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La política del cemento: cuando las obras sustituyen a los derechos

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Entre inauguraciones, legitimidad y democracia

Esta reflexión nace de una provocación. En un artículo sobre el nuevo Hospital Rosales de El Salvador, Eduardo Vázquez-Becker Salgado utiliza la expresión «política del cemento» para describir una lógica gubernamental que privilegia el impacto visual de las obras sobre el fortalecimiento de las instituciones públicas. Desde el Observatorio retomamos esa categoría porque creemos que permite iluminar una discusión más amplia: la relación entre infraestructura, legitimidad política, democracia y derechos en América Latina.

La pregunta es relevante porque construir hospitales, carreteras, escuelas o sistemas de transporte no es un problema en sí mismo. Por el contrario, estas inversiones son indispensables para garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de las personas.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre construir infraestructura para ampliar derechos y utilizar la infraestructura como principal mecanismo de legitimación política.

Es en esa diferencia donde aparece la política del cemento.

¿Qué entendemos por política del cemento?

La política del cemento puede entenderse como una forma de construcción de legitimidad basada en la producción de infraestructura visible y monumental, donde el valor simbólico y comunicativo de la obra adquiere mayor relevancia que su capacidad para fortalecer derechos, instituciones o capacidades colectivas.

En este modelo, la obra pública deja de ser únicamente una herramienta para resolver problemas sociales y se convierte en una demostración permanente de poder. La pregunta principal ya no es:

¿La política pública funciona? Sino: ¿La obra puede mostrarse?

Los edificios, puentes, hospitales, cárceles o carreteras se transforman en pruebas materiales de la acción gubernamental. Son visibles, fotografiables y fácilmente convertibles en contenido para campañas de comunicación política.

Mientras tanto, procesos menos espectaculares pero fundamentales para la vida democrática quedan relegados: la prevención en salud, la formación docente, el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana o la protección ambiental.

La estética del progreso

La política del cemento se sostiene sobre una poderosa narrativa visual. Las tomas aéreas, los recorridos oficiales, las inauguraciones multitudinarias y los discursos sobre modernización producen una sensación de avance que puede resultar difícil de cuestionar.

El cemento transmite una idea de permanencia. La obra parece hablar por sí sola.

Sin embargo, una escuela no garantiza educación de calidad únicamente por existir. Un hospital no garantiza atención digna únicamente por inaugurar un edificio. Una carretera no garantiza desarrollo por el simple hecho de haber sido construida.

La infraestructura es una condición necesaria para el bienestar, pero nunca suficiente.

Cuando la obra oculta la institución

Una de las paradojas más llamativas de la política del cemento es que cuanto más visible se vuelve la obra, más invisibles pueden volverse las instituciones que la sostienen.

Los debates sobre mantenimiento, personal, presupuestos, condiciones laborales, transparencia, impactos socioambientales o mecanismos de acceso quedan desplazados por la espectacularidad de la inauguración. En ocasiones, el edificio recibe más atención que las personas que lo hacen funcionar. La fotografía sustituye al debate público. La ceremonia sustituye a la rendición de cuentas.

El rostro humano del autoritarismo

La política del cemento también puede cumplir una función simbólica más profunda. Diversos gobiernos contemporáneos que enfrentan cuestionamientos por el debilitamiento de controles democráticos, restricciones a la participación ciudadana o retrocesos en materia de derechos encuentran en las grandes obras una forma de proyectar sensibilidad social.

La infraestructura permite construir una imagen de eficacia y compromiso con las necesidades de la población.

De esta manera, el concreto puede convertirse en una especie de lenguaje político que busca compensar déficits democráticos. No se trata de negar el valor de las obras públicas, sino de preguntarse si estas se convierten en sustitutos de discusiones fundamentales sobre justicia social, derechos humanos y fortalecimiento institucional.

Cuando el cemento cubre la erosión de derechos

En distintos países de América Latina ha emergido una paradoja política. Mientras se anuncian hospitales, carreteras, aeropuertos, puentes o megaproyectos de infraestructura, también se observan procesos de debilitamiento institucional, concentración del poder, restricciones a la participación ciudadana y reducción de controles democráticos.

La obra pública cumple entonces una función que trasciende la prestación de servicios. Se convierte en un mecanismo de legitimación capaz de producir una imagen de eficacia gubernamental incluso en contextos donde se deterioran derechos y libertades.

El mensaje implícito es sencillo: si el gobierno construye, entonces gobierna bien. Sin embargo, esta lógica puede ocultar una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando la expansión del concreto avanza al mismo tiempo que se reducen los espacios democráticos?

La infraestructura puede mejorar la vida de las personas. Pero ninguna carretera reemplaza la libertad de organización. Ningún hospital sustituye el acceso a la información pública. Ningún puente compensa la erosión de los mecanismos de rendición de cuentas.

Por eso resulta necesario observar no solamente qué se construye, sino también qué derechos se fortalecen, cuáles se debilitan y quiénes participan en las decisiones sobre el futuro colectivo.

Más allá del cemento: una perspectiva desde los bienes comunes

Desde una perspectiva de bienes comunes, la pregunta central no es cuánto cemento produce una sociedad, sino qué capacidades colectivas fortalece.

Una obra pública puede contribuir al bien común cuando amplía derechos, fortalece la gestión democrática, mejora las condiciones de vida y permite una participación efectiva de las comunidades en las decisiones que les afectan. Pero también puede convertirse en un monumento vacío cuando su principal función es producir imágenes de progreso sin transformar las causas estructurales de los problemas que pretende resolver.

Por eso, evaluar una política pública implica mirar más allá de la infraestructura y preguntarnos por los procesos sociales, institucionales y democráticos que la acompañan.

Una herramienta para observar nuestros territorios

La política del cemento no pretende ser una etiqueta para descalificar cualquier proyecto de infraestructura. Más bien busca convertirse en una herramienta de observación crítica.

-Nos invita a preguntarnos qué ocurre cuando las obras se convierten en el principal argumento político de un gobierno.

-Nos invita a mirar no solo lo que se construye, sino también aquello que permanece invisible.

-Nos invita, en última instancia, a distinguir entre la construcción de derechos y la construcción de imágenes de progreso.

Matriz para analizar dinámicas de política del cemento

DimensiónPreguntas de análisisIndicadores de fortalecimiento democráticoSeñales de política del cemento
LA OBRA Y SU CONTRIBUCIÓN AL BIEN COMÚN   
Finalidad de la obra¿Qué problema social busca resolver? ¿La infraestructura responde a necesidades identificadas colectivamente o a prioridades definidas desde arriba?La obra surge de diagnósticos públicos y responde a necesidades socialmente reconocidas.La obra se presenta como un fin en sí mismo o como símbolo de modernización y grandeza nacional.
Derechos humanos¿Qué derechos busca garantizar o ampliar? ¿Existen mecanismos para evaluar su contribución efectiva?La infraestructura fortalece el acceso universal y reduce desigualdades.El discurso enfatiza la construcción física más que el acceso efectivo a derechos.
Condiciones laborales y capacidades humanas¿La obra viene acompañada de inversión en personal, formación y condiciones laborales adecuadas?Se fortalecen capacidades humanas y condiciones de trabajo dignas.El edificio recibe más atención que las personas que sostienen el servicio.
Impacto territorial¿Cómo afecta la obra a las comunidades y dinámicas locales? ¿Fortalece capacidades territoriales?La infraestructura mejora condiciones de vida y fortalece la organización local.Se imponen proyectos sin considerar conflictos sociales o afectaciones comunitarias.
Impacto socioambiental¿Qué consecuencias tiene sobre ecosistemas y bienes comunes? ¿Se aplican medidas preventivas?Existen evaluaciones rigurosas y mecanismos de mitigación y monitoreo.Los impactos ambientales se minimizan o se consideran obstáculos para el desarrollo.
Equidad territorial¿La inversión contribuye a reducir desigualdades territoriales?Se priorizan territorios históricamente excluidos.Los proyectos se concentran en espacios estratégicos para la visibilidad política.
DEMOCRACIA, INSTITUCIONES Y DERECHOS   
Participación ciudadana¿Quién definió la prioridad de la obra? ¿Las comunidades participaron en las decisiones?Existen procesos deliberativos y mecanismos efectivos de participación.Las decisiones se concentran en élites políticas o técnicas.
Transparencia y acceso a la información¿Son públicos los contratos, presupuestos, estudios técnicos y evaluaciones?La información es accesible, verificable y auditada.Predomina el secretismo y la comunicación unilateral.
Institucionalidad pública¿La obra fortalece capacidades institucionales permanentes?Se consolidan equipos técnicos y capacidades de gestión pública.El protagonismo recae en la figura del gobernante o en la obra misma.
Sostenibilidad financiera¿Existen recursos para operar y mantener la infraestructura a largo plazo?Hay planificación para operación, mantenimiento y renovación futura.Se financia la construcción, pero no el funcionamiento sostenido.
Rendición de cuentas¿Cómo se evalúan los resultados? ¿Quién puede fiscalizar el proyecto?Existen mecanismos independientes de evaluación y control ciudadano.El éxito se mide por la inauguración y no por los resultados.
Democracia y derechos¿La expansión de infraestructura ocurre junto con el fortalecimiento o debilitamiento de derechos civiles, políticos, sociales y ambientales?La obra se inserta en procesos de ampliación de derechos y fortalecimiento democrático.Las obras adquieren protagonismo mientras se restringen derechos, se debilitan controles institucionales o se reducen espacios de participación.
LEGITIMIDAD POLÍTICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN   
Comunicación política¿Cómo se presenta la obra ante la ciudadanía?Se informa sobre objetivos, limitaciones, impactos y desafíos.Predominan las inauguraciones, la espectacularización y las narrativas triunfalistas.
Legitimidad política¿La legitimidad gubernamental se construye a partir de derechos garantizados o de obras visibles?La confianza pública se basa en resultados verificables y fortalecimiento democrático.La infraestructura se convierte en el principal símbolo de eficacia gubernamental.
Temporalidad política¿La obra responde a una estrategia de largo plazo o al calendario electoral?Existe continuidad más allá de gobiernos específicos.Las inauguraciones coinciden con momentos de desgaste político o coyunturas electorales.
Relación con los bienes comunes¿La infraestructura fortalece capacidades colectivas de cuidado, organización y gestión democrática?Amplía la capacidad de las comunidades para sostener la vida en común.Refuerza relaciones verticales donde la ciudadanía aparece únicamente como beneficiaria pasiva.
Para seguir pensando

Al finalizar el análisis de una obra o proyecto, pueden formularse las siguientes preguntas:

  1. ¿La infraestructura fortalece derechos o fortalece narrativas de poder?
  2. ¿Se invirtió únicamente en concreto o también en capacidades humanas e institucionales?
  3. ¿La ciudadanía participó en las decisiones o solamente fue convocada a la inauguración?
  4. ¿La obra transforma las causas estructurales del problema o únicamente sus manifestaciones visibles?
  5. ¿La infraestructura fortalece la democracia o ayuda a ocultar procesos de regresión democrática?
  6. ¿Estamos ante una inversión para el bien común o ante una estrategia de legitimación política?

La política del cemento no se identifica por la existencia de infraestructura pública. Una sociedad democrática necesita hospitales, escuelas, carreteras, sistemas de agua y espacios comunitarios. La señal de alerta aparece cuando existe un desequilibrio entre la inversión en lo visible y la inversión en las condiciones sociales, institucionales y democráticas que permiten que esa infraestructura garantice derechos.

En otras palabras: la pregunta central no es cuánto cemento produce un gobierno, sino qué derechos, capacidades colectivas y bienes comunes fortalece con él.

Referencia:

Vázquez-Becker Salgado, Eduardo. (2026, 3 de junio). El espejismo de la salud: el nuevo Hospital Rosales y la opacidad en El Salvador. La Prensa Gráfica.

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Carta desde la Clase 3-E: el gran inventario de la universidad pública

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Por Koro-sensei, colaborador accidental del Observatorio de Bienes Comunes. Profesor de la Clase 3-E, especialista en pedagogía crítica, velocidad Mach 20 y recuperación de objetos perdidos que nunca debieron convertirse en el tema principal de la conversación.

Si hay algo que he aprendido enseñando en la Clase 3-E es que los conflictos importantes rara vez comienzan por aquello que termina apareciendo en los informes.

Cuando un estudiante deja de participar, el problema normalmente no es el silencio. Cuando alguien se enfurece, el problema no suele ser el grito. Y cuando una comunidad entra en conflicto, casi nunca el problema principal es aquello que aparece al final en la lista de daños.

Por eso observo con curiosidad lo que ocurre en la Universidad de Costa Rica.

Después de semanas de conflicto, ocupación, negociaciones, comunicados, denuncias cruzadas, tensiones institucionales y debates sobre el futuro de la universidad pública, el país parece haber llegado finalmente a una conclusión provisional: faltan cosas.

-Primero fue una olla arrocera.

-Después un coffee maker.

-Luego un microondas.

-Más tarde aparecieron productos de limpieza, equipos varios y ahora dos computadoras, un trípode, audífonos, un ventilador y hasta un perfume.

El inventario sigue creciendo.

Lo interesante no es que se investiguen esas pérdidas. Sería absurdo sostener lo contrario. Toda institución tiene el deber de proteger sus bienes y esclarecer responsabilidades cuando ocurren daños o desapariciones.

Lo verdaderamente interesante es observar la intensidad institucional que logra movilizar un inventario. Porque mientras los listados de objetos faltantes se actualizan con notable precisión, otras preguntas parecen avanzar con una velocidad considerablemente menor.

Por ejemplo:

-¿Qué llevó a un grupo de estudiantes a ocupar edificios administrativos durante varias semanas?

-¿Qué condiciones políticas produjeron semejante nivel de confrontación?

-¿Qué falló en los mecanismos de diálogo universitario para que el conflicto llegara hasta ese punto?

-¿Qué aprendizajes institucionales deja todo lo ocurrido?

-¿Quiénes tomaron determinadas decisiones durante los primeros días de la crisis?

-¿Por qué algunas denuncias reciben una atención inmediata mientras otras parecen diluirse lentamente en el aire universitario?

Curiosamente, esas preguntas no suelen venir acompañadas de tasaciones económicas.

No generan cuadros contables.

No aparecen fácilmente en hojas de cálculo.

Y quizá por eso resultan mucho más difíciles de administrar.

Porque una computadora desaparecida puede valorarse en seiscientos mil colones. Un trípode puede cuantificarse. Un perfume puede registrarse en un informe.

Pero resulta mucho más complejo calcular cuánto cuesta una universidad donde los conflictos políticos terminan procesándose principalmente mediante investigaciones, expedientes y procedimientos disciplinarios mientras las causas profundas permanecen relativamente intactas.

Y ahí es donde el asunto comienza a ponerse interesante.

Durante las últimas semanas, buena parte de la conversación institucional ha girado alrededor de daños materiales que ya superan varias decenas de millones de colones, según las estimaciones preliminares divulgadas públicamente. Los montos se discuten. Los objetos se enumeran. Las pérdidas se clasifican.

Sin embargo, cuesta encontrar la misma energía institucional dedicada a inventariar aquello que hizo posible el conflicto.

-No existe un informe equivalente sobre el deterioro de la confianza.

-No hay una tasación sobre el desgaste del diálogo universitario.

-Nadie parece estar calculando el costo político de una comunidad que cada vez encuentra menos espacios para procesar democráticamente sus desacuerdos.

Y eso resulta llamativo.

Porque incluso dentro del propio Consejo Universitario han surgido voces señalando que las investigaciones no deberían concentrarse únicamente en las acciones de los estudiantes, sino también en las actuaciones de sectores administrativos durante el conflicto.

La observación es importante porque introduce una pregunta fundamental: si la universidad aspira a comprender lo ocurrido, ¿por qué algunas responsabilidades parecen investigarse con tanta rapidez mientras otras apenas comienzan a mencionarse?

La cuestión se vuelve todavía más delicada cuando recordamos episodios que fueron ampliamente comentados durante los primeros días de la ocupación.

Por ejemplo, la suspensión de servicios básicos dentro del edificio ocupado.

Hasta hoy sigue siendo legítimo preguntarse quién tomó la decisión de restringir agua y electricidad durante una protesta universitaria y bajo qué criterios se consideró adecuada una medida de ese tipo.

No porque ello elimine otras responsabilidades. No porque justifique daños posteriores. Sino porque también forma parte de la historia.

También forman parte de la historia los señalamientos sobre insultos, hostilidad y agresiones verbales reportadas por distintos actores durante el conflicto.

Sin embargo, cuando se observa la discusión pública, pareciera que algunos hechos generan una reacción institucional inmediata mientras otros permanecen en una especie de zona gris donde el tiempo lentamente los vuelve invisibles.

Y eso debería preocuparnos. Porque una universidad pública no se fortalece únicamente identificando quién rompió una ventana o quién se llevó un equipo.

También se fortalece cuando es capaz de examinar críticamente sus propias decisiones. Cuando investiga todas las aristas de un conflicto. Cuando evita construir relatos donde unas violencias resultan perfectamente visibles

y otras permanecen fuera del foco.

Desde la Clase 3-E solemos enseñar algo sencillo: si un estudiante tiene problemas, no basta con castigar las consecuencias. Hay que comprender las condiciones que produjeron el comportamiento.

Corregir y sacionar sin comprender produce obediencia temporal. Comprender sin actuar produce impunidad.

La tarea educativa consiste en sostener ambas cosas simultáneamente. Quizá la Universidad de Costa Rica enfrenta hoy un desafío parecido.

Porque mientras el inventario de pérdidas continúa creciendo, sigue sin existir un inventario igualmente detallado sobre los motivos que llevaron a la protesta.

Y esa ausencia es mucho más difícil de contabilizar.

-No tiene número de activo.

-No posee código patrimonial.

-No aparece en los formularios administrativos.

Pero probablemente explique más sobre el conflicto que cualquier coffee maker, cualquier perfume o cualquier olla arrocera.

Después de todo, las universidades públicas no se construyeron para proteger electrodomésticos. Se construyeron para discutir críticamente la sociedad, incluso cuando esas discusiones resultan incómodas.

Y quizá ahí radique la pregunta que sigue faltando en el inventario: cuando todo esto termine, ¿la universidad habrá comprendido mejor por qué ocurrió el conflicto o simplemente tendrá una lista más completa de las cosas que desaparecieron?

Atentamente,

Koro-sensei
Profesor de la Clase 3-E y observador ocasional de instituciones que pueden calcular perfectamente el valor de un perfume, pero todavía buscan cómo medir el costo de no escuchar a tiempo.

Posdata

Si aparece un nuevo informe institucional informando la desaparición de un borrador, una engrapadora o una calculadora científica, les ruego mantener la calma. No todo objeto extraviado constituye una amenaza contra el orden democrático.

Aunque admito que una calculadora desaparecida podría ser grave. Sobre todo si estaba encargada de calcular cuántas reuniones de diálogo hacen falta para evitar una toma.

Todavía no conozco la respuesta.

También quisiera aclarar que la Clase 3-E realizó una inspección exhaustiva y no encontró ninguna olla arrocera en sus instalaciones.

Encontramos un pulpo mutante, dos robots experimentales y una criatura interestelar.

Pero ninguna olla arrocera.

Si la Universidad de Costa Rica desea ampliar el inventario, sugiero incluir algunos bienes que también parecen extraviados:

  1. Confianza institucional.
  2. Escucha activa.
  3. Imaginación política.
  4. Capacidad para discutir desacuerdos sin convertirlos inmediatamente en expedientes.

Estos bienes son más difíciles de reponer que un coffee maker.

Y bastante más costosos.

Finalmente, si algún día elaboran una tasación económica de los conflictos que nunca se discutieron a tiempo, por favor avísenme.

Tengo la sospecha de que esa cifra podría superar ampliamente los ₡38 millones.

¿Por qué un Observatorio de Bienes Comunes habla de esto?

Porque, queridos estudiantes, los bienes comunes no son solamente ríos, bosques o territorios. También son las comunidades que construimos, las instituciones que compartimos y la capacidad de discutir nuestros desacuerdos sin convertir cada conflicto en una simple lista de objetos perdidos.

Además, si después de varias semanas de protesta, negociaciones, comunicados, tensiones políticas y debates sobre democracia universitaria terminamos hablando principalmente de una olla arrocera, un coffee maker y un perfume… sospecho que la verdadera desaparición ocurrió en otra parte.

Antes de que digan que me lo inventé

Como la velocidad Mach 20 no siempre es considerada una fuente académica válida, el Observatorio comparte a continuación las noticias, comunicados y declaraciones públicas utilizadas para construir esta reflexión.

Las incluimos por una sencilla razón: en los últimos días hemos descubierto que una olla arrocera puede producir más evidencia documental que algunos debates sobre democracia universitaria.

Así que, para tranquilidad de quienes sospechan que Koro-sensei está exagerando, aquí están los documentos. Las computadoras, el perfume, el trípode, los montos, las declaraciones, las denuncias y los comunicados no fueron inventados por la Clase 3-E.

La ironía tampoco.

Referencias:

Ortiz Salas, Ignacio. (2026, 28 de mayo). Integrantes del Consejo Universitario piden que se investiguen las acciones de administrativos contra los estudiantes en la toma de la Rectoría. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/universitarias/integrantes-del-consejo-universitario-piden-que-se-investiguen-las-acciones-de-administrativos-contra-los-estudiantes-en-la-toma-de-la-rectoria/

Ruiz, Paula. (2026, 1 de junio). UCR detecta ausencia de dos computadoras, trípode y hasta un perfume tras toma de edificio en mayo: estas pérdidas ascienden a ¢1,4 millones. Observador. https://observador.cr/ucr-detecta-ausencia-de-dos-computadoras-tripode-y-hasta-un-perfume-tras-toma-de-edificio-estas-perdidas-ascienden-a-14-millones/

Villegas, Andrey. (2026, 1 de junio). Computadoras, audífonos y hasta perfumes “desaparecieron” durante toma de edificios en la UCR. CRHoy. https://crhoy.com/nacionales/computadoras-audifonos-y-hasta-perfumes-desaparecieron-durante-toma-de-edificios-en-la-ucr/

Villalobos, Paulo. (2026, 28 de mayo). ‘Coffee maker’, microondas y olla arrocera desaparecieron tras toma de Rectoría de UCR. Teletica. https://www.teletica.com/nacional/coffee-maker-microondas-y-olla-arrocera-desaparecieron-tras-toma-de-rectoria-de-ucr_409640

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¿Molesta el FEES? Estas personas tienen algo que decir

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Aprender no tiene fecha de vencimiento: la educación a lo largo de la vida y el sentido público de la universidad

En medio de las discusiones sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), una pregunta suele quedar fuera del debate: ¿quiénes tienen derecho a aprender?

Con frecuencia, cuando se habla de universidad pública, la imagen que aparece es la de una persona joven que asiste a clases para obtener un título profesional. Sin embargo, la vida universitaria es mucho más amplia. Cada año, miles de personas participan en talleres, cursos, procesos comunitarios, espacios culturales y actividades de formación impulsadas desde la acción social, la investigación y la extensión universitaria.

Detrás de estas experiencias existe una convicción profunda: la educación no termina cuando una persona sale de la escuela, del colegio o de la universidad. Aprender es una posibilidad que acompaña toda la vida.

La idea de la educación a lo largo de la vida surge precisamente de reconocer que las personas continúan construyendo conocimientos en distintos momentos y espacios de su existencia. Se aprende en el trabajo, en la comunidad, en la organización social, en la participación política, en las experiencias de cuidado, en las prácticas culturales y en los desafíos cotidianos que plantea el mundo contemporáneo.

Esta perspectiva adquiere especial relevancia en sociedades marcadas por profundas desigualdades. Muchas personas no tuvieron acceso oportuno a oportunidades educativas o vieron interrumpidas sus trayectorias por razones económicas, territoriales, familiares o laborales. Otras requieren nuevas herramientas para comprender y actuar frente a cambios tecnológicos, ambientales, sociales y políticos que transforman continuamente la realidad.

En este contexto, la educación de personas jóvenes y adultas deja de ser un servicio complementario para convertirse en una tarea democrática.

Una universidad pública comprometida con el bien común no puede limitarse a formar profesionales. También debe contribuir a crear oportunidades para que las personas continúen aprendiendo, reflexionando, dialogando y fortaleciendo sus capacidades de participación a lo largo de toda su vida.

Esto implica reconocer que el conocimiento no circula en una sola dirección. Las comunidades, organizaciones y colectivos también producen saberes valiosos. La labor universitaria consiste entonces en construir puentes entre distintos conocimientos, generar espacios de encuentro y promover procesos educativos donde todas las personas tengan algo que enseñar y algo que aprender.

Por esta razón, los talleres comunitarios, los procesos de formación territorial, los espacios de educación popular y las iniciativas dirigidas a personas adultas no son actividades secundarias. Constituyen una expresión concreta de la responsabilidad social de la universidad pública.

Cuando una persona adulta vuelve a encontrarse con el placer de aprender; cuando una comunidad fortalece sus capacidades organizativas; cuando un grupo de vecinos reflexiona sobre la gestión del agua, la participación ciudadana o la defensa de los bienes comunes; cuando las personas descubren nuevas herramientas para comprender su realidad y actuar sobre ella, la universidad está cumpliendo una de sus funciones más importantes.

En tiempos donde la educación superior suele medirse mediante indicadores de eficiencia, rankings o cantidad de graduaciones, conviene recordar que existen impactos que no caben fácilmente en una hoja de cálculo. La confianza construida en los territorios, los vínculos comunitarios fortalecidos, la participación social estimulada y las oportunidades de aprendizaje abiertas para personas de distintas edades son parte de esos resultados difíciles de cuantificar, pero fundamentales para la vida democrática.

Por eso, discutir el FEES también debería ser una oportunidad para discutir

qué universidad queremos sostener como sociedad.

Si creemos que la educación es un derecho humano y no un privilegio, entonces la universidad pública debe seguir siendo un espacio abierto para todas las edades. Un espacio donde aprender no tenga fecha de vencimiento y donde el conocimiento circule más allá de los campus para encontrarse con las necesidades, experiencias y aspiraciones de las comunidades.

Defender la educación a lo largo de la vida no es solamente defender un modelo educativo. Es defender una idea de sociedad donde todas las personas conservan el derecho a seguir aprendiendo, participando y transformando el mundo que comparten.

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Verde por fuera: cómo las grandes empresas convierten las promesas ambientales en estrategia de legitimación

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Basado en el artículo científico «Environmental claims, climate promises, and greenwashing by meat and dairy companies», publicado en PLOS Climate (2026).

Cuando la crisis ambiental se vuelve un problema de comunicación

Durante décadas, las principales disputas ambientales giraron alrededor de preguntas relativamente visibles: quién contaminaba, qué ecosistemas eran afectados o cuáles actividades económicas impulsaban la degradación ambiental. Hoy, sin embargo, una parte creciente de la batalla se libra en otro terreno menos evidente: el lenguaje.

Las grandes corporaciones ya no suelen negar el cambio climático ni rechazar abiertamente la necesidad de una transición ecológica. Por el contrario, cada vez más empresas se presentan como protagonistas de esa transformación. Informes de sostenibilidad, compromisos de carbono neutralidad, campañas publicitarias y declaraciones institucionales buscan transmitir la imagen de organizaciones comprometidas con el planeta y con las generaciones futuras.

La pregunta es si esas narrativas corresponden a transformaciones reales o si, en algunos casos, funcionan como mecanismos para preservar legitimidad social mientras los modelos productivos permanecen esencialmente intactos.

Un estudio publicado en 2026 en la revista PLOS Climate aporta elementos importantes para esta discusión. Las personas investigadoras analizaron las declaraciones ambientales realizadas por las 33 mayores empresas de carne y lácteos del mundo. Identificaron 1.233 afirmaciones ambientales, de las cuales el 68% estaban relacionadas con el cambio climático. Más de un tercio correspondían a promesas futuras difíciles de verificar y apenas una minoría aportaba evidencia que permitiera evaluar su alcance real. El dato más llamativo fue otro: el 98% de las afirmaciones presentaba indicadores de greenwashing o lavado verde.

Más allá de la magnitud de las cifras, el estudio ofrece una ventana privilegiada para comprender cómo las industrias altamente contaminantes están aprendiendo a gestionar la crisis ecológica mediante relatos, compromisos y promesas que no necesariamente se traducen en transformaciones sustantivas.

Aunque la investigación se concentra en la industria cárnica y láctea, las dinámicas identificadas permiten observar fenómenos que atraviesan múltiples sectores económicos. Lo que aparece aquí es menos una anomalía sectorial que una forma contemporánea de construir legitimidad ambiental.

La sostenibilidad como narrativa corporativa

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que el cambio climático se ha convertido en el principal lenguaje de legitimación ambiental de las empresas analizadas. La mayoría de las afirmaciones identificadas estaban asociadas a reducción de emisiones, metas climáticas, innovación tecnológica o compromisos de carbono neutralidad.

A primera vista, esto podría interpretarse como una señal positiva. Después de todo, implica reconocer la gravedad del problema climático. Sin embargo, al observar con más detalle el contenido de las declaraciones, aparece una tensión importante. Muchas utilizan conceptos amplios y atractivos —sostenibilidad, innovación verde, producción responsable, regeneración, neutralidad climática— sin explicar con claridad qué significan en términos concretos ni cómo se traducen en transformaciones verificables.

La sostenibilidad deja entonces de funcionar únicamente como una práctica y comienza a operar como una narrativa. Lo relevante ya no es solamente lo que la empresa hace, sino la capacidad de construir una imagen pública asociada a la responsabilidad ambiental.

Esta dinámica no es menor. Cuando la discusión ambiental se desplaza desde los impactos materiales hacia los relatos institucionales, resulta más difícil distinguir entre cambios profundos y operaciones de comunicación.

En otras palabras, la pregunta deja de ser si una organización habla sobre sostenibilidad y pasa a ser qué evidencia existe de que esa sostenibilidad está ocurriendo.

El futuro como refugio de las promesas

Esta lógica se vuelve especialmente evidente cuando observamos la enorme cantidad de compromisos proyectados hacia el futuro. Más de un tercio de todas las afirmaciones ambientales identificadas por el estudio correspondían a promesas todavía no realizadas.

Las empresas anuncian que alcanzarán emisiones netas cero en 2040 o 2050, restaurarán ecosistemas, reducirán su huella ambiental o desarrollarán nuevas tecnologías para resolver problemas que hoy siguen sin respuesta. El problema no es la existencia de metas de largo plazo. Cualquier transformación ecológica requiere planificación y horizontes temporales amplios.

La dificultad aparece cuando las promesas sustituyen a los planes.

En numerosos casos analizados por las personas investigadoras, las metas climáticas no estaban acompañadas por hojas de ruta claras, indicadores intermedios, mecanismos de rendición de cuentas o estrategias verificables para alcanzar los objetivos anunciados. Lo que se ofrece es una visión deseable del futuro, pero no necesariamente una explicación de cómo se llegará a él.

Por esta razón, diversos estudios recientes han comenzado a hablar de future-washing: una forma de lavado verde que traslada la solución de los problemas ambientales hacia un horizonte lejano, mientras el presente permanece relativamente intacto.

Primera señal de alerta: cuando las promesas sustituyen a los planes

Las metas de largo plazo no son un problema en sí mismas. Lo preocupante es cuando aparecen desconectadas de acciones concretas en el presente.

Cuando una empresa, institución o gobierno anuncia que será carbono neutral dentro de veinte o treinta años, conviene preguntarse:

  • -¿Existe una hoja de ruta pública para alcanzar esa meta?
  • -¿Se establecen objetivos intermedios verificables?
  • -¿Se identifican responsables y recursos asignados?
  • -¿Qué ocurrirá si las metas no se cumplen?

Una promesa sin mecanismos de seguimiento puede funcionar más como estrategia de comunicación que como compromiso efectivo.

Mostrar lo pequeño para ocultar lo estructural

Si el futuro se convierte en un espacio privilegiado para la construcción de expectativas, el presente suele organizarse alrededor de otro mecanismo igualmente frecuente: destacar acciones puntuales mientras permanecen fuera de foco los principales impactos ambientales.

Numerosas empresas resaltan programas piloto, proyectos experimentales o mejoras localizadas como evidencia de su compromiso ecológico. La instalación de paneles solares en una planta específica, la reducción del uso de ciertos materiales de empaque o pequeñas mejoras de eficiencia energética son presentadas como señales de transformación.

Estas iniciativas pueden generar beneficios reales. El problema surge cuando se convierten en el centro del relato ambiental mientras las actividades que producen la mayor parte de las emisiones o de los impactos ecológicos permanecen sin modificaciones sustantivas.

En estos casos, la comunicación no necesariamente oculta información falsa. Lo que hace es reorganizar la atención pública. Se dirige la mirada hacia aquello que mejora y se evita discutir aquello que sigue generando daños significativos.

La sostenibilidad termina funcionando como una vitrina donde se exhiben los avances más visibles mientras las contradicciones estructurales permanecen detrás del escenario.

Segunda señal de alerta: cuando lo anecdótico desplaza lo importante

Una práctica frecuente del greenwashing consiste en destacar acciones reales pero marginales para construir una imagen de transformación profunda. No se trata necesariamente de información falsa. Se trata de una selección estratégica de aquello que se decide mostrar.

Frente a este tipo de mensajes conviene preguntarse:

  • -¿La iniciativa presentada aborda las principales fuentes de impacto ambiental?
  • -¿Representa una parte significativa de las operaciones?
  • -¿Qué porcentaje del problema pretende resolver?
  • -¿Qué temas quedan fuera del relato institucional?

A veces la información más importante no es la que aparece en el informe, sino la que desaparece de él.

Cuando la evidencia desaparece

La construcción de legitimidad ambiental no depende únicamente de las promesas o de las historias que las organizaciones cuentan sobre sí mismas. También depende de la capacidad de demostrar que aquello que se afirma efectivamente está ocurriendo.

Aquí aparece otro de los hallazgos más preocupantes del estudio. La mayoría de las declaraciones ambientales analizadas carecía de evidencia verificable. Cuando se aportaban pruebas, estas provenían frecuentemente de programas internos, informes corporativos o iniciativas impulsadas por la propia industria. Solamente tres afirmaciones estaban respaldadas por literatura científica revisada por pares.

Este hallazgo plantea una pregunta fundamental para cualquier persona interesada en temas ambientales:

¿quién verifica las afirmaciones de sostenibilidad?

En un contexto donde las credenciales ambientales se han convertido en activos económicos y reputacionales de gran valor, la transparencia y la verificación independiente adquieren una importancia creciente. Sin mecanismos externos de evaluación, resulta difícil distinguir entre compromisos genuinos y estrategias de mercadeo.

Tercera señal de alerta: cuando la empresa es juez y parte

Cuando las evidencias provienen exclusivamente de informes corporativos o de programas desarrollados por la propia organización, la posibilidad de contrastar resultados se reduce considerablemente.

Algunas preguntas útiles son:

  • -¿Quién produce los datos?
  • -¿Existe auditoría independiente?
  • -¿Los resultados son públicos y verificables?
  • -¿Hay respaldo científico externo?

La transparencia no consiste únicamente en publicar información, sino en permitir que otras personas puedan verificarla.

Una gramática común del greenwashing

Aunque las organizaciones estudiadas pertenecen a distintos países y operan en mercados diferentes, el estudio permite identificar una especie de gramática común que atraviesa buena parte de los discursos contemporáneos sobre sostenibilidad.

Primero aparece la promesa de un futuro mejor. Luego se exhiben iniciativas puntuales como prueba del compromiso ambiental. Posteriormente se incorporan conceptos amplios —innovación, sostenibilidad, regeneración, neutralidad climática— que generan adhesión social, aunque no siempre sean acompañados de indicadores verificables. Finalmente, la organización se presenta como parte de la solución, incluso cuando su actividad principal continúa generando impactos significativos.

Esta secuencia puede observarse en empresas energéticas que anuncian transiciones verdes mientras expanden proyectos fósiles, en proyectos turísticos que destacan certificaciones ambientales mientras presionan ecosistemas frágiles, en corporaciones tecnológicas que compensan emisiones sin modificar patrones de consumo energético, o incluso en gobiernos que construyen discursos de sostenibilidad sin transformar las causas estructurales de los problemas ambientales.

Comprender esta gramática no implica asumir que toda iniciativa ambiental es falsa. Significa desarrollar una mirada crítica capaz de distinguir entre cambios cosméticos y transformaciones sustantivas.

Cuarta señal de alerta: cuando la sostenibilidad se vuelve una marca

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que el greenwashing no depende de un sector específico. Las mismas lógicas aparecen en industrias muy distintas e incluso en organismos públicos.

Aunque cambien los productos o los contextos, suelen repetirse algunos patrones:

  • -grandes metas acompañadas de pocos detalles;
  • -énfasis en proyectos piloto o acciones aisladas;
  • -uso de conceptos amplios y difíciles de medir;
  • -dependencia de tecnologías futuras aún no disponibles;
  • -abundancia de comunicación y escasez de evidencia.

Por eso resulta útil desplazar la atención desde las declaraciones hacia las prácticas concretas. La pregunta central no es si una organización habla de sostenibilidad, sino qué transformaciones verificables está realizando.

Más que un problema de publicidad

Reducir el greenwashing a una forma de publicidad engañosa sería subestimar sus efectos.

Cuando las narrativas ambientales sustituyen a las transformaciones reales, la ciudadanía recibe una imagen distorsionada de los avances alcanzados. Los inversionistas pueden sobreestimar el compromiso climático de las empresas. Los gobiernos encuentran menos presión para impulsar regulaciones más exigentes. Y los sectores responsables de una parte importante de los impactos ambientales logran mantener legitimidad social sin modificar sustancialmente sus prácticas.

La discusión, entonces, no gira únicamente alrededor de la veracidad de una afirmación concreta. Lo que está en juego es la capacidad de las sociedades para distinguir entre cambios cosméticos y transformaciones estructurales.

En tiempos de crisis climática y ecológica, la pregunta relevante no es quién habla más de sostenibilidad. La pregunta es quién está dispuesto a transformar las condiciones que hacen necesaria esa sostenibilidad.

Caja de herramientas para identificar greenwashing
Dimensión¿Qué observar?Señal de alertaPreguntas para analizar
Promesas futurasMetas de carbono neutralidad, sostenibilidad o restauración ambiental proyectadas a 2040, 2050 o más allá.Se anuncian objetivos ambiciosos, pero no existen planes claros para alcanzarlos.¿Existe una hoja de ruta pública? ¿Hay metas intermedias verificables? ¿Quién será responsable de cumplirlas? ¿Qué ocurrirá si no se alcanzan?
Escala de la acciónProgramas piloto, proyectos demostrativos o iniciativas localizadas.Se presentan acciones pequeñas como evidencia de una transformación estructural.¿Qué porcentaje de las operaciones cubre esta iniciativa? ¿Representa una parte significativa de la actividad de la organización? ¿Puede realmente modificar los principales impactos ambientales?
Impactos centralesLos principales procesos que generan emisiones, contaminación o degradación ambiental.La comunicación se concentra en aspectos secundarios y evita discutir las causas principales del problema.¿La organización está abordando las fuentes más importantes de impacto? ¿Qué temas quedan fuera del relato institucional? ¿Qué información no se menciona?
Evidencia y datosEstudios, indicadores, informes y resultados utilizados para respaldar las afirmaciones ambientales.Los datos provienen exclusivamente de la propia organización o de entidades vinculadas a ella.¿Quién produjo la información? ¿Existe verificación independiente? ¿Los datos son públicos y accesibles? ¿Se pueden contrastar con otras fuentes?
Uso de conceptos ambiguosExpresiones como «sostenible», «verde», «responsable», «regenerativo» o «climáticamente inteligente».Se utilizan conceptos atractivos sin definiciones claras ni indicadores concretos.¿Qué significa exactamente ese concepto? ¿Cómo se mide? ¿Qué evidencia demuestra que se está cumpliendo?
Tecnología salvadoraInnovaciones futuras, soluciones tecnológicas emergentes o mecanismos de compensación.Se deposita la solución de los problemas ambientales en tecnologías que aún no existen o no están probadas a gran escala.¿La tecnología ya está operando? ¿Cuál es su impacto real? ¿Está sustituyendo cambios que deberían realizarse en el presente?
TransparenciaDisponibilidad de información sobre impactos, avances y limitaciones.Se publican únicamente resultados positivos o datos parciales.¿Qué información falta? ¿Se reportan también los fracasos, desafíos o retrocesos? ¿Es posible acceder a los datos completos?
Rendición de cuentasMecanismos de seguimiento y evaluación de compromisos ambientales.Las declaraciones son generales y no existen responsables identificables.¿Quién supervisa el cumplimiento? ¿Existen auditorías externas? ¿Se publican avances periódicos?
Beneficio reputacionalCampañas publicitarias, certificaciones, reconocimientos o estrategias de mercadeo verde.La inversión en comunicación parece mayor que la inversión en transformación ambiental.¿La organización está cambiando sus prácticas o principalmente su imagen? ¿Qué proporción de los esfuerzos se destina a comunicación y cuál a cambios reales?
Participación socialEspacios de diálogo con comunidades, organizaciones sociales y personas afectadas.Las decisiones se presentan como consensuadas sin participación efectiva de quienes enfrentan los impactos.¿Quiénes participaron en la definición de las medidas? ¿Las comunidades afectadas fueron consultadas? ¿Existe acceso público a los procesos de decisión?
¿Quiere profundizar en la investigación?

Le invitamos a descargar y consultar el artículo científico que inspira esta reflexión. El estudio ofrece un análisis detallado de las declaraciones ambientales realizadas por las principales empresas cárnicas y lácteas del mundo, así como una metodología para identificar distintas formas de greenwashing o lavado verde. Su lectura resulta especialmente valiosa para quienes investigan temas de sostenibilidad, comunicación ambiental, responsabilidad corporativa y justicia climática.

Referencia:

Hill, Sarah, Nemes, Noemi, Montgomery, Alexander W., Scanlan, Stephen J., McNally, Brandon, Tubiello, Francesco N., Smith, Pete, Smith, Thomas, Aronczyk, Melissa y Jacquet, Jennifer. (2026). Environmental claims, climate promises, and greenwashing by meat and dairy companies. PLOS Climate, 5(4), e0000773. https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000773

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Edgar Morin y la tarea de pensar un mundo que no cabe en fragmentos

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Entrevista improbable

—Bienvenidos a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, estamos con el  Profesor Morin. Queriamos saber su opinión, en nuestra universidad estamos hablando de una olla arrocera, un coffee maker y un microondas desaparecidos.

—¿Y eso los sorprende?

—Un poco.

—A mí no.

—¿No?

—Las instituciones suelen sentirse más cómodas contabilizando objetos que interrogando conflictos.

—Pero hubo daños.

—Claro que los hubo. La cuestión es otra.

—¿Cuál?

—¿Por qué una universidad capaz de producir miles de investigaciones tiene tantas dificultades para investigar críticamente sus propios conflictos?

El Observatorio guarda silencio.

—¿No es legítimo preocuparse por los bienes públicos?

—Por supuesto. Lo extraño sería no hacerlo. Lo que me parece más interesante es preguntarse por qué ciertos daños se vuelven visibles y otros permanecen invisibles.

—¿Como cuáles?

—La erosión de la confianza. El miedo a hablar. El silenciamiento. La pérdida de espacios democráticos. La incapacidad de escuchar el desacuerdo antes de que se convierta en confrontación.

—Pero eso es más difícil de medir.

—Exactamente. Y lo que no puede medirse fácilmente suele desaparecer de los informes.

—Entonces el problema no era la olla arrocera.

—El problema es que una universidad dedicada al conocimiento termine creyendo que el inventario es una explicación.

—¿Y qué es entonces?

—Una descripción. Las explicaciones comienzan cuando alguien pregunta por qué una comunidad universitaria llegó al punto de ocupar un edificio y por qué otra parte de esa misma comunidad considera impensable discutir las causas del conflicto.

—Eso genera incomodidad.

—La comprensión siempre genera incomodidad. La simplificación es mucho más confortable.

La conversación nunca ocurrió. O al menos no de esa manera. Pero resulta difícil leer hoy a Edgar Morin sin imaginar una escena parecida. Durante décadas insistió en que los seres humanos tendemos a confundir las partes con el todo, los síntomas con las causas y los inventarios con las explicaciones. Allí donde predominan las simplificaciones, Morin nos invita a preguntar por las relaciones, los contextos y las tensiones que permanecen ocultas detrás de lo aparentemente evidente. Quizá por eso su pensamiento sigue siendo tan incómodo para nuestras universidades. Porque obliga a mirar más allá de los objetos, las sanciones o los episodios aislados para preguntarse qué conflictos, qué silencios y qué posibilidades de transformación se encuentran detrás de ellos. Con la muerte de Edgar Morin desaparece una de las voces más importantes del pensamiento contemporáneo, pero permanecen abiertas muchas de las preguntas que dedicó su vida a formular.

La muerte de Edgar Morin cierra una de las trayectorias intelectuales más fecundas del último siglo, pero deja abierta una pregunta que atraviesa buena parte de los desafíos contemporáneos: ¿cómo pensar un mundo cada vez más complejo con instituciones y formas de conocimiento que siguen empeñadas en dividirlo en fragmentos?

A lo largo de más de cien años de vida, Morin construyó una obra monumental que recorrió la sociología, la filosofía, la antropología, la política, la ecología y la educación. Sin embargo, más que un especialista en alguna disciplina particular, fue un pensador de las conexiones. Allí donde otros veían compartimentos separados, él veía relaciones. Allí donde predominaban las certezas, él insistía en la necesidad de convivir con la incertidumbre. Allí donde se imponían respuestas cerradas, reivindicaba la capacidad humana de formular nuevas preguntas.

Su propuesta del pensamiento complejo surgió precisamente como una crítica a las formas simplificadoras de conocer la realidad. Para Morin, el gran problema de la modernidad no era la falta de información, sino la incapacidad para relacionarla. Hemos acumulado conocimientos extraordinarios sobre aspectos específicos del mundo, pero con frecuencia hemos perdido la capacidad de comprender el conjunto.

Esta preocupación atraviesa su conocido texto Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, elaborado para la UNESCO a finales del siglo XX. Lejos de presentar un programa técnico para reformar los sistemas educativos, el libro constituye una invitación a repensar las bases mismas del conocimiento, la educación y la convivencia humana.

La primera tarea: desconfiar de nuestras propias certezas

Morin parte de una afirmación incómoda: todo conocimiento está expuesto al error y a la ilusión. La educación suele concentrarse en transmitir contenidos, pero raramente enseña a interrogar los mecanismos mediante los cuales conocemos.

Para el pensador francés, una sociedad democrática necesita personas capaces de examinar críticamente sus propias ideas, reconocer sus sesgos y aceptar que ninguna teoría está completamente protegida frente al error.

Esta propuesta resulta particularmente relevante en una época marcada por la sobreabundancia de información, la polarización política y la circulación masiva de discursos que se presentan como verdades absolutas. La lucidez, sostenía Morin, no consiste en poseer respuestas definitivas, sino en desarrollar la capacidad permanente de cuestionar nuestras propias certezas.

Comprender es relacionar

Una segunda idea atraviesa toda su obra: la realidad está hecha de relaciones.

La educación moderna, organizada alrededor de disciplinas cada vez más especializadas, ha permitido avances científicos extraordinarios. Sin embargo, también ha producido una creciente dificultad para comprender los grandes problemas de nuestro tiempo.

Las crisis ecológicas, las desigualdades sociales, los conflictos políticos, las transformaciones tecnológicas o los procesos migratorios no pertenecen exclusivamente a una sola disciplina. Son fenómenos económicos, culturales, ambientales, históricos y políticos al mismo tiempo.

Morin insistía en que el conocimiento pertinente es aquel que logra conectar las partes con los conjuntos, los hechos con sus contextos y los problemas específicos con las dinámicas más amplias que los producen.

Pensar complejamente no significa abandonar el rigor. Significa reconocer que la realidad está tejida por múltiples dimensiones que interactúan entre sí.

La condición humana como punto de partida

Otra de las contribuciones fundamentales de Morin fue su esfuerzo por devolver la condición humana al centro de la educación. El ser humano, afirmaba, es simultáneamente biológico, cultural, histórico, afectivo, racional, individual y colectivo. Sin embargo, las instituciones educativas suelen abordar cada una de estas dimensiones por separado.

El resultado es paradójico: aprendemos innumerables conocimientos sobre el mundo, pero con frecuencia sabemos muy poco sobre nosotros mismos.

Para Morin, educar implica ayudar a comprender la complejidad de lo humano, reconociendo tanto aquello que nos hace diferentes como aquello que compartimos como especie. Esta perspectiva adquiere especial importancia en contextos marcados por el racismo, la xenofobia, la exclusión y los discursos que convierten las diferencias en motivos de enfrentamiento.

Aprender a vivir con la incertidumbre

Pocas ideas de Morin resultan tan actuales como su reflexión sobre la incertidumbre. Durante siglos, gran parte del pensamiento moderno estuvo convencido de que el progreso científico permitiría predecir y controlar cada vez más aspectos de la realidad. Sin embargo, las guerras mundiales, las crisis económicas, las pandemias y la emergencia climática demostraron los límites de esa confianza.

Morin proponía abandonar la ilusión de la previsión absoluta y desarrollar una inteligencia estratégica capaz de actuar en escenarios cambiantes. Su conocida imagen de “navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas” conserva hoy una enorme vigencia. No se trata de renunciar al conocimiento, sino de reconocer que la historia permanece abierta y que siempre existe espacio para lo inesperado.

La creatividad como respuesta a un mundo abierto

Esta concepción de la incertidumbre conduce directamente a una reivindicación de la creatividad. Si el futuro no está completamente determinado, entonces los seres humanos conservan la capacidad de inventar respuestas nuevas frente a problemas inéditos.

En Morin, la creatividad no aparece únicamente como una capacidad artística. Es una facultad política, social y cultural. Surge cuando las personas logran romper esquemas rígidos de pensamiento, establecer conexiones inesperadas y construir alternativas frente a situaciones que parecen no tener salida.

Por eso su pensamiento nunca fue pesimista. Aunque dedicó buena parte de su obra a analizar crisis, contradicciones y amenazas, siempre insistió en que la historia humana permanece abierta a la transformación. La incertidumbre no es solamente fuente de riesgo; también es la condición de posibilidad de la esperanza.

Una ciudadanía para la Tierra

Morin fue además uno de los primeros intelectuales en advertir que los grandes desafíos contemporáneos debían ser comprendidos desde una perspectiva planetaria.

Las crisis ecológicas, los conflictos globales, las migraciones, las pandemias o las desigualdades internacionales muestran que compartimos una misma comunidad de destino. Frente a las visiones estrechas del nacionalismo y la competencia permanente, propuso construir una conciencia de ciudadanía terrestre basada en la solidaridad, la interdependencia y el reconocimiento de que habitamos una misma Tierra.

Esta dimensión ética y política atraviesa toda su obra. No basta con comprender la complejidad del mundo; también es necesario asumir responsabilidades frente a ella.

¿Qué le dice Edgar Morin a la universidad pública?

Quizá uno de los mayores homenajes que pueden hacerse a Morin sea leerlo desde los desafíos actuales de la universidad pública.

En un contexto donde crecen las presiones para reducir la educación superior a la formación de mano de obra especializada, su obra recuerda que la universidad tiene una misión mucho más amplia: ayudar a comprender el mundo y a transformarlo. Morin interpela a las universidades cuando la fragmentación disciplinaria dificulta el diálogo entre saberes. Las interpela cuando los indicadores sustituyen las preguntas fundamentales. Las interpela cuando la producción de conocimiento se separa de los problemas reales de las comunidades. Y las interpela cuando la formación profesional deja de preguntarse por el sentido humano, ético y político de aquello que enseña.

Sus ideas invitan a defender una universidad capaz de:

  • -Formar personas críticas y no solamente especialistas.
  • -Articular conocimientos científicos, humanísticos y comunitarios.
  • -Comprender los problemas desde su complejidad y no desde compartimentos aislados.
  • -Promover la creatividad como capacidad de transformación social.
  • -Fortalecer la democracia mediante el diálogo y la comprensión mutua.
  • -Construir una conciencia planetaria comprometida con la justicia social y ecológica.
  • -Mantener viva la curiosidad intelectual frente a cualquier forma de dogmatismo.

En tiempos de crisis democráticas, conflictos socioambientales, transformaciones tecnológicas aceleradas y disputas por el sentido de lo público, la obra de Edgar Morin continúa recordándonos que la educación no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino en formar seres humanos capaces de comprender la complejidad de su tiempo y actuar sobre ella. Su legado permanece como una invitación a pensar mejor para vivir mejor, a relacionar lo que aparece separado y a reconocer que, incluso en medio de la incertidumbre, siempre existe la posibilidad de construir futuros distintos.

Antes de despedirse, el Observatorio formula una última pregunta.

—Profesor Morin, ¿qué debería preocuparle hoy a una universidad pública?

—Que deje de pensar.

—¿Tan grave es?

—Mucho más de lo que parece.

—Pero la universidad produce conocimiento.

—No confundamos información con pensamiento.

—¿Cuál es la diferencia?

—La información puede acumularse. El pensamiento puede incomodar.

—¿Y quién incomoda hoy a la universidad?

Morin observa hacia el campus.

—Históricamente, quienes más la han transformado casi nunca fueron los sectores más cómodos dentro de ella.

—¿Los estudiantes?

—Los estudiantes. Las mujeres que exigieron entrar donde no podían entrar. Las personas trabajadoras que cuestionaron privilegios. Los movimientos que denunciaron exclusiones. Los sectores que se negaron a aceptar que la universidad ya había alcanzado su mejor versión.

—Pero hoy muchos ven el conflicto estudiantil como una amenaza.

—Eso ocurre cada vez que una institución comienza a confundirse con su propia administración.

—¿Qué quiere decir?

—Que deja de preguntarse para qué existe y empieza a preocuparse únicamente por preservar el orden.

—¿Y el orden es malo?

—No. Lo peligroso es cuando el orden se vuelve más importante que la verdad.

El Observatorio vuelve a mirar la universidad.

—Entonces las personas estudiantes siguen teniendo un papel transformador.

—No porque tengan siempre la razón.

—¿Entonces?

—Porque recuerdan una verdad incómoda: que ninguna universidad pública fue creada para administrar consensos. Fue creada para producir pensamiento crítico sobre la sociedad y sobre sí misma.

—Incluso cuando eso genera conflictos.

—Especialmente cuando genera conflictos.

Morin sonríe.

—Las universidades suelen celebrar la Reforma de Córdoba, las luchas por la autonomía y las grandes movilizaciones estudiantiles latinoamericanas.

—Sí.

—Porque ocurrieron hace más de cien años.

—¿Y si ocurrieran hoy?

—Probablemente primero calcularían los daños.

—…

—Y después se preguntarían qué fue lo que pasó.

—¿Y cuál debería ser el orden correcto?

—Exactamente al revés.

Para quienes deseen acercarse directamente al pensamiento de Edgar Morin, compartimos Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, una obra fundamental publicada por la UNESCO que sigue interpelando a educadores, estudiantes, movimientos sociales y universidades de todo el mundo. En sus páginas, Morin invita a cuestionar las certezas, comprender la complejidad de los problemas contemporáneos y repensar la educación como una herramienta para la democracia, la creatividad y la transformación social. A más de dos décadas de su publicación, el texto conserva una sorprendente vigencia y constituye una excelente puerta de entrada para conocer la obra de uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo.

Puedes descargar el libro aquí.

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Deodoro Roca y la universidad imposible: volver a la herejía universitaria

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Hay personajes que las universidades recuerdan con relativa tranquilidad mientras permanezcan inmóviles dentro de los aniversarios, las placas conmemorativas y las frases repetidas en actos oficiales. Figuras convertidas en patrimonio histórico, cuidadosamente desactivadas para que ya no representen peligro alguno para la normalidad institucional.

Deodoro Roca no pertenece del todo a esa categoría.

Cada cierto tiempo vuelve a aparecer como una incomodidad. Como una pregunta mal archivada. Como una voz que insiste en recordarnos que la universidad pública latinoamericana no nació para administrar tranquilidad, sino en medio del conflicto, la rebelión estudiantil y la disputa por el sentido mismo del conocimiento.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes presentamos el cuaderno Deodoro Roca y la universidad imposible: rebeldía, espíritu libre y disputas por la universidad pública en América Latina y el Caribe, una nueva entrega de la serie Geografías Herejes de los Bienes Comunes. Un material que busca recuperar no solamente la memoria de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, sino el filo crítico y profundamente incómodo del pensamiento de Deodoro Roca.

Pero, ¿quién fue Deodoro Roca?

Abogado, ensayista, intelectual argentino y principal redactor del histórico Manifiesto Liminar de 1918, Roca fue una de las voces más radicales de la Reforma Universitaria. Defendió la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil y la libertad de cátedra, pero su pensamiento iba mucho más allá de reformas administrativas. Su crítica apuntaba a algo más profundo: la relación entre universidad y obediencia.

Roca denunció las universidades convertidas en “fábricas de títulos”, criticó a los “domésticos doctorados” y cuestionó la formación de profesionales técnicamente eficientes pero incapaces de confrontar las estructuras de poder que organizan la vida social. Para él, la universidad debía ser un espacio de espíritu libre, imaginación democrática y transformación colectiva.

Y quizá ahí radica la vigencia inquietante de sus palabras.

Porque más de un siglo después, las universidades públicas latinoamericanas continúan atravesadas por tensiones que Roca ya intuía: burocratización institucional, mercantilización del conocimiento, colonialidad académica, productivismo, rankings, tecnocracia y formas cada vez más sofisticadas de administrar el conflicto político sin transformar sus causas.

Hoy, cuando muchas universidades parecen hablar permanentemente de pensamiento crítico mientras convierten la estabilidad administrativa en horizonte absoluto, volver a Deodoro Roca implica recuperar preguntas incómodas:

¿La universidad sigue siendo un espacio para el pensamiento libre o se está convirtiendo en administradora de normalidad?

¿La autonomía universitaria existe para proteger la crítica o únicamente para preservar el funcionamiento institucional?

¿Estamos formando personas capaces de disputar el sentido común dominante o profesionales adaptados a gestionar eficientemente un mundo desigual?

Este cuaderno no busca convertir a Roca en estatua universitaria. Mucho menos en prócer domesticado apto para discursos ceremoniales sobre democracia universitaria. La apuesta es otra: leerlo desde la herejía. Entendiendo la herejía no como error, sino como práctica crítica capaz de interrumpir los consensos burocráticos, desafiar los dogmas tecnocráticos y defender la posibilidad de una universidad verdaderamente viva.

Porque quizá una de las preguntas más peligrosas de nuestro tiempo siga siendo la misma que atravesaba Córdoba en 1918:

¿Qué universidad es todavía posible imaginar en América Latina y el Caribe?

Invitamos a leer, discutir y problematizar este cuaderno. No para repetir consignas heroicas del pasado, sino para preguntarnos qué queda hoy de aquella universidad rebelde que alguna vez soñó producir espíritu libre y no obediencia.

Puede descargar el cuaderno aquí.
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Fabricación de consenso «premium»: medios, expertos y el ecosistema perfectamente «espontáneo»

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Cartmancast Política Premium

(Suena música exageradamente épica. Eric Cartman aparece frente a un micrófono con una taza que dice “analista senior”.)

CARTMAN: Hola chicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cartmancast Política Premium, el único programa de análisis político donde claramente nadie supervisa las contrataciones del Observatorio.

Y hoy hablaremos de un fenómeno completamente natural y cero sospechoso: cómo una idea pasa mágicamente de conferencia de prensa… a verdad nacional inevitable.

Porque funciona así, chicos: primero alguien dice: “esta reforma es necesaria”.

Luego aparece un experto en televisión diciendo: “efectivamente, según complejos indicadores técnicos imposibles de verificar durante un programa de siete minutos… esto es necesario”.

Después otro experto repite lo mismo en radio usando palabras científicas como: “competitividad”, “armonización”, “modernización”, y “eficiencia”.

Que básicamente significan: “si no está de acuerdo probablemente usted odia el progreso”.

Y entonces los medios hacen titulares como: “Especialistas aseguran que el país debe avanzar”.

Y BOOM.

Después de escucharlo suficientes veces: en tele, en radio, en redes, en entrevistas, y en conferencias… todo empieza a sentirse como ley natural del universo.

Muy espontáneo todo, chicos.

Pero aquí viene la parte interesante. La pregunta no es solamente qué dice un proyecto.

La pregunta también es: ¿quién tiene el poder de explicar públicamente cómo debemos entenderlo?

Porque quizá el verdadero poder no consiste únicamente en aprobar leyes.

Quizá también consiste en controlar el micrófono gigante desde donde la sociedad aprende qué significa: “desarrollo”, “progreso”, “modernización” o “sentido común”.

Del juego a la discusión

El diálogo imaginario funciona como sátira, pero también como puerta de entrada a una pregunta profundamente política: ¿cómo se construyen hoy los consensos públicos alrededor de proyectos económicos, reformas institucionales o procesos de apertura de mercado?

En apariencia, todo ocurre de manera completamente espontánea. Una conferencia oficial presenta determinada narrativa; posteriormente, esa misma interpretación comienza a circular con notable velocidad en paneles televisivos, entrevistas radiales, programas de opinión, columnas periodísticas y redes sociales. Poco a poco, ciertas ideas empiezan a repetirse con tal consistencia que terminan adquiriendo apariencia de verdad técnica objetiva, incluso cuando detrás de ellas existen disputas políticas, intereses económicos y modelos de sociedad en tensión.

No se trata necesariamente de operaciones burdas de propaganda ni de conspiraciones caricaturescas organizadas en sótanos oscuros. La fabricación contemporánea de consenso suele operar mediante mecanismos mucho más sofisticados y difíciles de percibir. Funciona a través de la reiteración constante de determinados marcos interpretativos, de la selección recurrente de ciertas voces expertas, de la exclusión silenciosa de preguntas incómodas y de la transformación de asuntos profundamente políticos en problemas aparentemente técnicos.

La tecnificación de los conflictos políticos

Uno de los mecanismos más efectivos dentro de la construcción contemporánea de consenso consiste en convertir debates profundamente políticos en discusiones aparentemente técnicas. De esta manera, asuntos relacionados con privatización, apertura económica, extractivismo o reformas estructurales dejan de discutirse como proyectos ideológicos y comienzan a presentarse como inevitabilidades administrativas asociadas a conceptos como eficiencia, modernización, competitividad o innovación.

La operación resulta especialmente poderosa porque desplaza el conflicto político detrás de un lenguaje especializado que aparenta neutralidad. La pregunta ya no parece ser qué modelo de sociedad se desea construir, sino cuál alternativa resulta “más técnica”, “más eficiente” o “más viable”. En ese desplazamiento discursivo, las decisiones políticas comienzan a representarse como simples necesidades administrativas inevitables.

Así, la discusión pública deja de centrarse en quién gana, quién pierde o qué impactos territoriales y sociales podrían generarse. En lugar de eso, el debate se reorganiza alrededor de indicadores, métricas y diagnósticos técnicos que muchas veces invisibilizan las relaciones de poder implicadas en las decisiones.

El ecosistema mediático perfectamente espontáneo

En este contexto emerge lo que podríamos llamar un “ecosistema mediático perfectamente espontáneo”. Gobierno anuncia una medida; personas expertas la validan utilizando lenguaje técnico; medios de comunicación la amplifican mediante entrevistas, titulares y mesas de análisis; redes sociales aceleran su circulación; y eventualmente la narrativa retorna a la esfera institucional convertida en consenso aparentemente nacional.

El fenómeno no depende necesariamente de órdenes directas ni de coordinación explícita entre todos los actores involucrados. Muchas veces funciona precisamente porque distintos sectores comparten marcos ideológicos similares sobre crecimiento económico, desarrollo, mercado o modernización. El resultado es una circulación altamente homogénea de interpretaciones que terminan reduciendo la pluralidad efectiva del debate público.

Cuando una misma idea aparece repetidamente en conferencias, televisión, radio, entrevistas y plataformas digitales, comienza a adquirir apariencia de verdad objetiva. La reiteración permanente produce familiaridad; la familiaridad produce legitimidad; y la legitimidad termina generando sentido común.

En ese punto, cuestionar ciertos supuestos empieza a percibirse no como parte normal de una democracia, sino como una anomalía sospechosa.

La administración estratégica de las preguntas incómodas

La fabricación de consenso no necesita convencer absolutamente a toda la población. En muchos casos, basta con desplazar determinadas preguntas fuera del centro de la conversación pública.

Preguntas como:

  • -¿quién gana económicamente con determinada reforma?
  • -¿qué impactos territoriales podrían producirse?
  • -¿qué ocurre con las lógicas solidarias o comunitarias?
  • -¿qué experiencias históricas similares existen?
  • -¿por qué distintas organizaciones sociales expresan preocupación?
  • -¿quién define qué significa “progreso” o “modernización”?

Tienden a recibir mucho menos espacio mediático que las narrativas asociadas a eficiencia, inversión, competitividad o crecimiento. La discusión deja entonces de tratar sobre modelos de sociedad y comienza a organizarse alrededor de la administración de percepciones públicas.

Deslegitimar antes que debatir

En este escenario, quienes introducen cuestionamientos frecuentemente son clasificados mediante etiquetas que facilitan su deslegitimación pública: “enemigos del desarrollo”, “radicales”, “desinformados”, “anti-progreso”, “comunistas” o simplemente “los mismos de siempre”.

La caricaturización reemplaza la discusión argumentativa. Resulta mucho más eficiente desacreditar a quienes hacen preguntas que abrir espacios de deliberación profunda sobre los efectos estructurales de determinadas políticas.

De esta manera, el conflicto político se transforma en un problema de credibilidad individual. Ya no importa tanto qué se está diciendo, sino quién lo dice y cuán fácilmente puede ser presentado como una figura irracional o amenazante frente al consenso dominante.

La vigilia y la ruptura parcial del guion

Quizás por eso ciertos espacios de deliberación colectiva generan tanta incomodidad política. La vigilia realizada afuera de la Asamblea Legislativa introdujo precisamente una ruptura parcial dentro de esa lógica comunicacional.

Mientras buena parte de la discusión institucional se estructuraba alrededor de vocerías oficiales, lenguajes técnicos y marcos mediáticos relativamente homogéneos, en el espacio público comenzaron a emerger conversaciones diferentes: personas explicando el proyecto entre ellas, comparando experiencias históricas, compartiendo preocupaciones territoriales y construyendo interpretaciones colectivas sin mediación de los formatos tradicionales de validación experta.

La importancia política de estos espacios no radica únicamente en la protesta misma, sino en la posibilidad de reconstruir colectivamente la capacidad de interpretar la realidad fuera de los circuitos oficiales de producción de legitimidad.

Para analizar procesos de fabricación de consenso
Elemento¿Cómo opera?¿Qué efecto produce?Preguntas críticas posibles
Lenguaje técnicoPresenta decisiones políticas como asuntos administrativos inevitablesReduce la percepción de conflicto político¿Qué intereses quedan ocultos detrás del lenguaje técnico?
Repetición mediáticaMultiplica constantemente una misma narrativaGenera sensación de consenso social¿Qué voces aparecen constantemente y cuáles no?
ExpertocraciaPrioriza ciertas voces como únicas fuentes legítimasDesplaza saberes comunitarios y experiencias sociales¿Quién decide quién es “experto”?
Invisibilización de preguntasReduce espacio para temas incómodosLimita el horizonte del debate público¿Qué preguntas no están siendo discutidas?
Etiquetación y estigmatizaciónDesacredita a quienes cuestionanDebilita la deliberación democrática¿Se están discutiendo argumentos o atacando personas?
Narrativa del progresoAsocia oposición con atraso o irracionalidadPresiona simbólicamente hacia el consenso¿Quién define qué significa “progreso”?
Viralización en redesAmplifica mensajes simplificados y emocionalesAcelera consolidación de marcos interpretativos¿Qué emociones moviliza la narrativa dominante?
Concentración de voceríasRepite constantemente las mismas figuras públicasHomogeneiza el debate mediático¿Qué sectores sociales están ausentes?

 

La disputa también es comunicacional

Al final, la discusión nunca trata únicamente sobre el contenido específico de un proyecto de ley. También involucra quién posee capacidad para explicarlo públicamente, qué narrativas adquieren legitimidad social y quién controla el gran micrófono desde el cual se define qué significa “progreso”, “modernización” o “interés nacional”.

Cuando una sola interpretación logra repetirse simultáneamente en conferencias, titulares, paneles televisivos, programas de opinión y redes sociales durante suficiente tiempo, la democracia deja de reducirse únicamente al acto electoral.

Empieza también a depender de algo mucho más profundo: la distribución desigual del poder para nombrar la realidad y establecer cuáles preguntas pueden formularse públicamente sin ser expulsadas del debate legítimo.

Ciencia mediática avanzada, chicos

(Cartman vuelve a aparecer mirando fijamente a la cámara mientras toma café con absoluta seriedad.)

CARTMAN:
Bueno chicos, creo que hoy aprendimos algo súper importante.

Que la discusión pública nunca trata solamente sobre un proyecto de ley.

También trata sobre: quién tiene espacio para hablar, qué voces aparecen todos los días, quién recibe legitimidad automática, y quién queda reducido a “gente exagerando en la calle”.

Porque cuando una sola narrativa logra repetirse constantemente: en titulares,
paneles, programas de opinión, entrevistas, redes sociales y conferencias oficiales… eventualmente deja de sonar como opinión y empieza a sonar como realidad inevitable.

Ciencia mediática avanzada, chicos.

Y por eso resulta TAN incómodo cuando la gente empieza a conversar entre sí sin permiso del Panel Nacional de Expertos Televisivos Certificados.

Muy irresponsable democráticamente. Porque cuando comunidades, estudiantes, organizaciones y personas comunes comienzan a compartir experiencias, comparar historias y hacerse preguntas incómodas… el debate deja de estar completamente controlado.

Y ahí es donde aparecen problemas TERRIBLES para el ecosistema perfectamente espontáneo del consenso nacional premium.

(Cartman se acomoda el micrófono.)

Así que la próxima vez que escuchen: “todo el mundo sabe que esto es necesario”…pregúntense algo muy simple:

¿todo el mundo realmente lo decidió…
o simplemente escuchó la misma narrativa repetida suficientes veces?

Bueno chicos, esto fue Cartmancast Política Premium.

Y recuerden: si suficientes personas dicen lo mismo en suficientes micrófonos… eventualmente hasta la desigualdad puede empezar a sonar como innovación.

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Entre “modernización” y “enemigos del pueblo”: las narrativas en disputa tras la vigilia por la armonización eléctrica

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Después de la vigilia: cuando la disputa deja de ser únicamente técnica

La discusión sobre el proyecto de “armonización” eléctrica entró en una nueva etapa después de que el gobierno no lograra reunir los 38 votos necesarios para aprobar la iniciativa en segundo debate. Lo que inicialmente había sido presentado como una discusión técnica sobre eficiencia, inversión y crecimiento energético terminó revelando un conflicto mucho más amplio alrededor del papel del Estado, el sentido de lo público y las formas legítimas de participación democrática en Costa Rica.

Horas después de la vigilia realizada frente a la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo respondió mediante una conferencia de prensa marcada por un tono confrontativo, donde se mezclaron argumentos económicos, advertencias sobre el futuro energético del país y acusaciones dirigidas hacia quienes cuestionan el proyecto.

La conferencia no solo buscó defender una reforma eléctrica. También intentó fijar una interpretación específica del conflicto político que se está desarrollando alrededor de ella.

De un lado, se construyó la idea de un gobierno que intenta “modernizar” el país frente a sectores que supuestamente obstaculizan el desarrollo mediante miedo, desinformación y resistencia ideológica. Del otro lado, las voces que se mantuvieron durante horas frente a la Asamblea insistían en algo distinto: que la discusión eléctrica no puede reducirse únicamente a competitividad o crecimiento económico porque involucra preguntas fundamentales sobre desigualdad, solidaridad, acceso universal y control democrático de bienes estratégicos.

Lo que está ocurriendo, entonces, no es solamente un desacuerdo técnico sobre cómo organizar el sistema eléctrico nacional. Lo que aparece en disputa son distintas maneras de entender el desarrollo, el futuro de lo público y la relación entre mercado, democracia y vida colectiva.

El discurso oficial: crecimiento económico, inevitabilidad y construcción del adversario

La conferencia presidencial posterior a la votación legislativa dejó ver con claridad una narrativa política organizada alrededor de una idea central: la reforma eléctrica no sería una opción debatible, sino una necesidad inevitable para evitar el rezago económico del país.

A lo largo de la intervención, el Ejecutivo insistió repetidamente en que Costa Rica enfrenta un escenario de creciente demanda energética asociado a zonas francas, inversión extranjera y expansión económica. La reforma fue presentada como una condición necesaria para garantizar competitividad y evitar que el país pierda oportunidades frente a otros mercados regionales.

Esta forma de plantear el debate tiene implicaciones importantes. Cuando una reforma deja de presentarse como una decisión política discutible y comienza a representarse como una necesidad técnica inevitable, el espacio del desacuerdo democrático se reduce. La pregunta deja de ser “qué modelo energético queremos construir” y pasa a convertirse en “cómo adaptarnos obligatoriamente a las exigencias del mercado”.

En esa lógica, conceptos como “modernización”, “eficiencia” y “competencia” adquieren una dimensión casi moral. La apertura del mercado eléctrico aparece asociada automáticamente a progreso, innovación y futuro, mientras que las críticas quedan vinculadas implícitamente al atraso, la irracionalidad o el miedo al cambio.

La conferencia también recurrió constantemente a comparaciones históricas con el TLC, la apertura de telecomunicaciones, seguros y banca estatal. El mensaje era claro: anteriormente también existieron advertencias sobre privatización o colapso institucional y, según la narrativa oficial, esas advertencias resultaron equivocadas.

Sin embargo, esta lectura simplifica profundamente procesos históricos mucho más complejos. Las transformaciones asociadas a apertura económica continúan generando debates sobre concentración económica, precarización laboral, desigualdad territorial y acceso diferenciado a servicios. Presentar esas experiencias como éxitos indiscutibles permite desactivar críticamente cualquier discusión actual sobre los posibles efectos sociales de reorganizar servicios estratégicos bajo lógicas de mercado.

Pero quizá el elemento más preocupante de la conferencia fue la forma en que comenzó a construirse el adversario político. Sectores críticos del proyecto fueron asociados reiteradamente con “comunismo”, con intereses contrarios al desarrollo nacional e incluso con escenarios políticos vinculados a Cuba o Venezuela.

El problema de este tipo de discursos no radica únicamente en su tono polarizante. Lo verdaderamente delicado es que desplazan el conflicto desde el terreno del debate democrático hacia el terreno de la sospecha ideológica. Ya no se trata solamente de personas que cuestionan un proyecto de ley. Se trata de actores construidos discursivamente como amenazas para el progreso nacional.

Y cuando el desacuerdo político comienza a representarse como amenaza interna, el espacio democrático se vuelve considerablemente más frágil.

Lo que las voces de la vigilia estaban diciendo

Mientras la conferencia presidencial insistía en crecimiento económico, competitividad e inversión, afuera de la Asamblea Legislativa la discusión seguía desarrollándose en otros términos.

Las voces de la vigilia no hablaban únicamente sobre tarifas eléctricas o participación privada. Lo que aparecía constantemente en las conversaciones era una preocupación más amplia sobre el debilitamiento progresivo de principios históricos asociados a lo público en Costa Rica.

Muchas personas insistían en que la electricidad no puede pensarse únicamente como infraestructura o mercado porque sostiene condiciones básicas de vida cotidiana: estudiar, cocinar, trabajar, comunicarse, acceder a salud o sostener actividades económicas locales. Por eso la preocupación central no giraba solamente alrededor de “quién produce energía”, sino sobre qué ocurre cuando servicios esenciales comienzan a reorganizarse principalmente desde criterios de rentabilidad.

En las conversaciones aparecía repetidamente una idea importante: la privatización no necesariamente ocurre únicamente cuando una institución pública se vende directamente. También puede desarrollarse mediante procesos graduales de fragmentación institucional, apertura competitiva desigual, subordinación a dinámicas de mercado o transferencia progresiva de decisiones estratégicas hacia actores privados.

Esta diferencia es central para entender el conflicto actual. Mientras el discurso oficial reduce el debate a la pregunta “¿se está vendiendo el ICE o no?”, muchas voces críticas están discutiendo algo distinto: cómo cambian las prioridades de un sistema público cuando comienza a organizarse bajo incentivos competitivos y lógicas de mercado.

La tensión, entonces, no es únicamente jurídica o administrativa. Es una tensión sobre el sentido mismo de lo público.

Dos formas de imaginar el país

La discusión sobre la armonización eléctrica enfrenta, en el fondo, dos formas profundamente distintas de imaginar el desarrollo nacional.

Discurso oficialVoces desde la vigilia
La apertura eléctrica representa modernización y progresoLa reorganización del mercado puede debilitar principios solidarios
El crecimiento económico depende de mayor competencia energéticaEl acceso universal no puede depender únicamente de rentabilidad
La crítica al proyecto responde a miedo o desinformaciónLa crítica intenta advertir efectos sociales y territoriales
El mercado garantiza eficienciaLo público debe sostenerse desde solidaridad y planificación colectiva
La protesta aparece asociada a conflicto y desordenLa protesta es participación democrática y vigilancia ciudadana
El futuro se piensa desde competitividad globalEl futuro también se piensa desde derechos colectivos y bienes comunes
La disputa por el significado de la protesta

Otro de los elementos más significativos del momento actual tiene que ver con cómo se interpreta la movilización social.

Durante la conferencia, el gobierno enfatizó principalmente la agresión sufrida por un oficial de Fuerza Pública. Mientras tanto, desde las organizaciones presentes en la vigilia se denunciaba el arresto y agresión policial contra un estudiante que posteriormente requirió atención hospitalaria.

Aquí vuelve a aparecer una disputa narrativa profunda: ¿qué hechos se vuelven visibles y cuáles quedan desplazados?

Porque lo ocurrido durante la vigilia no puede reducirse únicamente a tensión o confrontación. La jornada estuvo marcada por conversaciones públicas, explicaciones colectivas del proyecto, intercambio entre generaciones, organización comunitaria, música, baile y acompañamiento mutuo.

La protesta social apareció allí no solamente como mecanismo de presión política, sino también como espacio pedagógico y experiencia de producción colectiva de conocimiento político. La calle funcionó simultáneamente como aula abierta, foro público y espacio de encuentro. Y quizá eso es precisamente lo que resulta más incómodo para ciertas formas de poder: la posibilidad de que personas diversas se organicen, compartan interpretaciones críticas y construyan colectivamente otras maneras de entender el país.

La olla común y la política del cuidado

Tal vez la imagen más potente de toda la jornada no ocurrió dentro de la Asamblea Legislativa ni en la conferencia presidencial posterior.

Ocurrió alrededor de la olla común.

Mientras dentro se discutía el futuro energético nacional mediante lenguajes asociados a competencia, inversión y mercado, afuera muchas personas compartían café, comida, descanso y cuidado colectivo entre desconocidos.

Y justamente allí aparece una dimensión profundamente política que suele pasar desapercibida. Porque la olla común no es únicamente alimentación. También es una forma concreta de construir vínculos sociales y sostener colectivamente la permanencia en el espacio público.

Sostener una vigilia durante horas requiere mucho más que consignas. Requiere crear condiciones materiales para permanecer juntos. Requiere cuidado. La gente preguntando quién necesitaba agua, quién llevaba demasiadas horas sin comer, quién necesitaba descansar o simplemente conversar. Todo eso formó parte de la jornada.

La olla común terminó funcionando como una pequeña metáfora de otra forma posible de entender lo público: no únicamente desde competencia individual y eficiencia económica, sino desde interdependencia, cooperación y sostenimiento mutuo.

Porque defender lo público no consiste solamente en defender instituciones estatales. También implica defender prácticas sociales donde la vida colectiva puede sostenerse desde solidaridad y cuidado compartido.

Y quizá allí se encuentra una de las preguntas más profundas que deja toda esta discusión:

¿qué tipo de sociedad se está intentando construir cuando se debate el futuro de la electricidad pública en Costa Rica?

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“Tranquilo Icético, eso no es privatización” Dice Electrón mientras convierte derechos en mercados: Documento de trabajo

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Mientras el país discute la llamada “armonización” del mercado eléctrico, hay una pregunta mucho más profunda que frecuentemente queda fuera del debate: ¿la privatización ocurre únicamente cuando una institución pública se vende… o también cuando se debilita, se fragmenta y se reorganiza lentamente bajo la lógica del mercado?

La discusión actual sobre electricidad en Costa Rica suele presentarse como un tema técnico:
-tarifas,
-competencia,
-eficiencia,
-modernización.

Pero detrás de ese lenguaje existe una disputa política mucho más grande sobre quién controla la energía, quién toma las decisiones estratégicas y bajo qué intereses se organiza el futuro energético del país.

Durante décadas, América Latina escuchó el mismo discurso:
-que abrir mercados traería competencia,
-que la competencia bajaría tarifas,
-y que lo privado sería automáticamente más eficiente.

Sin embargo, la experiencia regional dejó otra historia:
-concentración económica,
-captura corporativa,
-aumento tarifario,
-socialización de pérdidas,
-y debilitamiento de la capacidad pública para planificar sectores estratégicos.

Y quizás por eso resulta tan simbólico volver a mirar aquella vieja disputa entre Icético y Electrón. Mientras Icético promovía el ahorro energético y el uso responsable de la electricidad como un bien colectivo, Electrón aparecía asociado al derroche, el consumo excesivo y una lógica donde la energía parecía infinita y desconectada de cualquier responsabilidad social. Décadas después, esa metáfora adquiere un nuevo significado: la discusión ya no es solamente sobre apagar una luz innecesaria, sino sobre qué modelo energético se quiere construir y quién se beneficia cuando la electricidad deja de entenderse como derecho para convertirse cada vez más en mercado.

Chile, Argentina, Colombia y Puerto Rico muestran que muchas veces la llamada “competencia” terminó convirtiéndose en oligopolios privados con enorme poder político y económico.

Por eso el nuevo documento de trabajo Privatización, crisis y resistencia social: la disputa por la energía eléctrica en Costa Rica propone ampliar la mirada.

Porque privatizar no siempre significa vender una institución de un día para otro.

A veces significa:
-abrir progresivamente mercados,
-tercerizar funciones,
debilitar capacidades públicas,
-reducir inversión estatal,
-crear narrativas permanentes de crisis,
-o instalar la idea de que lo público es incapaz de sostener la vida colectiva.

Y ahí es donde aparece Electrón.

No el personaje ingenuo de las campañas institucionales del pasado, sino el nuevo Electrón: el que llega hablando de “armonización”, “competitividad”, “flexibilización”, “modernización del mercado”, y “eficiencia regulatoria”.

Un Electrón que insiste en que nadie quiere privatizar nada… mientras el mercado gana cada vez más espacio dentro de sectores estratégicos.

Icético, mientras tanto, todavía recuerda otra historia.

Recuerda cuando electrificar territorios rurales no era rentable pero sí necesario.
Recuerda cuando hablar de electricidad implicaba hablar de bienestar colectivo y no únicamente de clientes.
Recuerda que muchas instituciones públicas nacieron precisamente porque el mercado no garantizaba acceso universal ni integración territorial.

Por eso la discusión sobre la Ley de Armonización no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una disputa histórica mucho más amplia que Costa Rica viene viviendo desde hace décadas: la tensión entre entender la electricidad como derecho colectivo o como oportunidad de negocio.

El documento también recupera algo que suele desaparecer del discurso oficial: el papel de la protesta social y de los sujetos colectivos en la defensa de los bienes comunes.

Desde Cochabamba hasta el Combo ICE, las resistencias latinoamericanas muestran que muchas conquistas democráticas nacieron precisamente cuando la sociedad organizada decidió cuestionar aquello que parecía inevitable.

Porque al final la pregunta no es solamente qué modelo eléctrico quiere el país.

La pregunta es también:
-¿quién decidirá el futuro energético de Costa Rica?,
-¿el mercado?,
-¿las corporaciones?,
-¿o la sociedad organizada?

Y quizá por eso Icético sigue desconfiando cada vez que escucha a Electrón decir:

—“Tranquilo… eso no es privatización”.

Ya disponible el documento completo: Privatización, crisis y resistencia social: la disputa por la energía eléctrica en Costa Rica. Pueden descargarlo aquí.

Conversación en una subestación cualquiera

—Icético, tenés que entender que el mundo cambió —dijo Electrón mientras abría una presentación titulada “Armonización Competitiva para la Modernización Energética”.

Icético frunció el ceño.

—Eso tiene demasiadas palabras para decir algo peligroso.

—No seás dramático. Nadie está hablando de privatizar.

—Ajá… ¿y entonces por qué cada cinco minutos decís “mercado”, “competencia” y “eficiencia”?

Electrón sonrió.

—Porque hay que modernizar. Lo público ya no puede hacerlo todo.

—Curioso —respondió Icético—. Antes decían que el ICE era ejemplo mundial.

—Bueno, sí, pero ahora ocupa “flexibilizarse”.

—¿Flexibilizarse?

—Abrirse.
Competir.
Adaptarse.
Asociarse.
Tercerizar algunas cosas.
Armonizar el mercado.

Icético suspiró.

—Qué increíble la capacidad que tienen para inventar palabras nuevas y evitar decir “privatización”.

Electrón cerró el PowerPoint.

—Mirá, nadie quiere vender el ICE.

—Pero sí quieren que pierda generación, planificación, control del sistema y capacidad financiera.

—Eso suena muy ideológico.

—Y “armonización” suena como si una consultora hubiera escrito una canción de cuna para empresarios.

Electrón ignoró el comentario.

—La competencia baja tarifas.

Icético soltó una carcajada.

—Claro. Preguntale a Chile. O a Puerto Rico. O a Colombia.

—Aquí va a ser diferente.

—Todos dicen eso antes de abrir sectores estratégicos.

Hubo un silencio incómodo.

—¿Y entonces qué proponés? —preguntó Electrón.

Icético miró hacia las líneas eléctricas.

—Empezar por dejar de discutir la electricidad como si fuera solamente un negocio.

—Eso suena viejo.

—No. Lo viejo es creer que el mercado siempre viene a salvarlo todo.

Crédito de imágenes y video: Grupo ICE

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La moneda de Dos Caras: así funciona la política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves 2022-2026

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No es contradicción, es arquitectura. Detrás del líderazgo ambiental internacional que protege los océanos se esconde una lógica coherente: la naturaleza se protege si se puede vender, y se destruye si se puede explotar.

La política ambiental en sus propias palabras: el presidente, la moneda y las dos caras

A veces, para entender una política pública no hace falta empezar por los decretos, los indicadores o los discursos técnicos. Basta escuchar las palabras con las que un gobierno explica el mundo.

En el caso de la política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026), las declaraciones públicas del propio presidente permiten observar con claridad la arquitectura política que atraviesa su gestión: una combinación entre liderazgo verde internacional, lógica de rentabilidad territorial y desconfianza hacia regulaciones o actores que puedan limitar la inversión.

Las frases no son simples «ocurrencias». Funcionan como ventanas hacia una forma específica de entender la relación entre naturaleza, economía y democracia.

Y esa forma, como desarrollaremos a lo largo de esta nota, no es caótica ni contradictoria. Responde más bien a una lógica que podríamos llamar «la moneda de Dos Caras»: un rostro impoluto para el mundo, un rostro desfigurado para el territorio, y entre ambos una decisión política que siempre cae del mismo lado.

El rostro impoluto: el líder climático que habla al mundo

En los escenarios globales, el presidente Chaves despliega un discurso de fuerte tono ambientalista. Allí, Costa Rica vuelve a ser el país verde, el referente, el que asume liderazgos que otros esquivan.

«Para Costa Rica, el futuro de la humanidad es inimaginable sin un océano protegido, así que hemos asumido el liderazgo que nos corresponde y con un mensaje urgente para el mundo, convertimos su protección en el eje central de nuestra política ambiental exterior.» (Esta declaración fue realizada durante un evento de alto nivel sobre Acción Oceánica «Inmersos en el Cambio», antesala de la UNOC 2025)

Incluso frente a la minería submarina —una de las grandes amenazas oceánicas— el presidente apeló a un lenguaje ético, casi civilizatorio:

«Del oportunismo de otra nación que vaya a buscar metales al fondo del mar y que nos destruye el ambiente para todos, llegó el momento ya no de discutir, llegó el momento de buscar en nuestros corazones.» (Declaración realizada durante la UNOC 2025 en Francia).

Ese es el rostro impoluto. El que posa para las fotos internacionales. El que habla de protección, de ética, de corazón. El mismo que permite a Costa Rica seguir cobrando por servicios ambientales, recibir financiamiento climático y pavonearse como líder en las cumbres.

Pero la moneda tiene otra cara.

El rostro desfigurado: la urgencia económica que todo lo subordina Cuando el presidente se dirige al país —cuando habla de territorio, de inversión, de desarrollo real— el tono cambia radicalmente. La protección ambiental deja de ser prioritaria. Se vuelve, en el mejor de los casos, un lujo que no podemos pagar.

Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afirmó:

«Yo siento que en este momento Costa Rica tiene que enfocarse… pero esas no son las cosas urgentes, ese no es el balazo en el pecho, ese es el colesterol. (Conversatorio con la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), marzo de 2022. Periódico La Nación)

La metáfora es reveladora: la crisis ecológica deja de entenderse como problema estructural para convertirse en un asunto secundario frente a las urgencias económicas inmediatas. No es el balazo —lo que mata ahora— sino el colesterol —lo que mata despacio, quizás mañana, quizás nunca.

Ese es el rostro desfigurado. El que opera bajo la lógica de la excepción: la norma se flexibiliza, la regulación se posterga, el ambiente espera. Algo similar ocurre con la idea misma de sostenibilidad. En una de sus declaraciones más conocidas, Chaves sentenció:

«El desarrollo sostenible es redundante.» (Intervención ante la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), marzo de 2022. Periódico La Nación).

La frase parece menor, pero encierra una concepción política profunda: la idea de que el desarrollo, por sí mismo, ya contiene automáticamente la sostenibilidad. Como si crecer económicamente fuera, por definición, cuidar el ambiente. Como si no existieran tensiones reales entre expansión del capital, límites ecológicos y destrucción territorial.

La moneda, aquí, ya ha caído. Y cayó del lado del desarrollo sin adjetivos.

La moneda en acción: cuando la fauna se vuelve enemiga

La lógica de Dos Caras se vuelve brutalmente explícita en las disputas sobre uso del suelo y conservación costera. En medio de las controversias por Gandoca-Manzanillo —un territorio de alto valor ecológico y cultural— el presidente declaró:

«Nosotros no vamos a destruir el tesoro nacional en la costa sur de la provincia Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna y que el ser humano, el costarricense, no tenga la oportunidad de generar prosperidad con eso.» (Declaración a la prensa en Cartago, 15 de mayo de 2024. Periódico La República -El Observador CR)

Y luego agregó, construyendo su famosa falsa moderación:

«Aquí hay gente extrema que dice que hay que ir a construir hoteles enormes de 5 estrellas y eso no pasará, pero también hay otros que dicen que hay que dejárselo a los monitos y no señor, tampoco es así.» (Declaración a la prensa en Cartago, 15 de mayo de 2024. Periódico La República / El Observador CR).

Analicemos la operación de la moneda, paso a paso.

Primero, el presidente se presenta como equilibrado: ni extremo de un lado (hoteles gigantes), ni extremo del otro (conservación absoluta). Segundo, caricaturiza la defensa ambiental: quienes protegen el territorio son «los que quieren dejárselo a los monitos». Tercero, naturaliza la intervención humana: el territorio debe producir algo, no puede «quedarse» para nadie más que no sea el capital.

¿Qué ha hecho Dos Caras aquí? Ha lanzado su moneda al aire. El rostro impoluto dice: «no vamos a destruir el tesoro nacional». El rostro desfigurado añade: «pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna». La moneda cae. El resultado es una playa privatizada, una comunidad desplazada, un manglar rellenado. Y todo, envuelto en la retórica del «centro razonable».

La moneda contra la democracia ambiental: el rechazo a Escazú

La misma lógica se repite —con consecuencias aún más globales— en la posición del gobierno frente al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que protege a defensores ambientales y garantiza participación ciudadana.

El presidente fue tajante desde el inicio de su mandato:

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno.» (Declaración como presidente electo, mayo de 2022. DW / Divergentes).

¿Por qué tanta tranquilidad para el sector privado y tanta intranquilidad para las comunidades? La respuesta está en su propia justificación:

«Es muy preocupante que en un momento en que necesitamos reactivación económica haya la posibilidad en el Acuerdo de Escazú de atrasar de manera injustificada y arbitraria proyectos de inversión.» (Declaración como presidente electo, mayo de 2022. DW).

Observen cómo opera la moneda. La participación ambiental —el derecho a ser consultado, a acceder a información, a impugnar decisiones— es presentada como una «posibilidad de atrasar». Los defensores de territorios son convertidos en obstáculos. La democracia ecológica se vuelve sinónimo de traba burocrática.

El presidente incluso argumentó que Costa Rica no necesita el Acuerdo porque:

«Nuestra legislación ya incluye todo lo que incluye el Acuerdo de Escazú, excepto esa posibilidad de decir paren porque a mí me parece que se debe parar, eso no se vale.» (Declaración como presidente electo, mayo de 2022. DW).

Ahí está, por fin, el corazón de Dos Caras. Lo que el presidente rechaza del Acuerdo de Escazú no es el acceso a la información ni la justicia ambiental. Es la posibilidad de que las comunidades digan «paren». Es el derecho a frenar un proyecto cuando la norma se ha violado, cuando el territorio está en riesgo, cuando la inversión avanza por encima de la vida.

«Eso no se vale», dice Dos Caras mientras lanza su moneda. Pero la moneda siempre cae del mismo lado: el lado que protege la inversión, no el territorio. El lado que tranquiliza al sector privado, no a las comunidades.

La coherencia de la moneda: lo que las frases revelan

Leídas en conjunto, estas declaraciones permiten observar algo que los análisis superficiales suelen perder de vista: no hay contradicción, hay arquitectura.

El presidente que en Davos habla de proteger océanos y buscar en el corazón es el mismo que en Limón habla de no dejarle el territorio «a los monitos». El líder climático internacional es el mismo que llama «colesterol» a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El estadista que firma acuerdos globales es el mismo que dice «el Acuerdo de Escazú no está en la agenda». No es que mienta. Es que su moneda tiene dos caras diseñadas para funcionar juntas.

  • El rostro impoluto permite a Costa Rica seguir vendiendo servicios ambientales, recibir financiamiento verde y mantener su marca país de sostenibilidad.
  • El rostro desfigurado permite flexibilizar normas, expulsar comunidades y abrir territorios a la inversión inmobiliaria, turística y minera.

Una cara no estorba a la otra. La hace posible.

Cuando las palabras nombran (y ocultan) la moneda

La política ambiental, entonces, no solo se expresa en leyes, permisos o conflictos territoriales. También se revela —con crudeza— en las palabras con las que el poder decide nombrar o reducir la naturaleza, las comunidades y el futuro del país.

«El desarrollo sostenible es redundante»  no es una ocurrencia. Es una declaración de principios.

«No se lo vamos a dejar a la fauna»  no es una metáfora desafortunada. Es una hoja de ruta.

«Esa posibilidad de decir paren… eso no se vale»  no es un exabrupto. Es la línea roja que este gobierno no está dispuesto a cruzar.

La moneda de Dos Caras tiene un nombre en la política ambiental de Rodrigo Chaves. Se llama: naturaleza como activo, territorio como mercancía, comunidades como obstáculo.

Y mientras sigamos leyendo estas frases como incoherencias aisladas, la moneda seguirá girando en el aire. Pero si las leemos como lo que son —las dos caras de un mismo proyecto— entonces tal vez podamos, por fin, disputar el lanzamiento.

Porque la moneda no cae por casualidad. Está diseñada para hacerlo.

La trampa de pedir coherencia

Cuando se analiza la política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves, es común caer en una trampa: la de leerla como una colección de contradicciones.

Por un lado, Costa Rica sigue brillando en el escenario internacional. Expande áreas marinas protegidas, consolida el Fondo Azul y fortalece los Pagos por Servicios Ambientales (PSA). El país no abandona su vitrina verde.

Por otro lado, en el plano interno, ocurre lo contrario. Se flexibilizan normas para proyectos inmobiliarios, se centralizan decisiones en pocas manos, se silencia a los técnicos del Ministerio de Ambiente (MINAE). Casos como Gandoca-Manzanillo, Cipreses de Oreamuno o Playa Panamá parecen indicar un retroceso sistemático.

Frente a esto, muchos concluyen: «El gobierno es incoherente. Dice una cosa y hace otra». Pero esa lectura es ingenua. Y también es útil… para el gobierno.

Porque si creemos que solo se trata de contradicciones, dejamos de preguntarnos por la lógica que las organiza. Y ese es el verdadero hallazgo del análisis aquí: no hay contradicción. Hay arquitectura.

Costa Rica como Harvey Dent o «Dos Caras»

Para entender esta arquitectura, imaginemos al gobierno de Chaves como un personaje de DC Comics: Harvey Dent, el fiscal de Ciudad Gótica que se convierte en el villano Dos Caras.

Harvey tiene dos rostros. Uno es el del líder idealista, pulcro, comprometido con la justicia. El otro es una cicatriz quemada que revela violencia y arbitrariedad. Entre los dos, decide con una moneda. Pero la moneda no es azar: está cargada.

Ahora pensemos en Costa Rica.

El rostro impoluto es el que ve el mundo: el país verde, el líder climático, el que vende servicios ambientales y recibe financiamiento internacional por proteger sus bosques y mares.

El rostro desfigurado es el que sufren las comunidades costeras y rurales: playas privatizadas de hecho, amenaza de manglares o bosques destruidos para hoteles de lujo, comunidades expulsados por la gentrificación o turístificación, y técnicos ambientales silenciados por orden de un superior.

¿Y la moneda? La moneda es la decisión política. Cada vez que hay conflicto entre conservación y desarrollo, el gobierno lanza su moneda. Pero la moneda no cae al azar. Está diseñada para caer siempre del lado que conviene al capital.

Si un ecosistema puede venderse en forma de bonos de carbono o servicios ambientales, la moneda cae del lado impoluto: se protege, se mide, se transa. Si un territorio —sobre todo si es playa, corales, manglar o tierra fértil— puede ser transformado en un resort, un puerto o un proyecto inmobiliario de lujo, la moneda cae del lado desfigurado: se flexibilizan las normas, se acalla a los opositores y se judicializa el conflicto cuando ya es tarde.

No es azar. Es diseño.

El rostro impoluto: cuando la naturaleza se convierte en activo

Comencemos por la cara que el gobierno muestra con orgullo.

En el escenario internacional, Costa Rica no ha abandonado su papel histórico. Al contrario, lo ha actualizado. La expansión de áreas marinas protegidas, el impulso al Fondo Azul y el fortalecimiento de los PSA configuran una narrativa de innovación y liderazgo.

Pero aquí hay un giro que no suele contarse: lo que se despliega no es solo una política de conservación, sino una nueva lógica económica sobre la naturaleza. Los bosques y los mares dejan de ser territorios con valor intrínseco o cultural. Empiezan a ser activos. Se miden en toneladas de carbono capturado. Se traducen en métricas de biodiversidad. Se integran a circuitos globales de financiamiento.

El PSA, por ejemplo, es un instrumento exitoso. Pero también es un contrato. La naturaleza se protege porque presta un servicio. Y ese servicio tiene precio.

La pregunta incómoda es: ¿qué pasa con lo que no puede medirse ni venderse? ¿Qué pasa con los ecosistemas que no entran en esta lógica de valorización? ¿Qué pasa con los territorios que no sirven como activos climáticos, pero sí como suelo barato para el turismo de élite?

Ahí es donde aparece el otro rostro. El rostro desfigurado: centralización, silencio y excepción

En el plano interno, la historia es muy distinta. El gobierno no ha reformado el MINAE mediante un proyecto de ley explícito, aunque lo intentó. Lo ha transformado mediante prácticas silenciosas pero sistemáticas.

Primero, centralización del poder. Las decisiones ambientales ya no se discuten en instancias técnicas. Se concentran en la jerarquía ministerial. Los criterios de biólogos, geógrafos y abogados ambientales son subordinados a la voluntad política.

Segundo, control de la comunicación. Circulan oficios internos que limitan lo que los funcionarios técnicos pueden decir en público. El conocimiento especializado pierde visibilidad. Y sin visibilidad, pierde capacidad de incidir.

Tercero, flexibilización normativa. La ley deja de ser un marco estable. Se vuelve una variable ajustable. Si una norma impide un proyecto, se reinterpreta. Si la oposición social crece, se deslegitima a los activistas como «ambientalistas extremos». Si el conflicto llega a los tribunales, se asume que la justicia llegará tarde.

Y así ocurre. En los casos que se lograr avanzar en algún sentido. En todos ellos, cuando la justicia ambiental finalmente se pronuncia, el territorio ya ha sido transformado. Los manglares ya están rellenados. Los hoteles ya tienen sus cimientos.

La justicia opera como correctivo post daño, no como mecanismo preventivo.

Gentrificación y privatización de costas: la cara más violenta de la moneda

Hasta aquí, el análisis del texto original. Pero falta un elemento central para entender el «rostro desfigurado» en su máxima expresión: la gentrificación turística y la privatización de las costas. Estos dos fenómenos son, quizás, la forma más intensa en que se aplica la lógica de la moneda cargada.

¿Qué está pasando en las costas de Costa Rica?

En nombre del turismo —ese motor económico que nadie se atreve a criticar— se están impulsando megaproyectos hoteleros y residenciales de lujo, marinas que atentan los corales, y que vistos de forma integral producen al menos tres efectos devastadores:

  1. Expulsión de comunidades locales. Pescadores artesanales, campesinos costeros y familias enteras son desplazadas porque el suelo que habitaron por generaciones se revaloriza. Ya no es tierra de vida. Es tierra de negocio.
  2. Privatización de facto de las playas. La Constitución dice que las playas son bienes públicos. Pero en la práctica, las servidumbres de paso se restringen, las concesiones se otorgan con discrecionalidad, y el acceso al mar se vuelve un privilegio para huéspedes de hoteles o dueños de villas.
  3. Destrucción de ecosistemas costeros. Corales, manglares, humedales y bosques de transición son eliminados para dar paso a campos de golf, piscinas y terrazas con vista al mar. Ese daño, en la mayoría de los casos, es irreversible.
¿Y cuál es el papel del gobierno en todo esto?

El rostro impoluto sigue promocionando «marca país» basada en naturaleza. Los folletos turísticos muestran playas vírgenes y selvas exuberantes. El rostro desfigurado, mientras tanto, facilita los permisos, desaloja a las comunidades que protestan y silencia a los técnicos que alertan sobre el impacto ambiental.

No es incoherencia. Es el mismo modus operandi de Dos Caras: un discurso para los turistas y los mercados internacionales (justicia, conservación, sostenibilidad), y una práctica brutal para las comunidades locales (despojo, exclusión, daño ambiental).

Energía y minería: la expansión de la frontera de mercado

La lógica de la moneda cargada no se limita a las costas. También alcanza sectores estratégicos como la energía y la minería.

En el sector eléctrico, el gobierno ha impulsado una apertura a la competencia y al capital privado en un ámbito históricamente organizado bajo principios de planificación pública. La transición energética, así pensada, deja de ser un asunto de soberanía nacional para convertirse en un mercado más.

En el caso de la minería, el fantasma de Crucitas sigue ahí. Aunque existe una prohibición formal, el tema reaparece una y otra vez: mediante proyectos de ley, declaraciones de autoridades o una gestión ambigua de la minería ilegal. Crucitas se ha vuelto un territorio emblemático donde la prohibición convive con su constante puesta en cuestión.

En ambos casos, la tendencia es clara: expandir la lógica de valorización hacia ámbitos que habían sido relativamente protegidos de ella.

Si hay un símbolo perfecto del «rostro impoluto» versus el «rostro desfigurado» de la política ambiental costarricense, ese es el Acuerdo de Escazú. Porque Costa Rica no solo firmó este tratado. Costa Rica fue sede de su firma en 2018 . El país se puso al frente de América Latina para impulsar el primer gran pacto ambiental de la región, pionero mundial en la protección de defensores ambientales .

Y sin embargo, cinco años después, el tratado sigue sin ser ratificado.

¿Por qué funciona esta arquitectura? La coherencia de la dualidad

Llegados a este punto, alguien podría preguntarse: ¿cómo es posible que el gobierno mantenga al mismo tiempo un liderazgo ambiental internacional y una política interna de flexibilización y despojo?

La respuesta es simple: porque una cosa hace posible la otra.

El rostro impoluto no es un estorbo para el rostro desfigurado. Es su cobertura. La legitimidad verde que Costa Rica acumula en el extranjero permite seguir recibiendo financiamiento, acuerdos y buena prensa. Esa misma legitimidad vuelve más difícil la crítica interna, porque cualquier oposición puede ser tildada de «antidesarrollo» o «extremista». Y el rostro desfigurado, por su parte, no es un accidente. Es la expresión territorial de esa misma lógica: algunos ecosistemas se protegen como activos financieros; otros se sacrifican como suelo de inversión.

La política ambiental de este gobierno no oscila impredeciblemente entre protección y explotación. Se mueve dentro de un marco coherente donde la naturaleza es protegida cuando puede ser integrada a circuitos de valor, y flexibilizada cuando su transformación resulta funcional a la rentabilidad inmediata.

La moneda no cae por casualidad. Está diseñada para hacerlo.

Siete preguntas para seguir pensando (y disputando)

Para cerrar, dejamos estas preguntas. No buscan respuestas fáciles. Buscan abrir el debate allí donde el gobierno prefiere el silencio.

  1. Sobre la moneda cargada: ¿No es contradictorio vender «paz con la naturaleza» en las cumbres climáticas mientras en las costas del Pacífico se destruyen bosques para hoteles de lujo? ¿O acaso esa contradicción es justamente la funcionalidad del sistema?
  2. Sobre la censura técnica: Cuando el MINAE silencia a sus propio personal y centraliza decisiones en jerarcas políticos, ¿no se está aplicando la misma lógica de Dos Caras? ¿La ley técnica se aplica solo cuando la moneda (la voluntad política) lo permite?
  3. Sobre gentrificación-turistificación: Los megaproyectos turísticos expulsan a comunidades pesqueras y campesinas. ¿No es esta una forma de «limpieza social» funcional al rostro desfigurado? ¿Puede hablarse de desarrollo cuando los habitantes originales ya no pueden pisar su propia playa?
  4. Sobre privatización de costas: La Constitución dice que las playas son bienes públicos. Pero con servidumbres de paso amañadas y concesiones discrecionales, se permite una privatización de facto. ¿No es esta la victoria del rostro desfigurado? ¿Dónde queda la democracia ambiental si la playa se ha convertido en un lobby de hotel?
  5. Sobre la marca país: El gobierno promueve turismo basado en naturaleza. Pero esa promesa exige playas libres y accesibles. ¿Cómo se sostiene la marca (rostro impoluto) mientras el producto real (rostro desfigurado) es una costa cercada y excluyente?
  6. Sobre la judicialización tardía: Los casos emblemáticos llegan a tribunales cuando el daño ya es irreversible. ¿No es el Poder Judicial el equivalente al comisionado Gordon en Gotham: intenta arreglar el desastre, pero nunca puede prevenir que Dos Caras lance su moneda?
  7. La pregunta final: Si aceptamos esta metáfora, entonces el gobierno de Chaves no es «fracturado» ni «inconsistente». Es perfectamente coherente con una lógica: maximizar el valor (vía financiarización, turismo de lujo y privatización costera) bajo la cobertura de un discurso verde. Entonces, ¿cómo se construye una defensa de los bienes comunes que no quepa ni en la cara de la conservación financiera ni en la cara del desarrollo depredador?
Nombrar la moneda para poder disputarla

La política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves tiene un nombre. No es «contradicción». No es «falta de rumbo». No es «improvisación». Se llama moneda de Dos Caras.

Un rostro impecable para el mundo. Un rostro quemado para los territorios y las comunidades. Y entre ambos, una moneda que siempre cae del mismo lado.

Nombrar esta coherencia no es un ejercicio académico. Es un acto político. Porque solo aquello que se reconoce en su lógica puede ser efectivamente disputado. La pregunta, entonces, ya no es si el gobierno es verde o no lo es. La pregunta es: ¿quién tiene derecho a lanzar la moneda? ¿Y cómo construimos un modelo donde la naturaleza no tenga que depender de una cara buena o una cara mala, sino que sea simplemente un bien común, compartido, vivo e intransable?

Esa es la conversación que el rostro impoluto quiere evitar. Y que el rostro desfigurado quiere quemar antes de que empiece.

Una matriz para discutir

La pregunta de fondo, entonces, no es únicamente cómo denunciar la “moneda cargada”, sino cómo disputar el horizonte político que la hace posible.

Porque el problema no se reduce a un gobierno, un decreto o un conflicto puntual. Lo que está en juego es una forma de entender la naturaleza, el territorio, el desarrollo y la democracia. Una lógica donde algunos ecosistemas se conservan porque generan valor financiero, mientras otros territorios son flexibilizados, sacrificados o privatizados en nombre del crecimiento económico.

Frente a esto, resulta necesario abrir una discusión más profunda: ¿qué alternativas políticas, económicas y territoriales pueden construirse más allá del falso dilema entre conservación mercantilizada y desarrollo depredador?

La siguiente matriz no busca ofrecer respuestas cerradas ni modelos acabados. Más bien, pretende funcionar como herramienta de reflexión y debate colectivo. Identifica algunas de las tensiones centrales que atraviesan la política ambiental contemporánea en Costa Rica y propone horizontes en disputa para pensar otras formas de relación entre sociedad, naturaleza y bienes comunes.

Tensión o falso dilema dominanteCómo se presenta públicamenteQué invisibiliza o desplazaCómo opera la “moneda cargada”Horizonte político en disputaPreguntas para problematizar
Conservación vs desarrolloSe afirma que proteger demasiado frena la inversión y el empleoQue conservación y extractivismo pueden coexistir bajo una misma lógica de mercadoSe conservan ecosistemas útiles para financiamiento verde y se flexibilizan otros para inversión inmobiliaria o turísticaSostener la vida como criterio central de organización territorial¿Desarrollo para quién y a costa de qué territorios?
Turismo o pobrezaEl turismo aparece como única salida económica viable para las costasDependencia económica, precarización laboral y expulsión comunitariaLa naturaleza se convierte en paisaje de consumo y plataforma de rentaEconomías territoriales diversificadas y arraigadas localmente¿Puede una comunidad vivir del turismo sin perder su territorio?
Ambiente o inversiónLas regulaciones ambientales son presentadas como obstáculos burocráticosQue muchas normas existen para evitar daños irreversiblesSe flexibilizan reglas cuando el capital considera “estratégico” un territorioPlanificación ecológica democrática y preventiva¿Quién define qué proyectos son “de interés nacional”?
Crecimiento verde o atrasoLa modernización se asocia a mercados de carbono, megaproyectos y apertura económicaLas desigualdades territoriales y la concentración de beneficiosLa naturaleza se valoriza financieramente mientras aumentan exclusiones territorialesTransición ecológica justa con redistribución territorial¿Puede haber transición ecológica sin justicia social?
Expertos o comunidadesEl conocimiento técnico se utiliza selectivamente según convenga políticamenteLos saberes comunitarios y la autonomía territorialEl criterio técnico se fortalece o silencia según afecte intereses económicosCo-gobernanza entre conocimiento técnico y territorial¿Quién tiene legitimidad para decidir sobre un territorio?
Protección ambiental o uso productivoSe plantea que ciertos ecosistemas “improductivos” deben ponerse a generar riquezaEl valor cultural, hídrico y comunitario de los territoriosAlgunos ecosistemas se convierten en activos; otros en suelo sacrificableTerritorios entendidos como espacios de vida y reproducción social¿Todo territorio debe justificar su existencia en términos de rentabilidad?
Marca país o conflicto territorialCosta Rica se presenta internacionalmente como líder verdeLos conflictos ambientales internos y la desigualdad ecológicaLa legitimidad internacional amortigua críticas localesDemocracia ambiental con transparencia territorial¿Quién narra el país: las comunidades o la estrategia de mercadeo?
Seguridad jurídica o defensa comunitariaLos conflictos se reducen a “trabas” contra el desarrolloAsimetrías de poder entre empresas, Estado y comunidadesLa judicialización llega cuando el daño ya ocurrióJusticia ambiental preventiva y vinculante¿Qué significa justicia cuando el ecosistema ya fue destruido?
Acceso público o privatización “ordenada”Se afirma que las concesiones mejoran infraestructura y dinamizan territoriosRestricciones reales al acceso comunitario y apropiación privada de bienes públicosLa privatización ocurre gradualmente mediante regulación y exclusión prácticaCostas y bienes comunes bajo acceso colectivo garantizado¿Puede existir playa pública cuando el acceso depende del consumo?
Energía pública o eficiencia de mercadoLa apertura eléctrica se presenta como modernización inevitableRiesgos de fragmentación, dependencia privada y desigualdad energéticaSectores estratégicos se reconfiguran como nichos de inversiónSoberanía energética democrática y planificación pública¿La energía es mercancía o derecho colectivo?
Conservación financiera o abandono estatalSe plantea que sin mercados verdes no hay recursos para proteger la naturalezaEl debilitamiento de la responsabilidad pública sobre el cuidado ambientalLa protección depende cada vez más de su capacidad de generar rentabilidadCuidado ecológico como responsabilidad colectiva y pública¿Qué ocurre con los ecosistemas que no producen ganancias?
Participación o gobernabilidadLa crítica social se presenta como obstáculo al progresoEl derecho de las comunidades a decidir sobre transformaciones territorialesLa participación se tolera mientras no altere decisiones estratégicasDemocracia territorial vinculante y deliberativa¿Participar significa escuchar o realmente poder decidir?
La moneda que no cambia de dueño

La matriz anterior no es un catálogo de incidentes aislados. Es el reflejo de una lógica de gobierno que ha encontrado en la estigmatización de la defensa ambiental una herramienta política recurrente. Y esa lógica, como muestra el cierre de esta nota, no se agota con el cambio de mando.

El extracto: cuando «estúpido» y «extremista» se vuelven política de Estado

El 22 de abril de 2026 —en una conferencia de prensa conjunta— el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández ofrecieron una ventana involuntaria hacia el futuro de la política ambiental costarricense .

El detonante fue una pregunta sobre el proyecto turístico en Playa Panamá, Guanacaste, donde se pretendía talar 748 árboles maduros en una zona que alimenta quebradas del manglar . El diputado electo Edgardo Araya —reconocido por su trayectoria en la defensa ambiental— había interpuesto una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, logrando medidas cautelares que suspendieron temporalmente los permisos de tala .

La respuesta del ahora expresidente Chaves fue, para usar sus propias palabras, directa:

«La clase de estúpido que es este ser humano. Edgardo Araya, el padre del desastre de Crucitas» .

No contento con el insulto, extendió su descalificación al magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema, a quien calificó como «un desvisado, de extrema izquierda y nefasto para el país» .

Pero lo más relevante para el futuro del país ocurrió a su lado. La presidenta electa Laura Fernández —quien asumiría el mando pocos días después, el 8 de mayo de 2026— no solo no se desmarcó del discurso presidencial. Lo complementó.

Fernández aludió a «personas radicalistas» que, según sus palabras, «engañan al país con información falsa» . En la misma línea, el presidente electo la respaldó al calificar a sus opositores ambientales como «fanáticos», «radicales» y «malintencionados». La escena fue, en esencia, una ceremonia de continuidad.

Lo que revela el intercambio

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR, en su análisis de este episodio, fue contundente: lo que está en juego aquí no es la libertad de opinión. El problema radica en la normalización de un discurso que descalifica a las personas —y no a sus argumentos—, y que, además, asocia la defensa del ambiente con daño al desarrollo, pérdida de empleos o incluso mala fe .

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que la estigmatización de personas defensoras del ambiente «contribuye a crear un clima de hostilidad, legitima la descalificación pública y, en contextos de alta conflictividad, puede convertirse en la antesala de amenazas, criminalización e incluso violencia letal» .

En Costa Rica, ese clima ya tiene nombre y apellido. Y ahora tiene una continuidad asegurada.

La moneda sigue girando

La metáfora de Dos Caras que hemos utilizado a lo largo de esta nota adquiere aquí una dimensión inquietante. Porque la moneda que el presidente Chaves ha lanzado durante cuatro años no será recogida cuando él abandone el poder.

La presidenta Laura Fernández ha recibido esa moneda. Y ha dejado claro, en su primera conferencia conjunta, que piensa seguir lanzándola.

El rostro impoluto seguirá hablando de protección oceánica y liderazgo climático en los foros internacionales. El rostro desfigurado seguirá llamando «estúpidos», «fanáticos» y «radicales» a quienes se atrevan a decir «paren» frente a un proyecto de inversión.

La única diferencia es que ahora la moneda tiene un nuevo lanzador. Pero el lado hacia el que cae —siempre el mismo— no ha cambiado.

La pregunta que queda

Frente a esta continuidad anunciada, la pregunta que abre esta nota —¿quién tiene derecho a lanzar la moneda?— se vuelve más urgente que nunca.

Porque la moneda de Dos Caras no es un mecanismo neutral. Es un dispositivo de poder. Y mientras siga en manos de quienes ven en la naturaleza un activo, en el territorio una mercancía y en las comunidades un obstáculo, el ambiente seguirá siendo moneda de cambio.

No de vida.

Nombrar esta continuidad no es un ejercicio académico. Es el primer paso para disputar, por fin, el lanzamiento.

Referencias:

CR Hoy. (2024, noviembre 13). PEN: Gobierno de Rodrigo Chaves debilitó histórico liderazgo ambiental de Costa Rica.

CR Hoy. (2026, abril). Diputado electo recurre a la Sala IV para frenar tala de 748 árboles en playa Panamá.

Divergentes. (2022, mayo 4). Rodrigo Chaves dice no al Acuerdo de Escazú.

DW. (2022, mayo 4). Presidente electo de Costa Rica descarta acuerdo de Escazú.

El Observador. (2024, mayo 16). Video | «Tampoco se lo vamos a dejar a la fauna», dice Chaves sobre tala de árboles en Caribe Sur.

France 24. (2025, junio 16). La Entrevista – El presidente de Costa Rica en France 24: se necesita «racionalidad económica» en el tema ambiental.

La Nación. (2022, marzo 11). Rodrigo Chaves dice que Objetivos de Desarrollo Sostenible no son urgentes para Costa Rica.

La República. (2022, marzo 12). Rodrigo Chaves minimiza desafíos para el desarrollo sostenible de Costa Rica.

La República. (2024, mayo 16). [Video] Rodrigo Chaves: No permitiremos hoteles de 5 estrellas en el Caribe Sur, pero tampoco quedará solo para los monitos.

La República. (2024, noviembre 14). Costa Rica debilita su histórica apuesta ambiental.

Trivisión. (2026, abril 22). El debate por tala y proyectos en Papagayo Guanacaste escala con posición conjunta del Gobierno y presidenta electa Laura Fernández.

UNA Comunica. (2026, enero 14). Planes de gobierno alertan pérdida de liderazgo ambiental en Costa Rica.

Crédito imágenes: DC Comics

La presente nota no es un comentario circunstancial. Es el resultado de cuatro años de monitoreo sistemático del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (2022-2026). Durante este período, el Observatorio ha documentado decretos, proyectos de ley, conflictos territoriales, flexibilizaciones normativas, centralización de decisiones y la sistemática estigmatización de las personas defensoras del ambiente.