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Las mujeres indígenas hablan: cultura, semillas y defensa del territorio

Un encuentro en Boca Coen del territorio indígena Tjai, puso en el centro las voces de mujeres indígenas, la defensa de la cultura, el idioma, las semillas ancestrales y el cuidado de la tierra y los bienes naturales.

Conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena también puede ser una oportunidad para detenerse, conversar y escuchar. No solamente para hablar sobre las mujeres indígenas, sino para encontrarse con quienes, desde sus comunidades, sostienen conocimientos, prácticas y formas de relacionarse con el territorio.

Así ocurrió en la comunidad de Boca Coen, del territorio indígena Tjai este 12 de septiembre, donde mujeres lideresas se reunieron en el Rancho Cultural Däyë para compartir, dialogar y reflexionar sobre aquello que consideran fundamental para la continuidad de su pueblo.

En este espacio también participaron personas mayores de la comunidad de Boca Coen, cuya presencia permitió sumar otras voces y experiencias a un encuentro atravesado por la memoria, los conocimientos y las prácticas que se transmiten dentro de la comunidad.

Para Hugo Céspedes Morales, líder y habitante de Boca Coen, el encuentro permitió compartir con las lideresas de la comunidad Boca Coen y conversar sobre asuntos que atraviesan la vida cotidiana y el futuro del territorio.

Entre ellos estuvieron la importancia de preservar el idioma y la cultura, recuperar y proteger las semillas ancestrales, así como cuidar la tierra y los recursos naturales que, desde su cosmovisión, Sibö les dejó.

Más que una actividad protocolaria, las personas participantes describen el espacio como un encuentro para compartir, dialogar e interactuar. Y quizá ahí está una de las claves: la cultura no solamente se conserva, también se conversa, se practica y se comparte entre generaciones y comunidades.

«Me siento muy feliz de ser una mujer indígena»

Una de las voces que compartió durante el encuentro fue la de Johana Morales Morales, lideresa de la comunidad de Boca Coen.

Su testimonio parte de algo profundamente sencillo y, al mismo tiempo, profundamente político: el orgullo de ser mujer indígena.

Johana se reconoce como cuidadora de los bosques, de la tierra y de las semillas ancestrales. Desde ese lugar, señala la necesidad de no olvidar aquello que sostiene la identidad comunitaria: el idioma cabécar, la cultura y los conocimientos asociados al territorio.

La conversación también puso sobre la mesa la importancia de rescatar las semillas ancestrales y de fortalecer el trabajo colectivo entre las mujeres.

Porque las mujeres indígenas no solamente participan de la vida comunitaria: han desempeñado y continúan desempeñando un papel fundamental en la construcción y sostenimiento de sus territorios.

Pero el encuentro también permitió nombrar una preocupación: el poco apoyo que muchas veces reciben de las instituciones públicas.

Johana hace un llamado para que ese apoyo no se reduzca a reuniones, actividades o espacios donde las mujeres son escuchadas momentáneamente. Lo que se demanda es algo más concreto: proyectos y acciones que contribuyan realmente a fortalecer a las mujeres indígenas y sus procesos de conservación de la cultura, el idioma y los conocimientos propios.

No se trata solamente de ser invitadas a conversar. Se trata también de que sus voces tengan consecuencias.

Conocer los derechos también es una forma de defenderse

Durante la actividad también se compartieron elementos relacionados con la Ley Indígena N.° 6172, como parte de una conversación sobre los derechos que deben conocer y ejercer las mujeres indígenas.

Para Seidy Estela Morales López, presidenta de la Asociación de Mujeres Jolpé Kjané, la conmemoración fue un motivo de orgullo y, sobre todo, una oportunidad para encontrarse como mujeres.

Su intervención puso énfasis en una preocupación que atraviesa los testimonios: la necesidad de que las mujeres indígenas no sean invisibilizadas en la sociedad y que sus voces sean escuchadas.

La legislación, sin embargo, no aparece aquí como un punto de llegada. Conocer los derechos puede ser también una herramienta para reconocer las desigualdades existentes y exigir que las instituciones cumplan con sus responsabilidades.

Porque entre el reconocimiento formal y la vida cotidiana existe todavía una distancia que las propias mujeres están señalando.

Semillas, idioma, tierra y memoria

Los distintos testimonios coinciden en algo: hablar de las mujeres indígenas implica hablar también del territorio.

El idioma no aparece separado de la cultura. Las semillas no aparecen separadas de la tierra. El cuidado de los bosques no aparece separado de la memoria. Y la organización de las mujeres tampoco aparece separada de la defensa de aquello que permite sostener la vida comunitaria.

Por eso, cuando las mujeres hablan de semillas ancestrales, no están hablando únicamente de variedades que deben conservarse. Hablan también de conocimientos, prácticas, relaciones y memorias que han sido transmitidas y que necesitan continuar viviendo.

Cuando hablan del idioma, hablan de una manera de nombrar y comprender el mundo.

Cuando hablan de la tierra y los bosques, hablan de espacios que no pueden reducirse simplemente a recursos disponibles.

Y cuando hablan de organizarse, están hablando de una práctica colectiva que permite enfrentar el presente y construir posibilidades para el futuro.

La participación de las personas mayores de la comunidad recuerda además que esta transmisión no ocurre solamente a través de discursos o documentos. También ocurre en la palabra compartida, en la memoria de quienes han vivido el territorio y en los encuentros entre distintas generaciones.

Que escuchar no sea suficiente

La conmemoración dejó también una pregunta abierta para las instituciones. ¿Qué significa realmente apoyar a las mujeres indígenas?

Los testimonios son claros al respecto: no basta con convocar, reunirse o escuchar. El acompañamiento debe traducirse en acciones, proyectos y condiciones que fortalezcan los procesos que las propias mujeres y comunidades ya vienen construyendo.

La demanda no parte de una ausencia de organización. Al contrario.

En Boca Coen existen mujeres organizándose, cuidando, transmitiendo conocimientos, defendiendo su cultura y pensando colectivamente el futuro.

Tal vez el desafío institucional sea aprender a acompañar sin sustituir esos procesos; reconocer sin apropiarse de sus voces; y apoyar sin convertir la participación en una simple actividad de calendario.

Porque una conmemoración puede terminar cuando termina la actividad.

Pero el trabajo de las mujeres que cuidan la cultura, las semillas, el idioma, los bosques y la tierra continúa al día siguiente. Y es ahí donde la conversación realmente comienza.

Voces del encuentro

La actividad contó con la participación de mujeres de espacios como el Grupo de Mujeres Kjueko Boca Coen y el Grupo de Mujeres Jirorwá, entre otras participantes y lideresas comunitarias, así como con la presencia de personas mayores de la comunidad de Boca Coen.

Sus voces recuerdan que defender la cultura también es defender las condiciones que permiten reproducirla; que cuidar las semillas es cuidar memoria y futuro; y que escuchar a las mujeres indígenas implica reconocerlas como protagonistas de sus territorios y de las decisiones que afectan sus vidas.

En un contexto donde muchas veces se habla de los territorios indígenas desde afuera, este encuentro propone otra ruta: escuchar lo que las propias mujeres tienen que decir, compartir y construir.

Porque también ahí, en la conversación entre mujeres, en el encuentro entre generaciones, en la transmisión de una palabra, en una semilla que se conserva y en una lengua que continúa hablándose, se está cuidando lo común.

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¿Qué país se planifica? Naturaleza, derechos y democracia en el PNDIP 2027-2030

Antes de entrar en nuestras preguntas, les invitamos a leer el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, conocer sus diagnósticos, prioridades y propuestas, y acercarnos directamente a la hoja de ruta que plantea para el país. Leer el Plan también es una forma de preguntarnos qué futuro está imaginando y cómo pretende construirlo.

El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030 propone una ruta para los próximos cuatro años en la que conviven crecimiento económico, atracción de inversión, reducción de la pobreza, transformación tecnológica, descarbonización y fortalecimiento de los servicios públicos. Pero más allá de sus metas e indicadores, el documento construye una determinada imagen del país: una forma de entender la naturaleza, los derechos sociales y el papel de quienes participan en las decisiones públicas.

Leer el Plan desde estas dimensiones permite encontrar algunas tensiones que no siempre aparecen cuando se lo observa únicamente como instrumento técnico.

La primera pregunta es aparentemente sencilla: ¿qué naturaleza aparece en el PNDIP?

Una naturaleza que debe ser gestionada

El capítulo de Ambiente y Energía incorpora biodiversidad, recurso hídrico, mares y costas, suelos, energía, descarbonización, acción climática y gestión del riesgo. El diagnóstico reconoce el deterioro de ecosistemas, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la vulnerabilidad de distintos territorios. También plantea la necesidad de restaurar, conservar y mejorar la gestión ambiental.

Pero junto con esta preocupación aparece un lenguaje particularmente revelador: capital natural, servicios ecosistémicos, bioeconomía, financiamiento, incentivos e inversión sostenible.

No se trata simplemente de palabras técnicas. Expresan una determinada manera de comprender la relación entre sociedad y naturaleza. El bosque, el agua, la biodiversidad o los ecosistemas aparecen no solo como condiciones que sostienen la vida, sino también como recursos que pueden ser valorados, gestionados, financiados e incorporados a determinadas dinámicas productivas.

El propio Plan plantea la necesidad de hacer visible el “capital natural” en las decisiones económicas y financieras, mientras incorpora mecanismos de financiamiento para bienes y servicios ecosistémicos. De esta manera, la conservación deja de aparecer únicamente como una obligación pública o una responsabilidad colectiva y comienza también a hablar el lenguaje de la inversión, los incentivos y las oportunidades económicas.

Aquí aparece una primera tensión. ¿Qué significa conservar cuando la conservación debe, al mismo tiempo, demostrar su utilidad económica?

La pregunta no supone negar que la naturaleza tenga dimensiones económicas ni que existan instrumentos financieros capaces de contribuir a su protección. El problema aparece cuando esa valoración termina delimitando qué merece ser protegido, bajo qué condiciones y con qué criterios. Un bosque puede ser importante porque presta servicios ecosistémicos, pero también porque sostiene una comunidad, una cultura, un territorio y múltiples formas de vida cuya importancia difícilmente puede reducirse a una rentabilidad, un precio o un indicador.

Pero existe una tensión todavía más profunda. La conservación no ocurre fuera del modelo de desarrollo. Los mismos territorios que son presentados como espacios de protección, restauración o provisión de servicios ecosistémicos pueden ser, simultáneamente, espacios de infraestructura, producción, inversión y aprovechamiento de recursos.

Esto obliga a preguntar por los límites de este tipo de conservación. ¿Qué sucede cuando proteger un ecosistema no implica necesariamente cuestionar las actividades económicas que presionan sobre él? ¿Hasta dónde puede llegar una política de conservación que busca hacer compatible la protección ambiental con nuevas oportunidades productivas? ¿Qué ocurre cuando el lenguaje de la sostenibilidad permite incorporar nuevas actividades económicas sin discutir de manera suficiente sus impactos territoriales?

El caso del agua permite observar con mayor claridad esta tensión. El Plan habla de seguridad hídrica, infraestructura, gestión por cuencas y fortalecimiento de capacidades locales. Pero la seguridad hídrica puede significar cosas muy diferentes según cómo se defina. Puede significar garantizar disponibilidad para las actividades económicas, ampliar infraestructura y asegurar el suministro, o proteger el agua como condición fundamental de la vida y como responsabilidad colectiva.

Por eso, la pregunta no es únicamente cómo gestionar mejor el recurso, sino también para qué, para quién y bajo qué prioridades se gestiona. ¿Quién decide sobre el agua? ¿Quién participa en esas decisiones? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién obtiene los beneficios de su aprovechamiento? ¿Quién asume los costos cuando el territorio se deteriora?

La referencia a la naturaleza como “capital” introduce así una pregunta que atraviesa todo el Plan: ¿qué ocurre cuando aquello que debe ser protegido también es pensado como un recurso para dinamizar el desarrollo?

El desafío no consiste solamente en escoger entre conservación o desarrollo. Es preguntarnos qué tipo de desarrollo puede sostenerse sin convertir las condiciones que hacen posible la vida en simples insumos de ese mismo desarrollo. Porque una política puede restaurar un ecosistema y, al mismo tiempo, mantener intactas las lógicas que producen nuevas presiones sobre otros territorios. Puede financiar la conservación y, simultáneamente, ampliar las condiciones para nuevas inversiones. Puede hablar de sostenibilidad sin necesariamente interrogar las relaciones de poder que determinan quién puede decidir sobre la naturaleza.

La naturaleza que emerge del Plan es, entonces, una naturaleza fundamentalmente administrada: una naturaleza que debe ser medida, ordenada, restaurada, financiada y gestionada. La cuestión que queda abierta es hasta dónde llegan esas herramientas cuando aquello que está en disputa no es solamente la gestión de la naturaleza, sino el modelo de desarrollo que define sus usos y sus límites.

Y esto conduce directamente a la segunda pregunta: ¿qué entiende el Plan por derechos sociales?

¿Qué entiende el Plan por derechos sociales?

El PNDIP declara incorporar un enfoque de Derechos Humanos y Sostenibilidad y reconoce derechos vinculados con educación, salud, vivienda, trabajo y protección social. Pero el reconocimiento de un derecho no agota la discusión sobre cómo se garantiza.

En el Plan, buena parte de los derechos sociales se traduce en cobertura, acceso, beneficiarios, eficiencia, metas e indicadores. En salud, por ejemplo, se plantea aumentar la cobertura del Seguro de Salud; en protección social aparecen metas relacionadas con pensiones; y en educación se establecen indicadores de permanencia, conclusión, cobertura y aprendizaje.

Medir estas dimensiones es necesario. El problema aparece cuando la medición comienza a sustituir la discusión sobre el derecho mismo.

Tener cobertura no significa necesariamente tener acceso efectivo. Estar matriculado no garantiza una educación significativa. Recibir un servicio no implica que existan condiciones dignas para ejercer el derecho.

Esta diferencia es fundamental porque los derechos sociales no funcionan bajo la misma lógica que una mercancía o un servicio cualquiera. Su fundamento no debería depender de la rentabilidad, de la capacidad de pago o del atractivo de un territorio para la inversión.

Sin embargo, el PNDIP incorpora de manera importante el lenguaje de financiamiento, inversión y alianzas público-privadas, incluso en ámbitos vinculados con vivienda e infraestructura.

Esto abre una frontera problemática: ¿hasta dónde llega la responsabilidad pública y dónde comienza la lógica de la inversión?

No se trata de afirmar que toda participación privada implique privatización. La cuestión es más estructural. Cuando la disponibilidad de capital se convierte en una condición central para resolver necesidades sociales, existe el riesgo de que la política pública comience a organizar sus prioridades según aquello que puede ser financiado, ejecutado o convertido en proyecto de inversión.

Ahí se produce un desplazamiento importante: del derecho como garantía colectiva hacia la necesidad como problema de gestión y financiamiento.

¿Derecho o cobertura? Cuando garantizar no es solamente llegar a más personas

El énfasis del PNDIP en ampliar coberturas y mejorar el acceso permite mostrar resultados, establecer metas y medir avances. Pero también deja abierta una pregunta de fondo: ¿cuándo podemos decir que un derecho está efectivamente garantizado? La cantidad de personas cubiertas por un servicio puede crecer sin que necesariamente mejoren, en la misma proporción, las condiciones materiales para ejercer ese derecho.

Esta tensión resulta especialmente relevante cuando se observan derechos como la salud, la educación, la vivienda o la protección social. Una política puede aumentar la cobertura de un seguro, ampliar la matrícula educativa, otorgar soluciones habitacionales o incrementar el número de personas beneficiarias de un programa y, aun así, persistir desigualdades relacionadas con la calidad, la oportunidad, la continuidad o las condiciones territoriales de acceso.

Por eso, cobertura y garantía no son necesariamente equivalentes. La primera responde, sobre todo, a una pregunta cuantificable: ¿a cuántas personas llega una política? La segunda exige preguntas más amplias: ¿en qué condiciones llega?, ¿qué posibilidades reales abre?, ¿qué desigualdades reproduce o transforma?, ¿qué ocurre con quienes quedan fuera y por qué?

El propio lenguaje de indicadores puede hacer menos visibles estas diferencias. Cuando el cumplimiento de un derecho se expresa principalmente mediante porcentajes, metas y número de personas atendidas, existe el riesgo de que aquello que resulta más sencillo de medir termine ocupando el centro de la política pública. Lo que no cabe fácilmente en un indicador puede quedar relegado, aunque sea decisivo para la experiencia concreta de un derecho.

Esto no significa cuestionar la necesidad de medir. Significa preguntarse qué estamos midiendo y qué dejamos de mirar cuando la medición se convierte en la principal forma de demostrar que un derecho está siendo garantizado.

La discusión también tiene una dimensión territorial. Una misma cobertura puede producir experiencias muy distintas según las condiciones del lugar donde se vive: las distancias, la infraestructura disponible, las capacidades institucionales, las condiciones económicas o las posibilidades de organización comunitaria. De ahí que garantizar derechos no pueda reducirse únicamente a ampliar porcentajes nacionales.

La pregunta entonces cambia de escala: no basta con saber cuánto cubre una política; necesitamos saber qué condiciones de vida hace posibles. Y allí aparece una tensión central para el modelo de desarrollo: si los derechos son entendidos principalmente como servicios que deben ampliar su cobertura y eficiencia, ¿qué lugar ocupan las condiciones sociales, territoriales y colectivas que hacen posible ejercerlos?

Así, el desafío no consiste en escoger entre derechos o indicadores, sino en evitar que el indicador termine reemplazando al derecho. El PNDIP permite avanzar en la primera pregunta —cuánto se cubre—, pero deja abierta una discusión más profunda: ¿cómo sabemos que una sociedad está garantizando efectivamente los derechos que reconoce?

El territorio donde ambas preguntas se encuentran

Naturaleza y derechos sociales no son asuntos separados. Ambos se expresan en territorios concretos, donde las condiciones ambientales, las desigualdades sociales, las formas de producción y las capacidades institucionales se encuentran y, muchas veces, entran en conflicto.

El PNDIP reconoce esta dimensión territorial y construye parte de su diagnóstico a partir de las brechas existentes entre regiones. Identifica, por ejemplo, el estrés hídrico y la contaminación de fuentes en el Pacífico Norte; los problemas de saneamiento, planificación y gobernanza en las zonas marino-costeras; la presión sobre el agua, el aire, los residuos y la biodiversidad en la Gran Área Metropolitana; y la degradación de suelos y los déficits de planificación en territorios rurales y áreas fuera de las zonas protegidas.

Esta diferenciación resulta importante porque muestra que los problemas ambientales y sociales no se distribuyen de manera homogénea. El lugar donde se vive condiciona las posibilidades de acceder a determinados servicios, enfrentar riesgos, desarrollar actividades económicas o sostener formas de vida. Por eso, hablar de brechas territoriales no debería significar únicamente distribuir recursos de manera diferenciada, sino también preguntarse cómo se producen esas desigualdades y quiénes tienen capacidad para definir el futuro de esos territorios.

El Plan propone respuestas que van desde infraestructura y gestión de cuencas hasta ordenamiento territorial, restauración, saneamiento, desarrollo local y fortalecimiento de capacidades. En vivienda, por ejemplo, plantea intervenciones integrales en barrios vulnerables y asentamientos informales que combinan infraestructura, equipamiento, vivienda, regularización, renovación urbana y mitigación de riesgos.

Aquí aparece una cuestión que atraviesa todo el PNDIP: ¿el territorio es solamente el lugar donde se implementan las políticas o también un espacio desde donde se construyen las decisiones?

La pregunta adquiere todavía más fuerza cuando observamos cómo el propio Plan describe su proceso de participación. El PNDIP afirma que las consultas ciudadanas, regionales y sectoriales permitieron identificar necesidades de la población y que sus resultados constituyeron un insumo relevante para formular las intervenciones públicas. Pero participar en una consulta y participar en la definición de las decisiones no son necesariamente lo mismo.

Participar no es necesariamente decidir

El PNDIP incorpora consultas directas, consultas con organizaciones, consultas regionales y mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, el propio documento muestra que la participación tiene alcances distintos según la intervención. En el sector vivienda, por ejemplo, señala que solo dos de las siete intervenciones programadas incorporaron mecanismos de participación ciudadana en su formulación, mientras otras contemplan mecanismos de retroalimentación durante la implementación.

La diferencia no es menor. Ser consultado, aportar información, retroalimentar una política y tener capacidad para modificar sus prioridades son formas distintas de participación.

Esto permite formular una pregunta más exigente: ¿en qué momento la voz de los territorios deja de ser un insumo para convertirse en capacidad efectiva de decisión?

La cuestión resulta particularmente relevante cuando las políticas intervienen sobre espacios donde ya existen comunidades, actividades productivas, ecosistemas y formas diversas de habitar. Un plan puede identificar correctamente una brecha territorial y diseñar una intervención para atenderla, pero todavía queda abierta la discusión sobre quién define qué debe cambiar, cómo debe cambiar y qué costos o transformaciones serán asumidos por quienes habitan ese territorio.

El propio PNDIP ofrece ejemplos de esta diversidad. Mientras algunas intervenciones contemplan articulación con organizaciones comunales y procesos de seguimiento y rendición de cuentas, otras no incorporan mecanismos de participación ciudadana en su formulación o implementación.

Por eso, el dilema no está únicamente en cuánta participación ofrece el Plan, sino en qué capacidad efectiva tienen quienes participan para incidir sobre las decisiones que afectan sus territorios.

Esta discusión conecta nuevamente las preguntas que atraviesan el documento. La naturaleza aparece como ecosistema, recurso, capital natural y objeto de protección; los derechos sociales aparecen como garantías que deben ampliar cobertura y producir resultados; y los territorios aparecen como espacios diferenciados que requieren intervenciones específicas. La participación debería permitir poner estas dimensiones en diálogo, pero queda abierta la pregunta de si también permite discutir las prioridades y las propias reglas del desarrollo.

Ahí se encuentra una de las tensiones centrales del PNDIP: ¿qué ocurre cuando los territorios son reconocidos como espacios con necesidades particulares, pero las decisiones sobre su futuro continúan organizándose principalmente desde instituciones, indicadores, proyectos e instrumentos de inversión?

La pregunta no busca negar la importancia de planificar ni de contar con metas. Busca mirar qué queda fuera cuando planificar significa, sobre todo, identificar brechas, asignar intervenciones y medir resultados.

Porque un territorio no es únicamente una unidad de planificación. También es un espacio vivido, habitado, disputado y construido colectivamente.

¿Profundizar o erosionar la democracia?

Las tensiones anteriores también tienen una dimensión democrática. La forma en que una política pública entiende la naturaleza, los derechos y la participación no es políticamente neutral: define quién puede decidir, qué conocimientos son reconocidos y cuáles intereses tienen capacidad para orientar las decisiones.

El PNDIP apuesta por una fuerte capacidad de planificación, rectoría institucional, medición de resultados y coordinación entre actores. Esta arquitectura puede fortalecer la capacidad del Estado para responder a problemas complejos. Pero también puede producir un efecto contrario cuando la definición de las prioridades queda concentrada en expertos, instituciones e instrumentos técnicos, mientras la participación social se limita a espacios consultivos.

Aquí aparece una tensión entre democracia como participación y democracia como gestión. En la primera, las personas y comunidades no son solamente receptoras de políticas, sino sujetos capaces de disputar diagnósticos, prioridades y decisiones. En la segunda, participan principalmente dentro de procedimientos diseñados previamente por las instituciones.

La diferencia adquiere mayor importancia cuando las decisiones involucran naturaleza y derechos. Si los ecosistemas son traducidos principalmente en indicadores de conservación, servicios y mecanismos de financiamiento, y los derechos sociales en coberturas, metas y resultados, existe el riesgo de que aquello que no puede ser fácilmente cuantificado pierda capacidad para intervenir en la definición de lo público.

Algo similar ocurre con la incorporación del mercado. La participación de actores privados puede ampliar capacidades y recursos, pero también introduce una asimetría que no puede ignorarse: no todos los actores llegan a la mesa con los mismos recursos, capacidades de negociación o posibilidades de incidir. Una política que convoca por igual a comunidades, instituciones y capital privado puede parecer participativa y, sin embargo, reproducir profundas desigualdades en la capacidad efectiva de decisión.

La paradoja es que un Estado puede ampliar sus mecanismos de consulta mientras concentra la definición de las reglas, puede multiplicar indicadores de transparencia mientras mantiene decisiones difíciles de disputar técnicamente, y puede convocar a la ciudadanía mientras las decisiones fundamentales siguen organizándose alrededor de criterios de eficiencia, inversión y gestión.

Por eso, la cuestión democrática no se reduce a preguntar si hubo participación. La pregunta más exigente es qué capacidad tuvo esa participación para transformar las decisiones.

En este sentido, el PNDIP deja abierto un dilema de fondo. Su apuesta por la planificación, la experticia técnica, los indicadores, la inversión y la coordinación institucional puede contribuir a fortalecer las capacidades públicas, pero también puede erosionar la dimensión deliberativa y conflictiva de la democracia si convierte la política en un problema predominantemente técnico y administrativo.

La democracia también supone reconocer que existen desacuerdos legítimos sobre qué proteger, qué producir, qué distribuir y qué priorizar. No todos los conflictos pueden resolverse mediante un indicador de desempeño, ni todas las decisiones colectivas pueden delegarse en quienes poseen la experticia técnica o financiera para ejecutarlas.

Ahí se encuentra quizá la tensión democrática más profunda del Plan: si la participación será entendida como un mecanismo para legitimar y mejorar la gestión, o como una capacidad efectiva de las personas y comunidades para disputar el rumbo de las decisiones públicas.

La diferencia entre ambas opciones no es menor. En ella se juega buena parte de la posibilidad de que la planificación fortalezca la democracia o, bajo el lenguaje de la eficiencia y la modernización, termine reduciendo los espacios desde los cuales la sociedad puede intervenir, cuestionar y decidir sobre aquello que afecta su vida.

Las tensiones del modelo de desarrollo: entre lo común y lo mercantil

El PNDIP no presenta estas dimensiones como conflictos abiertos. Más bien, las articula dentro de una misma arquitectura de desarrollo en la que conviven protección ambiental, derechos sociales, inversión, financiamiento, infraestructura y participación. Precisamente ahí aparecen las tensiones que interesa explorar: ¿qué sucede cuando aquello que sostiene la vida también es pensado como recurso, servicio, inversión o proyecto? La siguiente matriz recoge algunos de estos puntos de fricción y propone preguntas para mirar cómo se relacionan, dentro del Plan, las necesidades colectivas con las lógicas de valorización económica.

Dimensión¿Qué plantea el PNDIP?Tensión que aparecePreguntas críticas
NaturalezaReconoce biodiversidad, agua, suelos, mares y ecosistemas como ámbitos prioritarios de intervención. Plantea conservación, restauración, gestión ambiental y sostenibilidad.La naturaleza aparece como aquello que debe protegerse, pero también como parte de las estrategias productivas y de desarrollo.¿Qué significa proteger la naturaleza cuando su protección también se incorpora a una determinada idea de desarrollo? ¿Qué formas de relación con ella quedan fuera de esa mirada?
Capital naturalUtiliza la categoría de “capital natural” y plantea hacer visible su importancia en las decisiones económicas y financieras.La naturaleza adquiere reconocimiento dentro del lenguaje económico y puede ser incorporada a decisiones de inversión, financiamiento y gestión.¿Qué ganamos y qué perdemos cuando aquello que sostiene la vida es nombrado como “capital”? ¿Qué otros valores de la naturaleza quedan fuera cuando se la traduce al lenguaje económico?
Servicios ecosistémicosIncorpora mecanismos de financiamiento para bienes y servicios ecosistémicos y utiliza instrumentos de compensación y reconocimiento económico.La conservación puede quedar vinculada a mecanismos financieros que asignan valor económico a determinadas funciones de los ecosistemas.¿La conservación necesita convertirse en un servicio susceptible de financiamiento para ser reconocida? ¿Qué ocurre con aquello que no puede traducirse fácilmente en una unidad financiable?
Conservación y desarrolloVincula biodiversidad, producción, bioeconomía, restauración, incentivos y planificación territorial bajo criterios de sostenibilidad.La conservación no aparece necesariamente como límite frente a determinadas actividades económicas, sino también como una dimensión que puede coexistir con ellas.¿Hasta dónde puede llegar una conservación que busca ser compatible con las dinámicas productivas? ¿Cuándo la sostenibilidad transforma las formas de producir y cuándo simplemente permite hacerlas compatibles con nuevos instrumentos ambientales?
Minería y actividades extractivasEn el caso de Crucitas, reconoce impactos ambientales críticos asociados a la minería ilegal, incluida la deforestación y contaminación de fuentes de agua. Al mismo tiempo, plantea promover la exploración y explotación regulada de minería metálica a cielo abierto en Cutris de San Carlos mediante un marco legal.Un mismo territorio aparece como espacio afectado por daños ambientales, receptor de inversión pública para atender necesidades básicas y, simultáneamente, como territorio donde se contempla desarrollar una actividad minera regulada.¿Qué significa ordenar un territorio donde la actividad extractiva aparece simultáneamente como problema ambiental y como posibilidad de desarrollo? ¿Dónde se sitúan los límites de la sostenibilidad? ¿Quién decide qué actividades son compatibles con el futuro del territorio?
AguaVincula seguridad hídrica con infraestructura, gestión de cuencas, saneamiento y fortalecimiento de capacidades locales. También incorpora instrumentos económicos de gestión ambiental.El agua aparece simultáneamente como recurso, servicio, condición sanitaria y objeto de gestión económica.¿Desde dónde se define el agua: como recurso, como servicio, como derecho o como condición fundamental de la vida? ¿Qué sucede cuando esas distintas formas de entenderla entran en conflicto?
InversiónPresenta la inversión como motor del desarrollo productivo y destaca la movilización de capital para infraestructura, servicios y actividades económicas.Las necesidades colectivas se articulan con una estrategia de atracción, movilización y ejecución de inversión.¿Qué necesidades tienen prioridad cuando el desarrollo se organiza alrededor de la capacidad de movilizar inversión? ¿Qué lugar ocupan aquellas necesidades que no representan una oportunidad de inversión?
InfraestructuraPrioriza carreteras, caminos y puentes, además de electricidad, telecomunicaciones, acueductos y alcantarillados.La infraestructura puede ampliar derechos y capacidades, pero también transforma los territorios donde se instala y puede habilitar nuevas dinámicas productivas.¿Infraestructura para quién y para qué proyecto de territorio? ¿Cómo se decide qué debe transformarse y qué debe permanecer? ¿Quién participa en esas decisiones y quién asume sus costos?
ViviendaIncluye alternativas crediticias, financiamiento y alianzas público-privadas para el desarrollo habitacional.La vivienda como derecho se articula con mecanismos financieros y participación de actores privados.¿Qué ocurre cuando garantizar el derecho a la vivienda pasa también por las condiciones del crédito y de la inversión? ¿Puede hablarse de garantía efectiva cuando el acceso depende de determinados mecanismos financieros?
TerritorioIncorpora diagnósticos regionales, planes de desarrollo, ordenamiento territorial, intervenciones diferenciadas y mecanismos de retroalimentación de actores sociales.El territorio es simultáneamente espacio de vida, planificación, inversión, producción y localización de proyectos.¿El territorio es solamente el lugar donde se implementan las políticas o también un espacio desde donde se construyen las decisiones? ¿Quién tiene capacidad para definir su futuro?
Derechos socialesTraduce derechos vinculados con salud, educación, vivienda, trabajo y protección social en coberturas, beneficiarios, metas, resultados e indicadores.La garantía de derechos puede desplazarse hacia una lógica de cobertura, eficiencia y gestión de servicios.¿Cuándo podemos decir que un derecho está efectivamente garantizado? ¿Qué dimensiones de la vida quedan fuera cuando la garantía se mide principalmente mediante cobertura e indicadores?
ParticipaciónIncorpora consultas ciudadanas, regionales y sectoriales. Algunas intervenciones contemplan participación en la formulación y otras mecanismos de retroalimentación durante la implementación.Ser consultado, aportar información, retroalimentar una política y poder modificar sus prioridades son formas distintas de participación.¿Participar significa ser escuchado o poder modificar las decisiones? ¿En qué momento entra la ciudadanía: cuando se define el rumbo o cuando se consulta sobre un rumbo ya trazado?
Actores privadosIncorpora organizaciones productivas, entidades financieras, empresas y otros actores en determinadas intervenciones y mecanismos de articulación.Los actores participan desde posiciones diferentes y con capacidades desiguales de negociación, recursos e incidencia.¿Quién tiene mayor capacidad para hacer valer sus intereses dentro de esta gobernanza? ¿Una mesa compartida implica necesariamente una distribución compartida del poder?
Indicadores y gestiónOrganiza buena parte del Plan mediante Gestión para Resultados, metas, indicadores, cobertura y cumplimiento.Lo que puede medirse y compararse adquiere mayor visibilidad dentro de la política pública, mientras otras dimensiones pueden resultar más difíciles de incorporar.¿Qué ocurre cuando aquello que resulta más sencillo de medir termina definiendo qué cuenta como resultado? ¿Qué dimensiones de los derechos, los territorios o la naturaleza quedan fuera del indicador?
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Defender la Caja es defender la vida: voces desde la calle

En la manifestación del 3 de septiembre, las voces que se encontraron frente a la CCSS hablaron de deudas, autonomía, privatización y decisiones políticas. Pero, por encima de todo, hablaron de algo más elemental: de la vida que la seguridad social sostiene y del cuidado como responsabilidad colectiva.

Antes de leer, escuchemos

Antes de entrar en esta reflexión, queremos invitarle a hacer algo sencillo: escuchar.

Escuchar las voces que se encontraron en la calle el 3 de septiembre. Escuchar sus historias, sus preocupaciones y sus llamados. Escuchar también la música, las consignas, la cimarrona, las risas y ese humor que aparece incluso cuando lo que está en juego se siente tan serio.

Porque una protesta no es solamente indignación.

También es encuentro. Es la posibilidad de reconocerse en otras personas, de compartir una preocupación y convertirla en palabra, canto, consigna o celebración. En medio de las amenazas que las personas participantes identifican sobre la seguridad social, aparecen también la alegría de estar juntas, la esperanza de que todavía es posible defender lo común y la convicción de que la vida merece ser cuidada colectivamente.

Por eso este audio no es solamente un registro de una manifestación. Es también un pequeño paisaje sonoro de una protesta: las voces que reclaman, las voces que recuerdan, las voces que agradecen, las voces que se indignan y las voces que se ríen mientras siguen resistiendo.

Hay humor frente al poder. Hay música en medio del conflicto. Hay personas que llegan desde sus lugares de trabajo, estudiantes, trabajadores, pacientes, comunidades y organizaciones que se encuentran alrededor de una preocupación compartida.

Y quizás ahí haya algo importante que escuchar. La defensa de la vida no siempre tiene el rostro de la solemnidad. A veces también canta, baila, se ríe y hace bromas.

Así que, antes de seguir leyendo, les invitamos a darle unos minutos al audio.

Escuchemos primero. Después podemos preguntarnos qué hay detrás de esas voces. Porque cuando escuchamos con atención, descubrimos que no solamente están diciendo “la Caja se defiende”.

Están hablando de aquello que hace que una sociedad pueda cuidar de quienes la conforman.

Están hablando de la vida.

Hay momentos en que una institución deja de ser solamente una institución.

Se vuelve una historia familiar. Un hospital al que alguien llegó de madrugada. Una cirugía que salió bien. Un tratamiento que pudo recibirse a tiempo. Una persona que nació. Otra que pudo seguir viviendo.

Eso es lo que aparece una y otra vez en las voces recogidas durante la manifestación del 3 de septiembre en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Entre consignas, música, discursos y llamados a ocupar la calle, emerge una pregunta que va mucho más allá de la coyuntura: ¿qué estamos defendiendo cuando defendemos la seguridad social?

Una de las voces lo cuenta desde una experiencia íntima. Su hermana había entrado a un quirófano y, horas después, le pidió que llevara un mensaje a la manifestación: estaba viva gracias a la atención recibida en un hospital de la Caja. En esa historia aparece una dimensión difícil de reducir a cifras: la seguridad social puede ser, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte.

Otra voz, desde el trabajo cotidiano de la salud, lo plantea de otra manera. Una médica especialista recuerda que defender la Caja también significa permanecer en los hospitales, atender a cada paciente y sostener la calidad de la atención. La defensa de la institución no ocurre únicamente en las calles: también sucede cada día en los lugares donde se cuida, se diagnostica, se acompaña y se intenta sanar.

Ahí aparece uno de los hilos más fuertes de esta protesta: la Caja es pensada como una institución del cuidado.

No como una empresa más. No solamente como un sistema que presta servicios. En una de las intervenciones se la nombra como una institución solidaria y como una columna vertebral de la paz social del país.

Y quizá ahí esté una de las claves para escuchar lo que ocurre en la calle.

Una defensa que comienza antes de que podamos hablar

La seguridad social aparece en los relatos como algo que acompaña la vida entera.

Una persona recuerda que todos hemos nacido en hospitales de la Caja. Otra habla de quienes necesitan sus servicios para enfrentar enfermedades y operaciones que sus ingresos jamás podrían pagar. Una joven recuerda que ella misma vino al mundo gracias a la institución.
La Caja aparece así como una infraestructura que sostiene la vida incluso antes de que podamos reconocerla como tal.

Está allí cuando nacemos, cuando enfermamos, cuando necesitamos una cirugía, cuando una familia atraviesa una emergencia. Está allí también para quienes no podrían convertir una enfermedad en una cuenta que pagar.

Por eso, cuando las personas en la calle dicen que la Caja “es de todos”, no están hablando únicamente de propiedad institucional. Están hablando de interdependencia.

Dependemos de otras personas para sostener nuestra vida. Y una sociedad decide organizar parte de esa dependencia mediante instituciones comunes.

La seguridad social es, en ese sentido, una manera concreta de decir que la salud de una persona no debería depender exclusivamente de su capacidad individual de pago.

El cuidado frente a la lógica de la mercancía

Varias de las voces expresan una preocupación por la posibilidad de que la salud termine siendo tratada cada vez más como una mercancía.

La amenaza que se nombra es la privatización, pero detrás de esa palabra aparece una preocupación más profunda: ¿qué sucede cuando aquello que necesitamos para vivir comienza a organizarse principalmente según la capacidad de pago?

Una de las intervenciones lo expresa de manera directa al recordar que existen lugares donde las personas pueden quedar fuera de la atención porque no tienen dinero para pagarla. En contraste, reivindica la existencia de una institución capaz de financiar tratamientos y operaciones que resultarían inaccesibles para buena parte de la población.

La discusión, entonces, no es únicamente sobre quién administra hospitales o cuánto cuesta determinado servicio. Es también una discusión sobre qué consideramos un derecho y qué estamos dispuestos a convertir en negocio.

Las amenazas que aparecen en las voces

La protesta no se construye solamente desde una defensa nostálgica de lo que existe. Las personas señalan problemas y amenazas concretas.

Una de las principales preocupaciones es el dinero que el Estado adeuda a la Caja y el impacto que ese financiamiento insuficiente tiene sobre su capacidad de responder a las necesidades de la población. Otra preocupación recurrente es la autonomía institucional y la intervención política en las decisiones de la CCSS.
También aparece el temor frente a la privatización y la tercerización, así como la preocupación por el debilitamiento de capacidades institucionales, por la disponibilidad de infraestructura, equipos y personal y por las decisiones que puedan afectar el funcionamiento de la institución.

Y hay una preocupación que atraviesa varias intervenciones: qué ocurre con la democracia cuando las instituciones públicas y sus mecanismos de autonomía y control son debilitados.

Por eso algunas voces no hablan únicamente de salud. Hablan también de división de poderes, de legalidad, de autonomía y de la posibilidad de que la ciudadanía pueda exigir cuentas a quienes gobiernan.

La defensa de la Caja aparece así conectada con una pregunta mayor: ¿qué instituciones necesitamos para cuidar la vida y qué condiciones democráticas necesitamos para proteger esas instituciones?

Una herencia que no se guarda en una vitrina

Hay otra palabra que aparece en la protesta y que vale la pena detenerse a escuchar: herencia.

Una de las participantes dice que la Caja es una herencia de Costa Rica y que, como toda herencia, tiene que ser cuidada.

Pero una herencia no es solamente algo que recibimos. También es algo que dejamos.

Por eso la pregunta no debería ser únicamente qué hemos recibido de la seguridad social, sino qué estamos haciendo hoy para que otras personas puedan recibirla mañana.

En la manifestación aparecen jóvenes, estudiantes, personas trabajadoras, organizaciones sindicales, comunidades y personas usuarias de los servicios de salud. Una de las voces jóvenes lo expresa justamente como una responsabilidad con quienes vienen: defender la Caja es también defender las posibilidades de futuro de hijos, padres y nuevas generaciones.

La herencia, entonces, deja de ser una mirada hacia el pasado.

Se convierte en una responsabilidad con el futuro.

Cuidar lo común

Quizá por eso la palabra que mejor atraviesa este conjunto de voces no sea “defensa”.

Sea cuidado.

-Cuidar la salud de quien no conocemos.

-Cuidar una institución que puede necesitarnos hoy, aunque ayer no la necesitáramos.

-Cuidar los recursos que hacen posible que un hospital funcione.

-Cuidar a quienes trabajan en ellos.

-Cuidar la autonomía de las instituciones públicas.

-Cuidar también las reglas democráticas que permiten exigir responsabilidades.

-Y cuidar aquello que una sociedad decidió construir colectivamente para que la enfermedad, el accidente o el nacimiento no se conviertan automáticamente en una condena económica.

En la calle, entre una consigna y una cimarrona, eso es lo que parecen estar diciendo muchas de estas voces: la seguridad social no se defiende solamente porque sea una institución histórica. Se defiende porque expresa una decisión colectiva sobre cómo queremos vivir juntos.

-Una decisión que coloca la vida antes que la capacidad de pago.

-Una decisión que reconoce que necesitamos de otras personas.

-Una decisión que convierte la solidaridad en una política pública.

La pregunta que queda abierta

Las voces del 3 de septiembre no son uniformes. Hay enojo, indignación, memoria, humor, preocupación y también alegría. Hay críticas al gobierno, llamados a la movilización y distintas interpretaciones sobre las amenazas que enfrenta la Caja.

Pero en medio de esa diversidad aparece algo común. Una y otra vez, las personas hablan de quienes nacieron, quienes fueron atendidos, quienes sobrevivieron, quienes necesitan un tratamiento, quienes trabajan en los hospitales y quienes todavía no han necesitado la Caja pero saben que algún día podrían hacerlo. Hablan, en definitiva, de la vida.

Y quizá por eso defender la seguridad social nos obliga a hacernos una pregunta que va más allá del 3 de septiembre:

¿Qué tipo de sociedad queremos construir cuando llegue el momento en que cualquiera de nosotros necesite que alguien nos cuide?

Porque una sociedad solidaria no se mide solamente por lo que puede comprar cada persona por separado. También se mide por aquello que somos capaces de garantizar colectivamente. La Caja, en ese sentido, no es solamente un lugar al que vamos cuando enfermamos. Es una forma de decir que la vida de las otras personas también nos importa.

Porque protestar no significa dejar de reír

Y en medio de la indignación también hubo espacio para reír, jugar y crear. Porque la protesta social no solo se expresa en discursos y consignas: también se construye desde el humor, la sátira, la música y la imaginación popular.

Este video recoge precisamente ese otro rostro de la movilización: la capacidad de convertir la calle en un espacio de encuentro, de crítica y también de alegría. Una forma de decir que defender lo público también puede hacerse con creatividad, con irreverencia y con una sonrisa.

Porque hasta para protestar, el pueblo sabe inventarse sus propias formas de decir: aquí estamos y aquí seguimos.

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La pedagogía de la protesta: lo que aprendemos cuando salimos a la calle

Antes de leer, escuchemos.

Escuchemos las voces de quienes estuvieron hoy en la calle. Dejemos que sean sus palabras, sus gritos, sus preguntas, sus risas, sus consignas y sus emociones las que nos devuelvan a este 1 de setiembre. Revivamos la protesta desde quienes la caminaron, la sintieron y la hicieron posible.

Este collage de voces no busca solamente registrar lo ocurrido. Es una invitación a volver sobre ese momento desde los sentires de quienes participaron: la indignación frente a los recortes, la preocupación por el futuro, la defensa de la educación pública, pero también la alegría de encontrarse, cantar, reír, jugar y bailar.

Después de escuchar, les invitamos a leer. Porque quizás una protesta también puede ser una escuela. Y entonces aparece una pregunta que atraviesa esta jornada: ¿qué aprendemos cuando protestamos?

Una escuela que no tiene aula

La protesta suele ser mirada desde afuera. Se cuentan las personas que asistieron, las consignas, las calles recorridas, las declaraciones, los enfrentamientos o las demandas. Se intenta medir su impacto y determinar si tuvo éxito.

Pero hay otra dimensión que suele quedar escondida: lo que una movilización enseña mientras ocurre.

La calle se convierte por unas horas en un espacio donde aprendemos a reconocernos, a escucharnos y a descubrir que nuestras preocupaciones no son solamente individuales. Lo que una persona vive como incertidumbre frente al futuro puede encontrar en otra voz una explicación, una pregunta o una compañía.

La protesta produce así un conocimiento situado: se aprende caminando, conversando, gritando, escuchando, preguntando y compartiendo.

Las voces recogidas este 1 de setiembre permiten acercarnos a esa pedagogía cotidiana de la movilización.

Y quizás podamos reconocer algunos de sus aprendizajes.

Aprendemos a cuidar y cuidarnos

En medio de una movilización también se aprende que nadie llega completamente solo.

Se pregunta si alguien necesita algo. Se espera a quien quedó atrás. Se comparte el espacio. Se acompaña a quien está cansado. Se está pendiente de quienes caminan alrededor.

Son gestos pequeños, pero contienen una idea política profunda: la defensa de lo común comienza también por el cuidado de quienes lo están defendiendo.

Frente a una lógica social que muchas veces nos invita a resolver individualmente nuestros problemas, la protesta recuerda que también podemos construir respuestas colectivas. Cuidar y cuidarnos no es una pausa de la política. Es parte de ella.

Aprendemos a preguntar

Una de las características más fuertes de las voces de hoy es la presencia de preguntas.

-¿Por qué se reduce la educación?

-¿Por qué no se escucha a quienes serán afectados?

-¿Qué significa realmente defender el futuro del país?

-¿Quién decide las prioridades presupuestarias?

-¿Quiénes pagan las consecuencias de esas decisiones?

Preguntar es una forma de interrumpir aquello que pretende presentarse como inevitable.

Cuando una decisión política se presenta como la única alternativa posible, la pregunta abre una grieta: ¿tenía que ser así?

La protesta enseña entonces algo fundamental: no aceptar las decisiones como hechos naturales. Preguntar significa reconocer que detrás de cada presupuesto, cada recorte y cada política existen decisiones, intereses, prioridades y disputas.

Aprendemos a acompañarnos

Una movilización hace visible algo que la vida cotidiana suele esconder: nuestras luchas están conectadas.

La defensa de una beca puede estar relacionada con la posibilidad de que una persona permanezca en la universidad. La alimentación estudiantil puede estar relacionada con la permanencia educativa. La educación pública puede estar relacionada con la movilidad social. La inversión social puede estar relacionada con las posibilidades de futuro.

Por eso, acompañar una lucha que aparentemente no es propia también puede convertirse en una manera de defender aquello que nos sostiene colectivamente.

No marchamos solamente por quienes están hoy en las aulas. También por quienes estarán mañana.

Esta idea aparece con fuerza en las voces recogidas durante la protesta: defender la educación pública significa defender posibilidades que alcanzan a quienes todavía no han llegado a ellas.

Aprendemos a caminar juntos y juntas

Caminar parece sencillo. Pero caminar colectivamente requiere mirar a los lados, reconocer otros ritmos, esperar, avanzar, detenerse y volver a comenzar.

Una movilización convierte ese gesto cotidiano en una experiencia política.

Durante unas horas dejamos de ser personas dispersas para convertirnos en un cuerpo colectivo que ocupa el espacio público.

No necesariamente pensamos igual.

No tenemos las mismas historias.

No venimos de los mismos lugares.

Pero podemos coincidir en una preocupación, en una demanda o en la necesidad de defender algo que consideramos común. Caminar juntos y juntas no significa caminar al mismo paso. Significa decidir que vale la pena avanzar acompañados.

Aprendemos a reír

Hay algo que también merece ser escuchado en el registro de esta protesta: la alegría.

Entre las consignas, las denuncias y la indignación aparecen llamados a bailar, a mantener el ánimo, a encontrarse con otras personas.

Esto puede parecer secundario frente a la gravedad de lo que se está discutiendo. No lo es.

La alegría también puede ser una forma de resistencia frente al miedo y al agotamiento. Una movilización no solamente expresa aquello que rechazamos; también produce espacios donde podemos experimentar, aunque sea temporalmente, el mundo que queremos construir: un mundo donde estamos con otras personas y no solas frente a los problemas.

Aprendemos a jugar

La protesta también tiene una dimensión lúdica. Las consignas, los ritmos, los gestos, las formas de ocupar la calle y las maneras creativas de comunicar una demanda producen otros lenguajes políticos.

Jugar permite experimentar. Permite probar otras formas de decir. Permite romper momentáneamente la solemnidad de la política institucional y recordar que la imaginación también es una herramienta para disputar sentidos. La calle no solamente comunica mensajes. La calle inventa lenguajes.

Aprendemos a bailar

Quizás bailar sea una de las imágenes más potentes de esta jornada. Bailar en medio de una protesta puede parecer contradictorio: ¿cómo se puede bailar cuando existen preocupaciones tan serias?

Precisamente porque protestar no significa renunciar a la vida.

La movilización también puede ser celebración de aquello que se quiere defender. Cuando se baila colectivamente, el cuerpo deja de ser solamente un cuerpo que reclama y se convierte en un cuerpo que afirma: aquí estamos, aquí seguimos y todavía tenemos razones para encontrarnos.

Aprendemos a debatir

No todas las voces recogidas dicen exactamente lo mismo. Y eso también es parte de la protesta.

En ellas aparecen distintas lecturas sobre el gobierno, el presupuesto, las universidades, el papel del mercado, las instituciones, la Asamblea Legislativa y el rumbo del país.

Una sociedad movilizada no es necesariamente una sociedad homogénea. Es una sociedad que abre espacios para disputar sentidos.

La pregunta democrática no debería ser cómo hacer desaparecer esas diferencias, sino cómo convivir con ellas y convertirlas en conversación, organización y acción colectiva.

La protesta enseña que la política no está terminada cuando termina una elección.

También ocurre cuando las personas se reúnen para discutir qué consideran justo, qué futuro quieren y qué están dispuestas a defender.

Aprendemos la sátira

Y está también la sátira. La burla. La ironía. El juego con las palabras. La capacidad de reírse del poder.

La sátira permite decir aquello que, expresado solamente mediante un discurso formal, podría perder fuerza. Desarma solemnidades, cuestiona discursos oficiales y permite mirar las contradicciones desde otro ángulo. En ese sentido, también es una forma de pedagogía.

Porque nos enseña a no tomar como natural aquello que el poder presenta como incuestionable.

La sátira no reemplaza la argumentación, pero puede abrir una puerta para que una pregunta entre por otro camino.

¿Qué se está disputando realmente?

Después de escuchar estas voces, la discusión sobre el presupuesto educativo parece adquirir otra dimensión.

No estamos únicamente frente a una discusión sobre porcentajes. Estamos frente a una disputa sobre las condiciones materiales para ejercer un derecho, sobre el papel de las instituciones públicas y sobre las posibilidades de futuro de quienes dependen de ellas.

Las voces de esta jornada expresan preocupación por los recortes, por las becas, por las condiciones para estudiar, por la falta de escucha y por la posibilidad de que la educación pública pierda capacidad para responder a las necesidades sociales.

Algunas intervenciones vinculan este proceso con una transformación más amplia: una universidad cada vez más orientada hacia el mercado, un debilitamiento de la inversión social y una reducción de los espacios de participación y negociación.

Son lecturas políticas expresadas desde la movilización. No todas las personas participantes necesariamente las comparten de la misma manera.

Pero escucharlas importa. Porque permiten identificar qué está siendo percibido como amenaza por quienes hoy decidieron salir a la calle.

Y entre esas amenazas aparece una preocupación de fondo: que aquello que durante décadas fue construido como derecho pueda comenzar a ser tratado progresivamente como privilegio.

La protesta como memoria

En las voces también aparece una memoria. La memoria de quienes estudiaron gracias a la educación pública. De las familias que hicieron esfuerzos para que sus hijos e hijas pudieran estudiar. De quienes recibieron becas. De quienes encontraron en una institución pública una posibilidad que de otro modo habría sido inaccesible.

La protesta recuerda que los derechos no aparecieron espontáneamente. Fueron producto de decisiones políticas, luchas sociales, instituciones y generaciones que construyeron condiciones distintas a las que encontraron quienes les precedieron.

Por eso defender la educación pública también significa defender una memoria colectiva.

Recordar que aquello que hoy parece normal alguna vez fue una conquista. Y que las conquistas pueden ser ampliadas, pero también pueden ser debilitadas.

La esperanza de una sociedad que todavía se mueve

Quizás por eso esta jornada importa más allá de sus resultados inmediatos. Porque en un momento donde muchas personas sienten que las decisiones se toman lejos de ellas, la movilización devuelve una experiencia elemental de la democracia: podemos encontrarnos, hablar, preguntar, disentir y hacer visible aquello que no queremos aceptar en silencio.

La esperanza no está en creer ingenuamente que todo saldrá bien. Está en descubrir que todavía existen capacidades colectivas para actuar.

-Cuidar.

-Preguntar.

-Acompañarnos.

-Caminar juntos y juntas.

-Reír.

-Jugar.

-Bailar.

-Debatir.

-Satirizar.

-Organizarnos.

Y volver a encontrarnos.

Una pedagogía para defender lo común

Quizás esta sea una de las principales enseñanzas del 1 de setiembre. La protesta no solamente demanda algo al poder. También nos transforma mientras la hacemos.

Nos enseña que defender un derecho requiere aprender a reconocerlo como un asunto colectivo. Que la indignación puede convertirse en conversación. Que la conversación puede convertirse en organización. Que la organización puede ocupar la calle. Y que ocupar la calle también puede ser una experiencia de cuidado, alegría y esperanza.

Por eso, escuchar primero estas voces importa.

Porque antes de analizar los números, las declaraciones y las posiciones políticas, podemos escuchar los cuerpos y los sentires de quienes estuvieron allí.

-Podemos escuchar el cansancio y la energía.

-La indignación y la risa.

-La preocupación y la esperanza.

-El grito y la pregunta.

-La protesta y la celebración.

Quizás ahí esté la verdadera pedagogía de la protesta: aprender que aquello que parece imposible de defender individualmente puede convertirse en una fuerza cuando decidimos hacerlo juntas y juntos.

Hoy la educación pública volvió a caminar. Y mientras caminaba, también enseñó. Nos enseñó que una sociedad que todavía se encuentra, se pregunta, se cuida, se ríe y se organiza es una sociedad que todavía puede disputar su futuro.

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Comunidades bribris protestan contra DINADECO por irrespeto a autonomía indígena

Zuiri Méndez y Andrea Espinoza

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Clementino Villanueva se levantó a las 3:00 am para viajar desde la comunidad de Meleruk en Territorio Bribri de Talamanca hacia las oficinas centrales de DINADECO en San José.

Al igual que Filidencio Cubillo y más de 60 personas de distintas comunidades de este territorio indígena en Caribe Sur, protestaron el jueves 20 de agosto porque las jefaturas de DINADECO no han tramitado la destitución de la presidenta de la ADITIBRI.

La presidenta firmó un contrato el 14 de septiembre del 2024 con la empresa GGI Grupo GOICO Internacional, por la venta de certificados de créditos de carbono basados en cobertura forestal del territorio. Este convenio se realizó sin consulta previa, libre e informada.

Desde el 2024 la Asamblea de ADITIBRI anula el contrato, sin embargo el conflicto continuó y por esto que el 8 de mayo del 2026 realizaron una nueva Asamblea donde la mayoría votó por destituir a la presidenta.

Clementino indicó que se está irrespetando la autonomía indígena tutelada por legalidad nacional e internacional. Primero cuando DINADECO no está acogiendo la voluntad de la Asamblea general de la ADITIBRI. Y segundo, por firmar un contrato sin realizar la debida consulta.

Bonos de carbono, restricciones culturales y puertas a extractivismos

Restringirnos de las zonas boscosas para el uso de bonos de carbono, atenta contra nuestra dignidad y soberanía alimentaria. Por eso estamos aquí, y esperamos que DINADECO escuche nuestra petición y que el estado costarricense reconsidere su posición. No estamos mendigando nada, estamos aquí exigiendo nuestros derechos, señaló Filidencio.

Las críticas a los mercados de bonos de carbono ha generado críticas dentro del territorio bribri de Talamanca desde el 2010, cuando inició el Programa de REDD+ para territorios indígenas, en cual se estaba planteando según las poblaciones, sin un debido proceso de consulta.

Los bonos de carbono se venden a partir del carbono que capturan grandes masas de árboles, por lo que en los contratos que se firman, usualmente se impide que se realice cualquier alteración que vaya a afectar la captura del carbono. Esto implica que las poblaciones que viven con los bosques, no puedan tocarlos.

En ese sentido genera serias dudas sobre las restricciones que este tipo de proyectos pueda traer sobre los usos tradicionales sobre los bosques, pues son las zonas boscosas que sostienen la materialidad y cosmovisión de sus vidas. Así indica Filidencio: Es parte de nuestra cosmovisión, cuidar la naturaleza, porque en la naturaleza, en los bosques es que se encuentra nuestro alimento, la medicina, nuestras viviendas.

Clementino por su parte, señaló que la firma de estos contratos con empresas privadas pone en riesgo la poca selva que tienen, la protección de los ríos y las montañas. Y señala: Si los traidores entregan nuestros recursos a las transnacionales, no solo es el carbono, sino ya da pie para que exploten el oro, las minas, madera, gas. Estamos abriendo la puerta sin darnos cuenta que todo eso va a suceder a futuro. Y cuando eso pase ¿A dónde iremos todas las familias indígenas? Por eso estamos defendiendo lo poquito que tenemos.

Un lucha que continúa

A la protesta asistieron mujeres, menores de edad y personas adultas mayores provenientes de las comunidades de Kachabli, Korbita, Suretka, Meleruk, Rancho Grande, Volio, entre otras. Clementino indicó: Y si en caso que DINADECO no llegue con las personas negociadoras a un feliz término, la próxima vamos a tener invadido todo esto, no va a pasar ni carro. Talamanca ha sido siempre luchador defendiendo sus recursos naturales.

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Monitorear para defender: lo que los recientes registros de Philippe Vangoidsenhoven nos muestran sobre el Caribe Sur

Humedales intervenidos, bosques bajo presión, cambios de uso del suelo y fauna que intenta desplazarse entre carreteras, tendidos eléctricos y espacios urbanos. Los monitoreos recientes de Philippe Vangoidsenhoven muestran un territorio en transformación y la importancia de sostener una mirada atenta sobre aquello que muchas veces pasa desapercibido.

Monitorear un territorio también es una forma de defenderlo: observar, recorrer, fotografiar, registrar, comparar y volver al mismo lugar permite reconocer transformaciones que difícilmente pueden comprenderse a partir de una fotografía aislada o de una denuncia puntual. En el Caribe Sur, el trabajo de monitoreo que Philippe Vangoidsenhoven desarrolla desde hace varios años permite precisamente construir esa mirada sostenida sobre el territorio.

Sus recorridos por sectores como Hone Creek, Cocles, Playa Negra, Punta Uva y Sixaola han permitido documentar tanto espacios que todavía conservan importantes valores ecológicos como procesos de intervención que requieren atención.

Los registros más recientes permiten mirar dos dimensiones estrechamente relacionadas: las transformaciones de los ecosistemas y los efectos que estas tienen sobre la fauna que habita y se desplaza por el territorio.

Cuando un territorio cambia poco a poco

Uno de los principales aportes del monitoreo es mostrar que la transformación territorial no necesariamente ocurre de una sola vez.

En los casos recientemente documentados en Cocles y Sixaola aparecen procesos acumulativos: eliminación de vegetación, chapea, tala, rellenos, fumigación, extracción de madera, apertura de terrenos y, posteriormente, posibles cambios hacia otros usos.

En uno de los casos de Cocles, por ejemplo, un terreno donde anteriormente existía una bomba de agua presenta intervenciones que incluyen eliminación de árboles y rellenos con distintos materiales. Las imágenes obtenidas mediante dron permiten observar que una parte importante del terreno presenta características propias de un humedal, algo que resulta difícil de apreciar desde la vía pública debido a la vegetación que permanece en su borde.

El caso resulta especialmente relevante porque permite preguntarnos qué ocurre cuando las transformaciones de un terreno se desarrollan gradualmente y permanecen parcialmente ocultas a la mirada cotidiana.

Y también muestra por qué una fotografía tomada hoy puede ser apenas un fragmento de una historia territorial mucho más larga.

Humedales bajo presión, pero también espacios que todavía resisten

Los registros de Cocles muestran un contraste especialmente significativo. Mientras un humedal presenta señales de intervención, en un terreno cercano todavía permanece otra pequeña laguna rodeada de vegetación y árboles, aparentemente conservando sus características naturales.

La comparación entre ambos espacios permite recordar algo fundamental: los humedales no son terrenos vacíos esperando ser rellenados. Son ecosistemas con funciones propias y espacios que sostienen biodiversidad. El hecho de que algunos todavía permanezcan en buenas condiciones permite, además, reconocer que las transformaciones no son inevitables y que existen espacios cuya conservación continúa siendo posible.

Por eso, monitorear también significa identificar aquello que todavía está ahí y preguntarnos qué necesitamos hacer para que permanezca.

Bosques, humedales y cauces forman parte del mismo territorio

Otro de los elementos que aparece en los registros es la dificultad de separar los problemas ambientales en categorías aisladas.

En el sector de Cocles, territorio Keköldi, el monitoreo permitió identificar trabajos de chapea en un terreno con árboles antiguos y sectores con características de humedal. La intervención pudo detenerse con la participación de la Fuerza Pública y un fiscal indígena. El sitio se encuentra, además, en un espacio vinculado al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y, según la información registrada, parte del área corresponde a Patrimonio Natural del Estado.

En Sixaola aparece otra cadena de transformaciones: extracción de madera, reducción de cobertura vegetal, eliminación de regeneración, fumigación, fragmentación y posterior transformación de terrenos, incluyendo áreas que habrían sido destinadas a la venta de lotes. El monitoreo también registra intervenciones próximas al cauce de agua que atraviesa la finca.

Esto permite observar una tendencia que merece especial atención: bosque, humedal, vegetación ribereña, cauces y cambio de uso del suelo no pueden analizarse como asuntos separados.

Lo que ocurre en una parcela puede tener efectos sobre otros elementos del territorio.

De la extracción de madera al cambio de uso del suelo

El caso de San Rafael 2, en Sixaola, permite observar una transformación que merece seguimiento más allá del momento de la tala.

De acuerdo con el monitoreo, la extracción de madera se habría desarrollado durante más de tres décadas, pasando progresivamente de árboles de mayor diámetro hacia árboles más pequeños. Posteriormente, algunas áreas fueron despejadas, se iniciaron labores de fumigación y parte del terreno habría comenzado a ponerse a disposición para la venta de lotes.

La preocupación, entonces, no se limita a cuánto bosque se pierde en un momento determinado.

También importa qué ocurre después. La apertura de terrenos, la fragmentación y la posible urbanización pueden formar parte de una misma secuencia de transformación. Por eso, el monitoreo permite construir memoria y seguir el proceso completo, en lugar de observar únicamente una intervención puntual.

La fauna también nos cuenta cómo está cambiando el territorio

El segundo monitoreo reciente amplía esta mirada. Porque el territorio no está habitado únicamente por personas, casas, carreteras o infraestructura. También lo utilizan especies que necesitan desplazarse, alimentarse, descansar y reproducirse.

En Puerto Viejo, Philippe ha seguido durante años la presencia de un cocodrilo juvenil que habita una quebrada ubicada en la entrada de la localidad. El animal parece haberse adaptado a este espacio urbano y mantiene una conducta de evasión frente a las personas. Pero incluso pequeñas modificaciones pueden alterar las condiciones de esa convivencia.

Los troncos ubicados en la desembocadura de la quebrada, utilizados por el cocodrilo como lugar de descanso, fueron retirados. La intervención habría estado relacionada con el manejo del agua, aunque esta información requiere confirmación institucional. El caso abre una pregunta sencilla pero importante: ¿qué ocurre cuando modificamos un elemento aparentemente menor que forma parte del hábitat de una especie?

El monitoreo también registra dos casos de congos encontrados muertos en sectores de Paraíso Road y San Rafael 2, Sixaola. En el primer caso, las características observadas permiten plantear como hipótesis un posible contacto con cables de alta tensión, aunque la causa exacta requeriría una evaluación técnica. El segundo registro refuerza la necesidad de identificar posibles puntos de riesgo en los recorridos de la fauna.

No basta con construir infraestructura para la fauna

Hay otro aprendizaje interesante. En Paraíso Road se había instalado un mecate con la intención de facilitar el desplazamiento de animales sobre la carretera. Sin embargo, después de más de un año de seguimiento mediante cámaras, Philippe señala que no registró cruces por esa estructura.

Esto plantea una cuestión que debería estar presente en las políticas de conservación: una infraestructura para fauna no debería evaluarse solamente porque fue construida.

También necesitamos saber si funciona. ¿La utilizan los animales? ¿Qué especies la utilizan? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué condiciones? ¿Qué modificaciones serían necesarias?

El monitoreo permite justamente formular estas preguntas y evaluar si las medidas adoptadas producen los resultados esperados.

Algunas tendencias que atraviesan los registros

Aunque los casos son diferentes, vistos en conjunto permiten reconocer varias tendencias presentes en el Caribe Sur.

1. La transformación territorial es progresiva: Las intervenciones pueden acumularse durante años: primero la eliminación de vegetación, luego el relleno, la limpieza, la fumigación, la apertura de caminos o terrenos y finalmente nuevos usos.

2. Los humedales continúan bajo presión: Los registros muestran tanto humedales intervenidos como espacios que todavía conservan sus características naturales. El contraste hace visible la necesidad de protegerlos y dar seguimiento a sus transformaciones.

3. El cambio de uso del suelo merece atención permanente: La pérdida de cobertura forestal puede ser parte de procesos más amplios de fragmentación, apertura de terrenos y urbanización.

4. La infraestructura también transforma los recorridos de la fauna: Carreteras, puentes y tendidos eléctricos atraviesan espacios utilizados por las especies. Lo que para las personas puede parecer infraestructura cotidiana puede convertirse en una barrera o un punto de riesgo para la fauna.

5. Las denuncias no deberían ser el punto final: En varios de los casos aparecen denuncias previas, participación institucional o acciones para detener intervenciones. Pero queda una pregunta fundamental: ¿qué ocurre después?

El seguimiento permite saber si una intervención se detuvo, si reapareció, si cambió de forma o si forma parte de un proceso más amplio.

6. La información también es una herramienta de prevención: Conocer dónde habita una especie, por dónde se desplaza o dónde se producen intervenciones permite anticipar conflictos y pensar medidas preventivas.

En ese sentido, monitorear no es solamente registrar problemas. Es también producir información para tomar mejores decisiones.

Monitorear es construir memoria territorial

Quizás uno de los aportes más importantes de este trabajo sea precisamente ese: construir memoria.

Las fotografías, videos, recorridos, observaciones y registros realizados en distintos momentos permiten comparar el antes y el después, reconocer patrones y documentar cambios que podrían perderse en la cotidianidad.

El monitoreo ciudadano puede convertirse así en una herramienta para mirar procesos que requieren tiempo.

Porque un bosque que desaparece, un humedal que se rellena, un cauce que se modifica o un corredor utilizado por la fauna que se interrumpe no son necesariamente hechos aislados. Pueden ser parte de transformaciones más amplias del territorio.

Y seguir esas transformaciones permite formular preguntas que no siempre aparecen cuando miramos solamente una parcela o un evento:

– ¿Qué está cambiando?
– ¿Desde cuándo?
– ¿Qué permanece?
– ¿Quién interviene?
– ¿Qué mecanismos existen para protegerlo?
– ¿Y qué sucede después de que aparece una alerta?

Seguir mirando también es defender

Los registros recientes de Cocles, Puerto Viejo y Sixaola muestran un Caribe Sur profundamente dinámico.

Hay humedales que enfrentan presiones, pero también otros que permanecen. Hay bosques transformados y espacios que todavía conservan árboles antiguos. Hay fauna que encuentra formas de adaptarse a espacios urbanos y animales que enfrentan riesgos asociados con la infraestructura.

Frente a estas transformaciones, el monitoreo permite hacer algo fundamental: no perder de vista lo que está ocurriendo.

El trabajo de Philippe Vangoidsenhoven nos recuerda que recorrer el territorio, documentarlo y volver a mirar en el tiempo puede aportar elementos para comprender los cambios, identificar tendencias y mantener abiertas las discusiones sobre cómo queremos habitar estos territorios.

Porque monitorear no es solamente observar. Es construir memoria, producir conocimiento y sostener una mirada sobre aquello que queremos defender.

Seguir el monitoreo del Caribe Sur

Este trabajo de observación continúa y reúne nuevos registros sobre fauna, ecosistemas, transformaciones territoriales y situaciones que requieren seguimiento.

Si quieren conocer directamente los reportes, fotografías y observaciones de Philippe Vangoidsenhoven, pueden visitar su página de monitoreo:

Ingresa aquí para conocer su sitio web.

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Seguir estos registros también es una forma de mantener la mirada sobre el territorio.

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La Escuela de la Protesta Social: fui a cubrir un plantón y terminé aprendiendo cosas

Pueden escuchar el audio aquí

Soy Cartman. Trabajo en el Observatorio de Bienes Comunes. Muy a mi pesar.

No recuerdo haber solicitado este puesto, pero aquí estoy. Y como si trabajar en el Observatorio no fuera suficiente castigo, de vez en cuando me mandan a observar cosas. Esta vez tocó un plantón.

La instrucción, según recuerdo, era bastante sencilla: ir, escuchar, registrar y después contar qué había pasado. Yo pensé que sería una de esas actividades en las que uno llega, mira unas pancartas, escucha un par de discursos y puede regresar tranquilamente a sus asuntos.

No contaba con la Escuela de la Protesta Social.

Porque eso fue lo que encontré en la calle. Una escuela sin matrícula, sin pupitres y sin ninguna posibilidad de solicitar un cambio de grupo. Las pizarras eran los carteles. Las clases aparecían cada vez que alguien tomaba el micrófono. Y, para mi desgracia, las personas que estaban ahí tenían bastante que decir.

Así que escuché.

Y después de escuchar varias veces el audio que quedó registrado durante la jornada, tengo que admitir algo que preferiría mantener en secreto: un plantón puede ser bastante más complejo que un grupo de personas protestando.

Lo primero que me enseñaron fueron los carteles. Yo había pensado que eran simplemente carteles, pero aparentemente hasta eso requiere más atención de la que estaba dispuesto a ofrecer. En cada uno había una manera de nombrar el presente: una demanda, una preocupación, una denuncia, una pregunta o una frase capaz de condensar en pocas palabras algo que, en un discurso, podría tomar veinte minutos.

Por eso las calles también tienen pizarras.

Los carteles no explican toda una coyuntura, pero dejan rastros de ella. Son pequeñas piezas de memoria instantánea. Registran aquello que alguien consideró suficientemente importante como para escribirlo y levantarlo frente a otras personas. Y cuando se juntan muchos, empiezan a mostrar algo más: las preocupaciones, los lenguajes y hasta el sentido del humor con los que una movilización intenta hacerse escuchar.

Eso me interesó. No demasiado, claro.

No quiero que en el Observatorio crean que estoy disfrutando. Pero sí lo suficiente para entender que la protesta también escribe.

Después vino mi segunda sorpresa. Yo esperaba encontrar una concentración marcada por la solemnidad, porque aparentemente tenemos la costumbre de imaginar que protestar significa poner cara seria durante varias horas. Pero había música, canciones, aplausos, encuentros y solidaridad. Había alegría.

En una de las intervenciones se habló precisamente de la importancia de la solidaridad, el compañerismo y la ciudadanía, y también aparecieron voces de personas adultas mayores que reivindicaron su presencia y su participación en la defensa de derechos y de aquello que consideran construido colectivamente.

Ahí tuve que corregir otra de mis ideas. La protesta no solamente se alimenta de la indignación.

También necesita encuentro.

La gente se reúne porque algo le importa, pero también porque encontrarse con otras personas puede producir solidaridad, confianza y hasta alegría. Parece una cosa sencilla, pero tiene consecuencias importantes: una movilización no es solamente una suma de reclamos individuales, sino un espacio donde esos reclamos empiezan a reconocerse como asuntos compartidos.

Cartman aprendió eso. No pongan “Cartman aprendió eso” en ningún informe oficial.

Luego llegó la memoria, y ahí la cosa cambió.

Una de las intervenciones comenzó a recuperar nombres de mujeres: Luisa Carrasco, Luisa González, Carmen Lyra, Ángela Acuña, Yolanda Oreamuno, Chavela Vargas, Adela González y Cristina Zeledón. Después de cada nombre aparecía un “presente”. La intervención no se quedó en las figuras más conocidas, sino que también recordó a mujeres cuyos nombres no siempre ocupan un lugar visible en los relatos históricos: quienes trabajan en casas, hospitales, fábricas, campos y montañas y que, desde esos lugares, también sostienen la vida cotidiana.
Entonces entendí por qué una protesta puede ser también una forma de memoria.

No se trata solamente de recordar por recordar. Se trata de traer al presente las luchas que hicieron posible que algunas cosas que hoy consideramos derechos llegaran a existir. La memoria permite conectar lo que ocurre ahora con quienes estuvieron antes, con sus luchas, sus derrotas, sus conquistas y sus preguntas.

Una de las voces del plantón lo planteó desde la historia de la democracia costarricense y de las luchas por la educación pública, los derechos sociales, las libertades, la paz y la división de poderes.

Y ahí apareció una frase que, pese a mi natural resistencia a tomarme estas cosas demasiado en serio, me pareció difícil de ignorar: nuestra dignidad, nuestra rabia y nuestra rebeldía tienen historia.

Quizá esa sea una de las razones por las que las protestas insisten tanto en recordar nombres. Porque decir “presente” no solamente habla de alguien que ya no está. También dice que aquello por lo que esa persona luchó sigue formando parte de la conversación.

La memoria, entonces, no queda detrás.

Camina con la protesta.

Pero la jornada no tenía una sola memoria ni una sola voz. Y esa fue otra de las cosas que tuve que aprender.

En el audio aparecen personas adultas mayores, activistas, estudiantes y personas trans, entre otras voces, hablando desde experiencias diferentes. Una intervención de la Asociación Trans Vida reivindicó la presencia de las personas trans y de quienes desafían las normas de género, rechazando que sus vidas fueran reducidas a una supuesta “ideología” y defendiendo su lugar como personas y ciudadanía. También hubo un llamado a detener la confrontación y abrir espacios de diálogo.

Eso hizo que el plantón adquiriera otra dimensión.

Protestar también es decir quiénes están. Quiénes tienen algo que decir. Quiénes quieren ser escuchados. Y quiénes consideran que determinadas discusiones sobre el país también les pertenecen.

No todas las voces del audio dicen exactamente lo mismo. Tampoco tienen las mismas experiencias ni las mismas prioridades. Pero comparten un espacio público y, durante un momento, participan de una conversación colectiva.

Eso es importante porque a veces hablamos de “la protesta” como si fuera una persona con una sola opinión. No lo es.

La protesta tiene voces. Y esas voces pueden coincidir, complementarse, tensarse e incluso contradecirse. Escucharlas juntas permite entender algo que una fotografía no muestra: la diversidad interna de quienes salen a la calle.

También se habló mucho de democracia.

Y aquí debo reconocer que pensé en esconderme detrás de una pancarta.

Las intervenciones vincularon la democracia con la libertad de expresión, los derechos humanos, la independencia de poderes, la institucionalidad, la educación pública, la paz y la participación ciudadana. Una de las voces cuestionó la idea de que la democracia se limite al momento de votar y reivindicó la posibilidad de organizarse, expresarse y participar en el espacio público.

También aparecieron críticas al Gobierno y preocupaciones relacionadas con el Poder Judicial, las garantías sociales y otras instituciones públicas.

Aquí hay que escuchar con cuidado. Las expresiones políticas fuertes que aparecen en el audio pertenecen a quienes participaron en el plantón. No son afirmaciones institucionales del Observatorio ni deben confundirse con hechos verificados simplemente porque fueron pronunciadas desde un micrófono. Pero sí forman parte de la memoria de esa jornada. Y eso también importa.

Porque un registro de protesta no solamente conserva argumentos con los que podemos estar de acuerdo. Conserva también el lenguaje de la confrontación, las preocupaciones, las exageraciones, las certezas y los temores que circulan en un momento determinado.

Escuchar es, en este caso, una forma de aproximarse a cómo una parte de la ciudadanía estaba leyendo el presente.

Y llegó.

Y entonces, cuando ya estaba bastante cansado de escuchar hablar de democracia, derechos, institucionalidad, memoria y paz, apareció el humor. Por fin. Ahí sí me sentí como pez en el agua.

Había canciones, consignas, bombas y juegos de palabras. Una de las canciones convertía la coyuntura política en una burla repetitiva; en otros momentos, las críticas aparecían acompañadas por humor y recursos propios de la tradición satírica de las protestas.
Y descubrí que la sátira también cumple una función política.

Puede señalar una contradicción sin necesidad de explicarla durante media hora. Puede quitarle solemnidad al poder. Puede transformar una crítica en una frase que se recuerda y circula. Puede hacer reír a quienes están ahí y, al mismo tiempo, dejar una pregunta incómoda.

La protesta puede estar profundamente preocupada por lo que está ocurriendo y aun así reírse.

De hecho, quizá justamente porque está preocupada necesita hacerlo.

Yo, personalmente, considero que esta fue la mejor parte de la clase.

No porque me guste la protesta. No porque me guste trabajar en el Observatorio. Y definitivamente no porque alguien me haya pedido escribir esta nota.

Simplemente porque era la materia para la que estaba mejor preparado.

Cuando terminó la jornada, volví al Observatorio con una conclusión bastante molesta: había ido pensando que debía registrar una protesta y terminé registrando algo mucho más difícil de resumir.

Había memoria. Había preocupación. Había distintas identidades y experiencias. Había defensa de derechos. Había una discusión sobre democracia y sobre el papel de las instituciones. Había solidaridad. Había alegría. Y había humor.

Todo ocurriendo al mismo tiempo. Por eso quizá sería demasiado sencillo decir que aquel plantón fue solamente una expresión de descontento. Lo que quedó grabado en el audio muestra algo más complejo: personas diferentes entrando al espacio público para contar cómo estaban viviendo el momento, qué les preocupaba, qué querían defender y qué país imaginaban.

Eso es lo que me interesa conservar. No una versión ordenada en la que todos piensan lo mismo. No una conclusión que resuelva el plantón en tres frases. Sino las voces.

Porque después de que la plaza se vacía, los carteles se guardan y las personas regresan a sus casas, todavía queda algo que puede volver a escucharse.

Una canción. Un nombre. Un “presente”. Una denuncia. Una carcajada. Una preocupación. Una idea de democracia. Una voz diciendo que está ahí. Y eso también es memoria.

Así que, después de todo, quizá sí fui a una escuela. Solo que no me avisaron. Y como aparentemente en el Observatorio creen que estas cosas son importantes, ahora me toca dejar la tarea. Escuchen el audio completo del plantón.

No se queden con mi versión. Yo ya hice bastante. Fui. Escuché. Tomé notas. Y escribí esto.

El resto está en las voces. Ahí están las canciones, las intervenciones, los nombres, los “presentes”, las demandas, el humor y las distintas maneras en que quienes participaron intentaron explicar qué estaba pasando. Yo solamente hice el favor de ponerlo por escrito.

Muy a mi pesar, claro.

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¿Derechos para quien los conoce? Salud, ciudadanía y la peligrosa idea de la “gente sencilla”

Las declaraciones de la diputada Marta Esquivel sobre las personas que recurren a la Sala Constitucional para exigir atención médica han generado una amplia discusión pública. La controversia se concentró inicialmente en una frase: quienes presentan recursos de amparo para acceder a servicios de salud serían, según sus palabras, “ticos con corona”. Sin embargo, la discusión más relevante quizás no se encuentra ahí.

Al explicar sus afirmaciones, la legisladora sostuvo que las personas “más sencillas” muchas veces no acuden a la Sala Constitucional porque desconocen cuál es su función. La observación, lejos de cerrar el debate, abre preguntas fundamentales sobre la forma en que entendemos la ciudadanía, los derechos y la igualdad en Costa Rica.

Porque si el acceso efectivo a los derechos depende de cuánto conocemos sobre las instituciones, los procedimientos o los mecanismos legales disponibles, entonces estamos frente a un problema mucho más profundo que una lista de espera o una disputa sobre prioridades administrativas.

Estamos frente a una discusión sobre quién puede ejercer sus derechos y quién queda excluido de hacerlo.

La desigualdad que se esconde detrás de los derechos

Formalmente, todas las personas tienen derecho a la salud y acceso a los mecanismos constitucionales para defender ese derecho. Pero la realidad social rara vez funciona de manera tan simple.

No todas las personas cuentan con el mismo nivel de información. No todas conocen los procedimientos institucionales. No todas tienen acceso a asesoría jurídica, redes de apoyo o acompañamiento organizativo. No todas disponen del tiempo, los recursos o la confianza necesaria para enfrentar procesos administrativos y judiciales.

En otras palabras, la existencia formal de un derecho no garantiza automáticamente la capacidad real de ejercerlo. Por eso resulta problemático interpretar que quienes presentan recursos de amparo constituyen una suerte de grupo privilegiado frente a quienes no lo hacen.

La pregunta relevante no es por qué algunas personas logran reclamar sus derechos.

La pregunta es por qué otras personas, enfrentando situaciones similares,

no cuentan con las mismas herramientas para hacerlo.

Cuando el acceso efectivo a un derecho depende del conocimiento, la información o la capacidad de movilización individual, la desigualdad deja de estar únicamente en los ingresos o las condiciones materiales. También aparece en la posibilidad misma de ser reconocido como sujeto de derechos.

Ciudadanía no es obedecer: es poder reclamar

Las democracias no se construyen únicamente a partir de elecciones periódicas o instituciones formales. También dependen de la capacidad de las personas para exigir rendición de cuentas y reclamar el cumplimiento de los derechos que el propio ordenamiento jurídico reconoce.

Desde esta perspectiva, los recursos de amparo no representan una anomalía del sistema democrático. Son parte de sus mecanismos de protección.

La Sala Constitucional no fue creada para atender casos excepcionales de personas privilegiadas. Fue concebida precisamente para garantizar que cualquier persona pueda defenderse cuando considera que una institución pública ha vulnerado un derecho fundamental.

Presentar un recurso de amparo no constituye un privilegio. Más bien evidencia el ejercicio de una ciudadanía activa que busca hacer efectivos derechos previamente reconocidos. Por ello, una democracia saludable debería preocuparse menos por quienes reclaman y más por las barreras que impiden que otras personas puedan hacerlo.

Los recursos de amparo como síntoma institucional

Existe además una dimensión que suele desaparecer del debate.

Cada recurso de amparo en materia de salud cuenta una historia previa.

-Una cita que nunca llegó.

-Una cirugía postergada durante años.

-Un examen que se retrasa indefinidamente.

-Un medicamento que no se entrega.

-Un tratamiento cuya espera pone en riesgo la calidad de vida de una persona.

Por esa razón, los recursos de amparo no deberían analizarse únicamente como un problema administrativo que altera listas de espera. También son indicadores de tensiones acumuladas dentro del sistema de salud.

Si durante décadas miles de personas han tenido que acudir a la Sala Constitucional para obtener atención médica, la pregunta no puede dirigirse exclusivamente hacia quienes presentan los recursos.

También debe dirigirse hacia la capacidad institucional para resolver las causas que los producen. Después de miles de resoluciones judiciales, órdenes constitucionales y llamados de atención, ¿por qué continúan reproduciéndose los mismos conflictos?

-¿Por qué los recursos siguen siendo necesarios?

-¿Por qué la respuesta institucional continúa llegando, en muchos casos, solamente después de la intervención judicial?

La persistencia de este fenómeno revela desafíos de gestión, planificación y organización que no desaparecen señalando a quienes recurren a los mecanismos constitucionales disponibles.

La paradoja de la “gente sencilla”

La referencia a la “gente sencilla” contiene una paradoja particularmente preocupante.

Si aceptamos que existe una parte de la población que desconoce cómo defender sus derechos, la conclusión lógica debería ser fortalecer los mecanismos de información, acompañamiento y acceso a la justicia. Sin embargo, el razonamiento parece desplazarse en otra dirección.

En lugar de preguntarnos por qué algunas personas no pueden reclamar, terminamos cuestionando a quienes sí lo hacen. De esta forma, la desigualdad deja de ser vista como un problema público que debe corregirse y pasa a convertirse en una característica naturalizada del sistema.

Pero una sociedad democrática no debería asumir con normalidad que ciertas personas conocen y ejercen sus derechos mientras otras permanecen excluidas de esa posibilidad. La existencia de ciudadanos de primera y segunda categoría no es una expresión de igualdad. Es precisamente su negación.

¿Dónde se coloca el foco del problema?

La discusión sobre los recursos de amparo también revela algo más profundo: la manera en que se distribuyen las responsabilidades cuando una institución enfrenta dificultades.

Con frecuencia, la atención pública se concentra en las personas que reclaman atención médica, en las listas de espera o en los mecanismos judiciales que buscan corregir situaciones concretas. Sin embargo, rara vez se dedica la misma energía a examinar los factores estructurales que limitan la capacidad de respuesta de la institución.

La historia reciente de la CCSS ha estado marcada por denuncias de corrupción, cuestionamientos sobre procesos de contratación, conflictos relacionados con intermediaciones privadas y los llamados «biombos», problemas de planificación, así como debates recurrentes sobre el uso de recursos públicos y la orientación de las inversiones institucionales.

A ello se suman problemas de carácter financiero que afectan directamente la sostenibilidad del sistema. Durante décadas, distintos sectores han señalado las consecuencias del incumplimiento en el pago de obligaciones patronales, las deudas acumuladas del Estado con la institución, las dificultades para recuperar recursos adeudados y los desafíos asociados a la informalidad laboral.

También han existido cuestionamientos sobre dinámicas de articulación entre la medicina privada y la atención pública, donde algunas personas con capacidad de pago acceden primero a consultas especializadas privadas y posteriormente buscan que determinados procedimientos, cirugías o tratamientos sean asumidos por la seguridad social. Más allá de los casos particulares, estas situaciones suelen alimentar debates sobre equidad, uso de recursos públicos y las distintas formas en que el poder adquisitivo puede influir en los recorridos de atención dentro del sistema de salud.

Ninguno de estos problemas puede explicarse por la existencia de recursos de amparo. Por el contrario, todos ellos inciden directamente sobre la capacidad administrativa, financiera y técnica que permite a la institución cumplir su misión.

Cuando faltan recursos, cuando la planificación es insuficiente, cuando la gestión enfrenta obstáculos persistentes o cuando intereses particulares logran capturar espacios de decisión, las consecuencias terminan manifestándose en aquello que la población experimenta cotidianamente: listas de espera prolongadas, atrasos en procedimientos, limitaciones en la cobertura y dificultades para garantizar una atención oportuna.

Resulta paradójico que el debate sobre los supuestos «ticos con corona» se concentre en personas que recurren a mecanismos constitucionales para exigir una atención que consideran necesaria, mientras otras formas de privilegio vinculadas al acceso diferencial a información, redes profesionales, servicios privados o capacidades económicas suelen recibir una atención mucho menor en la discusión pública.

Por eso resulta llamativo que el debate se concentre en quienes intentan acceder a mecanismos constitucionales de protección y no en las condiciones que hacen cada vez más difícil que la institución responda adecuadamente sin necesidad de intervención judicial.

Si la preocupación es fortalecer la Caja, entonces la discusión no puede limitarse a quienes presentan recursos de amparo. También debe incluir una reflexión crítica sobre las prácticas, decisiones e intereses que erosionan la capacidad institucional de uno de los principales pilares del Estado social costarricense.

La pregunta de fondo no es únicamente quién reclama.

La pregunta es qué estamos haciendo —o dejando de hacer— para que la institución pueda responder de manera oportuna, universal y equitativa a las necesidades de la población.

La política de la “gente sencilla”

Quizás uno de los aspectos más problemáticos de esta discusión sea el uso de la expresión «gente sencilla». En apariencia, la frase transmite cercanía, empatía y reconocimiento hacia sectores populares. Sin embargo, en el contexto de las declaraciones analizadas, su función parece ser otra.

La categoría no se utiliza para denunciar que miles de personas enfrentan dificultades para acceder a información sobre sus derechos. Tampoco para cuestionar las barreras que impiden a muchas personas reclamar atención médica oportuna. Mucho menos para señalar las desigualdades que limitan el acceso efectivo a la justicia. Por el contrario, la expresión aparece para explicar por qué algunas personas no presentan recursos de amparo y, al mismo tiempo, para diferenciarles de quienes sí lo hacen.

De esta forma, la «gente sencilla» deja de ser un sujeto cuyos derechos deben fortalecerse y se convierte en un argumento dentro de una discusión sobre quién reclama y quién no reclama.

La paradoja es evidente. Si efectivamente existen personas que desconocen los mecanismos para defender sus derechos, la respuesta democrática debería consistir en ampliar el acceso a la información, fortalecer la educación cívica y garantizar mayores condiciones de acompañamiento y protección.

Lo contrario implica naturalizar la desigualdad. Implica aceptar que algunas personas cuentan con herramientas para defenderse mientras otras permanecen excluidas de esa posibilidad.

Más preocupante aún es que la expresión termine funcionando como una forma de romantizar la vulnerabilidad. Como si la condición de «gente sencilla» consistiera precisamente en esperar, soportar y adaptarse a las deficiencias institucionales sin cuestionarlas. Pero la dignidad de las personas no se expresa en su capacidad de resignarse.

Se expresa en su capacidad de ejercer plenamente sus derechos. Desde esta perspectiva, el verdadero problema no es que algunas personas conozcan los mecanismos constitucionales para defenderse. El problema es que todavía existan tantas otras que no cuentan con las mismas oportunidades para hacerlo.

Por eso, si realmente existe preocupación por la «gente sencilla», la discusión no debería centrarse en quienes presentan recursos de amparo.

Debería centrarse en las condiciones que obligan a miles de personas a esperar durante meses o años por una atención médica, en las barreras que limitan el ejercicio efectivo de sus derechos y en las responsabilidades políticas e institucionales que hacen posible esa situación.

Porque una sociedad democrática no se mide por la cantidad de personas que soportan silenciosamente una injusticia. Se mide por su capacidad para garantizar que todas las personas, incluidas las más vulnerables, puedan reclamar y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

La salud como bien común

La discusión trasciende incluso el ámbito jurídico. La CCSS constituye uno de los principales bienes comunes sociales construidos a lo largo de la historia del país. Su existencia expresa una convicción colectiva: que el acceso a la salud no debe depender de la riqueza, el origen social o la capacidad de pago de cada persona.

Sin embargo, la fortaleza de un bien común no puede medirse únicamente por su infraestructura, su cobertura o sus indicadores financieros. También debe evaluarse por su capacidad para garantizar igualdad efectiva en el acceso a los derechos que administra.

Cuando la atención médica depende crecientemente de quién sabe reclamar, quién conoce los procedimientos o quién logra movilizar recursos jurídicos, aparecen señales de fragmentación que afectan la legitimidad misma del sistema.

Por eso la discusión no debería enfrentar a quienes presentan recursos contra quienes permanecen en listas de espera.

La verdadera pregunta es otra.

¿Cómo construir una institución capaz de garantizar el derecho a la salud sin que miles de personas deban acudir a los tribunales para hacerlo efectivo?

Porque una Caja fuerte no es aquella donde la ciudadanía deja de reclamar. Es aquella donde reclamar deja de ser necesario. Y una democracia más igualitaria no es aquella donde algunas personas conocen sus derechos mientras otras no. Es aquella donde todas cuentan con las mismas posibilidades reales de ejercerlos.

Referencia:

Hidalgo, Kristin (2026, 11 de junio). “Y lo mantengo”: Marta Esquivel reafirma que quienes acuden a la Sala IV por atención médica son “ticos con corona”. AmeliaRueda.com

Crédito imagenes: Semanario Universidad.

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Voces en vigilia: defender la electricidad pública, defender lo común

Más que una grabación, este audio es el registro vivo de una vigilia construida desde la calle. Entre consignas, canciones, discusiones improvisadas, memorias del Combo ICE, denuncias, risas, cansancio y esperanza, las voces que aquí se escuchan narran una preocupación profunda por el futuro de lo público en Costa Rica. Escuchar esta vigilia es también escuchar cómo distintas personas entienden la solidaridad, la universalidad y el derecho colectivo a participar en las decisiones que afectan la vida común. Les invitamos a escuchar estas voces en protesta: voces que cuidan, cuestionan, recuerdan, explican y sostienen la presencia colectiva frente a una discusión que desborda ampliamente el ámbito eléctrico.

Una noche frente a la Asamblea

Mientras dentro de la Asamblea Legislativa avanzaba la discusión del proyecto de “armonización” eléctrica, afuera se desarrollaba otra escena política.

Una vigilia. Un espacio de encuentro.

Una conversación pública sostenida durante horas por sindicatos, estudiantes, organizaciones ecologistas, comunidades rurales, colectivos territoriales, personas defensoras de ríos, juventudes, personas jubiladas y múltiples voces que decidieron permanecer presentes mientras se discutía el futuro del sistema eléctrico nacional.

Las grabaciones de esta jornada permiten escuchar algo más que consignas. Permiten escuchar un país discutiéndose a sí mismo.

Entre intervenciones improvisadas, explicaciones técnicas, denuncias políticas, canciones, recuerdos históricos y llamados a la organización, la vigilia fue construyendo una narrativa común: la discusión sobre electricidad nunca ha sido solamente una discusión técnica.

Detrás del lenguaje de “modernización”, “competencia”, “armonización” o “mercado eléctrico”, muchas personas identifican preguntas mucho más profundas:

-¿qué significa lo público?
-¿quién decide sobre bienes estratégicos?
-¿qué ocurre cuando servicios esenciales comienzan a reorganizarse bajo lógicas de mercado?
-¿y qué tipo de sociedad se produce cuando el acceso depende cada vez más de la capacidad de pago?

La electricidad como derecho cotidiano

Uno de los elementos más presentes en las intervenciones fue la insistencia en que la electricidad no puede reducirse únicamente a una mercancía.

Durante la vigilia aparecieron constantemente referencias a la vida cotidiana:
-la posibilidad de estudiar,
de cocinar,
-de acceder a internet,
-de sostener pequeños negocios,
-de garantizar condiciones mínimas de dignidad en territorios urbanos y rurales.

Las voces insistían en algo fundamental: la electricidad no es solamente infraestructura. También es una condición material para ejercer otros derechos. Por eso muchas intervenciones conectaban directamente la defensa del sistema eléctrico público con la defensa de principios como universalidad y solidaridad.

En distintas participaciones se recordó que Costa Rica alcanzó niveles muy altos de cobertura eléctrica bajo un modelo basado en planificación pública y acceso nacional. Y justamente allí aparecía una de las preocupaciones centrales frente al proyecto de ley: el temor de que una reorganización progresiva del sistema termine debilitando esos principios históricos.

La crítica no se limitaba únicamente a la posibilidad de participación privada. La preocupación principal era otra: que la lógica del mercado termine desplazando la lógica solidaria que históricamente sostuvo la expansión del servicio eléctrico hacia comunidades rurales, territorios indígenas y zonas donde la rentabilidad privada difícilmente habría garantizado cobertura.

Como se señaló durante la vigilia, el principio de universalidad no puede separarse del principio de solidaridad.

Más allá del ICE: la disputa por lo público

Aunque la discusión inmediata giraba alrededor del ICE y del proyecto de armonización, las intervenciones constantemente ampliaban el marco del debate.

Las voces no hablaban solamente de una institución. Hablaban de una idea de país.

A lo largo de la jornada aparecieron referencias a educación pública, agua, banca estatal, seguridad social, agricultura y otros espacios percibidos como parte de una institucionalidad construida históricamente bajo principios públicos.

En muchas intervenciones, la defensa del ICE aparecía como parte de una preocupación más amplia frente al debilitamiento progresivo de lo público en Costa Rica. Y aquí emergía una idea importante repetida durante la vigilia: la privatización no necesariamente ocurre únicamente cuando una institución pública se vende de forma directa.

También puede producirse mediante procesos más graduales:
-fragmentación institucional,
-subordinación al mercado,
-apertura competitiva desigual,
-desfinanciamiento,
-o transferencia progresiva de decisiones estratégicas hacia actores privados.

Por eso varias voces insistieron en que la discusión actual debía entenderse como parte de una transformación más amplia del papel del Estado y de los bienes comunes en la sociedad costarricense.

Ríos, territorios y conflictos socioambientales

Las grabaciones también muestran cómo la discusión eléctrica se conecta con conflictos territoriales y ambientales presentes en distintas regiones del país. Personas provenientes de comunidades afectadas por proyectos hidroeléctricos privados señalaron preocupaciones relacionadas con extractivismo, presión sobre ecosistemas y conflictos comunitarios.

En varias intervenciones apareció la experiencia de comunidades que han debido enfrentar proyectos energéticos en defensa de ríos y territorios locales. Y junto con ello, surgieron referencias a experiencias centroamericanas donde procesos de apertura eléctrica han estado acompañados por conflictos socioambientales, persecución de personas defensoras y aumento tarifario.

La vigilia iba conectando así distintos procesos que muchas veces se discuten por separado:
-privatización,
-extractivismo,
-gentrificación,
-desplazamiento territorial,
-y debilitamiento de mecanismos colectivos de protección social.

La memoria del Combo ICE

Uno de los elementos más significativos de las voces en protesta es la presencia constante de la memoria. A lo largo de la noche reaparecieron referencias al año 2000 y a las movilizaciones contra el Combo ICE. Personas que participaron en aquellas luchas compartían experiencias con generaciones más jóvenes que hoy vuelven a ocupar las calles.

La memoria aparecía no solo como recuerdo, sino como herramienta política.
Como una forma de recordar que muchas instituciones públicas existentes hoy no fueron concesiones espontáneas del poder político, sino resultado de décadas de organización social, conflicto y movilización colectiva.

En múltiples momentos se insistió en algo fundamental: el ICE no pertenece a un partido político, ni a un gobierno específico, sino a procesos históricos construidos socialmente.

La calle como espacio pedagógico

Las voces también permiten observar otra dimensión frecuentemente invisibilizada de la protesta social: su capacidad pedagógica.

La vigilia fue, en muchos sentidos, una experiencia de educación política colectiva.

-Había personas explicando aspectos técnicos del proyecto.
-Otras relataban experiencias comunitarias.
-Algunas organizaban consignas.
-Otras compartían análisis económicos, ambientales o históricos.

Entre canciones, conversaciones y discursos, el espacio público se convertía en un lugar donde distintas generaciones intercambiaban experiencias, aprendizajes y formas de entender la realidad política del país.

La protesta aparecía entonces no solamente como mecanismo de presión política, sino también como espacio de producción de conocimiento colectivo. Un lugar donde se articulan memorias, diagnósticos, afectos, preocupaciones y horizontes compartidos.

Permanecer

Incluso en medio del cansancio, las tensiones y los episodios de violencia policial ocurridos durante la jornada, las voces registradas insisten constantemente en la importancia de permanecer.

-Permanecer vigilando.
-Permanecer explicando.
-Permanecer acompañándose.
-Permanecer organizándose.

La insistencia en “no aflojar” atravesó gran parte de la vigilia. Pero más allá de la consigna, lo que aparece en las grabaciones es una defensa persistente de la acción colectiva como práctica democrática. Una idea de democracia que no se reduce únicamente al voto o a la representación institucional, sino que también incluye organización social, presencia en el espacio público, vigilancia ciudadana y participación activa en decisiones que afectan la vida común.

Lo que está en disputa

Escuchar estas voces permite comprender que la discusión sobre la “armonización” eléctrica desborda ampliamente el ámbito energético.

Lo que aparece en disputa es también una forma de entender la sociedad. De un lado, una lógica que tiende a reorganizar servicios públicos bajo criterios de competencia, rentabilidad y apertura de mercados.

Del otro, una defensa de principios como solidaridad, acceso universal, planificación pública y construcción colectiva de bienes comunes.

Por eso las voces de la vigilia regresan una y otra vez a la misma idea: defender la electricidad pública no es solamente defender una institución.

Es defender la posibilidad de que ciertos aspectos fundamentales de la vida continúen organizándose desde la solidaridad y no exclusivamente desde la capacidad de pago.

La violencia como respuesta a la participación

La jornada también estuvo marcada por episodios de violencia policial ocurridos durante la vigilia.

En medio de una manifestación pública y de vigilancia ciudadana alrededor de la votación legislativa, un estudiante fue arrestado y golpeado por la Fuerza Pública, requiriendo posteriormente atención hospitalaria. Además, durante el intento de solicitar explicaciones sobre la detención, una diputada fue empujada por oficiales presentes en el lugar.

Lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado ni únicamente como un “incidente” operativo. La violencia contra quienes participan en manifestaciones públicas tiene efectos políticos más amplios: produce miedo, desmoviliza y envía mensajes sobre quiénes pueden ocupar legítimamente el espacio público y bajo qué condiciones.

Resulta especialmente preocupante que situaciones de violencia ocurran precisamente en contextos donde la ciudadanía busca ejercer vigilancia democrática sobre decisiones públicas.

La protesta social cumple una función fundamental dentro de cualquier democracia:
-permite expresar desacuerdos,
-hacer visibles conflictos,
-vigilar el ejercicio del poder
-y participar políticamente más allá de los mecanismos electorales.

Por eso, cuando las respuestas institucionales frente a la organización colectiva incluyen intimidación, uso desproporcionado de la fuerza o criminalización, lo que se tensiona no es únicamente una movilización concreta, sino el propio derecho democrático a la participación pública.

La vigilia dejó una imagen profundamente contradictoria: mientras muchas personas insistían en la importancia del diálogo, la organización y la defensa colectiva de lo público, la respuesta estatal terminó incluyendo golpes, arresto y violencia.

Y justamente allí aparece una de las preguntas más incómodas que atraviesan este tipo de escenarios: ¿qué tan sólida es una democracia que percibe la protesta social como amenaza?

La olla común: cocinar la solidaridad

Pero la vigilia no estuvo compuesta únicamente por discursos, consignas o denuncias.

Durante la jornada también se organizó una olla común para las personas presentes. Entre termos de café, platos compartidos, alimentos preparados colectivamente y personas distribuyendo comida durante horas, el espacio de protesta se transformó también en un espacio de cuidado.

Lejos de ser un detalle secundario, la olla común revela una dimensión profundamente política de este tipo de movilizaciones. Porque sostener una vigilia durante horas implica mucho más que permanecer físicamente en un lugar. Implica crear condiciones materiales para que las personas puedan permanecer juntas.

Alimentarse colectivamente, compartir recursos y organizar el cuidado mutuo forman parte de una manera distinta de entender lo público. En contextos donde frecuentemente predomina una lógica individualista —donde cada persona resuelve por sí misma sus necesidades— la olla común introduce otra racionalidad:
-la de la interdependencia,
-la cooperación
-y el reconocimiento de que la vida colectiva necesita sostenerse mutuamente.

La comida compartida se convierte entonces en algo más que alimentación. Se vuelve una práctica concreta de solidaridad.

Mientras dentro de la Asamblea Legislativa se discutía una reorganización del sistema eléctrico bajo lenguajes asociados a competencia y mercado, afuera muchas personas estaban construyendo otra experiencia social: compartir comida entre desconocidos, cuidar a quienes llevaban horas en la calle, preguntar quién necesitaba agua, café o descanso, y sostener colectivamente el espacio común.

La olla común transforma el espacio público en algo distinto a un simple lugar de tránsito o confrontación. Lo convierte en un territorio de encuentro. Un lugar donde la política no ocurre únicamente en el discurso, sino también en prácticas concretas de cuidado y sostenimiento colectivo.

Y quizá allí aparece uno de los elementos más importantes de toda la jornada: la resistencia no se construye únicamente desde la denuncia. También se construye desde la capacidad de acompañarse, alimentarse y permanecer juntos incluso en escenarios de incertidumbre y desgaste.

Porque defender lo público no consiste solamente en defender instituciones. También implica defender prácticas sociales basadas en solidaridad, cooperación y cuidado mutuo.

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El diablo anda suelto: la mayoría está en la calle (aunque no tenga 31 votos)

Dicen que el diablo anda suelto, pero esta vez decidió colaborar. Se sumó al Observatorio de Bienes Comunes como cronista incómodo de este 1° de mayo: caminó la calle, escuchó las voces, tomó nota de lo que se dice y de lo que se intenta callar. No vino a asustar, sino a registrar. Y lo que encontró —entre estudiantes, magisterio, trabajadores y defensores de la vida— fue un país que habla en plural y que ya no está dispuesto a quedarse en silencio.

Memoria que insiste, conflicto que permanece

Empiezo por donde siempre conviene empezar: la memoria. El 1° de mayo no es una fecha ceremonial ni un gesto vacío que se repite por costumbre; es una memoria histórica que se reactiva precisamente cuando las tensiones vuelven a hacerse visibles. Fui a revisar el origen —Chicago, 1886— y no encontré épica despolitizada, sino conflicto: huelga, represión, criminalización y ejecución de dirigentes obreros. Desde ahí se instala una constante que todavía incomoda al poder: los derechos laborales y sociales no emergen de la benevolencia institucional, sino de procesos conflictivos donde la organización colectiva empuja y desborda los límites que se le imponen.

Lo que registro en el presente es que esa memoria no está clausurada ni archivada; opera, se actualiza y reaparece cada vez que las condiciones materiales de vida se tensan, que las formas de representación política se perciben insuficientes y que los sentidos de lo público entran nuevamente en disputa. Conmemorar, en ese marco, no es un ejercicio retrospectivo sino una forma de leer el presente con una historia que sigue abierta y que, por lo tanto, no ha dejado de producir efectos.

Soy un síntoma político

Sobre mi presencia —ya que insisten en nombrarla— conviene precisar algo: decir que “el diablo anda suelto” no describe una anomalía ni una irrupción irracional, sino la manifestación de un malestar que ha dejado de ser silencioso. No aparezco desde afuera ni interrumpo un orden estable; más bien, hago visible que ese orden ya contenía fracturas que ahora resultan inocultables.

Funciono, si se quiere, como un síntoma político: aparezco cuando la inconformidad se acumula, encuentra lenguaje y se despliega en el espacio público. No produzco el conflicto, lo evidencio. Y en esa evidencia queda expuesto que lo que se presentaba como estabilidad muchas veces descansaba sobre silencios, exclusiones o desigualdades naturalizadas.

Lo que este 1° de mayo en Costa Rica dejó ver no fue una irrupción aislada ni un episodio excepcional, sino la convergencia de múltiples malestares que, al encontrarse en la calle, adquieren una densidad política que ya no puede leerse como suma de casos individuales.

Una polifonía que desborda el orden

El material que recoge este collage de voces no se deja organizar bajo una narrativa única, y precisamente ahí radica su potencia. No se trata de sintetizar ni de jerarquizar demandas, sino de exponer una polifonía que desborda los intentos de reducción. En ese entramado, el movimiento estudiantil no se limita a defender el financiamiento de la educación pública a través del FEES, sino que cuestiona de manera más profunda los procesos de despolitización de la universidad y los intentos de restringir su papel como espacio crítico.

El magisterio, por su parte, articula una crítica que no se agota en lo sectorial, sino que vincula el deterioro de las condiciones educativas con dinámicas estructurales de precarización que inciden directamente en la reproducción de desigualdades sociales. No se trata únicamente de condiciones laborales, sino de las bases mismas sobre las cuales se construye la posibilidad de igualdad.

En ese mismo plano, la defensa de la CCSS aparece como uno de los núcleos más densos de la disputa, en tanto concentra una discusión sobre el sentido de lo público. Lo que está en juego no es solo la preservación de una institución, sino la continuidad —o la transformación— de un modelo de bienestar que enfrenta presiones crecientes hacia su fragmentación y eventual mercantilización.

Poder, cierre democrático y narrativas en disputa

En el plano político-institucional, lo que se escucha en la calle no es un rechazo abstracto, sino una lectura situada de cómo se está ejerciendo el poder. Las voces recogidas dan cuenta de una percepción creciente de que las dinámicas de gobierno están transitando hacia formas que restringen la deliberación y amplían los márgenes de imposición. La idea de decisiones adoptadas “a golpe de tambor” no funciona solo como consigna, sino como síntesis de una inquietud más profunda sobre el debilitamiento de los procedimientos democráticos sustantivos.

Este señalamiento se articula con la identificación de redes de cuido político que permiten la continuidad de ciertas estructuras de poder, incluso en contextos donde el discurso oficial se presenta como disruptivo o transformador. La tensión entre narrativa y práctica emerge, así, como uno de los ejes más persistentes del malestar: lo que se promete no coincide necesariamente con lo que se ejecuta, y esa brecha es percibida, nombrada y cuestionada.

Mi papel aquí no es resolver esa tensión, sino dejar constancia de su existencia y de su creciente visibilidad.

Tramas de lucha y horizontes compartidos

Lo que este recorrido permite observar es que las luchas no se presentan de forma aislada, sino como parte de una trama compleja donde distintas agendas se entrelazan sin perder su especificidad. La defensa de los derechos de las mujeres se inscribe en un contexto donde las violencias persisten y donde las capacidades institucionales para garantizar protección efectiva son puestas en cuestión.

La reivindicación de los sindicatos reaparece como afirmación de la legitimidad de la organización colectiva frente a discursos que buscan erosionarla, recordando que las condiciones laborales no se negocian individualmente, sino que se disputan colectivamente.

Por su parte, las demandas en torno al ROP introducen una dimensión intergeneracional que evidencia tensiones sobre el derecho a una vejez digna en un contexto de transformación de los sistemas de seguridad social. Estas luchas, aunque diversas en sus formas y énfasis, convergen en una exigencia más amplia: la democratización de la vida política entendida no como un procedimiento formal, sino como una práctica que requiere apertura, participación efectiva y reconocimiento del conflicto como parte constitutiva de lo democrático.

Escalas de la protesta: entre lo local y lo global

El alcance de lo que se expresa en la calle no se limita a las fronteras nacionales. Las voces recogidas articulan también una crítica a la injerencia de Estados Unidos en la región, incluyendo Costa Rica, lo que reactualiza debates históricos sobre soberanía en un contexto de dependencias persistentes.

De manera simultánea, la solidaridad con el pueblo palestino y la denuncia del genocidio amplían el horizonte de la protesta, inscribiéndola en una lógica internacionalista que reconoce la interconexión de las luchas. Lo local y lo global no aparecen como niveles separados, sino como dimensiones que se cruzan y se condicionan mutuamente en la experiencia concreta de quienes protestan.

Escuchar como acto político

Escuchar este collage no es un ejercicio pasivo ni meramente descriptivo. Implica reconocer que lo que está en juego es la producción de sentidos en disputa sobre el presente y el futuro. En un contexto donde la política tiende a reducirse a gestión, administración y control, la calle reaparece como un espacio donde se produce lenguaje, se articulan demandas y se ensayan formas de comunidad.

En esta clave, mi presencia deja de ser leída como amenaza para convertirse en indicador: allí donde aparezco, hay conflicto, pero también hay vitalidad democrática. No soy el problema; soy la señal de que algo está siendo puesto en cuestión.

No me olvido de los bienes naturales

Hay, sin embargo, una dimensión que atraviesa todo el recorrido y que no puede ser tratada como un tema más: la cuestión ambiental. La voz ecologista que emerge en este 1° de mayo no se limita a la defensa abstracta de la naturaleza, sino que introduce una lectura sobre la reorganización del poder en los territorios, sobre quién decide y bajo qué criterios se establecen los límites de intervención.

Lo que se denuncia con insistencia es una tendencia hacia la concentración de decisiones en el aparato central del MINAE, lo que reduce los márgenes de autonomía técnica y debilita instancias que históricamente han funcionado como contrapesos dentro de la institucionalidad ambiental. Esta recentralización no es un ajuste administrativo menor, sino una reconfiguración del poder de decisión que desplaza equilibrios y condiciona los procesos de evaluación.

A ello se suma el recorte presupuestario, cuyos efectos no son abstractos: menos recursos implican menor capacidad de fiscalización, menor presencia institucional en los territorios y, por lo tanto, una mayor exposición de los ecosistemas a presiones externas. En este contexto, la flexibilización de los marcos regulatorios —presentada bajo el lenguaje de la eficiencia— es percibida como una apertura de portillos que debilita el principio de precaución y facilita intervenciones sobre entornos sensibles.

Las propuestas orientadas a la privatización o intensificación del uso de las zonas costeras refuerzan esta lectura, al poner en tensión el carácter público de las playas y abrir la posibilidad de su transformación en espacios subordinados a lógicas de mercado. Este conjunto de medidas se articula, además, con un discurso desarrollista que deslegitima las preocupaciones ambientales al reducirlas a caricaturas, desplazando el debate hacia una falsa oposición entre desarrollo y conservación.

Simultáneamente, se identifica un uso estratégico del lenguaje ambiental que distintas voces nombran como greenwashing: la apelación a la sostenibilidad y a la defensa de los océanos convive con prácticas que, en la experiencia concreta, contradicen esos principios. Esta brecha entre narrativa y acción alimenta la desconfianza y refuerza la percepción de inconsistencia.

Finalmente, la erosión de los mecanismos de participación ambiental cierra el cuadro. Procesos que formalmente incluyen consulta terminan operando como instancias de validación sin incidencia real, debilitando tanto la legitimidad de las decisiones como la relación entre comunidades e institucionalidad.

Lo que se configura, en conjunto, no es una desaparición de la institucionalidad ambiental, sino su reconfiguración: menos autónoma, más frágil, más permeable a presiones externas.

Y en ese punto, mi tarea es sencilla: no exagero, no adorno, no dramatizo.

Registro.

Porque cuando la protección ambiental se vuelve flexible, lo que entra en negociación no es solo la norma. Es la vida misma.

Reporte del diablo: la mayoría que se quedó esperando

Transmisión desde las inmediaciones del poder…

Mientras yo caminaba la calle —llena, ruidosa, viva—, me dio por asomarme al edificio que dicen concentra la “mayoría”. Y ahí estaba: impecable, custodiado, listo para una escena que nunca ocurrió. Un operativo desplegado con disciplina, vallas en su lugar, policías atentos… resguardando, curiosamente, nada. O peor: resguardando una ausencia.

Confirmo: la manifestación no pasó por ahí. No fue descuido. Fue decisión.

Porque mientras adentro se repite el número —31, 31, 31— como si fuera un conjuro de legitimidad, afuera la cuenta se hacía de otra manera: en pasos, en voces, en cuerpos que eligieron no pedir permiso ni girar alrededor de ningún edificio. Yo mismo tomé otro rumbo. No por perderme, sino por encontrarme con lo que estaba pasando.

No hubo cerco. No hubo choque. No hubo siquiera la cortesía de acercarse. Y, sin embargo, el mensaje fue más claro que cualquier consigna: se puede blindar un edificio, pero no se puede obligar a la calle a reconocerlo como centro.

La escena, lo admito, tenía algo de comedia involuntaria. Un dispositivo listo para contener una amenaza que decidió no presentarse. Una institucionalidad esperando ser interpelada… y una calle que, simplemente, siguió hablando en otro lado. Más que ignorancia, fue desplazamiento.

Así que dejo constancia en este reporte: la “gran mayoría” se quedó esperando. Y la política, por un momento, ocurrió sin ella.

Dicen que ando suelto. Puede ser. Pero esta vez ni siquiera toqué la puerta.

Entrevista exclusiva con el diablo

—Se insiste en que usted “anda suelto”. ¿Cómo interpreta esa afirmación?
—La frase dice más del miedo de quien la enuncia que de mí. “Suelto” sugiere descontrol, pero lo que hay es organización. Aparezco cuando el malestar deja de ser individual y encuentra formas colectivas de expresarse.

—¿Por qué su presencia se vuelve más visible en fechas como el 1° de mayo?
—Porque la memoria no es pasiva. El 1° de mayo activa una genealogía de luchas que recuerda que los derechos se conquistaron enfrentando al poder. En ese contexto, mi presencia no es excepcional: es coherente.

—Se le asocia con el caos y la desestabilización.
—Esa es una lectura interesada. Se llama “caos” a todo aquello que interrumpe la comodidad del orden. Pero no hay nada más inestable que un sistema que necesita silenciar para sostenerse.

—¿Qué lectura hace del momento actual del país?
—Hay una tensión evidente entre formas de poder que buscan concentrarse y sectores sociales que exigen ser escuchados. Esa tensión no es nueva, pero hoy se expresa con mayor claridad porque los márgenes de tolerancia al deterioro se han reducido.

—En el collage aparecen múltiples luchas. ¿Cómo se relacionan entre sí?
—No necesitan ser idénticas para ser compatibles. Lo que comparten es una experiencia de límite: educativo, económico, político. Yo no unifico esas luchas; las pongo en contacto.

—¿Qué papel juega la institucionalidad en este escenario?
—La institucionalidad puede ser espacio de mediación o de cierre. Cuando se percibe como cerrada, la calle se vuelve inevitable. No como rechazo absoluto, sino como corrección de ese cierre.

—También hay referencias internacionales en estas voces.
—Porque las luchas no están aisladas. Las dinámicas de poder, las formas de intervención externa, incluso los modelos económicos, operan a escala global. Ignorar eso sería ingenuo.

—¿Tiene algún horizonte o finalidad?
—No soy un programa político. Soy una señal. Indico que hay algo que no está funcionando y que requiere ser transformado.

—¿Cuándo deja de aparecer el “diablo”?
—Cuando el conflicto deja de ser necesario para ser escuchado. Es decir, cuando la democracia deja de temerle a su propia gente.

—Entonces, ¿se va a quedar?
—Mientras intenten gobernar sin escuchar, ya sabe la respuesta.

El diablo anda suelto.
No como amenaza, sino como evidencia.
Y esta vez, no habla en singular.

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