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Entre el río y el cuido mutuo: una comunidad que no se deja sola

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Pueden escuchar nuestra entrevista aquí

El pasado sábado 21 de febrero visitamos esta comunidad y conversamos con Pedro Martínez de Calle Alvarez, con el propósito de conocer de primera mano las vivencias cotidianas que enfrentan ante el abandono en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Entre las principales preocupaciones se encuentra la situación del camino: aunque la comunidad se ubica a menos de 300 metros del centro, esta vía constituye la única salida pública y se vuelve intransitable cuando el río crece, provocando inundaciones que incomunican a las familias. Esta condición afecta de manera especial a las personas adultas mayores y no es un hecho aislado ni reciente, sino una problemática persistente que evidencia la urgencia de abordar el territorio desde una perspectiva integral de gestión del riesgo.

Primeras impresiones del territorio y la vida comunitaria

El recorrido permitió reconocer una comunidad que, pese a las dificultades, ha sabido construir fuertes redes de apoyo. Más allá de las carencias materiales, se trata de un espacio de cuido mutuo, donde las personas se miran entre sí, conversan, se acompañan y expresan con cariño que es un lugar tranquilo, en el que se sienten bien. En momentos de llenas, la preocupación no se limita a la propia vivienda: las vecinas y vecinos están atentos a lo que ocurre en la casa contigua, corren a ayudarse y activan prácticas solidarias que sostienen la vida colectiva incluso en contextos de emergencia.

De la emergencia a la organización comunitaria

En este proceso, la comunidad ha venido dando un paso importante: pasar del cuido y la atención en la emergencia a la búsqueda activa de visibilización de su situación. Desde hace aproximadamente un año, vecinas y vecinos han iniciado esfuerzos de organización comunitaria orientados a incidir públicamente, gestionar espacios de participación y abrir canales de diálogo que les permitan transformar y mejorar sus condiciones de vida. Este tránsito expresa una decisión colectiva de no permanecer únicamente en el lugar de la vulnerabilidad o la espera, sino de asumirse como protagonistas de su propio desarrollo, con voz, propuesta y capacidad de incidencia sobre el territorio que habitan.

Construir vida digna desde el territorio

Las acciones comunitarias que emergen en este territorio no se limitan a responder a la emergencia, sino que expresan una apuesta cotidiana por la construcción de una vida digna. El cuido mutuo, la preocupación compartida por las personas adultas mayores, la disposición a acompañarse en momentos de dificultad y la decisión de organizarse para incidir reflejan una forma de habitar el territorio donde la vida se coloca en el centro. Estas prácticas muestran que la dignidad no se reduce a condiciones materiales, sino que también se construye a partir de relaciones de solidaridad, reconocimiento y responsabilidad colectiva frente a los riesgos que amenazan la vida común.

Gestión del riesgo: entre la experiencia comunitaria y la responsabilidad institucional

Esta experiencia pone en evidencia una disyuntiva central en las prácticas de gestión del riesgo. Por un lado, las respuestas comunitarias surgen desde el conocimiento del territorio y de las relaciones cotidianas, dando lugar a esquemas de atención construidos entre vecinas y vecinos para enfrentar la vulnerabilidad. Estas prácticas, basadas en la solidaridad y el cuido mutuo, han permitido responder de manera inmediata a situaciones que se repiten en el tiempo y que forman parte de la experiencia vivida de la comunidad.

Por otro lado, esta misma capacidad organizativa es también un llamado de atención a las instituciones. La gestión del riesgo no puede descansar únicamente en el esfuerzo comunitario ni en la buena voluntad de quienes habitan el territorio. Estas prácticas requieren ser reconocidas, fortalecidas y complementadas por enfoques institucionales que asuman su responsabilidad, garanticen la inversión necesaria y aseguren mejores condiciones de infraestructura. Solo así será posible reducir la vulnerabilidad sin desgastar los tejidos comunitarios que, día a día, sostienen el cuido de la vida.

¿Por qué hablar de esto?

La intención de estos espacios de intercambio no es acarrear responsabilidades individuales ni señalar a una institución en particular. Más bien, busca evidenciar cómo una lógica institucional acumulada a lo largo de los años ha ido produciendo espacios de abandono que, aun cuando existen personas interesadas en incidir y transformar estas condiciones, no siempre logra reconocer ni responder a las realidades concretas de las comunidades. Estos encuentros aspiran a abrir un diálogo necesario para repensar las formas de gestión, desde el reconocimiento de la experiencia territorial y el compromiso con el cuido de la vida.

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Monte Alto: el derecho a la vivienda se conquista organizándose

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El 25 de enero de 2026, la comunidad de Monte Alto realizó un acto político de celebración y agradecimiento que marcó un hito en su historia colectiva. La actividad fue también el espacio de presentación del documento “La tierra se gana luchando”, una memoria viva que reconstruye casi diez años de lucha por la tierra y la vivienda desde la voz de quienes sostuvieron el proceso.

Monte Alto Celebración y agrade

Lejos de ser un cierre, el encuentro reafirmó que la vivienda digna sigue siendo una conquista en disputa y que la organización comunitaria es la condición básica para hacer efectivo este derecho frente a un modelo urbano excluyente.

La vivienda como derecho, no como mercancía

La experiencia de Monte Alto surge en un contexto donde el acceso a la vivienda se encuentra mediado casi exclusivamente por el mercado. Para cientos de familias trabajadoras, comprar una casa o un lote se volvió imposible, mientras extensas tierras permanecían ociosas o sujetas a la especulación.

Frente a esta realidad, Monte Alto encarna una disputa de fondo: la tierra debe cumplir una función social. La lucha no fue por apropiarse de un bien privado, sino por garantizar un derecho básico: un lugar seguro y estable para vivir. En ese sentido, la experiencia cuestiona directamente la idea de la vivienda como privilegio y la reivindica como condición mínima para la dignidad y la vida.

La organización como infraestructura de la resistencia

Uno de los ejes centrales del documento es la organización colectiva. Desde los primeros momentos, la permanencia en el territorio fue posible gracias a asambleas, comités, guardias comunitarias y acuerdos colectivos. Ninguna familia, de manera individual, habría podido resistir desalojos, presiones legales y abandono institucional durante casi una década.

Monte Alto muestra que la organización no es solo una herramienta defensiva, sino una forma de construir poder popular. La toma de decisiones colectivas permitió sostener la lucha, negociar desde una posición más fuerte y transformar una ocupación precaria en un proceso comunitario con horizonte político.

De la lucha por la tierra al derecho a la vivienda urbana

Un aprendizaje clave del proceso fue la capacidad de adaptación. Aunque la toma inicial estaba pensada desde experiencias agrarias previas, la realidad de las familias —trabajadoras urbanas, sin posibilidad de vivir de la tierra— obligó a repensar el camino.

Este giro no significó abandonar la lucha, sino redefinirla: Monte Alto dejó de pensarse como un espacio productivo agrícola y comenzó a construirse como barrio popular, poniendo en el centro el derecho a la vivienda, la estabilidad familiar y el futuro de niños y niñas. Esta lectura política permitió sostener el proceso sin perder su sentido de justicia social.

Las mujeres: sostener la vida, sostener la lucha

El documento reconoce de manera explícita el papel de las mujeres en Monte Alto. Fueron ellas quienes sostuvieron la vida cotidiana en los momentos más duros: cuidaron a las familias, defendieron los ranchos, mantuvieron la organización y levantaron la moral colectiva frente a la violencia y el despojo.

Este protagonismo no fue accesorio ni simbólico. La experiencia demuestra que sin el liderazgo y la constancia de las mujeres, la lucha no habría sobrevivido. Monte Alto visibiliza así una dimensión fundamental de las luchas por la vivienda: defender la tierra es también defender los cuidados, los vínculos y la reproducción de la vida.

Memoria, aprendizaje y proyección política

“La tierra se gana luchando” no es solo un recuento histórico. Es una apuesta por la memoria como herramienta política. Recuperar lo vivido, reconocer a quienes iniciaron el proceso y sistematizar aprendizajes permite fortalecer las luchas actuales y futuras, tanto dentro como fuera de Monte Alto.

En este sentido, el documento se propone como un insumo para otras comunidades que hoy enfrentan desalojos, exclusión urbana y negación del derecho a la vivienda. La experiencia demuestra que la organización, la constancia y las alianzas amplían las posibilidades de conquista.

Reconocer trayectorias para fortalecer procesos

Durante el acto también se rindió homenaje a Carlos Coronado, referente histórico de las luchas por la tierra y la vivienda en Costa Rica. Su trayectoria expresa la continuidad entre luchas agrarias y urbanas, y una concepción clara: sin organización popular no hay victorias duraderas.

Este reconocimiento no se limita a una figura individual, sino que simboliza una memoria colectiva de luchas que atraviesan generaciones y territorios, y que siguen siendo fundamentales para pensar alternativas frente a la crisis habitacional.

Una lucha que continúa

Aunque se alcanzó un acuerdo que permitió a las familias comprar sus lotes y avanzar hacia la seguridad jurídica, la lucha en Monte Alto no ha terminado. Persisten desafíos relacionados con servicios básicos, infraestructura, vivienda digna y defensa del barrio.

Monte Alto es hoy una experiencia viva que reafirma una certeza política: los derechos no se conceden, se conquistan. Y se conquistan cuando la gente se organiza, construye comunidad y defiende colectivamente la dignidad y la vida.

El derecho a quedarse: una lucha que aún no termina

La historia de Monte Alto no se detiene con los avances alcanzados. En los linderos del asentamiento, decenas de familias siguen viviendo una realidad muy similar a la que dio origen a esta lucha. De un lado, alrededor de 80 familias; del otro, unas 20 familias más, con más de diez años de posesión, raíces construidas en el territorio y niños y niñas que han nacido y crecido ahí, enfrentando los mismos problemas de acceso a vivienda, servicios y seguridad jurídica.

Estas familias no son un “caso aparte”. Forman parte de la misma realidad de exclusión urbana y tienen el mismo derecho a la estabilidad, al arraigo y a una vida digna. Hoy, muchas de ellas han comenzado a organizarse, buscando orientación y acompañamiento para defender su derecho a permanecer en el lugar que han construido como hogar.

El camino no es sencillo. Requiere trabajo colectivo, constancia y apoyo solidario. Pero la experiencia de Monte Alto demuestra que organizarse es posible y necesario, y que la estabilidad de las familias no es un favor ni una concesión: es un derecho por el que vale la pena seguir luchando.

Homenaje a una trayectoria de lucha colectiva

Durante el acto político realizado en Monte Alto, la comunidad rindió un sentido homenaje a Carlos Coronado, en reconocimiento a su trayectoria histórica en las luchas por la tierra y la vivienda. El homenaje destacó no solo su papel en el impulso y acompañamiento del proceso de Monte Alto, sino una vida dedicada a fortalecer la organización popular, a abrir caminos colectivos y a sostener la convicción de que los derechos se conquistan luchando.

Descargá el documento La tierra se gana luchando y conocé la historia de Monte Alto, sus aprendizajes colectivos y los desafíos que siguen abiertos en la lucha por el derecho a la vivienda.

Revisa el documento aquí

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Reconociendo nuestros territorios: Sexto conteo de Primates en Tacares de Grecia

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Este video presenta una entrevista a Francis Suárez, de Primates de Grecia, realizada en el marco del conteo anual de primates en Grecia, una experiencia de monitoreo participativo que combina ciencia ciudadana, educación ambiental y reflexión territorial.

A partir de su experiencia en el acompañamiento de estas iniciativas, la conversación aborda las crecientes presiones que enfrentan los ecosistemas del cantón: la fragmentación del bosque, la pérdida de corredores biológicos y el avance de formas de desarrollo que debilitan las condiciones que sostienen la vida silvestre y humana. El testimonio permite comprender cómo estas transformaciones no solo afectan a los primates y otras especies, sino también al agua, al paisaje y a la calidad de vida de las comunidades locales.

El video invita a pensar el conteo de primates no solo como una actividad técnica de registro de fauna, sino como una práctica pedagógica y política que fortalece la participación comunitaria, visibiliza los riesgos socioambientales y promueve una relación más responsable con el territorio. En este sentido, la ciencia ciudadana aparece como una herramienta clave para democratizar el conocimiento, articular saberes locales y generar conciencia colectiva frente a los procesos de deterioro ambiental.

Esta es una actividad en la que participó el Observatorio de Bienes Comunes, y que se inscribe en su trabajo por analizar críticamente los modelos de desarrollo, defender los bienes comunes y aportar a la construcción de territorios donde la vida —humana y no humana— sea el centro de las decisiones.

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Más allá del aula, entre ríos, calles y decisiones: aprendizaje sobre desigualdades socioambientales en Guatuso

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El pasado 8 de febrero, estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica realizaron una gira educativa al cantón de Guatuso, en el marco del curso de Política Ambiental en Costa Rica y Centroamérica. La visita permitió conocer de primera mano dos situaciones socioambientales que revelan tensiones profundas en la gestión del territorio: el caso de Calle Álvarez y la problemática en Maquengal asociada al Río Frío.

Más que una observación externa, la gira se convirtió en un ejercicio de diálogo entre saberes, donde la experiencia comunitaria fue central para problematizar categorías como gestión del riesgo, extractivismo, bienes comunes y participación ambiental.

Calle Álvarez: gestión del riesgo más allá de lo técnico

En Calle Álvarez, a escasos metros del centro del cantón y del Río Frío, más de 30 familias enfrentan cada año el aislamiento cuando las lluvias intensas vuelven intransitable la vía de acceso. La demanda histórica por mejorar la calle ha recibido respuestas que reducen el problema a un asunto presupuestario o técnico: “la inversión es muy alta”.

Sin embargo, el intercambio con la comunidad permitió ir más allá de esa lectura. La gestión del riesgo no puede limitarse a cálculos de costos o a intervenciones de ingeniería. Es, ante todo, una cuestión política que implica reconocer a las personas como sujetas de derecho y como actores con conocimiento situado sobre su propio territorio.

Las y los vecinos conocen los patrones del río, las zonas más vulnerables, los puntos críticos donde el agua golpea con mayor fuerza. No incluir esas voces en la planificación no solo debilita las soluciones, sino que reproduce relaciones verticales donde la institucionalidad decide sin escuchar. Cuando la gestión del riesgo se define únicamente desde despachos técnicos, se pierde la dimensión social del problema.

Además, la paradoja es evidente: mientras se argumenta falta de recursos para garantizar un acceso seguro, se mantiene la extracción de materiales del propio río. Esto abre preguntas sobre prioridades institucionales y sobre cómo se definen las urgencias públicas.

Para el estudiantado, el caso permitió reflexionar sobre una idea clave: la vulnerabilidad no es “natural”. Se construye cuando las decisiones públicas no incorporan participación real, planificación territorial coherente y medidas preventivas. Gestionar el riesgo implica también democratizar la toma de decisiones, reconocer desigualdades y construir soluciones junto con las comunidades.

Maquengal: extractivismo y erosión de la vida cotidiana

En Maquengal, la problemática gira en torno al impacto acumulado de la explotación de materiales en el Río Frío. La alteración del cauce, la erosión de las riberas y la pérdida de cobertura forestal no son solo indicadores ambientales: son señales de un modelo extractivo que reconfigura el territorio.

Durante la visita, emergió una reflexión más amplia sobre el extractivismo. No se trata únicamente de extraer piedra y arena; se trata de un patrón de desarrollo que prioriza la rentabilidad inmediata sobre la sostenibilidad ecológica y social. El río deja de ser un bien común para convertirse en fuente de insumos.

Este proceso erosiona múltiples dimensiones de la vida. Espacios de recreación como la Poza del Roncador, antes punto de encuentro comunitario, se deterioran o desaparecen. La pérdida de estos lugares no es menor: afecta la convivencia, la identidad territorial y las formas de habitar el entorno.

Asimismo, el extractivismo limita otros proyectos económicos y de vida. Actividades vinculadas al turismo rural, al disfrute sostenible del río o a prácticas productivas compatibles con la conservación se ven desplazadas por una lógica que no deja margen para alternativas. Cuando la actividad extractiva se intensifica sin controles rigurosos, reduce las posibilidades de diversificación económica y condiciona el futuro del territorio.

La comunidad ha respondido con organización y exigencias concretas: limitar concesiones, realizar evaluaciones técnicas del daño acumulado y cumplir compromisos de diagnóstico ecológico. Esta acción colectiva evidencia que la defensa del río es también defensa de formas de vida, de memoria y de posibilidades futuras.

Aprendizajes desde el territorio

La gira permitió al estudiantado confrontar conceptos teóricos con realidades concretas. La gestión del riesgo dejó de entenderse como un asunto meramente técnico para asumirse como un proceso político que requiere participación activa. El extractivismo dejó de ser una categoría abstracta para mostrarse como una dinámica que transforma —y a veces deteriora— la vida cotidiana.

El intercambio con Calle Álvarez y Maquengal reafirmó que la política ambiental no se define solo en marcos normativos, sino en decisiones locales que afectan directamente la dignidad, la seguridad y las oportunidades de las comunidades.

Salir del aula permitió comprender que allí donde una calle se inunda o un río se erosiona, también se disputa el sentido del desarrollo. Y que sin participación comunitaria efectiva y sin límites claros a las lógicas extractivas, las desigualdades socioambientales tienden a profundizarse.

La experiencia en Guatuso dejó una enseñanza central: la formación política requiere escuchar, problematizar y construir conocimiento junto a quienes viven cotidianamente las consecuencias —y las resistencias— de las decisiones públicas.

La gira como experiencia formativa y compromiso ético

La gira educativa a Guatuso no solo permitió analizar conflictos socioambientales concretos; constituyó una experiencia formativa integral para las personas estudiantes. Escuchar directamente a las comunidades de Calle Álvarez y Maquengal implicó salir del marco exclusivamente teórico y confrontar las categorías aprendidas en clase con situaciones reales, complejas y atravesadas por relaciones de poder.

En este proceso, la formación académica se enriqueció al incorporar la dimensión humana y territorial de la política ambiental. Conceptos como gestión del riesgo, extractivismo, planificación territorial o participación ciudadana dejaron de ser nociones abstractas para convertirse en herramientas de interpretación crítica ancladas en experiencias concretas. El aprendizaje no se produjo únicamente por observación, sino a través del diálogo respetuoso con quienes viven cotidianamente estas problemáticas.

Además, el intercambio generó un aporte recíproco. Las comunidades compartieron su conocimiento situado, su memoria del territorio y sus estrategias organizativas; el estudiantado aportó preguntas, marcos analíticos y una lectura política que puede fortalecer la visibilización de estos casos. Este encuentro entre saberes académicos y saberes comunitarios amplía la comprensión de los conflictos y abre posibilidades de colaboración futura.

La gira reafirmó que la formación en Ciencias Políticas no puede desvincularse de la realidad territorial. Comprender la política ambiental exige escuchar a las personas, reconocer desigualdades estructurales y asumir que las decisiones públicas tienen efectos concretos sobre la vida cotidiana. En ese sentido, experiencias como esta fortalecen no solo el conocimiento técnico, sino también la sensibilidad ética y el compromiso con la justicia socioambiental.

Finalmente, el recorrido por Guatuso dejó una convicción clara: aprender en el territorio transforma la mirada. Permite entender que la política no es una abstracción distante, sino una práctica que se juega en cada calle que se inunda, en cada río que se erosiona y en cada comunidad que decide organizarse para defender sus bienes comunes.

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Cuando el territorio enseña: agricultura regenerativa, comunidad y participación en la Finca EcoFuturo

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Este 3 de febrero, estudiantes de la Universidad de Costa Rica de la carrera de Ciencias Políticas y quienes están cursando Política Ambiental en Costa Rica y Centroamérica visitaron la Finca EcoFuturo, una experiencia de agricultura regenerativa que articula producción, educación y vida comunitaria. El recorrido permitió conocer las prácticas necesarias para sostener una finca regenerativa y reflexionar sobre su potencia como espacio pedagógico vivo, donde el aprendizaje se construye desde la experiencia directa con el territorio. La finca se afirma así como un aula abierta para personas estudiantes, vecinas y colectivos que buscan alternativas de relación con la naturaleza y formas de vida más sostenibles.

Iniciativas como la huerta comunitaria evidencian que cultivar va mucho más allá de plantas medicinales y aromáticas. Se trata también de cultivar vínculos, memorias y saberes, fortaleciendo el tejido social y el sentido de pertenencia. Estos espacios habilitan el encuentro, el intercambio intergeneracional y el disfrute compartido mediante talleres, picnics y actividades familiares, convirtiendo la finca en un punto de articulación comunitaria muy cercano a la ciudad.

La agricultura regenerativa, en este marco, se presentó como una apuesta por la vida: busca restaurar la salud de los suelos, fortalecer la biodiversidad y mejorar los ciclos del agua, al tiempo que produce alimentos. A diferencia de enfoques extractivos, promueve la diversificación de cultivos, el cuidado del suelo y la integración con los ecosistemas locales, generando resiliencia ecológica y social. Experiencias como EcoFuturo muestran que es posible reconectar producción, comunidad y territorio, ofreciendo alternativas concretas frente a los desafíos ambientales y urbanos actuales.

Durante la visita, las y los estudiantes pudieron además comparar distintos paisajes agroproductivos del entorno, valorando de forma directa cómo las prácticas de agricultura regenerativa generan paisajes más diversos, complejos y vivos en contraste con la agricultura convencional. Las diferencias en cobertura vegetal, diversidad de especies, presencia de suelos vivos y mayor integración entre áreas productivas y espacios naturales hicieron visible que la agricultura no solo produce alimentos, sino que modela paisajes, relaciones ecológicas y formas de habitar el territorio.

La experiencia incorporó también momentos lúdicos y de disfrute, que permitieron repensar el territorio no solo como espacio de producción y análisis, sino como lugar de encuentro, afecto y circulación de emociones. Estas vivencias fortalecieron una pedagogía que integra razón y sensibilidad, ampliando la comprensión del aprendizaje ambiental desde el cuidado mutuo, el sentido de pertenencia y la conexión afectiva con la naturaleza y con quienes la habitan.

Discusión sobre el Plan Regulador en Escazú: participación y territorio

El encuentro fue también un espacio para dialogar sobre la situación del Plan Regulador en Escazú, particularmente el proceso de conformación de la comisión del Plan Regulador en 2025, marcado por una significativa movilización comunitaria para asegurar participación y representación. En un contexto de creciente presión inmobiliaria, se destacó la urgencia de repensar el ordenamiento territorial desde el bien común y no únicamente desde la lógica del mercado.

Se subrayó la necesidad de incorporar de forma efectiva criterios ambientales como la protección de los Cerros de Escazú, el reconocimiento de la zona de amortiguamiento, la identificación y resguardo de zonas de recarga acuífera, corredores biológicos y áreas de riesgo. La participación ambiental en espacios de decisión como la comisión del Plan Regulador resulta fundamental para que los criterios técnicos y económicos dialoguen con los trayectos comunitarios, las memorias territoriales y los saberes locales, claves para sostener una zona altamente biodiversa y los entramados de vida —humanos y no humanos— que dependen de ella.

En este marco, también se conversó sobre el papel de organizaciones como CODECE, entendidas como espacios de diálogo, encuentro y articulación comunitaria. Estas organizaciones cumplen un rol central en la organización social, la formación ciudadana y la incidencia política, facilitando la participación informada en procesos como el Plan Regulador y fortaleciendo la capacidad colectiva para defender el territorio y los bienes comunes.

La gira educativa como experiencia formativa integral

La Finca EcoFuturo se proyecta así como mucho más que un espacio productivo: es una propuesta ecopedagógica que enlaza práctica regenerativa, diálogo comunitario y reflexión política. Al hacerlo, contribuye a formar personas y colectivos con mayor capacidad de incidir en los espacios de decisión pública, mostrando que la defensa del territorio se construye tanto desde la normativa como desde prácticas cotidianas que regeneran la tierra, los vínculos sociales y las posibilidades de imaginar futuros más justos y sostenibles.

En este sentido, la gira educativa se consolidó como un momento pedagógico vivencial clave en la formación del estudiantado de Ciencias Políticas. Al situar los contenidos del curso en un territorio concreto, permitió articular teoría y práctica, comprender la complejidad de los conflictos socioambientales y reconocer el valor de las experiencias comunitarias en la construcción de políticas y procesos de gobernanza ambiental más democráticos, críticos y comprometidos con la vida.

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Entre parches de bosque y vida silvestre: lo que revela el conteo de primates en Grecia

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El pasado 24 de enero, el Observatorio de Bienes Comunes participó junto a la Sede de Occidente, Recinto de Grecia, Primates de Grecia, Gestión Integral del Recurso Hídrico, Corredor Biológico Interurbano Achiote, Proyecto EC-639 Cuidar territorios: registro participativo de saberes y biodiversidad Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote y Fundema-PP en el sexto Conteo Anual de Primates realizado en Tacares de Grecia, una experiencia de monitoreo participativo que combina observación de la vida silvestre, educación ambiental y reflexión territorial. Esta actividad se desarrolla en un contexto marcado por la acelerada transformación del uso del suelo en el cantón de Grecia, donde parches de bosque, ríos y corredores biológicos —como el Corredor Biológico El Achiote— se ven cada vez más presionados por proyectos inmobiliarios, urbanización dispersa y desarrollos productivos de alto impacto. Si bien los procesos de reforestación han permitido observar un aumento en la presencia de algunas especies, estos avistamientos también revelan una realidad preocupante: la pérdida y fragmentación del hábitat obliga a la fauna a refugiarse en espacios cada vez más pequeños y vulnerables.

El conteo de primates se enmarca en la lógica de la ciencia ciudadana, una forma de producción de conocimiento que reconoce el valor de la participación activa de las comunidades en la observación, registro y cuidado de su entorno. Este tipo de prácticas democratiza el conocimiento científico, fortalece la apropiación territorial y genera información clave para la toma de decisiones en materia de conservación y planificación. Contar no es solo acumular datos: es aprender a mirar el territorio, identificar amenazas, anticipar riesgos y comprender las relaciones profundas entre los ecosistemas y la vida cotidiana de las personas.

Además, estas actividades tienen una dimensión pedagógica y ética fundamental. Observar primates —y también aves y otras especies— se convierte en una oportunidad para cuestionar la idea de que los seres humanos estamos separados de la naturaleza. Reconocernos como parte del mismo entramado de vida permite comprender que el deterioro ambiental no solo afecta a la fauna silvestre, sino también a los espacios de recreación, bienestar, tranquilidad y sentido de pertenencia de las comunidades humanas. En este sentido, el desarrollo irresponsable no implica únicamente pérdida de biodiversidad, sino también empobrecimiento de la vida social y territorial.

La relevancia de este tipo de acciones radica, finalmente, en su capacidad de articular conocimiento, sensibilidad y acción colectiva desde lo local. La ciencia ciudadana fortalece vínculos comunitarios, promueve una ciudadanía ambiental activa y contribuye a construir una visión de territorio donde la defensa de los bienes comunes y la vida —humana y no humana— se convierten en una responsabilidad compartida.

El conteo de primates demuestra que el monitoreo comunitario no es solo una herramienta técnica, sino una práctica política y pedagógica que fortalece la participación ciudadana y el cuidado del territorio. Estos espacios permiten que las personas se reconozcan como parte activa de los ecosistemas que habitan, transformando la observación en conciencia y la conciencia en responsabilidad colectiva. Frente a la fragmentación del territorio y al avance de modelos de desarrollo que invisibilizan la vida, la ciencia ciudadana abre posibilidades para construir conocimiento desde lo local, defender los bienes comunes y sostener, en comunidad, las condiciones que hacen posible una vida digna para todas las formas de existencia.

Alertas silenciosas del paisaje: tendencias que invitan a la reflexión

La fragmentación del territorio: por qué es urgente ponerle atención

La fragmentación del territorio ocurre cuando ecosistemas antes continuos —bosques, ríos, quebradas y corredores biológicos— son divididos en parches aislados por carreteras, urbanizaciones, desarrollos inmobiliarios y cambios acelerados en el uso del suelo. En cantones como Grecia, este proceso reduce de forma significativa la capacidad de los ecosistemas para sostener la vida, limita el desplazamiento de especies como los primates y aumenta la exposición a riesgos como atropellos, electrocuciones y conflictos con actividades humanas. Aunque los pequeños parches de bosque siguen siendo valiosos, por sí solos no logran cumplir todas las funciones ecológicas necesarias para que muchas especies puedan alimentarse, reproducirse y mantener poblaciones sanas.

Este escenario exige atención porque la fragmentación no impacta únicamente a la vida silvestre, sino también a las comunidades humanas. La pérdida de conectividad ecológica afecta la disponibilidad y calidad del agua, la regulación del clima local, la fertilidad de los suelos y los espacios de recreación y bienestar. Cuando el territorio se planifica sin una visión de conjunto, los bienes comunes se debilitan y se consolida una lógica de desarrollo que prioriza intereses de corto plazo sobre la sostenibilidad de la vida. Visibilizar estos procesos mediante la ciencia ciudadana y el monitoreo participativo permite comprender el territorio como un sistema vivo e interdependiente, y abre la posibilidad de impulsar decisiones colectivas más responsables.

Cuando la vida queda encerrada: la ruptura de los corredores biológicos

La fragmentación se vuelve especialmente crítica cuando las especies quedan confinadas a parches aislados y pierden los corredores biológicos que les permiten desplazarse. En estas condiciones, el territorio deja de funcionar como una red conectada y se convierte en un conjunto de espacios fragmentados. Para animales como los primates, esta situación restringe el acceso a alimento, refugio y áreas de reproducción, incrementa el estrés y la competencia, y reduce su capacidad de adaptación frente a cambios ambientales. Los corredores biológicos no son simples “pasos verdes”: son las rutas que sostienen los ciclos de la vida y garantizan el intercambio genético entre poblaciones.

La pérdida de conectividad también intensifica los conflictos con las actividades humanas. Al verse obligada a desplazarse por cables eléctricos, carreteras o zonas urbanizadas, la fauna enfrenta mayores probabilidades de electrocución, atropellos y persecución. Con el tiempo, estos parches aislados pueden convertirse en trampas ecológicas que aparentan ofrecer refugio, pero que en realidad comprometen la viabilidad de las poblaciones. Atender esta problemática implica reconocer que conservar no es solo proteger fragmentos de bosque, sino cuidar las relaciones entre ellos, planificar el territorio con una visión integral y asumir que la defensa de los corredores biológicos es una condición básica para la continuidad de la vida —humana y no humana— en nuestros territorios.

Saberes locales y memoria viva del territorio

Durante el recorrido del conteo, el encuentro con Francisco Avendoño Avendaño, persona trabajadora y residente de la comunidad, con quién se abrió un espacio valioso de diálogo entre el monitoreo ambiental y la memoria local. Sus relatos, construidos a lo largo de décadas de convivencia con el territorio, aportaron información sobre avistamientos históricos de fauna, cambios en el paisaje y dinámicas ecológicas que no siempre quedan registradas en los datos formales. A estos conocimientos se sumaron historias locales y leyendas transmitidas de generación en generación, que forman parte del modo en que la comunidad ha interpretado, cuidado y significado su entorno natural.

Prestar atención a estos saberes es fundamental porque enriquecen la historia natural del lugar con dimensiones culturales, simbólicas y afectivas. Las narraciones locales expresan formas de relación con los bosques, los ríos y la vida silvestre que revelan diálogos profundos entre bienes comunes naturales y culturales. Integrar estas voces en procesos de ciencia ciudadana y monitoreo comunitario no solo amplía la comprensión del territorio, sino que también fortalece el sentido de pertenencia, la transmisión intergeneracional de conocimientos y la defensa colectiva de un territorio entendido como memoria viva, y no únicamente como espacio a ser explotado.

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“¿Cómo es posible?”: la pregunta que revela la inconsistencia institucional en Calle Álvarez

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La pasada visita del Observatorio de Bienes Comunes a la comunidad de Calle Álvarez, en Guatuso, sigue generando hallazgos que confirman la dimensión estructural del abandono institucional. Tras la publicación del caso —donde se evidenció la falta de inversión pública, la contradicción en la planificación territorial y la persistente extracción de materiales del Río Frío— nuevos testimonios refuerzan la pregunta central: ¿cómo es posible que una comunidad ubicada a menos de 500 metros del centro del cantón reciba respuestas que parecen más excusas que criterios técnicos?

Una lógica que no cierra

Durante una conversación reciente, un vecino de Calle Álvarez expresó con claridad la contradicción que vive la comunidad:

“Aquí lo que se escucha es que las instituciones no pueden hacer nada por nosotros, porque lo que hagan aquí —si rellenan o arreglan— afecta al centro. Pero uno se queda asustado… ¿Cómo es posible? Si somos parte del centro. ¿Cómo han rellenado y pavimentado San Rafael de Guatuso y nunca han tomado en cuenta que nosotros somos afectados?”

Este testimonio expone una situación que trasciende el deterioro físico de la calle. Se trata de una decisión institucional basada en criterios poco consistentes, donde las razones técnicas se invocan de manera selectiva: sirven para bloquear intervenciones en unos sectores, pero desaparecen cuando se avalan obras en otros.

El barrio más antiguo… y el menos atendido

La comunidad recuerda que Calle Álvarez es el barrio más antiguo de San Rafael de Guatuso. Sin embargo, cuando solicitan soluciones para el aislamiento que enfrentan en cada inundación, la respuesta es un “no se puede” constante.

Paradójicamente, mientras se niegan intervenciones en esta zona argumentando posibles afectaciones aguas abajo, otros barrios sí han recibido rellenos, pavimentación e intervenciones completas, sin que las instituciones planteen los mismos reparos hidráulicos.

La pregunta del vecino resume el sentimiento colectivo:
¿Cómo es posible que se use el argumento del riesgo solo cuando conviene, pero no para garantizar condiciones básicas de seguridad y movilidad?

¿Dónde están los estudios técnicos?

La comunidad también señala la ausencia de información clara:

“¿Dónde están los ingenieros hidráulicos de la Comisión de Emergencias? ¿Dónde están los estudios reales que digan qué se puede hacer para minimizar inundaciones y permitir que quienes quedamos incomunicados podamos salir en una emergencia?”

Esta ausencia de criterios actualizados y transparentes refuerza la percepción de improvisación y desigualdad institucional. Sin estudios sólidos, las restricciones parecen más una barrera política que una consideración técnica.

Aislamiento no es destino: es decisión

Lo que vive Calle Álvarez no es un hecho “natural” ni un problema inevitable. Es el resultado de una cadena de decisiones públicas que ha permitido:

  • -La extracción de materiales del río sin considerar los impactos acumulados.
  • -La autorización de proyectos en zonas vulnerables.
  • -La falta de inversión en infraestructura mínima para garantizar acceso.
  • -La ausencia de criterios uniformes y coherentes para planificar el territorio.

La vulnerabilidad, en este caso, no es una condición del territorio, sino una condición producida.

Seguimiento y llamado a la responsabilidad pública

Desde el Observatorio de Bienes Comunes continuaremos documentando y acompañando este caso. El testimonio del vecino no es una anécdota: es una evidencia clara de las contradicciones institucionales que profundizan las desigualdades territoriales.

Calle Álvarez exige —y merece— respuestas técnicas reales, decisiones transparentes y, sobre todo, la garantía de que ninguna comunidad quede aislada en emergencias por falta de voluntad política.

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Tras el rechazo a la reforma, Escazú enfrenta el reto de una participación ciudadana viva en el Plan Regulador

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En Escazú, la discusión sobre el Plan Regulador ha puesto en evidencia una tensión central de la democracia local: cómo garantizar una participación ciudadana real sin que se convierta en un trámite controlado.
Tras meses de debate, el Concejo Municipal rechazó la propuesta de reforma al reglamento de la Comisión del Plan Regulador, presentada por la administración local, y acordó mantener vigente el reglamento anterior.

Con cinco votos contra dos, la decisión fue interpretada como una victoria para las comunidades organizadas, que desde agosto han defendido su derecho a incidir en la planificación del territorio. Sin embargo, más allá de la resolución formal, el proceso deja abiertos múltiples desafíos sobre cómo se construye —y se sostiene— una participación ciudadana efectiva.

Un proceso marcado por tensiones y aprendizajes

La sesión del Concejo Municipal se desarrolló en un ambiente expectante, con posiciones claramente diferenciadas.

Un sector de regidores respaldó la reforma por considerarla necesaria para ordenar los procedimientos de elección y rendición de cuentas. Otro sector, junto con el movimiento ciudadano, advirtió que los cambios propuestos podían restringir la participación al introducir requisitos y plazos excesivos, transfiriendo el control del proceso desde la comunidad hacia la institucionalidad.

Durante el espacio de participación del público, se resaltó la trayectoria de la Comisión del Plan Regulador como un espacio de encuentro entre el conocimiento técnico y el saber ciudadano, especialmente en la incorporación de variables ambientales y de riesgo en el desarrollo urbano.

Diversas intervenciones subrayaron que excluir la voz de las comunidades sería perder la capacidad de alerta y prevención que históricamente ha aportado la participación vecinal.

La votación fue clara: la mayoría del Concejo optó por mantener el reglamento vigente, permitiendo que el proceso avance bajo las normas originales.

Se presentó además una moción para realizar las asambleas distritales ampliadas —encargadas de elegir a las personas representantes ante la Comisión— en un plazo aproximado de un mes y medio. Algunos sectores pidieron que el calendario se adelante, recordando que diciembre es un periodo poco propicio para convocatorias comunitarias.

Una victoria parcial, pero significativa

Este ha sido producto de un proceso de organización y vigilancia constante por parte de la ciudadanía organizada,  un resultado que es visto como un paso positivo.

El rechazo de la reforma confirma que la participación ciudadana sigue siendo un valor defendido por la mayoría del Concejo y por amplios sectores del cantón, y refuerza el principio de que los procesos de planificación deben desarrollarse de manera abierta, transparente y con control social.

No obstante, el movimiento comunal reconoce que el reto no está superado.

Aún falta garantizar que las asambleas distritales sean realmente inclusivas, que la Comisión se conforme sin nuevos retrasos y que el diálogo entre institucionalidad y ciudadanía se mantenga en un clima de respeto y confianza.

Desafíos para la puesta en marcha del proceso del Plan Regulador

La resolución del Concejo marca el cierre de una etapa de conflicto, pero abre otra más compleja: la de implementar el proceso con legitimidad y participación real.
 Para comprender la magnitud de este desafío, es necesario recordar qué significa y qué implica un Plan Regulador.

Tensión estructural: democratizar la planificación

El caso de Escazú refleja un dilema que atraviesa a muchos municipios del país: cómo democratizar la planificación territorial sin que la técnica sustituya al debate ciudadano.

Las municipalidades suelen enfrentar limitaciones de personal, presiones urbanísticas y un exceso de normativas que tienden a centralizar las decisiones.

En ese contexto, el riesgo es que la planificación se vuelva un ejercicio administrativo distante de las realidades locales.

Democratizar la planificación implica reconocer que el conocimiento técnico es necesario, pero insuficiente.

El territorio también se comprende desde la memoria, la experiencia y la vida cotidiana de quienes lo habitan.

El verdadero desafío es articular técnica y comunidad, institucionalidad y autogestión, para construir una gobernanza territorial justa y sostenible.

Desafíos inmediatos del proceso en Escazú

A partir de la resolución del Concejo, los principales retos que enfrenta el proceso del Plan Regulador son:

– Reconstruir la confianza entre ciudadanía e institucionalidad.

-Restablecer canales de diálogo, comunicación y transparencia después de meses de conflicto político.

-Convocar asambleas accesibles, representativas y oportunas.

-Asegurar la inclusión de diversos sectores sociales y evitar que los plazos afecten la participación efectiva.

-Integrar conocimientos técnicos y comunitarios.

-Garantizar que la planificación refleje tanto criterios científicos como saberes locales.

-Establecer mecanismos permanentes de seguimiento ciudadano.

-Asegurar que la participación no termine con la elección de representantes, sino que continúe a lo largo de todo el proceso.

-Sostener la participación en el tiempo.

-Evitar el desgaste ciudadano mediante formación, acompañamiento y articulación con organizaciones locales y universidades.

-Democratizar la planificación como desafío estructural.

Escazú comparte con otros municipios la tarea de construir una gestión del territorio donde la ciudadanía no solo sea consultada, sino copartícipe activa de las decisiones.

Hacia una planificación con sentido democrático

El Plan Regulador de Escazú puede convertirse en un laboratorio de democracia local, si logra consolidar una relación de cooperación y corresponsabilidad entre la comunidad y la institucionalidad.
 Más allá de la reglamentación, lo que está en juego es la posibilidad de redefinir la relación entre Estado, ciudadanía y territorio, colocando la participación como eje del desarrollo local.

Porque, en última instancia, planificar no es solo trazar mapas o redactar normas: es decidir colectivamente cómo queremos habitar, cuidar y construir el futuro común.

¿Qué es el Plan Regulador y por qué importa?

El Plan Regulador Cantonal es el instrumento que orienta el uso del suelo y las políticas de desarrollo urbano y ambiental de un municipio.

Define dónde se puede construir, qué áreas deben protegerse, cómo se organiza el crecimiento urbano y de qué manera se equilibran los intereses públicos y privados.

Es, por tanto, la base de la gestión municipal del territorio y la herramienta que da sentido a toda participación ciudadana en temas de planificación.

El proceso de elaboración de un Plan Regulador suele incluir las siguientes etapas:

1.Diagnóstico territorial: Recoge información sobre aspectos físicos, ambientales, sociales, económicos y culturales del cantón.

2.La ciudadanía aporta conocimientos locales y experiencias sobre el uso del suelo, los riesgos y las aspiraciones comunitarias.

3.Propuesta de ordenamiento: Define las zonificaciones y normas de uso del suelo, integrando criterios técnicos y sociales.

4.Consulta y validación ciudadana: Realiza audiencias y asambleas para revisar colectivamente las propuestas y garantizar su pertinencia.

5.Aprobación institucional: El plan es evaluado por la Municipalidad, el INVU y otras entidades nacionales para asegurar su validez jurídica.

6.Implementación y seguimiento: Una vez aprobado, guía las decisiones urbanas y ambientales del municipio, bajo vigilancia y control ciudadano.

Por eso, un Plan Regulador no es solo un documento técnico, sino un proceso político, social y pedagógico.

Su legitimidad depende directamente de cómo se organiza la participación y de la capacidad de las comunidades para incidir desde el inicio hasta la ejecución.

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La memoria viva de La Guaria: 60 años de educación y comunidad en el Valle la Estrella

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En el Valle la Estrella, Limón, la historia de la Escuela La Guaria es también la historia de una comunidad que ha sabido cuidar uno de sus bienes comunes más valiosos: la educación.
El texto “Escuela La Guaria: 60 aniversario (1965–2025)”, escrito por Luis Alberto Soto Ramírez, trabajador social del MEP, recupera con sensibilidad y rigor la memoria de esta institución educativa que nació del esfuerzo solidario de familias campesinas, lideradas por figuras como Santos Zeledón.

Más que una conmemoración, el documento es una invitación a pensar el presente desde las huellas del pasado: a reconocer que la escuela no solo enseña, sino que teje comunidad, identidad y esperanza colectiva.
Soto plantea un desafío profundo: actualizar la misión educativa en un contexto marcado por la desigualdad y la exclusión, y reactivar la participación comunal como eje del bienestar educativo.

A través de testimonios, relatos inéditos y reflexiones sobre la educación pública, este texto nos recuerda que la memoria no es nostalgia: es una forma de resistencia y de construcción de futuro. En un país donde los bienes comunes sociales —como la escuela, el agua o la salud— enfrentan riesgos crecientes, recuperar la historia de La Guaria es reafirmar que el derecho a aprender y a convivir dignamente sigue siendo una tarea colectiva.

Desafíos para el futuro: una escuela que piense su comunidad

En su texto, Luis Alberto Soto no se limita a conmemorar; propone una agenda de transformación. Señala que, tras seis décadas de historia, la Escuela La Guaria enfrenta retos que van más allá de la infraestructura o los recursos materiales. El desafío principal consiste en reconstruir la comunidad educativa como sujeto colectivo, capaz de imaginar y construir la educación que necesita el Valle la Estrella en las próximas décadas.

Entre los puntos que destaca el autor están:

  • Modernizar la oferta educativa con un enfoque integral, que incluya arte, deporte y pedagogías lúdicas que fortalezcan el aprendizaje significativo.

  • Combatir la exclusión y la marginación social, especialmente en contextos rurales y costeros que han sido históricamente relegados.

  • Reactivar el protagonismo comunal, recuperando experiencias organizativas que ya han contribuido al bienestar, como la lucha por el agua potable.

  • Promover el bienestar integral —físico, mental, social y económico— como condición indispensable para el éxito educativo.

Estos desafíos, más que un diagnóstico, son un llamado a la acción: a recuperar la memoria como herramienta para repensar el presente y fortalecer la educación pública como bien común, enraizada en la vida, la dignidad y el desarrollo de las comunidades.

Puede descargar el documento aquí : Escuela La Guaria: 60 aniversario (1965–2025)

Autor: Luis Alberto Soto Ramírez

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CODECE: 40 años de memoria, comunidad y defensa de los Cerros de Escazú

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El taller “La historia de CODECE y sus perspectivas futuras” reafirmó el papel de la organización como defensora de la memoria, la cultura y la naturaleza escazuceña.

El pasado 2 de octubre, en San Antonio de Escazú, se realizó un emotivo encuentro convocado por la Asociación para la Conservación y Defensa de los Cerros de Escazú (CODECE), con el acompañamiento del Observatorio de Bienes Comunes de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Bajo el título “La historia de CODECE y sus perspectivas futuras”, el taller reunió a vecinas, vecinos y personas vinculadas a la organización para revisar su trayectoria, recuperar la memoria histórica de la comunidad y reflexionar sobre los desafíos actuales en la defensa del territorio.

Memoria viva y raíces culturales

El historiador Jorge Montoya abrió la jornada con una exposición sobre la historia campesina y cultural de San Antonio, invitando a mirar a Escazú no como un “lugar de descanso”, sino como un espacio de trabajo, intercambio y vida comunal. Recordó la importancia de los cerros Estucurru —hoy Cerro de la Cruz y Piedra Blanca— como corazón geográfico y espiritual del territorio, y resaltó el papel de figuras como Pedro Arias y Héctor Fuentes, guardianes de la creatividad popular a través de la música, la alfarería y las mascaradas.
Montoya subrayó que preservar la cultura es mantener viva la memoria del pueblo, y que esa identidad debe vincularse con la defensa ambiental actual.

CODECE: cuatro décadas de organización y resistencia

El presidente de CODECE, Javier Sánchez, presentó una sistematización de los 40 años de historia de la organización, marcada por la defensa del agua, la tierra y la identidad escazuceña.

Desde su surgimiento en 1985, tras la movilización que impidió la construcción de infraestructura en el cerro San Miguel, CODECE ha atravesado distintas etapas: desde la organización comunal y la creación de la primera Oficina Legal Ambiental del país, hasta el impulso de iniciativas de autofinanciamiento como El Encanto de la Piedra Blanca.

Hoy, la organización enfrenta nuevos retos frente a la presión inmobiliaria, la expansión urbana y la visitación masiva a los cerros. Aun así, continúa articulando comunidad, cultura y naturaleza.

Desafíos y compromisos renovados

El espacio de diálogo permitió identificar tres líneas de trabajo para fortalecer el futuro de CODECE:

  • Ampliar la participación comunitaria, integrando nuevas generaciones y sectores.

  • Proteger los Cerros de Escazú frente a amenazas ambientales y regular la visitación turística.

  • Reforzar el vínculo entre memoria, cultura y ambiente, mediante actividades culturales, productos audiovisuales y campañas de sensibilización.

El taller concluyó recordando que defender los Cerros de Escazú es también defender la memoria y la identidad escazuceña. CODECE reafirma su papel como espacio de memoria viva y acción colectiva, comprometido con el cuidado del territorio y la construcción de comunidad.

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“CODECE y la defensa de los Cerros de Escazú: memoria, historia y desafíos actuales”
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