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La batalla por el sentido común: educación, neofascismo y disputa cultural en tiempos de incertidumbre

Una pregunta incómoda

Cuando se habla del ascenso de figuras como Javier Milei, Jair Bolsonaro o Donald Trump, las explicaciones suelen centrarse en la economía, las campañas electorales o las redes sociales. Sin embargo, una pregunta menos frecuente resulta fundamental para comprender el momento histórico actual: ¿cómo lograron estas fuerzas construir legitimidad social para propuestas que cuestionan derechos, promueven discursos de odio y erosionan instituciones democráticas?

El libro El proyecto político-pedagógico del neofascismo, de Cinthia Wanschelbaum, propone una respuesta provocadora: estas fuerzas no solo gobiernan o hacen política; también educan. Lo hacen fuera de las aulas, mediante discursos, medios de comunicación, redes sociales, think tanks, iglesias y espacios de formación ideológica que buscan moldear formas de interpretar la realidad.

Desde esta perspectiva, el neofascismo contemporáneo no debe entenderse únicamente como un proyecto económico o electoral. También constituye un proyecto pedagógico orientado a producir nuevas subjetividades y a disputar el sentido común de nuestras sociedades.

La educación más allá de la escuela

Uno de los aportes más sugerentes del libro es ampliar la comprensión de la educación. Durante mucho tiempo se pensó que la educación ocurría principalmente en las escuelas, colegios y universidades. Sin embargo, las disputas por las ideas siempre han trascendido las instituciones educativas. Los medios de comunicación, las plataformas digitales, los espacios religiosos, las producciones culturales y los liderazgos políticos también enseñan.

Cada discurso público transmite una determinada visión del mundo. Cada explicación sobre quiénes son los responsables de los problemas sociales educa políticamente. Cada interpretación sobre la pobreza, la desigualdad, la migración, la seguridad o el papel del Estado contribuye a formar una determinada manera de comprender la realidad.

Por eso la autora sostiene que la llamada «batalla cultural» es también una batalla pedagógica. Su objetivo no es simplemente convencer a las personas de votar por una opción política, sino producir una forma específica de entender la sociedad.

¿Cómo educa el neofascismo?

Según el análisis desarrollado en el libro, las nuevas derechas han construido un conjunto de estrategias orientadas a producir consenso social.

Entre ellas destacan la creación de enemigos permanentes, la difusión de teorías conspirativas, el ataque sistemático a las instituciones públicas, la exaltación del individualismo y la defensa del mercado como principio organizador de toda la vida social.

En este marco, problemas complejos son reducidos a explicaciones simples. La crisis económica deja de ser resultado de estructuras históricas y pasa a ser culpa de grupos específicos. Las desigualdades desaparecen del análisis y son reemplazadas por narrativas centradas exclusivamente en el mérito individual. Los derechos sociales son presentados como privilegios y la acción colectiva es sustituida por la competencia permanente.

Se trata de una pedagogía que busca transformar no solo las opiniones de las personas, sino también sus emociones. El miedo, la frustración, el resentimiento y la incertidumbre se convierten en recursos políticos fundamentales.

El neofascismo no surge de la nada

El texto evita explicaciones simplistas. El crecimiento de estas fuerzas no puede comprenderse únicamente como producto de la manipulación mediática o de la ignorancia ciudadana. Tampoco puede explicarse recurriendo a la idea de que millones de personas simplemente «se equivocaron».

Las nuevas derechas logran conectar con problemas reales. Lo hacen en un contexto marcado por el aumento de las desigualdades, la precarización de la vida, la pérdida de confianza en las instituciones y la incapacidad de muchos sistemas políticos para responder a las necesidades cotidianas de la población.

En este sentido, el libro plantea una tesis relevante: el ascenso del neofascismo debe entenderse como parte de una crisis más amplia de legitimidad del orden neoliberal y de las democracias liberales contemporáneas.

La pregunta deja entonces de ser únicamente por qué crecen estas fuerzas, para convertirse también en una interrogante sobre las limitaciones de los proyectos que no lograron responder a las expectativas de amplios sectores sociales.

Las tensiones presentes

Precisamente porque se trata de intervenir en debates urgentes, algunas de sus afirmaciones invitan a la discusión.

La primera tiene que ver con el propio concepto de neofascismo. ¿Hasta qué punto esta categoría permite comprender fenómenos diversos que emergen en contextos nacionales muy distintos? ¿Existen suficientes elementos comunes para agrupar experiencias tan heterogéneas bajo una misma etiqueta?

Una segunda tensión se relaciona con la interpretación de los apoyos sociales que reciben estas fuerzas. Si bien el libro muestra con claridad las estrategias de construcción de hegemonía, queda abierta la pregunta sobre cómo comprender la compleja relación entre consentimiento, descontento social y agencia política de quienes apoyan estos proyectos.

Finalmente, nos invita a reflexionar sobre los límites de las respuestas progresistas. Si el neofascismo ha logrado disputar exitosamente el terreno cultural, ¿qué vacíos políticos, organizativos y pedagógicos hicieron posible esa expansión?

Una disputa que también es educativa

Quizás la principal enseñanza del libro sea recordarnos que las luchas políticas son también luchas pedagógicas.

Toda sociedad educa. La pregunta es quién educa, para qué educa y desde qué valores se realiza esa tarea.

Mientras algunos proyectos promueven la competencia, el individualismo y la mercantilización de la vida, otros buscan fortalecer la cooperación, la solidaridad y la construcción colectiva de soluciones comunes.

Por ello, la discusión sobre educación no puede reducirse a programas escolares o reformas curriculares. También involucra las formas en que aprendemos a convivir, a interpretar los conflictos sociales y a imaginar futuros posibles.

¿Qué tiene que ver esto con los bienes comunes?

Gran parte de los discursos neofascistas contemporáneos descansan sobre una visión profundamente individualista de la sociedad. En ella, los problemas colectivos son convertidos en responsabilidades individuales y las soluciones comunes son sustituidas por mecanismos de mercado.

La defensa de los bienes comunes supone exactamente lo contrario: reconocer que existen problemas que no pueden resolverse desde la competencia, sino desde la cooperación; que la vida depende de relaciones de interdependencia; y que la democracia requiere capacidades colectivas para deliberar, organizarse y cuidar aquello que es compartido.

Por eso la disputa actual no es únicamente económica o institucional. También es una disputa pedagógica sobre cómo entendemos la libertad, la comunidad, la democracia y la vida en común.

¿Está llegando esta batalla cultural a nuestros territorios?

Pensar el proyecto político-pedagógico del neofascismo no implica trasladar mecánicamente las experiencias de Argentina, Brasil o Estados Unidos a la realidad centroamericana. Cada territorio tiene sus propias historias, conflictos y configuraciones políticas. Sin embargo, muchas de las estrategias descritas en el libro permiten identificar dinámicas que también aparecen en nuestras sociedades.

En Costa Rica y otros países de la región observamos el crecimiento de discursos que presentan a las universidades públicas como espacios ideologizados y desconectados de las necesidades de la población. Se cuestiona la inversión pública en educación superior mientras se promueven lógicas de mercado como criterio principal para evaluar el conocimiento.

De forma paralela, organizaciones ambientalistas, movimientos comunitarios, pueblos indígenas, sindicatos, colectivos feministas y defensores de derechos humanos son frecuentemente retratados como obstáculos para el desarrollo económico o como grupos privilegiados que atentan contra el bienestar general.

También se ha vuelto común la circulación de narrativas que simplifican problemas complejos mediante la identificación de enemigos concretos. La crisis económica, los problemas de seguridad o las tensiones sociales son explicados a partir de conspiraciones, intereses ocultos o supuestas amenazas culturales que deben ser combatidas.

Estas dinámicas no necesariamente configuran proyectos neofascistas plenamente desarrollados. Sin embargo, sí forman parte de una disputa cultural más amplia sobre quién tiene legitimidad para producir conocimiento, qué papel debe desempeñar el Estado, cuáles derechos son considerados legítimos y qué tipo de sociedad se considera deseable.

Por ello, la lectura del libro resulta especialmente relevante para quienes participan en procesos educativos, organizaciones comunitarias, movimientos sociales y espacios de defensa de los bienes comunes. Más que ofrecer respuestas acabadas, permite desarrollar herramientas para reconocer cómo se construyen determinadas narrativas y cuáles intereses pueden estar presentes detrás de ellas.

Caja de herramientas para la reflexión crítica

La siguiente matriz no busca clasificar personas o posiciones políticas, sino promover preguntas que permitan analizar críticamente distintos discursos presentes en la sociedad.

Tema en disputaMensaje frecuente en la batalla cultural¿Qué se nos invita a creer?Preguntas para problematizar¿Qué implicaciones tiene para los bienes comunes?
Educación pública«Las universidades públicas son un gasto»La educación debe funcionar como una empresa y responder al mercado.¿La educación es un derecho o una mercancía? ¿Quiénes quedarían excluidos si el acceso dependiera únicamente de la capacidad de pago?Debilita la idea del conocimiento como patrimonio colectivo.
Estado«El Estado siempre es el problema»Lo privado es más eficiente que lo público.¿Existen problemas que el mercado no puede resolver? ¿Quién protege a quienes tienen menos recursos?Reduce la capacidad de gestión colectiva de bienes y servicios esenciales.
Ambiente«Los ambientalistas frenan el desarrollo»La naturaleza debe subordinarse al crecimiento económico.¿Desarrollo para quién? ¿Quién asume los costos ambientales? ¿Qué ocurre con las generaciones futuras?Favorece la mercantilización de territorios, agua y ecosistemas.
Derechos humanos«Los derechos humanos protegen delincuentes»Los derechos son privilegios para algunos grupos.¿Qué ocurre cuando ciertos derechos dejan de ser universales? ¿Quién decide qué personas merecen protección?Debilita principios básicos de convivencia democrática.
Feminismos«La ideología de género amenaza a la familia»La igualdad de género representa una amenaza cultural.¿Qué desigualdades históricas intentan abordar los movimientos feministas? ¿Quién se beneficia de mantener las relaciones actuales de poder?Limita procesos de inclusión y reconocimiento de derechos.
Migración«Los migrantes son responsables de los problemas sociales»Los problemas colectivos tienen un enemigo identificable.¿Qué factores económicos y políticos explican realmente esos problemas? ¿A quién beneficia buscar chivos expiatorios?Favorece la exclusión y fragmentación social.
Seguridad«Se necesitan medidas cada vez más duras»Más castigo equivale automáticamente a más seguridad.¿Cuáles son las causas estructurales de la violencia? ¿Qué soluciones quedan fuera del debate?Reduce la discusión pública a respuestas punitivas.
Ciencia y conocimiento«Los expertos están manipulando a la población»Toda evidencia puede ser descartada si contradice creencias previas.¿Cómo construimos conocimiento confiable? ¿Qué diferencia existe entre una opinión y una investigación rigurosa?Debilita la deliberación democrática basada en información.
Medios y redes sociales«Todo es una conspiración»Existe un enemigo oculto detrás de todos los problemas.¿Qué evidencias respaldan estas afirmaciones? ¿Cómo distinguir información de desinformación?Polariza el debate y dificulta acuerdos colectivos.
Organización social«Los movimientos sociales viven de privilegios»La acción colectiva es sospechosa o innecesaria.¿Qué derechos se han conquistado gracias a la organización social? ¿Quién gana cuando las personas dejan de organizarse?Debilita la participación ciudadana y la defensa de lo común.
Más allá de la denuncia

El principal aporte del libro no consiste únicamente en identificar los riesgos asociados al ascenso de las nuevas derechas. También nos recuerda que toda disputa política es una disputa pedagógica.

Si existen proyectos que educan para la competencia, el individualismo y la exclusión, también es posible construir procesos educativos que fortalezcan la cooperación, la solidaridad, la participación democrática y el cuidado de lo común.

La pregunta que deja abierta esta lectura es profundamente política y pedagógica: ¿qué formas de aprendizaje necesitamos promover para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo sin renunciar a la democracia, la justicia social y la defensa de la vida?

Una invitación a la lectura

En tiempos donde las certezas parecen desmoronarse y los discursos autoritarios ganan espacio en distintas regiones del mundo, comprender cómo se construyen las ideas dominantes se vuelve una tarea indispensable.

Más que ofrecer respuestas definitivas, El proyecto político-pedagógico del neofascismo proporciona herramientas para pensar críticamente el presente y para reconocer que las batallas políticas de nuestro tiempo son también batallas por la imaginación, la cultura y el sentido común.

Leer este libro es una invitación a comprender mejor el mundo que habitamos, pero también a preguntarnos qué proyectos pedagógicos necesitamos construir para defender la democracia, fortalecer los bienes comunes y ampliar los horizontes de una vida digna para todas las personas.

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Más allá de las áreas protegidas: descolonizar la conservación en tiempos de crisis ecológica

En los debates contemporáneos sobre la crisis ecológica suele asumirse que la conservación de la naturaleza es un objetivo indiscutible y universalmente compartido. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntar quién define qué es conservar, quién toma las decisiones sobre los territorios y quiénes cargan con los costos de esas políticas.

El libro Decolonize Conservation: Global Voices for Indigenous Self-Determination, Land, and a World in Common propone precisamente abrir esa discusión. A partir de experiencias de pueblos indígenas, comunidades locales, activistas e investigadores de diversas regiones del mundo, la obra plantea que muchas de las políticas de conservación impulsadas durante el último siglo no pueden comprenderse al margen de la historia colonial. Por el contrario, argumenta que numerosas iniciativas conservacionistas han reproducido formas de despojo, exclusión y subordinación que afectan especialmente a quienes han habitado y cuidado los territorios durante generaciones.

Desde esta perspectiva, descolonizar la conservación no significa simplemente mejorar algunos mecanismos de participación o incorporar nuevos actores a estructuras ya existentes. Implica cuestionar las bases mismas desde las cuales se ha pensado la relación entre naturaleza, sociedad, desarrollo y poder.

La crisis ambiental también es una crisis de justicia

Uno de los aportes más relevantes del libro consiste en desplazar la discusión ambiental hacia el terreno de la justicia. Las autoras y autores sostienen que la crisis ecológica contemporánea no puede explicarse únicamente por la pérdida de biodiversidad, el cambio climático o la degradación de ecosistemas. Detrás de estos fenómenos existen procesos históricos vinculados con el colonialismo, el racismo, la apropiación de territorios y la concentración del poder económico.

Esta mirada cuestiona la tendencia a presentar los problemas ambientales como asuntos exclusivamente técnicos o científicos. Lo que está en juego no es únicamente la protección de especies o paisajes, sino también la forma en que las sociedades distribuyen derechos, recursos, beneficios y sacrificios.

Desde esta perspectiva, la pregunta deja de ser solamente cómo proteger la naturaleza y pasa a ser también quién decide sobre ella, quién se beneficia de su uso y quiénes son desplazados o excluidos en nombre de su protección.

Superar la separación entre humanidad y naturaleza

Otra dimensión central del proceso de descolonización consiste en cuestionar una de las ideas más arraigadas en la modernidad occidental: la noción de que la naturaleza existe separada de las personas.

El libro muestra cómo gran parte de las políticas conservacionistas se han construido sobre la imagen de una naturaleza «prístina», «salvaje» o «intacta», que debe mantenerse libre de presencia humana. Bajo esta lógica, la conservación se convierte en un esfuerzo por aislar espacios naturales de las comunidades que los habitan.

Sin embargo, las experiencias recogidas en la obra muestran una realidad distinta. Muchos de los territorios considerados hoy como espacios de alta biodiversidad han sido moldeados durante siglos por prácticas comunitarias de manejo, producción, movilidad, cuidado y uso compartido.

Descolonizar implica reconocer que la relación entre las personas y los ecosistemas no es necesariamente destructiva. Existen múltiples formas de habitar los territorios que no responden a la lógica extractiva dominante y que han contribuido históricamente a sostener la diversidad biológica y cultural.

La conservación, desde esta mirada, deja de ser una política de separación y pasa a entenderse como una práctica de convivencia.

Reconocer la historia de despojo detrás de la conservación

Uno de los conceptos más recurrentes en el libro es el de “conservación de fortaleza”. Este modelo se basa en la creación de áreas protegidas bajo control estatal o institucional, donde la presencia humana es considerada una amenaza para la biodiversidad. En numerosos casos, ello ha significado el desplazamiento de comunidades, restricciones al acceso a tierras ancestrales, criminalización de prácticas tradicionales y diversas formas de violencia.

Las experiencias documentadas en países como Kenia, República Democrática del Congo, India o Tanzania muestran que, en muchas ocasiones, la conservación ha operado mediante mecanismos similares a los utilizados históricamente por los proyectos coloniales: apropiación territorial, imposición de modelos externos de gestión y subordinación de las poblaciones locales.

La crítica que plantea el libro no consiste en rechazar la protección de los ecosistemas, sino en cuestionar la idea de que la conservación sólo puede lograrse mediante la exclusión de quienes habitan esos territorios.

Descolonizar implica reconocer esta historia, visibilizar sus consecuencias y abrir espacios para formas alternativas de protección ambiental basadas en la justicia y los derechos colectivos.

Recuperar los derechos territoriales y la autodeterminación

En prácticamente todos los testimonios reunidos en la obra aparece una demanda común: el reconocimiento efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

La defensa del territorio no es presentada únicamente como una reivindicación cultural o política. Es también una condición para la continuidad de formas de vida, sistemas de conocimiento, prácticas productivas y relaciones comunitarias que dependen de esos espacios.

Por ello, descolonizar supone avanzar más allá de mecanismos limitados de consulta o participación. Significa reconocer la capacidad de las comunidades para gobernar sus territorios, definir sus prioridades y participar de manera sustantiva en las decisiones que afectan sus vidas.

La autodeterminación aparece así como una dimensión inseparable de cualquier propuesta seria de justicia ambiental.

Valorar la diversidad de conocimientos

El libro también cuestiona la tendencia a considerar que únicamente los saberes científicos o técnicos poseen legitimidad para orientar la gestión ambiental.

Las experiencias presentadas muestran que los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen conocimientos acumulados durante generaciones acerca de los ciclos ecológicos, las dinámicas territoriales, la biodiversidad y las formas de uso sostenible de los recursos.

Estos saberes han sido frecuentemente invisibilizados, subordinados o apropiados sin reconocimiento.

Descolonizar implica reconocer que existen múltiples formas válidas de producir conocimiento y comprender el mundo. No se trata de reemplazar la ciencia por otros saberes, sino de construir relaciones más horizontales que permitan el diálogo y el reconocimiento mutuo.

La diversidad biológica y la diversidad cultural aparecen entonces como dimensiones profundamente interrelacionadas.

Identificar las causas estructurales de la destrucción ambiental

Una de las críticas más contundentes del libro apunta a las narrativas que responsabilizan a comunidades rurales, indígenas o campesinas de la degradación ambiental mientras permanecen relativamente intactas las estructuras económicas que impulsan la explotación intensiva de la naturaleza.

Las autoras y autores señalan que muchas de las amenazas más graves para los ecosistemas provienen de modelos de desarrollo basados en el extractivismo, la expansión de monocultivos, la minería, la explotación energética, el consumo excesivo y la acumulación de riqueza a escala global.

Sin embargo, las medidas de conservación suelen concentrarse en controlar o restringir las prácticas de quienes tienen una huella ecológica considerablemente menor.

Descolonizar implica desplazar el foco del debate hacia las causas estructurales de la crisis ambiental y cuestionar las relaciones de poder que permiten que algunos sectores acumulen beneficios mientras otros asumen los costos ecológicos y sociales.

Construir alternativas desde las comunidades

Los artículos no se limitan a denunciar problemas. También presenta experiencias que muestran caminos alternativos.

Diversas contribuciones destacan iniciativas de conservación comunitaria, gobernanza territorial indígena, manejo colectivo de bosques y otras formas de protección ambiental basadas en la participación directa de las comunidades.

Estas experiencias parten de una premisa sencilla pero profunda: quienes viven en los territorios no deben ser vistos como obstáculos para la conservación, sino como actores fundamentales para su sostenibilidad.

La protección de la biodiversidad, desde esta perspectiva, requiere fortalecer capacidades comunitarias, reconocer derechos colectivos y construir relaciones de confianza, en lugar de profundizar mecanismos de control, vigilancia o militarización.

¿Qué tiene que ver todo esto con los bienes comunes?

Las reflexiones presentes en Decolonize Conservation dialogan de manera directa con la perspectiva de los bienes comunes.

La tradición de los bienes comunes parte de una idea fundamental: existen recursos, territorios, conocimientos y condiciones de vida que no pueden reducirse a mercancías ni gestionarse exclusivamente desde el mercado o desde estructuras centralizadas de poder. Su sostenibilidad depende de relaciones sociales basadas en la cooperación, la corresponsabilidad y la participación democrática.

Desde esta mirada, la crítica a la conservación colonial puede entenderse también como una crítica a formas de gestión que concentran las decisiones en actores externos mientras excluyen a quienes mantienen vínculos cotidianos con los territorios.

Los pueblos indígenas y las comunidades locales que aparecen en el libro no reclaman únicamente acceso a recursos. Reclaman la posibilidad de seguir ejerciendo formas colectivas de cuidado, gobernanza y reproducción de la vida.

La descolonización y los bienes comunes coinciden en varios puntos fundamentales:

  • -Reconocen que los territorios son espacios de vida y no simples objetos de administración.
  • -Cuestionan las relaciones de dominación que separan a las comunidades de sus medios de existencia.
  • -Defienden la participación activa de quienes habitan los territorios en la toma de decisiones.
  • -Valoran la diversidad de conocimientos y experiencias.
  • -Entienden que la sostenibilidad ecológica depende también de la justicia social.

Desde esta perspectiva, proteger un bosque, una cuenca, un humedal o una montaña no significa únicamente preservar especies o paisajes. Significa también defender las relaciones sociales, culturales y comunitarias que han permitido sostener esos territorios a lo largo del tiempo.

Una invitación a continuar la conversación

En un contexto marcado por la crisis climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y el aumento de los conflictos socioambientales, las preguntas planteadas por este libro adquieren una enorme relevancia.

¿Es posible proteger la naturaleza sin proteger a quienes la habitan? ¿Puede existir conservación sin justicia? ¿Qué formas de conocimiento reconocemos cuando pensamos el futuro de nuestros territorios? ¿Quiénes participan en las decisiones sobre los bienes que sostienen la vida?

Decolonize Conservation no ofrece respuestas únicas ni recetas universales. Lo que propone es algo igualmente importante: abrir una conversación necesaria sobre las relaciones entre territorio, poder, conservación y justicia.

Invitamos a leer este documento y a incorporarlo a los debates sobre bienes comunes, democracia territorial y justicia socioecológica. Sus páginas nos recuerdan que la defensa de la biodiversidad y la defensa de los pueblos no son causas separadas, sino dimensiones inseparables de una misma lucha por la vida.

¿Qué vemos cuando hablamos de conservación? Claves para pensar desde nuestras experiencias

Las ideas presentadas en este libro cobran mayor sentido cuando las ponemos en diálogo con nuestras propias experiencias y territorios. ¿Quién decide sobre los bienes que sostienen la vida? ¿Qué conocimientos son escuchados y cuáles son excluidos? ¿Quiénes se benefician y quiénes asumen los costos de las decisiones tomadas en nombre de la conservación?

Las siguientes matrices buscan acompañar este ejercicio de reflexión. Más que un resumen del documento, constituyen una invitación a observar críticamente nuestras realidades, identificar continuidades coloniales en las formas de gestionar la naturaleza y reconocer prácticas comunitarias que apuntan hacia relaciones más justas entre las personas, los territorios y la biodiversidad. A partir de ellas, es posible abrir conversaciones sobre participación, derechos, cuidado colectivo y bienes comunes en los contextos que habitamos.

¿Qué implica descolonizar nuestra forma de entender y defender la naturaleza?

DimensiónVisión colonial de la conservaciónPerspectiva descolonizadoraPreguntas para la reflexión
Relación entre seres humanos y naturalezaLa naturaleza debe protegerse de las personas.Las personas forman parte de los ecosistemas y pueden contribuir a su cuidado.¿Cómo se relacionan nuestras comunidades con los territorios que habitan? ¿Toda presencia humana destruye la naturaleza?
TerritorioEl territorio es un espacio a administrar desde instituciones externas.El territorio es un espacio de vida, memoria, cultura y sustento.¿Quién decide sobre el uso del territorio? ¿Quiénes viven las consecuencias de esas decisiones?
ConservaciónSe protege mediante prohibiciones, vigilancia y exclusión.Se protege fortaleciendo relaciones de cuidado y responsabilidad colectiva.¿Qué experiencias comunitarias de cuidado existen en nuestro territorio?
ConocimientoEl conocimiento técnico y científico tiene mayor legitimidad.Existen múltiples conocimientos válidos que pueden dialogar entre sí.¿Qué conocimientos locales suelen ser ignorados o desvalorizados?
Comunidades localesSon vistas como potenciales amenazas para la biodiversidad.Son actores fundamentales para la sostenibilidad de los territorios.¿Cómo son representadas las comunidades en los discursos ambientales?
DerechosLos derechos pueden subordinarse a objetivos de conservación.La protección ambiental y los derechos humanos son inseparables.¿Puede existir conservación cuando se vulneran derechos?
DesarrolloLas causas de la destrucción ambiental suelen atribuirse a poblaciones locales.Se analizan las estructuras económicas y políticas que generan degradación.¿Quién obtiene beneficios de la explotación de la naturaleza? ¿Quién asume los costos?
ParticipaciónLas comunidades son consultadas después de que las decisiones ya fueron tomadas.Las comunidades participan desde el inicio y tienen capacidad de decisión.¿Qué tan vinculante es la participación en nuestro territorio?
BiodiversidadSe protege mediante áreas aisladas de la vida cotidiana.Se protege fortaleciendo territorios vivos y comunidades que los habitan.¿Qué papel tienen las prácticas comunitarias en la conservación local?
FuturoSe busca gestionar la naturaleza como un recurso.Se busca sostener la vida en todas sus formas.¿Qué significa cuidar la vida en nuestro territorio?
Descolonizar para construir lo común

Aunque el libro se sitúa principalmente en el debate sobre la descolonización de la conservación, muchas de sus reflexiones dialogan profundamente con la perspectiva de los bienes comunes. Ambas miradas cuestionan las formas de gestión que concentran el poder de decisión sobre los territorios y coinciden en la necesidad de fortalecer la participación de las comunidades en el cuidado de aquello que sostiene la vida.

Más que entender la naturaleza como un conjunto de recursos a administrar desde arriba, ambas perspectivas invitan a reconocer los territorios como espacios de relaciones, conocimientos, memorias y responsabilidades compartidas. La sostenibilidad ecológica no depende únicamente de normas o instituciones, sino también de las prácticas colectivas de cuidado, cooperación y gobernanza construidas por quienes habitan esos lugares.

La siguiente matriz permite identificar algunos de los principales puntos de encuentro entre la propuesta de descolonizar la conservación y el horizonte político y ético de los bienes comunes. Más que conceptos separados, pueden entenderse como caminos complementarios para pensar formas más democráticas, justas y sostenibles de habitar y defender los territorios.

Naturaleza, comunidad y cuidado: diálogos con los bienes comunes

Lo que plantea la descolonizaciónAporte desde los bienes comunes
Reconocer derechos territoriales colectivos.Los bienes comunes requieren comunidades con capacidad de gobernar sus territorios.
Valorar conocimientos locales e indígenas.Los bienes comunes se sostienen mediante saberes construidos colectivamente.
Cuestionar el despojo y la concentración del poder.Los bienes comunes buscan democratizar las decisiones sobre aquello que sostiene la vida.
Defender la participación efectiva.La gestión colectiva es un principio fundamental de los bienes comunes.
Reconocer la interdependencia entre personas y naturaleza.Los bienes comunes entienden que la vida humana depende de relaciones ecológicas y comunitarias.
Cuestionar la mercantilización de la naturaleza.Los bienes comunes afirman que no todo puede reducirse a mercancía o propiedad privada.
Promover formas comunitarias de cuidado.El cuidado es una práctica central para la sostenibilidad de los bienes comunes.

Pueden descargar la infografía aquí

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Invitamos a descargar y explorar este libro, una obra colectiva que reúne voces de pueblos indígenas, comunidades locales, activistas e investigadores de distintas regiones del mundo. A través de experiencias concretas y reflexiones críticas, Decolonize Conservation nos desafía a repensar las formas en que entendemos la naturaleza, la conservación y la justicia. Su lectura ofrece herramientas valiosas para quienes buscan comprender los conflictos socioambientales contemporáneos y construir alternativas basadas en el respeto a los territorios, la autodeterminación de los pueblos y el cuidado de la vida en común.

Pueden descargarlo aquí.

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Síndrome de la Bicicleta Desarmada: ¿Armonización o liberalización? La disputa por el futuro de la electricidad en Costa Rica

Interrumpimos brevemente este análisis para un comentario editorial de nuestro corresponsal especial, Ken Brockman:

—Estimada audiencia. El tema de hoy es fascinante. Diversos sectores han descubierto que el ICE está atrasado, que no innovó lo suficiente y que no logró adaptarse a las nuevas tecnologías energéticas. Un hallazgo verdaderamente sorprendente.

Los científicos aún investigan cómo ocurrió este misterioso fenómeno. Las principales hipótesis apuntan a extraterrestres, maldiciones ancestrales o alguna fuerza sobrenatural imposible de identificar. Aunque una línea secundaria de investigación sugiere que quizás tuvo algo que ver una larga serie de decisiones políticas que limitaron su capacidad de inversión, planificación y desarrollo. Pero esa teoría sigue siendo considerada demasiado incómoda para el horario familiar.

Lo que sí parece claro es la secuencia de los acontecimientos: primero se cuestiona a una institución pública, luego se le restringe, después se le fragmenta, más tarde se señala que ya no responde como antes y finalmente se utiliza ese deterioro como prueba irrefutable de que es necesario reemplazar el modelo que la hizo posible.

Los especialistas han bautizado este fenómeno como el Síndrome de la Bicicleta Desarmada: consiste en quitarle una rueda a una bicicleta, después la cadena, luego los pedales, para finalmente presentar un estudio técnico concluyendo que la bicicleta tiene serios problemas de movilidad. O, para usar un ejemplo más directo, es como romperle las piernas a alguien y años después presentar un proyecto para privatizar las caminatas porque la persona ya no corre tan rápido.

Y aquí aparece un detalle particularmente interesante para los investigadores. Resulta que muchos de los sectores y actores que hoy señalan el supuesto atraso del ICE y promueven el proyecto de armonización son los mismos que durante años impulsaron decisiones que contribuyeron a restringir, debilitar o limitar la capacidad de acción de la institución. Un giro argumental tan inesperado como encontrar al pirómano dirigiendo la comisión especial sobre prevención de incendios.

Pero volvamos a la seriedad que exige el tema.

Porque la pregunta importante no es si el ICE enfrenta desafíos tecnológicos. Por supuesto que los enfrenta. Como cualquier institución pública del mundo, necesita modernizarse, innovar y adaptarse a nuevos escenarios energéticos.

La verdadera pregunta es otra: ¿estamos discutiendo cómo fortalecer la capacidad pública para enfrentar esos desafíos o estamos utilizando un deterioro políticamente inducido para justificar una transformación que algunos sectores vienen impulsando desde hace años?

Y con esa reflexión cerramos esta edición especial. Porque, al final, aquí no se discuten vatios. Se discuten derechos. Y también memoria.

Fin de la transmisión

Porque cuando hablamos de electricidad no hablamos únicamente de cables, plantas o mercados. Hablamos del acceso al agua, a la educación, a la salud, a la comunicación y, en última instancia, de las condiciones materiales que hacen posible una vida digna.

La discusión sobre el Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414) ha sido presentada principalmente como un debate técnico. Se habla de eficiencia, modernización, competencia y actualización institucional. Sin embargo, detrás del lenguaje especializado se encuentra una discusión profundamente política: ¿quién debe planificar, coordinar y controlar uno de los bienes estratégicos más importantes para la vida colectiva?

La energía eléctrica no es una mercancía cualquiera. Su acceso condiciona la salud, la educación, la producción, las comunicaciones y las posibilidades mismas de una vida digna. Por ello, la forma en que una sociedad organiza su sistema eléctrico expresa una determinada concepción sobre el papel del Estado, los bienes comunes y el interés público.

Un cambio de paradigma

Durante décadas Costa Rica desarrolló un modelo eléctrico basado en la planificación pública de largo plazo, encabezada principalmente por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Este modelo permitió construir una de las coberturas eléctricas más altas de América Latina y el Caribe, ampliar el acceso a regiones históricamente excluidas y desarrollar una matriz energética basada principalmente en fuentes renovables.

El proyecto de armonización plantea una transformación significativa de ese modelo. Aunque mantiene la propiedad pública de determinadas infraestructuras y no propone la venta del ICE, introduce una nueva arquitectura institucional basada en la creación de un Mercado Eléctrico Nacional, la apertura de espacios para nuevos agentes privados y la reorganización de las funciones de planificación y operación del sistema.

La pregunta fundamental es si esta reforma fortalece el modelo solidario construido durante décadas o si representa una transición hacia una lógica de mercado en la gestión de la electricidad.

La energía convertida en mercado

Uno de los elementos centrales del proyecto es la creación de un Mercado Eléctrico Nacional donde diversos agentes podrán comprar, vender y comercializar energía bajo reglas de competencia.

El discurso oficial sostiene que la competencia permitirá reducir costos, aumentar la eficiencia y atraer inversiones. No obstante, esta visión parte de una premisa ideológica específica: que los mecanismos de mercado son la mejor forma de organizar sectores estratégicos.

La experiencia internacional demuestra que esta afirmación está lejos de ser una verdad universal. En numerosos países los procesos de liberalización eléctrica produjeron concentración económica, debilitamiento de la capacidad pública de planificación y una creciente influencia de actores privados sobre decisiones estratégicas.

La discusión, por tanto, no es únicamente económica. También es democrática. ¿Quién define las prioridades energéticas del país? ¿Las necesidades colectivas o las señales del mercado?

De la planificación pública a la planificación indicativa

Otro cambio relevante es la sustitución de la planificación pública tradicional por un modelo denominado “planificación indicativa”.

Bajo este esquema, el Estado deja de identificar directamente los proyectos estratégicos para el desarrollo eléctrico. En su lugar, diversos agentes presentan proyectos que compiten entre sí mediante mecanismos de mercado y subastas.

La diferencia puede parecer técnica, pero sus implicaciones son profundas.

En el modelo histórico, la planificación partía de una visión integral del desarrollo nacional. En el nuevo esquema, la expansión del sistema depende cada vez más de las decisiones de inversión de actores individuales y de los incentivos económicos disponibles.

Se produce así un desplazamiento silencioso: la planificación deja de ser un instrumento central de conducción pública y se convierte progresivamente en un mecanismo de orientación para mercados.

ECOSEN y la fragmentación institucional

El proyecto propone además la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), una nueva institución que asumiría funciones de operación, coordinación y administración del mercado eléctrico.

Sus defensores argumentan que esto permitirá una gestión más especializada e independiente. Sin embargo, también implica trasladar competencias que históricamente han estado concentradas en instituciones públicas consolidadas.

En muchos procesos de reforma neoliberal la fragmentación institucional ha sido un paso previo a la apertura de mercados. No se eliminan necesariamente las instituciones existentes, pero sí se redistribuyen sus funciones, reduciendo su capacidad de conducción estratégica.

La pregunta no es únicamente quién opera el sistema, sino quién adquiere capacidad real para orientar su futuro.

Nuevos actores, nuevas relaciones de poder

El proyecto incorpora figuras como comercializadores, agregadores de demanda y grandes consumidores con acceso directo al mercado.

Estas figuras crean nuevas oportunidades de negocio dentro del sector eléctrico y modifican la estructura tradicional de relaciones entre productores, distribuidores y usuarios.

La apertura de nuevos espacios económicos suele presentarse como sinónimo de democratización. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los mercados eléctricos tienden a concentrarse alrededor de actores con capacidad financiera, tecnológica y jurídica para competir en condiciones favorables.

Por ello, resulta legítimo preguntarse quiénes serán los principales beneficiarios de estas transformaciones y quiénes asumirán los riesgos asociados.

Una disputa sobre los bienes comunes

La discusión sobre el proyecto de armonización no debería reducirse a cálculos tarifarios o modelos regulatorios. Lo que está en juego es una definición más profunda sobre el papel de la energía dentro de la sociedad costarricense.

Si la electricidad es concebida como un bien común estratégico, la prioridad debe ser garantizar el acceso universal, la solidaridad territorial, la sostenibilidad socioambiental y la planificación democrática de largo plazo.

Si, por el contrario, la energía es entendida principalmente como un mercado, la eficiencia económica y la competencia tenderán a convertirse en los criterios predominantes para organizar el sistema.

La verdadera discusión no es técnica. Es una discusión sobre el país que queremos construir.

Más allá de la armonización

La palabra armonización sugiere consenso, equilibrio y coordinación. Sin embargo, detrás de este proyecto existen intereses, visiones de desarrollo y concepciones distintas sobre el papel del Estado y los bienes comunes.

Por ello, antes de aprobar una reforma de esta magnitud, resulta indispensable abrir una discusión pública amplia e informada. No se trata solamente de reorganizar instituciones o crear nuevos mercados. Se trata de decidir quién controlará la energía en Costa Rica durante las próximas décadas.

La historia demuestra que las transformaciones más profundas rara vez se presentan como rupturas. Con frecuencia llegan bajo el lenguaje de la modernización, la eficiencia y la actualización institucional. Precisamente por eso es necesario debatir no solo los mecanismos propuestos, sino también el modelo de sociedad que estos ayudan a construir.

La electricidad como derecho social y bien común

Hablar de electricidad únicamente en términos de mercados, tarifas o eficiencia económica es olvidar que detrás de cada kilovatio consumido existen personas, comunidades y territorios que dependen de este servicio para ejercer otros derechos fundamentales.

La electricidad permite el acceso al agua potable mediante sistemas de bombeo, sostiene el funcionamiento de escuelas, hospitales y universidades, posibilita las comunicaciones, la producción de alimentos y el desarrollo de actividades económicas. En la actualidad, incluso el acceso a la información, la educación virtual y numerosos servicios públicos dependen de una conexión eléctrica permanente. Por ello, la electricidad no puede entenderse únicamente como una mercancía: constituye una condición básica para la vida digna.

Reconocer la electricidad como un derecho social implica asumir que su provisión no puede depender exclusivamente de criterios de rentabilidad o de la capacidad de pago de las personas. Significa aceptar que toda la población, independientemente de su ubicación geográfica o condición económica, debe tener garantizado un acceso seguro, continuo y asequible a este servicio esencial.

Esta visión fue uno de los pilares que orientó históricamente la construcción del sistema eléctrico costarricense. La electrificación rural, la expansión de la cobertura nacional y la búsqueda de tarifas solidarias respondieron a la idea de que la energía debía servir al desarrollo del país en su conjunto y no únicamente a la generación de ganancias.

Desde esta perspectiva, la discusión sobre el proyecto de armonización trasciende las cuestiones regulatorias. Lo que está en juego es si la electricidad continuará siendo concebida como un instrumento para garantizar bienestar colectivo, cohesión social y desarrollo territorial equilibrado, o si pasará a organizarse principalmente a partir de las dinámicas propias de los mercados eléctricos.

Defender la electricidad como derecho social no significa rechazar la innovación tecnológica, la participación de nuevos actores o la necesidad de mejorar la gestión del sistema. Significa recordar que la energía es demasiado importante para quedar subordinada exclusivamente a criterios comerciales. La pregunta central no es quién puede generar más electricidad o quién puede venderla más barato. La pregunta fundamental es al servicio de quién debe estar organizado el sistema eléctrico nacional.

En tiempos de crisis climática, desigualdad creciente y disputas por los bienes comunes, defender la electricidad como derecho social es también defender una idea de país donde la energía sea un patrimonio colectivo orientado al bienestar de las generaciones presentes y futuras, y no simplemente un espacio más para la competencia y la acumulación económica.

La discusión sobre la armonización eléctrica es apenas una expresión de un debate mucho más amplio. ¿Qué ocurre cuando bienes esenciales para la vida son reorganizados bajo la lógica del mercado? ¿Qué enseñanzas dejan las experiencias de privatización en América Latina? ¿Qué papel juegan la organización social, la participación ciudadana y la defensa de los bienes comunes en estas disputas?

Estas son algunas de las preguntas que aborda el documento de trabajo Privatización, crisis y resistencia social: la disputa por la energía eléctrica en Costa Rica, donde se exploran conceptos clave para comprender las reformas eléctricas, las experiencias regionales de privatización y resistencia, y los desafíos que enfrenta Costa Rica en la definición de su futuro energético.

El documento completo ya está disponible para descarga aquí.

Miners affiliated with the Central Obrera Boliviana (COB) and social organizations take part in a protest march called "Bolivia Is Not for Sale" against Decree 5503 and rising diesel and gasoline prices, as they aim to reach the city of La Paz on Monday, in Calamarca, on the outskirts of El Alto, Bolivia, January 3, 2026. REUTERS/Claudia Morales

Cuando la multitud cambia de nombre: Democracia, protesta y doble rasero en la política exterior estadounidense

Hace apenas unas semanas, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que las movilizaciones contra el gobierno boliviano de Rodrigo Paz constituían un “golpe de Estado en desarrollo” financiado por una alianza entre actores políticos y el crimen organizado. La declaración fue posteriormente reforzada por el secretario de Estado Marco Rubio y por el secretario de Defensa Pete Hegseth, quienes insistieron en presentar las protestas como una amenaza contra un gobierno democráticamente electo y como un intento de restaurar viejas estructuras vinculadas al narcotráfico.

Las palabras utilizadas no son menores. En un contexto regional atravesado por profundas tensiones sociales, crisis económicas, conflictos territoriales y procesos de polarización política, definir una movilización como protesta, insurrección, golpe de Estado o amenaza terrorista implica mucho más que una descripción de los hechos. Significa establecer un marco de interpretación que condiciona las respuestas posibles, delimita los márgenes de legitimidad y determina quiénes pueden ser reconocidos como actores políticos y quiénes pasan a ser tratados como enemigos.

Por ello, más allá de la situación específica que atraviesa Bolivia, las declaraciones de los funcionarios estadounidenses abren una discusión más amplia sobre la relación entre democracia, seguridad y poder. Una discusión particularmente relevante cuando se observa que muchos de los sectores políticos que hoy califican las protestas bolivianas como una amenaza para el orden democrático sostuvieron interpretaciones muy distintas frente a uno de los episodios más significativos de la historia política reciente de Estados Unidos: la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021.

La disputa por el significado de la multitud

El asalto al Capitolio constituyó un hecho extraordinario. Miles de personas ingresaron por la fuerza al principal símbolo institucional de la democracia estadounidense con el propósito de impedir la certificación de los resultados electorales que darían la victoria a Joe Biden. Hubo enfrentamientos con la policía, ocupación de edificios públicos, amenazas a funcionarios y una interrupción temporal del proceso constitucional.

Sin embargo, lo que resulta especialmente interesante para el análisis político no es únicamente lo ocurrido aquel día, sino la disputa posterior por su significado.

Mientras amplios sectores lo describieron como un intento de insurrección o un ataque contra el orden democrático, buena parte del universo político vinculado al trumpismo impulsó una narrativa distinta. Los participantes fueron presentados como patriotas, ciudadanos preocupados por el futuro del país o víctimas de persecución política. La ocupación violenta de una institución estatal dejó de interpretarse como una amenaza a la democracia y pasó a ser leída, por determinados sectores, como una forma legítima de defenderla.

La pregunta que emerge entonces es incómoda, pero necesaria: ¿qué diferencia una protesta de una insurrección? ¿Qué convierte una movilización en una amenaza contra el orden democrático? ¿Dónde termina el derecho a la resistencia y dónde comienza el intento de subvertir las instituciones?

Las respuestas parecen variar considerablemente según quién protagonice la acción, cuáles intereses estén en juego y desde qué posición de poder se construya el relato dominante.

La geopolítica de la legitimidad

Las declaraciones de Landau, Rubio y Hegseth no pueden interpretarse únicamente como posicionamientos coyunturales frente a la crisis boliviana. Más bien forman parte de una arquitectura discursiva más amplia que hemos venido observando en los recientes documentos de seguridad de la administración Trump, donde la defensa de la democracia aparece crecientemente subordinada a criterios geopolíticos y estratégicos.

En este marco, la democracia deja de operar como una categoría aplicada de manera consistente a todos los actores y situaciones. Su significado comienza a depender de la posición que cada gobierno ocupa dentro de la estructura de alianzas, intereses y prioridades de la política exterior estadounidense. La legitimidad ya no se define exclusivamente por el origen electoral de los gobiernos ni por el respeto a procedimientos institucionales, sino también por su alineamiento con determinados proyectos de seguridad hemisférica.

Esto permite comprender por qué fenómenos similares pueden ser interpretados de formas radicalmente distintas. Cuando un gobierno es considerado un aliado estratégico de Washington, las movilizaciones que cuestionan su continuidad pueden ser presentadas como amenazas a la estabilidad, intentos de desestabilización o incluso procesos de carácter insurreccional. En cambio, cuando las protestas se producen contra gobiernos considerados adversarios o incómodos para los intereses estadounidenses, esas mismas acciones suelen ser leídas como expresiones legítimas de la voluntad popular, luchas por la democracia o procesos de resistencia ciudadana.

La cuestión de fondo, por tanto, ya no es únicamente jurídica ni institucional. Es una disputa profundamente política por la capacidad de nombrar la realidad. Lo que está en juego es quién posee la autoridad para definir cuándo una protesta constituye una expresión democrática, cuándo representa una amenaza al orden constitucional y cuándo debe ser interpretada como un intento de golpe de Estado.

De la lucha contra el narcotráfico a la securitización del conflicto social

La insistencia de los funcionarios estadounidenses en vincular las protestas bolivianas con el narcotráfico resulta particularmente reveladora porque muestra un desplazamiento que hemos venido observando en distintos escenarios de la región.

Durante décadas, América Latina y el Caribe ha sido interpretada a través de marcos que combinan seguridad, terrorismo, narcotráfico, gobernabilidad y estabilidad regional. Estas categorías han servido para justificar intervenciones, programas de cooperación militar, reformas institucionales y dispositivos de vigilancia. Lo novedoso es que actualmente comienzan a fusionarse con una intensidad cada vez mayor.

Cuando la protesta es asociada al crimen organizado, el conflicto deja de ser entendido como una disputa política relacionada con condiciones de vida, modelos económicos o desacuerdos sociales. Se transforma en un problema de seguridad. Y una vez que ocurre esa transformación, las respuestas posibles también cambian radicalmente.

La negociación pierde centralidad frente a la contención. El diálogo es sustituido por la vigilancia. Las demandas sociales dejan de analizarse desde sus causas estructurales para ser interpretadas como factores de riesgo. La política comienza a ser administrada mediante instrumentos policiales, judiciales o militares.

En este sentido, la securitización no consiste únicamente en aumentar la presencia de fuerzas de seguridad. Implica algo más profundo: redefinir la manera en que la sociedad interpreta los conflictos. Lo que antes era leído como desigualdad, exclusión o malestar social pasa a ser leído como amenaza.

¿Quiénes son los “vándalos”?

Las declaraciones del propio gobierno boliviano ofrecen otro elemento importante para esta discusión. Rodrigo Paz anunció su disposición a dialogar con diversos sectores movilizados, pero aclaró que no negociaría con quienes calificó como “vándalos”.

A primera vista podría parecer una afirmación razonable. Sin embargo, desde una perspectiva política, las categorías utilizadas para nombrar a los actores en conflicto poseen una enorme relevancia. Las palabras no son simples descripciones de la realidad. También son instrumentos que organizan la realidad. Determinan quién puede ser escuchado, quién merece reconocimiento institucional y quién queda excluido de los marcos de legitimidad.

Nombrar a una persona como ciudadana implica reconocerle derechos. Definirla como manifestante supone admitir la existencia de una demanda. Reconocerla como opositora significa aceptar que forma parte de un conflicto político legítimo. Pero cuando se la nombra como vándala, criminal o terrorista, el sentido de su acción cambia por completo.

La discusión deja de girar alrededor de las causas del conflicto y se desplaza hacia la necesidad de restaurar el orden. El problema ya no es lo que se reclama, sino la existencia misma del actor que reclama.

Por ello, una de las preguntas más importantes para comprender la coyuntura boliviana no es únicamente qué está ocurriendo en las calles. La cuestión central es quién tiene la capacidad de definir qué significa lo que está ocurriendo.

Cuando la democracia depende de quién protesta

Quizá el aspecto más inquietante de esta discusión no sea la crisis boliviana en sí misma, sino la creciente tendencia a que las categorías políticas pierdan estabilidad. Democracia, protesta, golpe de Estado, terrorismo o seguridad parecen significar cosas distintas según quién las utilice y contra quién se apliquen.

En este escenario, la disputa no se libra únicamente en las calles ni en las instituciones. También ocurre en el terreno del lenguaje. Porque quien logra imponer el significado de los acontecimientos adquiere una enorme capacidad para orientar las respuestas políticas, legitimar determinadas intervenciones y delimitar los márgenes de lo aceptable.

La pregunta que deja abierta el caso boliviano no es solamente si existe o no un intento de desestabilización. La pregunta más profunda es otra: ¿qué ocurre con la democracia cuando el poder de definir quién la defiende y quién la amenaza se concentra cada vez más en actores que también participan activamente de la disputa geopolítica?

En tiempos de securitización creciente, quizás el desafío principal consista precisamente en defender la capacidad de nombrar los conflictos desde la política antes de que sean absorbidos completamente por el lenguaje de la seguridad.

Matriz para analizar la construcción de legitimidad política
Dimensión de análisis¿Qué observar?Preguntas claveSeñales de alertaClaves para la reflexión crítica
Definición del conflictoCómo se describe la situación en disputa¿Se presenta como protesta social, crisis política, insurrección o golpe de Estado?Uso rápido de categorías extremas sin análisis de causasNombrar un conflicto también implica orientar las respuestas posibles frente a él
Producción del enemigoActores identificados como responsables de la crisis¿Quién aparece como amenaza? ¿Quién queda fuera de la legitimidad?Construcción de enemigos amplios y difusosLa figura del enemigo suele simplificar conflictos complejos
Lenguaje de seguridadConceptos dominantes utilizados por autoridades y medios¿Qué palabras se repiten? ¿Terrorismo, narcotráfico, radicalización, orden, estabilidad?Sustitución de categorías políticas por categorías securitariasLa seguridad puede desplazar el debate sobre derechos y demandas sociales
Legitimidad de la protestaTratamiento de las movilizaciones sociales¿Se reconocen sus demandas o se reducen a problemas de orden público?Invisibilización de las causas estructurales del conflictoNo toda protesta es antidemocrática ni toda estabilidad es democrática
Construcción mediáticaRelatos que circulan en medios y plataformas digitales¿Cómo se representa a quienes protestan?Estigmatización sistemática de movimientos socialesLos medios participan activamente en la producción de legitimidad
Actores reconocidosSectores considerados interlocutores válidos¿Quién puede dialogar y quién no?Exclusión previa de actores sociales organizadosLa democracia también se expresa en el reconocimiento del conflicto
Actores excluidosSectores deslegitimados¿Quién es nombrado como vándalo, criminal, extremista o terrorista?Etiquetas que sustituyen el análisis políticoLas categorías de exclusión reducen la complejidad social
Relación con intereses geopolíticosPosición estratégica del país o gobierno involucrado¿Existen intereses económicos, militares o diplomáticos en juego?Apoyo internacional selectivoLa legitimidad suele construirse también desde relaciones de poder global
Uso del narcotráfico o terrorismoAsociación entre protesta y crimen organizado¿Se presentan pruebas o solo afirmaciones generales?Expansión de categorías penales hacia actores políticosLa criminalización puede operar mediante asociaciones discursivas
Intervención internacionalParticipación de actores externos en la crisis¿Se presenta como cooperación, apoyo o defensa de la democracia?Incremento de asistencia militar o de seguridadAnalizar quién define la amenaza y quién se beneficia de esa definición
Impacto democráticoConsecuencias sobre derechos y participación¿Se amplía o se restringe el espacio para la disidencia?Militarización, vigilancia o restricciones a la protestaLa democracia se mide también por su capacidad para procesar el conflicto
Producción de consensoNarrativas que buscan instalar una interpretación dominante¿Qué lectura se intenta convertir en sentido común?Uniformidad discursiva entre gobiernos, medios y actores internacionalesAnalizar quién tiene capacidad para imponer significados
Doble rasero democráticoDiferencias en la interpretación de situaciones similares¿Se aplican los mismos criterios a aliados y adversarios?Cambios en el lenguaje según el actor involucradoComparar narrativas permite identificar sesgos y relaciones de poder
Escenarios de resistenciaEspacios donde se disputan los significados del conflicto¿Quién cuestiona la narrativa dominante?Invisibilización de voces alternativasToda coyuntura es también una disputa por el sentido
Pregunta de fondoLo que la coyuntura revela sobre el sistema político¿Quién tiene el poder de definir qué es democracia y qué es amenaza?Concentración del poder de nombrarLa lucha política también es una lucha por el significado de los acontecimientos
Preguntas orientadoras para talleres, círculos de estudio o análisis de coyuntura
  1. ¿Quién está definiendo lo que ocurre?
  2. ¿Qué actores son considerados legítimos y cuáles son excluidos?
  3. ¿Qué papel juega el lenguaje de la seguridad en la interpretación del conflicto?
  4. ¿Cómo cambia el significado de una protesta según quién la protagonice?
  5. ¿Qué intereses económicos o geopolíticos atraviesan la narrativa dominante?
  6. ¿Qué voces están ausentes o invisibilizadas?
  7. ¿Se están aplicando los mismos criterios a situaciones comparables?
  8. ¿Qué impactos tiene esta narrativa sobre la democracia y los derechos ciudadanos?
  9. ¿Cómo se relaciona esta coyuntura con procesos más amplios de securitización y criminalización de la disidencia?
  10. ¿Qué otras formas de nombrar y comprender el conflicto son posibles?
La protesta social como bien común bajo asedio

Más allá de las disputas coyunturales que atraviesan Bolivia, lo que está en juego es una transformación más profunda del lugar que ocupa la protesta social dentro de las democracias contemporáneas. Cuando las movilizaciones comienzan a ser interpretadas prioritariamente desde marcos de seguridad, terrorismo, crimen organizado o amenaza a la estabilidad, la protesta deja de ser reconocida como una expresión legítima del conflicto social y pasa a convertirse en un objeto de vigilancia, control y contención.

Esta transformación tiene implicaciones que trascienden a cualquier gobierno o coyuntura particular. La protesta social constituye uno de los bienes comunes fundamentales de toda sociedad democrática. No pertenece a una organización específica, a una ideología determinada ni a un sector político concreto. Es una capacidad colectiva construida históricamente por pueblos, movimientos sociales, sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones estudiantiles, movimientos de mujeres y múltiples actores que han encontrado en la movilización una herramienta para defender derechos, disputar sentidos y ampliar horizontes democráticos.

Sin esa capacidad de protesta, muchas de las conquistas sociales que hoy se consideran normales simplemente no existirían. Los derechos laborales, la educación pública, la seguridad social, el sufragio universal, los derechos civiles y las luchas por la justicia ambiental surgieron precisamente de procesos de organización y movilización que, en distintos momentos históricos, fueron también acusados de alterar el orden, generar inestabilidad o amenazar intereses establecidos.

Lo que observamos actualmente es la emergencia de un escenario donde esa capacidad colectiva comienza a ser crecientemente problematizada. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses sugieren una ampliación de los marcos de securitización hacia ámbitos tradicionalmente pertenecientes a la esfera política. En este contexto, las demandas sociales pueden ser reinterpretadas como amenazas estratégicas, los conflictos territoriales como riesgos para la estabilidad hemisférica y las organizaciones populares como potenciales focos de radicalización.

La preocupación no radica únicamente en el uso de determinadas categorías discursivas. Lo verdaderamente significativo es que dichas categorías provienen de una potencia que continúa ejerciendo una enorme influencia política, económica, diplomática y militar sobre América Latina y el Caribe. Cuando Estados Unidos redefine las amenazas que considera prioritarias para la seguridad hemisférica, esa redefinición tiende a irradiarse hacia instituciones de seguridad, sistemas judiciales, políticas públicas, programas de cooperación y marcos regulatorios en toda la región.

Por ello, el problema no es solamente semántico. La manera en que se nombran los conflictos tiene consecuencias materiales. Las categorías de terrorismo, narcotráfico, extremismo o radicalización pueden habilitar mayores niveles de vigilancia, fortalecer mecanismos de control territorial, justificar procesos de militarización y ampliar las capacidades de intervención estatal sobre actores sociales considerados problemáticos.

En este sentido, resulta legítimo preguntarse si estamos asistiendo a una nueva fase del intervencionismo hemisférico. Ya no necesariamente basada en las formas clásicas de ocupación, tutela o intervención directa que caracterizaron otros momentos de la historia latinoamericana y caribeña, sino en mecanismos más sofisticados de producción de amenazas, alineamiento estratégico y gobernanza de la seguridad. Un imperialismo que no siempre necesita desembarcar tropas porque opera a través de doctrinas, marcos interpretativos, dispositivos tecnológicos, cooperación securitaria y narrativas capaces de definir quién representa el orden y quién encarna el peligro.

Desde esta perspectiva, la disputa por la protesta social adquiere una relevancia estratégica. Defender la protesta no implica respaldar acríticamente todas las movilizaciones ni desconocer que puedan existir expresiones violentas dentro de determinados conflictos. Implica reconocer que la posibilidad de cuestionar el poder, expresar desacuerdos y organizar respuestas colectivas constituye una condición fundamental para cualquier proyecto democrático.

La pregunta que emerge entonces no es únicamente qué ocurre en Bolivia, sino qué tipo de democracia se está configurando en el continente. Una democracia donde el conflicto social siga siendo reconocido como parte constitutiva de la vida política o una democracia crecientemente subordinada a lógicas de seguridad que transforman la diferencia en amenaza y la disidencia en sospecha.

En tiempos de crisis múltiples —económicas, climáticas, energéticas y geopolíticas— esta discusión adquiere una importancia decisiva. Porque si la protesta social deja de ser entendida como un derecho colectivo y comienza a ser administrada como un problema de seguridad, lo que se erosiona no es solamente la capacidad de movilización de determinados movimientos sociales. Lo que se pone en riesgo es uno de los bienes comunes más importantes de nuestras sociedades: la posibilidad de imaginar, disputar y construir futuros distintos.

Referencias:

Agence France Presse. (2026, 5 de junio). EEUU dice que «está vigilando» la crisis en Bolivia y anuncia una ayuda de emergencia. AFP. 

Ceceña, Ana Esther (Coord.). (2004). Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI. CLACSO.

Rogero, Tiago (2026, 20 de mayo). Bolivia rocked by protests as US warns of ‘coup d’état’. The Guardian.

The White House. (2025). National Security Strategy of the United States of America. The White House.

Esta publicación forma parte de la colección Geografías Herejes de los Bienes Comunes, un espacio de análisis crítico que, desde la antigeopolítica, la ecología política y la defensa de los bienes comunes, busca leer el mundo desde los territorios, las comunidades y las resistencias que sostienen la vida frente a las múltiples formas de despojo, militarización, extractivismo y dominación.

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«No estamos para bajarle línea a los chicos»: el Indio Solari, las juventudes y la crítica al adultocentrismo

En una entrevista realizada en 1997, el Indio Solari dejó una frase que, vista desde el presente, parece haber envejecido mejor que muchas teorías sobre participación juvenil:

«No estamos para bajarle línea a los chicos, sino para escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que la que tipos de nuestra edad puedan tener». 

La frase suele circular como una muestra de simpatía hacia las juventudes. Sin embargo, contiene algo más profundo. Es una crítica a una forma particular de entender la autoridad, el conocimiento y la política: el adultocentrismo.

El problema no es la edad

El adultocentrismo no consiste simplemente en que las personas adultas ocupen espacios de responsabilidad. El problema aparece cuando la edad se convierte en una fuente automática de legitimidad para hablar y decidir, mientras las personas jóvenes son consideradas inexpertas, inmaduras o incapaces de comprender plenamente los asuntos públicos.

Desde esta lógica, las juventudes son vistas como sujetos en preparación. Todavía no saben. Todavía no entienden. Todavía no están listas. Por eso se les escucha poco y se les explica mucho.

La frase del Indio invierte esa relación. No plantea que las personas jóvenes tengan siempre la razón. Tampoco idealiza la juventud. Lo que propone es algo más incómodo: reconocer que existen conocimientos que los adultos no poseen y que las nuevas generaciones pueden percibir procesos históricos, culturales y políticos que quienes ocupan posiciones de autoridad todavía no alcanzan a comprender.

Los nervios como categoría política

Quizás la palabra más interesante de la frase sea «nervios».

El Indio no habla de programas políticos, diagnósticos técnicos o planes estratégicos. Habla de nervios. Habla de inquietudes, malestares, preguntas, incertidumbres y deseos.

Es decir, de aquello que suele ser desestimado por las instituciones precisamente porque todavía no ha sido convertido en discurso oficial. Sin embargo, muchas transformaciones históricas comenzaron de esa manera.

Antes de convertirse en leyes, investigaciones o políticas públicas, fueron incomodidades. Fueron preguntas. Fueron personas jóvenes señalando problemas que buena parte de la sociedad prefería ignorar.

Las luchas por los derechos civiles, los movimientos estudiantiles, los feminismos, las reivindicaciones ambientales o las demandas por diversidad sexual suelen haber sido protagonizadas por generaciones que fueron acusadas de exagerar, de ser inmaduras o de no comprender la realidad.

Con frecuencia, el tiempo terminó dándoles la razón.

Escuchar no es tolerar

Existe una diferencia importante entre tolerar a las juventudes y escucharlas. La tolerancia puede ser una práctica vertical. El adulto conserva el poder y permite que otros se expresen.

Escuchar implica algo distinto.

-Implica aceptar la posibilidad de aprender.

-Implica reconocer que el conocimiento no circula únicamente desde arriba hacia abajo.

-Implica admitir que las instituciones pueden equivocarse y que quienes parecen tener menos experiencia pueden estar identificando problemas que otros no ven.

Por eso escuchar resulta tan difícil. No exige únicamente paciencia. Exige humildad.

Universidades y democracia

Esta discusión resulta especialmente relevante para las universidades. Con frecuencia las instituciones de educación superior afirman promover el pensamiento crítico, la participación y el debate. Sin embargo, cuando las voces estudiantiles cuestionan decisiones institucionales, muchas veces la conversación se desplaza rápidamente hacia los procedimientos, las formalidades o las competencias.

Los reglamentos son necesarios. Las estructuras organizativas también.

Pero ninguna institución puede reducir los conflictos políticos a problemas administrativos sin correr el riesgo de perder de vista aquello que les dio origen.

Escuchar a las juventudes no significa aceptar automáticamente todas sus demandas. Significa tomarlas suficientemente en serio como para discutirlas.

Una lección vigente

Quizás esa sea una de las razones por las que la frase del Indio sigue circulando casi treinta años después.

No porque ofrezca una respuesta definitiva. Sino porque nos recuerda algo que las instituciones, las organizaciones y las personas adultas olvidan con frecuencia: el futuro no suele anunciarse desde los espacios más poderosos.

A veces aparece primero en la incomodidad. En la pregunta que nadie quería escuchar. En la protesta que parecía exagerada.

O, como diría el propio Indio, en los nervios de quienes todavía están intentando nombrar el mundo que viene.

Escucharlos no es un acto de cortesía. Es una forma de comprender el tiempo que habitamos.

Para cerrar, la frase del Indio Solari no solo invita a pensar la relación entre generaciones, sino también a detenerse en aquello que no siempre logra convertirse en discurso: los malestares, las intuiciones y las formas de percepción que emergen antes de ser nombradas. En ese sentido, la crítica al adultocentrismo no se agota en el plano de las ideas, sino que también se juega en la sensibilidad con la que aprendemos a escuchar lo que todavía no tiene forma estable.

Quizás por eso, más que explicarse completamente, esta reflexión puede ser acompañada. Una manera de hacerlo es volver a una de las canciones del propio Indio Solari, donde estas tensiones aparecen en otro registro, no conceptual sino musical. Se trata de “Juguetes perdidos”, una pieza que no ofrece respuestas cerradas, pero sí abre un territorio de imágenes, sensaciones y desbordes que dialogan con la idea de lo juvenil como potencia de percepción y no solo como etapa de espera.

Escucharla después de este texto no es un cierre ilustrativo, sino una invitación a desplazar la reflexión hacia otro lenguaje: el sonido como otra forma de pensar lo social, lo generacional y lo político.

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Entre la Babel digital y la comunidad posible: inteligencia artificial, justicia socioecológica y bienes comunes

Las grandes transformaciones de una época no pueden ser comprendidas desde una sola disciplina, una única tradición de pensamiento o un único espacio institucional. La inteligencia artificial es uno de esos fenómenos que desbordan fronteras: involucra cuestiones tecnológicas, económicas, políticas, culturales, ambientales y éticas que afectan de manera creciente la vida cotidiana de millones de personas.

En este contexto, documentos como Magnifica Humanitas, la encíclica del papa León XIV dedicada a la inteligencia artificial, representan una oportunidad para ampliar la conversación pública. Más allá de las convicciones religiosas de cada persona, este tipo de textos posee la capacidad de convocar diálogos entre distintos sectores sociales, disciplinas académicas, tradiciones culturales y perspectivas éticas en torno a preguntas que nos conciernen a todas y todos.

Su relevancia no radica únicamente en las respuestas que propone, sino también en las preguntas que coloca sobre la mesa. ¿Qué entendemos por progreso en una época marcada por la automatización y los algoritmos? ¿Cómo garantizar que las innovaciones tecnológicas fortalezcan la dignidad humana y no profundicen desigualdades? ¿Qué responsabilidades tenemos frente a los impactos sociales y ambientales de la revolución digital? ¿Cómo construir futuros compartidos en un contexto de creciente concentración de poder tecnológico?

Desde el Observatorio de Bienes Comunes nos interesa especialmente esta capacidad de generar espacios de encuentro y deliberación sobre asuntos que afectan la vida colectiva. La inteligencia artificial no es solamente una cuestión técnica. También es una cuestión de democracia, de justicia social, de sostenibilidad ecológica y de distribución del poder.

Por ello, proponemos una lectura de Magnifica Humanitas desde la perspectiva de la justicia socioecológica. Entendemos por ello una mirada que reconoce que las desigualdades sociales y las crisis ambientales no son problemas separados, sino expresiones de un mismo modelo de desarrollo. Desde esta perspectiva, la pregunta central no es únicamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino al servicio de quiénes se desarrolla, qué formas de vida fortalece y cuáles son sus consecuencias para las personas, las comunidades, los territorios y las generaciones futuras.

Las reflexiones que siguen no buscan ofrecer una interpretación definitiva de la encíclica. Más bien pretenden contribuir a una conversación amplia y plural sobre uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo: cómo orientar las transformaciones tecnológicas hacia horizontes de justicia, cuidado y bien común.

Justicia socioecológica e inteligencia artificial: una pregunta por el futuro de lo humano y de la Casa Común

Con frecuencia, las discusiones sobre inteligencia artificial se concentran en la velocidad de los avances tecnológicos, la innovación empresarial o la competencia geopolítica. Sin embargo, León XIV propone una pregunta distinta: ¿qué tipo de desarrollo humano estamos construyendo a través de estas tecnologías?

La inteligencia artificial ya interviene en decisiones relacionadas con el acceso al empleo, la educación, la salud, el crédito, la seguridad y la información. Sus efectos no son abstractos. Moldean oportunidades, distribuyen recursos, condicionan decisiones y transforman las relaciones sociales.

La encíclica advierte que la innovación tecnológica no puede evaluarse únicamente desde criterios de eficiencia o productividad. Una tecnología es verdaderamente humana cuando contribuye a fortalecer la dignidad de las personas, amplía las posibilidades de participación y favorece el bien común.

Pero esta preocupación no se limita a la esfera social. León XIV insiste en que tampoco puede existir un auténtico progreso cuando este se construye a costa de los ecosistemas, de los territorios o de las generaciones futuras. La justicia social y el cuidado de la Casa Común forman parte de una misma responsabilidad ética.

Por ello, la inteligencia artificial nos confronta con preguntas fundamentales. ¿Quiénes se benefician de estos avances? ¿Quiénes quedan excluidos? ¿Qué impactos producen sobre los territorios y las comunidades? ¿Cómo garantizar que el desarrollo tecnológico contribuya a una sociedad más justa y a una relación más respetuosa con la naturaleza?

Estas preguntas adquieren una profundidad particular cuando son observadas desde quienes históricamente han soportado las mayores cargas de las desigualdades.

La opción preferencial por los pobres en la era de la inteligencia artificial

Uno de los aportes más significativos de Magnifica Humanitas es recordar que la opción preferencial por los pobres continúa siendo un criterio indispensable para discernir los procesos de transformación social.

Aplicada a la inteligencia artificial, esta perspectiva invita a desplazar la mirada. En lugar de comenzar por las capacidades técnicas de los sistemas, nos propone comenzar por las personas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

La pregunta ya no es únicamente si la inteligencia artificial funciona, sino para quién funciona. ¿Reduce desigualdades o las amplía? ¿Genera nuevas oportunidades o profundiza exclusiones históricas? ¿Facilita el acceso al conocimiento y a los servicios básicos o crea nuevas brechas digitales?

Desde esta perspectiva, la justicia tecnológica exige garantizar acceso equitativo a las herramientas digitales, proteger a las personas trabajadoras frente a procesos de automatización excluyentes y asegurar que los beneficios económicos derivados de la innovación contribuyan al bienestar colectivo.

Sin embargo, la opción preferencial por los pobres no consiste únicamente en proteger a quienes enfrentan situaciones de exclusión. También implica reconocerlos como protagonistas en la construcción de los futuros digitales. Las comunidades históricamente marginadas poseen conocimientos, experiencias y perspectivas fundamentales para orientar el desarrollo tecnológico hacia horizontes más justos.

Mirar la inteligencia artificial desde los márgenes permite comprender mejor las desigualdades que atraviesan nuestras sociedades. Pero también permite reconocer otra dimensión frecuentemente invisibilizada: los impactos ambientales que sostienen la revolución digital.

La huella oculta de la inteligencia artificial: ecología integral y Casa Común

Con frecuencia imaginamos la inteligencia artificial como una realidad inmaterial, alojada en una nube invisible que opera lejos de los territorios y de la naturaleza. Sin embargo, la encíclica recuerda que toda tecnología tiene una materialidad concreta.

Detrás de cada sistema de inteligencia artificial existen centros de datos que consumen grandes cantidades de energía y agua, redes globales de infraestructura digital y complejas cadenas de extracción de minerales necesarios para fabricar dispositivos, servidores y microprocesadores.

La economía digital depende de bienes naturales, trabajo humano y territorios concretos. Por ello, no puede pensarse al margen de la crisis ecológica contemporánea.

Desde la perspectiva de la ecología integral, la pregunta no puede limitarse a la eficiencia tecnológica. También debemos preguntarnos quiénes soportan los costos ambientales de estos avances. En muchas ocasiones, las comunidades que enfrentan los impactos de la minería, la contaminación o la degradación ecológica son las mismas que menos participan de los beneficios generados por la economía digital.

La encíclica insiste en que no existe una verdadera justicia social sin justicia ecológica. La dignidad humana y el cuidado de la naturaleza forman parte de una misma realidad. Cuando los ecosistemas son degradados, también se deterioran las condiciones de vida de las personas y comunidades que dependen de ellos.

Por ello, la inteligencia artificial debe ser evaluada no solamente por lo que hace con las personas, sino también por lo que hace con los territorios, los bienes comunes y las generaciones futuras.

Esta reflexión conduce inevitablemente a una cuestión más amplia: ¿qué horizonte de sociedad estamos construyendo mediante estas tecnologías?

Entre la Babel digital y la comunidad posible

Una de las imágenes más sugerentes de Magnifica Humanitas es la contraposición entre Babel y Jerusalén. León XIV recupera estas figuras para iluminar una decisión profundamente contemporánea.

Babel representa la tentación de una humanidad fascinada por su propio poder. Es la ciudad construida desde la lógica de la acumulación y la autosuficiencia, donde la capacidad técnica termina confundida con desarrollo humano. En esta visión, la eficiencia se convierte en el criterio supremo y las personas corren el riesgo de ser reducidas a datos, métricas o recursos productivos.

No resulta difícil identificar algunos rasgos de esta Babel en el presente. Grandes corporaciones concentran cantidades inéditas de información sobre nuestras vidas. Los beneficios económicos de la innovación se acumulan en pocas manos. Los costos sociales y ambientales suelen desplazarse hacia comunidades periféricas o históricamente vulnerabilizadas.

Frente a esta imagen, la encíclica recupera la experiencia de la reconstrucción de Jerusalén. Allí la ciudad no se levanta desde el poder de unos pocos, sino desde el esfuerzo compartido de una comunidad diversa. Cada persona aporta una parte de la tarea común y la construcción colectiva se convierte en una expresión de corresponsabilidad.

Esta metáfora ofrece una clave poderosa para pensar la inteligencia artificial. El desafío no consiste únicamente en desarrollar tecnologías más avanzadas, sino en construir procesos democráticos capaces de orientarlas hacia el bien común.

La comunidad posible que imagina León XIV no rechaza la tecnología. Tampoco se entrega a ella de manera ingenua. Propone una gobernanza democrática, una responsabilidad compartida y una cultura del encuentro capaz de poner la innovación al servicio de la justicia, la sostenibilidad y la dignidad humana.

Una conversación necesaria para nuestro tiempo

Desde el Observatorio de Bienes Comunes consideramos que ninguna tradición, disciplina o comunidad posee por sí sola todas las respuestas frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Precisamente por ello valoramos la importancia de abrir espacios de diálogo amplios, diversos y democráticos.

Esta reflexión se enriquece cuando participan personas creyentes y no creyentes, comunidades religiosas, movimientos sociales, universidades, pueblos indígenas, organizaciones comunitarias, personas trabajadoras del sector tecnológico y quienes viven cotidianamente las consecuencias de las desigualdades sociales y ambientales.

En este sentido, el diálogo ecuménico e interreligioso adquiere una relevancia particular. Las distintas tradiciones espirituales han reflexionado durante siglos sobre la dignidad humana, la justicia, el cuidado de la vida y la responsabilidad ética. Sus aportes pueden ayudar a ampliar una conversación que con frecuencia queda reducida a indicadores de eficiencia o rentabilidad.

Del mismo modo, resulta indispensable promover el encuentro entre saberes científicos, técnicos, comunitarios, territoriales y culturales. Los desafíos asociados a la inteligencia artificial son demasiado complejos para ser abordados desde una única perspectiva.

Por eso proponemos esta reflexión. No para ofrecer respuestas definitivas, sino para contribuir a una conversación colectiva sobre los bienes comunes de nuestro tiempo. La pregunta fundamental no es únicamente qué futuro tendrá la inteligencia artificial. La verdadera pregunta es qué futuro queremos construir como sociedad y qué lugar ocuparán en él la justicia social, el cuidado de la Casa Común, la democracia y la dignidad de todas las personas.

El futuro no está escrito en los algoritmos. El futuro seguirá dependiendo de nuestra capacidad para construir comunidad, cuidar los bienes comunes y poner la tecnología al servicio de la vida.

Una herramienta para conversar sobre inteligencia artificial desde la justicia socioecológica

La inteligencia artificial suele presentarse como un asunto técnico reservado a especialistas. Sin embargo, sus impactos atraviesan dimensiones fundamentales de la vida colectiva: el trabajo, la educación, la democracia, la cultura, la economía, los territorios y la naturaleza. Por ello, comprender sus implicaciones requiere ampliar la conversación más allá de los espacios tecnológicos e incorporar preguntas éticas, políticas, sociales y ecológicas.

La siguiente matriz busca contribuir a ese diálogo. No pretende ofrecer respuestas definitivas ni establecer posiciones cerradas sobre la inteligencia artificial. Más bien propone una herramienta de reflexión y discernimiento que permita analizar sus potencialidades, riesgos y desafíos desde la perspectiva de la justicia socioecológica.

La propuesta se inspira en tres claves de lectura presentes en Magnifica Humanitas y relevantes para el debate contemporáneo. La primera es la convicción de que la justicia social y la justicia ecológica forman parte de una misma realidad: no es posible construir sociedades justas sobre territorios degradados ni proteger la naturaleza ignorando las desigualdades humanas. La segunda es la opción preferencial por los pobres, entendida como la invitación a observar los procesos de transformación tecnológica desde la experiencia y las necesidades de quienes suelen quedar excluidos de sus beneficios o cargar con sus costos. La tercera es la tensión entre la Babel digital y la comunidad posible, una imagen que nos invita a preguntarnos si las tecnologías están siendo utilizadas para concentrar poder y profundizar desigualdades o para fortalecer la cooperación, la democracia y el bien común.

Cada dimensión incluida en la matriz puede analizarse de manera independiente, pero adquiere mayor sentido cuando se relaciona con las demás. Los problemas asociados a la inteligencia artificial rara vez son únicamente tecnológicos. Se encuentran entrelazados con dinámicas económicas, estructuras de poder, conflictos territoriales, modelos de desarrollo y visiones sobre el futuro.

Por ello, más que una herramienta de evaluación técnica, esta matriz busca ser una invitación a la conversación colectiva. Una invitación a preguntarnos no solo qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué tipo de sociedad, qué relación con la naturaleza y qué horizonte de vida compartida queremos construir mediante ella.

Matriz de reflexión: Justicia socioecológica, opción preferencial por los pobres e inteligencia artificial
DimensiónPregunta de análisisMirada desde la opción preferencial por los pobresRiesgos y tensiones (Babel digital)Horizontes de transformación (Comunidad posible)
Acceso al conocimiento¿Quién puede acceder a la información y a las herramientas digitales?¿Quiénes quedan excluidos por razones económicas, territoriales, educativas o lingüísticas?Nuevas brechas digitales y exclusión tecnológica.Democratización del conocimiento y acceso universal a capacidades digitales.
Trabajo y medios de vida¿Cómo transforma la IA el trabajo humano?¿Qué ocurre con quienes dependen de empleos susceptibles de automatización?Desempleo, precarización y concentración de beneficios.Transición justa, protección laboral y redistribución de beneficios tecnológicos.
Educación¿La IA fortalece o debilita los procesos educativos?¿Las comunidades con menos recursos pueden beneficiarse de estas herramientas?Concentración de oportunidades y dependencia tecnológica.Educación crítica, inclusiva y orientada al bien común.
Salud y bienestar¿La IA mejora el acceso a la salud?¿Las poblaciones rurales, migrantes o empobrecidas reciben los mismos beneficios?Exclusión de quienes tienen menor acceso a infraestructura digital.Salud como derecho fortalecida por tecnologías accesibles e inclusivas.
Democracia y participación¿Quién participa en las decisiones sobre la IA?¿Las voces históricamente excluidas son escuchadas?Concentración del poder comunicativo y manipulación de información.Participación ampliada y gobernanza democrática de la tecnología.
Derechos humanos¿La IA protege o vulnera derechos?¿Quiénes sufren más intensamente los errores y sesgos algorítmicos?Vigilancia, discriminación y criminalización de poblaciones vulnerables.Transparencia, rendición de cuentas y protección efectiva de derechos.
Distribución de la riqueza¿Quién captura los beneficios económicos de la IA?¿Las comunidades empobrecidas participan de estos beneficios?Concentración de riqueza en corporaciones tecnológicas.Economía orientada al bien común y distribución equitativa de beneficios.
Diversidad cultural¿Qué conocimientos y culturas alimentan la IA?¿Se reconocen los saberes de pueblos indígenas y comunidades locales?Homogeneización cultural y colonialismo digital.Pluralidad de saberes y reconocimiento de la diversidad cultural.
Territorios y bienes comunes¿Cómo afecta la IA a los territorios donde se extraen recursos y se instala infraestructura?¿Qué comunidades asumen los costos territoriales de la revolución digital?Sacrificio de territorios periféricos y apropiación de bienes comunes.Gestión democrática de los bienes comunes y justicia territorial.
Naturaleza y Casa Común¿Cuál es la huella ecológica de la inteligencia artificial?¿Quiénes enfrentan las consecuencias de la degradación ambiental asociada a estas tecnologías?Sobreconsumo energético, extractivismo y deterioro ecológico.Tecnologías compatibles con la sostenibilidad y la justicia ecológica.
Generaciones futuras¿Qué mundo heredarán las próximas generaciones?¿Cómo evitar que las decisiones actuales trasladen costos al futuro?Desarrollo de corto plazo que compromete la sostenibilidad de la vida.Responsabilidad intergeneracional y cuidado de la Casa Común.
Gobernanza tecnológica¿Quién diseña, controla y regula la IA?¿Las personas más afectadas participan en esas decisiones?Concentración de poder en corporaciones y élites tecnológicas.Gobernanza democrática, transparencia y corresponsabilidad social.
Bien común¿La IA fortalece las condiciones para una vida digna para todas las personas?¿Mejora la situación de quienes enfrentan mayores condiciones de exclusión?Tecnología subordinada al lucro y la acumulación.Innovación orientada al cuidado, la solidaridad y la dignidad humana.
Preguntas transversales

Justicia socioecológica

  • ¿Quiénes reciben los beneficios y quiénes asumen los costos de esta tecnología?

  • ¿Qué impactos produce sobre las personas, los territorios y los ecosistemas?

  • ¿Contribuye a reducir desigualdades o las profundiza?

Opción preferencial por los pobres

  • ¿Qué cambia en nuestro análisis cuando comenzamos por escuchar a quienes suelen quedar al margen?

  • ¿Esta innovación amplía las posibilidades de vida digna para las personas y comunidades más vulnerabilizadas?

  • ¿Quiénes no están presentes en las decisiones sobre el desarrollo tecnológico?

Babel digital o comunidad posible

  • ¿Esta tecnología fortalece la concentración del poder o la participación democrática?

  • ¿Promueve relaciones de competencia y exclusión o de cooperación y cuidado mutuo?

  • ¿Contribuye al bien común o a la acumulación de beneficios para unos pocos?

Desde la perspectiva de la justicia socioecológica, una tecnología no puede evaluarse únicamente por su eficiencia, velocidad o capacidad de procesamiento. Debe evaluarse por su capacidad para fortalecer la dignidad humana, reducir desigualdades, cuidar la Casa Común, democratizar el poder y ampliar las posibilidades de una vida buena para las generaciones presentes y futuras.

La pregunta decisiva no es qué tan inteligente puede llegar a ser una máquina, sino qué tan capaces somos de orientar la inteligencia humana y colectiva hacia la construcción de comunidades más justas, sostenibles y solidarias.

 

Referencias:

Gutiérrez, G. (1971). Teología de la liberación: Perspectivas. Centro de Estudios y Publicaciones.

León XIV. (2026). Magnifica Humanitas: Sobre la inteligencia artificial, la dignidad humana y el bien común. Libreria Editrice Vaticana.

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La política del cemento: cuando las obras sustituyen a los derechos

Entre inauguraciones, legitimidad y democracia

Esta reflexión nace de una provocación. En un artículo sobre el nuevo Hospital Rosales de El Salvador, Eduardo Vázquez-Becker Salgado utiliza la expresión «política del cemento» para describir una lógica gubernamental que privilegia el impacto visual de las obras sobre el fortalecimiento de las instituciones públicas. Desde el Observatorio retomamos esa categoría porque creemos que permite iluminar una discusión más amplia: la relación entre infraestructura, legitimidad política, democracia y derechos en América Latina.

La pregunta es relevante porque construir hospitales, carreteras, escuelas o sistemas de transporte no es un problema en sí mismo. Por el contrario, estas inversiones son indispensables para garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de las personas.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre construir infraestructura para ampliar derechos y utilizar la infraestructura como principal mecanismo de legitimación política.

Es en esa diferencia donde aparece la política del cemento.

¿Qué entendemos por política del cemento?

La política del cemento puede entenderse como una forma de construcción de legitimidad basada en la producción de infraestructura visible y monumental, donde el valor simbólico y comunicativo de la obra adquiere mayor relevancia que su capacidad para fortalecer derechos, instituciones o capacidades colectivas.

En este modelo, la obra pública deja de ser únicamente una herramienta para resolver problemas sociales y se convierte en una demostración permanente de poder. La pregunta principal ya no es:

¿La política pública funciona? Sino: ¿La obra puede mostrarse?

Los edificios, puentes, hospitales, cárceles o carreteras se transforman en pruebas materiales de la acción gubernamental. Son visibles, fotografiables y fácilmente convertibles en contenido para campañas de comunicación política.

Mientras tanto, procesos menos espectaculares pero fundamentales para la vida democrática quedan relegados: la prevención en salud, la formación docente, el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana o la protección ambiental.

La estética del progreso

La política del cemento se sostiene sobre una poderosa narrativa visual. Las tomas aéreas, los recorridos oficiales, las inauguraciones multitudinarias y los discursos sobre modernización producen una sensación de avance que puede resultar difícil de cuestionar.

El cemento transmite una idea de permanencia. La obra parece hablar por sí sola.

Sin embargo, una escuela no garantiza educación de calidad únicamente por existir. Un hospital no garantiza atención digna únicamente por inaugurar un edificio. Una carretera no garantiza desarrollo por el simple hecho de haber sido construida.

La infraestructura es una condición necesaria para el bienestar, pero nunca suficiente.

Cuando la obra oculta la institución

Una de las paradojas más llamativas de la política del cemento es que cuanto más visible se vuelve la obra, más invisibles pueden volverse las instituciones que la sostienen.

Los debates sobre mantenimiento, personal, presupuestos, condiciones laborales, transparencia, impactos socioambientales o mecanismos de acceso quedan desplazados por la espectacularidad de la inauguración. En ocasiones, el edificio recibe más atención que las personas que lo hacen funcionar. La fotografía sustituye al debate público. La ceremonia sustituye a la rendición de cuentas.

El rostro humano del autoritarismo

La política del cemento también puede cumplir una función simbólica más profunda. Diversos gobiernos contemporáneos que enfrentan cuestionamientos por el debilitamiento de controles democráticos, restricciones a la participación ciudadana o retrocesos en materia de derechos encuentran en las grandes obras una forma de proyectar sensibilidad social.

La infraestructura permite construir una imagen de eficacia y compromiso con las necesidades de la población.

De esta manera, el concreto puede convertirse en una especie de lenguaje político que busca compensar déficits democráticos. No se trata de negar el valor de las obras públicas, sino de preguntarse si estas se convierten en sustitutos de discusiones fundamentales sobre justicia social, derechos humanos y fortalecimiento institucional.

Cuando el cemento cubre la erosión de derechos

En distintos países de América Latina ha emergido una paradoja política. Mientras se anuncian hospitales, carreteras, aeropuertos, puentes o megaproyectos de infraestructura, también se observan procesos de debilitamiento institucional, concentración del poder, restricciones a la participación ciudadana y reducción de controles democráticos.

La obra pública cumple entonces una función que trasciende la prestación de servicios. Se convierte en un mecanismo de legitimación capaz de producir una imagen de eficacia gubernamental incluso en contextos donde se deterioran derechos y libertades.

El mensaje implícito es sencillo: si el gobierno construye, entonces gobierna bien. Sin embargo, esta lógica puede ocultar una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando la expansión del concreto avanza al mismo tiempo que se reducen los espacios democráticos?

La infraestructura puede mejorar la vida de las personas. Pero ninguna carretera reemplaza la libertad de organización. Ningún hospital sustituye el acceso a la información pública. Ningún puente compensa la erosión de los mecanismos de rendición de cuentas.

Por eso resulta necesario observar no solamente qué se construye, sino también qué derechos se fortalecen, cuáles se debilitan y quiénes participan en las decisiones sobre el futuro colectivo.

Más allá del cemento: una perspectiva desde los bienes comunes

Desde una perspectiva de bienes comunes, la pregunta central no es cuánto cemento produce una sociedad, sino qué capacidades colectivas fortalece.

Una obra pública puede contribuir al bien común cuando amplía derechos, fortalece la gestión democrática, mejora las condiciones de vida y permite una participación efectiva de las comunidades en las decisiones que les afectan. Pero también puede convertirse en un monumento vacío cuando su principal función es producir imágenes de progreso sin transformar las causas estructurales de los problemas que pretende resolver.

Por eso, evaluar una política pública implica mirar más allá de la infraestructura y preguntarnos por los procesos sociales, institucionales y democráticos que la acompañan.

Una herramienta para observar nuestros territorios

La política del cemento no pretende ser una etiqueta para descalificar cualquier proyecto de infraestructura. Más bien busca convertirse en una herramienta de observación crítica.

-Nos invita a preguntarnos qué ocurre cuando las obras se convierten en el principal argumento político de un gobierno.

-Nos invita a mirar no solo lo que se construye, sino también aquello que permanece invisible.

-Nos invita, en última instancia, a distinguir entre la construcción de derechos y la construcción de imágenes de progreso.

Matriz para analizar dinámicas de política del cemento

DimensiónPreguntas de análisisIndicadores de fortalecimiento democráticoSeñales de política del cemento
LA OBRA Y SU CONTRIBUCIÓN AL BIEN COMÚN   
Finalidad de la obra¿Qué problema social busca resolver? ¿La infraestructura responde a necesidades identificadas colectivamente o a prioridades definidas desde arriba?La obra surge de diagnósticos públicos y responde a necesidades socialmente reconocidas.La obra se presenta como un fin en sí mismo o como símbolo de modernización y grandeza nacional.
Derechos humanos¿Qué derechos busca garantizar o ampliar? ¿Existen mecanismos para evaluar su contribución efectiva?La infraestructura fortalece el acceso universal y reduce desigualdades.El discurso enfatiza la construcción física más que el acceso efectivo a derechos.
Condiciones laborales y capacidades humanas¿La obra viene acompañada de inversión en personal, formación y condiciones laborales adecuadas?Se fortalecen capacidades humanas y condiciones de trabajo dignas.El edificio recibe más atención que las personas que sostienen el servicio.
Impacto territorial¿Cómo afecta la obra a las comunidades y dinámicas locales? ¿Fortalece capacidades territoriales?La infraestructura mejora condiciones de vida y fortalece la organización local.Se imponen proyectos sin considerar conflictos sociales o afectaciones comunitarias.
Impacto socioambiental¿Qué consecuencias tiene sobre ecosistemas y bienes comunes? ¿Se aplican medidas preventivas?Existen evaluaciones rigurosas y mecanismos de mitigación y monitoreo.Los impactos ambientales se minimizan o se consideran obstáculos para el desarrollo.
Equidad territorial¿La inversión contribuye a reducir desigualdades territoriales?Se priorizan territorios históricamente excluidos.Los proyectos se concentran en espacios estratégicos para la visibilidad política.
DEMOCRACIA, INSTITUCIONES Y DERECHOS   
Participación ciudadana¿Quién definió la prioridad de la obra? ¿Las comunidades participaron en las decisiones?Existen procesos deliberativos y mecanismos efectivos de participación.Las decisiones se concentran en élites políticas o técnicas.
Transparencia y acceso a la información¿Son públicos los contratos, presupuestos, estudios técnicos y evaluaciones?La información es accesible, verificable y auditada.Predomina el secretismo y la comunicación unilateral.
Institucionalidad pública¿La obra fortalece capacidades institucionales permanentes?Se consolidan equipos técnicos y capacidades de gestión pública.El protagonismo recae en la figura del gobernante o en la obra misma.
Sostenibilidad financiera¿Existen recursos para operar y mantener la infraestructura a largo plazo?Hay planificación para operación, mantenimiento y renovación futura.Se financia la construcción, pero no el funcionamiento sostenido.
Rendición de cuentas¿Cómo se evalúan los resultados? ¿Quién puede fiscalizar el proyecto?Existen mecanismos independientes de evaluación y control ciudadano.El éxito se mide por la inauguración y no por los resultados.
Democracia y derechos¿La expansión de infraestructura ocurre junto con el fortalecimiento o debilitamiento de derechos civiles, políticos, sociales y ambientales?La obra se inserta en procesos de ampliación de derechos y fortalecimiento democrático.Las obras adquieren protagonismo mientras se restringen derechos, se debilitan controles institucionales o se reducen espacios de participación.
LEGITIMIDAD POLÍTICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN   
Comunicación política¿Cómo se presenta la obra ante la ciudadanía?Se informa sobre objetivos, limitaciones, impactos y desafíos.Predominan las inauguraciones, la espectacularización y las narrativas triunfalistas.
Legitimidad política¿La legitimidad gubernamental se construye a partir de derechos garantizados o de obras visibles?La confianza pública se basa en resultados verificables y fortalecimiento democrático.La infraestructura se convierte en el principal símbolo de eficacia gubernamental.
Temporalidad política¿La obra responde a una estrategia de largo plazo o al calendario electoral?Existe continuidad más allá de gobiernos específicos.Las inauguraciones coinciden con momentos de desgaste político o coyunturas electorales.
Relación con los bienes comunes¿La infraestructura fortalece capacidades colectivas de cuidado, organización y gestión democrática?Amplía la capacidad de las comunidades para sostener la vida en común.Refuerza relaciones verticales donde la ciudadanía aparece únicamente como beneficiaria pasiva.
Para seguir pensando

Al finalizar el análisis de una obra o proyecto, pueden formularse las siguientes preguntas:

  1. ¿La infraestructura fortalece derechos o fortalece narrativas de poder?
  2. ¿Se invirtió únicamente en concreto o también en capacidades humanas e institucionales?
  3. ¿La ciudadanía participó en las decisiones o solamente fue convocada a la inauguración?
  4. ¿La obra transforma las causas estructurales del problema o únicamente sus manifestaciones visibles?
  5. ¿La infraestructura fortalece la democracia o ayuda a ocultar procesos de regresión democrática?
  6. ¿Estamos ante una inversión para el bien común o ante una estrategia de legitimación política?

La política del cemento no se identifica por la existencia de infraestructura pública. Una sociedad democrática necesita hospitales, escuelas, carreteras, sistemas de agua y espacios comunitarios. La señal de alerta aparece cuando existe un desequilibrio entre la inversión en lo visible y la inversión en las condiciones sociales, institucionales y democráticas que permiten que esa infraestructura garantice derechos.

En otras palabras: la pregunta central no es cuánto cemento produce un gobierno, sino qué derechos, capacidades colectivas y bienes comunes fortalece con él.

Referencia:

Vázquez-Becker Salgado, Eduardo. (2026, 3 de junio). El espejismo de la salud: el nuevo Hospital Rosales y la opacidad en El Salvador. La Prensa Gráfica.

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Carta desde la Clase 3-E: el gran inventario de la universidad pública

Por Koro-sensei, colaborador accidental del Observatorio de Bienes Comunes. Profesor de la Clase 3-E, especialista en pedagogía crítica, velocidad Mach 20 y recuperación de objetos perdidos que nunca debieron convertirse en el tema principal de la conversación.

Si hay algo que he aprendido enseñando en la Clase 3-E es que los conflictos importantes rara vez comienzan por aquello que termina apareciendo en los informes.

Cuando un estudiante deja de participar, el problema normalmente no es el silencio. Cuando alguien se enfurece, el problema no suele ser el grito. Y cuando una comunidad entra en conflicto, casi nunca el problema principal es aquello que aparece al final en la lista de daños.

Por eso observo con curiosidad lo que ocurre en la Universidad de Costa Rica.

Después de semanas de conflicto, ocupación, negociaciones, comunicados, denuncias cruzadas, tensiones institucionales y debates sobre el futuro de la universidad pública, el país parece haber llegado finalmente a una conclusión provisional: faltan cosas.

-Primero fue una olla arrocera.

-Después un coffee maker.

-Luego un microondas.

-Más tarde aparecieron productos de limpieza, equipos varios y ahora dos computadoras, un trípode, audífonos, un ventilador y hasta un perfume.

El inventario sigue creciendo.

Lo interesante no es que se investiguen esas pérdidas. Sería absurdo sostener lo contrario. Toda institución tiene el deber de proteger sus bienes y esclarecer responsabilidades cuando ocurren daños o desapariciones.

Lo verdaderamente interesante es observar la intensidad institucional que logra movilizar un inventario. Porque mientras los listados de objetos faltantes se actualizan con notable precisión, otras preguntas parecen avanzar con una velocidad considerablemente menor.

Por ejemplo:

-¿Qué llevó a un grupo de estudiantes a ocupar edificios administrativos durante varias semanas?

-¿Qué condiciones políticas produjeron semejante nivel de confrontación?

-¿Qué falló en los mecanismos de diálogo universitario para que el conflicto llegara hasta ese punto?

-¿Qué aprendizajes institucionales deja todo lo ocurrido?

-¿Quiénes tomaron determinadas decisiones durante los primeros días de la crisis?

-¿Por qué algunas denuncias reciben una atención inmediata mientras otras parecen diluirse lentamente en el aire universitario?

Curiosamente, esas preguntas no suelen venir acompañadas de tasaciones económicas.

No generan cuadros contables.

No aparecen fácilmente en hojas de cálculo.

Y quizá por eso resultan mucho más difíciles de administrar.

Porque una computadora desaparecida puede valorarse en seiscientos mil colones. Un trípode puede cuantificarse. Un perfume puede registrarse en un informe.

Pero resulta mucho más complejo calcular cuánto cuesta una universidad donde los conflictos políticos terminan procesándose principalmente mediante investigaciones, expedientes y procedimientos disciplinarios mientras las causas profundas permanecen relativamente intactas.

Y ahí es donde el asunto comienza a ponerse interesante.

Durante las últimas semanas, buena parte de la conversación institucional ha girado alrededor de daños materiales que ya superan varias decenas de millones de colones, según las estimaciones preliminares divulgadas públicamente. Los montos se discuten. Los objetos se enumeran. Las pérdidas se clasifican.

Sin embargo, cuesta encontrar la misma energía institucional dedicada a inventariar aquello que hizo posible el conflicto.

-No existe un informe equivalente sobre el deterioro de la confianza.

-No hay una tasación sobre el desgaste del diálogo universitario.

-Nadie parece estar calculando el costo político de una comunidad que cada vez encuentra menos espacios para procesar democráticamente sus desacuerdos.

Y eso resulta llamativo.

Porque incluso dentro del propio Consejo Universitario han surgido voces señalando que las investigaciones no deberían concentrarse únicamente en las acciones de los estudiantes, sino también en las actuaciones de sectores administrativos durante el conflicto.

La observación es importante porque introduce una pregunta fundamental: si la universidad aspira a comprender lo ocurrido, ¿por qué algunas responsabilidades parecen investigarse con tanta rapidez mientras otras apenas comienzan a mencionarse?

La cuestión se vuelve todavía más delicada cuando recordamos episodios que fueron ampliamente comentados durante los primeros días de la ocupación.

Por ejemplo, la suspensión de servicios básicos dentro del edificio ocupado.

Hasta hoy sigue siendo legítimo preguntarse quién tomó la decisión de restringir agua y electricidad durante una protesta universitaria y bajo qué criterios se consideró adecuada una medida de ese tipo.

No porque ello elimine otras responsabilidades. No porque justifique daños posteriores. Sino porque también forma parte de la historia.

También forman parte de la historia los señalamientos sobre insultos, hostilidad y agresiones verbales reportadas por distintos actores durante el conflicto.

Sin embargo, cuando se observa la discusión pública, pareciera que algunos hechos generan una reacción institucional inmediata mientras otros permanecen en una especie de zona gris donde el tiempo lentamente los vuelve invisibles.

Y eso debería preocuparnos. Porque una universidad pública no se fortalece únicamente identificando quién rompió una ventana o quién se llevó un equipo.

También se fortalece cuando es capaz de examinar críticamente sus propias decisiones. Cuando investiga todas las aristas de un conflicto. Cuando evita construir relatos donde unas violencias resultan perfectamente visibles

y otras permanecen fuera del foco.

Desde la Clase 3-E solemos enseñar algo sencillo: si un estudiante tiene problemas, no basta con castigar las consecuencias. Hay que comprender las condiciones que produjeron el comportamiento.

Corregir y sacionar sin comprender produce obediencia temporal. Comprender sin actuar produce impunidad.

La tarea educativa consiste en sostener ambas cosas simultáneamente. Quizá la Universidad de Costa Rica enfrenta hoy un desafío parecido.

Porque mientras el inventario de pérdidas continúa creciendo, sigue sin existir un inventario igualmente detallado sobre los motivos que llevaron a la protesta.

Y esa ausencia es mucho más difícil de contabilizar.

-No tiene número de activo.

-No posee código patrimonial.

-No aparece en los formularios administrativos.

Pero probablemente explique más sobre el conflicto que cualquier coffee maker, cualquier perfume o cualquier olla arrocera.

Después de todo, las universidades públicas no se construyeron para proteger electrodomésticos. Se construyeron para discutir críticamente la sociedad, incluso cuando esas discusiones resultan incómodas.

Y quizá ahí radique la pregunta que sigue faltando en el inventario: cuando todo esto termine, ¿la universidad habrá comprendido mejor por qué ocurrió el conflicto o simplemente tendrá una lista más completa de las cosas que desaparecieron?

Atentamente,

Koro-sensei
Profesor de la Clase 3-E y observador ocasional de instituciones que pueden calcular perfectamente el valor de un perfume, pero todavía buscan cómo medir el costo de no escuchar a tiempo.

Posdata

Si aparece un nuevo informe institucional informando la desaparición de un borrador, una engrapadora o una calculadora científica, les ruego mantener la calma. No todo objeto extraviado constituye una amenaza contra el orden democrático.

Aunque admito que una calculadora desaparecida podría ser grave. Sobre todo si estaba encargada de calcular cuántas reuniones de diálogo hacen falta para evitar una toma.

Todavía no conozco la respuesta.

También quisiera aclarar que la Clase 3-E realizó una inspección exhaustiva y no encontró ninguna olla arrocera en sus instalaciones.

Encontramos un pulpo mutante, dos robots experimentales y una criatura interestelar.

Pero ninguna olla arrocera.

Si la Universidad de Costa Rica desea ampliar el inventario, sugiero incluir algunos bienes que también parecen extraviados:

  1. Confianza institucional.
  2. Escucha activa.
  3. Imaginación política.
  4. Capacidad para discutir desacuerdos sin convertirlos inmediatamente en expedientes.

Estos bienes son más difíciles de reponer que un coffee maker.

Y bastante más costosos.

Finalmente, si algún día elaboran una tasación económica de los conflictos que nunca se discutieron a tiempo, por favor avísenme.

Tengo la sospecha de que esa cifra podría superar ampliamente los ₡38 millones.

¿Por qué un Observatorio de Bienes Comunes habla de esto?

Porque, queridos estudiantes, los bienes comunes no son solamente ríos, bosques o territorios. También son las comunidades que construimos, las instituciones que compartimos y la capacidad de discutir nuestros desacuerdos sin convertir cada conflicto en una simple lista de objetos perdidos.

Además, si después de varias semanas de protesta, negociaciones, comunicados, tensiones políticas y debates sobre democracia universitaria terminamos hablando principalmente de una olla arrocera, un coffee maker y un perfume… sospecho que la verdadera desaparición ocurrió en otra parte.

Antes de que digan que me lo inventé

Como la velocidad Mach 20 no siempre es considerada una fuente académica válida, el Observatorio comparte a continuación las noticias, comunicados y declaraciones públicas utilizadas para construir esta reflexión.

Las incluimos por una sencilla razón: en los últimos días hemos descubierto que una olla arrocera puede producir más evidencia documental que algunos debates sobre democracia universitaria.

Así que, para tranquilidad de quienes sospechan que Koro-sensei está exagerando, aquí están los documentos. Las computadoras, el perfume, el trípode, los montos, las declaraciones, las denuncias y los comunicados no fueron inventados por la Clase 3-E.

La ironía tampoco.

Referencias:

Ortiz Salas, Ignacio. (2026, 28 de mayo). Integrantes del Consejo Universitario piden que se investiguen las acciones de administrativos contra los estudiantes en la toma de la Rectoría. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/universitarias/integrantes-del-consejo-universitario-piden-que-se-investiguen-las-acciones-de-administrativos-contra-los-estudiantes-en-la-toma-de-la-rectoria/

Ruiz, Paula. (2026, 1 de junio). UCR detecta ausencia de dos computadoras, trípode y hasta un perfume tras toma de edificio en mayo: estas pérdidas ascienden a ¢1,4 millones. Observador. https://observador.cr/ucr-detecta-ausencia-de-dos-computadoras-tripode-y-hasta-un-perfume-tras-toma-de-edificio-estas-perdidas-ascienden-a-14-millones/

Villegas, Andrey. (2026, 1 de junio). Computadoras, audífonos y hasta perfumes “desaparecieron” durante toma de edificios en la UCR. CRHoy. https://crhoy.com/nacionales/computadoras-audifonos-y-hasta-perfumes-desaparecieron-durante-toma-de-edificios-en-la-ucr/

Villalobos, Paulo. (2026, 28 de mayo). ‘Coffee maker’, microondas y olla arrocera desaparecieron tras toma de Rectoría de UCR. Teletica. https://www.teletica.com/nacional/coffee-maker-microondas-y-olla-arrocera-desaparecieron-tras-toma-de-rectoria-de-ucr_409640

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¿Molesta el FEES? Estas personas tienen algo que decir

Aprender no tiene fecha de vencimiento: la educación a lo largo de la vida y el sentido público de la universidad

En medio de las discusiones sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), una pregunta suele quedar fuera del debate: ¿quiénes tienen derecho a aprender?

Con frecuencia, cuando se habla de universidad pública, la imagen que aparece es la de una persona joven que asiste a clases para obtener un título profesional. Sin embargo, la vida universitaria es mucho más amplia. Cada año, miles de personas participan en talleres, cursos, procesos comunitarios, espacios culturales y actividades de formación impulsadas desde la acción social, la investigación y la extensión universitaria.

Detrás de estas experiencias existe una convicción profunda: la educación no termina cuando una persona sale de la escuela, del colegio o de la universidad. Aprender es una posibilidad que acompaña toda la vida.

La idea de la educación a lo largo de la vida surge precisamente de reconocer que las personas continúan construyendo conocimientos en distintos momentos y espacios de su existencia. Se aprende en el trabajo, en la comunidad, en la organización social, en la participación política, en las experiencias de cuidado, en las prácticas culturales y en los desafíos cotidianos que plantea el mundo contemporáneo.

Esta perspectiva adquiere especial relevancia en sociedades marcadas por profundas desigualdades. Muchas personas no tuvieron acceso oportuno a oportunidades educativas o vieron interrumpidas sus trayectorias por razones económicas, territoriales, familiares o laborales. Otras requieren nuevas herramientas para comprender y actuar frente a cambios tecnológicos, ambientales, sociales y políticos que transforman continuamente la realidad.

En este contexto, la educación de personas jóvenes y adultas deja de ser un servicio complementario para convertirse en una tarea democrática.

Una universidad pública comprometida con el bien común no puede limitarse a formar profesionales. También debe contribuir a crear oportunidades para que las personas continúen aprendiendo, reflexionando, dialogando y fortaleciendo sus capacidades de participación a lo largo de toda su vida.

Esto implica reconocer que el conocimiento no circula en una sola dirección. Las comunidades, organizaciones y colectivos también producen saberes valiosos. La labor universitaria consiste entonces en construir puentes entre distintos conocimientos, generar espacios de encuentro y promover procesos educativos donde todas las personas tengan algo que enseñar y algo que aprender.

Por esta razón, los talleres comunitarios, los procesos de formación territorial, los espacios de educación popular y las iniciativas dirigidas a personas adultas no son actividades secundarias. Constituyen una expresión concreta de la responsabilidad social de la universidad pública.

Cuando una persona adulta vuelve a encontrarse con el placer de aprender; cuando una comunidad fortalece sus capacidades organizativas; cuando un grupo de vecinos reflexiona sobre la gestión del agua, la participación ciudadana o la defensa de los bienes comunes; cuando las personas descubren nuevas herramientas para comprender su realidad y actuar sobre ella, la universidad está cumpliendo una de sus funciones más importantes.

En tiempos donde la educación superior suele medirse mediante indicadores de eficiencia, rankings o cantidad de graduaciones, conviene recordar que existen impactos que no caben fácilmente en una hoja de cálculo. La confianza construida en los territorios, los vínculos comunitarios fortalecidos, la participación social estimulada y las oportunidades de aprendizaje abiertas para personas de distintas edades son parte de esos resultados difíciles de cuantificar, pero fundamentales para la vida democrática.

Por eso, discutir el FEES también debería ser una oportunidad para discutir

qué universidad queremos sostener como sociedad.

Si creemos que la educación es un derecho humano y no un privilegio, entonces la universidad pública debe seguir siendo un espacio abierto para todas las edades. Un espacio donde aprender no tenga fecha de vencimiento y donde el conocimiento circule más allá de los campus para encontrarse con las necesidades, experiencias y aspiraciones de las comunidades.

Defender la educación a lo largo de la vida no es solamente defender un modelo educativo. Es defender una idea de sociedad donde todas las personas conservan el derecho a seguir aprendiendo, participando y transformando el mundo que comparten.

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Verde por fuera: cómo las grandes empresas convierten las promesas ambientales en estrategia de legitimación

Basado en el artículo científico «Environmental claims, climate promises, and greenwashing by meat and dairy companies», publicado en PLOS Climate (2026).

Cuando la crisis ambiental se vuelve un problema de comunicación

Durante décadas, las principales disputas ambientales giraron alrededor de preguntas relativamente visibles: quién contaminaba, qué ecosistemas eran afectados o cuáles actividades económicas impulsaban la degradación ambiental. Hoy, sin embargo, una parte creciente de la batalla se libra en otro terreno menos evidente: el lenguaje.

Las grandes corporaciones ya no suelen negar el cambio climático ni rechazar abiertamente la necesidad de una transición ecológica. Por el contrario, cada vez más empresas se presentan como protagonistas de esa transformación. Informes de sostenibilidad, compromisos de carbono neutralidad, campañas publicitarias y declaraciones institucionales buscan transmitir la imagen de organizaciones comprometidas con el planeta y con las generaciones futuras.

La pregunta es si esas narrativas corresponden a transformaciones reales o si, en algunos casos, funcionan como mecanismos para preservar legitimidad social mientras los modelos productivos permanecen esencialmente intactos.

Un estudio publicado en 2026 en la revista PLOS Climate aporta elementos importantes para esta discusión. Las personas investigadoras analizaron las declaraciones ambientales realizadas por las 33 mayores empresas de carne y lácteos del mundo. Identificaron 1.233 afirmaciones ambientales, de las cuales el 68% estaban relacionadas con el cambio climático. Más de un tercio correspondían a promesas futuras difíciles de verificar y apenas una minoría aportaba evidencia que permitiera evaluar su alcance real. El dato más llamativo fue otro: el 98% de las afirmaciones presentaba indicadores de greenwashing o lavado verde.

Más allá de la magnitud de las cifras, el estudio ofrece una ventana privilegiada para comprender cómo las industrias altamente contaminantes están aprendiendo a gestionar la crisis ecológica mediante relatos, compromisos y promesas que no necesariamente se traducen en transformaciones sustantivas.

Aunque la investigación se concentra en la industria cárnica y láctea, las dinámicas identificadas permiten observar fenómenos que atraviesan múltiples sectores económicos. Lo que aparece aquí es menos una anomalía sectorial que una forma contemporánea de construir legitimidad ambiental.

La sostenibilidad como narrativa corporativa

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que el cambio climático se ha convertido en el principal lenguaje de legitimación ambiental de las empresas analizadas. La mayoría de las afirmaciones identificadas estaban asociadas a reducción de emisiones, metas climáticas, innovación tecnológica o compromisos de carbono neutralidad.

A primera vista, esto podría interpretarse como una señal positiva. Después de todo, implica reconocer la gravedad del problema climático. Sin embargo, al observar con más detalle el contenido de las declaraciones, aparece una tensión importante. Muchas utilizan conceptos amplios y atractivos —sostenibilidad, innovación verde, producción responsable, regeneración, neutralidad climática— sin explicar con claridad qué significan en términos concretos ni cómo se traducen en transformaciones verificables.

La sostenibilidad deja entonces de funcionar únicamente como una práctica y comienza a operar como una narrativa. Lo relevante ya no es solamente lo que la empresa hace, sino la capacidad de construir una imagen pública asociada a la responsabilidad ambiental.

Esta dinámica no es menor. Cuando la discusión ambiental se desplaza desde los impactos materiales hacia los relatos institucionales, resulta más difícil distinguir entre cambios profundos y operaciones de comunicación.

En otras palabras, la pregunta deja de ser si una organización habla sobre sostenibilidad y pasa a ser qué evidencia existe de que esa sostenibilidad está ocurriendo.

El futuro como refugio de las promesas

Esta lógica se vuelve especialmente evidente cuando observamos la enorme cantidad de compromisos proyectados hacia el futuro. Más de un tercio de todas las afirmaciones ambientales identificadas por el estudio correspondían a promesas todavía no realizadas.

Las empresas anuncian que alcanzarán emisiones netas cero en 2040 o 2050, restaurarán ecosistemas, reducirán su huella ambiental o desarrollarán nuevas tecnologías para resolver problemas que hoy siguen sin respuesta. El problema no es la existencia de metas de largo plazo. Cualquier transformación ecológica requiere planificación y horizontes temporales amplios.

La dificultad aparece cuando las promesas sustituyen a los planes.

En numerosos casos analizados por las personas investigadoras, las metas climáticas no estaban acompañadas por hojas de ruta claras, indicadores intermedios, mecanismos de rendición de cuentas o estrategias verificables para alcanzar los objetivos anunciados. Lo que se ofrece es una visión deseable del futuro, pero no necesariamente una explicación de cómo se llegará a él.

Por esta razón, diversos estudios recientes han comenzado a hablar de future-washing: una forma de lavado verde que traslada la solución de los problemas ambientales hacia un horizonte lejano, mientras el presente permanece relativamente intacto.

Primera señal de alerta: cuando las promesas sustituyen a los planes

Las metas de largo plazo no son un problema en sí mismas. Lo preocupante es cuando aparecen desconectadas de acciones concretas en el presente.

Cuando una empresa, institución o gobierno anuncia que será carbono neutral dentro de veinte o treinta años, conviene preguntarse:

  • -¿Existe una hoja de ruta pública para alcanzar esa meta?
  • -¿Se establecen objetivos intermedios verificables?
  • -¿Se identifican responsables y recursos asignados?
  • -¿Qué ocurrirá si las metas no se cumplen?

Una promesa sin mecanismos de seguimiento puede funcionar más como estrategia de comunicación que como compromiso efectivo.

Mostrar lo pequeño para ocultar lo estructural

Si el futuro se convierte en un espacio privilegiado para la construcción de expectativas, el presente suele organizarse alrededor de otro mecanismo igualmente frecuente: destacar acciones puntuales mientras permanecen fuera de foco los principales impactos ambientales.

Numerosas empresas resaltan programas piloto, proyectos experimentales o mejoras localizadas como evidencia de su compromiso ecológico. La instalación de paneles solares en una planta específica, la reducción del uso de ciertos materiales de empaque o pequeñas mejoras de eficiencia energética son presentadas como señales de transformación.

Estas iniciativas pueden generar beneficios reales. El problema surge cuando se convierten en el centro del relato ambiental mientras las actividades que producen la mayor parte de las emisiones o de los impactos ecológicos permanecen sin modificaciones sustantivas.

En estos casos, la comunicación no necesariamente oculta información falsa. Lo que hace es reorganizar la atención pública. Se dirige la mirada hacia aquello que mejora y se evita discutir aquello que sigue generando daños significativos.

La sostenibilidad termina funcionando como una vitrina donde se exhiben los avances más visibles mientras las contradicciones estructurales permanecen detrás del escenario.

Segunda señal de alerta: cuando lo anecdótico desplaza lo importante

Una práctica frecuente del greenwashing consiste en destacar acciones reales pero marginales para construir una imagen de transformación profunda. No se trata necesariamente de información falsa. Se trata de una selección estratégica de aquello que se decide mostrar.

Frente a este tipo de mensajes conviene preguntarse:

  • -¿La iniciativa presentada aborda las principales fuentes de impacto ambiental?
  • -¿Representa una parte significativa de las operaciones?
  • -¿Qué porcentaje del problema pretende resolver?
  • -¿Qué temas quedan fuera del relato institucional?

A veces la información más importante no es la que aparece en el informe, sino la que desaparece de él.

Cuando la evidencia desaparece

La construcción de legitimidad ambiental no depende únicamente de las promesas o de las historias que las organizaciones cuentan sobre sí mismas. También depende de la capacidad de demostrar que aquello que se afirma efectivamente está ocurriendo.

Aquí aparece otro de los hallazgos más preocupantes del estudio. La mayoría de las declaraciones ambientales analizadas carecía de evidencia verificable. Cuando se aportaban pruebas, estas provenían frecuentemente de programas internos, informes corporativos o iniciativas impulsadas por la propia industria. Solamente tres afirmaciones estaban respaldadas por literatura científica revisada por pares.

Este hallazgo plantea una pregunta fundamental para cualquier persona interesada en temas ambientales:

¿quién verifica las afirmaciones de sostenibilidad?

En un contexto donde las credenciales ambientales se han convertido en activos económicos y reputacionales de gran valor, la transparencia y la verificación independiente adquieren una importancia creciente. Sin mecanismos externos de evaluación, resulta difícil distinguir entre compromisos genuinos y estrategias de mercadeo.

Tercera señal de alerta: cuando la empresa es juez y parte

Cuando las evidencias provienen exclusivamente de informes corporativos o de programas desarrollados por la propia organización, la posibilidad de contrastar resultados se reduce considerablemente.

Algunas preguntas útiles son:

  • -¿Quién produce los datos?
  • -¿Existe auditoría independiente?
  • -¿Los resultados son públicos y verificables?
  • -¿Hay respaldo científico externo?

La transparencia no consiste únicamente en publicar información, sino en permitir que otras personas puedan verificarla.

Una gramática común del greenwashing

Aunque las organizaciones estudiadas pertenecen a distintos países y operan en mercados diferentes, el estudio permite identificar una especie de gramática común que atraviesa buena parte de los discursos contemporáneos sobre sostenibilidad.

Primero aparece la promesa de un futuro mejor. Luego se exhiben iniciativas puntuales como prueba del compromiso ambiental. Posteriormente se incorporan conceptos amplios —innovación, sostenibilidad, regeneración, neutralidad climática— que generan adhesión social, aunque no siempre sean acompañados de indicadores verificables. Finalmente, la organización se presenta como parte de la solución, incluso cuando su actividad principal continúa generando impactos significativos.

Esta secuencia puede observarse en empresas energéticas que anuncian transiciones verdes mientras expanden proyectos fósiles, en proyectos turísticos que destacan certificaciones ambientales mientras presionan ecosistemas frágiles, en corporaciones tecnológicas que compensan emisiones sin modificar patrones de consumo energético, o incluso en gobiernos que construyen discursos de sostenibilidad sin transformar las causas estructurales de los problemas ambientales.

Comprender esta gramática no implica asumir que toda iniciativa ambiental es falsa. Significa desarrollar una mirada crítica capaz de distinguir entre cambios cosméticos y transformaciones sustantivas.

Cuarta señal de alerta: cuando la sostenibilidad se vuelve una marca

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que el greenwashing no depende de un sector específico. Las mismas lógicas aparecen en industrias muy distintas e incluso en organismos públicos.

Aunque cambien los productos o los contextos, suelen repetirse algunos patrones:

  • -grandes metas acompañadas de pocos detalles;
  • -énfasis en proyectos piloto o acciones aisladas;
  • -uso de conceptos amplios y difíciles de medir;
  • -dependencia de tecnologías futuras aún no disponibles;
  • -abundancia de comunicación y escasez de evidencia.

Por eso resulta útil desplazar la atención desde las declaraciones hacia las prácticas concretas. La pregunta central no es si una organización habla de sostenibilidad, sino qué transformaciones verificables está realizando.

Más que un problema de publicidad

Reducir el greenwashing a una forma de publicidad engañosa sería subestimar sus efectos.

Cuando las narrativas ambientales sustituyen a las transformaciones reales, la ciudadanía recibe una imagen distorsionada de los avances alcanzados. Los inversionistas pueden sobreestimar el compromiso climático de las empresas. Los gobiernos encuentran menos presión para impulsar regulaciones más exigentes. Y los sectores responsables de una parte importante de los impactos ambientales logran mantener legitimidad social sin modificar sustancialmente sus prácticas.

La discusión, entonces, no gira únicamente alrededor de la veracidad de una afirmación concreta. Lo que está en juego es la capacidad de las sociedades para distinguir entre cambios cosméticos y transformaciones estructurales.

En tiempos de crisis climática y ecológica, la pregunta relevante no es quién habla más de sostenibilidad. La pregunta es quién está dispuesto a transformar las condiciones que hacen necesaria esa sostenibilidad.

Caja de herramientas para identificar greenwashing
Dimensión¿Qué observar?Señal de alertaPreguntas para analizar
Promesas futurasMetas de carbono neutralidad, sostenibilidad o restauración ambiental proyectadas a 2040, 2050 o más allá.Se anuncian objetivos ambiciosos, pero no existen planes claros para alcanzarlos.¿Existe una hoja de ruta pública? ¿Hay metas intermedias verificables? ¿Quién será responsable de cumplirlas? ¿Qué ocurrirá si no se alcanzan?
Escala de la acciónProgramas piloto, proyectos demostrativos o iniciativas localizadas.Se presentan acciones pequeñas como evidencia de una transformación estructural.¿Qué porcentaje de las operaciones cubre esta iniciativa? ¿Representa una parte significativa de la actividad de la organización? ¿Puede realmente modificar los principales impactos ambientales?
Impactos centralesLos principales procesos que generan emisiones, contaminación o degradación ambiental.La comunicación se concentra en aspectos secundarios y evita discutir las causas principales del problema.¿La organización está abordando las fuentes más importantes de impacto? ¿Qué temas quedan fuera del relato institucional? ¿Qué información no se menciona?
Evidencia y datosEstudios, indicadores, informes y resultados utilizados para respaldar las afirmaciones ambientales.Los datos provienen exclusivamente de la propia organización o de entidades vinculadas a ella.¿Quién produjo la información? ¿Existe verificación independiente? ¿Los datos son públicos y accesibles? ¿Se pueden contrastar con otras fuentes?
Uso de conceptos ambiguosExpresiones como «sostenible», «verde», «responsable», «regenerativo» o «climáticamente inteligente».Se utilizan conceptos atractivos sin definiciones claras ni indicadores concretos.¿Qué significa exactamente ese concepto? ¿Cómo se mide? ¿Qué evidencia demuestra que se está cumpliendo?
Tecnología salvadoraInnovaciones futuras, soluciones tecnológicas emergentes o mecanismos de compensación.Se deposita la solución de los problemas ambientales en tecnologías que aún no existen o no están probadas a gran escala.¿La tecnología ya está operando? ¿Cuál es su impacto real? ¿Está sustituyendo cambios que deberían realizarse en el presente?
TransparenciaDisponibilidad de información sobre impactos, avances y limitaciones.Se publican únicamente resultados positivos o datos parciales.¿Qué información falta? ¿Se reportan también los fracasos, desafíos o retrocesos? ¿Es posible acceder a los datos completos?
Rendición de cuentasMecanismos de seguimiento y evaluación de compromisos ambientales.Las declaraciones son generales y no existen responsables identificables.¿Quién supervisa el cumplimiento? ¿Existen auditorías externas? ¿Se publican avances periódicos?
Beneficio reputacionalCampañas publicitarias, certificaciones, reconocimientos o estrategias de mercadeo verde.La inversión en comunicación parece mayor que la inversión en transformación ambiental.¿La organización está cambiando sus prácticas o principalmente su imagen? ¿Qué proporción de los esfuerzos se destina a comunicación y cuál a cambios reales?
Participación socialEspacios de diálogo con comunidades, organizaciones sociales y personas afectadas.Las decisiones se presentan como consensuadas sin participación efectiva de quienes enfrentan los impactos.¿Quiénes participaron en la definición de las medidas? ¿Las comunidades afectadas fueron consultadas? ¿Existe acceso público a los procesos de decisión?
¿Quiere profundizar en la investigación?

Le invitamos a descargar y consultar el artículo científico que inspira esta reflexión. El estudio ofrece un análisis detallado de las declaraciones ambientales realizadas por las principales empresas cárnicas y lácteas del mundo, así como una metodología para identificar distintas formas de greenwashing o lavado verde. Su lectura resulta especialmente valiosa para quienes investigan temas de sostenibilidad, comunicación ambiental, responsabilidad corporativa y justicia climática.

Referencia:

Hill, Sarah, Nemes, Noemi, Montgomery, Alexander W., Scanlan, Stephen J., McNally, Brandon, Tubiello, Francesco N., Smith, Pete, Smith, Thomas, Aronczyk, Melissa y Jacquet, Jennifer. (2026). Environmental claims, climate promises, and greenwashing by meat and dairy companies. PLOS Climate, 5(4), e0000773. https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000773

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