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Festival de Felinos: una celebración comunitaria por la vida silvestre y la convivencia

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El pasado domingo 6 de julio, la comunidad de Piedades Sur de San Ramón celebró con entusiasmo el primer Festival de Felinos, una iniciativa organizada por el colectivo Felinos en Libertad, con el apoyo de la Municipalidad, Universidad de Costa Rica y diversos emprendimientos locales. La jornada reunió a personas de todas las edades en un ambiente festivo y reflexivo, con el propósito de reconocer y valorar la vida que habita el territorio.

Durante el festival se realizaron actividades variadas, como talleres sobre reciclaje, un recorrido guiado por la reserva natural del Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur, presentaciones de bailes típicos y el dinámico Rally Desafíos y Aventura organizado por los Scouts. Estas propuestas no solo ofrecieron entretenimiento, sino también espacios de encuentro comunitario, aprendizaje y diálogo sobre el entorno natural.

Uno de los ejes centrales del evento fue el conocimiento y la reflexión sobre los felinos silvestres que habitan la zona. Se compartió información sobre su importancia ecológica y los retos que enfrentan para sobrevivir en un territorio cada vez más intervenido. A partir de esta conversación, se enfatizó la urgencia de promover formas de convivencia que respeten sus ciclos de vida, y que garanticen condiciones adecuadas para su permanencia en los ecosistemas locales.

Este tipo de actividades son fundamentales para fortalecer los procesos de educación socioambiental, sensibilizar sobre la biodiversidad y fomentar el compromiso ciudadano en la defensa y cuidado del entorno. A la vez, representan una oportunidad para redescubrir el placer de convivir con la naturaleza, reconociendo que protegerla también implica disfrutarla y vivirla desde el vínculo comunitario.

Felinos en Libertad es una iniciativa comunitaria nacida en Piedades Sur de San Ramón, dedicada a la conservación de los felinos silvestres y la fauna local. Su labor se enfoca en promover la coexistencia entre biodiversidad y comunidades humanas, a través de acciones concretas como el monitoreo de especies, la educación ambiental y el fortalecimiento de emprendimientos locales comprometidos con la conservación. Desde una visión que une ciencia, territorio y participación, este colectivo demuestra que es posible cuidar la vida silvestre desde lo local, con conocimiento, vínculo y compromiso.

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Educación socioambiental desde la fiesta, el vínculo y la alegría

Más allá de la formación tradicional, el Festival de Felinos muestra que la educación socioambiental también puede y debe vivirse desde la festividad, el compartir y la alegría colectiva. No se trata solo de transmitir información o capacitar en habilidades técnicas, sino de cultivar una relación afectiva con el territorio, de crear memorias compartidas que fortalezcan el sentido de pertenencia y el compromiso con la vida que nos rodea.

Cuando una comunidad se reúne para celebrar su biodiversidad, no solo aprende: se reencuentra, se reconoce y se organiza. El juego, la danza, el arte y la conversación abierta se convierten en caminos para despertar conciencia, valorar la riqueza natural y entender que proteger los ecosistemas también es una forma de cuidar nuestras relaciones humanas. En este sentido, la educación socioambiental es también una invitación a imaginar y practicar otras formas de habitar el mundo: más sensibles, más justas y profundamente alegres.

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Encuentros que cuidan lo común

Los espacios como el Festival de Felinos son mucho más que celebraciones puntuales: son momentos en que la comunidad se reconoce como protagonista en la defensa de los bienes comunes. Al reunirnos en torno a la biodiversidad, el agua, los bosques o los animales silvestres, afirmamos que esos elementos no son recursos aislados, sino parte esencial de la vida que compartimos.

Estos encuentros permiten articular saberes, fortalecer vínculos y renovar el compromiso colectivo con el cuido del territorio. Nos enseñan que proteger los bienes comunes no es tarea exclusiva de instituciones o especialistas, sino una responsabilidad compartida, que se nutre del diálogo, la alegría y la organización comunitaria. Y al hacerlo desde la cercanía y el disfrute, se siembran las condiciones para una relación más ética, sensible y sostenida con nuestro entorno.

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Una imagen colectiva, un futuro común: territorio, participación y transformación desde las comunidades de Las Nubes, Cascajal Centro y Monserrat de Coronado

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Este proceso socioeducativo surge a partir del interés y compromiso de la Asociación de Desarrollo Integral de la Zona Alta de Coronado, preocupada por los cambios acelerados que vive la zona y por la necesidad de fortalecer los vínculos entre las personas que habitan el territorio. Desde la ADI se impulsó esta iniciativa con el fin de reconstruir el tejido comunitario, visibilizar las riquezas locales y abrir nuevos espacios de encuentro e intercambio, donde la palabra, la escucha y la acción compartida permitan imaginar un futuro común con participación, arraigo y dignidad.

El proceso socioeducativo desarrollado en Las Nubes, Cascajal Centro y Monserrat de Coronado nace de una convicción clara y profundamente política: para transformar un territorio con justicia, sostenibilidad y equidad, no basta con imponer soluciones desde afuera; es indispensable partir de la mirada, los saberes y las aspiraciones de quienes lo habitan cotidianamente. Desde esta premisa, se impulsaron una serie de talleres participativos con vecinos y vecinas de la zona alta del cantón, buscando construir colectivamente una imagen identitaria del territorio que no solo represente su riqueza natural y cultural, sino que también visibilice los desafíos comunes y fortalezca las bases para la acción colectiva.

Esta imagen identitaria no es un simple retrato simbólico, sino una herramienta para soñar y proyectar el futuro desde lo local, con propuestas que integran el impulso del turismo sostenible, la dinamización de la economía comunitaria y el fortalecimiento de los vínculos sociales, muchas veces debilitados por el avance de la urbanización desordenada y la fragmentación del tejido social.

A lo largo de este proceso emergieron hallazgos profundos y conmovedores. Se reveló la existencia de una memoria territorial viva, que reconoce en los ríos, las montañas, las nacientes, los senderos y los sonidos del bosque no solo elementos del paisaje, sino pilares afectivos y culturales de una identidad compartida. Al mismo tiempo, se manifestó una conciencia crítica ante las transformaciones que amenazan esa identidad: la expansión inmobiliaria sin planificación, la contaminación de fuentes de agua, la pérdida de espacios públicos y la percepción de abandono institucional.

Pero, quizás lo más importante, fue la constatación de que, pese a estas tensiones, las comunidades no están paralizadas. Existe una voluntad firme de organizarse, de cuidarse colectivamente, de recuperar espacios abandonados, de sostener prácticas solidarias y de defender lo común. En medio de las dificultades, brotan ideas, memorias y gestos que abren camino a nuevas formas de habitar, imaginar y construir comunidad desde abajo, con dignidad y esperanza.

Desafíos compartidos en el territorio

A lo largo de los talleres realizados en Las Nubes, Cascajal Centro y Monserrat, las comunidades identificaron una serie de desafíos que, aunque con matices propios en cada sector, revelan tensiones estructurales que afectan la vida cotidiana y la posibilidad de habitar el territorio con dignidad. Estos desafíos no son solo problemas puntuales, sino señales de un modelo de desarrollo que avanza sin considerar la voz ni las necesidades de quienes viven el lugar.

Entre los desafíos más reiterados destacan:

  • Urbanización acelerada y pérdida del equilibrio ambiental: La expansión desordenada de construcciones ha generado la pérdida de espacios verdes, fragmentación del paisaje y presión sobre nacientes, ríos y zonas de recarga hídrica. Muchas personas expresaron preocupación por la contaminación de fuentes de agua y la transformación del entorno natural.

  • Abandono y deterioro de infraestructura pública: Escuelas cerradas, centros comunales sin uso y caminos en mal estado reflejan una desatención institucional que limita el acceso a servicios básicos y reduce los espacios de encuentro y organización local.

  • Contaminación y gestión deficiente de residuos: La basura en calles, ríos y espacios públicos fue una denuncia constante, especialmente por el impacto de visitantes externos y la falta de control municipal.

  • Fragmentación del tejido social: La llegada de nuevas personas a las comunidades, sin procesos de integración ni espacios de convivencia, ha generado una sensación de desconocimiento entre vecinos, debilitando la confianza mutua y la participación.

  • Debilidad en la participación ciudadana: A pesar del interés en involucrarse, muchas personas señalaron el bajo nivel de asistencia a audiencias públicas, el desconocimiento de derechos y la escasa respuesta de las instituciones frente a sus demandas.

  • Inseguridad y percepción de vulnerabilidad: Se reportaron asaltos, circulación de drogas, problemas con el alumbrado público y la necesidad de repensar la seguridad desde una lógica de corresponsabilidad, no solo de control policial.

Estos desafíos no se presentan como obstáculos insalvables, sino como puntos de partida para fortalecer el protagonismo comunitario. Reconocerlos colectivamente permite imaginar soluciones desde la raíz, priorizando la escucha, la organización local y la acción territorial sostenida.

Reflexión final: la participación como semilla de transformación

Este proceso confirma que la participación comunitaria no es un lujo, sino una necesidad urgente. Es desde la escucha, el encuentro y la acción colectiva que pueden surgir respuestas reales a los desafíos territoriales. Cuando una comunidad se reconoce, se cuida y se organiza, empieza a transformar no solo su paisaje, sino también sus relaciones, su esperanza y su destino. Porque los barrios no se cambian desde afuera, sino desde adentro, paso a paso, entre todas y todos.

Boletín 1 (Las Nubes):
La comunidad reconoció el valor del entorno natural y cultural, así como la urgencia de actuar ante la pérdida del paisaje, la contaminación y el abandono de espacios públicos. Las experiencias organizativas, como rifas y actividades recreativas, muestran que hay una red viva de cuidado y compromiso.

Pueden descargar el boletín aquí

Boletín 2 (Cascajal Centro):
Se evidenció un fuerte arraigo con el paisaje y prácticas cotidianas como caminar o andar en bicicleta, que conectan con el territorio. Preocupan la contaminación, el mal estado vial y la desconexión entre habitantes antiguos y nuevos. La comunidad expresa el deseo de reorganizarse, mejorar la convivencia y exigir mejor gestión pública.

Pueden descargar el boletín aquí.

Boletín 3 (Monserrat):
A pesar de una participación más limitada, se identificaron recursos clave como la producción agrícola local y lugares con potencial para el encuentro. Se propusieron acciones concretas como mercados de cercanías, huertas comunitarias y directorios de oficios, apostando por una economía solidaria y circular.

Pueden descargar el boletín aquí.

Boletín 4 (Encuentro sobre seguridad):
La seguridad fue abordada desde una perspectiva de derechos. Se planteó la corresponsabilidad comunitaria como eje para prevenir la violencia y recuperar espacios públicos. Frente a propuestas punitivas, se impulsaron talleres por calle para diagnosticar problemas y diseñar soluciones desde la comunidad.

Pueden descargar el boletín aquí.

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Dos décadas de advertencias ignoradas: Humedal Río Carbón sigue en riesgo en Playa Negra

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En la zona costera del Caribe Sur de Costa Rica, entre Playa Negra y el Parque Nacional Cahuita, se encuentra el Humedal Río Carbón, un ecosistema vital para la biodiversidad, la estabilidad climática y la vida de las comunidades locales. A pesar de su importancia ecológica y su protección legal bajo leyes nacionales e internacionales, este humedal enfrenta desde hace más de dos décadas un proceso de degradación sistemática: construcciones ilegales, rellenos, drenajes y tala de vegetación nativa han alterado profundamente su integridad.

Esta nota surge gracias al trabajo sostenido de Marco Levy Virgo, ciudadano limonense comprometido con la defensa ambiental y los derechos colectivos, quien desde 2005 ha documentado y denunciado estas afectaciones. Su labor ha sido fundamental para activar procesos institucionales, exigir responsabilidades y mantener viva la memoria de un conflicto socioambiental que sigue abierto.

El caso del Humedal Río Carbón revela con crudeza las tensiones entre el modelo turístico-inmobiliario que avanza sobre los bienes comunes y la débil acción de las instituciones llamadas a protegerlos. Más allá de un conflicto local, lo que está en juego es el futuro de los ecosistemas costeros, el respeto a la legalidad ambiental y la defensa del patrimonio natural del Estado.

En esta nota informativa te contamos qué está ocurriendo en Playa Negra, quiénes están implicados, cuáles leyes se han violentado y qué medidas urgen para detener la impunidad ecológica que amenaza al humedal Río Carbón.

¿Quién protege el Río Carbón?

A pesar de su importancia ecológica y su inclusión parcial dentro del Parque Nacional Cahuita, el Humedal Río Carbón, ubicado en Playa Negra, enfrenta una grave amenaza por actividades ilegales de drenaje, relleno y construcción dentro de la zona marítimo-terrestre.

Desde al menos el año 2002, distintas organizaciones, profesionales y vecinos han documentado el deterioro progresivo del ecosistema, por parte de personas y sus sociedades anónimas, quienes han desarrollado obras sin permisos legales, alterando de forma irreversible su equilibrio hídrico y biológico.

Las inspecciones realizadas por el Comité Local Forestal de Talamanca, funcionarios del SINAC, MINAE, Ministerio de Salud y Fuerza Pública, han constatado múltiples irregularidades: edificaciones levantadas sobre suelos saturados, apertura de canales de drenaje, tala de vegetación de humedal (como el «yolillo») y bloqueo de caminos públicos. Varias de estas obras se encuentran incluso dentro de los límites del Parque Nacional Cahuita.

¿Por qué es grave?

El Humedal Río Carbón está registrado en el inventario nacional de humedales y su conservación es obligatoria bajo la Convención Ramsar –un tratado internacional que Costa Rica ratificó en 1991. Los humedales como este son fundamentales para:

  • la protección de especies en peligro de extinción como la tortuga carey;

  • el control de inundaciones y calidad del agua;

  • la conectividad ecológica entre ecosistemas marino-costeros y terrestres.

Sin embargo, las autoridades locales, especialmente la Municipalidad de Talamanca, han sido señaladas por su inacción, otorgamiento irregular de permisos y ocultamiento de información pública. A pesar de órdenes explícitas de la Procuraduría General de la República para revocar los permisos y restaurar el humedal, no se ha actuado con firmeza.

Lo que se exige:

  • La paralización inmediata de todas las obras en el humedal.

  • El desalojo de los ocupantes ilegales.

  • La restitución del ecosistema a su estado original.

  • El traslado del caso a la Fiscalía Ambiental, por su complejidad y gravedad.

  • La investigación penal contra funcionarios que hayan incurrido en incumplimiento de deberes, prevaricato o exacción ilegal.

El caso de Playa Negra no es aislado. Representa un patrón de desprotección de los bienes comunes frente a intereses inmobiliarios y turísticos, con la complicidad –por acción u omisión– de instituciones públicas.

Proteger el Humedal Río Carbón es defender la vida, la biodiversidad y el derecho de las comunidades a un ambiente sano.

Laxitud institucional y la defensa comunitaria como última frontera

Lo ocurrido en el Humedal Río Carbón no es un caso aislado ni accidental: es reflejo de un patrón preocupante de laxitud institucional ante la destrucción ambiental en zonas de alta vulnerabilidad ecológica y social. A pesar de contar con múltiples denuncias, informes técnicos, delimitaciones oficiales y dictámenes de la Procuraduría General de la República, las autoridades responsables —incluyendo la Municipalidad de Talamanca, el Ministerio Público y órganos administrativos— han fallado sistemáticamente en aplicar la ley, sancionar a los infractores y detener la degradación de un ecosistema clave para el equilibrio de la costa caribeña.

Esta permisividad, sea por inacción, negligencia o complicidad, abre la puerta a formas de extractivismo inmobiliario y turístico que transforman humedales, bosques y zonas marítimo-terrestres en espacios de especulación, al margen de la normativa ambiental vigente. La lentitud de los procesos judiciales, la fragmentación de competencias y el uso opaco de los permisos municipales agravan aún más la situación, permitiendo que se consoliden ocupaciones ilegales y cambios irreversibles en el uso del suelo.

Frente a esta ausencia de garantías institucionales, ha sido el monitoreo comunitario, ético y persistente, encabezado por personas como Marco Levy, lo que ha permitido sostener la denuncia pública, recolectar evidencia y exigir la defensa del humedal como bien común. Su labor evidencia que, en contextos de vulnerabilidad ambiental y política, la ciudadanía organizada es la última frontera que impide el colapso ecológico.

La situación del Humedal Río Carbón nos recuerda que los bienes comunes naturales no se defienden solos. Requieren de comunidades vigilantes, redes de apoyo y voluntad política para resistir el avance del extractivismo. Sin justicia ambiental, no hay futuro para los territorios del Caribe Sur.

Imágenes de la inspección

Referencias

Barry, M. J. (2003). Evaluación preliminar del brazo este del estero de Hone Creek afuera del Parque Nacional Cahuita (Humedal entre La Barra y el Hotel Perla Negra).

Comité Local Forestal de Talamanca. (2001, 3 de julio). Denuncia por afectación ambiental al humedal Río Carbón, Playa Negra, Puerto Viejo. Consejo Regional Ambiental – Área de Conservación La Amistad Caribe, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

Alvarado Salazar, G. (2005, 8 de noviembre). Informe de inspección técnica en propiedad de Pavel Jaroslav en Playa Negra, Puerto Viejo. Comité Local Forestal de Talamanca, Subregión Cahuita, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

Pablo-Presbere

Presente vivo, memoria que lucha: conmemoramos a Pablo Presbere y Antonio Saldaña

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Esta nota fue elaborada por el Colectivo Antonio Saldaña, como parte de los esfuerzos por mantener viva la memoria, el legado y las luchas de nuestros líderes y lideresas ancestrales.
Porque resistir también es recordar, escribir y compartir desde nuestras voces.

Hoy, 4 de julio, conmemoramos el Día de Pablu Presbere, símbolo de resistencia y dignidad de los pueblos originarios.

“Para el pueblo bribri, no es un aniversario lo que celebramos. Es nuestra forma de vivir. Es memoria en acción, cada día, cada río, cada palabra que guardamos.”

En el corazón del territorio, seguimos caminando con el legado de nuestros grandes líderes: Pablo Presbere y Antonio Saldaña, quienes hasta hoy, siguen retumbando como símbolo de resistencia y compromiso con la vida. No los recordamos sólo por lo que hicieron, sino por lo que somos gracias a ellos.

Para muchos de nosotros, este territorio sigue siendo un paraíso natural. Vivimos dentro de un tesoro que heredamos y cuidamos porque nuestros ancestros lucharon por él. Ese legado no está en los libros, ni en papeles; está en la montaña, en los ríos, en la medicina, en las casas, en la comida, en el idioma… en todo lo que es nuestro y que aún respiramos.

Conmemoramos a Pablo Presbere no como una fecha aislada, sino como un acto continuo de resistencia y amor. Su lucha permitió que las generaciones actuales vivamos con más dignidad, con menos miedo y con más raíz.

No es fácil explicarlo, porque no es una historia que se dice: es un sentimiento que se vive todos los días. Porque para nosotros, no basta con predicar; lo que importa es accionar. Y accionar es cuidar la memoria, guardar la cultura, proteger el idioma, fortalecer los clanes, y mantener viva la esencia bribri.

Por eso existe el Colectivo Antonio Saldaña: como un espacio para seguir tejiendo esa memoria viva. Desde nuestros territorios, acompañamos procesos comunitarios, fortalecemos el conocimiento ancestral y defendemos la dignidad del pueblo bribri frente a las amenazas del olvido, la discriminación y la imposición cultural. Nuestra labor no es académica ni institucional: es espiritual, política y comunitaria. Nos mueve el compromiso con nuestras raíces y con las generaciones que vienen.

A través de encuentros, caminatas, reflexiones colectivas y acciones de defensa territorial, el colectivo busca mantener encendida la llama de lo que somos. Cada actividad es un acto de resistencia. Cada palabra en bribri, cada historia recuperada, cada joven que decide caminar con orgullo su identidad, es parte de esa lucha. No trabajamos solos: caminamos con los mayores, con las mujeres sabias, con los niños y niñas, con quienes sueñan un territorio libre y pleno. Porque la memoria no se hereda por sangre, sino por acción colectiva.

El legado de lucha no se hereda en papeles, sino en actos

El sistema que nos rodea ha tratado de borrar este legado. Nos dicen que el idioma bribri no sirve para encontrar trabajo, que nuestras medicinas no tienen valor, que nuestras formas de vida son atraso. Nos enseñan a olvidar. Pero nosotros sabemos que no es casualidad: es parte de un sistema que busca nuestra desaparición cultural.

Hoy, no hay balas ni cadenas como en el pasado, pero hay una muerte lenta: al idioma, a la identidad, a la medicina, a la educación propia. Lo sentimos cuando a las personas jóvenes les cuesta mantener el idioma. Cuando se nos dice que el buen vivir bribri, ya no sirve. Cuando se nos empuja a abandonar nuestras formas de conocimiento por otras impuestas.

Resistencia cotidiana, memoria para cuatro generaciones

En la tradición bribri, existe una norma profunda: cada generación tiene el deber de guardar, cuidar y conservar para su cuarta generación. Lo que hoy hacemos no es para nosotros, es para quienes vendrán. Nuestros abuelos lo hicieron por nosotros. Hoy, nos toca a nosotros hacerlo también.

Por eso, seguimos luchando. Contra el olvido. Contra las empresas. Contra instituciones públicas que no reconocen nuestra existencia. Seguimos luchando para que nuestras raíces no se corten.

Celebramos porque vivimos

El día de Pablo Presbere no es una efeméride más. Es una reafirmación de vida. Un acto político y espiritual. Es recordar que no somos un pueblo vencido. Que seguimos aquí, sembrando memoria, cuidando el territorio, hablando nuestro idioma, resistiendo con dignidad.

Gracias a quienes acompañan esta lucha. Gracias a quienes nos ayudan a escribir, a quienes escuchan. Este camino no es fácil, pero está lleno de sentido. Y como decimos entre nosotros:

“No tenemos todo escrito, pero sí lo guardamos en la memoria.”

Educación sin memoria propia: ¿cuál historia estamos enseñando?

Hablar del legado de Pablo Presbere y Antonio Saldaña no es sólo recordar el pasado: es exigir que su historia sea contada desde nuestra propia voz, desde la cosmovisión bribri y no como una «versión alternativa» dentro de los márgenes del sistema educativo nacional.

Cuando el Ministerio de Educación Pública (MEP) reduce nuestras memorias a un párrafo en los libros o las convierte en un relato exótico dentro de un temario oficial, lo que está haciendo es reproducir el colonialismo epistemológico. No se trata solo de lo que se dice, sino de quién lo dice y desde dónde se dice.

La historia de Pablo Presbere, por ejemplo, suele contarse desde una visión nacionalista y oficialista, donde se le reconoce como un “líder indígena rebelde”, pero sin profundizar en su rol como defensor del territorio, la espiritualidad bribri y el derecho a la autodeterminación. Es una historia despolitizada, neutralizada, vaciada de su raíz.

Esto fortalece formas sutiles (y no tan sutiles) de racismo y colonialismo, porque le dice a la niñez y juventud indígena que su forma de ver el mundo no tiene lugar en la escuela.

Que su idioma, sus luchas y sus memorias no son ciencia ni historia, sino «cultura», algo menor, anecdótico.

El resultado es una fractura profunda entre el conocimiento escolar y el conocimiento comunitario, entre la historia enseñada y la historia vivida. Esa ruptura alimenta el desarraigo, el olvido y, en última instancia, la desaparición de formas de vida que han sostenido estos territorios por siglos.

Por eso, no basta con nombrar a Pablo Presbere en el currículo escolar. Lo urgente es transformar la educación pública para que reconozca y respete las memorias desde dentro, no como añadidos, sino como parte del corazón mismo de lo que entendemos por conocimiento, historia y dignidad.

La memoria no es un favor. Es un derecho. Y su negación es otra forma de violencia colonial.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Sembrar para cuidar el agua: Reforestación para fortalece conciencia ambiental en Grecia

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El pasado 20 de junio, comunidades organizadas, personas voluntarias e instituciones públicas se dieron cita en Grecia, Alajuela, para llevar a cabo una jornada de reforestación en las inmediaciones del río Agualote y varias nacientes que abastecen el sistema de agua administrado por la ASADA de San Roque de Grecia. Esta actividad buscó proteger las fuentes de agua que sostienen la vida cotidiana de cientos de personas, en un contexto donde la presión sobre los recursos hídricos crece día a día.

La jornada no fue solo una acción ambiental, sino también una experiencia educativa y comunitaria. Participaron personas de diferentes edades, desde estudiantes hasta personas adultas mayores, quienes sembraron árboles nativos en zonas estratégicas para la recuperación del bosque ribereño y la protección del suelo.

¿Qué está pasando?

Los cuerpos de agua en Costa Rica enfrentan una situación crítica. En zonas densamente pobladas como la Gran Área Metropolitana, la mayoría de los ríos —entre ellos el María Aguilar, el Torres y el Virilla— presentan altos niveles de contaminación por aguas residuales, desechos sólidos, agroquímicos y metales pesados. Se estima que más del 70 % de las aguas residuales del país no reciben tratamiento adecuado, lo que contribuye a la degradación acelerada de los ecosistemas acuáticos y pone en riesgo la salud pública y la biodiversidad.

A este escenario se suma una infraestructura sanitaria insuficiente y rezagos históricos en la planificación urbana. Muchas zonas carecen de redes de alcantarillado efectivas, y las plantas de tratamiento existentes no cubren toda la demanda ni operan a plena capacidad. La expansión urbana desordenada, la impermeabilización del suelo y la falta de protección efectiva de las zonas de recarga hídrica agravan la presión sobre los cuerpos de agua, que han sido reducidos, canalizados o convertidos en basureros invisibles.

Sin embargo, también emergen signos de esperanza. Organizaciones comunitarias, colectivos juveniles, instituciones educativas y algunas municipalidades están impulsando iniciativas de recuperación ecológica, educación ambiental y, especialmente, jornadas de reforestación en cuencas urbanas y periurbanas. Estas acciones no solo embellecen los paisajes, sino que cumplen un rol crucial en la protección de nacientes, la mejora de la infiltración del agua y la reducción de la erosión.  Para que estos esfuerzos florezcan y tengan un impacto sostenible, se requiere una acción articulada entre instituciones públicas, sociedad civil y sector privado que reconozca a los ríos y mantos acuíferos no como canales de desecho, sino como parte esencial del tejido ecológico, social y cultural de nuestras comunidades.

Reforestar para garantizar el agua

La reforestación es una de las estrategias más efectivas para la conservación del agua. Los árboles juegan un rol fundamental en la infiltración del agua en el suelo, previenen la erosión, ayudan a mantener la humedad del ecosistema y protegen las nacientes. Además, forman corredores biológicos que favorecen la biodiversidad y fortalecen la resiliencia ante el cambio climático.

En zonas como San Roque de Grecia, donde la gestión del agua recae en organizaciones comunitarias como las ASADAS, cuidar las cuencas hidrográficas es una responsabilidad compartida entre habitantes, instituciones públicas y actores locales. Sin árboles que protejan las nacientes, se pone en riesgo el abastecimiento presente y futuro del recurso más vital: el agua.

Educación ambiental para la acción colectiva

Durante la jornada, se compartieron saberes sobre la importancia ecológica de las zonas de recarga hídrica, los efectos del monocultivo y el uso intensivo de agroquímicos en la calidad del agua, y la necesidad de recuperar paisajes productivos sostenibles. Así, la reforestación fue también un espacio de formación y encuentro intergeneracional.

Actividades como esta permiten sembrar conciencia, no solo árboles. Forman personas más comprometidas con su entorno, capaces de reconocer los vínculos entre la salud de los ecosistemas y la calidad de vida de las comunidades.

Articulación con desafíos

Uno de los aprendizajes de esta jornada es que la protección del agua requiere una articulación más sólida entre actores comunitarios, gobiernos locales, instituciones ambientales y educativas. Aunque existen esfuerzos importantes, aún hay desafíos en la asignación de recursos, la planificación territorial y el acompañamiento técnico.

En un contexto donde el cambio climático y la expansión urbana afectan cada vez más las fuentes de agua, fortalecer las capacidades locales y promover la participación social son pasos indispensables para garantizar el derecho al agua.

Te invitamos a ver este video que resume la jornada, los testimonios de quienes participaron y las reflexiones surgidas sobre el cuidado del agua y del bosque:

El Observatorio de Bienes Comunes participó en esta actividad por invitación del Observatorio Ciudadano del Agua del Río Agualote, en el marco del proceso de reflexión del Diagnóstico Participativo de los Bienes Comunes de Grecia.

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Puerto Viejo + Limpio: una comunidad que no se rinde frente a la basura

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La creciente acumulación de residuos en Puerto Viejo, Caribe Sur de Costa Rica, se ha convertido en un problema urgente de salud pública, deterioro ambiental y amenaza al turismo sostenible. Aunque es reconocido por su biodiversidad y riqueza cultural, el distrito enfrenta serias deficiencias en la gestión de residuos sólidos, especialmente en zonas turísticas, áreas de difícil acceso y espacios públicos sin señalización ni contenedores adecuados. El resultado: un manejo desbordado de la basura.

Restos de construcción abandonados, residuos orgánicos del comercio y el turismo, materiales peligrosos y desechos domésticos forman parte del paisaje cotidiano. Esta situación daña el entorno, pone en riesgo la vida silvestre y compromete la salud de residentes y visitantes. A ello se suma una débil regulación, escasa conciencia ambiental y limitada participación comunitaria en acciones sostenidas.

Puerto Viejo + Limpio: acción local con impacto colectivo

Como respuesta a la crisis de residuos en el Caribe sur, surge Puerto Viejo + Limpio, un proyecto de voluntariado ambiental que promueve la recolección comunitaria de desechos. Cada lunes a las 8 a.m., personas voluntarias recorren unos 3 km recogiendo residuos ordinarios y peligrosos, con materiales facilitados por la organización.

Aunque con recursos limitados —solo dos personas remuneradas y un promedio de cuatro voluntarios por jornada— el proyecto recolecta unas 60 bolsas aproximadamente bolsas de basura por día de actividad. esta constancia ha sido posible gracias al compromiso de ciertas personas de la comunidad y al apoyo económico solidario de actores locales como comercios y algunos particulares.

En mayo pasado, nueve comercios de Puerto Viejo donaron ₡163.000, lo que permitió cubrir una jornada semanal de limpieza de 8 horas, incluyendo remuneración simbólica y alimentación para el personal. Estos establecimientos son: Como en mi casa, Hotel Guaraná, Bufete León, Grow, Cabinas Los Almendros, Gandoca Tours, Hotel Puerto Viejo, Stashu’s y Escape Caribeño. Este gesto muestra que, con voluntad compartida, es posible sostener iniciativas que cuidan el bien común.

Puerto Viejo + Limpio no solo recoge basura: visibiliza y moviliza a otras entidades e insittuciones a involucrarse en la problemática. promueve la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la necesidad urgente de mejorar la señalización en playas, así como de fomentar prácticas responsables tanto en la comunidad como en el sector turístico.

No obstante, el proyecto opera con costos ajustados al mínimo necesario: se requiere cubrir alrededor de ₡50.500 por jornada, incluyendo salarios simbólicos, almuerzos, snacks, bolsas, guantes y herramientas básicas. Además, necesita materiales como rastrillos, carretillos, guantes reutilizables y señalización, junto con apoyo para impresión de materiales educativos y ciertos recursos para visibilizar la acción.

Para sostener esta labor, se abren canales de donación directa en especie o por medios electrónicos, y se invita a los comercios locales a aportar con limpieza frente a sus negocios, ofrecer vales de descuento para el voluntariado, o contribuir con productos y refrigerios. También es clave la colaboración en la difusión del proyecto, fortaleciendo su alcance y sensibilización tanto a visitantes como residentes.

En un contexto donde la desatención institucional y la presión turística ponen en riesgo la belleza y salud ambiental de Puerto Viejo, Puerto Viejo + Limpio demuestra que la organización comunitaria sí hace la diferencia. Esta iniciativa es una semilla de cambio que necesita del compromiso de más manos, más voces y más voluntades. Cuidar el entorno no es solo una tarea de unos pocos: es una responsabilidad compartida para proteger lo que nos sostiene. La basura no se esconde, se enfrenta; y hacerlo juntos es la única forma de transformar el presente y asegurar un futuro digno para este territorio.

Turismo sin gestión: la contradicción del paraíso contaminado

La imagen de playas vírgenes, selva exuberante y cultura afrocaribeña vibrante contrasta con la realidad de residuos esparcidos en caminos, ríos y playas. Puerto Viejo es uno de los destinos más visitados del Caribe costarricense, pero la infraestructura para tratar los desechos es insuficiente, deteriorada o inexistente.

El crecimiento turístico ha traído consigo más residuos, pero no una gestión paralela de servicios públicos ni regulación ambiental eficaz. Así, muchos espacios naturales terminan convertidos en vertederos informales, afectando la biodiversidad y también la experiencia del visitante.

Esta contradicción revela una paradoja estructural: un territorio que genera riqueza gracias a su entorno natural, pero que carece de mecanismos sólidos para protegerlo. Es necesario repensar el modelo de desarrollo turístico en el Caribe sur, desde una visión ecológica, justa y sostenible.

El impacto silencioso: residuos en playas y ecosistemas costeros

Las playas y zonas costeras son más que postales turísticas: son ecosistemas frágiles con funciones vitales para la biodiversidad. En Puerto Viejo, donde la línea entre naturaleza y actividad humana es especialmente estrecha, la acumulación de basura amenaza directamente a especies que habitan manglares, ríos, arrecifes y bosques.

Plásticos, vidrios, metales y escombros causan lesiones, intoxicaciones, atrapamientos y pérdida de hábitat en aves marinas, peces, monos o perezosos. Además del impacto ecológico, los residuos degradan la calidad del agua, generan vectores sanitarios y afectan la imagen del destino.

En un contexto de alta presión turística, la falta de gestión de residuos alimenta un ciclo de deterioro: más visitantes generan más desechos, pero sin cultura ambiental ni infraestructura, los residuos terminan en el mar, las playas y los senderos.

La limpieza costera no es un asunto estético: es una acción urgente para proteger los bienes comunes, la salud pública y el sustento económico de toda una región.

Puerto Viejo + Limpio en cifras: mayo 2025

Dimensiones

Datos

Periodo reportado

mayo de 2025

Total de bolsas recolectadas

254 bolsas

Días de recolección

Lunes por la mañana (8:00 a.m.)

Duración de la jornada

8 horas

Promedio de voluntarios

4 personas por jornada

Personas remuneradas

2 personas (una jornada semanal)

Zonas de recolección

Playa Negra, Playa de Puerto Viejo, Sendero a Cocles, vía urbana

Total de donaciones (mayo)

₡163.000

Comercios donantes (9)

Como en mi casa, Hotel Guaraná, Bufete León, Grow, Cabinas Los Almendros, Gandoca Tours, Hotel Puerto Viejo, Stashu’s, Escape Caribeño

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Comunidad de Salamá logra otro paso para frenar el “basurero”: Concejo Municipal de Osa declara inviable el proyecto privado

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Tras meses de organización, análisis técnico y presión ciudadana, la comunidad de Salamá celebra un triunfo significativo en defensa de su territorio. El Concejo Municipal de Osa declaró como «inconveniente para los intereses del cantón» el proyecto privado de relleno sanitario y planta de generación eléctrica promovido por la empresa Nova Tierra C.R. S.R.L (MOCIÓN-AM-012-2025-2028).

Este resultado no se dio en el vacío. Fue el fruto de un proceso amplio de incidencia política comunitaria, donde vecinas y vecinos, acompañados por organizaciones como el Proyecto Paso de la Danta y diversas instituciones públicas, documentaron y expusieron los vicios legales y riesgos ambientales del proyecto. Entre los hallazgos más relevantes se identificaron nacientes y quebradas no contempladas en los estudios iniciales, lo cual hizo inviable el desarrollo del relleno sanitario en el sitio propuesto.

Es importante recordar como un momento clave en el proceso de defensa territorial la intervención del diputado Ariel Robles, quien solicitó formalmente a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) la anulación de la viabilidad ambiental del proyecto, argumentando, entre otros puntos, que la normativa prohíbe el vertido de aguas residuales en áreas silvestres protegidas como el Humedal Nacional Térraba-Sierpe. Esta acción fue decisiva para que el proceso se encauzara hacia la reciente declaratoria de inviabilidad emitida por el Concejo Municipal.

Riesgos ambientales y sociales: ¿por qué era tan grave este proyecto?

El proyecto pretendía instalarse en una región de alto valor ecológico y social, entre los corredores biológicos Fila Cruces y Osa, en un área que abarca más de 60 hectáreas. Se estimaba que recibiría 3,000 toneladas diarias de basura, una carga ambiental desproporcionada para la capacidad del ecosistema.

Uno de los principales peligros identificados era la generación de lixiviados, líquidos altamente contaminantes que resultan del contacto del agua con los residuos sólidos. Estos lixiviados podrían infiltrarse en el suelo y contaminar acuíferos y nacientes que abastecen a comunidades como Finca Puntarenas y Salamá, donde muchas familias dependen de pozos artesanales y ríos para su consumo diario.

Además del riesgo al agua, se señalaban posibles alteraciones al flujo hídrico natural, pérdida de biodiversidad, afectación a humedales cercanos como el Térraba-Sierpe, y conflictos socioambientales derivados del aumento en el tráfico pesado, olores desagradables y el cambio abrupto en el uso del suelo. En una región caracterizada por su fragilidad ecológica y riqueza biocultural, estos impactos habrían sido devastadores

¿Qué significa la decisión del Concejo?

La declaración de “inconveniencia” del proyecto por parte del Concejo Municipal no implica automáticamente su cancelación definitiva, ya que existen trámites que dependen de entidades nacionales como SETENA, MINAE o la Dirección de Aguas. Sin embargo, la decisión del gobierno local tiene un peso político y técnico relevante, ya que puede bloquear permisos esenciales como:

  • El uso del suelo municipal.
  • Las licencias de construcción.
  • La patente comercial.

En la práctica, sin estos avales municipales, el avance del proyecto se vuelve extremadamente difícil, especialmente cuando ya existe una resolución de inviabilidad técnica y ambiental sustentada en evidencia.

Participación ciudadana: la clave para revertir el rumbo

Durante tres sesiones mesas de trabajo —dos facilitadas por el Alcalde Minor Anchía y la última por la Vicealcaldesa Aura Fórester y con participación de actores como SETENA, la Fiscalía Ambiental y MINAE— la comunidad logró posicionar sus conocimientos, preocupaciones y propuestas. El esfuerzo colectivo y la persistencia organizada fueron determinantes para que el municipio reconociera la legitimidad de la oposición vecinal.

En el documento oficial aprobado en mayo de 2025, el Concejo no solo rechaza el proyecto privado, sino que instruye a la Alcaldía a desarrollar una propuesta pública de gestión de residuos sólidos, elaborada desde la institucionalidad local y con participación ciudadana. Este nuevo enfoque será trabajado en los seis distritos del cantón con el apoyo de síndicos y comunidades organizadas.

Un precedente para el futuro

Este caso marca un hito en la defensa del bien común en Osa. La comunidad no solo frenó una iniciativa riesgosa, sino que obligó a las autoridades a repensar un modelo más sostenible, democrático y transparente de gestión de residuos. El proceso también pone en evidencia el valor de las alianzas entre poblaciones locales, ONGs, académicos y funcionarios públicos comprometidos con el respeto a la legalidad ambiental.

Desde Salamá, se envía un mensaje claro: la participación ciudadana informada y organizada tiene el poder de incidir en las decisiones políticas, especialmente cuando están en juego la salud ambiental, el acceso al agua y el futuro de las comunidades rurales.

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Protocolo sin voz: la denuncia del Colectivo Antonio Saldaña ante la exclusión indígena en la construcción del protocolo de consulta en Costa Rica

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Colectivo Antonio Saldaña alza la voz: basta de falsas consultas en territorios indígenas

Desde el territorio indígena bribri de Talamanca, queremos expresar de forma clara y directa nuestro rechazo al modo en que se han venido desarrollando los procesos para establecer “protocolos” de consulta indígena en Costa Rica. Consideramos que se trata de un proceso profundamente excluyente, que reproduce las mismas lógicas coloniales e impuestas que durante décadas nos han marginado de las decisiones que nos afectan directamente.

A pesar de que la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT son muy claros en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de forma libre, previa e informada sobre cualquier proyecto que afecte nuestros territorios, la realidad es que dicho derecho ha sido constantemente ignorado o manipulado por los gobiernos de turno.

En nuestro territorio, por ejemplo, solo en una ocasión se intentó impulsar una propuesta de protocolo de consulta en conjunto con el gobierno. Fue durante las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. En ese momento se presentó un proyecto con una solicitud de apenas 18 millones de colones para facilitar un proceso de consulta real, adaptado a nuestras condiciones. A pesar de ello, el gobierno solo realizó una reunión y luego abandonó completamente el proceso. Nunca se retomó ni se dio respuesta a nuestras solicitudes posteriores.

Nosotros vivimos en un territorio extenso, con 33 comunidades y una población aproximada de 16 mil personas. No contamos con transporte público interno, ni con infraestructura adecuada para realizar grandes reuniones. Hay ríos que cruzar en bote, personas mayores que requieren traducción, y una serie de condiciones que hacen extremadamente difícil la participación si no hay una logística adaptada a nuestra realidad. Sin embargo, estas condiciones nunca son tomadas en cuenta por las instituciones.

En lugar de ello, hemos sido testigos de cómo sucesivos gobiernos impulsan protocolos sin nuestra participación, y cuando no aceptamos esas condiciones, simplemente nos excluyen del proceso. Así fue con el decreto emitido por el gobierno anterior: como el territorio bribri de Talamanca no firmó ni estuvo de acuerdo con el contenido, quedamos fuera del decreto. Desde entonces, nadie nos ha vuelto a consultar sobre el tema.

Nosotros vivimos en un territorio extenso, con 33 comunidades y una población aproximada de 16 mil personas. No contamos con transporte público interno, ni con infraestructura adecuada para realizar grandes reuniones. Hay ríos que cruzar en bote, personas mayores que requieren traducción, y una serie de condiciones que hacen extremadamente difícil la participación si no hay una logística adaptada a nuestra realidad. Sin embargo, estas condiciones nunca son tomadas en cuenta por las instituciones.

En lugar de ello, hemos sido testigos de cómo sucesivos gobiernos impulsan protocolos sin nuestra participación, y cuando no aceptamos esas condiciones, simplemente nos excluyen del proceso. Así fue con el decreto emitido por el gobierno anterior: como el territorio bribri de Talamanca no firmó ni estuvo de acuerdo con el contenido, quedamos fuera del decreto. Desde entonces, nadie nos ha vuelto a consultar sobre el tema.

Lo que está haciendo actualmente la Asamblea Legislativa, sin una vinculación efectiva con los territorios, es repetir los errores del pasado. Nos preocupa que se siga confiando el trabajo a consultorías externas, las cuales tienen un histórico de hacer procesos superficiales, sin consultar realmente a la población. Hemos visto casos en los que se contratan consultores con sumas de hasta 40 millones de colones, quienes realizan una o dos reuniones con muy poca participación, y luego presentan informes diciendo que hicieron «consulta».

En nuestro territorio han pasado decenas de consultorías en temas ambientales, sociales, de niñez, entre otros, sin que hasta el día de hoy tengamos un solo resultado positivo o un proyecto que realmente beneficie a la comunidad. Por el contrario, hemos sido usados para justificar el uso de recursos sin que haya ningún cambio real. Es una burla.

Nos preocupa, además, que se esté utilizando la información previa como si fuera consulta. Esto es una manipulación inaceptable del principio de consulta libre, previa e informada. La información no puede sustituir la consulta real.

Nuestra posición es clara: no nos oponemos a los proyectos en nuestros territorios. Lo que exigimos es que estos proyectos sean buenos, pertinentes y adaptados a nuestras necesidades y realidades. Lo que queremos es que se cumpla el derecho a ser consultados de verdad, y no solo en el papel.

Llevamos años solicitando esto de manera individual y colectiva. No es un capricho. Es un derecho. Sin embargo, seguimos viendo cómo nuestras necesidades se ignoran y se manipulan. Hoy, nuestro territorio enfrenta problemas graves de infraestructura, transporte, economía y producción. Vivimos porque sembramos. Sobrevivimos porque seguimos siendo autosostenibles. Pero eso no significa que no tengamos derecho a ser escuchados.

Hasta el día de hoy, sentimos que hemos sido utilizados por los gobiernos para justificar sus agendas, pero nunca como interlocutores válidos. Exigimos que se nos respete y que cualquier protocolo de consulta sea construido desde y con los territorios.

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Tala “controlada” bajo la lupa comunitaria: evidencia de malas prácticas en terrenos del AyA

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Desde hace varios meses, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven ha venido realizando un monitoreo activo de las actividades de tala «controlada» en los terrenos utilizados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ubicados en zonas de alta fragilidad ecológica. Si bien esta tala fue ordenada por los tribunales de justicia, lo que debería ser una práctica regulada y responsable se ha convertido en motivo de alerta y preocupación, debido a múltiples irregularidades detectadas en el terreno.

 

Uno de los casos más recientes, documentado por el propio Vangoidsenhoven, evidencia la intervención sobre árboles de gran tamaño —algunos con diámetros superiores a un metro, en excelente estado de salud y con raíces intactas—. Si bien la tala autorizada fue para ocho árboles, en la actual intervención podrían haberse afectado al menos quince árboles jóvenes, debido a la falta de aplicación de buenas prácticas en el proceso. Según testimonios recogidos en el lugar, algunos de estos árboles podrían haber sido talados de forma completa, en lugar de aplicar el procedimiento recomendado de cortes progresivos desde la copa hacia la base, destinado a minimizar el impacto en el ecosistema. Esta práctica habría provocado el arrastre de árboles jóvenes, arbustos, bejucos y vegetación secundaria.

Tala descontrolada y arrastre de vegetación: impactos irreversibles en la regeneración del bosque

Cuando un árbol adulto cae de manera abrupta y sin planificación técnica:

  • Destruye la regeneración natural: Se eliminan los retoños y arbolitos que crecen bajo su sombra y que están destinados a reemplazarlo en el ciclo de vida del bosque.
  • Compacta el suelo: El impacto del tronco sobre la superficie degrada la estructura del suelo, afectando la retención de agua y la germinación futura.
  • Rompe la conectividad ecológica: Las lianas, bejucos y epífitas que conectan copas y permiten el desplazamiento de fauna o la vida de otras plantas desaparecen.
  • Altera el microclima: La apertura brusca del dosel provoca cambios de luz, humedad y temperatura que afectan la biodiversidad del sotobosque.

Además, se ha documentado presunta contaminación de un arroyo adyacente debido al uso de motosierras y equipos mecánicos que habrían derramado aceite o combustible. Esto pone en riesgo el ecosistema acuático y contraviene de forma directa varias normativas ambientales. Es importante recordar que las zonas ribereñas tienen protección legal de al menos 15 metros a cada lado del cauce, y cualquier intervención forestal o mecánica en estas franjas constituye una infracción ambiental.

Omisiones legales a simple vista

Las observaciones hechas por el monitoreo comunitario permiten identificar posibles omisiones a normas ambientales clave en Costa Rica, entre ellas:

  1. Ley Forestal No. 7575
    • Artículo 14: Prohíbe la tala y cualquier intervención en zonas de protección alrededor de cuerpos de agua.
    • Artículo 17: Protege las áreas de regeneración natural, incluso en propiedades privadas.
  2. Ley de Vida Silvestre No. 7317
    • Reconoce la importancia del ecosistema completo, no solo de árboles adultos, incluyendo fauna, flora menor y estructuras ecológicas.
  3. Decreto Ejecutivo No. 33903-MINAE
    • Define zonas de protección obligatoria de 15 metros a cada lado de cauces permanentes, donde está prohibida cualquier actividad de chapea o tala.
  4. Ley de la Biodiversidad No. 7788
    • Exige un enfoque integral y ecosistémico en la gestión de los recursos naturales, reconociendo la interacción entre todos los componentes vivos y no vivos del bosque.
  5. Artículo 50 de la Constitución Política
    • Establece el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

(Imagen: Presencia de hidrocarburos en el agua.)

El hecho de que estos actos ocurran en terrenos de una institución pública como el AyA es especialmente grave, y plantea interrogantes sobre la eficacia de la fiscalización por parte del MINAE y otros entes reguladores. Los permisos, aunque existentes, no eximen a quienes los ejecutan de respetar el marco legal ni de evitar daños colaterales.El hecho de que estos actos ocurran en terrenos de una institución pública como el AyA es especialmente grave, y plantea interrogantes sobre la eficacia de la fiscalización por parte del MINAE y otros entes reguladores. Los permisos, aunque existentes, no eximen a quienes los ejecutan de respetar el marco legal ni de evitar daños colaterales.

Más allá de los casos específicos relacionados con el AyA, existen otras prácticas extendidas en el Caribe Sur que también amenazan la integridad de los ecosistemas. Estas acciones, aunque no siempre vinculadas directamente a proyectos de infraestructura, forman parte del mismo patrón de transformación territorial bajo lógicas que privilegian el control y la “limpieza” del paisaje.

La chapea: una amenaza silenciosa a la continuidad del bosque

Otra práctica ampliamente cuestionada en el Caribe Sur, es la chapea indiscriminada del sotobosque. Aunque a veces se presenta como una “limpieza” del terreno, en realidad, elimina de raíz la regeneración forestal: bejucos, lianas, bromelias, arbustos y otras especies fundamentales para la salud del ecosistema.

Como explica Philippe:

“Si uno chapea constantemente, el bosque va a morir. Puede tardar 100 o 200 años, pero sin hijos que crezcan, no hay reemplazo para los árboles viejos que caen. Lo que queda es un palo solito, sin vida, sin conexión.”

Estas plantas sostienen el equilibrio hídrico, forman parte de la red trófica de animales y aves, y permiten la sucesión ecológica. Su desaparición progresiva transforma al bosque en una estructura hueca, sin capacidad de regeneración ni resiliencia frente al cambio climático.

¿Qué entiende el MINAE por “bosque”?

Uno de los aspectos más discutidos por observadores y defensores ambientales es la visión reduccionista con que el MINAE define los ecosistemas forestales. En la práctica institucional, muchas veces se considera bosque únicamente cuando hay árboles adultos visibles, ignorando las fases intermedias del crecimiento, la estructura del sotobosque, la presencia de epífitas, y la fauna que depende de esta complejidad.

El resultado es una política permisiva ante la degradación paulatina del bosque, donde se autoriza tala y chapea sin tomar en cuenta los efectos acumulativos, ni el carácter interdependiente de los ecosistemas tropicales.

“El bosque no es solo árboles grandes. Es todo el sistema. Sin regeneración, sin lianas, sin conexión entre copas, el bosque pierde su esencia”, insiste Philippe.

Estas vigilantes y monitoreando

Estos hallazgos evidencian la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de fiscalización ambiental y de reconocer el valor de las redes de vigilancia comunitaria, como las que operan en Talamanca. Las instituciones no pueden seguir operando bajo una lógica de cumplimiento formal mientras en el terreno ocurren prácticas destructivas que afectan la integridad ecológica de los territorios.

La defensa del bosque comienza con entenderlo en su totalidad, y continúa con la denuncia, la organización comunitaria y la presión colectiva para que se respeten tanto la ley como el equilibrio de la naturaleza.

¿Qué es un bosque? Más allá de la visión técnica

Desde una mirada técnica-institucional, el bosque suele definirse de forma reducida: una extensión de terreno con árboles adultos, cierta densidad de cobertura arbórea y altura mínima. Esta concepción, utilizada en muchas normativas y por el propio Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), tiende a ignorar elementos fundamentales del ecosistema forestal, como su dinámica regenerativa, su complejidad estructural y sus interrelaciones biológicas.

Pero desde una perspectiva ecológica integral, un bosque es mucho más que un conjunto de árboles. Es un sistema vivo, compuesto por:

  • Estructuras múltiples: Dosel, sotobosque, capa de regeneración, suelo vivo.
  • Diversidad de formas de vida: Árboles, arbustos, herbáceas, hongos, bejucos, epífitas, líquenes, bacterias, fauna aérea, terrestre y acuática.
  • Procesos ecológicos dinámicos: Regeneración natural, ciclos de nutrientes, polinización, dispersión de semillas, sucesión ecológica.
  • Conectividad funcional: Relaciones de mutualismo, cadenas tróficas, vínculos hídricos y climáticos.

Un bosque no es estático ni homogéneo. Es una red compleja de relaciones entre elementos bióticos y abióticos, y su salud depende precisamente de esa diversidad y de su capacidad de autorregenerarse. Eliminar, simplificar o romper estas relaciones —como sucede con la tala inadecuada o la chapea indiscriminada— transforma un ecosistema resiliente en un espacio degradado y vulnerable.

El bosque como bien común

Reconocer esta complejidad lleva a un cambio de paradigma: los bosques no pueden ser tratados como simples recursos maderables o zonas de “aprovechamiento racional”. Son bienes comunes, sistemas esenciales para el equilibrio climático, el ciclo del agua, la vida silvestre y la salud comunitaria. Su valor no es solo económico, sino ecológico, cultural y espiritual.

En contextos como Talamanca, donde los territorios indígenas y rurales conviven con áreas de conservación, el bosque es también memoria, medicina, alimento, vida. De ahí que los monitoreos comunitarios —como el que realiza Philippe y otras personas de la zona— no solo documentan daños: defienden una forma de relación con la naturaleza que es colectiva, respetuosa y con visión de largo plazo.

Monitoreo comunitario: defensa activa del bien común

Frente a una institucionalidad que muchas veces falla en prevenir o detener las malas prácticas, la vigilancia socioambiental ejercida por las comunidades se convierte en una herramienta vital de defensa territorial. No se trata solo de evidenciar irregularidades, sino de proteger activamente los ciclos de vida que sostienen la existencia misma del bosque.

Este tipo de monitoreo, ejercido con conocimiento local, sensibilidad ecológica y compromiso ético, nos recuerda que:

  • El bosque no se defiende desde una oficina. Se defiende caminándolo, observándolo, y exigiendo respeto.
  • Los bienes comunes no son propiedad del Estado ni del mercado. Son responsabilidad compartida de las comunidades.
  • No hay justicia ambiental sin justicia territorial y participación comunitaria.
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El abandono del campo tiene rostro de mujer: desigualdad, agroindustria y luchas agroecológicas en Costa Rica

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En muchas regiones rurales de Costa Rica, el imaginario dominante ha instalado la agroindustria —piña, caña, ganadería extensiva— como la única forma viable de trabajo agrícola. Esta percepción no es casual: responde a décadas de políticas públicas que han privilegiado el agronegocio sobre los modelos campesinos, diversificados y sostenibles.

Sin embargo, esta visión presenta grietas profundas. La experiencia de las mujeres campesinas de Nueva Esperanza, en Caño Negro, Los Chiles, es un ejemplo claro de que otro modelo es posible. Organizadas en la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza, durante más de dos décadas cultivaron colectivamente una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo digno y organización comunitaria. Bajo principios de agricultura orgánica, este terreno se convirtió en un verdadero “pulmón de la esperanza” para la región.

Desde febrero de 2022, sin embargo, enfrentan un proceso de despojo progresivo. Personas y familias, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local, comenzaron a ocupar la finca, revendiendo lotes e interviniendo con violencia simbólica y material el proyecto colectivo. Esto culminó en un desalojo de facto: las mujeres perdieron acceso a sus tierras, construcciones y documentos, mientras presenciaban la destrucción de cercas vivas y estructuras construidas con años de esfuerzo.

El caso de Nueva Esperanza revela no solo la fragilidad jurídica de las iniciativas campesinas, sino también la urgencia de replantear el rumbo del desarrollo rural en Costa Rica. Frente a un modelo hegemónico que concentra tierras y externaliza costos sociales y ambientales, experiencias como esta demuestran que sí existen alternativas que generan alimento, cuidado del territorio, salud ambiental y comunidad.

Nueva Esperanza: sembrar alternativas en medio del monocultivo

Durante más de 20 años, un grupo de mujeres campesinas organizadas desarrolló una experiencia agroecológica ejemplar en Caño Negro, Los Chiles. Transformaron una finca en un espacio productivo y formativo, donde se cultivaba sin agroquímicos, se protegían humedales y se promovía la soberanía alimentaria.

Esta iniciativa no solo mostró que es posible producir sin destruir: también demostró que el campo puede ofrecer empleos dignos, liderados por mujeres, con impactos positivos tanto en lo social como en lo ambiental.

Pero esta historia, lejos de ser celebrada y fortalecida, fue debilitada por el abandono estatal. 

El Estado que no llega… o llega tarde

Desde 2022, la finca de Nueva Esperanza ha sido progresivamente despojada. Personas externas, supuestamente con respaldo de la Asociación de Desarrollo Local, ingresaron al terreno, revendiéndolo por lotes y destruyendo la infraestructura colectiva construida con esfuerzo comunitario y apoyo institucional.

A pesar de múltiples denuncias, gestiones y una orden judicial de desalojo, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) no ha actuado para restituir los derechos de las mujeres campesinas. La falta de titulación, de acompañamiento legal y de voluntad política ha dejado esta experiencia —como tantas otras— a la deriva.

Esta inacción no es una excepción: es parte de un patrón más amplio de desatención estructural. Diversos informes y estudios destacan las barreras que enfrentan las mujeres rurales en Costa Rica:

  • Acceso a la tierra: Solo el 15,6% de las fincas en el país están a nombre de mujeres, representando apenas el 8,1% de la superficie total de las fincas registradas por personas físicas (PNUD, 2022).

  • Acceso al crédito: En regiones como la zona sur del país, apenas entre un 7% y un 19% de los agricultores accedieron a crédito en el último año. En el caso de las mujeres, solo el 2% pudo hacerlo (Land Portal, 2023).

  • Asistencia técnica: Solo el 3,1% de los campos dirigidos por mujeres reciben asistencia técnica. Además, apenas el 38,4% de las organizaciones lideradas por mujeres tienen acceso al crédito, frente al 61% de aquellas dirigidas por hombres (FAO, 2023).

Estos datos reflejan que, más allá del discurso institucional, la desigualdad de género en el campo persiste en múltiples dimensiones: acceso a tierra, financiamiento, asistencia técnica y participación efectiva en los sistemas productivos.

Una contradicción estructural

Mientras se habla de «descarbonización» y de «paz con la naturaleza», el modelo que predomina en el campo es extractivista, contaminante y concentrador de tierras. El discurso oficial impulsa la agroecología como alternativa, pero no le otorga recursos, ni tierras, ni políticas públicas eficaces.

En la práctica, existe una tendencia estructural a priorizar la agroindustria en la asignación de recursos públicos, dejando a la agricultura familiar y campesina —donde las mujeres desempeñan un papel central— en una situación de marginalidad y vulnerabilidad.

Lo que se está consolidando es una visión falsa: que la agroindustria es la única actividad rentable, y que todo lo demás es nostalgia rural. En ese marco, experiencias transformadoras como la de Nueva Esperanza quedan invisibilizadas, desprotegidas o directamente atacadas.

¿Qué está en juego?

Defender modelos agrícolas alternativos no es un gesto romántico. Es una necesidad urgente frente a la crisis climática, la inseguridad alimentaria y el deterioro social en las zonas rurales.

La agroecología no es solo una técnica: es una apuesta política, social y ambiental por otro tipo de campo. Uno que cultiva vida, no monocultivos.

Costa Rica tiene en sus comunidades rurales el conocimiento, la experiencia y la voluntad para construir un modelo agrícola justo y sostenible. Lo que falta es voluntad institucional para reconocerlo, protegerlo y hacerlo crecer.

Referencias