Conversamos con Damaris Rodríguez para conocer sobre el conflicto que envuelve a Playa Cabuyal ¿Quiénes son los principales actores? ¿Cómo se configuró la situación actual? Compartimos el contexto político de este conflicto y reflexionamos sobre las tensiones que representa la privatización de espacios públicos para nuestras sociedades.
Aprovechamos la publicación del informa de GRAIN «Bioinsumos corporativos: El nuevo negocio tóxico de la agroindustria» para reflexionar sobre esta tendencia que está impactando los campos y la producción agrícola a nivel mundial. Nos preguntamos ¿Cuáles son las tensiones que representa esta incursión corporativa?
Para las personas campesinas, los bioinsumos representan saberes y prácticas cotidianas que han utilizada generación tras generación, al mezclar diversos productos naturales para buscar la protección y fertilización de sus cultivos y suelos. Sin embargo, desde 1990 diversas compañías han empezado a explorar estos saberes y prácticas con el fin de generar «oportunidades» de negocios para la venta, sin embargo, en este proceso tenemos acciones que van desde la privatización a través de patentes de procesos y secuencias genéticas hasta modificaciones genéticas.
Con el incremento de las afectaciones del uso de agrotóxicos y la oleada de prohibiciones de este tipo de sustancias en distintos países, ha generado un interés creciente de estas empresas por impulsar esta rama de negocios, dado que al mismo tiempo, representa una «alternativa» más rápida y barata, sin embargo, para estas mismas corporaciones, sus prácticas no desaparecen, y desarrollan mecanismos de uso similares a los agroquímicos, es decir, usos intensivos de aplicación.
El dato más significativo y que refleja el tipo de interés que sostienen estas empresas, es que estos bioinsumos corporativos se presentan como «complementos» a sus paquetes de agroquímicos, es decir, dependencia a los «cocteles» de siempre.
Les invitamos a reflexionar sobre estas tendencias «amigables» al ambiente, que siguen profundizando las estrategias de «greenwashing» corporativo.
Conversamos con Juan Castrillo sobre el balance que hacen ante el inicio de la nueva gestión de la Municipalidad de Guatuso y las implicaciones que tiene esto para el desarrollo local de Maquengal. Nos preguntamos ¿Están pensando en el Río Frío?
El uso de plaguicidas en Costa Rica sigue siendo uno de los conflictos socioambientales más complejos que enfrenta el país, por un lado los estudios reflejan el alto impacto que tienen en la salud de los ecosistemas y en particular sobre la salud humano, sin embargo, asistimos a una institucionalidad que se caracteriza por postergar las decisiones y sectores comercializadores de estas sustancias químicas que funcinan como juez y parte.
En este escenario, aprovechamos la publicación realizada por la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional titulada «Uso de plaguicidas en Costa Rica, el costo oculto de la producción agrícola» para reflexionar sobre los impactos ambientales que tienen estas sustancias en los ecosistemas. Preocupa ya que según datos Costa Rica tiene alrededor de 450 mil héctareas de cultivo continúo, es decir, además del uso intensivo e extensivo, no hay una veda natural.
Los cultivos que utilizan estas sustancias van desde el banano junto con el chile, papa, cebolla y piña que representa el del uso total del 33%, y con un 20% cultivos como plátano, papaya, zanahoria, arroz y repollo.
Bajo este escenario, les invitamos a partir de las afectaciones que tiene la influencia de la agroindustria en el tipo de agricultura que está implementandose en el país, una que privilegia un «supuesto» crecimiento económico por encima de la salud humana y de los ecosistemas de los cuales dependemos.
Los extractivismos urbanos son fenómenos socioambientales que cada vez más presentes en nuestras comunidades urbanas, dado que la expansión de la “mancha gris”, unido a la revalorización de los terrenos o la construcción de megainfraestructuras están siendo impulsadas a través de las lógicas de mercantilización, más que de las necesidades de las personas.
Esto empieza a dar como resultado la privatización de la ciudad a través de la mercantilización del espacio por medio de proyectos urbanísticos y comerciales excluyentes, pero también, empieza a depredar las fronteras naturales, es decir, empieza a expandirse sobre los espacios donde aún se conservaban bosques, tales como los Cerros de Escazú o Loma Salitral en Alajuelita por citar ejemplos.
Algunas de las tendencias que encontramos son:
-Priorizan las áreas “rentables” para los negocios sobre los espacios públicos.
-Deterioro de la calidad de vida de las personas ante el incremento de la contaminación, erosión de los derechos y servicios públicos.
-La «mancha» de cemento impermeabiliza los suelos provocando la sobrecarga en el caudal de los ríos (riesgos de inundaciones), la desaparición de los hábitats de las especies, entre otras afectaciones.
La urgencia de este tema, recae que ante la presión de los intereses corporativos, se empiezan a flexibilizar, por no decir ignorar, la reglamentación y regulación más básica, procurando cambios en la legislación para garantizar el desarrollo intensivo de las actividades urbanísticas como comerciales.
Este proceso de reflexión se plantea desde la lógica de proceso, es decir se construyen los aprendizajes desde el diálogo y debate entre las personas participantes.
Fechas:
Para más información pueden ver la convocatoria aquí.
A partir de las desafortunadas declaraciones del presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves al «ningunear» los eventos de tala en Gandoca Manzanillo, en Limón. Aprovechamos para invitar a reflexionar sobre la importancia que tienen los árboles como parte de ese entramado de la vida en los ecosistemas de nuestros territorios.
Contrario al sentido común, estos entramados de la vida, hoy en día, son amenazados al ser forzados por el agotamiento y la contaminación, que imposibilitan sus condiciones de reproducción. Los bosques, son parte de esos entramados que están siendo erosionados.
La situación de agotamiento que atraviesan estos bienes naturales pasa por la expansión de actividades extractivas, una de ellas es precisamente la tala de árboles, que influye en la desconexión de los entramados, estos son los que permiten la interacción de diversas especies y de esta manera, crear las condiciones no sólo para la conservación, sino la potencialidad de la reproducción ampliada de la vida.
Sin embargo, situaciones como la que está ocurriendo en Gandoca, reflejan la intensidad del cercamiento de los bienes naturales que está siendo profundizado en nuestros territorios, y las declaraciones presidenciales, sólo son muestra de una clase política indiferente, que prioriza los negocios por encima de la protección de la vida.
En el marco del cierre del proceso de litigio internacional en el CIADI entre Costa Rica e Infinito Gold por el caso de la explotación minera en Crucitas, se dio la comunicación que la empresa minera y el gobierno de Costa Rica pidieron poner fin al proceso de nulificación del laudo arbitral (ver nota prensa aquí).
Este evento dio espacio para una amplia variedad de intervenciones públicas, las autoridades públicas tales como, gobierno y algunas diputaciones han celebrado la posibilidad que abre este escenario para la explotación minera de la zona:
Gobierno
MINAE 19 de julio 2024: Gobierno no descarta que Infinito Gold participe en Crucitas
Diputaciones
Empresarios-Políticos
Colegio profesional
29 junio 2024 Ahora sí llegó la hora de “comernos la bronca” con Crucitas: Colegio de Geólogos
Se podría continuar la lista de intervenciones, sin embargo, queremos llamar la atención sobre lo que no se menciona, y son las deudas que tiene el país con marco jurídico que evite una situación similar a la que se vivió en torno a este conflicto socioambiental.
Es común la noción por parte de estos sectores políticos y empresariales de hablar de un «clima de negocios», es decir, ofrecer las condiciones propicias a las figuras de inversionistas (personas-empresas) para que puedan instalar y realizar sus actividades de la forma más expedita. Esta simplificación de lo que se entiende por «desarrollo económico», constantemente olvida las implicaciones negativas que tienen las actividades en el ambiente, así cómo, las afectaciones en las personas y comunidades que viven cerca de las actividades que promueven estas inversiones.
En muchas ocasiones, estos mismos marcos jurídicos desconocen la figura de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras ambientales, lo cual les vuelve vulnerables ante acciones legales que buscan minimizar y criminalizar sus labores de denuncia. Un claro ejemplo de esta vulnerabilidad son las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves en torno al descarte del Acuerdo de Escazú (instrumento jurídico que reconoce la figura de defensor ambiental) cuando señaló que gracias a esta decisión «El sector privado puede estar tranquilo» (nota de prensa 3 de mayo 2022).
Crucitas fue un claro ejemplo de una promoción de inversiones en dónde la perspectiva de derechos humanos y protección ambiental fue desestimada, marcos regulatorios débiles y una institucionalidad que se colocó como promotora de la actividad económica, «olvidando» su obligación como garante de los derechos humanos y protección ambiental.
Actualmente estamos de nuevo en la misma encrucijada, tenemos una presión de sectores empresariales-políticos por la explotación minera, cómo sucedió hace más de 15 años y que reflejan el poco o nulo interés en las dimensiones ambientales y de derechos humanos. Fue necesario un desgastante proceso judicial por parte de las personas defensoras ambientales, así como juicios de la empresa en su contra, derivando en un largo laudo internacional, que finalizó este 2024.
Ante este desafío, queremos retomar las reflexiones del informe «Inversiones, ESG y Derechos Humanos» elaborado por Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. En este documento nos dan elementos para reflexionar sobre las implicaciones que tienen los vacíos que persisten en nuestros marcos jurídicos relacionados a la promoción de actividades económicas y productivas en torno a la garantía de los derechos humanos y la protección ambiental.
Con motivo del informe “Patrones de criminalización de movimientos sociales y defensoras de derechos humanos en América Latina y València” publicado por Entrepueblos queremos invitar a la reflexión sobre la difícil situación que atraviesan las personas defensoras de derechos humanos y el ambiente, en un contexto de vulnerabilidad y marginación. Vulnerabiliza, porque a partir de su trabajo de vigilancia, cuido y denuncia, están expuestos desde el hostigamiento hasta el asesinato.
Pero también, se les margina en la institucionalidad, ya que lejos de contar con medidas de protección y reparación, en la mayoría de los casos, son sumidos a procesos de criminalización por parte de las autoridades, con el fin de silenciar su labor.
Por esta razón, nos parece relevante seguir insistiendo en denunciar esta situación de doble vulnerabilidad, que está llevando al extremo a la salud física, pero también psicológica de estas personas, a procesos de desgaste intensos y de destrucción de sus tejidos comunitarios y familiares.
Esperamos este material, incentive la discusión y el debate en la búsqueda de construcción de medidas, políticas y marcos legales que reconozcan su labor, protejan su integridad y reparan los daños que les ha causado la constante impunidad de la que son víctimas.
En la última década hemos asistido en Costa Rica a una explosión del negocio inmobiliario, que ha venido a cambiar el paisaje en nuestras ciudades, pero también, y con mayor intensificación en las costas de nuestro país. Guanacaste representa tal vez el lugar dónde esta intensificación ha marcado, sin embargo, lo vemos presente en los cerros del Valle Central, también, en Pacífico central, Península de Osa y Caribe Sur empiezan a aparecer en este recuento de los territorios dónde las construcciones son protagonistas, no sólo del cambio de paisaje, sino también, del despojo de las comunidades locales a través del forzamiento del cambio de uso del suelo, la expropiación y privatización.
Por esta razón, nos parece importante reflexionar sobre los mecanismos que están presentes detrás de este «extractivismo inmobiliario» para que nos permite comprender los alcances y límites que representa su accionar, así como los efectos que están siendo intensificados en nuestros territorios.
Les compartimos esta infografía para invitar a este debate.
A partir de las múltiples denuncias presentadas por personas vecinas de la zona del Caribe Sur ante la intensificación de la tala ilegal que está cercando los ecosistemas de esta región. Aprovechamos para retomar algunas de las principales preocupaciones que están evidenciandose de esta situación, especialmente la evidente afectación al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Estas actividades ilegales no son nuevas, vienen desarrollandóse desde hace décadas, sin embargo, ante la creciente presión urbanística que está viviendo la región, se ha hecho más evidente el impacto ambiental ante el despojo que están siendo somentidos los húmedales y bosques.
Queremos compartirles esta infografía que pretende dar una caracterización general que nos invite a profundizar sobre las tensiones de cercamiento que están presionando a los bienes naturales en el Caribe Sur.
Para más información pueden consultar:
Chacón, Vinicio (29/5/2024) Organizaciones ambientalistas del Caribe Sur exigen recuperación de Refugio Gandoca-Manzanillo e intervención del Área de Conservación Semanario Unviersidad.
Pomareda, Fabiola (30/5/2024)Fiscal Ambiental afirma tener indicios de que terreno donde se talaron árboles en Manzanillo es bosque. Semanario Universidad.
Pomareda, Fabiola (3/6/2024)Fiscal Ambiental: Lo que se está dando en el Caribe Sur es un “tráfico de tierras”. Semanario Universidad.
Puede descargar la infografía PDF – Imagen
