciado y aquello que logró permanecer a pesar de la censura.

La disputa por la realidad no termina cuando termina el acontecimiento. Continúa en la memoria.

Las redes sociales no inventaron el problema

¿Qué tienen que ver las redes sociales con todo esto?

Mucho, pero quizá no de la manera que solemos pensar.

Las redes han acelerado la circulación de información, multiplicado los productores de contenido, facilitado nuevas formas de manipulación y creado otras maneras de producir propaganda y desinformación. Pero no inventaron la manipulación política de la realidad.

Tampoco inventaron los rumores, la propaganda, la censura, la construcción de enemigos, la utilización del miedo o la fabricación de amenazas. Mucho menos inventaron la posibilidad de presentar una ruptura del orden democrático como una operación necesaria para salvarlo.

Lo digital cambió la velocidad, la escala y las herramientas. No inventó la lógica política.

El 11 de septiembre de 1973 permite mirar precisamente esa continuidad. Las tecnologías cambian, pero algunas preguntas permanecen: ¿quién cuenta la historia?, ¿quién tiene capacidad para imponer una interpretación?, ¿qué voces quedan fuera?, ¿qué acontecimientos son presentados como inevitables?

Una vieja disputa con nuevas tecnologías

Lo que ocurre hoy alrededor de figuras como Fernando Cerimedo y de distintos equipos y medios vinculados a las nuevas derechas vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa esta historia: ¿qué sucede cuando la tecnología aumenta enormemente la capacidad de intervenir sobre aquello que una sociedad percibe como real? Investigaciones recientes han documentado el uso de campañas negativas, redes de trolls, contenidos manipulados y estructuras digitales orientadas a amplificar determinados mensajes e intervenir en la conversación pública.

El problema, entonces, no consiste solamente en identificar una noticia falsa. La cuestión es más amplia: quién produce los contenidos, quién consigue hacerlos circular, qué emociones buscan activar, qué temas logran instalar y qué voces quedan desplazadas en medio de esa saturación. Las tecnologías digitales permiten producir y distribuir información a una velocidad y escala que no existían en 1973, pero la lógica política que las atraviesa no es completamente nueva. Cambian las herramientas; persiste la disputa por la realidad.

Esto vuelve especialmente necesario repensar la relación entre comunicación, tecnología y democracia. Una granja de cuentas, un contenido manipulado o una pieza generada mediante inteligencia artificial no son problemas exclusivamente técnicos. Adquieren importancia política cuando forman parte de ecosistemas capaces de fabricar autoridad, instalar sospechas, amplificar determinadas interpretaciones y desgastar la capacidad colectiva para distinguir entre información, propaganda y manipulación.

Por eso, recordar el 11 de septiembre de 1973 no debería llevarnos únicamente a mirar hacia atrás. También puede ayudarnos a desarrollar una mirada más atenta sobre el presente. Si entonces el control de las radios, los medios y las palabras fue parte de la construcción de una nueva realidad política, hoy necesitamos preguntarnos qué ocurre cuando esa disputa se desplaza hacia plataformas digitales, algoritmos, cuentas coordinadas y herramientas capaces de producir imágenes, audios y textos sintéticos.

La pregunta sigue siendo incómodamente actual: quién está contando la realidad, con qué herramientas, para quién y con qué consecuencias. Repensar esto no significa asumir que toda comunicación digital es manipulación ni que toda tecnología conduce inevitablemente a la desinformación. Significa reconocer que las tecnologías también son espacios de poder y que defender una conversación democrática requiere aprender a mirar no solo lo que circula, sino también las condiciones que hacen posible su circulación.

Recordar para sospechar

Por eso recordar Chile no debería reducirse a una efeméride.

No se trata solamente de mirar hacia atrás y decir que esto ocurrió hace 53 años. Se trata de preguntarnos qué mecanismos seguimos reconociendo en nuestro presente.

Cuando alguien nos dice que existe una amenaza tan extraordinaria que determinadas reglas deben suspenderse, conviene preguntar quién construyó esa amenaza. Cuando nos dicen que todo es caos, vale la pena preguntarse qué acontecimientos produjeron ese caos y quién se beneficia de esa explicación. Cuando alguien se presenta como la única alternativa frente al desastre, podemos preguntar quién decidió que las demás alternativas dejaron de existir.

Y cuando una autoridad afirma que restringir determinadas voces es necesario para defender la libertad, la pregunta debería ser sencilla: ¿qué libertad está defendiendo?

También conviene mirar aquello que queda fuera de cuadro. Cuando una versión de los acontecimientos comienza a repetirse hasta convertirse en sentido común, no basta con preguntarnos si contiene algún dato verdadero. Hay que preguntarse qué otras voces fueron desplazadas para que esa versión pudiera ocupar todo el espacio.

En ese sentido, recordar el golpe de Estado de 1973 también es aprender a leer críticamente la información del presente.

El golpe también se cuenta

La historia recogida en 1-11 septiembre de 1973 muestra que la toma del poder estuvo acompañada por una rápida reorganización del Estado: cierre del Congreso, clausura de la Central Única de Trabajadores, establecimiento de un nuevo orden económico, persecución política, prisión, tortura, asesinato, exilio y censura.

Pero muestra también algo que puede resultar menos visible cuando reducimos el golpe a una secuencia de acontecimientos militares: la disputa por la realidad continuó.

Cuando un poder necesita legitimarse, necesita también contar una historia sobre sí mismo. Una historia donde el caos antecede al salvador, donde la amenaza justifica la excepción, donde la violencia aparece como necesidad, donde la ruptura institucional se presenta como restauración y donde la censura puede aparecer como protección.

Quizá esa sea una de las razones por las que el 11 de septiembre sigue siendo una fecha incómoda. No solamente porque nos recuerda que una democracia puede ser destruida, sino porque nos obliga a pensar que antes de destruirla también puede ser necesario convencer a suficientes personas de que destruirla es necesario.

Y para eso hacen falta armas. Pero también hacen falta palabras. Recordar el golpe es, entonces, aprender a escuchar esas palabras. No para vivir atrapados en el pasado, sino para reconocer, en el presente, cuándo alguien comienza nuevamente a decirnos que para salvar el orden hay que destruirlo.

Referencia

Memoria Chilena. (2013). 1-11 septiembre de 1973. Biblioteca Nacional de Chile. 

Para profundizar

Esta nota parte de la necesidad de volver a las fuentes y acercarnos a los documentos que permiten reconstruir los acontecimientos más allá de las interpretaciones que circulan en el presente. Te invitamos a consultar y descargar 1-11 septiembre de 1973, elaborado por Memoria Chilena, un documento que reúne materiales y referencias para aproximarse al contexto del golpe de Estado en Chile y a las formas en que aquellos acontecimientos fueron narrados y documentados. Revisarlo también puede ser una oportunidad para seguir preguntándonos cómo se construyen las versiones de la realidad, qué voces quedan fuera y qué papel juegan los medios y las tecnologías en esas disputas.