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Hay palabras que parecen pequeñas. Una descalificación, una burla, un apodo o una etiqueta lanzada desde una conferencia de prensa pueden durar apenas unos segundos, convertirse en titular, circular por redes sociales y desaparecer rápidamente entre nuevas declaraciones y nuevas controversias. Sin embargo, cuando esas palabras son pronunciadas desde posiciones de autoridad, merecen ser registradas. No solamente por lo que dicen, sino por lo que hacen.

La reciente referencia a la “plantonitis” ofrece una puerta de entrada para observar un fenómeno más amplio. En estos primeros cien días de gobierno se ha acumulado un repertorio de expresiones utilizadas para referirse a quienes protestan, cuestionan, investigan, critican o simplemente incomodan al poder. Ratas, cucarachas, vagabundos, canallas, comunistas, filibusteros, jetones, zánganos, sicarios políticos y muchas otras expresiones forman parte de un vocabulario que merece ser observado más allá de la anécdota.

Por eso reunimos cien términos y expresiones. No como un campeonato de groserías ni para reducir la discusión política a quién insultó más, sino como un ejercicio de registro. Porque las palabras también forman parte de las relaciones de poder.

Cuando la palabra viene desde el poder

No todas las palabras tienen el mismo peso. Una descalificación entre particulares puede formar parte de una disputa interpersonal, pero cuando quien habla ocupa la Presidencia de la República, una curul legislativa o una posición institucional de autoridad, sus palabras ocurren dentro de una relación desigual. Quien ejerce el poder tiene una plataforma pública, capacidad para instalar temas en la agenda y, en muchos casos, capacidad efectiva para tomar decisiones que afectan la vida de las personas.

Por eso, cuando desde esos espacios se llama “ratas”, “vagabundos”, “canallas”, “filibusteros” o “sicarios políticos” a quienes cuestionan, el problema no se agota en el tono. Hay una operación política que merece atención: el adversario deja de aparecer como alguien con quien se puede discrepar y comienza a ser construido como alguien despreciable, ignorante, corrupto, peligroso o enemigo.

Esto no significa que la política deba ser un espacio sin conflicto. Todo lo contrario. Una democracia necesita desacuerdos, controversias y confrontación de ideas. El problema aparece cuando la respuesta a una posición política deja de ser un argumento y pasa a ser una descalificación de quien la sostiene.

De la demanda al estigma

Una de las consecuencias de este lenguaje es el desplazamiento de la discusión. En lugar de preguntar qué está reclamando una comunidad, qué denuncia una organización o qué cuestiona una persona, la conversación comienza a girar alrededor de quiénes son esos que reclaman.

La protesta puede convertirse entonces en “plantonitis”; quienes protestan, en “vagabundos”; quienes cuestionan, en “enemigos”; quienes investigan, en “sicarios”; quienes discrepan, en “comunistas” o “antipatriotas”. La etiqueta funciona como una respuesta rápida: permite desacreditar al interlocutor sin necesidad de entrar en el contenido de su argumento.

Este mecanismo adquiere especial relevancia cuando pensamos en los bienes comunes. Defender un río, el agua, un bosque, un territorio, un parque, una escuela, la salud o cualquier otro espacio fundamental para la vida colectiva implica muchas veces organizarse, participar, cuestionar decisiones y disputar públicamente las formas en que se administra aquello que nos pertenece colectivamente.

La protesta, en ese sentido, no es una anomalía de la democracia. Es también una de sus expresiones.

Registrar para poder volver sobre lo ocurrido

Aquí aparece el sentido de este ejercicio. Registrar no significa asumir que cada expresión constituye por sí misma un acto de violencia política ni que todas tienen la misma gravedad. Significa conservar la evidencia para poder discutirla.

¿Quién lo dijo? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? ¿Contra quién? ¿Fue una expresión aislada o forma parte de un repertorio que se repite? ¿Qué efecto produce cuando ese lenguaje proviene de una autoridad?

Estas preguntas son importantes porque la comunicación política contemporánea está marcada por una velocidad que favorece el olvido. Una declaración provoca indignación durante unas horas, se convierte en meme al día siguiente y pronto queda desplazada por la siguiente controversia. La acumulación desaparece. El patrón se vuelve difícil de percibir.

El registro interrumpe ese ciclo. Permite volver sobre las palabras, compararlas y reconstruir una secuencia. También permite enfrentar la desinformación: una frase puede ser recortada, sacada de contexto, reinterpretada o negada con el paso del tiempo. Conservar las declaraciones y sus fuentes permite regresar a lo ocurrido y discutirlo sobre una base documental.

Por eso, documentar estas expresiones no consiste simplemente en guardar insultos. Es construir memoria política.

El peligro de acostumbrarnos

Existe además un riesgo menos visible: la normalización. Una expresión que inicialmente provoca rechazo puede convertirse, después de repetirse muchas veces, en parte del paisaje político. Lo que ayer parecía inaceptable comienza a ser explicado como “el estilo” de determinada figura pública. La violencia verbal deja de discutirse y pasa a considerarse simplemente una característica del personaje.

Ahí el registro cumple otra función. Permite decir que algo ocurrió antes de que se vuelva invisible por repetición.

La normalización no significa que todas las palabras fuertes deban recibir el mismo tratamiento. Tampoco supone exigir una política sin confrontación. Significa prestar atención cuando la descalificación sistemática empieza a sustituir al argumento y cuando el desprecio se convierte en una forma habitual de responder a la crítica.

Registrar permite conservar la posibilidad de mirar hacia atrás y preguntar: ¿cuándo comenzó a parecernos normal?

Cien días como punto de partida

Los primeros cien días de un gobierno suelen utilizarse para hacer balances de proyectos, decisiones, anuncios y resultados. Proponemos agregar otra dimensión: observar cómo habla el poder cuando enfrenta el desacuerdo.

La “plantonitis” es, en este sentido, una puerta de entrada satírica a una discusión mucho más seria. El problema no está únicamente en una palabra, sino en lo que un repertorio de palabras puede revelar sobre la relación entre autoridad, crítica y participación.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes nos interesa mirar estas formas de comunicación porque la defensa de lo común requiere precisamente espacios donde las comunidades puedan cuestionar, organizarse y disputar las decisiones que afectan sus territorios y sus condiciones de vida. Si quienes ejercen ese derecho son sistemáticamente ridiculizados o deslegitimados, también se está afectando la calidad del espacio democrático en el que esas disputas ocurren.

Las palabras no son un detalle separado de la política. Pueden cerrar conversaciones o abrirlas; pueden deshumanizar o reconocer; pueden convertir una demanda social en una molestia o permitir que esa demanda sea escuchada.

Por eso hacemos este registro. Registrar para recordar. Recordar para discutir. Discutir para no normalizar.

Porque frente a la velocidad del discurso político, el olvido también puede convertirse en una forma de impunidad. Y porque quienes defienden un río, el agua, un bosque, un territorio o cualquier otro bien común tienen derecho a algo tan sencillo como fundamental: que su voz sea escuchada antes de ser descalificada.