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El espectáculo del poder: Cuando los gobiernos aprenden de Berlusconi

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¿Quién fue Silvio Berlusconi (1936-2023)? fue un empresario y político italiano que construyó un imperio en los sectores de la televisión privada, la editorial y el fútbol, antes de saltar a la política en 1994 con su partido Forza Italia. Fue primer ministro en tres ocasiones (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011), acumulando nueve años en el cargo, el mandatario más longevo de la Italia de posguerra. Su poder sin precedentes —basado en su fortuna, su control de los medios y su estilo populista y espectacular— lo convirtió en una figura controvertida y en el «padre del populismo moderno». Su legado también estuvo marcado por múltiples procesos judiciales y la acusación de haber usado el poder para proteger sus intereses personales.

¿Por qué un gobierno anuncia el color de los uniformes de los presos como si fuera un logro histórico? La respuesta puede estar en el manual de comunicación de Silvio Berlusconi.

Imaginemos por un momento la escena: un ministro de Justicia, una conferencia de prensa y el anuncio protagónico. Se presenta un uniforme, se detalla su confección a cargo de las propias personas privadas de libertad y se subraya que no tendrá costo para los contribuyentes. La medida, en sí misma, podría ser un protocolo administrativo menor dentro de un sistema penitenciario. Sin embargo, su presentación, su empaque mediático y su timing responden a una lógica que ya hemos visto antes y que hoy se ha convertido en la regla en diversos gobiernos de corte conservador y regresivo.

No se trata de juzgar la medida en sí, sino de analizar su función como acto de comunicación política. Estamos ante lo que los filósofos y analistas llaman «populismo mediático».

El legado de Berlusconi: El gobierno como espectáculo

En el periodo en que Silvio Berlusconi dominó la escena política italiana, el filósofo Umberto Eco, en su libro «A paso de cangrejo», y el politólogo Maurizio Viroli, en «The Liberty of Servants», diseccionaron la forma en que el magnate transformó la política de su país. No se trataba de una dictadura clásica, con censura y tanques en las calles. Era algo más sutil y, por tanto, más peligroso para la democracia.

Eco lo llamó «régimen de populismo mediático». Sus características, que hoy vemos replicadas en distintas latitudes, son:

  1. La política como «efecto bomba»: Se genera una noticia de gran impacto, diseñada para copar titulares y agendas mediáticas. El objetivo no es informar, sino desplazar cualquier otra conversación incómoda o compleja. ¿Hay un escándalo de corrupción? ¿Una crisis económica? Pues se anuncia el diseño de un uniforme para presos y, como explica Eco, la noticia «incómoda» queda relegada a las páginas interiores.
  2. La apelación directa al «pueblo» y el victimismo: El gobernante se presenta como el defensor de los ciudadanos «de a pie» frente a élites corruptas o sistemas ineficientes. Al mismo tiempo, se victimiza. «Me atacan porque estoy cambiando las cosas». Este mecanismo de «lobo y cordero» busca generar cohesión en su electorado.
  3. La carnavalización de la vida pública: La política se convierte en un gran show. La política «espectáculo» reemplaza a la política de «ideas». Lo que importa es la imagen, el gesto, el símbolo simple y fácil de entender, no el debate profundo sobre la reforma de un sistema o la calidad de las instituciones.
  4. La falsa gratuidad y la eficiencia mágica: La promesa de que algo se resuelve de forma rápida, sencilla y sin costo. «Cero costo para los contribuyentes» es una frase mágica. Es el eslogan del vendedor de coches que promete todo y su contrario. Se esconde la complejidad de un problema estructural (el hacinamiento, la reinserción, el gasto de un sistema) detrás de una anécdota de aparente sentido común.
La fábrica de agenda: Cómo el poder estructura la conversación diaria

Lo que el gobierno no está haciendo es simplemente «ocultar un debate». Lo que está haciendo es activar una dinámica mucho más poderosa: la de la conversación diaria dominada y pautada desde el poder. El taller de costura en la cárcel no es un logro; es un «ancla mediática». Es un tema sencillo, visual y con un componente emocional (seguridad, orden, castigo) que está diseñado para generar conversación y, sobre todo, para ocupar espacio en la agenda pública.

La creación del «tema de conversación»

Umberto Eco, en su análisis de Berlusconi, hablaba del «efecto de la técnica del vendedor». El vendedor no se preocupa por la coherencia global de su discurso; se preocupa de que, de entre todas las cosas que dice, una enganche al cliente. El uniforme, el taller de costura y el «ahorro» son ese anzuelo. Son un tema simple, concreto y fácil de entender.

La estructura es:

  • -Simplicidad: El tema se reduce a un eslogan. «Presos harán sus uniformes». Es entendible por cualquiera.

  • -Visualidad: El uniforme se puede mostrar. Es una imagen poderosa. El ejecutivo se asegura de que la imagen sea la protagonista de la noticia.

  • -Carga emocional: Toca fibras sensibles: la seguridad, el orden, el castigo, el «sentido común». Esto garantiza que la gente opine y se involucre emocionalmente, aunque sea sin información de fondo.

  • -El «ahorro»: La frase «sin costo para los contribuyentes» es el anzuelo perfecto. Es una forma de presentar la medida como un «regalo» o una «solución mágica» que no requiere esfuerzo ni dinero público.

La «agenda semántica»: cómo el poder pauta lo que se debate

La estrategia no es solo que la gente hable del uniforme. La estrategia es que solo se hable de lo que el gobierno decide que se hable. Es la lógica del «efecto bomba»: se lanza una noticia provocadora (aunque sea trivial) para que el debate público se centre en ella y no en temas más complejos o incómodos.

¿Qué se logra con esto?

  • -Se vacía de contenido la oposición: La oposición se ve forzada a reaccionar a la agenda del gobierno. Si no lo hace, parece que no tiene opinión. Si lo hace, está legitimando el tema como relevante, y por tanto, está jugando en el terreno del gobierno.

  • -Se establece una relación plebiscitaria directa: El gobernante se presenta como el que «resuelve» los problemas de la gente, mientras que la oposición solo «se queja». Esto refuerza la figura del líder fuerte y paternalista.

  • -Se genera un falso debate: El debate se reduce a «¿está bien o mal que los presos hagan uniformes?» en lugar de «¿Cuál es la política penitenciaria del país?» o «¿Cómo se está financiando realmente el sistema?». El verdadero debate sobre las cárceles, la reinserción y los derechos humanos queda completamente fuera de la ecuación.

La «concesión» y el control de la crítica

Como señala Eco, en un régimen de populismo mediático, no se necesita censurar a la prensa. Se utiliza la técnica retórica de la «concesión»: se permite que la oposición hable, pero siempre después de que el gobierno haya fijado el tema y el marco de la discusión. El mecanismo es:

  1. El gobierno anuncia el tema (el uniforme).
  2. La prensa crítica o la oposición reaccionan.
  3. El gobierno responde a las críticas, pero en sus propios términos, reafirmando el marco de la conversación: «Es una medida de seguridad», «Es un ahorro», «Hay que tener mano dura».
  4. La prensa se ve obligada a cubrir el «debate», pero el debate ya está enmarcado de antemano.

El resultado es que, aunque haya críticas, la opinión pública se acostumbra a la idea del uniforme como un hecho normal, incluso deseable, y la discusión sobre la política penitenciaria en su conjunto se vuelve marginal.

La «carnavalización» de la política: la conversación como espectáculo

Finalmente, esta estructura convierte la política en un gran show. El gobierno es el director de escena, los medios son los altavoces y la ciudadanía es el público que, aunque participe, lo hace en un escenario ya escrito.

La conversación pública ya no es un foro de deliberación; es un circo mediático.

  • -Los temas se eligen por su capacidad de generar «engagement» (me gusta, comentarios, shares) y no por su importancia real.

  • -El lenguaje se simplifica y se llena de frases hechas y eslóganes.

  • -Los ciudadanos se convierten en espectadores o, a lo sumo, en participantes de un reality show político donde el objetivo es la atención, no la solución de problemas.

El uniforme como metáfora de una tendencia global

El anuncio del uniforme en la nueva cárcel de máxima seguridad encaja a la perfección en este molde. No se está presentando un plan integral de política penitenciaria. Se está presentando una imagen, un «traje». El foco está en el qué, no en el por qué. Es un acto de comunicación, no de gobierno.

El uniforme es un poderoso símbolo de orden, disciplina y control. Se vende la imagen de una «solución» contundente y sencilla a la compleja percepción de inseguridad. Mientras los ciudadanos discuten si el uniforme es azul o gris, o si los reos deberían o no coserlos, no se está debatiendo la calidad de la educación, el acceso a la salud, la crisis económica o la verdadera efectividad de un modelo carcelario que, en su mayoría, fracasa en su objetivo de reinserción.

Esta proyección de comunicación no es un fenómeno aislado ni exclusivo de un país. Como señala Viroli, el poder de Berlusconi no se basó en un control violento, sino en la creación de un «sistema de corte» donde todo gira alrededor de una figura central. Hoy, muchos gobiernos de corte conservador o regresivo en el mundo dominan este arte. El espectáculo reemplaza la deliberación. El gesto simbólico y autoritario («mano dura», «orden») se impone sobre la discusión de políticas públicas complejas y costosas.

El problema no es el uniforme. El problema es que se esté anunciando como si fuera una revolución. Esta técnica genera ruido, polariza, pero sobre todo, desvía la atención. Hemos aprendido de Italia que un gobierno puede ser profundamente antiliberal y regresivo sin necesidad de abolir el voto o encarcelar a periodistas. Basta con convertir la política en un espectáculo de símbolos simples y apelaciones emocionales, donde el fin (el show) justifica los medios (el gobierno) y el ruido mediático ahoga el debate racional.

Para trabajar nuestra forma de acercanos al mundo mediático: ¿Cuánto de lo que se presenta hoy como «novedad» o «solución» en la política nacional es en realidad un espejismo mediático? Cuando un gobierno prioriza un anuncio visual y simplista, ¿qué temas estructurales está dejando de lado? ¿Estamos, quizás, viviendo en un régimen de «carnavalización» donde el poder se demuestra con la imagen, y no con la gestión? ¿Cómo podemos, como sociedad, romper esta dinámica y recuperar la capacidad de fijar nuestra propia agenda de temas importantes?

¿Quién decide realmente de qué hablamos?

Detrás de cada anuncio gubernamental hay una estrategia cuidadosamente diseñada para capturar la atención pública y desplazar los temas que realmente importan. Esta infografía desglosa, en cuatro pasos, el mecanismo que utilizan los gobiernos de corte conservador y regresivo para fabricar la agenda mediática diaria: desde la selección del «anzuelo» perfecto hasta el control del debate a través de la técnica de la «concesión». Un análisis imprescindible para entender cómo el espectáculo reemplaza a la política y cómo el poder decide qué conversamos.

Descarga la infografía aquí.

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Referencias:

Agüero Ruiz, Byron (2026, 1 de julio). Fotos: Así serán los nuevos uniformes para el CACCO. Diario Extra.

Eco, Umberto (2007). A paso de cangrejo: Artículos, reflexiones y decepciones, 2000-2006 (M. Pons Irazazábal, Trad.). Debate.

Viroli, Maurizio (2012). The liberty of servants: Berlusconi’s Italy (A. Shugaar, Trad.). Princeton University Press.

Crédito imagenes: Agüero Ruiz, Byron (2026, 1 de julio). Fotos: Así serán los nuevos uniformes para el CACCO. Diario Extra. https://www.diarioextra.com/noticia/fotos-asi-seran-los-nuevos-uniformes-para-el-cacco/

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Gobernar sin transformar: las condiciones de una deriva autoritaria

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La expansión de las extremas derechas constituye uno de los fenómenos políticos más relevantes de nuestro tiempo. Desde América Latina hasta Europa y Estados Unidos, proyectos autoritarios, nacionalistas y excluyentes han logrado ampliar su influencia en contextos marcados por el descontento social, la precarización económica, la crisis de representación política y el debilitamiento de los vínculos colectivos.

Las explicaciones suelen concentrarse en factores coyunturales: el papel de las redes sociales, la difusión de noticias falsas, la crisis económica, el desgaste de los gobiernos progresistas o la capacidad comunicativa de determinados liderazgos. Sin embargo, estas interpretaciones muchas veces dejan sin respuesta una pregunta más profunda: ¿por qué amplios sectores sociales parecen hoy más receptivos a discursos que promueven la exclusión, el autoritarismo y la destrucción de derechos conquistados durante décadas?

Aunque Política y miseria de Raúl Zibechi fue escrito mucho antes del ascenso de figuras como Javier Milei, Donald Trump o Nayib Bukele, su lectura ofrece pistas valiosas para pensar esta cuestión. No porque el autor analice directamente a las nuevas derechas, sino porque ayuda a comprender las transformaciones políticas, culturales y organizativas que han configurado el terreno sobre el cual estos proyectos han logrado crecer.

La pregunta central que atraviesa esta lectura es sencilla pero inquietante: ¿qué elementos del diagnóstico de Zibechi nos ayudan a comprender por qué la extrema derecha encuentra hoy sociedades más vulnerables a sus proyectos?

Cuando la pobreza sustituyó a la desigualdad

Uno de los aportes más sugerentes del libro consiste en mostrar cómo la pobreza se convirtió progresivamente en el principal objeto de intervención política a escala global.

A partir de la década de 1970, organismos internacionales como el Banco Mundial comenzaron a colocar el combate a la pobreza en el centro de las políticas de desarrollo. El giro parecía positivo: por primera vez se reconocía la existencia de enormes sectores sociales excluidos de los beneficios del crecimiento económico. Sin embargo, Zibechi llama la atención sobre una consecuencia menos evidente de este proceso. Mientras la pobreza adquiría centralidad política y académica, la desigualdad y las relaciones de poder que la producen comenzaron a desaparecer del debate público.

La cuestión no es semántica.

Hablar de desigualdad implica discutir concentración de riqueza, distribución del poder, acceso a la tierra, explotación laboral y conflictos estructurales. Hablar exclusivamente de pobreza permite desplazar la atención hacia las carencias de determinados grupos sociales, sin interrogar necesariamente las dinámicas que producen esas carencias.

Poco a poco, los conflictos sociales dejaron de presentarse como disputas entre proyectos de sociedad y comenzaron a ser abordados como problemas técnicos de gestión. El objetivo dejó de ser transformar relaciones de poder para convertirse en la administración eficiente de las consecuencias más visibles de esas relaciones.

La extrema derecha encuentra hoy un terreno fértil precisamente porque llega a sociedades donde las grandes preguntas sobre la desigualdad han sido desplazadas durante décadas. Cuando las causas estructurales desaparecen del debate, el malestar busca otros lenguajes para expresarse. Allí emergen narrativas que identifican enemigos inmediatos —personas migrantes, feministas, pueblos indígenas, movimientos ambientalistas o trabajadores del sector público— en lugar de cuestionar los procesos que producen concentración de riqueza y exclusión.

La transformación de la política en gestión

Zibechi muestra cómo el combate a la pobreza fue acompañado por la construcción de un nuevo lenguaje político centrado en conceptos como vulnerabilidad, necesidades básicas, focalización, eficiencia, productividad y participación.

No se trató únicamente de nuevas categorías técnicas. También implicó una transformación de la manera en que las sociedades imaginan la acción política.

La política dejó de ser entendida como un espacio de confrontación entre intereses y proyectos colectivos para convertirse cada vez más en una actividad de administración. Los problemas sociales comenzaron a formularse en términos de gestión, indicadores y programas.

Este proceso tuvo efectos profundos sobre la imaginación democrática.

Cuando la política se reduce a administrar problemas, pierde capacidad para construir horizontes compartidos de transformación. Cuando los conflictos se presentan como asuntos técnicos, disminuyen las posibilidades de debatir colectivamente sobre modelos de desarrollo, distribución de riqueza o futuros deseables.

La extrema derecha aprovecha precisamente ese vacío.

Aunque sus respuestas sean profundamente regresivas, logra presentarse como una fuerza capaz de nombrar conflictos que durante años fueron neutralizados por discursos tecnocráticos. Su éxito no proviene únicamente de la capacidad de producir miedo o resentimiento; también se alimenta de una crisis previa de la política entendida como espacio de deliberación y disputa colectiva.

El debilitamiento de los sujetos colectivos

Uno de los temas más relevantes de Política y miseria es la relación entre gobernabilidad y organización social.

A lo largo del libro, Zibechi analiza cómo diversos programas impulsados desde organismos internacionales y gobiernos buscaron incorporar a comunidades, organizaciones sociales y movimientos populares dentro de esquemas de gestión del desarrollo y combate a la pobreza. La participación fue promovida, pero generalmente dentro de marcos previamente definidos. La organización fue estimulada, pero orientada hacia objetivos compatibles con la estabilidad institucional.
El resultado fue ambiguo.

Por un lado, muchas comunidades accedieron a recursos, proyectos e infraestructura necesaria para mejorar sus condiciones de vida. Por otro, numerosos procesos organizativos fueron desplazando sus capacidades de movilización y conflicto hacia funciones de gestión, ejecución y administración.

Lo que se fue debilitando no fue necesariamente la organización, sino cierto tipo de organización política capaz de disputar sentidos, construir autonomía y cuestionar estructuras de poder.

Este aspecto resulta fundamental para comprender el presente.

Las extremas derechas prosperan con mayor facilidad allí donde los sujetos colectivos se encuentran fragmentados. Cuando sindicatos, asociaciones comunitarias, organizaciones territoriales, movimientos estudiantiles o espacios de educación popular pierden capacidad de articulación, los individuos quedan cada vez más expuestos a discursos que transforman frustraciones colectivas en resentimientos individuales.

La expansión de proyectos autoritarios no puede comprenderse únicamente como resultado de campañas mediáticas exitosas. También expresa el debilitamiento progresivo de las formas organizativas que históricamente permitieron convertir el malestar social en acción colectiva.

La paradoja de las ONG y la sociedad civil

Uno de los aspectos más delicados de esta discusión aparece en torno al papel de las organizaciones no gubernamentales. Zibechi desarrolla una crítica hacia ciertos procesos de institucionalización y profesionalización de las ONG, señalando cómo algunas terminaron ocupando espacios que anteriormente pertenecían a movimientos sociales y organizaciones de base.

Sin embargo, resulta importante evitar una lectura simplista de esta crítica. Las nuevas derechas también atacan a las ONG, pero lo hacen desde una lógica completamente distinta.

Mientras cuestiona los riesgos de la dependencia financiera, la burocratización y la pérdida de autonomía política, los proyectos de extrema derecha suelen atacar a estas organizaciones porque representan espacios de articulación social, defensa de derechos y producción de pensamiento crítico.

La diferencia es fundamental. La crítica de Zibechi busca fortalecer la autonomía de los pueblos y los movimientos sociales. La crítica de las extremas derechas busca debilitar cualquier forma de organización colectiva capaz de disputar poder o construir solidaridad.

Confundir ambas posiciones implica perder de vista el núcleo de la discusión.

Gobernabilidad y despolitización

Quizá la principal enseñanza del libro para el momento actual radique en su análisis de la gobernabilidad.

Zibechi muestra cómo gran parte de las políticas sociales impulsadas durante las últimas décadas estuvieron orientadas no solo a reducir carencias materiales, sino también a garantizar estabilidad política y gestionar conflictos potencialmente disruptivos.

La gobernabilidad se convirtió en un objetivo central, pero cuando la estabilidad política se transforma en el horizonte principal de las instituciones, surge una pregunta inevitable: ¿qué sucede con las demandas que cuestionan las bases mismas del orden existente?

Con frecuencia, esas demandas son absorbidas, fragmentadas, neutralizadas o reconducidas hacia espacios donde dejan de representar una amenaza para las estructuras dominantes.

La paradoja es que esta búsqueda permanente de gobernabilidad puede terminar debilitando la legitimidad del sistema político que pretende preservar. Cuando las instituciones son percibidas como incapaces de producir cambios sustantivos, cuando las desigualdades persisten y cuando la participación parece limitada a mecanismos de consulta sin capacidad real de decisión, crece el desencanto democrático.

Ese desencanto constituye uno de los principales combustibles de las extremas derechas contemporáneas.

Recuperar la dimensión colectiva de la política

Leído desde el presente, Política y miseria no ofrece una explicación acabada sobre el ascenso de la extrema derecha. Tampoco pretende hacerlo.

Su aporte es otro. Nos recuerda que la fortaleza de los proyectos democráticos no depende únicamente de la existencia de elecciones, programas sociales o instituciones formales. Depende también de la capacidad de las sociedades para construir sujetos colectivos, sostener espacios de organización autónoma y mantener abiertas las preguntas sobre la distribución del poder, la riqueza y el futuro común.

Las extremas derechas avanzan porque logran capitalizar malestares reales. Pero esos malestares encuentran terreno fértil en sociedades donde la política ha sido progresivamente reducida a gestión, donde los conflictos han sido despolitizados y donde las capacidades organizativas de amplios sectores populares se han erosionado.

En ese sentido, la pregunta que deja abierta Zibechi conserva una enorme vigencia. Frente a la expansión de proyectos autoritarios, el desafío no consiste únicamente en defender instituciones o programas existentes. También exige reconstruir formas de organización capaces de devolver a la política su dimensión colectiva, conflictiva y transformadora.

Porque allí donde desaparecen los sujetos colectivos, donde el malestar deja de convertirse en acción organizada y donde la democracia pierde capacidad para imaginar futuros compartidos, las extremas derechas encuentran las condiciones ideales para presentarse como la única alternativa posible.

Conceptos para pensar el presente: una guía de lectura crítica

Más que ofrecer respuestas definitivas, la reflexión desarrollada a partir de esta lectura busca abrir interrogantes sobre las transformaciones políticas que han marcado las últimas décadas y las condiciones que hoy favorecen el avance de proyectos autoritarios. Los siguientes conceptos permiten sintetizar algunos de los principales ejes del debate y pueden servir como una herramienta para analizar críticamente la relación entre gobernabilidad, políticas sociales, organización colectiva y democracia. Lejos de constituir categorías cerradas, son invitaciones a examinar cómo se configuran las disputas por el poder, la participación y los bienes comunes en el contexto contemporáneo.

Concepto clave¿Cómo aparece en la reflexión?Preguntas para el debate actual
DespolitizaciónLos conflictos sociales dejan de entenderse como disputas por poder, riqueza o territorio y pasan a tratarse como problemas técnicos de gestión.¿Qué conflictos de nuestra sociedad se presentan hoy como asuntos técnicos cuando en realidad son profundamente políticos?
GobernabilidadLa estabilidad institucional se convierte en un objetivo central de las políticas públicas, incluso por encima de las transformaciones estructurales.¿Cuándo la búsqueda de gobernabilidad fortalece la democracia y cuándo limita la capacidad de cambio social?
Combate a la pobrezaLa pobreza se vuelve el principal objeto de intervención pública, desplazando el debate sobre las causas de la desigualdad.¿Estamos discutiendo suficientemente la concentración de riqueza y poder o solo administrando sus consecuencias?
Sujetos colectivosOrganizaciones comunitarias, movimientos sociales, sindicatos y espacios de participación que construyen acción colectiva.¿Qué capacidades organizativas han perdido o ganado los movimientos sociales en las últimas décadas?
Participación socialPuede abrir espacios democráticos, pero también convertirse en un mecanismo de canalización y control de demandas.¿Quién define los límites de la participación y qué temas quedan fuera de discusión?
AutonomíaCapacidad de las comunidades y organizaciones para definir agendas, prioridades y estrategias propias.¿Qué condiciones fortalecen la autonomía y cuáles generan dependencia institucional o financiera?
CooptaciónIncorporación de liderazgos, organizaciones o demandas sociales a estructuras que reducen su potencial transformador.¿Cómo distinguir entre incidencia política legítima y procesos de cooptación?
ONGizaciónSustitución parcial de dinámicas de movilización por dinámicas de gestión de proyectos, financiamiento y profesionalización.¿Cómo fortalecer el trabajo de las organizaciones sin perder capacidad crítica y arraigo territorial?
Gestión del malestarConjunto de políticas destinadas a contener conflictos sin alterar necesariamente las estructuras que los producen.¿Las respuestas institucionales actuales buscan resolver problemas o administrar sus efectos?
DemocraciaMás que procedimientos electorales, implica capacidad de deliberación, organización y disputa sobre el rumbo colectivo.¿Qué elementos fortalecen hoy una democracia sustantiva y cuáles la debilitan?
Extrema derechaCapitaliza frustraciones, inseguridades y desencantos acumulados, ofreciendo respuestas simples a problemas complejos.¿Por qué ciertos discursos autoritarios logran conectar con sectores que antes apoyaban proyectos democráticos o populares?
Bienes comunesEspacios, recursos y relaciones que requieren gestión colectiva y participación social para su defensa.¿Qué relación existe entre el debilitamiento de los sujetos colectivos y las dificultades para defender los bienes comunes?
Imaginación políticaCapacidad de una sociedad para pensar alternativas al orden existente y construir horizontes compartidos.¿Qué futuros estamos siendo capaces de imaginar colectivamente frente a la crisis actual?

Si la extrema derecha avanza sobre sociedades fragmentadas, despolitizadas y con vínculos colectivos debilitados, la defensa de la democracia exige algo más que resistir discursos autoritarios: requiere reconstruir capacidades organizativas, fortalecer sujetos colectivos y recuperar la política como espacio de deliberación sobre el futuro común.

Para profundizar: una invitación a la lectura

Las reflexiones presentadas en esta nota apenas recorren algunas de las preguntas que plantea Política y miseria. El libro desarrolla con mayor profundidad el análisis sobre la evolución de las políticas de combate a la pobreza, el papel de los organismos internacionales, las tensiones entre gobernabilidad y autonomía, así como las complejas relaciones entre movimientos sociales, cooperación internacional y Estado.

Más allá de compartir o no todas sus conclusiones, la obra constituye una provocación intelectual valiosa para quienes buscan comprender las transformaciones de la acción colectiva en América Latina y los desafíos que enfrentan hoy las organizaciones populares, los movimientos territoriales y las luchas por los bienes comunes.

En un contexto marcado por el avance de proyectos autoritarios, la crisis de representación política y las disputas en torno a la democracia, la lectura de este texto ofrece herramientas para repensar preguntas fundamentales: ¿cómo se construye autonomía colectiva?, ¿qué tipo de organización fortalece la capacidad transformadora de los pueblos?, ¿cómo evitar que la gestión de los problemas sociales sustituya la discusión sobre sus causas estructurales?

Le invitamos a descargar y leer el libro aquí.

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CartmanCast Política Premium: Manual para estudiar el poder sin reconocerlo cuando está en tu oficina

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El 22 de junio de 2026, el sitio web de apoyo a Boaventura de Sousa Santos anunció el cierre definitivo de todos los procedimientos judiciales contra el sociólogo. Según la versión difundida por su defensa, el Ministerio Público portugués archivó las investigaciones por «falta de denuncias formales», y la demanda por difamación interpuesta por el académico quedó sin efecto tras el desistimiento de las denunciantes. El caso se cierra. Los tribunales archivan. Pero nosotros y nosotras, aprovechamos que este tipo de situaciones siguen ocurriendo en tantos lugares para hacer la pregunta que no se archiva con el expediente: ¿cuántas denuncias de abuso en la academia terminan archivadas no porque sean falsas, sino porque el sistema está diseñado para que sostenerlas resulte más costoso que callar?

Y queremos ser claros desde el principio: Sobre el proceso judicial concreto, nuestra reflexión no juzga ese caso en particular, ni sus protagonistas, ni la veracidad de las denuncias. Lo usamos como ventana para mirar un problema que trasciende a cualquier persona: la dificultad estructural que tienen las instituciones de conocimiento para escuchar críticas internas sin activar mecanismos de defensa corporativa. Dicho esto, empecemos…

Bienvenidas y bienvenidos a CartmanCast Política Premium.

Hoy vamos a hablar de un lugar fascinante.

Un lugar donde se estudian las relaciones de poder, pero donde a veces nadie quiere hablar del poder. Un lugar donde se producen investigaciones sobre desigualdad, jerarquías y dominación, pero donde, ocasionalmente, algunas personas reaccionan con profunda incomodidad cuando alguien sugiere que esos mismos fenómenos podrían existir dentro de la propia institución.

Sí. Vamos a hablar de la academia.

Ese ecosistema extraordinario donde una persona puede dedicar veinte años a explicar cómo funcionan las élites, el patriarcado, el colonialismo y las estructuras de dominación global, pero sufrir una crisis existencial si alguien le pregunta quién toma las decisiones dentro de su departamento.

Porque, aparentemente, el poder siempre está en otra parte.

-Está en los gobiernos.

-Está en las corporaciones.

-Está en los organismos internacionales.

-Está en los partidos políticos.

Pero jamás en una oficina universitaria llena de libros, artículos indexados y tazas de café con frases de Paulo Freire.

Y como en este podcast somos profundamente irresponsables con las zonas de confort, hoy vamos a hacer una pregunta que resuena en los pasillos pero rara vez se escucha en los auditorios: ¿Puede una institución dedicada a estudiar las desigualdades terminar reproduciendo algunas de ellas?

Pónganse cómodos. O incómodos. Que para este tema probablemente sea más apropiado.

Para empezar a responder a esa pregunta, debemos recordar las lecciones que la propia academia nos ha enseñado.

Durante décadas, la academia crítica nos enseñó a identificar el poder allí donde parecía invisible. Aprendimos que las relaciones de dominación no dependen únicamente de la fuerza, que el poder puede expresarse a través del prestigio, de las jerarquías, de la capacidad para definir qué conocimientos son legítimos y cuáles no. Aprendimos que las instituciones pueden producir silencios, normalizar desigualdades y proteger privilegios mientras se presentan como espacios comprometidos con la justicia.

Sin embargo, hay una pregunta que las universidades suelen formular con mucha menos frecuencia: ¿qué ocurre cuando esas mismas dinámicas aparecen dentro de la propia academia?

Y esta pregunta no es un ejercicio de teoría abstracta. No es menor. Tampoco es nueva. Cada cierto tiempo emergen testimonios, denuncias y relatos que obligan a mirar detrás de la imagen idealizada de la universidad como refugio del pensamiento crítico. Historias que hablan de abuso de poder, hostigamiento, apropiación del trabajo intelectual, discriminación, acoso o explotación académica. Historias que, independientemente de cómo concluyan los procesos institucionales o judiciales, exponen una realidad difícil de ignorar: las universidades también son espacios atravesados por relaciones de poder. Y quizás ahí reside una de las mayores contradicciones de nuestro tiempo.

Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? La primera razón está en una falsa creencia: la idea de que el prestigio elimina las relaciones de poder.

Existe una tendencia a pensar que las universidades funcionan principalmente a partir de argumentos, ideas y debates racionales. Como si el conocimiento circulara en un espacio neutral donde todas las personas participan en igualdad de condiciones. La realidad, sin embargo, suele ser bastante más compleja.

La vida académica está organizada alrededor de jerarquías. Algunas son formales y visibles. Otras operan de manera más sutil. Hay quienes tienen acceso a recursos, financiamiento, publicaciones, redes internacionales, becas, puestos de investigación y capacidad para abrir o cerrar puertas. Hay quienes poseen reconocimiento acumulado durante décadas. Hay quienes se convierten en referentes de una disciplina o incluso en símbolos de determinadas corrientes de pensamiento.

Nada de esto es necesariamente problemático. El problema aparece cuando el prestigio deja de ser reconocimiento y comienza a funcionar como poder incuestionable. Porque allí donde existen fuertes asimetrías también aparecen riesgos. No es casualidad que muchas de las discusiones contemporáneas sobre violencia en la academia tengan como telón de fondo relaciones profundamente desiguales entre personas que ocupan posiciones distintas dentro de la estructura universitaria.

Quien dirige un proyecto no ocupa el mismo lugar que quien depende de ese proyecto para sostener una beca. Quien decide publicaciones no ocupa el mismo lugar que quien necesita publicar para continuar una carrera académica. Quien controla redes institucionales no ocupa el mismo lugar que quien intenta abrirse espacio en ellas. Ignorar estas diferencias no elimina el problema. Simplemente lo vuelve invisible.

Pero si las jerarquías son el escenario, el silencio es el mecanismo que permite que la obra continúe.

Las universidades suelen reaccionar con incomodidad cuando estas discusiones aparecen. En ocasiones porque existe una preocupación legítima por garantizar procedimientos justos. Pero también porque las denuncias suelen poner en cuestión algo más profundo: la imagen que las instituciones construyen sobre sí mismas.

Es entonces cuando aparece un fenómeno conocido. La conversación deja de centrarse en las experiencias relatadas y pasa a girar alrededor del prestigio de las personas involucradas, la reputación institucional o los posibles daños a la imagen de la organización. La institución comienza a preguntarse cómo protegerse. Mucho menos frecuente es que se pregunte qué condiciones hicieron posible que determinadas experiencias ocurrieran.

Y es que las violencias no son fenómenos aislados.

Rara vez prosperan en el vacío. Necesitan contextos. Necesitan silencios. Necesitan culturas organizativas donde ciertas conductas se normalizan, se minimizan o se justifican porque quien las ejerce es considerado demasiado importante, demasiado influyente o demasiado valioso para ser cuestionado. Por eso el problema nunca es únicamente individual. También es institucional.

Esta dinámica nos lleva a una de las reacciones más perversas del sistema: tratar a las víctimas como una amenaza.

Uno de los aspectos más preocupantes de estos debates es la facilidad con que quienes denuncian terminan siendo presentados como una amenaza. De repente, el foco deja de estar en las relaciones de poder que hicieron posible determinadas experiencias y se desplaza hacia las personas que decidieron hablar. Se cuestionan sus motivaciones. Se examinan sus trayectorias. Se pone bajo sospecha su credibilidad. Se les exige un nivel de perfección moral que rara vez se exige a quienes ocupan posiciones de autoridad.

Mientras tanto, la pregunta central queda suspendida: ¿qué nos están diciendo esos testimonios sobre la forma en que organizamos la producción del conocimiento?

Escuchar a las víctimas no implica renunciar a principios fundamentales como el debido proceso o el derecho a la defensa. Tampoco significa asumir automáticamente la culpabilidad de nadie. Significa reconocer que existe una responsabilidad ética de tomar en serio aquello que se está denunciando y de preguntarse qué aspectos de nuestras instituciones necesitan transformarse. Porque una universidad comprometida con la democracia no debería temerle a la verdad, incluso cuando esa verdad resulta incómoda.

Y hablando de incomodidad, hay un tema que la academia maneja con particular torpeza: el acoso y abuso sexual.

No se nos olvida. El acoso y el abuso sexual en la academia suele ser uno de esos temas que la institución maneja con una mezcla muy particular de incomodidad selectiva y memoria corta. Se habla de él en los protocolos, en los comunicados, en los talleres obligatorios que nadie quiere dar ni recibir. Pero en la vida cotidiana universitaria, muchas veces opera como ese fenómeno que «todos saben que existe», pero que rara vez se nombra en voz alta si no hay un escándalo demasiado público como para seguir mirando hacia otro lado.

La academia no es solo un espacio de ideas. Es también un espacio de jerarquías bastante concretas. Quien evalúa, dirige, recomienda, financia o publica tiene poder real sobre trayectorias que todavía están en construcción. En ese escenario, el abuso no necesita presentarse como algo explícito o excepcional: puede camuflarse en decisiones académicas, evaluaciones «objetivas», oportunidades que aparecen o desaparecen sin mucha explicación, o silencios que se vuelven costumbre.

El problema se vuelve aún más delicado cuando se cruza con algo que la institución maneja con especial cuidado: su reputación. Porque cuando emergen denuncias, la pregunta rara vez empieza por las condiciones que las hicieron posibles. Más bien aparece el reflejo institucional de control de daños. Se revisa el lenguaje, se ajustan los procedimientos, se pide prudencia, se recuerda el debido proceso. Todo eso es importante, sí. Pero en paralelo suele quedar intacta la pregunta incómoda: qué tipo de estructuras permiten que alguien tenga suficiente poder como para que otras personas teman hablar.

En ese contexto, denunciar no es simplemente relatar un hecho. Es entrar en un terreno donde la desigualdad ya juega antes de que empiece cualquier procedimiento formal. Quien denuncia suele hacerlo desde una posición más frágil, con más que perder y menos margen de maniobra. Y esa asimetría no desaparece porque exista un reglamento; a lo sumo, se administra. Quizás por eso este tema incomoda tanto. No solo por lo que revela sobre conductas individuales, sino porque obliga a mirar algo más estructural: que incluso en los espacios que se dedican a estudiar el poder, el poder sigue operando, a veces con una sofisticación bastante académica.

Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Llegamos al punto central, el que la academia siempre ha exigido a los demás y rara vez se aplica a sí misma: la crítica comienza por casa.

Quizás la mayor lección que deja esta discusión sea una profundamente política.

Durante años, la academia crítica ha señalado las múltiples formas mediante las cuales opera el poder en nuestras sociedades. Ha denunciado el patriarcado, el racismo, el colonialismo y las desigualdades económicas. Ha mostrado cómo las instituciones pueden reproducir relaciones de dominación incluso cuando afirman combatirlas. La pregunta ahora es si está dispuesta a aplicar ese mismo ejercicio sobre sí misma. No para destruir la universidad. No para alimentar campañas de desprestigio. Sino precisamente para fortalecerla.

Porque una institución que no puede escuchar a quienes denuncian abusos termina pareciéndose demasiado a aquellas estructuras de poder que durante décadas dijo combatir. Y porque ninguna producción de conocimiento verdaderamente emancipadora puede construirse sobre el silencio de quienes han sido lastimados. La crítica, después de todo, comienza por casa.

Epílogo Premium para personas fácilmente ofendibles

Si llegaron hasta aquí, probablemente hay dos posibilidades.

La primera es que estén de acuerdo.

La segunda es que ya estén redactando un correo explicando por qué esta reflexión constituye un ataque sistemático contra la universidad, el conocimiento, la civilización occidental y posiblemente la física cuántica.

Pero permítanme ser claro: el punto nunca fue atacar la academia. De hecho, es exactamente al revés. Las universidades son demasiado importantes como para tratarlas como iglesias. Demasiado importantes como para convertirlas en espacios donde ciertas preguntas no pueden formularse. Demasiado importantes como para creer que el prestigio sustituye la rendición de cuentas.

Quienes señalan abusos, silencios o relaciones problemáticas de poder no necesariamente están debilitando la universidad. Muchas veces están intentando salvarla de sí misma. Porque las instituciones no se vuelven más democráticas cuando esconden sus contradicciones. Se vuelven más democráticas cuando son capaces de enfrentarlas.

En conclusión, si la academia quiere seguir enseñándonos cómo funcionan las relaciones de poder, quizás el mejor punto de partida sea aceptar una idea bastante sencilla: las relaciones de poder no desaparecen mágicamente cuando alguien obtiene un doctorado.

Nos escuchamos en la próxima edición de CartmanCast Política Premium. Ese espacio donde hacemos preguntas incómodas para que otras personas tengan reuniones incómodas.

El Libro que la Academia No Quiere que Leas

Ya que hemos pasado el rato señalando las contradicciones de la academia, sería injusto no dejar sobre la mesa el material que hizo posible este episodio.

El libro se titula Los males de la academia: Abuso de poder, endogamia, acoso, corrupción y otras violencias. Lo editan Ana Bravo-Moreno y Francisco Javier Ogáyar-Marín. Y es, básicamente, el manual de instrucciones que nadie pidió para entender por qué las universidades son ese lugar tan maravilloso y tan terrible al mismo tiempo.

¿Qué encontrarán dentro?

  1. Testimonios de abuso de poder en universidades de Argentina, España, Estados Unidos, Indonesia, México y Reino Unido.
  2. Personas que han tenido que usar seudónimos para contar su historia porque, incluso hoy, denunciar en la academia sigue siendo más peligroso que callar.
  3. Análisis sobre endogamia, clientelismo, acoso sexual, fabricación de artículos científicos y eso que los editores llaman «violencia sistémica».
Pueden descargar el libro aquí.

 

Pero también, y esto es lo importante, es un libro de resistencia. No se limita a señalar el problema. Ofrece herramientas para pensarlo, para nombrarlo y, quizás, para empezar a transformarlo. Porque si algo hemos aprendido hoy es que la crítica, como decíamos, comienza por casa. Y que callar, cuando se tiene la posibilidad de hablar, también es una decisión política.

¿Es cómodo? No. ¿Es necesario? Absolutamente.

Y está disponible en acceso abierto. Porque el conocimiento crítico, al fin y al cabo, también es un bien común. Y porque la única forma de que las universidades dejen de parecerse a las estructuras de poder que dicen combatir es empezar a mirarlas con ojos críticos.

Así que ya saben: si este episodio les ha generado incomodidad, si han reconocido algo de lo que hemos hablado en sus propias experiencias o en las de sus colegas… quizás sea el momento de dejar de quejarse y empezar a leer.

Nos leemos en la próxima edición. O, mejor dicho, nos leemos en las páginas de este libro.

Referencias:

Apoyo Boaventura (2025). Difamación: toda la verdad documentada. Apoyo Boaventura Sousa. 

Apoyo Boaventura. (2026). Cerrados definitivamente todos los procedimientos contra Boaventura de Sousa Santos. Apoyo Boaventura Sousa.

Bravo-Moreno, Ana, y Ogáyar-Marín, Francisco Javier (Eds.). (2026). Los males de la academia: Abuso de poder, endogamia, acoso, corrupción y otras violencias. Peter Lang.

Camacho Muñoz, Mariana. (2023). Boaventura y la irresponsabilidad en la academia. Dejusticia. 

Manica, Daniela y Gama, Fabiene (2025). Qué No Hacer Si Te Acusan De Acoso: El Caso De Boaventura de Souza Santos. CASTAC Blog.

OpenDemocracy. (2024). Sociólogo Boaventura de Sousa Santos enfrenta nuevas denuncias de acoso. openDemocracy. 

¿Por qué un observatorio de bienes comunes habla de esto?

Porque el conocimiento es un bien común.

Porque las universidades, aunque a veces lo olviden, son espacios de producción de conocimiento que pertenece a la sociedad. No son feudos privados de unos pocos. No son clubes exclusivos donde el prestigio se hereda o se compra con favores. Son instituciones que deberían estar al servicio de la colectividad, no al servicio de sus propias élites.

Y porque los bienes comunes no son solo recursos naturales o infraestructuras digitales. También son las condiciones que hacen posible que el conocimiento circule, que se produzca de manera ética y que esté al alcance de quienes más lo necesitan.

Cuando una universidad permite el abuso de poder, el acoso, la endogamia o la corrupción, no está fallando solo a sus estudiantes o a su personal. Está fallando a la sociedad entera. Está debilitando la confianza en la institución que debería ser la más fiable para generar saber crítico. Está diciendo, en voz baja pero con hechos, que el conocimiento también puede ser un botín.

Por eso desde este observatorio miramos la academia. No para destruirla, sino para recordarle que su compromiso no es con sus propias jerarquías, sino con la verdad y con la justicia. Y porque creemos que señalar las contradicciones de quienes estudian el poder también es una forma de cuidar el bien común.

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«Yo no soy independiente, estoy sujeto al sistema»

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Texto: Andrea Espinoza y Janice Peters

Fotografías: Sofía Padilla

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El Colectivo Antonio Saldaña organizó una reunión el sábado 16 de mayo para conversar sobre distintas problemáticas que vive el territorio bribri de Talamanca. A continuación se comparte un resumen de las intervenciones que realizaron distintas personas integrantes de diversas comunidades del territorio.

Al retomar la historia del pueblo indígena Bribri, nos recordaron que antes de la colonización y el genocidio, la única forma de vida que reinaba era la suya. Dentro del territorio, se respetaba su propia constitución, (una forma sikua de entender este suceso) ahora los problemas son externos. Actualmente, existen conflictos que no se resuelven con los códigos indígenas, porque estos problemas son creados por las personas sikua (persona no indígena). Entonces, las personas indígenas fueron forzadas a este nuevo sistema de leyes que no respeta su identidad ni cultura. 

Justamente, Filidencio Cubillo, recalcó que la identidad de las personas indígenas se ha visto invisibilizada por el sistema occidental y con ello negada por años. Se dice que Costa Rica es un país donde el lema es “sepamos ser libres, no siervos menguados”, pero esto no aplica para las personas indígenas. Donde, su libertad esta mediada por un sistema colonial que les excluye y no les deja disfrutar su vida. Incluso, las repercusiones llegan a afectar a las personas más jóvenes. 

Como el caso de las escuelas, donde las personas estudiantes reciben clases 1 día a la semana de bribri, en comparación con las otras materias. De la mano con la ausencia del idioma, tampoco hay esfuerzos por enseñar la legalidad indígena en los centros educativos. En consecuencia, las infancias están desconectadas de la cultura, y de la lucha contra la estructura. Porque hay un sistema que los y las empuja a salir de su propia cultura e insertarse en las dinámicas occidentales. 

Precisamente, la escuela se guía bajo un sistema que solo reconoce una única forma de existir, y quienes no se ajusten a esa norma se les excluye. A raíz de esa situación, Ornicio Reyes, recalcó que dentro de la educación de este país no aceptan las formas de orden de los pueblos indígenas. Estas formas han funcionado para regular sus propios problemas, pero tristemente, no son respetadas, porque no se ajustan a la lógica neoliberal del país. Lógica en la cual el desarrollo es sinónimo de construir proyectos que atentan contra el medio ambiente y los animales. 

Sin embargo, las desigualdades que enfrenta la comunidad Bribri no se limitan solamente a los ámbitos culturales o educativos. Adicionalmente existen otras condiciones materiales que reflejan con más claridad y contundencia el abandono histórico por parte del Estado costarricense. Problemas relacionados con el acceso al agua, la violencia de personas dentro del territorio y la falta de apoyo institucional afectan la vida diaria de muchas familias indígenas, quienes día con día se enfrentan a un sistema legal que no responde ni reconoce sus necesidades y sus formas de organización.

Durante la charla se mencionó que los conflictos relacionados con el acceso al agua fueron llevados hasta la Sala Constitucional, la cual mediante sentencia en firme condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y ordena solucionar las problemáticas existentes. No obstante, a la resolución judicial, estas afectaciones continúan sin resolverse, de esta manera, evidencian que un reconocimiento formal de derecho no necesariamente se traduce a un reconocimiento material de los mismos para las comunidades indígenas.

Asimismo, durante la reunión se mencionó como algunos productos fundamentales para la economía de la comunidad, como lo son el banano y el cacao, son pagados a precios sumamente bajos. Un ejemplo de esto es el precio del kilogramo de cacao, este ronda los trecientos colones, siendo que el esfuerzo y el trabajo indígena continúa siendo subvalorado dentro de un sistema que prioriza y se beneficia de su producción sin garantizar condiciones dignas para las comunidades.  

Ante todo, esto, muchas personas jóvenes encuentran dificultades para poder continuar sus estudios, especialmente cuando las becas se hacen escasas y las ayudas económicas son inexistentes. De alguna manera, es el mismo sistema quien empuja a las personas fuera de territorio, de sus dinámicas culturales para adaptarse a estructuras externas que no les aceptan plenamente y que no reconocen plenamente su identidad, dejándolos en un limbo donde no son lo suficientemente occidentales, pero tampoco son lo suficientemente indígenas.

A pesar de la existencias de discursos institucionales sobre la inclusión y diversidad, muchas comunidades consideran que sus necesidades solo reciben atención dentro de contextos políticos específicos, como las elecciones presidenciales. Fuera de este espacio las demandas relacionadas con territorio, infraestructura y reconocimiento jurídico continúan siendo ignoradas sistemáticamente.

La situación se vuelve más contradictoria analizando la narrativa de la memoria histórica nacional. El 12 de octubre continúa siendo presentado en diversos contextos como un día de celebración, de relación entre culturas, aunque para muchos pueblos indígenas esta fecha representa el inicio de procesos de violencia, despojo y muerte.

La experiencia expuesta demuestra que muchas de las desigualdades que enfrentan los pueblos indígenas siguen siendo normalizadas dentro de la estructura del país y a la visión de miles de personas. La frase «Yo no soy independiente, estoy sujeto al sistema» fue expresada por Ornicio Reyes y resume esa sensación de vivir en un sistema que no fue hecho para los pueblos originarios y que no busca adaptarse o siquiera reconocer su existencia pero que sin embargo constantemente les exige encajar en el mismo. A pesar de todo, las comunidades continúan resistiendo, defendiendo fielmente su territorio, cultura y su forma de vida.

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25/03/2023 - El historiador Carlo Ginzburg, retratado en su casa en Bolonia (Italia) ©Jacobo Medrano ----PIEFOTO----

Carlo Ginzburg y las huellas del poder: pistas para pensar los bienes comunes desde abajo

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La muerte de Carlo Ginzburg (1939-2026) marca la partida de una de las figuras más influyentes de la historiografía contemporánea. Sin embargo, su legado permanece vivo en las preguntas que nos dejó, en las herramientas que desarrolló y en la invitación permanente a observar el mundo desde lugares que suelen permanecer fuera del foco de las grandes explicaciones.

Para quienes trabajamos en torno a los bienes comunes, los conflictos socioambientales, la educación popular y la construcción de alternativas al pensamiento dominante, la obra de Ginzburg sigue ofreciendo claves fundamentales. No porque hablara directamente sobre privatización del agua, extractivismo o defensa territorial, sino porque nos enseñó a mirar aquello que los relatos oficiales suelen ignorar.

En tiempos donde abundan las interpretaciones construidas desde los grandes centros políticos, económicos y mediáticos, Carlo Ginzburg nos recordó que la comprensión de la realidad también exige escuchar las voces de quienes habitan los márgenes, seguir las huellas aparentemente insignificantes del poder y reconocer que las personas comunes producen conocimientos indispensables para comprender el mundo.

Una historia que desafió a los gigantes

Durante buena parte del siglo XX, la historiografía estuvo dominada por grandes relatos que buscaban explicar procesos de larga duración, estructuras económicas, sistemas políticos y transformaciones sociales a gran escala.

Ginzburg no rechazó la importancia de estas perspectivas, pero decidió formular una pregunta distinta: ¿qué ocurre cuando observamos la historia desde abajo?

Su obra más conocida, El queso y los gusanos, reconstruyó el universo intelectual de Menocchio, un molinero del siglo XVI perseguido por la Inquisición. Lo que para muchos habría sido apenas una nota marginal en un archivo judicial, para Ginzburg se convirtió en una ventana para comprender relaciones complejas entre cultura popular, religión, poder y conocimiento.

La apuesta era profundamente democrática: mostrar que las personas consideradas insignificantes por la historia oficial también piensan, interpretan, crean sentidos y producen explicaciones sobre la realidad.

Esta enseñanza resulta especialmente relevante para quienes hoy defienden los bienes comunes.

Con demasiada frecuencia, los conflictos territoriales son interpretados exclusivamente desde oficinas gubernamentales, consultorías técnicas, organismos internacionales o centros académicos. Sin embargo, las comunidades poseen conocimientos construidos a partir de la experiencia cotidiana de habitar y cuidar los territorios.

La pregunta que Ginzburg nos ayuda a formular sigue siendo incómoda y necesaria: ¿Quién tiene derecho a producir conocimiento sobre la realidad?

Los bienes comunes también producen conocimiento

Uno de los problemas más frecuentes en los conflictos socioambientales es la jerarquización de los saberes.

Se suele presentar el conocimiento técnico como la única forma legítima de interpretar un territorio, mientras que los conocimientos comunitarios son reducidos a opiniones, percepciones o experiencias subjetivas.

La obra de Ginzburg cuestiona esta forma de entender el conocimiento.

Su trabajo mostró que las personas comunes elaboran interpretaciones complejas sobre el mundo y que estos saberes merecen ser tomados en serio.

Para quienes trabajan en la defensa de los bienes comunes, esta reflexión resulta especialmente importante.

Las comunidades conocen los ciclos del agua, las transformaciones de los ecosistemas, las dinámicas de los bosques, los cambios en los suelos o las alteraciones en las pesquerías porque forman parte de su experiencia cotidiana.

Defender los bienes comunes implica también defender la legitimidad de esos conocimientos.

Carlo Ginzburg y la antigeopolítica: cambiar la escala para comprender el poder

Uno de los aportes más sugerentes de Ginzburg consiste en cuestionar la idea de que los grandes procesos históricos solo pueden comprenderse observando a los grandes actores.

Frente a las miradas que privilegian los imperios, los Estados, las corporaciones o los mercados globales, propuso reducir la escala de observación para descubrir elementos que desaparecen en las visiones panorámicas.

Esta perspectiva dialoga profundamente con la antigeopolítica.

Mientras la geopolítica clásica suele preguntarse qué hacen las potencias, los gobiernos o las élites, la antigeopolítica busca comprender cómo las personas y comunidades viven, resisten y reinterpretan las consecuencias de esas decisiones.

No se trata de abandonar las explicaciones globales.

Se trata de reconocer que ninguna visión de conjunto es suficiente por sí sola. Ginzburg recupera una reflexión de Siegfried Kracauer según la cual existe una tensión permanente entre las miradas macro y micro. La observación distante permite reconocer patrones generales; la observación cercana revela aspectos que desaparecen en las explicaciones amplias.

Para quienes estudian bienes comunes, esta enseñanza resulta fundamental. Las dinámicas globales de mercantilización de la naturaleza, financiarización de la vida o expansión extractiva solo pueden comprenderse plenamente cuando se observan sus manifestaciones concretas en una comunidad, una cuenca, un humedal, una playa o un bosque.

Una naciente privatizada, un humedal rellenado o una comunidad desplazada pueden parecer acontecimientos locales. Sin embargo, también son expresiones de procesos globales mucho más amplios.

El paradigma indiciario: aprender a leer las huellas del poder

Entre los aportes más conocidos de Ginzburg se encuentra el llamado paradigma indiciario.

Se trata de una forma de conocimiento basada en la lectura de rastros, señales, huellas y detalles que, a primera vista, pueden parecer insignificantes. Para Ginzburg, aquello que parece pequeño puede revelar estructuras mucho más profundas.

Esta propuesta resulta especialmente valiosa para quienes trabajan en conflictos socioambientales. Muchas veces los procesos de despojo no comienzan con anuncios espectaculares.

Empiezan con señales discretas:

  • -una tala selectiva;
  • -una naciente cercada;
  • -una modificación normativa;
  • -un permiso administrativo aparentemente rutinario;
  • -un cambio menor en un plan regulador;
  • -una concesión otorgada sin mayor debate público.

Quienes defienden los bienes comunes suelen aprender a reconocer estas señales mucho antes de que los impactos se vuelvan visibles para el resto de la sociedad.

Pistas de Carlo Ginzburg para problematizar los bienes comunes

Más que respuestas cerradas, Ginzburg nos dejó herramientas para formular preguntas críticas.

1. Preguntarnos quién produce el conocimiento: Ginzburg cuestionó las perspectivas que reducían a las personas a simples categorías estadísticas o funciones dentro de estructuras abstractas.

Esto nos invita a preguntarnos:

  • ¿Quién define qué es desarrollo?
  • ¿Quién decide qué constituye un daño ambiental?
  • ¿Quién tiene autoridad para interpretar un territorio?
  • ¿Qué conocimientos son considerados legítimos y cuáles son excluidos?

2. Buscar las huellas del poder: El poder rara vez aparece de forma transparente.

Generalmente deja rastros.

Esos rastros pueden encontrarse en expedientes administrativos, permisos, reglamentos, concesiones, estudios técnicos o discursos institucionales.

La pregunta crítica consiste en identificar qué relaciones de poder se esconden detrás de esos documentos aparentemente neutrales.

3. Desconfiar de las explicaciones inevitables: Ginzburg fue crítico de las interpretaciones teleológicas de la historia, aquellas que presentan los acontecimientos como si avanzaran inevitablemente hacia un destino predeterminado.

Esto resulta especialmente útil cuando determinados proyectos se presentan como inevitables en nombre del progreso, la modernización o el crecimiento económico.

Toda propuesta de desarrollo merece ser interrogada.

4. Observar las anomalías: Mientras algunos enfoques descartan los casos excepcionales por considerarlos irrelevantes, Ginzburg defendió la importancia analítica de aquello que rompe la norma.

Las resistencias comunitarias, los conflictos locales o las experiencias aparentemente marginales pueden revelar contradicciones profundas de un modelo de desarrollo.

5. Reconocer que la documentación nunca es neutral: Ginzburg insistió en que toda documentación está atravesada por relaciones de poder y por desigualdades en la capacidad de producir registros históricos.

Por eso, frente a cualquier expediente, estudio o informe, conviene preguntarse:

  • ¿Quién escribió este documento?
  • ¿Quién quedó fuera?
  • ¿Qué voces fueron silenciadas?
  • ¿Qué experiencias no aparecen registradas?

6. Aprender a movernos entre escalas: Quizá una de las enseñanzas más vigentes de Ginzburg sea la necesidad de combinar distintas escalas de análisis.

Necesitamos comprender las dinámicas globales, pero también prestar atención a los detalles.

Necesitamos analizar los mercados internacionales, pero también escuchar las historias de quienes viven en los territorios afectados.

Necesitamos estudiar las estrategias de los Estados, pero también las experiencias cotidianas de las comunidades.

Como señalaba Ginzburg al dialogar con Kracauer, ninguna escala de observación puede reclamar por sí sola una comprensión total de la realidad.

Un legado para quienes defienden lo común

La vigencia de Carlo Ginzburg radica precisamente en su capacidad para enseñarnos a mirar de otra manera.

Su obra nos recuerda que las grandes transformaciones históricas pueden descubrirse en detalles aparentemente insignificantes; que las voces marginadas tienen mucho que enseñarnos; que el conocimiento es siempre un terreno de disputa; y que comprender el poder exige aprender a leer las huellas que deja en la vida cotidiana.

En tiempos marcados por la mercantilización de la naturaleza, la expansión de nuevas formas de despojo y la concentración creciente del poder económico y político, la obra de Ginzburg sigue ofreciendo herramientas para fortalecer una mirada crítica sobre nuestro presente.

Honrar su legado no consiste únicamente en volver a leer sus libros.

Consiste en seguir ejercitando esa mirada atenta, curiosa y rigurosa que él cultivó durante toda su vida: una mirada capaz de encontrar, en los pequeños indicios de los territorios, las claves para comprender las grandes transformaciones de nuestro tiempo y para fortalecer la defensa de los bienes comunes.

Para seguir leyendo: Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella

En este texto, Carlo Ginzburg ofrece una reflexión sobre los orígenes, debates y alcances de la microhistoria, una corriente historiográfica que contribuyó a transformar la manera de comprender el pasado. Más que una defensa metodológica, el ensayo constituye una crítica a las miradas que reducen la realidad a grandes estructuras o explicaciones homogéneas, reivindicando la importancia de las experiencias concretas, los casos singulares y los detalles aparentemente insignificantes.

A lo largo del texto, Ginzburg discute temas que siguen siendo profundamente actuales: la relación entre las miradas macro y micro de la realidad, las limitaciones de las explicaciones centradas exclusivamente en grandes procesos históricos, el valor de los indicios como herramientas de conocimiento y la necesidad de reconocer que toda documentación está atravesada por relaciones de poder.

La lectura permite comprender mejor el origen del llamado paradigma indiciario y ofrece valiosas pistas para quienes buscan analizar críticamente los conflictos sociales, ambientales y territoriales desde perspectivas que recuperan las voces y experiencias de quienes suelen quedar fuera de las narrativas dominantes.

Más allá de la historia, se trata de una invitación a cambiar la escala de observación para descubrir dimensiones de la realidad que frecuentemente pasan desapercibidas.

Le invitamos a descargar y leer este texto para profundizar en una de las contribuciones de Carlo Ginzburg al pensamiento crítico.

Crédito imágenes: Cabecera El País. 

Pieter Brueghel – Los mendigos

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La rentabilidad política de sentirse perseguido: terrorismo de Estado y disputa por el sentido común

with No Comment Reflexión

Antes de continuar, quizá corresponda ofrecer una disculpa a las víctimas del terrorismo de Estado en América Latina y el Caribe. A quienes padecieron persecución política, desapariciones forzadas, torturas, exilios y asesinatos cometidos desde estructuras estatales. En Costa Rica, el concepto parece haber iniciado una nueva etapa de flexibilización semántica: ya no necesariamente describe regímenes que sembraron terror para controlar a la población, sino también resoluciones electorales, desacuerdos institucionales y sentencias que pueden ser apeladas ante los tribunales. Las palabras, al parecer, también sufren procesos de inflación.

«Estamos frente al acto más cobarde de terrorismo de Estado».

La afirmación fue realizada por el consejero de la presidencia de la República, el señor Fabian Silva durante una conferencia de prensa convocada para cuestionar una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) relacionada con el uso de mensajes religiosos en la campaña electoral de 2026. Más allá de la controversia jurídica que rodea el caso, la expresión utilizada merece una reflexión propia. No tanto por lo que dice acerca de la resolución del tribunal, sino por lo que revela acerca de las formas contemporáneas de construir sentido político.

¿Por qué recurrir precisamente al concepto de terrorismo de Estado? ¿Qué efectos produce esa elección lingüística? ¿Qué tipo de realidad se busca construir cuando un conflicto institucional es presentado mediante categorías asociadas históricamente a experiencias de violencia extrema?

Las palabras nunca son simples vehículos para transmitir información. También son herramientas mediante las cuales se organizan percepciones, se producen identidades colectivas y se establecen marcos de interpretación sobre aquello que ocurre en la vida pública. En política, nombrar es una forma de actuar.

El poder de las palabras extraordinarias

No todas las palabras poseen la misma capacidad de movilización. Existen conceptos que arrastran consigo una enorme carga histórica y emocional. Terrorismo es uno de ellos.

La palabra remite inmediatamente a situaciones de miedo, amenaza, violencia y vulneración de derechos. No se trata únicamente de una categoría descriptiva; se trata también de una categoría moral. Cuando algo es nombrado como terrorismo deja de ser percibido como un desacuerdo ordinario y pasa a ser interpretado como una agresión grave que exige una respuesta urgente.

Algo similar ocurre con términos como dictadura, persecución, censura o totalitarismo. Su fuerza política no proviene únicamente de su significado conceptual, sino de las memorias históricas que activan y de las emociones que convocan.

Por esta razón, la elección de estas palabras nunca resulta inocente. Quien logra instalar una determinada denominación no solamente describe un acontecimiento: también orienta la manera en que ese acontecimiento será interpretado socialmente. La disputa política es, en buena medida, una disputa por la capacidad de nombrar la realidad.

De la controversia jurídica a la narrativa de persecución

El conflicto que dio origen a esta discusión gira alrededor de una resolución del TSE sobre propaganda electoral vinculada a motivos religiosos. Sin embargo, al introducir la expresión terrorismo de Estado, la naturaleza del conflicto cambia significativamente.

La atención deja de centrarse en la interpretación de normas constitucionales, en los alcances del artículo 28 o en los límites entre libertad religiosa y regulación electoral. La discusión es desplazada hacia otro terreno: el de la persecución.

-Ya no se habla únicamente de una resolución cuestionable. Se habla de una agresión.

-Ya no se habla únicamente de una institución pública que adopta una decisión. Se habla de un aparato estatal que actúa contra un grupo específico.

-Ya no se habla únicamente de una controversia legal. Se habla de una amenaza existencial contra una comunidad.

Este desplazamiento resulta fundamental porque transforma el marco desde el cual se interpreta el acontecimiento. Lo que antes podía aparecer como una disputa jurídica pasa a ser comprendido como una confrontación entre víctimas y perseguidores.

La política de la victimización

Uno de los fenómenos más visibles en numerosos escenarios políticos contemporáneos consiste en la creciente centralidad de las narrativas de agravio.

Actores con capacidad de influencia institucional, presencia mediática y representación política recurren cada vez más a discursos que los presentan como sectores perseguidos, silenciados o excluidos por élites, instituciones o grupos de poder.

La eficacia de estas narrativas radica en que permiten construir fuertes vínculos de identificación colectiva. Cuando un grupo se percibe a sí mismo como víctima de una agresión externa, las diferencias internas tienden a disminuir y la cohesión política suele fortalecerse.

En este contexto, conceptos como persecución, censura o terrorismo adquieren una función estratégica. No solamente describen una situación; contribuyen a producir una comunidad emocional articulada alrededor de la experiencia compartida del agravio.

La pregunta relevante no es únicamente si existe o no una vulneración de derechos. También es necesario preguntarse cómo se construye discursivamente esa vulneración y qué efectos políticos genera esa construcción.

La apropiación de memorias históricas

La utilización del concepto terrorismo de Estado posee además una dimensión particularmente significativa.

Históricamente, esta expresión fue empleada para describir formas sistemáticas de violencia ejercidas desde estructuras estatales contra sectores de la población. En América Latina, el término quedó profundamente asociado a experiencias de desaparición forzada, tortura, persecución política, encarcelamiento arbitrario y eliminación física de opositores.

Por esa razón, cuando la expresión reaparece en debates contemporáneos, no lo hace desprovista de historia. Llega acompañada de una memoria colectiva acumulada durante décadas.

Utilizar esa categoría para interpretar conflictos actuales supone trasladar parte de esa carga simbólica hacia nuevos escenarios políticos. La operación no consiste únicamente en describir una situación presente; consiste también en establecer analogías, activar recuerdos y generar asociaciones emocionales capaces de reforzar una determinada lectura de los acontecimientos.

La disputa política contemporánea se libra también en este terreno: el de la apropiación y resignificación de conceptos históricamente cargados de sentido.

¿Quién tiene el poder de definir la realidad?

En el fondo, la controversia no gira solamente alrededor de una resolución electoral. Tampoco se limita a una discusión sobre religión y política.

Lo que aparece en juego es una cuestión más profunda: quién tiene la capacidad de definir el significado de los acontecimientos que atraviesan una sociedad.

-¿Se trata de una medida destinada a proteger la autonomía del sufragio?

-¿Se trata de una limitación indebida a la libertad religiosa?

-¿Se trata de una forma de persecución política?

Las respuestas no dependen exclusivamente de los hechos. También dependen de los marcos interpretativos mediante los cuales esos hechos son comprendidos.

Por eso las disputas políticas contemporáneas se desarrollan simultáneamente en múltiples niveles: en los tribunales, en los parlamentos, en las redes sociales, en los medios de comunicación y en el lenguaje mismo.

La batalla por el sentido de las palabras

La discusión suscitada por las declaraciones contra el TSE ofrece una oportunidad para reflexionar sobre algo que suele pasar desapercibido: las palabras son también un terreno de disputa política.

Nombrar una situación como regulación, censura, persecución o terrorismo no constituye un acto neutral. Cada una de esas denominaciones organiza la realidad de manera distinta, distribuye responsabilidades diferentes y produce efectos políticos específicos.

Por eso vale la pena preguntarse no solamente si una determinada palabra es correcta o incorrecta, sino también qué hace esa palabra en el debate público, qué emociones moviliza, qué actores legitima y qué formas de comprender la realidad contribuye a consolidar.

Al final, las luchas políticas no se desarrollan únicamente alrededor de instituciones, leyes o recursos materiales. También se desarrollan alrededor de algo aparentemente más simple, pero igualmente decisivo: la capacidad de definir qué significan las palabras con las que una sociedad se piensa a sí misma.

Mantener viva la controversia

Quizás el objetivo principal de declaraciones como estas no sea ganar una discusión jurídica. Tampoco necesariamente convencer a quienes piensan distinto. Su eficacia política puede encontrarse en otro lugar.

En numerosos contextos contemporáneos, la comunicación política ha dejado de orientarse principalmente hacia la búsqueda de consensos. En cambio, tiende a privilegiar la producción permanente de controversias, agravios y conflictos capaces de mantener movilizada a una base social específica. La disputa deja de girar alrededor de soluciones concretas y pasa a organizarse alrededor de emociones como la indignación, el miedo, la sensación de amenaza o la percepción de estar siendo injustamente atacados.

En este marco, la victimización cumple una función política central. Un movimiento que logra presentarse como perseguido puede fortalecer la cohesión interna de sus seguidores, justificar nuevas movilizaciones, deslegitimar instituciones que limitan sus acciones y transformar cualquier cuestionamiento en una prueba adicional de la supuesta persecución que denuncia.

La lógica es circular pero eficaz: si una institución sanciona, confirma la narrativa de persecución; si no sanciona, se interpreta como una victoria frente a quienes pretendían silenciar al movimiento. En ambos casos, el conflicto permanece abierto y continúa alimentando la identidad política del grupo.

Por eso, más que analizar únicamente la veracidad de ciertas afirmaciones, resulta importante observar los efectos que producen. ¿Contribuyen a comprender mejor los problemas públicos? ¿Favorecen la deliberación democrática? ¿O desplazan la atención hacia conflictos simbólicos que consumen buena parte de la conversación pública?

La pregunta adquiere especial relevancia en tiempos donde la política parece depender cada vez más de la capacidad para mantener encendida la indignación. Porque cuando el conflicto se convierte en un recurso político permanente, la controversia deja de ser un problema que debe resolverse y pasa a convertirse en un activo que conviene administrar, reproducir y prolongar.

No nos olvidamos: cuando el miedo sí tenía memorando

La discusión actual también invita a mirar hacia atrás.

Costa Rica ya ha vivido momentos en los que amplios sectores de la sociedad cuestionaron el papel de instituciones estatales durante procesos políticos de alta intensidad. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió durante la campaña del referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2007.

En aquel contexto salió a la luz pública el denominado «Memorando del Miedo», un documento elaborado por altos funcionarios del gobierno que proponía utilizar el temor como herramienta de comunicación política para influir en la ciudadanía. El texto sugería advertir sobre posibles pérdidas de empleo, afectaciones económicas y consecuencias negativas para el país en caso de que triunfara la opción contraria al tratado.

La filtración generó una fuerte polémica porque revelaba de forma explícita una estrategia orientada a movilizar apoyos mediante la construcción de escenarios de amenaza e incertidumbre.

Durante aquellos meses, diversos movimientos sociales, organizaciones sindicales, sectores estudiantiles y espacios ciudadanos denunciaron además una serie de desequilibrios en la campaña, cuestionando la participación de actores gubernamentales y el tratamiento otorgado por las instituciones electorales a distintas denuncias presentadas durante el proceso.

No se trata de afirmar que ambas coyunturas sean equivalentes. No lo son. Tampoco de establecer una competencia para determinar cuál conflicto fue más grave.

La pregunta es otra.

Resulta llamativo que el concepto de «terrorismo de Estado» aparezca hoy para describir una resolución electoral que puede ser discutida, apelada y cuestionada públicamente, mientras que durante uno de los procesos políticos más polarizados de la historia reciente del país —marcado por denuncias de uso del miedo como herramienta política desde las más altas esferas del poder— esa expresión prácticamente no ocupó un lugar central en el debate público.

La observación no busca resolver la controversia actual. Busca recordar algo más elemental: las palabras tienen historia. Y quizás una de las preguntas más incómodas para cualquier actor político sea por qué determinados conceptos aparecen con fuerza en unas coyunturas y desaparecen en otras. Qué acontecimientos merecen ser nombrados como abusos de poder y cuáles no. Qué memorias se activan y cuáles se silencian.

Porque la disputa por el significado de las palabras también es una disputa por aquello que una sociedad decide recordar.

¿Cómo analizar campañas políticas basadas en la victimización y el conflicto permanente?
Aspecto a observarPreguntas para el análisis críticoSeñales de alerta
Uso del lenguaje¿Qué palabras se utilizan para describir el conflicto? ¿Son proporcionales a los hechos que se denuncian?Uso recurrente de términos extremos como «terrorismo», «dictadura», «persecución», «censura», «enemigos del pueblo» o «ataque a la libertad».
Construcción de víctimas¿Quién aparece como víctima en el relato? ¿Qué poder político, económico o mediático posee realmente ese actor?Actores con amplios recursos y capacidad de influencia se presentan exclusivamente como sectores indefensos o perseguidos.
Construcción de enemigos¿Quién es señalado como responsable de los problemas? ¿Se trata de personas concretas o de categorías amplias y difusas?Aparición de enemigos abstractos como «los progres», «las élites», «los globalistas», «los comunistas», «los ateos», «la prensa» o «el sistema».
Relación con los hechos¿Las afirmaciones se apoyan en evidencia verificable o principalmente en interpretaciones emocionales?Predominio de sentimientos, sospechas o percepciones sobre datos verificables.
Escala del conflicto¿El conflicto descrito corresponde a la magnitud de los hechos?Un desacuerdo institucional es presentado como una amenaza existencial para la democracia, la religión, la familia o la nación.
Uso del miedo¿Qué temores se activan? ¿Qué escenarios negativos se presentan?Predicciones catastróficas, amenazas inminentes o escenarios extremos sin evidencia suficiente.
Papel de las instituciones¿Las instituciones son criticadas por decisiones concretas o se cuestiona su legitimidad misma?Descalificación generalizada de tribunales, universidades, medios de comunicación o autoridades electorales.
Posibilidad de diálogo¿Se reconoce la legitimidad de quienes piensan distinto?Los adversarios son retratados como enemigos morales, traidores o amenazas para la sociedad.
Beneficios políticos¿Quién gana políticamente si el conflicto se mantiene abierto?La controversia fortalece la cohesión interna de una base política o religiosa.
Memoria histórica¿Se utilizan conceptos con una fuerte carga histórica? ¿Cómo se comparan con los hechos actuales?Uso de categorías asociadas a guerras, dictaduras, genocidios o terrorismo para describir situaciones muy distintas.
Resultado esperado¿La campaña busca resolver un problema o mantener viva la indignación?El conflicto parece más importante que las posibles soluciones.
Efectos democráticos¿La comunicación amplía el debate público o reduce la complejidad de los problemas?Polarización creciente, simplificación extrema y debilitamiento de la deliberación pública.

Cuando una campaña política insiste constantemente en que existe una persecución, una conspiración o una amenaza permanente, vale la pena preguntarse:

¿Estamos frente a un problema que necesita ser resuelto o frente a un conflicto que resulta útil mantener vivo?

Referencias

Corral Corral, María de Jesús. (2008). Poder mediático y comunicación dialógica, simétrica y libre en América Latina. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, (47), 117–136. https://doi.org/10.22201/cialc.24486914e.2008.47.57401

Holzmann, Guillermo. (2011). Comunicación política y calidad democrática en América Latina. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, (33), 109–141. https://doi.org/10.18682/cdc.vi33.1714

Madrigal, Luis Madrigal (2026, 17 de junio). Chavismo cierra filas con evangélicos y acusa al TSE de «terrorismo de Estado». Delfino.cr.

Crédito imágenes:  Imagen de cabecera Delfino.cr y cuerpo del artículo Pexels.

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La batalla por el sentido común: educación, neofascismo y disputa cultural en tiempos de incertidumbre

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Una pregunta incómoda

Cuando se habla del ascenso de figuras como Javier Milei, Jair Bolsonaro o Donald Trump, las explicaciones suelen centrarse en la economía, las campañas electorales o las redes sociales. Sin embargo, una pregunta menos frecuente resulta fundamental para comprender el momento histórico actual: ¿cómo lograron estas fuerzas construir legitimidad social para propuestas que cuestionan derechos, promueven discursos de odio y erosionan instituciones democráticas?

El libro El proyecto político-pedagógico del neofascismo, de Cinthia Wanschelbaum, propone una respuesta provocadora: estas fuerzas no solo gobiernan o hacen política; también educan. Lo hacen fuera de las aulas, mediante discursos, medios de comunicación, redes sociales, think tanks, iglesias y espacios de formación ideológica que buscan moldear formas de interpretar la realidad.

Desde esta perspectiva, el neofascismo contemporáneo no debe entenderse únicamente como un proyecto económico o electoral. También constituye un proyecto pedagógico orientado a producir nuevas subjetividades y a disputar el sentido común de nuestras sociedades.

La educación más allá de la escuela

Uno de los aportes más sugerentes del libro es ampliar la comprensión de la educación. Durante mucho tiempo se pensó que la educación ocurría principalmente en las escuelas, colegios y universidades. Sin embargo, las disputas por las ideas siempre han trascendido las instituciones educativas. Los medios de comunicación, las plataformas digitales, los espacios religiosos, las producciones culturales y los liderazgos políticos también enseñan.

Cada discurso público transmite una determinada visión del mundo. Cada explicación sobre quiénes son los responsables de los problemas sociales educa políticamente. Cada interpretación sobre la pobreza, la desigualdad, la migración, la seguridad o el papel del Estado contribuye a formar una determinada manera de comprender la realidad.

Por eso la autora sostiene que la llamada «batalla cultural» es también una batalla pedagógica. Su objetivo no es simplemente convencer a las personas de votar por una opción política, sino producir una forma específica de entender la sociedad.

¿Cómo educa el neofascismo?

Según el análisis desarrollado en el libro, las nuevas derechas han construido un conjunto de estrategias orientadas a producir consenso social.

Entre ellas destacan la creación de enemigos permanentes, la difusión de teorías conspirativas, el ataque sistemático a las instituciones públicas, la exaltación del individualismo y la defensa del mercado como principio organizador de toda la vida social.

En este marco, problemas complejos son reducidos a explicaciones simples. La crisis económica deja de ser resultado de estructuras históricas y pasa a ser culpa de grupos específicos. Las desigualdades desaparecen del análisis y son reemplazadas por narrativas centradas exclusivamente en el mérito individual. Los derechos sociales son presentados como privilegios y la acción colectiva es sustituida por la competencia permanente.

Se trata de una pedagogía que busca transformar no solo las opiniones de las personas, sino también sus emociones. El miedo, la frustración, el resentimiento y la incertidumbre se convierten en recursos políticos fundamentales.

El neofascismo no surge de la nada

El texto evita explicaciones simplistas. El crecimiento de estas fuerzas no puede comprenderse únicamente como producto de la manipulación mediática o de la ignorancia ciudadana. Tampoco puede explicarse recurriendo a la idea de que millones de personas simplemente «se equivocaron».

Las nuevas derechas logran conectar con problemas reales. Lo hacen en un contexto marcado por el aumento de las desigualdades, la precarización de la vida, la pérdida de confianza en las instituciones y la incapacidad de muchos sistemas políticos para responder a las necesidades cotidianas de la población.

En este sentido, el libro plantea una tesis relevante: el ascenso del neofascismo debe entenderse como parte de una crisis más amplia de legitimidad del orden neoliberal y de las democracias liberales contemporáneas.

La pregunta deja entonces de ser únicamente por qué crecen estas fuerzas, para convertirse también en una interrogante sobre las limitaciones de los proyectos que no lograron responder a las expectativas de amplios sectores sociales.

Las tensiones presentes

Precisamente porque se trata de intervenir en debates urgentes, algunas de sus afirmaciones invitan a la discusión.

La primera tiene que ver con el propio concepto de neofascismo. ¿Hasta qué punto esta categoría permite comprender fenómenos diversos que emergen en contextos nacionales muy distintos? ¿Existen suficientes elementos comunes para agrupar experiencias tan heterogéneas bajo una misma etiqueta?

Una segunda tensión se relaciona con la interpretación de los apoyos sociales que reciben estas fuerzas. Si bien el libro muestra con claridad las estrategias de construcción de hegemonía, queda abierta la pregunta sobre cómo comprender la compleja relación entre consentimiento, descontento social y agencia política de quienes apoyan estos proyectos.

Finalmente, nos invita a reflexionar sobre los límites de las respuestas progresistas. Si el neofascismo ha logrado disputar exitosamente el terreno cultural, ¿qué vacíos políticos, organizativos y pedagógicos hicieron posible esa expansión?

Una disputa que también es educativa

Quizás la principal enseñanza del libro sea recordarnos que las luchas políticas son también luchas pedagógicas.

Toda sociedad educa. La pregunta es quién educa, para qué educa y desde qué valores se realiza esa tarea.

Mientras algunos proyectos promueven la competencia, el individualismo y la mercantilización de la vida, otros buscan fortalecer la cooperación, la solidaridad y la construcción colectiva de soluciones comunes.

Por ello, la discusión sobre educación no puede reducirse a programas escolares o reformas curriculares. También involucra las formas en que aprendemos a convivir, a interpretar los conflictos sociales y a imaginar futuros posibles.

¿Qué tiene que ver esto con los bienes comunes?

Gran parte de los discursos neofascistas contemporáneos descansan sobre una visión profundamente individualista de la sociedad. En ella, los problemas colectivos son convertidos en responsabilidades individuales y las soluciones comunes son sustituidas por mecanismos de mercado.

La defensa de los bienes comunes supone exactamente lo contrario: reconocer que existen problemas que no pueden resolverse desde la competencia, sino desde la cooperación; que la vida depende de relaciones de interdependencia; y que la democracia requiere capacidades colectivas para deliberar, organizarse y cuidar aquello que es compartido.

Por eso la disputa actual no es únicamente económica o institucional. También es una disputa pedagógica sobre cómo entendemos la libertad, la comunidad, la democracia y la vida en común.

¿Está llegando esta batalla cultural a nuestros territorios?

Pensar el proyecto político-pedagógico del neofascismo no implica trasladar mecánicamente las experiencias de Argentina, Brasil o Estados Unidos a la realidad centroamericana. Cada territorio tiene sus propias historias, conflictos y configuraciones políticas. Sin embargo, muchas de las estrategias descritas en el libro permiten identificar dinámicas que también aparecen en nuestras sociedades.

En Costa Rica y otros países de la región observamos el crecimiento de discursos que presentan a las universidades públicas como espacios ideologizados y desconectados de las necesidades de la población. Se cuestiona la inversión pública en educación superior mientras se promueven lógicas de mercado como criterio principal para evaluar el conocimiento.

De forma paralela, organizaciones ambientalistas, movimientos comunitarios, pueblos indígenas, sindicatos, colectivos feministas y defensores de derechos humanos son frecuentemente retratados como obstáculos para el desarrollo económico o como grupos privilegiados que atentan contra el bienestar general.

También se ha vuelto común la circulación de narrativas que simplifican problemas complejos mediante la identificación de enemigos concretos. La crisis económica, los problemas de seguridad o las tensiones sociales son explicados a partir de conspiraciones, intereses ocultos o supuestas amenazas culturales que deben ser combatidas.

Estas dinámicas no necesariamente configuran proyectos neofascistas plenamente desarrollados. Sin embargo, sí forman parte de una disputa cultural más amplia sobre quién tiene legitimidad para producir conocimiento, qué papel debe desempeñar el Estado, cuáles derechos son considerados legítimos y qué tipo de sociedad se considera deseable.

Por ello, la lectura del libro resulta especialmente relevante para quienes participan en procesos educativos, organizaciones comunitarias, movimientos sociales y espacios de defensa de los bienes comunes. Más que ofrecer respuestas acabadas, permite desarrollar herramientas para reconocer cómo se construyen determinadas narrativas y cuáles intereses pueden estar presentes detrás de ellas.

Caja de herramientas para la reflexión crítica

La siguiente matriz no busca clasificar personas o posiciones políticas, sino promover preguntas que permitan analizar críticamente distintos discursos presentes en la sociedad.

Tema en disputaMensaje frecuente en la batalla cultural¿Qué se nos invita a creer?Preguntas para problematizar¿Qué implicaciones tiene para los bienes comunes?
Educación pública«Las universidades públicas son un gasto»La educación debe funcionar como una empresa y responder al mercado.¿La educación es un derecho o una mercancía? ¿Quiénes quedarían excluidos si el acceso dependiera únicamente de la capacidad de pago?Debilita la idea del conocimiento como patrimonio colectivo.
Estado«El Estado siempre es el problema»Lo privado es más eficiente que lo público.¿Existen problemas que el mercado no puede resolver? ¿Quién protege a quienes tienen menos recursos?Reduce la capacidad de gestión colectiva de bienes y servicios esenciales.
Ambiente«Los ambientalistas frenan el desarrollo»La naturaleza debe subordinarse al crecimiento económico.¿Desarrollo para quién? ¿Quién asume los costos ambientales? ¿Qué ocurre con las generaciones futuras?Favorece la mercantilización de territorios, agua y ecosistemas.
Derechos humanos«Los derechos humanos protegen delincuentes»Los derechos son privilegios para algunos grupos.¿Qué ocurre cuando ciertos derechos dejan de ser universales? ¿Quién decide qué personas merecen protección?Debilita principios básicos de convivencia democrática.
Feminismos«La ideología de género amenaza a la familia»La igualdad de género representa una amenaza cultural.¿Qué desigualdades históricas intentan abordar los movimientos feministas? ¿Quién se beneficia de mantener las relaciones actuales de poder?Limita procesos de inclusión y reconocimiento de derechos.
Migración«Los migrantes son responsables de los problemas sociales»Los problemas colectivos tienen un enemigo identificable.¿Qué factores económicos y políticos explican realmente esos problemas? ¿A quién beneficia buscar chivos expiatorios?Favorece la exclusión y fragmentación social.
Seguridad«Se necesitan medidas cada vez más duras»Más castigo equivale automáticamente a más seguridad.¿Cuáles son las causas estructurales de la violencia? ¿Qué soluciones quedan fuera del debate?Reduce la discusión pública a respuestas punitivas.
Ciencia y conocimiento«Los expertos están manipulando a la población»Toda evidencia puede ser descartada si contradice creencias previas.¿Cómo construimos conocimiento confiable? ¿Qué diferencia existe entre una opinión y una investigación rigurosa?Debilita la deliberación democrática basada en información.
Medios y redes sociales«Todo es una conspiración»Existe un enemigo oculto detrás de todos los problemas.¿Qué evidencias respaldan estas afirmaciones? ¿Cómo distinguir información de desinformación?Polariza el debate y dificulta acuerdos colectivos.
Organización social«Los movimientos sociales viven de privilegios»La acción colectiva es sospechosa o innecesaria.¿Qué derechos se han conquistado gracias a la organización social? ¿Quién gana cuando las personas dejan de organizarse?Debilita la participación ciudadana y la defensa de lo común.
Más allá de la denuncia

El principal aporte del libro no consiste únicamente en identificar los riesgos asociados al ascenso de las nuevas derechas. También nos recuerda que toda disputa política es una disputa pedagógica.

Si existen proyectos que educan para la competencia, el individualismo y la exclusión, también es posible construir procesos educativos que fortalezcan la cooperación, la solidaridad, la participación democrática y el cuidado de lo común.

La pregunta que deja abierta esta lectura es profundamente política y pedagógica: ¿qué formas de aprendizaje necesitamos promover para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo sin renunciar a la democracia, la justicia social y la defensa de la vida?

Una invitación a la lectura

En tiempos donde las certezas parecen desmoronarse y los discursos autoritarios ganan espacio en distintas regiones del mundo, comprender cómo se construyen las ideas dominantes se vuelve una tarea indispensable.

Más que ofrecer respuestas definitivas, El proyecto político-pedagógico del neofascismo proporciona herramientas para pensar críticamente el presente y para reconocer que las batallas políticas de nuestro tiempo son también batallas por la imaginación, la cultura y el sentido común.

Leer este libro es una invitación a comprender mejor el mundo que habitamos, pero también a preguntarnos qué proyectos pedagógicos necesitamos construir para defender la democracia, fortalecer los bienes comunes y ampliar los horizontes de una vida digna para todas las personas.

Pueden descargar el libro aquí.

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Más allá de las áreas protegidas: descolonizar la conservación en tiempos de crisis ecológica

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En los debates contemporáneos sobre la crisis ecológica suele asumirse que la conservación de la naturaleza es un objetivo indiscutible y universalmente compartido. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntar quién define qué es conservar, quién toma las decisiones sobre los territorios y quiénes cargan con los costos de esas políticas.

El libro Decolonize Conservation: Global Voices for Indigenous Self-Determination, Land, and a World in Common propone precisamente abrir esa discusión. A partir de experiencias de pueblos indígenas, comunidades locales, activistas e investigadores de diversas regiones del mundo, la obra plantea que muchas de las políticas de conservación impulsadas durante el último siglo no pueden comprenderse al margen de la historia colonial. Por el contrario, argumenta que numerosas iniciativas conservacionistas han reproducido formas de despojo, exclusión y subordinación que afectan especialmente a quienes han habitado y cuidado los territorios durante generaciones.

Desde esta perspectiva, descolonizar la conservación no significa simplemente mejorar algunos mecanismos de participación o incorporar nuevos actores a estructuras ya existentes. Implica cuestionar las bases mismas desde las cuales se ha pensado la relación entre naturaleza, sociedad, desarrollo y poder.

La crisis ambiental también es una crisis de justicia

Uno de los aportes más relevantes del libro consiste en desplazar la discusión ambiental hacia el terreno de la justicia. Las autoras y autores sostienen que la crisis ecológica contemporánea no puede explicarse únicamente por la pérdida de biodiversidad, el cambio climático o la degradación de ecosistemas. Detrás de estos fenómenos existen procesos históricos vinculados con el colonialismo, el racismo, la apropiación de territorios y la concentración del poder económico.

Esta mirada cuestiona la tendencia a presentar los problemas ambientales como asuntos exclusivamente técnicos o científicos. Lo que está en juego no es únicamente la protección de especies o paisajes, sino también la forma en que las sociedades distribuyen derechos, recursos, beneficios y sacrificios.

Desde esta perspectiva, la pregunta deja de ser solamente cómo proteger la naturaleza y pasa a ser también quién decide sobre ella, quién se beneficia de su uso y quiénes son desplazados o excluidos en nombre de su protección.

Superar la separación entre humanidad y naturaleza

Otra dimensión central del proceso de descolonización consiste en cuestionar una de las ideas más arraigadas en la modernidad occidental: la noción de que la naturaleza existe separada de las personas.

El libro muestra cómo gran parte de las políticas conservacionistas se han construido sobre la imagen de una naturaleza «prístina», «salvaje» o «intacta», que debe mantenerse libre de presencia humana. Bajo esta lógica, la conservación se convierte en un esfuerzo por aislar espacios naturales de las comunidades que los habitan.

Sin embargo, las experiencias recogidas en la obra muestran una realidad distinta. Muchos de los territorios considerados hoy como espacios de alta biodiversidad han sido moldeados durante siglos por prácticas comunitarias de manejo, producción, movilidad, cuidado y uso compartido.

Descolonizar implica reconocer que la relación entre las personas y los ecosistemas no es necesariamente destructiva. Existen múltiples formas de habitar los territorios que no responden a la lógica extractiva dominante y que han contribuido históricamente a sostener la diversidad biológica y cultural.

La conservación, desde esta mirada, deja de ser una política de separación y pasa a entenderse como una práctica de convivencia.

Reconocer la historia de despojo detrás de la conservación

Uno de los conceptos más recurrentes en el libro es el de “conservación de fortaleza”. Este modelo se basa en la creación de áreas protegidas bajo control estatal o institucional, donde la presencia humana es considerada una amenaza para la biodiversidad. En numerosos casos, ello ha significado el desplazamiento de comunidades, restricciones al acceso a tierras ancestrales, criminalización de prácticas tradicionales y diversas formas de violencia.

Las experiencias documentadas en países como Kenia, República Democrática del Congo, India o Tanzania muestran que, en muchas ocasiones, la conservación ha operado mediante mecanismos similares a los utilizados históricamente por los proyectos coloniales: apropiación territorial, imposición de modelos externos de gestión y subordinación de las poblaciones locales.

La crítica que plantea el libro no consiste en rechazar la protección de los ecosistemas, sino en cuestionar la idea de que la conservación sólo puede lograrse mediante la exclusión de quienes habitan esos territorios.

Descolonizar implica reconocer esta historia, visibilizar sus consecuencias y abrir espacios para formas alternativas de protección ambiental basadas en la justicia y los derechos colectivos.

Recuperar los derechos territoriales y la autodeterminación

En prácticamente todos los testimonios reunidos en la obra aparece una demanda común: el reconocimiento efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

La defensa del territorio no es presentada únicamente como una reivindicación cultural o política. Es también una condición para la continuidad de formas de vida, sistemas de conocimiento, prácticas productivas y relaciones comunitarias que dependen de esos espacios.

Por ello, descolonizar supone avanzar más allá de mecanismos limitados de consulta o participación. Significa reconocer la capacidad de las comunidades para gobernar sus territorios, definir sus prioridades y participar de manera sustantiva en las decisiones que afectan sus vidas.

La autodeterminación aparece así como una dimensión inseparable de cualquier propuesta seria de justicia ambiental.

Valorar la diversidad de conocimientos

El libro también cuestiona la tendencia a considerar que únicamente los saberes científicos o técnicos poseen legitimidad para orientar la gestión ambiental.

Las experiencias presentadas muestran que los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen conocimientos acumulados durante generaciones acerca de los ciclos ecológicos, las dinámicas territoriales, la biodiversidad y las formas de uso sostenible de los recursos.

Estos saberes han sido frecuentemente invisibilizados, subordinados o apropiados sin reconocimiento.

Descolonizar implica reconocer que existen múltiples formas válidas de producir conocimiento y comprender el mundo. No se trata de reemplazar la ciencia por otros saberes, sino de construir relaciones más horizontales que permitan el diálogo y el reconocimiento mutuo.

La diversidad biológica y la diversidad cultural aparecen entonces como dimensiones profundamente interrelacionadas.

Identificar las causas estructurales de la destrucción ambiental

Una de las críticas más contundentes del libro apunta a las narrativas que responsabilizan a comunidades rurales, indígenas o campesinas de la degradación ambiental mientras permanecen relativamente intactas las estructuras económicas que impulsan la explotación intensiva de la naturaleza.

Las autoras y autores señalan que muchas de las amenazas más graves para los ecosistemas provienen de modelos de desarrollo basados en el extractivismo, la expansión de monocultivos, la minería, la explotación energética, el consumo excesivo y la acumulación de riqueza a escala global.

Sin embargo, las medidas de conservación suelen concentrarse en controlar o restringir las prácticas de quienes tienen una huella ecológica considerablemente menor.

Descolonizar implica desplazar el foco del debate hacia las causas estructurales de la crisis ambiental y cuestionar las relaciones de poder que permiten que algunos sectores acumulen beneficios mientras otros asumen los costos ecológicos y sociales.

Construir alternativas desde las comunidades

Los artículos no se limitan a denunciar problemas. También presenta experiencias que muestran caminos alternativos.

Diversas contribuciones destacan iniciativas de conservación comunitaria, gobernanza territorial indígena, manejo colectivo de bosques y otras formas de protección ambiental basadas en la participación directa de las comunidades.

Estas experiencias parten de una premisa sencilla pero profunda: quienes viven en los territorios no deben ser vistos como obstáculos para la conservación, sino como actores fundamentales para su sostenibilidad.

La protección de la biodiversidad, desde esta perspectiva, requiere fortalecer capacidades comunitarias, reconocer derechos colectivos y construir relaciones de confianza, en lugar de profundizar mecanismos de control, vigilancia o militarización.

¿Qué tiene que ver todo esto con los bienes comunes?

Las reflexiones presentes en Decolonize Conservation dialogan de manera directa con la perspectiva de los bienes comunes.

La tradición de los bienes comunes parte de una idea fundamental: existen recursos, territorios, conocimientos y condiciones de vida que no pueden reducirse a mercancías ni gestionarse exclusivamente desde el mercado o desde estructuras centralizadas de poder. Su sostenibilidad depende de relaciones sociales basadas en la cooperación, la corresponsabilidad y la participación democrática.

Desde esta mirada, la crítica a la conservación colonial puede entenderse también como una crítica a formas de gestión que concentran las decisiones en actores externos mientras excluyen a quienes mantienen vínculos cotidianos con los territorios.

Los pueblos indígenas y las comunidades locales que aparecen en el libro no reclaman únicamente acceso a recursos. Reclaman la posibilidad de seguir ejerciendo formas colectivas de cuidado, gobernanza y reproducción de la vida.

La descolonización y los bienes comunes coinciden en varios puntos fundamentales:

  • -Reconocen que los territorios son espacios de vida y no simples objetos de administración.
  • -Cuestionan las relaciones de dominación que separan a las comunidades de sus medios de existencia.
  • -Defienden la participación activa de quienes habitan los territorios en la toma de decisiones.
  • -Valoran la diversidad de conocimientos y experiencias.
  • -Entienden que la sostenibilidad ecológica depende también de la justicia social.

Desde esta perspectiva, proteger un bosque, una cuenca, un humedal o una montaña no significa únicamente preservar especies o paisajes. Significa también defender las relaciones sociales, culturales y comunitarias que han permitido sostener esos territorios a lo largo del tiempo.

Una invitación a continuar la conversación

En un contexto marcado por la crisis climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y el aumento de los conflictos socioambientales, las preguntas planteadas por este libro adquieren una enorme relevancia.

¿Es posible proteger la naturaleza sin proteger a quienes la habitan? ¿Puede existir conservación sin justicia? ¿Qué formas de conocimiento reconocemos cuando pensamos el futuro de nuestros territorios? ¿Quiénes participan en las decisiones sobre los bienes que sostienen la vida?

Decolonize Conservation no ofrece respuestas únicas ni recetas universales. Lo que propone es algo igualmente importante: abrir una conversación necesaria sobre las relaciones entre territorio, poder, conservación y justicia.

Invitamos a leer este documento y a incorporarlo a los debates sobre bienes comunes, democracia territorial y justicia socioecológica. Sus páginas nos recuerdan que la defensa de la biodiversidad y la defensa de los pueblos no son causas separadas, sino dimensiones inseparables de una misma lucha por la vida.

¿Qué vemos cuando hablamos de conservación? Claves para pensar desde nuestras experiencias

Las ideas presentadas en este libro cobran mayor sentido cuando las ponemos en diálogo con nuestras propias experiencias y territorios. ¿Quién decide sobre los bienes que sostienen la vida? ¿Qué conocimientos son escuchados y cuáles son excluidos? ¿Quiénes se benefician y quiénes asumen los costos de las decisiones tomadas en nombre de la conservación?

Las siguientes matrices buscan acompañar este ejercicio de reflexión. Más que un resumen del documento, constituyen una invitación a observar críticamente nuestras realidades, identificar continuidades coloniales en las formas de gestionar la naturaleza y reconocer prácticas comunitarias que apuntan hacia relaciones más justas entre las personas, los territorios y la biodiversidad. A partir de ellas, es posible abrir conversaciones sobre participación, derechos, cuidado colectivo y bienes comunes en los contextos que habitamos.

¿Qué implica descolonizar nuestra forma de entender y defender la naturaleza?

DimensiónVisión colonial de la conservaciónPerspectiva descolonizadoraPreguntas para la reflexión
Relación entre seres humanos y naturalezaLa naturaleza debe protegerse de las personas.Las personas forman parte de los ecosistemas y pueden contribuir a su cuidado.¿Cómo se relacionan nuestras comunidades con los territorios que habitan? ¿Toda presencia humana destruye la naturaleza?
TerritorioEl territorio es un espacio a administrar desde instituciones externas.El territorio es un espacio de vida, memoria, cultura y sustento.¿Quién decide sobre el uso del territorio? ¿Quiénes viven las consecuencias de esas decisiones?
ConservaciónSe protege mediante prohibiciones, vigilancia y exclusión.Se protege fortaleciendo relaciones de cuidado y responsabilidad colectiva.¿Qué experiencias comunitarias de cuidado existen en nuestro territorio?
ConocimientoEl conocimiento técnico y científico tiene mayor legitimidad.Existen múltiples conocimientos válidos que pueden dialogar entre sí.¿Qué conocimientos locales suelen ser ignorados o desvalorizados?
Comunidades localesSon vistas como potenciales amenazas para la biodiversidad.Son actores fundamentales para la sostenibilidad de los territorios.¿Cómo son representadas las comunidades en los discursos ambientales?
DerechosLos derechos pueden subordinarse a objetivos de conservación.La protección ambiental y los derechos humanos son inseparables.¿Puede existir conservación cuando se vulneran derechos?
DesarrolloLas causas de la destrucción ambiental suelen atribuirse a poblaciones locales.Se analizan las estructuras económicas y políticas que generan degradación.¿Quién obtiene beneficios de la explotación de la naturaleza? ¿Quién asume los costos?
ParticipaciónLas comunidades son consultadas después de que las decisiones ya fueron tomadas.Las comunidades participan desde el inicio y tienen capacidad de decisión.¿Qué tan vinculante es la participación en nuestro territorio?
BiodiversidadSe protege mediante áreas aisladas de la vida cotidiana.Se protege fortaleciendo territorios vivos y comunidades que los habitan.¿Qué papel tienen las prácticas comunitarias en la conservación local?
FuturoSe busca gestionar la naturaleza como un recurso.Se busca sostener la vida en todas sus formas.¿Qué significa cuidar la vida en nuestro territorio?
Descolonizar para construir lo común

Aunque el libro se sitúa principalmente en el debate sobre la descolonización de la conservación, muchas de sus reflexiones dialogan profundamente con la perspectiva de los bienes comunes. Ambas miradas cuestionan las formas de gestión que concentran el poder de decisión sobre los territorios y coinciden en la necesidad de fortalecer la participación de las comunidades en el cuidado de aquello que sostiene la vida.

Más que entender la naturaleza como un conjunto de recursos a administrar desde arriba, ambas perspectivas invitan a reconocer los territorios como espacios de relaciones, conocimientos, memorias y responsabilidades compartidas. La sostenibilidad ecológica no depende únicamente de normas o instituciones, sino también de las prácticas colectivas de cuidado, cooperación y gobernanza construidas por quienes habitan esos lugares.

La siguiente matriz permite identificar algunos de los principales puntos de encuentro entre la propuesta de descolonizar la conservación y el horizonte político y ético de los bienes comunes. Más que conceptos separados, pueden entenderse como caminos complementarios para pensar formas más democráticas, justas y sostenibles de habitar y defender los territorios.

Naturaleza, comunidad y cuidado: diálogos con los bienes comunes

Lo que plantea la descolonizaciónAporte desde los bienes comunes
Reconocer derechos territoriales colectivos.Los bienes comunes requieren comunidades con capacidad de gobernar sus territorios.
Valorar conocimientos locales e indígenas.Los bienes comunes se sostienen mediante saberes construidos colectivamente.
Cuestionar el despojo y la concentración del poder.Los bienes comunes buscan democratizar las decisiones sobre aquello que sostiene la vida.
Defender la participación efectiva.La gestión colectiva es un principio fundamental de los bienes comunes.
Reconocer la interdependencia entre personas y naturaleza.Los bienes comunes entienden que la vida humana depende de relaciones ecológicas y comunitarias.
Cuestionar la mercantilización de la naturaleza.Los bienes comunes afirman que no todo puede reducirse a mercancía o propiedad privada.
Promover formas comunitarias de cuidado.El cuidado es una práctica central para la sostenibilidad de los bienes comunes.

Pueden descargar la infografía aquí

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Invitamos a descargar y explorar este libro, una obra colectiva que reúne voces de pueblos indígenas, comunidades locales, activistas e investigadores de distintas regiones del mundo. A través de experiencias concretas y reflexiones críticas, Decolonize Conservation nos desafía a repensar las formas en que entendemos la naturaleza, la conservación y la justicia. Su lectura ofrece herramientas valiosas para quienes buscan comprender los conflictos socioambientales contemporáneos y construir alternativas basadas en el respeto a los territorios, la autodeterminación de los pueblos y el cuidado de la vida en común.

Pueden descargarlo aquí.

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Síndrome de la Bicicleta Desarmada: ¿Armonización o liberalización? La disputa por el futuro de la electricidad en Costa Rica

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Interrumpimos brevemente este análisis para un comentario editorial de nuestro corresponsal especial, Ken Brockman:

—Estimada audiencia. El tema de hoy es fascinante. Diversos sectores han descubierto que el ICE está atrasado, que no innovó lo suficiente y que no logró adaptarse a las nuevas tecnologías energéticas. Un hallazgo verdaderamente sorprendente.

Los científicos aún investigan cómo ocurrió este misterioso fenómeno. Las principales hipótesis apuntan a extraterrestres, maldiciones ancestrales o alguna fuerza sobrenatural imposible de identificar. Aunque una línea secundaria de investigación sugiere que quizás tuvo algo que ver una larga serie de decisiones políticas que limitaron su capacidad de inversión, planificación y desarrollo. Pero esa teoría sigue siendo considerada demasiado incómoda para el horario familiar.

Lo que sí parece claro es la secuencia de los acontecimientos: primero se cuestiona a una institución pública, luego se le restringe, después se le fragmenta, más tarde se señala que ya no responde como antes y finalmente se utiliza ese deterioro como prueba irrefutable de que es necesario reemplazar el modelo que la hizo posible.

Los especialistas han bautizado este fenómeno como el Síndrome de la Bicicleta Desarmada: consiste en quitarle una rueda a una bicicleta, después la cadena, luego los pedales, para finalmente presentar un estudio técnico concluyendo que la bicicleta tiene serios problemas de movilidad. O, para usar un ejemplo más directo, es como romperle las piernas a alguien y años después presentar un proyecto para privatizar las caminatas porque la persona ya no corre tan rápido.

Y aquí aparece un detalle particularmente interesante para los investigadores. Resulta que muchos de los sectores y actores que hoy señalan el supuesto atraso del ICE y promueven el proyecto de armonización son los mismos que durante años impulsaron decisiones que contribuyeron a restringir, debilitar o limitar la capacidad de acción de la institución. Un giro argumental tan inesperado como encontrar al pirómano dirigiendo la comisión especial sobre prevención de incendios.

Pero volvamos a la seriedad que exige el tema.

Porque la pregunta importante no es si el ICE enfrenta desafíos tecnológicos. Por supuesto que los enfrenta. Como cualquier institución pública del mundo, necesita modernizarse, innovar y adaptarse a nuevos escenarios energéticos.

La verdadera pregunta es otra: ¿estamos discutiendo cómo fortalecer la capacidad pública para enfrentar esos desafíos o estamos utilizando un deterioro políticamente inducido para justificar una transformación que algunos sectores vienen impulsando desde hace años?

Y con esa reflexión cerramos esta edición especial. Porque, al final, aquí no se discuten vatios. Se discuten derechos. Y también memoria.

Fin de la transmisión

Porque cuando hablamos de electricidad no hablamos únicamente de cables, plantas o mercados. Hablamos del acceso al agua, a la educación, a la salud, a la comunicación y, en última instancia, de las condiciones materiales que hacen posible una vida digna.

La discusión sobre el Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414) ha sido presentada principalmente como un debate técnico. Se habla de eficiencia, modernización, competencia y actualización institucional. Sin embargo, detrás del lenguaje especializado se encuentra una discusión profundamente política: ¿quién debe planificar, coordinar y controlar uno de los bienes estratégicos más importantes para la vida colectiva?

La energía eléctrica no es una mercancía cualquiera. Su acceso condiciona la salud, la educación, la producción, las comunicaciones y las posibilidades mismas de una vida digna. Por ello, la forma en que una sociedad organiza su sistema eléctrico expresa una determinada concepción sobre el papel del Estado, los bienes comunes y el interés público.

Un cambio de paradigma

Durante décadas Costa Rica desarrolló un modelo eléctrico basado en la planificación pública de largo plazo, encabezada principalmente por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Este modelo permitió construir una de las coberturas eléctricas más altas de América Latina y el Caribe, ampliar el acceso a regiones históricamente excluidas y desarrollar una matriz energética basada principalmente en fuentes renovables.

El proyecto de armonización plantea una transformación significativa de ese modelo. Aunque mantiene la propiedad pública de determinadas infraestructuras y no propone la venta del ICE, introduce una nueva arquitectura institucional basada en la creación de un Mercado Eléctrico Nacional, la apertura de espacios para nuevos agentes privados y la reorganización de las funciones de planificación y operación del sistema.

La pregunta fundamental es si esta reforma fortalece el modelo solidario construido durante décadas o si representa una transición hacia una lógica de mercado en la gestión de la electricidad.

La energía convertida en mercado

Uno de los elementos centrales del proyecto es la creación de un Mercado Eléctrico Nacional donde diversos agentes podrán comprar, vender y comercializar energía bajo reglas de competencia.

El discurso oficial sostiene que la competencia permitirá reducir costos, aumentar la eficiencia y atraer inversiones. No obstante, esta visión parte de una premisa ideológica específica: que los mecanismos de mercado son la mejor forma de organizar sectores estratégicos.

La experiencia internacional demuestra que esta afirmación está lejos de ser una verdad universal. En numerosos países los procesos de liberalización eléctrica produjeron concentración económica, debilitamiento de la capacidad pública de planificación y una creciente influencia de actores privados sobre decisiones estratégicas.

La discusión, por tanto, no es únicamente económica. También es democrática. ¿Quién define las prioridades energéticas del país? ¿Las necesidades colectivas o las señales del mercado?

De la planificación pública a la planificación indicativa

Otro cambio relevante es la sustitución de la planificación pública tradicional por un modelo denominado “planificación indicativa”.

Bajo este esquema, el Estado deja de identificar directamente los proyectos estratégicos para el desarrollo eléctrico. En su lugar, diversos agentes presentan proyectos que compiten entre sí mediante mecanismos de mercado y subastas.

La diferencia puede parecer técnica, pero sus implicaciones son profundas.

En el modelo histórico, la planificación partía de una visión integral del desarrollo nacional. En el nuevo esquema, la expansión del sistema depende cada vez más de las decisiones de inversión de actores individuales y de los incentivos económicos disponibles.

Se produce así un desplazamiento silencioso: la planificación deja de ser un instrumento central de conducción pública y se convierte progresivamente en un mecanismo de orientación para mercados.

ECOSEN y la fragmentación institucional

El proyecto propone además la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), una nueva institución que asumiría funciones de operación, coordinación y administración del mercado eléctrico.

Sus defensores argumentan que esto permitirá una gestión más especializada e independiente. Sin embargo, también implica trasladar competencias que históricamente han estado concentradas en instituciones públicas consolidadas.

En muchos procesos de reforma neoliberal la fragmentación institucional ha sido un paso previo a la apertura de mercados. No se eliminan necesariamente las instituciones existentes, pero sí se redistribuyen sus funciones, reduciendo su capacidad de conducción estratégica.

La pregunta no es únicamente quién opera el sistema, sino quién adquiere capacidad real para orientar su futuro.

Nuevos actores, nuevas relaciones de poder

El proyecto incorpora figuras como comercializadores, agregadores de demanda y grandes consumidores con acceso directo al mercado.

Estas figuras crean nuevas oportunidades de negocio dentro del sector eléctrico y modifican la estructura tradicional de relaciones entre productores, distribuidores y usuarios.

La apertura de nuevos espacios económicos suele presentarse como sinónimo de democratización. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los mercados eléctricos tienden a concentrarse alrededor de actores con capacidad financiera, tecnológica y jurídica para competir en condiciones favorables.

Por ello, resulta legítimo preguntarse quiénes serán los principales beneficiarios de estas transformaciones y quiénes asumirán los riesgos asociados.

Una disputa sobre los bienes comunes

La discusión sobre el proyecto de armonización no debería reducirse a cálculos tarifarios o modelos regulatorios. Lo que está en juego es una definición más profunda sobre el papel de la energía dentro de la sociedad costarricense.

Si la electricidad es concebida como un bien común estratégico, la prioridad debe ser garantizar el acceso universal, la solidaridad territorial, la sostenibilidad socioambiental y la planificación democrática de largo plazo.

Si, por el contrario, la energía es entendida principalmente como un mercado, la eficiencia económica y la competencia tenderán a convertirse en los criterios predominantes para organizar el sistema.

La verdadera discusión no es técnica. Es una discusión sobre el país que queremos construir.

Más allá de la armonización

La palabra armonización sugiere consenso, equilibrio y coordinación. Sin embargo, detrás de este proyecto existen intereses, visiones de desarrollo y concepciones distintas sobre el papel del Estado y los bienes comunes.

Por ello, antes de aprobar una reforma de esta magnitud, resulta indispensable abrir una discusión pública amplia e informada. No se trata solamente de reorganizar instituciones o crear nuevos mercados. Se trata de decidir quién controlará la energía en Costa Rica durante las próximas décadas.

La historia demuestra que las transformaciones más profundas rara vez se presentan como rupturas. Con frecuencia llegan bajo el lenguaje de la modernización, la eficiencia y la actualización institucional. Precisamente por eso es necesario debatir no solo los mecanismos propuestos, sino también el modelo de sociedad que estos ayudan a construir.

La electricidad como derecho social y bien común

Hablar de electricidad únicamente en términos de mercados, tarifas o eficiencia económica es olvidar que detrás de cada kilovatio consumido existen personas, comunidades y territorios que dependen de este servicio para ejercer otros derechos fundamentales.

La electricidad permite el acceso al agua potable mediante sistemas de bombeo, sostiene el funcionamiento de escuelas, hospitales y universidades, posibilita las comunicaciones, la producción de alimentos y el desarrollo de actividades económicas. En la actualidad, incluso el acceso a la información, la educación virtual y numerosos servicios públicos dependen de una conexión eléctrica permanente. Por ello, la electricidad no puede entenderse únicamente como una mercancía: constituye una condición básica para la vida digna.

Reconocer la electricidad como un derecho social implica asumir que su provisión no puede depender exclusivamente de criterios de rentabilidad o de la capacidad de pago de las personas. Significa aceptar que toda la población, independientemente de su ubicación geográfica o condición económica, debe tener garantizado un acceso seguro, continuo y asequible a este servicio esencial.

Esta visión fue uno de los pilares que orientó históricamente la construcción del sistema eléctrico costarricense. La electrificación rural, la expansión de la cobertura nacional y la búsqueda de tarifas solidarias respondieron a la idea de que la energía debía servir al desarrollo del país en su conjunto y no únicamente a la generación de ganancias.

Desde esta perspectiva, la discusión sobre el proyecto de armonización trasciende las cuestiones regulatorias. Lo que está en juego es si la electricidad continuará siendo concebida como un instrumento para garantizar bienestar colectivo, cohesión social y desarrollo territorial equilibrado, o si pasará a organizarse principalmente a partir de las dinámicas propias de los mercados eléctricos.

Defender la electricidad como derecho social no significa rechazar la innovación tecnológica, la participación de nuevos actores o la necesidad de mejorar la gestión del sistema. Significa recordar que la energía es demasiado importante para quedar subordinada exclusivamente a criterios comerciales. La pregunta central no es quién puede generar más electricidad o quién puede venderla más barato. La pregunta fundamental es al servicio de quién debe estar organizado el sistema eléctrico nacional.

En tiempos de crisis climática, desigualdad creciente y disputas por los bienes comunes, defender la electricidad como derecho social es también defender una idea de país donde la energía sea un patrimonio colectivo orientado al bienestar de las generaciones presentes y futuras, y no simplemente un espacio más para la competencia y la acumulación económica.

La discusión sobre la armonización eléctrica es apenas una expresión de un debate mucho más amplio. ¿Qué ocurre cuando bienes esenciales para la vida son reorganizados bajo la lógica del mercado? ¿Qué enseñanzas dejan las experiencias de privatización en América Latina? ¿Qué papel juegan la organización social, la participación ciudadana y la defensa de los bienes comunes en estas disputas?

Estas son algunas de las preguntas que aborda el documento de trabajo Privatización, crisis y resistencia social: la disputa por la energía eléctrica en Costa Rica, donde se exploran conceptos clave para comprender las reformas eléctricas, las experiencias regionales de privatización y resistencia, y los desafíos que enfrenta Costa Rica en la definición de su futuro energético.

El documento completo ya está disponible para descarga aquí.

Miners affiliated with the Central Obrera Boliviana (COB) and social organizations take part in a protest march called "Bolivia Is Not for Sale" against Decree 5503 and rising diesel and gasoline prices, as they aim to reach the city of La Paz on Monday, in Calamarca, on the outskirts of El Alto, Bolivia, January 3, 2026. REUTERS/Claudia Morales

Cuando la multitud cambia de nombre: Democracia, protesta y doble rasero en la política exterior estadounidense

with No Comment Reflexión

Hace apenas unas semanas, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que las movilizaciones contra el gobierno boliviano de Rodrigo Paz constituían un “golpe de Estado en desarrollo” financiado por una alianza entre actores políticos y el crimen organizado. La declaración fue posteriormente reforzada por el secretario de Estado Marco Rubio y por el secretario de Defensa Pete Hegseth, quienes insistieron en presentar las protestas como una amenaza contra un gobierno democráticamente electo y como un intento de restaurar viejas estructuras vinculadas al narcotráfico.

Las palabras utilizadas no son menores. En un contexto regional atravesado por profundas tensiones sociales, crisis económicas, conflictos territoriales y procesos de polarización política, definir una movilización como protesta, insurrección, golpe de Estado o amenaza terrorista implica mucho más que una descripción de los hechos. Significa establecer un marco de interpretación que condiciona las respuestas posibles, delimita los márgenes de legitimidad y determina quiénes pueden ser reconocidos como actores políticos y quiénes pasan a ser tratados como enemigos.

Por ello, más allá de la situación específica que atraviesa Bolivia, las declaraciones de los funcionarios estadounidenses abren una discusión más amplia sobre la relación entre democracia, seguridad y poder. Una discusión particularmente relevante cuando se observa que muchos de los sectores políticos que hoy califican las protestas bolivianas como una amenaza para el orden democrático sostuvieron interpretaciones muy distintas frente a uno de los episodios más significativos de la historia política reciente de Estados Unidos: la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021.

La disputa por el significado de la multitud

El asalto al Capitolio constituyó un hecho extraordinario. Miles de personas ingresaron por la fuerza al principal símbolo institucional de la democracia estadounidense con el propósito de impedir la certificación de los resultados electorales que darían la victoria a Joe Biden. Hubo enfrentamientos con la policía, ocupación de edificios públicos, amenazas a funcionarios y una interrupción temporal del proceso constitucional.

Sin embargo, lo que resulta especialmente interesante para el análisis político no es únicamente lo ocurrido aquel día, sino la disputa posterior por su significado.

Mientras amplios sectores lo describieron como un intento de insurrección o un ataque contra el orden democrático, buena parte del universo político vinculado al trumpismo impulsó una narrativa distinta. Los participantes fueron presentados como patriotas, ciudadanos preocupados por el futuro del país o víctimas de persecución política. La ocupación violenta de una institución estatal dejó de interpretarse como una amenaza a la democracia y pasó a ser leída, por determinados sectores, como una forma legítima de defenderla.

La pregunta que emerge entonces es incómoda, pero necesaria: ¿qué diferencia una protesta de una insurrección? ¿Qué convierte una movilización en una amenaza contra el orden democrático? ¿Dónde termina el derecho a la resistencia y dónde comienza el intento de subvertir las instituciones?

Las respuestas parecen variar considerablemente según quién protagonice la acción, cuáles intereses estén en juego y desde qué posición de poder se construya el relato dominante.

La geopolítica de la legitimidad

Las declaraciones de Landau, Rubio y Hegseth no pueden interpretarse únicamente como posicionamientos coyunturales frente a la crisis boliviana. Más bien forman parte de una arquitectura discursiva más amplia que hemos venido observando en los recientes documentos de seguridad de la administración Trump, donde la defensa de la democracia aparece crecientemente subordinada a criterios geopolíticos y estratégicos.

En este marco, la democracia deja de operar como una categoría aplicada de manera consistente a todos los actores y situaciones. Su significado comienza a depender de la posición que cada gobierno ocupa dentro de la estructura de alianzas, intereses y prioridades de la política exterior estadounidense. La legitimidad ya no se define exclusivamente por el origen electoral de los gobiernos ni por el respeto a procedimientos institucionales, sino también por su alineamiento con determinados proyectos de seguridad hemisférica.

Esto permite comprender por qué fenómenos similares pueden ser interpretados de formas radicalmente distintas. Cuando un gobierno es considerado un aliado estratégico de Washington, las movilizaciones que cuestionan su continuidad pueden ser presentadas como amenazas a la estabilidad, intentos de desestabilización o incluso procesos de carácter insurreccional. En cambio, cuando las protestas se producen contra gobiernos considerados adversarios o incómodos para los intereses estadounidenses, esas mismas acciones suelen ser leídas como expresiones legítimas de la voluntad popular, luchas por la democracia o procesos de resistencia ciudadana.

La cuestión de fondo, por tanto, ya no es únicamente jurídica ni institucional. Es una disputa profundamente política por la capacidad de nombrar la realidad. Lo que está en juego es quién posee la autoridad para definir cuándo una protesta constituye una expresión democrática, cuándo representa una amenaza al orden constitucional y cuándo debe ser interpretada como un intento de golpe de Estado.

De la lucha contra el narcotráfico a la securitización del conflicto social

La insistencia de los funcionarios estadounidenses en vincular las protestas bolivianas con el narcotráfico resulta particularmente reveladora porque muestra un desplazamiento que hemos venido observando en distintos escenarios de la región.

Durante décadas, América Latina y el Caribe ha sido interpretada a través de marcos que combinan seguridad, terrorismo, narcotráfico, gobernabilidad y estabilidad regional. Estas categorías han servido para justificar intervenciones, programas de cooperación militar, reformas institucionales y dispositivos de vigilancia. Lo novedoso es que actualmente comienzan a fusionarse con una intensidad cada vez mayor.

Cuando la protesta es asociada al crimen organizado, el conflicto deja de ser entendido como una disputa política relacionada con condiciones de vida, modelos económicos o desacuerdos sociales. Se transforma en un problema de seguridad. Y una vez que ocurre esa transformación, las respuestas posibles también cambian radicalmente.

La negociación pierde centralidad frente a la contención. El diálogo es sustituido por la vigilancia. Las demandas sociales dejan de analizarse desde sus causas estructurales para ser interpretadas como factores de riesgo. La política comienza a ser administrada mediante instrumentos policiales, judiciales o militares.

En este sentido, la securitización no consiste únicamente en aumentar la presencia de fuerzas de seguridad. Implica algo más profundo: redefinir la manera en que la sociedad interpreta los conflictos. Lo que antes era leído como desigualdad, exclusión o malestar social pasa a ser leído como amenaza.

¿Quiénes son los “vándalos”?

Las declaraciones del propio gobierno boliviano ofrecen otro elemento importante para esta discusión. Rodrigo Paz anunció su disposición a dialogar con diversos sectores movilizados, pero aclaró que no negociaría con quienes calificó como “vándalos”.

A primera vista podría parecer una afirmación razonable. Sin embargo, desde una perspectiva política, las categorías utilizadas para nombrar a los actores en conflicto poseen una enorme relevancia. Las palabras no son simples descripciones de la realidad. También son instrumentos que organizan la realidad. Determinan quién puede ser escuchado, quién merece reconocimiento institucional y quién queda excluido de los marcos de legitimidad.

Nombrar a una persona como ciudadana implica reconocerle derechos. Definirla como manifestante supone admitir la existencia de una demanda. Reconocerla como opositora significa aceptar que forma parte de un conflicto político legítimo. Pero cuando se la nombra como vándala, criminal o terrorista, el sentido de su acción cambia por completo.

La discusión deja de girar alrededor de las causas del conflicto y se desplaza hacia la necesidad de restaurar el orden. El problema ya no es lo que se reclama, sino la existencia misma del actor que reclama.

Por ello, una de las preguntas más importantes para comprender la coyuntura boliviana no es únicamente qué está ocurriendo en las calles. La cuestión central es quién tiene la capacidad de definir qué significa lo que está ocurriendo.

Cuando la democracia depende de quién protesta

Quizá el aspecto más inquietante de esta discusión no sea la crisis boliviana en sí misma, sino la creciente tendencia a que las categorías políticas pierdan estabilidad. Democracia, protesta, golpe de Estado, terrorismo o seguridad parecen significar cosas distintas según quién las utilice y contra quién se apliquen.

En este escenario, la disputa no se libra únicamente en las calles ni en las instituciones. También ocurre en el terreno del lenguaje. Porque quien logra imponer el significado de los acontecimientos adquiere una enorme capacidad para orientar las respuestas políticas, legitimar determinadas intervenciones y delimitar los márgenes de lo aceptable.

La pregunta que deja abierta el caso boliviano no es solamente si existe o no un intento de desestabilización. La pregunta más profunda es otra: ¿qué ocurre con la democracia cuando el poder de definir quién la defiende y quién la amenaza se concentra cada vez más en actores que también participan activamente de la disputa geopolítica?

En tiempos de securitización creciente, quizás el desafío principal consista precisamente en defender la capacidad de nombrar los conflictos desde la política antes de que sean absorbidos completamente por el lenguaje de la seguridad.

Matriz para analizar la construcción de legitimidad política
Dimensión de análisis¿Qué observar?Preguntas claveSeñales de alertaClaves para la reflexión crítica
Definición del conflictoCómo se describe la situación en disputa¿Se presenta como protesta social, crisis política, insurrección o golpe de Estado?Uso rápido de categorías extremas sin análisis de causasNombrar un conflicto también implica orientar las respuestas posibles frente a él
Producción del enemigoActores identificados como responsables de la crisis¿Quién aparece como amenaza? ¿Quién queda fuera de la legitimidad?Construcción de enemigos amplios y difusosLa figura del enemigo suele simplificar conflictos complejos
Lenguaje de seguridadConceptos dominantes utilizados por autoridades y medios¿Qué palabras se repiten? ¿Terrorismo, narcotráfico, radicalización, orden, estabilidad?Sustitución de categorías políticas por categorías securitariasLa seguridad puede desplazar el debate sobre derechos y demandas sociales
Legitimidad de la protestaTratamiento de las movilizaciones sociales¿Se reconocen sus demandas o se reducen a problemas de orden público?Invisibilización de las causas estructurales del conflictoNo toda protesta es antidemocrática ni toda estabilidad es democrática
Construcción mediáticaRelatos que circulan en medios y plataformas digitales¿Cómo se representa a quienes protestan?Estigmatización sistemática de movimientos socialesLos medios participan activamente en la producción de legitimidad
Actores reconocidosSectores considerados interlocutores válidos¿Quién puede dialogar y quién no?Exclusión previa de actores sociales organizadosLa democracia también se expresa en el reconocimiento del conflicto
Actores excluidosSectores deslegitimados¿Quién es nombrado como vándalo, criminal, extremista o terrorista?Etiquetas que sustituyen el análisis políticoLas categorías de exclusión reducen la complejidad social
Relación con intereses geopolíticosPosición estratégica del país o gobierno involucrado¿Existen intereses económicos, militares o diplomáticos en juego?Apoyo internacional selectivoLa legitimidad suele construirse también desde relaciones de poder global
Uso del narcotráfico o terrorismoAsociación entre protesta y crimen organizado¿Se presentan pruebas o solo afirmaciones generales?Expansión de categorías penales hacia actores políticosLa criminalización puede operar mediante asociaciones discursivas
Intervención internacionalParticipación de actores externos en la crisis¿Se presenta como cooperación, apoyo o defensa de la democracia?Incremento de asistencia militar o de seguridadAnalizar quién define la amenaza y quién se beneficia de esa definición
Impacto democráticoConsecuencias sobre derechos y participación¿Se amplía o se restringe el espacio para la disidencia?Militarización, vigilancia o restricciones a la protestaLa democracia se mide también por su capacidad para procesar el conflicto
Producción de consensoNarrativas que buscan instalar una interpretación dominante¿Qué lectura se intenta convertir en sentido común?Uniformidad discursiva entre gobiernos, medios y actores internacionalesAnalizar quién tiene capacidad para imponer significados
Doble rasero democráticoDiferencias en la interpretación de situaciones similares¿Se aplican los mismos criterios a aliados y adversarios?Cambios en el lenguaje según el actor involucradoComparar narrativas permite identificar sesgos y relaciones de poder
Escenarios de resistenciaEspacios donde se disputan los significados del conflicto¿Quién cuestiona la narrativa dominante?Invisibilización de voces alternativasToda coyuntura es también una disputa por el sentido
Pregunta de fondoLo que la coyuntura revela sobre el sistema político¿Quién tiene el poder de definir qué es democracia y qué es amenaza?Concentración del poder de nombrarLa lucha política también es una lucha por el significado de los acontecimientos
Preguntas orientadoras para talleres, círculos de estudio o análisis de coyuntura
  1. ¿Quién está definiendo lo que ocurre?
  2. ¿Qué actores son considerados legítimos y cuáles son excluidos?
  3. ¿Qué papel juega el lenguaje de la seguridad en la interpretación del conflicto?
  4. ¿Cómo cambia el significado de una protesta según quién la protagonice?
  5. ¿Qué intereses económicos o geopolíticos atraviesan la narrativa dominante?
  6. ¿Qué voces están ausentes o invisibilizadas?
  7. ¿Se están aplicando los mismos criterios a situaciones comparables?
  8. ¿Qué impactos tiene esta narrativa sobre la democracia y los derechos ciudadanos?
  9. ¿Cómo se relaciona esta coyuntura con procesos más amplios de securitización y criminalización de la disidencia?
  10. ¿Qué otras formas de nombrar y comprender el conflicto son posibles?
La protesta social como bien común bajo asedio

Más allá de las disputas coyunturales que atraviesan Bolivia, lo que está en juego es una transformación más profunda del lugar que ocupa la protesta social dentro de las democracias contemporáneas. Cuando las movilizaciones comienzan a ser interpretadas prioritariamente desde marcos de seguridad, terrorismo, crimen organizado o amenaza a la estabilidad, la protesta deja de ser reconocida como una expresión legítima del conflicto social y pasa a convertirse en un objeto de vigilancia, control y contención.

Esta transformación tiene implicaciones que trascienden a cualquier gobierno o coyuntura particular. La protesta social constituye uno de los bienes comunes fundamentales de toda sociedad democrática. No pertenece a una organización específica, a una ideología determinada ni a un sector político concreto. Es una capacidad colectiva construida históricamente por pueblos, movimientos sociales, sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones estudiantiles, movimientos de mujeres y múltiples actores que han encontrado en la movilización una herramienta para defender derechos, disputar sentidos y ampliar horizontes democráticos.

Sin esa capacidad de protesta, muchas de las conquistas sociales que hoy se consideran normales simplemente no existirían. Los derechos laborales, la educación pública, la seguridad social, el sufragio universal, los derechos civiles y las luchas por la justicia ambiental surgieron precisamente de procesos de organización y movilización que, en distintos momentos históricos, fueron también acusados de alterar el orden, generar inestabilidad o amenazar intereses establecidos.

Lo que observamos actualmente es la emergencia de un escenario donde esa capacidad colectiva comienza a ser crecientemente problematizada. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses sugieren una ampliación de los marcos de securitización hacia ámbitos tradicionalmente pertenecientes a la esfera política. En este contexto, las demandas sociales pueden ser reinterpretadas como amenazas estratégicas, los conflictos territoriales como riesgos para la estabilidad hemisférica y las organizaciones populares como potenciales focos de radicalización.

La preocupación no radica únicamente en el uso de determinadas categorías discursivas. Lo verdaderamente significativo es que dichas categorías provienen de una potencia que continúa ejerciendo una enorme influencia política, económica, diplomática y militar sobre América Latina y el Caribe. Cuando Estados Unidos redefine las amenazas que considera prioritarias para la seguridad hemisférica, esa redefinición tiende a irradiarse hacia instituciones de seguridad, sistemas judiciales, políticas públicas, programas de cooperación y marcos regulatorios en toda la región.

Por ello, el problema no es solamente semántico. La manera en que se nombran los conflictos tiene consecuencias materiales. Las categorías de terrorismo, narcotráfico, extremismo o radicalización pueden habilitar mayores niveles de vigilancia, fortalecer mecanismos de control territorial, justificar procesos de militarización y ampliar las capacidades de intervención estatal sobre actores sociales considerados problemáticos.

En este sentido, resulta legítimo preguntarse si estamos asistiendo a una nueva fase del intervencionismo hemisférico. Ya no necesariamente basada en las formas clásicas de ocupación, tutela o intervención directa que caracterizaron otros momentos de la historia latinoamericana y caribeña, sino en mecanismos más sofisticados de producción de amenazas, alineamiento estratégico y gobernanza de la seguridad. Un imperialismo que no siempre necesita desembarcar tropas porque opera a través de doctrinas, marcos interpretativos, dispositivos tecnológicos, cooperación securitaria y narrativas capaces de definir quién representa el orden y quién encarna el peligro.

Desde esta perspectiva, la disputa por la protesta social adquiere una relevancia estratégica. Defender la protesta no implica respaldar acríticamente todas las movilizaciones ni desconocer que puedan existir expresiones violentas dentro de determinados conflictos. Implica reconocer que la posibilidad de cuestionar el poder, expresar desacuerdos y organizar respuestas colectivas constituye una condición fundamental para cualquier proyecto democrático.

La pregunta que emerge entonces no es únicamente qué ocurre en Bolivia, sino qué tipo de democracia se está configurando en el continente. Una democracia donde el conflicto social siga siendo reconocido como parte constitutiva de la vida política o una democracia crecientemente subordinada a lógicas de seguridad que transforman la diferencia en amenaza y la disidencia en sospecha.

En tiempos de crisis múltiples —económicas, climáticas, energéticas y geopolíticas— esta discusión adquiere una importancia decisiva. Porque si la protesta social deja de ser entendida como un derecho colectivo y comienza a ser administrada como un problema de seguridad, lo que se erosiona no es solamente la capacidad de movilización de determinados movimientos sociales. Lo que se pone en riesgo es uno de los bienes comunes más importantes de nuestras sociedades: la posibilidad de imaginar, disputar y construir futuros distintos.

Referencias:

Agence France Presse. (2026, 5 de junio). EEUU dice que «está vigilando» la crisis en Bolivia y anuncia una ayuda de emergencia. AFP. 

Ceceña, Ana Esther (Coord.). (2004). Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI. CLACSO.

Rogero, Tiago (2026, 20 de mayo). Bolivia rocked by protests as US warns of ‘coup d’état’. The Guardian.

The White House. (2025). National Security Strategy of the United States of America. The White House.

Esta publicación forma parte de la colección Geografías Herejes de los Bienes Comunes, un espacio de análisis crítico que, desde la antigeopolítica, la ecología política y la defensa de los bienes comunes, busca leer el mundo desde los territorios, las comunidades y las resistencias que sostienen la vida frente a las múltiples formas de despojo, militarización, extractivismo y dominación.