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Comunicado Público del Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro Día Mundial del Medio Ambiente 2026

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Les compartimos el Comunicado Público del Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío Caño Negro.

¿Qué celebramos cuando nuestros ríos están siendo transformados?

Cada 5 de junio se multiplican los mensajes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Escuchamos hablar de sostenibilidad, conservación y desarrollo verde. Sin embargo, desde las comunidades que habitamos y defendemos la cuenca del Río Frío-Caño Negro, sentimos la necesidad de plantear una pregunta sencilla pero urgente: ¿qué celebramos cuando nuestros ríos continúan siendo alterados, degradados y sometidos a presiones cada vez mayores?

Costa Rica ha construido una imagen internacional asociada a la protección de la naturaleza. Esa imagen tiene fundamentos importantes, pero también convive con realidades que muchas veces permanecen invisibilizadas. Mientras se habla de desarrollo sostenible, numerosos ríos del país enfrentan procesos de extracción de materiales, alteración de cauces, pérdida de espacios de acceso comunitario, contaminación y presiones crecientes sobre sus ecosistemas.

En nuestra cuenca hemos observado transformaciones que preocupan profundamente a quienes vivimos el territorio día a día. Hemos visto desaparecer espacios que durante generaciones fueron parte de la vida comunitaria. Hemos visto cambios en el cauce, en las pozas, en la dinámica del río y en las posibilidades que las personas tienen de relacionarse con él. Lo que antes era un lugar de encuentro, recreación y convivencia se encuentra cada vez más limitado por procesos que privilegian la explotación de corto plazo sobre el cuidado de largo plazo.

Estas transformaciones no pueden entenderse únicamente como un problema ambiental. Reducir la discusión a aspectos técnicos invisibiliza dimensiones fundamentales de lo que está en juego.

Los ríos son memoria. En sus aguas habitan historias familiares, recuerdos de infancia, aprendizajes compartidos y experiencias que forman parte de la identidad de las comunidades. Las pozas donde generaciones aprendieron a nadar, los sitios donde las familias se reunían durante los fines de semana, los lugares donde las personas encontraron descanso, alegría y convivencia son también parte del patrimonio de nuestros territorios.

Cuando estos espacios desaparecen o se degradan, no se pierde únicamente un paisaje. Se debilitan vínculos comunitarios y se erosionan memorias que ayudan a dar sentido a la vida colectiva.

Los ríos también sostienen formas de producción y de trabajo. Muchas familias dependen de ellos para actividades agropecuarias, para el abastecimiento de agua y para iniciativas económicas vinculadas al turismo rural y comunitario. La pérdida de espacios naturales, el deterioro de los ecosistemas y las modificaciones en los cauces afectan oportunidades que históricamente han permitido construir economías locales más cercanas al territorio y a sus dinámicas naturales.

Sin embargo, quizá la pregunta más importante es la que debemos hacernos pensando en quienes todavía no han nacido.

¿Qué ríos heredarán las futuras generaciones?

Cada poza destruida, cada tramo degradado y cada espacio comunitario perdido representa una experiencia que alguien ya no podrá vivir. Cada intervención que reduce la capacidad del río para sostener la vida disminuye también las posibilidades de que las nuevas generaciones conozcan los territorios que hoy conocemos.

Estamos tomando decisiones cuyos efectos perdurarán mucho más allá de nuestro tiempo. Por eso, la defensa de los ríos no puede entenderse como una preocupación de grupos aislados o de personas particularmente sensibles a los temas ambientales. Se trata de una responsabilidad colectiva con la vida presente y futura.

Nos preocupa especialmente que las advertencias provenientes de las comunidades continúen siendo minimizadas o ignoradas. Quienes habitan los territorios conocen los cambios del río porque los observan diariamente. Saben cuándo desaparece una poza, cuándo aumenta la erosión, cuándo cambia la corriente y cuándo se pierde biodiversidad. Saben cuándo el río deja de ser el río que conocieron.

Ese conocimiento construido desde la experiencia cotidiana constituye una forma legítima de comprender lo que está ocurriendo. No se trata de opiniones sin fundamento. Se trata de años de observación, de convivencia con el territorio y de una relación directa con los procesos que hoy están transformando nuestras cuencas.

Por ello, hacemos un llamado a las instituciones públicas, a las autoridades competentes, a las municipalidades, a las universidades, a las organizaciones sociales y a toda la ciudadanía para que asumamos una discusión profunda sobre el futuro de nuestros ríos. Necesitamos fortalecer la protección efectiva de las cuencas hidrográficas, mejorar los mecanismos de fiscalización y reconocer que el cuidado de los ríos no es un obstáculo para el desarrollo, sino una condición indispensable para construir un futuro verdaderamente sostenible.

Pero también creemos que ha llegado el momento de formular una pregunta incómoda.

Durante años las comunidades han cumplido su papel. Hemos recorrido los ríos. Hemos documentado cambios. Hemos impulsado denuncias. Hemos participado en reuniones. Hemos solicitado información. Hemos compartido conocimientos. Hemos acompañado procesos de organización comunitaria. Hemos advertido sobre riesgos que muchas veces fueron ignorados o minimizados.

Lo hemos hecho porque amamos nuestros territorios y porque comprendemos que defender los ríos es defender la vida.

Sin embargo, la protección de las cuencas no puede recaer exclusivamente sobre quienes viven junto a ellas.

La responsabilidad es colectiva, pero no es igual para todos.

Quienes tienen competencias legales, recursos públicos, capacidad de fiscalización y poder para tomar decisiones tienen una responsabilidad mayor. Las instituciones públicas tienen la obligación de actuar cuando existen señales de deterioro. Las municipalidades tienen la responsabilidad de velar por el bienestar integral de sus territorios. Las empresas tienen el deber de asumir las consecuencias de los impactos que generan y de comprender que el beneficio económico no puede construirse a costa de los bienes que sostienen la vida colectiva.

Por eso, en este Día Mundial del Medio Ambiente queremos dirigir una serie de preguntas claras a quienes tienen capacidad de decisión, responsables de un modelo que genera ganancias para unos pocos mientras deja a un pueblo desértico, sin ningún beneficio y, sobre todo, sin ningún futuro:

Las comunidades estamos haciendo nuestra parte.

Nos estamos organizando.

Estamos observando.

Estamos documentando.

Estamos denunciando.

Estamos proponiendo.

Estamos alzando la voz.

¿Y ustedes?

¿Están haciendo su parte las instituciones encargadas de proteger nuestros bienes naturales?

¿Están haciendo su parte las municipalidades responsables de ordenar y cuidar los territorios?

¿Están haciendo su parte las empresas que obtienen beneficios económicos de actividades que impactan nuestros ríos?

¿Está haciendo el Estado su parte cuando las comunidades alertan, denuncian y aportan evidencia sobre los daños ambientales, pero sus advertencias son desestimadas o ignoradas por quienes tienen la responsabilidad de actuar?

Porque el mejor homenaje al Día Mundial del Medio Ambiente no es repetir discursos sobre sostenibilidad. No es publicar campañas verdes una vez al año. No es acumular declaraciones de buenas intenciones.

El mejor homenaje al Día Mundial del Medio Ambiente es garantizar que nuestros ríos sigan fluyendo libres, vivos y accesibles para las comunidades que dependen de ellos.

Todavía estamos a tiempo de escuchar lo que los ríos nos están diciendo.

La pregunta es si tendremos la voluntad de hacerlo.

Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro

Correo: defensa.cuencas.guatuso@gmail.com

5 de junio de 2026

Video del 29 de mayo del 2026.

En este video se observan las labores mecanizadas de extracción de material en el río Frío, específicamente en la comunidad de La Amapola. Aunque estas actividades suelen justificarse como necesarias para obras y mejoras locales, cuando se realizan de forma intensiva pueden generar impactos significativos sobre los ecosistemas fluviales: alteración de cauces, pérdida de pozas, erosión de las riberas, afectación de la biodiversidad y reducción de espacios de uso comunitario. Los ríos son mucho más que una fuente de materiales. Son bienes comunes que sostienen la vida, la producción local, la memoria de las comunidades y el bienestar de las futuras generaciones. Por ello, resulta necesario preguntarnos si la extracción que se realiza responde realmente a las necesidades del cantón o si estamos frente a procesos de sobreexplotación destinados a abastecer mercados más amplios a costa del deterioro de nuestro patrimonio natural.

Pueden descargar el comunicado aquí.

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PRONUNCIAMIENTO ANTE EL PROYECTO DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: IMPACTOS SOBRE LA SOBERANÍA, LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y EL AMBIENTE -Colectivo Antonio Saldaña

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  1. Una propuesta que amenaza derechos fundamentales

El denominado “Proyecto de Armonización del Mercado Eléctrico” representa una iniciativa legal que, lejos de modernizar el sector, atenta directamente contra lo dispuesto en la Constitución Política en materia de protección ambiental. Asimismo, vulnera el Estado Social de Derecho al facilitar la intervención de inversiones extranjeras y privadas sin un control efectivo por parte del Estado costarricense, lo que constituye una violación flagrante de nuestra soberanía nacional.

  1. Impacto sobre los pueblos indígenas: violación del Convenio 169 de la OIT

Para los pueblos originarios, este proyecto implica un nuevo menoscabo a su autodeterminación y autonomía. Se continúa violentando los tratados internacionales firmados por el Estado costarricense, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su artículo 6, que garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada, es sistemáticamente ignorado. Además, la promoción de proyectos extractivos, como los hidroeléctricos, afectaría gravemente a las poblaciones originarias.

Exigimos, por tanto, el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la realización de estudios rigurosos que determinen los impactos ambientales del proyecto en los territorios indígenas. No es admisible que, después de tantos años de evidencia, se siga desvalorizando el daño que los proyectos hidroeléctricos causan en estas comunidades.

  1. ¿Quién decide sobre los territorios y los bienes comunes?

El posicionamiento de los pueblos originarios frente a este proyecto revive una discusión que Costa Rica intenta eludir sistemáticamente: ¿quién decide sobre los territorios, los ríos y los bienes comunes de la nación?

El debate sobre el mercado eléctrico no es meramente técnico o económico. Es, fundamentalmente, un debate sobre soberanía, democracia y el modelo de país que deseamos. Detrás de términos como “modernización”, “competitividad” o “apertura del mercado” se esconden decisiones concretas que transforman territorios, alteran ecosistemas y destruyen formas de vida comunitaria.

La apresurada apertura a intereses privados y extranjeros genera preocupaciones legítimas: por un lado, el debilitamiento del rol rector del Estado en sectores estratégicos; por otro, la merma de la capacidad real de las comunidades para incidir en decisiones que afectan directamente sus territorios. Cuando la energía deja de entenderse como un bien público y se concibe principalmente como un espacio de inversión y rentabilidad, los territorios se convierten, inevitablemente, en zonas de sacrificio al servicio de proyectos concebidos lejos de las comunidades.

  1. La memoria histórica de los pueblos originarios

Los pueblos indígenas no hablan desde el miedo abstracto ni desde una oposición vacía al desarrollo. Hablan desde la memoria histórica.

Durante décadas, los proyectos energéticos, extractivos y de infraestructura se han diseñado sin la participación efectiva de los pueblos originarios, a pesar de que sus impactos recaen directamente sobre sus territorios, sus ríos, sus prácticas culturales y sus condiciones de vida. Esta exclusión histórica constituye una forma más de marginación estructural.

Con demasiada frecuencia, se convoca a los pueblos indígenas cuando las decisiones ya están tomadas, reduciendo la consulta a un mero trámite institucional en lugar de un verdadero proceso de diálogo y consentimiento. Esa lógica reproduce una relación desigual en la que las comunidades son vistas como obstáculos administrativos, no como sujetos políticos titulares de derechos colectivos.

En este contexto, la defensa de la consulta previa, libre e informada establecida en el Convenio 169 de la OIT no es un simple requisito legal. Es una lucha por el reconocimiento de la dignidad política de los pueblos originarios y de su derecho a decidir sobre todo aquello que afecte sus territorios y sus formas de vida. 

  1. La huella del Proyecto Hidroeléctrico Diquís

La memoria del Proyecto Hidroeléctrico Diquís sigue viva en los pueblos indígenas de Costa Rica. Ese proceso dejó profundas heridas en torno al derecho a la consulta, la autonomía territorial y los impactos de los megaproyectos impulsados sin consentimiento previo, libre e informado.

El caso Diquís evidenció cómo, bajo los discursos de progreso y desarrollo nacional, se pueden invisibilizar las consecuencias sociales, culturales y ambientales que recaen sobre comunidades concretas. Para muchos pueblos indígenas, no se trataba únicamente de electricidad, sino de desplazamiento, transformación del territorio, afectación de sitios sagrados y culturales, y pérdida del control sobre espacios vitales para la vida comunitaria.

Recordar esta experiencia es también recordar que el desarrollo no puede construirse a costa de los derechos de los pueblos. La historia reciente demuestra que cuando las comunidades son excluidas de las decisiones estratégicas del país, las heridas sociales permanecen mucho después de que los debates institucionales han terminado.

  1. La importancia de levantar la voz

En medio del debate actual sobre la reforma y privatización del mercado eléctrico, resulta fundamental la intervención de colectivos y organizaciones como el Colectivo Antonio Saldaña, porque vuelven a colocar en el centro a voces históricamente relegadas de la discusión pública.

Nuestro pronunciamiento no solo expresa preocupaciones ambientales o jurídicas; representa también un ejercicio de memoria, defensa territorial y participación política desde los pueblos originarios. En un contexto dominado por visiones tecnocráticas y empresariales de la energía, estas voces recuerdan que detrás de cada proyecto existen comunidades, historias, culturas y derechos colectivos.

La participación de los pueblos indígenas en este debate amplía la discusión democrática y obliga al país a preguntarse: ¿qué modelo energético queremos construir y para quién lo construimos? Escuchar estas voces no debe verse como un obstáculo para el desarrollo, sino como una oportunidad para repensar colectivamente el bienestar, la energía, la soberanía y la justicia ambiental.

  1. Hacia una discusión sobre justicia energética

El debate sobre la reforma y privatización del mercado eléctrico también nos exige hablar de justicia energética.

La energía no puede entenderse únicamente como una mercancía o un espacio de rentabilidad económica. La electricidad sostiene la vida cotidiana, la producción, la comunicación, el acceso a derechos y las posibilidades de desarrollo de las comunidades. Por eso, discutir el futuro del sistema eléctrico implica preguntarse: ¿quién produce la energía?, ¿quién se beneficia de ella?, ¿quién asume los costos ambientales y territoriales?, ¿y quién queda excluido de las decisiones?

Hablar de justicia energética significa reconocer que los impactos y beneficios de los proyectos energéticos no se distribuyen de manera equitativa. Mientras algunos sectores obtienen ganancias económicas, muchas comunidades —especialmente los pueblos indígenas, los territorios rurales y las poblaciones históricamente marginadas— sufren las consecuencias ambientales, sociales y culturales.

También implica cuestionar aquellos modelos de desarrollo que conciben los territorios como meros espacios disponibles para la extracción o la generación de rentabilidad. Desde la perspectiva de la justicia energética, los ríos, bosques y territorios no son simples recursos: son espacios de vida, memoria, identidad y reproducción comunitaria.

En este sentido, las voces de los pueblos originarios aportan elementos fundamentales para repensar la relación entre energía y vida colectiva. Sus luchas nos recuerdan que la defensa de los territorios no es una demanda sectorial, sino una discusión central sobre el tipo de país que Costa Rica desea construir.

Por todo ello, la discusión energética no debería limitarse a cifras de mercado, competitividad o apertura económica. Debe incorporar, necesariamente, preguntas sobre democracia, participación, derechos colectivos, sostenibilidad y protección de los bienes comunes. Hablar de justicia energética es reconocer que el acceso y la gestión de la energía forman parte de una discusión más amplia sobre dignidad, soberanía y justicia social y ambiental.

Colectivo Antonio Saldaña

Responsable: Filidencia Cubillo Morales
Cédula: 70680258

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Seguridad jurídica: el lenguaje que ordena el debate (y también lo limita)

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Un ejercicio necesario

Hagamos un ejercicio.

Imaginemos que, en algún lugar del país, recientemente ocurrió un hecho. No diremos exactamente dónde, ni quiénes están involucrados. Solo diremos que una decisión judicial detuvo una intervención sobre un entorno natural.

A partir de ahí, algo predecible comienza a desplegarse.

Distintas voces públicas encienden la alerta. Se habla de “incertidumbre jurídica”, de empleos en riesgo, de inversiones millonarias que podrían frenarse, de la urgencia de reglas claras para sostener el desarrollo. Se construye un relato donde lo que está en juego no es únicamente un caso específico, sino la estabilidad de todo un modelo económico.

El argumento tiene fuerza porque conecta con preocupaciones reales: el trabajo, los ingresos, la posibilidad de sostener proyectos de vida. No es un discurso vacío. Pero precisamente por eso, conviene detenerse no solo en lo que dice, sino en cómo organiza lo que podemos pensar sobre lo que está ocurriendo.

Este ejercicio —aparentemente abstracto— permite tomar distancia. Y en esa distancia, observar patrones que suelen pasar desapercibidos cuando el debate se reduce a nombres propios, cifras o urgencias del momento.

Nombrar también es tomar posición

Cuando una situación se define como un problema de “seguridad jurídica”, no estamos simplemente describiendo la realidad. Estamos eligiendo un marco desde el cual interpretarla.

Ese marco no es neutro.

Colocar la “seguridad jurídica” en el centro implica priorizar la estabilidad de las reglas para la inversión como eje del debate. Desde ahí, otras dimensiones —como la protección de los ecosistemas, los derechos de las comunidades o los límites de ciertas actividades— no desaparecen, pero quedan subordinadas, desplazadas a un segundo plano.

El conflicto cambia de forma.

Ya no se discute principalmente si una intervención sobre un entorno natural es adecuada, sostenible o legalmente válida. Se discute, más bien, qué efectos tiene esa intervención (o su detención) sobre la confianza de quienes invierten.

Ese desplazamiento es profundamente político porque reordena las prioridades colectivas.

Define qué se considera urgente, qué se percibe como amenaza y qué aparece como sacrificable. También delimita el tipo de soluciones que se vuelven imaginables: si el problema es la incertidumbre para la inversión, la respuesta tenderá a ser eliminar obstáculos, reducir controles o acelerar procesos.

Así, el lenguaje no solo describe el conflicto. Lo produce en una forma específica.

La decisión judicial: ¿ruptura o expresión del sistema?

Sigamos con el ejercicio.

Imaginemos ahora que la decisión judicial que detiene la intervención no surge de la nada. Que está fundamentada en normativa existente. Que responde a procedimientos establecidos. Que forma parte del mismo entramado institucional que, en teoría, garantiza esas “reglas claras” que se reclaman como indispensables.

En ese sentido, la resolución no es una anomalía. Es una expresión del sistema en funcionamiento.

Sin embargo, cuando esa aplicación de la ley introduce límites —especialmente sobre proyectos económicamente relevantes— comienza a ser interpretada como un factor de inestabilidad.

Aquí aparece una tensión difícil de ignorar.

La seguridad jurídica es celebrada cuando facilita, habilita o da previsibilidad a la inversión. Pero tiende a ser cuestionada cuando esa misma estructura legal actúa para regular, contener o incluso detener determinadas acciones.

No se trata entonces de una oposición entre legalidad e incertidumbre, sino de una disputa sobre qué tipo de legalidad se considera legítima.

¿Es legítima solo aquella que garantiza fluidez a la inversión? ¿O también aquella que impone límites en función de la protección ambiental y el interés colectivo?

La respuesta a estas preguntas no es técnica. Es política.

La asimetría del ejercicio legal

Hay una dimensión clave que suele quedar fuera del encuadre dominante: la profunda desigualdad en la forma en que distintos actores pueden relacionarse con el sistema legal.

En abstracto, la ley se presenta como un terreno común. Un espacio donde todas las partes pueden acudir en igualdad de condiciones. Pero en la práctica, ese acceso está mediado por recursos, capacidades y posiciones de poder muy diferentes.

Algunos actores cuentan con:

  • -Equipos legales especializados y permanentes
  • -Capacidad financiera para sostener litigios prolongados
  • -Posibilidad de asumir costos judiciales como parte de su estrategia
  • -Influencia suficiente para incidir en los ritmos y alcances de los procesos

Desde esa posición, el sistema legal puede ser utilizado activamente como herramienta: para defender intereses, para presionar, para disputar territorios o incluso para desincentivar la acción de otros actores.

En contraste, quienes participan en la defensa de los territorios y los ecosistemas suelen enfrentar condiciones mucho más precarias:

  • -Acceso limitado a asesoría legal continua
  • -Dificultades para asumir costos económicos sostenidos
  • -Impactos directos en su vida cotidiana ante medidas judiciales
  • -Desgaste emocional y organizativo derivado de procesos largos e inciertos

En algunos casos, el uso de mecanismos legales contra estas personas no solo busca resolver un conflicto específico, sino generar efectos más amplios de intimidación o desmovilización.

En este escenario, la “seguridad jurídica” se experimenta de manera profundamente desigual.

Para unos, es un marco que ofrece garantías y herramientas. Para otros, puede convertirse en un espacio de riesgo, desgaste e incluso vulnerabilidad.

Reconocer esta asimetría no debilita el Estado de derecho. Al contrario, permite ver dónde sus promesas no se cumplen de forma equitativa.

Desarrollo, empleo y lo que no se discute

El discurso de la seguridad jurídica encuentra uno de sus apoyos más fuertes en la defensa del empleo.

Se presentan cifras, proyecciones, impactos en cadenas productivas. Se construye una imagen donde la estabilidad de la inversión aparece directamente vinculada al bienestar de miles de personas.

Y, en efecto, el empleo importa. Importa profundamente. Pero el problema no es que se hable de empleo. Es cómo se habla de él.

Con frecuencia, el argumento se plantea en términos cuantitativos: cuántos puestos están en juego, cuánto se podría perder. Sin embargo, quedan fuera preguntas igualmente relevantes:

  • -¿Qué condiciones laborales caracterizan esos empleos?
  • -¿Qué niveles de estabilidad ofrecen en el mediano y largo plazo?
  • -¿Qué grado de dependencia generan respecto a un único sector económico?
  • -¿Qué capacidad tienen las comunidades para incidir en las decisiones que afectan esos territorios?

Además, se omite con frecuencia una relación fundamental: muchas de estas actividades económicas dependen directamente de la salud de los ecosistemas en los que se insertan.

El deterioro ambiental no es un problema separado del desarrollo. Es un límite estructural. Pensar el empleo sin considerar esa base ecológica es, en el fondo, pensar en términos de corto plazo.

Seguridad jurídica como campo de disputa

Lo que este ejercicio permite evidenciar es que la seguridad jurídica no es simplemente una condición técnica que debe cumplirse.

Es también un concepto en disputa.

Un lenguaje que distintos actores utilizan para posicionar sus intereses, legitimar sus demandas y construir sentido sobre lo que está ocurriendo.

En ese campo de disputa, la seguridad jurídica puede ser invocada para:

  • -Defender la estabilidad de la inversión
  • -Exigir el cumplimiento de la legislación ambiental
  • -Proteger derechos colectivos
  • -Garantizar condiciones para la participación y la defensa del territorio

El problema surge cuando esa pluralidad se reduce.

Cuando una de esas interpretaciones se impone como la única válida, y las demás son presentadas como obstáculos, excesos o amenazas.

En ese momento, la seguridad jurídica deja de ser un principio compartido y se convierte en un argumento selectivo.

Más allá del juego

El ejercicio de no nombrar lugares ni actores no busca ocultar la realidad, ni diluir responsabilidades.

Busca algo distinto.

Busca mostrar que, incluso cuando se eliminan los detalles, la estructura del conflicto permanece reconocible. Que hay formas de narrar, de argumentar y de posicionar intereses que se repiten en distintos territorios y contextos.

Y que, por lo tanto, lo que está en juego no es únicamente un caso particular.

Es una manera de entender la relación entre ley, desarrollo y naturaleza.

Por eso, la discusión de fondo no es si la seguridad jurídica es necesaria. Lo es, y seguirá siéndolo.

La cuestión es si estamos dispuestos a sostener una idea de seguridad jurídica que sea realmente integral. Una que no funcione solo como garantía para ciertos intereses, sino como un marco que articule de manera equilibrada:

  • -la actividad económica,
  • -la protección de los ecosistemas,
  • -y los derechos de quienes habitan y defienden los territorios.

Porque cuando la ley opera con fuerza hacia un lado
y con fragilidad hacia el otro,
deja de ser una base común.

Y empieza a parecerse, cada vez más, a una expresión de las relaciones de poder que atraviesan la sociedad.

La inseguridad jurídica que no se nombra

Hay, sin embargo, una dimensión de la seguridad jurídica que rara vez ocupa titulares, comunicados o alertas empresariales. No se mide en millones de dólares ni en proyecciones de inversión. No se presenta como riesgo para la competitividad. Pero existe, y pesa.

Es la inseguridad jurídica que enfrentan quienes defienden los territorios.

En el país, la no ratificación del Acuerdo de Escazú no es un dato menor. Es una decisión política que tiene efectos concretos sobre la vida de las personas que participan en la defensa ambiental y sobre la calidad democrática en la gestión de los conflictos socioambientales.

Escazú no crea derechos nuevos. Refuerza y articula tres pilares básicos: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Pero además —y esto es clave— incorpora un elemento que rara vez se coloca en el centro del debate: la protección de las personas defensoras del ambiente.

En un contexto donde quienes alzan la voz pueden enfrentar demandas, presiones económicas o medidas que afectan directamente su vida cotidiana, la ausencia de un marco robusto de protección no es neutra. Genera condiciones de incertidumbre, desalienta la participación y profundiza las asimetrías ya existentes.

Aquí la pregunta vuelve a aparecer, con más fuerza:

¿qué entendemos por seguridad jurídica cuando quienes defienden el interés público no tienen garantías suficientes para hacerlo sin riesgo?

Porque la seguridad jurídica no debería limitarse a la previsibilidad de las reglas para invertir. También debería implicar que cualquier persona pueda acceder a información clara, participar en decisiones que afectan su entorno y acudir a la justicia sin enfrentar barreras desproporcionadas o consecuencias que comprometan su integridad o sus medios de vida.

Cuando esas condiciones no están aseguradas, lo que existe es otra forma de inseguridad jurídica. Más silenciosa, menos visible, pero profundamente estructural.

Una inseguridad que no se expresa en comunicados ni en cifras de inversión,
pero que define quién puede hablar, quién puede defender y quién puede sostener un conflicto en el tiempo.

Cerrar el debate sin reconocer esta dimensión es dejar incompleta la discusión.

Porque sin garantías para la participación, sin protección efectiva para las personas defensoras y sin acceso equitativo a la justicia, la seguridad jurídica deja de ser un principio compartido.

Y se convierte, nuevamente, en un privilegio.

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De “estúpido” a “malintencionado”: cómo se naturaliza la estigmatización de quienes defienden el ambiente

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En la conferencia de prensa semanal del presidente de la República, Rodrigo Chaves, junto Ministra de la Presidencia y presidenta electa Laura Fernández, tuvo lugar un intercambio que, para muchos, pudo pasar desapercibido. Sin embargo, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, constituye un ejemplo claro de estigmatización institucional contra personas defensoras del ambiente.

Durante su intervención, el presidente Chaves se refirió al diputado electo Edgardo Araya como “la clase de estúpido que es este ser humano” y “el padre del desastre de Crucitas”. En la misma línea, calificó al magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema, como “un desvisado”, “de extrema izquierda y nefasto para el país” y “malintencionado”. Por su parte, la presidenta electa aludió a “personas radicalistas” que “engañan” al país con “información falsa”.

Lo que está en juego aquí no es la libertad de opinión. El problema radica en la normalización de un discurso que descalifica a las personas —y no a sus argumentos—, y que, además, asocia la defensa del ambiente con daño al desarrollo, pérdida de empleos o incluso mala fe.

Lo que dice el derecho interamericano

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Norte de Centroamérica: Personas defensoras del medio ambiente” (2022), es contundente al respecto:

“La difamación y estigmatización de personas defensoras son prácticas comúnmente utilizadas para distorsionar la percepción que se tiene sobre su labor.” (párr. 114)

El documento señala que, en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, funcionarios públicos y actores privados han recurrido a etiquetas como “criminales”, “terroristas”, “antidesarrollo” o “enemigos del Estado” para desacreditar a quienes defienden el ambiente (párr. 115). Aunque con un lenguaje distinto, ese mismo patrón discursivo se hizo presente este miércoles en la conferencia del Poder Ejecutivo costarricense.

La CIDH advierte que la estigmatización no constituye un simple exceso retórico. Por el contrario, contribuye a crear un clima de hostilidad, legitima la descalificación pública y, en contextos de alta conflictividad, puede convertirse en la antesala de amenazas, criminalización e incluso violencia letal (párrs. 116–118).

¿Por qué esto importa en Costa Rica?

Costa Rica experimenta una erosión en las condiciones para la defensa ambiental. Aunque no se trate de un escenario de violencia sistemática como en otros países de la región, el país no está exento de hechos extremos: se han registrado asesinatos de personas vinculadas a la defensa del territorio. En este contexto, se acumulan señales de deterioro —conflicto sostenido en territorios indígenas, declaratorias de “no grato” y afiches de “no bienvenidos”— que, lejos de ser aisladas, delinean una tendencia preocupante. A ello se suma el uso de mecanismos de intimidación legal, como las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), reforzando un entorno cada vez más adverso, profundizado por discursos estigmatizantes desde el Poder Ejecutivo.

Estos discursos no solo acompañan este proceso, sino que lo profundizan y legitiman. En primer lugar, normalizan el insulto y la descalificación personal como formas válidas de hacer política y de responder a posiciones críticas, particularmente en materia ambiental. En segundo lugar, deslegitiman la defensa del ambiente al asociarla de manera automática con “fanatismo”, “radicalismo” o “engaño”, sin distinguir entre posturas legítimas y acciones ilegales.

Además, este clima discursivo pone en riesgo el derecho a disentir en temas ambientales, especialmente para comunidades locales, liderazgos indígenas y personas que se oponen a megaproyectos. Finalmente, este tipo de posicionamientos contradice los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, incluyendo su papel histórico en torno al Acuerdo de Escazú y los estándares desarrollados por la CIDH.

Lo que la CIDH recomienda (y Costa Rica debería escuchar)

El informe dedica un apartado específico a las obligaciones estatales en materia de estigmatización. Entre sus conclusiones, señala:

“Las autoridades estatales deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.” (párr. 175)

Asimismo, recomienda de forma expresa:

“Crear una campaña de educación y promoción […] Las autoridades, desde los más altos niveles, deben abstenerse de hacer declaraciones o afirmaciones que estigmaticen o desacrediten a las personas defensoras.” (párr. 305, recomendación 2)

Hasta el momento, lejos de promover esta cultura, el Poder Ejecutivo costarricense ha avanzado en sentido contrario.

Más allá de la anécdota: un patrón discursivo

Lo ocurrido el 22 de abril no puede entenderse como un hecho aislado. En los últimos años, desde el Ejecutivo se ha reiterado un patrón discursivo que califica a quienes cuestionan proyectos turísticos, mineros o de infraestructura como “obstruccionistas”, “radicales” o “enemigos del desarrollo”.

Lo novedoso en esta ocasión es la intensidad de la descalificación —dirigida a personas concretas como Araya y Cruz— y la generalización negativa hacia quienes defienden el ambiente, presentados como parte de “corrientes extremas”.

De acuerdo con la CIDH, la estigmatización suele ser el primer eslabón de una cadena que puede escalar hacia el hostigamiento, la criminalización y, en los escenarios más graves, la violencia física (párr. 96). En Costa Rica, aunque no se ha llegado a esos extremos, el discurso oficial comienza a sentar las condiciones para ello.

Cuando el discurso oficial cruza la línea

Señalar la estigmatización desde el Poder Ejecutivo no implica perseguir al gobierno ni restringir la libertad de expresión presidencial. Tampoco se trata de dirimir si un proyecto es viable, beneficioso o no, ni de impedir el desarrollo. Implica, más bien, reconocer que las palabras de quienes ejercen poder público tienen peso, generan efectos y deben ajustarse a ciertos límites, especialmente cuando se refieren a personas que ejercen un derecho fundamental: la defensa del ambiente.

La CIDH ha sido clara: proteger a las personas defensoras comienza por reconocer la legitimidad de su labor y abstenerse de descalificarlas. Un país que se presenta como referente ambiental y de derechos humanos, como Costa Rica, debería comenzar por garantizar ese estándar en su propio discurso institucional.

En este sentido, lo ocurrido no puede leerse como un hecho aislado ni como un simple exceso retórico. Forma parte de un entramado más amplio de violencias que afectan a quienes defienden el ambiente. La siguiente matriz, basada en el informe de la CIDH, permite visualizar cómo estas formas de violencia se articulan y escalan, situando la estigmatización como uno de sus puntos de partida.

Cómo operan las violencias contra personas defensoras del ambiente
Tipo de violencia¿En qué consiste?¿Cómo se manifiesta?Efectos principalesRelación con la estigmatización
Estigmatización y desprestigioDiscursos que deslegitiman la labor de defensa ambientalDeclaraciones públicas, etiquetas como “radicales”, “antidesarrollo”, “enemigos”Erosiona legitimidad social, aísla a las personas defensorasEs el punto de partida: construye el clima que permite otras violencias
Amenazas y hostigamientoIntimidación directa o indirecta contra personas defensorasMensajes de amenaza, vigilancia, acoso, agresiones físicas o psicológicasGenera miedo, limita la participación y la denunciaSe legitima más fácilmente cuando la persona ya ha sido desacreditada públicamente
CriminalizaciónUso indebido del sistema penal para obstaculizar la defensaDenuncias infundadas, procesos judiciales, prisión preventiva abusivaDesgasta recursos, inhibe la acción colectiva, castiga la protestaLa estigmatización construye la narrativa que “justifica” la persecución
Ataques a la vida e integridadViolencia directa contra la integridad físicaAtentados, asesinatos, desapariciones forzadasElimina liderazgos, genera terror en comunidadesEs el extremo de la cadena, precedido muchas veces por estigmatización y hostigamiento

Fuente: elaboración propia con base en el informe de la CIDH “Norte de Centroamérica: Personas defensoras del medio ambiente” (2022).

¿A quiénes alcanza este tipo de discurso?

Hay un elemento adicional que no puede pasarse por alto. En este caso, las descalificaciones se dirigen a figuras con alta exposición pública como Fernando Cruz y Edgardo Araya. Se trata de personas con trayectoria, experiencia institucional y cierto nivel de protección derivado de sus cargos —magistrado y diputado electo—, lo que podría sugerir que están más habituadas a este tipo de confrontaciones.

Sin embargo, el problema no se agota en quienes reciben directamente los ataques. Este tipo de discurso, emitido desde los más altos niveles del poder, no solo impacta a estas figuras: también envía un mensaje más amplio que puede ser replicado y amplificado en otros espacios.

Cuando se normaliza la descalificación personal, se habilita —explícita o implícitamente— que ese mismo trato se reproduzca hacia personas defensoras con menor visibilidad y menor capacidad de protección: liderazgos comunitarios, colectivos locales, juventudes organizadas o personas que participan por primera vez en la defensa de sus territorios.

En esos contextos, las consecuencias pueden ser mucho más graves. A diferencia de figuras públicas consolidadas, estas personas suelen enfrentar mayores niveles de vulnerabilidad frente al hostigamiento, la intimidación o la violencia, precisamente porque no cuentan con los mismos recursos políticos, mediáticos o institucionales para responder.

Esto no implica minimizar los efectos que estas expresiones tienen sobre Fernando Cruz y Edgardo Araya, quienes también pueden verse afectados en distintos niveles por este tipo de violencia simbólica. Más bien, permite dimensionar el alcance del problema: un discurso estigmatizante no se queda en quienes nombra, sino que se expande, permea y reconfigura las condiciones en las que muchas otras personas ejercen su derecho a defender el ambiente.

En ese sentido, la responsabilidad del discurso público no radica solo en a quién se dirige, sino en todo lo que habilita más allá de ese momento.

¿Qué dice esto sobre la política ambiental de Costa Rica?

Más allá del episodio puntual, este tipo de declaraciones abre una pregunta de fondo sobre el rumbo de la política ambiental en Costa Rica. Cuando desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo se desacredita a quienes defienden el ambiente, no solo se afecta a personas concretas: se redefine el lugar que ocupa la protección ambiental dentro de las prioridades del Estado.

El discurso importa porque orienta la acción pública. Asociar la defensa del ambiente con obstáculo, engaño o radicalismo no es neutral: desplaza el debate desde la deliberación informada hacia la descalificación, y debilita las condiciones para construir políticas ambientales legítimas, participativas y sostenibles.

En un país que ha construido buena parte de su identidad internacional sobre la protección ambiental, este tipo de posicionamientos genera tensiones evidentes. No se trata solo de una contradicción discursiva, sino de una señal política que puede incidir en cómo se toman decisiones sobre territorios, recursos naturales y comunidades.

Esto se vuelve aún más evidente al revisar la propia intervención de la presidenta electa. En su discurso, Laura Fernández reivindica el ambiente como “la gallina de los huevos de oro”, destacando su valor para el turismo, la imagen país y la generación de riqueza. Sin embargo, esa defensa se articula en términos instrumentalizados: el ambiente aparece valioso en la medida en que produce beneficios económicos y reputacionales, no necesariamente como un derecho o un bien común en sí mismo.

Al mismo tiempo, establece una frontera problemática entre “protección” y “fanatismo”, ubicando a quienes cuestionan proyectos o decisiones como “radicalistas” que “engañan” al país y generan “inseguridad jurídica”. Esto no solo simplifica debates complejos, sino que reproduce el tipo de narrativa que organismos como la CIDH han advertido: aquella que desacredita a las personas defensoras al asociarlas con irracionalidad, mala fe o daño al desarrollo.

A ello se suma una idea que parece técnica, pero que también merece ser problematizada: la noción de compensación ambiental basada en cortar árboles y sembrar más, incluso en proporciones mayores. Si bien estas medidas pueden formar parte de herramientas de gestión ambiental, presentarlas como equivalentes directos invisibiliza aspectos clave como la complejidad de los ecosistemas, el tiempo que tarda en regenerarse un bosque, la biodiversidad específica de cada territorio y los impactos acumulativos de la intervención. No todo árbol es intercambiable, ni todo ecosistema es fácilmente “reemplazable”.

Así, el discurso intenta sostener una defensa del ambiente mientras deslegitima a quienes lo defienden en contextos concretos y simplifica las tensiones ecológicas a una lógica de compensación cuantitativa. La tensión no es menor: se reivindica el valor abstracto de la naturaleza, pero se cuestiona —y se desautoriza— a los sujetos que encarnan su defensa en los territorios.

En ese sentido, la pregunta no es menor: ¿se está consolidando una política ambiental que reconoce el valor de quienes defienden la vida en los territorios, o una que los coloca como adversarios del desarrollo? La respuesta a esa pregunta marcará, en buena medida, el tipo de país que Costa Rica decida ser.

Referencias:

CIDH (2022). Norte de Centroamérica: Personas defensoras del medio ambiente. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 400/22. Puede descargar aquí.

Poder Ejecutivo de Costa Rica. (2026, 22 de abril). Conferencia presidencial 22-04-2026 -video. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tqZw6bY1FVU

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Río Frío en alerta: comunidades denuncian décadas de extracción y proponen una zona de cuido

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Las comunidades de Maquengal y Guatuso, junto al Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro, hicieron público un pronunciamiento en el que alertan sobre el estado crítico del Río Frío, tras más de cuatro décadas de extracción de materiales en su cauce.

Lejos de centrarse únicamente en aspectos técnicos o legales, el documento pone en el centro la experiencia territorial de quienes habitan la cuenca, señalando los impactos acumulativos de un modelo de desarrollo que ha transformado de forma profunda la dinámica del río. Entre los principales efectos identificados destacan la erosión de riberas, la pérdida de pozas, la sedimentación, la disminución del caudal y la profundización del cauce.

Estas transformaciones no son solo ambientales. Las comunidades advierten consecuencias directas sobre la vida cotidiana: limitaciones en el acceso al río, afectaciones a la ganadería y al turismo local, mayor vulnerabilidad ante inundaciones y deterioro de los humedales vinculados al Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, del cual el río es su principal afluente.

Uno de los elementos más relevantes del pronunciamiento es la evidencia territorial recopilada en recorridos comunitarios. Según señalan, los tramos sin intervención se han reducido a fragmentos aislados: aproximadamente 800 metros hacia el Parque Nacional Tenorio y 1,6 kilómetros en dirección a El Jorón. Esta fragmentación revela que la afectación no es puntual, sino parte de un proceso continuo de transformación del río.

Además, el documento subraya la importancia estratégica de la cuenca para la seguridad hídrica del cantón. Entre el puente de San Rafael de Guatuso y el Parque Nacional Tenorio se ubican algunos de los principales mantos acuíferos de la zona, lo que refuerza la urgencia de proteger este territorio.

Las comunidades son claras: no se oponen al desarrollo, pero cuestionan un modelo que sacrifica los ríos y debilita las bases que sostienen la vida local. En su lugar, proponen fortalecer alternativas como el turismo rural comunitario, la producción local y la conservación.

En este marco, el pronunciamiento plantea la necesidad de abrir una discusión más amplia sobre el ordenamiento territorial y la gobernanza de la cuenca, señalando la ausencia de una visión integral que articule las decisiones institucionales con las dinámicas ecológicas y las necesidades comunitarias. Se insiste en la importancia de aplicar el principio precautorio y evaluar los impactos acumulativos antes de autorizar nuevas intervenciones.

Como propuesta concreta, las comunidades impulsan la creación de una zona de cuido del Río Frío, orientada a la restauración ecológica, el uso comunitario responsable y el desarrollo de alternativas económicas sostenibles. Esta iniciativa podría convertirse en un espacio piloto de gestión participativa de la cuenca.

El llamado a las instituciones es claro: reconocer la voz comunitaria, abrir espacios de diálogo no intimidantes, considerar una moratoria a la extracción de materiales y avanzar hacia decisiones basadas en la sostenibilidad y la justicia intergeneracional.

El pronunciamiento cierra con una afirmación que sintetiza su sentido político y ético: hablar hoy no es oponerse, es cuidar. Es asumir la responsabilidad colectiva de decidir qué tipo de desarrollo se quiere para el territorio y para las generaciones futuras.

Pueden descargar el comunicado completo aquí.

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Cuando la minería legal convive con el crimen: una historia incómoda para el debate sobre minería ilegal

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En el contexto del debate público sobre minería en Costa Rica, algunas voces políticas han planteado que permitir la explotación legal del oro podría contribuir a frenar la minería ilegal y recuperar recursos económicos para el país. Por ejemplo, en febrero de 2026 la presidenta electa Laura Fernández señaló que su gobierno impulsará la aprobación de un proyecto para explotar el oro existente en Crucitas, argumentando que actualmente el metal está siendo extraído por redes ilegales que generan daños ambientales y beneficios para el crimen organizado. Según sus declaraciones, la explotación regulada permitiría que esos recursos se traduzcan en ingresos para el Estado y financien áreas como educación, salud e infraestructura (Arrieta, 2026).

Las declaraciones de la presidenta electa de Costa Rica se inscriben en una discusión más amplia que ha ganado presencia en el debate público costarricense en los últimos años: la idea de que permitir la explotación legal del oro podría ser una forma de enfrentar la minería ilegal que actualmente ocurre en zonas como Crucitas. Bajo este enfoque, la apertura de proyectos regulados permitiría recuperar recursos económicos para el país y, al mismo tiempo, reducir el espacio de acción de las redes criminales vinculadas a la extracción ilegal.

Sin embargo, este planteamiento abre una pregunta clave: ¿existe realmente una relación directa entre permitir minería legal y reducir la minería ilegal?

En el debate sobre la minería suele repetirse un argumento aparentemente simple: si se permite la minería legal, se reduce la minería ilegal. La lógica parece intuitiva: al abrir un mercado regulado, el espacio para las economías criminales disminuiría y las actividades extractivas podrían ser supervisadas por el Estado.

Sin embargo, la experiencia internacional y los estudios sobre economías criminales muestran que la relación entre minería legal e ilegal es mucho más compleja. En muchos casos, ambas actividades no se excluyen mutuamente, sino que pueden coexistir dentro de los mismos territorios, mercados y cadenas de suministro.

Algunos episodios dentro de la propia industria minera ilustran esta complejidad. Uno de los más citados ocurrió en 2015, cuando el empresario canadiense Rob McEwen, presidente de McEwen Mining Inc., realizó una declaración pública que generó una polémica internacional sobre la relación entre minería y crimen organizado.

La declaración que incomodó a la industria

En abril de 2015, tras el robo de aproximadamente 8,5 millones de dólares en concentrado de oro en la mina El Gallo 1, ubicada en el estado mexicano de Sinaloa, McEwen fue entrevistado por la cadena canadiense Business News Network para explicar el contexto de seguridad en el que operaba la empresa.

Durante esa entrevista, el directivo describió la realidad de trabajar en territorios donde el crimen organizado tiene presencia consolidada. En sus declaraciones señaló que los cárteles operaban en la zona y que, en términos generales, la empresa mantenía una relación funcional con ellos, en el sentido de coexistir dentro del mismo territorio.

Según sus palabras, cuando la empresa deseaba explorar nuevas áreas, en ocasiones consultaba informalmente si la zona estaba disponible para trabajar. La frase que más repercusión tuvo en medios fue la siguiente:

“Los cárteles están ahí. Generalmente tenemos una buena relación con ellos. Si queremos explorar en algún lugar les preguntamos… y te dicen que regreses en un par de semanas cuando hayan terminado lo que están haciendo.” (McEwen, citado en CNN Expansión, 2015; El Financiero, 2015).

La declaración generó una fuerte reacción mediática y política en México. Diversos analistas interpretaron sus palabras como una admisión de que las empresas extractivas podían verse obligadas a convivir o negociar indirectamente con actores criminales cuando operan en regiones donde el Estado tiene presencia limitada.

Más allá del debate puntual sobre la entrevista, el episodio reveló un problema estructural: muchas actividades económicas legales operan en territorios donde también existen economías criminales. En estas zonas, las fronteras entre lo formal y lo informal pueden volverse difusas debido a factores como la seguridad, el control territorial y las redes económicas locales.

La retractación

Pocos días después de la entrevista, McEwen publicó un comunicado aclarando sus declaraciones. En este documento sostuvo que sus palabras habían sido malinterpretadas por los medios y negó que la empresa tuviera relaciones con organizaciones criminales.

Según explicó, cuando habló de mantener una “buena relación”, se refería en realidad a las comunidades locales y propietarios de tierras, con quienes la empresa suele coordinar para realizar trabajos de exploración (Río Doce, 2015).

En el comunicado, el empresario afirmó explícitamente:

“Ni yo ni ningún miembro del equipo directivo de la empresa ha tenido contacto regular ni relación alguna con miembros de los cárteles.” (McEwen citado en Animal Político, 2015).

La aclaración buscaba cerrar la polémica pública. No obstante, el episodio dejó una discusión abierta sobre las condiciones reales en las que operan muchas industrias extractivas, especialmente en regiones donde la presencia del crimen organizado se ha consolidado a lo largo de décadas.

Incluso cuando las empresas niegan vínculos directos, el simple hecho de operar en territorios donde existen economías criminales implica interacciones indirectas, presiones o dinámicas de coexistencia territorial que rara vez aparecen en el discurso corporativo oficial.

Un problema estructural, no una excepción

El caso de McEwen ilustra un fenómeno más amplio documentado en diversos estudios sobre minería y economías ilegales. En múltiples regiones del mundo se observa la presencia simultánea de:

  • -empresas mineras formales

  • -minería artesanal o informal

  • -minería ilegal organizada

  • -redes criminales vinculadas al control territorial o financiero

Esto ocurre porque la minería —especialmente la del oro— genera rentas extraordinarias cuando los precios internacionales son elevados. Esa rentabilidad atrae tanto a inversionistas legales como a actores ilegales que buscan capturar parte del valor económico del mineral (Giusti, 2019).

En América Latina, investigaciones sobre economías criminales han mostrado que la minería ilegal se ha convertido en una de las actividades ilícitas más lucrativas después del narcotráfico. En algunos países incluso ha llegado a superarlo en términos de rentabilidad debido a la relativa facilidad para integrar el mineral al mercado legal una vez extraído (Naciones Unidas, 2020).

En este contexto, la presencia de minería industrial no elimina automáticamente las economías ilegales. Por el contrario, ambas pueden coexistir dentro de las mismas regiones extractivas, generando dinámicas complejas como:

  • -robo de mineral o concentrados en instalaciones industriales

  • -infiltración de intermediarios en las cadenas de comercialización

  • -mezcla de minerales legales e ilegales para su exportación

  • -extorsión o cobro de “protección” por parte de grupos criminales

  • -utilización de infraestructura logística existente para movilizar mineral ilegal

Diversos análisis sobre economías criminales señalan que estas actividades suelen formar “economías perversas”, en las que actores legales e ilegales participan de redes económicas que se superponen en el territorio (Nueva Sociedad, 2022).

Lo que esto significa para el debate público

Este tipo de experiencias resulta especialmente relevante cuando en el debate público aparece el argumento de que permitir la minería legal ayudaría a combatir la minería ilegal.

Aunque la idea puede parecer lógica a primera vista, la evidencia comparada sugiere que la relación no es tan directa. La minería ilegal no surge únicamente porque la minería esté prohibida, sino por una combinación de factores estructurales, entre ellos:

  • -debilidad institucional y limitada presencia del Estado en territorios periféricos

  • -altos precios internacionales del oro que incentivan la extracción informal

  • -redes criminales que financian operaciones ilegales

  • -pobreza y falta de alternativas económicas en comunidades rurales

En estas condiciones, la minería ilegal funciona como una economía paralela altamente rentable, que puede adaptarse incluso en contextos donde existe minería formal y regulada (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021).

Por esta razón, varios estudios concluyen que legalizar la minería no garantiza reducir la minería ilegal, especialmente si no se fortalecen simultáneamente las capacidades estatales de fiscalización, trazabilidad y control territorial.

El caso de Costa Rica: entre la prohibición y el debate actual

En Costa Rica, la minería metálica a cielo abierto fue prohibida en 2010 tras un intenso debate ambiental y social marcado por preocupaciones sobre la contaminación del agua, la deforestación y la transformación del paisaje. La discusión estuvo estrechamente vinculada al conflicto socioambiental generado por el proyecto minero en Crucitas de Cutris, uno de los episodios más emblemáticos del debate ambiental en el país.

En años recientes, algunos sectores políticos y empresariales han planteado revisar esa prohibición con el argumento de que permitir minería industrial regulada podría ayudar a combatir la minería ilegal en zonas donde ya se registran actividades extractivas clandestinas.

Sin embargo, la evidencia comparada en América Latina sugiere que ambos fenómenos responden a lógicas económicas y organizativas diferentes.

La minería industrial suele operar mediante grandes inversiones, tecnología especializada, permisos ambientales y cadenas formales de exportación. En contraste, la minería ilegal tiende a organizarse a través de redes informales flexibles, con menor inversión inicial, movilidad territorial y una alta capacidad de adaptación a las fluctuaciones del precio internacional del oro.

Investigaciones sobre economías criminales vinculadas a la minería muestran que la actividad ilegal no depende necesariamente de la ausencia de minería formal, sino de factores institucionales y territoriales, como la debilidad de los controles estatales, la existencia de mercados internacionales para el oro y la posibilidad de introducir minerales ilegales en circuitos comerciales aparentemente legales (OEA, 2021; Insight Crime, 2020).

Por esta razón, distintos estudios sostienen que combatir la minería ilegal requiere principalmente políticas de gobernanza territorial, entre ellas:

  • -fortalecimiento de la presencia estatal en zonas mineras

  • -sistemas de trazabilidad y certificación del origen del mineral

  • -control financiero sobre las redes de comercialización

  • -supervisión de exportaciones y empresas intermediarias

  • -alternativas económicas para comunidades dependientes de actividades extractivas informales

Sin estos elementos institucionales, modificar la legislación minera por sí sola difícilmente resuelve el problema.

Redes de tráfico de oro y empresas de papel en Costa Rica

Un caso reciente en Costa Rica ilustra con claridad cómo la minería ilegal puede integrarse en estructuras criminales complejas con mecanismos financieros sofisticados, más allá de la actividad extractiva en sí misma.

De acuerdo con un reportaje publicado por InSight Crime el 2 de septiembre de 2020, el periodista Zachary Goodwin documentó la desarticulación de una red dedicada a extraer oro ilegalmente y exportarlo mediante empresas fachada.

A finales de agosto de 2020, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público de Costa Rica realizaron 32 allanamientos en todo el país y detuvieron a 27 personas vinculadas con la red criminal. Durante los operativos se decomisaron lingotes de oro, drogas, dinero en efectivo y documentación de exportaciones presuntamente falsificada.

La investigación había iniciado en abril de 2019 cuando funcionarios del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría detectaron un volumen inusualmente alto de exportaciones de oro en la documentación comercial.

Este hallazgo permitió descubrir una estructura criminal organizada en múltiples niveles, que incluía equipos responsables de:

  • -extracción del oro

  • -fundición y procesamiento

  • -transporte interno

  • -exportación internacional

  • -lavado de dinero

Según el entonces director del OIJ, Walter Espinoza, los documentos decomisados indican que la organización habría generado al menos 60 millones de dólares en ventas internacionales de oro (Goodwin, 2020).

Origen del oro ilegal

El oro provenía principalmente de dos zonas:

  • -Crucitas de Cutris, cerca de la frontera con Nicaragua

  • -Parque Nacional Corcovado

En el caso de Crucitas, la extracción ilegal se intensificó después de que el Estado costarricense cancelara en 2011 la concesión minera otorgada a la empresa Infinito Gold Ltd..

Tras la cancelación del proyecto, la infraestructura parcialmente construida fue aprovechada por mineros ilegales, incluidos grupos que cruzaban la frontera desde Nicaragua.

Un informe gubernamental citado en la investigación indicó que entre 2018 y 2019 la minería ilegal en Crucitas se expandió en aproximadamente 70 hectáreas, lo que representó un aumento del 156 % del área explotada. Además, la actividad habría contaminado al menos 35 cuerpos de agua en la región (Goodwin, 2020).

Lavado de oro mediante comercio internacional

El aspecto más relevante del caso no fue únicamente la extracción ilegal, sino el sistema de lavado de activos asociado al comercio internacional del oro.

La investigación determinó que la red utilizaba empresas de comercio exterior y empresas de papel para exportar lingotes de oro a ciudades estadounidenses como:

  • -Miami

  • -Los Ángeles

  • -Houston

Para hacerlo, los implicados falsificaban documentos de exportación que permitían introducir el oro en los mercados internacionales como si fuera de origen legal.

Las autoridades también identificaron la participación de al menos un funcionario del Ministerio de Hacienda, quien habría asesorado a la organización en mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito del metal. Las investigaciones indicaron que podrían existir otros funcionarios involucrados.

Este tipo de mecanismos coincide con las tipologías de lavado de activos vinculadas a minería ilegal identificadas por la Organización de los Estados Americanos, donde se documenta el uso de exportadoras, intermediarios comerciales y manipulación de documentación para introducir oro ilegal en mercados internacionales (OEA, 2021).

Posibles vínculos con otras economías criminales

Durante los operativos también se decomisaron narcóticos y dinero en efectivo, lo que llevó a los fiscales a abrir una investigación paralela para determinar posibles vínculos con redes de narcotráfico.

Diversos estudios sobre economías criminales en América Latina muestran que la minería ilegal puede integrarse con otras actividades ilícitas, incluyendo contrabando, tráfico de drogas, lavado de activos y corrupción institucional.

De hecho, investigaciones regionales han señalado que la minería ilegal ha llegado a competir con el narcotráfico como una de las economías criminales más lucrativas en algunas regiones, impulsada por el aumento sostenido del precio internacional del oro (Insight Crime, 2019; OEA, 2021).

Implicaciones para el debate sobre minería en Costa Rica

El caso de Crucitas es especialmente relevante para el debate actual sobre la política minera en Costa Rica porque muestra que la minería ilegal no opera únicamente como actividad artesanal aislada, sino dentro de redes financieras, comerciales y logísticas más amplias.

El caso evidencia al menos tres dinámicas importantes:

1.La minería ilegal puede integrarse en estructuras empresariales y financieras complejas.

2.El lavado de oro depende frecuentemente de canales comerciales formales, como exportadoras o intermediarios.

3.La expansión de la minería ilegal no necesariamente depende de la ausencia de minería legal, sino de la existencia de mercados internacionales y mecanismos de lavado.

Por esta razón, distintos análisis sobre crimen organizado y minería en América Latina advierten que la simple legalización o apertura de proyectos mineros industriales no garantiza la reducción de la minería ilegal.

En muchos contextos, ambos mercados pueden coexistir e incluso entrelazarse a través de cadenas de comercialización, intermediarios y sistemas financieros que permiten mezclar minerales legales e ilegales.

Un debate que requiere más evidencia

El caso de la declaración y posterior retractación del empresario Rob McEwen no demuestra por sí mismo la existencia de una relación sistemática entre empresas mineras y organizaciones criminales. Sin embargo, sí revela un aspecto relevante de las economías extractivas contemporáneas: las economías legales e ilegales pueden coexistir dentro de los mismos territorios.

Esta coexistencia plantea desafíos complejos para la regulación pública, la gobernanza territorial y los mecanismos de supervisión estatal.

Por esa razón, cuando se afirma que legalizar la minería resolverá la minería ilegal, resulta necesario examinar con mayor detenimiento la evidencia comparada y las dinámicas reales de las economías criminales.

La experiencia internacional sugiere que el problema no es únicamente jurídico, sino también institucional y territorial. En muchos casos, lo legal y lo ilegal no se separan simplemente por una norma, sino por la capacidad efectiva del Estado para regular, supervisar y controlar los territorios donde se desarrollan estas actividades.

Como complemento al análisis presentado en este artículo, se incluye a continuación una matriz de tipologías y señales de alerta del lavado de activos vinculado a la minería ilegal. Esta tabla tiene un propósito pedagógico: sintetizar de manera clara algunos de los patrones, prácticas y señales que suelen aparecer cuando las economías criminales asociadas a la extracción ilegal de minerales intentan insertar sus ganancias en circuitos financieros o comerciales formales.

La matriz permite identificar de forma esquemática modalidades de operación, actores involucrados y posibles indicadores de riesgo, lo cual puede resultar útil para investigadores, periodistas, estudiantes o personas interesadas en comprender mejor cómo funcionan estas dinámicas en la región.

Este cuadro fue elaborado a partir de la información contenida en el informe de la Organización de los Estados Americanos: Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe (Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Seguridad Multidimensional, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2022), que analiza los mecanismos más comunes utilizados para ocultar o legitimar ganancias provenientes de la explotación minera ilícita en América Latina y el Caribe.

Matriz de tipologías y señales de alerta del lavado de activos vinculado a minería ilegal
Tipología identificadaDescripción del mecanismoSeñales de alerta principalesImplicación para la gobernanza minera
Uso de negocios de alta rotación de efectivoEmpresas aparentemente legales (comercio de alimentos, insumos o transporte) canalizan grandes cantidades de dinero hacia zonas de minería ilegal y ayudan a movilizar el oro extraído.Grandes movimientos de efectivo; empresas que operan en zonas remotas con actividad financiera desproporcionada; uso frecuente de transporte de valores.Permite introducir capital ilícito en la economía formal y financiar operaciones mineras ilegales.
Pago de mercancías de contrabando con oro ilegalEl oro extraído ilegalmente se utiliza como medio de pago para mercancías ingresadas ilegalmente al país.Comercio en zonas fronterizas con pagos en oro o efectivo; empresas vinculadas simultáneamente a comercio y minería.Integra minería ilegal con otras economías criminales como contrabando o narcotráfico.
Manipulación de exportaciones de chatarra de oroExportación o importación de oro reciclado o chatarra con información alterada sobre peso o calidad.Documentación inconsistente; diferencias entre valor declarado y valor de mercado; empresas intermediarias sin historial comercial.Facilita introducir oro ilegal en cadenas de comercio internacional.
Tráfico transfronterizo de oro ilícitoContrabando de oro a países vecinos para aprovechar diferencias fiscales o controles regulatorios más débiles.Exportaciones de oro desproporcionadas en países sin producción minera relevante; flujos comerciales inusuales en zonas fronterizas.Aprovecha fronteras porosas y diferencias tributarias entre países.
Uso de jurisdicciones o intermediarios de alto riesgoEmpresas o intermediarios ubicados en jurisdicciones con baja supervisión financiera facilitan el lavado de dinero.Transferencias internacionales frecuentes a paraísos fiscales o países con controles débiles.Permite ocultar beneficiarios finales y dificultar investigaciones financieras.
Corrupción de funcionarios públicosSobornos o pagos para facilitar licencias, permisos o protección frente a controles estatales.Funcionarios con patrimonio inexplicable; irregularidades en otorgamiento de permisos mineros.Debilita las instituciones y permite la continuidad de la minería ilegal.
Tráfico de relaves o residuos minerosComercialización ilegal de residuos mineros que contienen metales valiosos recuperables.Empresas que comercializan relaves sin documentación técnica o ambiental.Amplía la cadena de explotación ilegal más allá de la mina original.
Uso de casas de empeñoCasas de empeño compran oro sin verificar origen, permitiendo introducir oro ilegal en el mercado.Altas compras de oro sin trazabilidad o documentación.Puntos de entrada del oro ilegal al mercado formal.
Contrabando de oro para comercialización en otro paísEl oro es transportado clandestinamente para ser vendido en mercados más rentables.Diferencias significativas entre producción nacional y exportaciones.Permite lavar oro ilegal a través de mercados externos.
Simulación de producción por empresas minerasEmpresas registradas reportan producción ficticia para justificar la venta de oro ilegal.Empresas con producción elevada sin capacidad operativa o infraestructura.Permite mezclar oro ilegal con producción aparentemente legal.
Uso de permisos de formalización mineraMineros ilegales utilizan registros de minería artesanal o permisos de formalización para comercializar oro ilícito.Permisos utilizados por terceros o producción mayor a la autorizada.Debilita programas de formalización minera.
Sobrevaloración de exportacionesManipulación del valor declarado del oro para transferir dinero ilícito mediante comercio internacional.Empresas recién creadas con exportaciones millonarias; discrepancias en precios declarados.Forma de lavado basada en comercio internacional.
Uso de “correos humanos”Transporte físico de oro o dinero por personas que cruzan fronteras.Viajeros con objetos de oro ocultos en equipaje o ropa.Facilita mover oro sin registro oficial.
Producción ficticia en minas legales inactivasMinas que oficialmente están cerradas o sin producción reportan ventas de oro.Empresas sin actividad real pero con ventas o exportaciones importantes.Permite introducir oro ilegal en cadenas legales.
Préstamos ilícitos para financiar minería ilegalFinanciación de operaciones mediante préstamos informales o usureros vinculados a organizaciones criminales.Zonas mineras con gran circulación de efectivo y poco uso del sistema bancario.Conecta minería ilegal con redes de crédito criminal.
Sistemas alternativos de transferencia de dineroUso de intermediarios informales o redes paralelas para transferir pagos y remesas de trabajadores mineros.Pagadores informales y transferencias fuera del sistema financiero.Dificulta rastrear flujos financieros vinculados a la minería ilegal.

Elaboración propia a partir de Organización de los Estados Americanos (2022) Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe.

Referencias:

Arrieta, Esteban. (2026, febrero 17). Laura Fernández se compromete con plan para explotar el oro que hay en Crucitas. La República. https://www.larepublica.net/noticia/laura-fernandez-se-compromete-con-plan-para-explotar-el-oro-que-hay-en-crucitas

CNN Expansión. (2015, abril 10). Minera canadiense “pide permiso” a cárteles para explorar. https://expansion.mx/negocios/2015/04/10/minera-canadiense-pide-permiso-a-carteles-para-explorar

EFE. (2015, 12 de abril). In Mexico, mining firms play drug cartel politics. News.co.cr.
https://news.co.cr/in-mexico-mining-firms-play-drug-cartel-politics/38164/

El Financiero. (2015, 10 de abril). McEwen Mining admite control de cárteles en exploración minera.
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mcewen-mining-admite-control-de-carteles-en-exploracion-minera/

Haldevang, Max de., y Nuño, Analy. (2024, 13 de diciembre). Blood and Ore: Mexican cartel violence silences mine opponents. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
https://www.occrp.org/en/feature/blood-and-ore-mexican-cartel-violence-silences-mine-opponents

Hernández Navarro, Luis. (2017, 9 de mayo). Minería, narco y comunidades indígenas. La Jornada.
https://www.ceccam.org/node/2251

Lohmuller, Michael. (2015, 14 de abril). Empresa minera admite relación con el crimen organizado en México. InSight Crime.
https://insightcrime.org/es/noticias/noticias-del-dia/empresa-minera-admite-relacion-crimen-organizado-mexico/

Miranda, Boris. (2016). Las economías perversas del crimen organizado. Nueva Sociedad, (263), mayo-junio.
https://static.nuso.org/media/articles/downloads/8.TC_Miranda_263.pdf

Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Seguridad Multidimensional, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (2022). Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe. Organización de los Estados Americanos. https://share.google/uKVCMH04mGo9ehLIX

Río Doce. (2015, 13 de abril). Se retracta McEwen: niega que minera tiene relación con cárteles.
https://riodoce.mx/2015/04/13/se-retracta-mcewen-niega-que-minera-tiene-relacion-con-carteles/

Scotland, Jennifer. (2025, 12 de mayo). Gold rush: Organised crime in transition mineral supply chains. Royal United Services Institute (RUSI).
https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/gold-rush-organised-crime-transition-mineral-supply-chains

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2016). Organized crime and illegally mined gold in Latin America.
https://globalinitiative.net

Crédito de Imagenes:  Semanario Universidad.

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A diez años de su siembra: Berta Cáceres, la pedagogía del río y la política de la vida

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El 3 de marzo de 2016 fue asesinada en La Esperanza, Honduras, Berta Cáceres, lideresa indígena lenca, feminista y defensora del río Gualcarque. Una década después, su figura no solo convoca memoria: interpela críticamente el modelo político y económico que convierte territorios en mercancía y comunidades en obstáculos.

Como coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta articuló una resistencia que trascendía la oposición a un proyecto hidroeléctrico específico. La lucha contra Agua Zarca —impulsada sin consulta previa en territorio lenca— evidenciaba un patrón estructural: el extractivismo como forma contemporánea de colonialismo interno, sostenido por alianzas entre capital transnacional, élites nacionales y aparatos estatales.

En su pensamiento, el río no era un “recurso natural”. Era sujeto de memoria, espiritualidad y comunidad. Allí emerge lo que podríamos llamar la pedagogía del río: una forma de aprendizaje político que nace de la escucha del territorio. El río enseña interdependencia —ningún cauce fluye aislado—; enseña comunidad —sus aguas se sostienen en múltiples afluentes—; enseña límite —cuando se le violenta, responde—; y enseña continuidad —la memoria fluye como corriente.

Defender el Gualcarque no era solo oponerse a una represa; era afirmar que el territorio educa. Que el río forma conciencia. Que en su fluir se aprende una política distinta: no centrada en la acumulación, sino en el cuidado y la reciprocidad. Esta pedagogía desborda la racionalidad tecnocrática que reduce el agua a kilovatios y balances financieros, y cuestiona la idea de desarrollo que fragmenta naturaleza y cultura.

Aquí radica uno de los aportes teóricos más potentes de su legado: la defensa territorial como política de la vida. No se trataba únicamente de resistir un megaproyecto, sino de disputar el sentido mismo de lo que entendemos por progreso. ¿Qué es el río? ¿Quién decide sobre él? ¿Qué saberes cuentan? ¿Qué vidas importan?

A diez años, hablar de Berta Cáceres es hablar de una pedagogía que sigue vigente. Y esa pedagogía no se agota en la defensa ecológica: se expande hacia la memoria, la cultura y las formas en que producimos conocimiento.

Río, memoria y bienes comunes: más allá de lo “natural”

Si el río educa, también lo hace enseñando que la vida no puede dividirse en compartimentos. Uno de los aportes más profundos del pensamiento de Berta es la comprensión del río como bien común que es simultáneamente natural y cultural. El río no es solo agua que fluye: es memoria compartida, es relato colectivo, es práctica espiritual, es organización comunitaria. Es, en ese sentido, un bien común simbólico.

Separar “naturaleza” y “cultura” ha sido una operación funcional al extractivismo. Cuando el río se reduce a caudal aprovechable, se invisibiliza su dimensión histórica y cultural. Pero cuando se le reconoce como espacio de vida, también se reconoce que su defensa es una defensa de la identidad y de la autonomía colectiva. El río sostiene cultivos, pero también sostiene sentidos; alimenta cuerpos, pero también alimenta memorias.

La pedagogía del río nos enseña justamente esa unidad: que el despojo no es solo material. Es también un intento de romper vínculos comunitarios, de erosionar memorias y de imponer una narrativa única del “progreso”. Defender el río es defender la posibilidad de nombrar el mundo desde otros marcos culturales y políticos.

Hoy, en distintos territorios de América Latina, quienes se organizan para proteger sus ríos suelen ser descalificados como “locos”, “radicales” o “ingenuos”. Esa estrategia de deslegitimación busca negar la racionalidad que brota del territorio. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchas de esas voces que fueron ridiculizadas advertían impactos reales: contaminación, pérdida de agua, ruptura del tejido comunitario.

La acusación de locura funciona como mecanismo de disciplinamiento. Frente a ello, la pedagogía del río nos invita a invertir la pregunta: ¿qué racionalidad es la que considera razonable destruir un río en nombre del crecimiento económico? ¿qué tipo de normalidad naturaliza la violencia contra quienes defienden la vida?

Recordarla es asumir que la defensa del agua es, al mismo tiempo, defensa de la memoria, de la cultura y de la dignidad. Porque cuando un río se defiende, no solo fluye el agua: fluye también la historia de un pueblo que se niega a desaparecer.

Y esa lección nos conduce inevitablemente a otra dimensión del aprendizaje que el río ofrece: la forma en que conocemos y validamos lo que sabemos.

Cuando el río enseña también en Maquengal: ecos de la pedagogía en el Río Frío

La pedagogía del río de la que hablaba Berta Cáceres no pertenece únicamente al Gualcarque. También se expresa en territorios como Maquengal, en la cuenca del Río Frío – Caño Negro, donde las comunidades han aprendido a leer el agua como memoria viva y como advertencia.

En Maquengal, el río no es una abstracción cartográfica ni un simple caudal medible en metros cúbicos por segundo. Es sustento cotidiano, paisaje compartido, historia familiar y espacio de encuentro. Los recorridos comunitarios por el cauce —para observar cambios, documentar extracciones o señalar afectaciones— no son solo acciones de denuncia: son ejercicios de conocimiento colectivo. Allí se actualiza una forma de saber que no siempre cabe en un expediente técnico, pero que nace de la experiencia directa con el territorio.

Como en el caso que enfrentó Berta desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, en Maquengal también se evidencia una tensión entre la mirada que reduce el río a recurso y la que lo comprende como bien común. Cuando la comunidad advierte sobre la pérdida de cobertura ribereña, la alteración del cauce o el impacto acumulativo de intervenciones “permitidas”, no está reaccionando desde la improvisación: está defendiendo un tejido de relaciones que sostiene su vida cotidiana.

La experiencia de Maquengal confirma que la defensa del río es también defensa del derecho a habitar dignamente el territorio. Y muestra que la pedagogía del río no es metáfora lejana: es práctica concreta. Es caminar el cauce, conversar en comunidad, contrastar lo que dicen los papeles con lo que muestra el agua. Es recordar que la legitimidad no nace únicamente del sello institucional, sino del vínculo persistente con el lugar.

En ese sentido, el Río Frío dialoga con el Gualcarque. Ambos recuerdan que los bienes comunes no se defienden solo con argumentos legales, sino con comunidad organizada y memoria activa. Ambos enseñan que cuando el río cambia, la comunidad lo sabe. Y que escuchar esa voz —antes de que sea demasiado tarde— es parte de la tarea ética y política que Berta nos dejó como herencia.

Más allá del estudio técnico: memoria, dignidad y descolonización del conocimiento

Si el río enseña interdependencia y memoria, también enseña que no todo conocimiento cabe en un informe. En muchos conflictos socioambientales, el punto de partida suele definirse en términos de “estudios técnicos”: impacto ambiental, viabilidad financiera, modelaciones hidráulicas, dictámenes jurídicos. Estos instrumentos son relevantes. Pero cuando se convierten en el único lenguaje legítimo de la discusión, producen un silenciamiento: desplazan las memorias, los vínculos afectivos, el derecho al disfrute del territorio y la experiencia cotidiana de quienes habitan los ríos.

Las comunidades no comienzan a defender un río cuando se publica un informe; comienzan cuando sienten que algo amenaza su forma de vida. Esa experiencia también es conocimiento. Allí están los saberes situados, los relatos, las prácticas culturales, las espiritualidades. Está el derecho a una vida digna que no se agota en indicadores cuantificables. Está el lugar de lo sagrado, de aquello que no siempre puede traducirse en categorías técnicas pero que estructura profundamente la experiencia colectiva.

Asumir la pedagogía del río implica reconocer que la defensa territorial no nace únicamente de peritajes, sino de una comprensión integral del territorio como tejido de relaciones. El desafío no es descartar el conocimiento técnico, sino descentrarlo como único punto de validación.

Aquí se abre una tarea pendiente, especialmente para instancias que aún operan bajo marcos epistemológicos coloniales —incluidas muchas secciones de la universidad pública—: comprender que la descolonización no es solo discursiva. Supone transformar nuestras formas de investigar, de acompañar y de producir conocimiento. Trabajar con lo no legitimado, con lo que no está escrito, con lo que no siempre puede decirse en lenguaje académico.

La pedagogía del río nos invita a escuchar lo que no aparece en las matrices de evaluación: la memoria que no está archivada, la experiencia que no cabe en un formulario, el bienestar como principio organizador de la vida colectiva.

Si el acompañamiento universitario y profesional a las luchas territoriales quiere ser coherente con una ética de los bienes comunes, deberá aprender de ese fluir: abrirse a otros lenguajes, reconocer otras epistemologías y admitir que el conocimiento también nace en asambleas, en riberas y en prácticas comunitarias que sostienen la vida.

Quizás esa sea una de las lecciones más urgentes que nos deja esta década sin Berta: dejar que el río no solo sea defendido, sino que nos enseñe a transformar la manera en que pensamos, investigamos y acompañamos la vida en común.

Referencias:

Carvajal, Valentina. (2026, marzo 2). A diez años de Berta Cáceres: la lideresa que defendió el río y despertó al mundo. Greenpeace. https://es.greenpeace.org/es/noticias/a-diez-anos-de-berta-caceres-la-lideresa-que-defendio-el-rio-y-desperto-al-mundo/

Izquierdas. (2018). El asesinato de Berta Cáceres y las tramas del poder en Honduras. Izquierdas, (40), 254–273.

VV. AA. (2022). Defensoras: la vida en el centro. (Entrevista a Berta Cáceres).

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Minería ilegal: el nuevo pretexto del viejo extractivismo

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Un año después de advertir sobre la pereza mental de la política costarricense frente a la minería en Cutris, el debate vuelve a escena con un nuevo giro discursivo. Esta vez, el argumento no se presenta principalmente como “desarrollo” ni como “minería sostenible”, sino como una supuesta respuesta urgente ante la minería ilegal.

En su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, afirmó que la afectación territorial por minería ilegal en Crucitas habría aumentado en más de un 200%, reforzando la narrativa de que el país enfrenta una emergencia que justificaría medidas excepcionales (Semanario Universidad, 2025). El mensaje implícito es claro: si el Estado no logra frenar la extracción clandestina, entonces permitir minería formal podría convertirse en la salida “realista”.

Pero esta lógica, lejos de representar un análisis serio del problema, reproduce un patrón conocido: usar una crisis —ambiental, social o de seguridad— como argumento para reactivar el extractivismo. La pregunta que Costa Rica debería hacerse no es si la minería ilegal existe (porque existe y es grave), sino si abrir minería metálica a cielo abierto detendría realmente esa ilegalidad, o si más bien terminaría institucionalizándola.

Los documentos internacionales y regionales revisados permiten sostener una idea fundamental: la minería ilegal no es simplemente un delito ambiental, sino un síntoma de crisis estructurales profundas vinculadas a desigualdad, abandono territorial, corrupción y redes criminales transnacionales (CIDH-REDESCA, 2025; CMIA, 2025).

Imagen: Captura de pantalla nota Semanario Universidad

Cuando lo “ilegal” se vuelve una categoría política

En el debate público costarricense, “minería ilegal” suele presentarse como una actividad marginal realizada por individuos aislados que operan fuera de la ley. Esa imagen resulta cómoda, porque permite reducir el problema a un conflicto entre “buenos y malos”, o entre “Estado y coligalleros”.

Sin embargo, los informes internacionales son contundentes: la minería ilegal de oro en América Latina no funciona como un fenómeno espontáneo o desorganizado. Es una economía ilícita consolidada, conectada con cadenas comerciales internacionales, mercados globales del oro y redes de violencia que incluyen corrupción, lavado de activos y control territorial (CIDH-REDESCA, 2025; UNODC, s. f.).

Por eso, la minería ilegal no puede explicarse únicamente como falta de permisos o ausencia de regulación. Se explica por la existencia de una economía extractiva paralela que se sostiene gracias a la impunidad y al debilitamiento institucional. En otras palabras, lo ilegal no es solo una práctica, sino un régimen de poder territorial.

El riesgo político aparece cuando esta complejidad se simplifica deliberadamente. La ilegalidad se convierte entonces en una palabra útil para construir un argumento: si hay ilegalidad, entonces hay que legalizar. Pero esa es una conclusión apresurada y profundamente interesada.

La minería ilegal como síntoma del abandono estatal

En la Amazonía y en múltiples regiones de América Latina, los organismos internacionales han advertido que la minería ilegal prospera especialmente en zonas donde el Estado es débil o está ausente: regiones fronterizas, áreas rurales empobrecidas o territorios indígenas históricamente marginados (CMIA, 2025).

El caso de Crucitas debe leerse desde esa misma perspectiva. La minería ilegal no aparece en un vacío. Surge en un contexto donde convergen:

  • -precariedad socioeconómica,
  • -ausencia de alternativas productivas sostenidas,
  • -insuficiente presencia institucional,
  • -crisis de fiscalización ambiental,
  • -limitaciones de control territorial (Semanario Universidad, 2025; CMIA, 2025).

Por eso, hablar únicamente de coligalleros y no hablar del abandono estatal es una forma de omisión política. Lo que ocurre en Crucitas no es solo extracción ilegal: es una reconfiguración territorial, económica y social. Donde el Estado no regula, aparecen mercados informales, jerarquías de poder local, redes de intermediación y violencia.

En ese sentido, lo ilegal no es un “desorden” pasajero: es una expresión de un territorio abandonado.

La trampa del discurso técnico: “solo falta regular”

Un elemento recurrente en las discusiones institucionales es presentar la minería ilegal como un problema técnico: falta fiscalización, faltan permisos, faltan procedimientos. Bajo esta visión, bastaría con habilitar un marco de concesiones, modernizar el Código de Minería y establecer controles para ordenar el territorio.

Pero esta narrativa ignora una dimensión esencial: la minería ilegal es política porque está sostenida por relaciones de poder. REDESCA ha documentado que en varios países la minería ilegal está vinculada con economías ilícitas, violencia sistemática y captura territorial, generando incluso crisis humanitarias (CIDH-REDESCA, 2025).

En la Amazonía, por ejemplo, se ha señalado que la minería ilegal se vincula a desplazamientos forzados, trata, deterioro sanitario y destrucción de ecosistemas, en un marco donde el oro funciona como combustible de redes criminales (CMIA, 2025).

Cuando el problema es de poder, corrupción y crimen organizado, legalizar no significa controlar: significa abrir una nueva fase de disputa por el territorio.

El gran engaño: creer que lo legal elimina lo ilegal

Uno de los argumentos que se repiten con insistencia en Costa Rica es que abrir minería formal permitiría reducir o eliminar la minería ilegal. Sin embargo, la evidencia regional apunta en otra dirección: en numerosos contextos, la minería legal y la ilegal coexisten y, en ocasiones, se retroalimentan (CMIA, 2025; UNODC, 2022).

Esto ocurre por varias razones:

  • La minería ilegal puede ser más rentable, porque evade costos ambientales y laborales.
  • La minería legal puede convertirse en un canal de lavado, mediante el ingreso de oro ilegal a circuitos formales.
  • Las cadenas de comercialización del oro son opacas, y su trazabilidad real suele ser limitada.
  • La fiscalización estatal es insuficiente, incluso en operaciones formales.
  • La presión extractiva aumenta cuando el territorio se normaliza como zona minera (CIDH-REDESCA, 2025; UNODC, 2022).

Así, la legalización puede funcionar como un mecanismo de normalización del extractivismo. En vez de erradicar lo ilegal, puede reorganizarlo, hacerlo más sofisticado y hacerlo convivir con estructuras empresariales formales.

Crucitas como excusa: la emergencia convertida en estrategia

En Costa Rica, el proyecto legislativo 24.717 plantea una excepción territorial para permitir minería metálica sostenible a cielo abierto en Cutris de San Carlos. El texto sustitutivo se sostiene en la idea de que esta medida permitiría enfrentar el desastre ambiental y social generado por la minería ilegal, aprovechando racionalmente el recurso y generando beneficios públicos (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2025).

Sin embargo, este razonamiento es problemático por al menos tres razones.

Primero, porque transforma una crisis de ilegalidad y ausencia estatal en un argumento para habilitar una actividad prohibida a nivel nacional. En vez de fortalecer la capacidad institucional para combatir redes criminales, se plantea abrir una puerta extractiva bajo la promesa de “orden” (CIDH-REDESCA, 2025).

Segundo, porque asume que el Estado podrá fiscalizar con eficacia una industria minera formal cuando, precisamente, lo que ha quedado en evidencia es su incapacidad para controlar el territorio y detener la minería ilegal (CMIA, 2025).

Y tercero, porque la minería a cielo abierto no es una actividad neutra. Implica transformación radical del territorio, presión sobre fuentes de agua, deforestación y conflictos socioambientales. No es un simple mecanismo administrativo para resolver un problema de seguridad.

La minería ilegal se denuncia, pero el extractivismo vuelve como receta.

¿Quién gana cuando lo ilegal se vuelve argumento?

Que la minería ilegal sea real no significa que el uso político de esa realidad sea neutral. Al contrario: convertir la ilegalidad en narrativa dominante permite justificar cambios legales y reabrir un mercado extractivo que la sociedad costarricense había cerrado.

Aquí aparecen preguntas inevitables:

  • -¿quién gana con la apertura de minería metálica?
  • -¿quién controla la comercialización del oro?
  • -¿qué actores económicos se posicionan detrás de la retórica de la “minería sostenible”?
  • -¿qué tan sólida es la capacidad estatal de fiscalización y trazabilidad del mineral?
  • -¿qué se entiende por sostenibilidad cuando se trata de extracción intensiva? (CIDH-REDESCA, 2025; UNODC, 2022).

REDESCA advierte que incluso en países donde la minería es legal, la débil supervisión estatal y la corrupción pueden facilitar que el extractivismo formal reproduzca impactos graves y, al mismo tiempo, se convierta en una fachada para economías ilícitas (CIDH-REDESCA, 2025).

En ese marco, la frontera entre lo legal y lo ilegal puede volverse frágil, difusa e instrumental.

De la ilegalidad al derecho: el enfoque que se está perdiendo

Los documentos internacionales insisten en un punto clave: la respuesta a la minería ilegal no puede reducirse a una discusión de permisos, concesiones o regalías. Debe abordarse desde un enfoque de derechos humanos y justicia ambiental (CIDH-REDESCA, 2025).

La minería ilegal afecta directamente:

  • -el derecho a un ambiente sano,
  • -el derecho al agua,
  • -la salud pública,
  • -la seguridad comunitaria,
  • -la integridad territorial de pueblos indígenas,
  • -el derecho a defender derechos (CIDH-REDESCA, 2025).

Y, además, la CIDH ha advertido que los Estados tienen obligaciones claras en materia de prevención, protección y reparación, especialmente en contextos donde la minería ilegal genera violencia y degradación ambiental sistemática (CIDH-REDESCA, 2025).

Desde esa perspectiva, combatir la minería ilegal debería implicar:

  1. trazabilidad real del oro,
  2. control del comercio de mercurio y sustancias tóxicas,
  3. persecución de redes de intermediación y comercialización,
  4. fortalecimiento de fiscalización ambiental y judicial,
  5. protección de comunidades y defensores ambientales,
  6. alternativas económicas territoriales sostenidas (CMIA, 2025; UNODC, 2022).

En ese marco, legalizar minería a cielo abierto no aparece como una solución de derechos: aparece como una salida económica con costos socioambientales difíciles de revertir.

La pereza mental regresa con uniforme nuevo

En setiembre de 2025 señalamos que la política costarricense repite un patrón de pereza mental: frente a problemas complejos, se recurre al libreto extractivista como salida rápida. Hoy ese patrón vuelve, pero con un nuevo uniforme discursivo: el lenguaje de la seguridad pública.

La minería aparece nuevamente como la “salida fácil” ante realidades duras: inseguridad, pobreza, abandono, crisis territorial. Y se intenta instalar un falso dilema: o minería legal o caos ilegal.

Sin embargo, esa narrativa invisibiliza algo esencial: la ilegalidad no se combate con extractivismo. Se combate con Estado, justicia ambiental, presencia territorial sostenida y alternativas económicas reales.

Costa Rica no necesita más minería para combatir la minería ilegal. Necesita más imaginación política, más capacidad institucional y más coherencia con la decisión histórica que el país tomó en 2010.

Lo ilegal no se resuelve con extractivismo

La minería ilegal es una amenaza real. Pero convertirla en argumento para abrir minería metálica a cielo abierto es una operación política peligrosa. Los informes revisados muestran que este fenómeno no se origina por falta de minería legal, sino por redes criminales, mercados globales del oro, desigualdad, corrupción y debilitamiento institucional (CIDH-REDESCA, 2025; CMIA, 2025).

En ese contexto, legalizar minería a cielo abierto no garantiza detener la ilegalidad. Puede incluso facilitar nuevas formas de lavado de oro, captura institucional y expansión extractiva bajo discursos de sostenibilidad (UNODC, s. f.; CMIA, 2025).

Lo que está en juego no es solo un proyecto de ley ni un distrito del norte del país. Lo que está en disputa es si Costa Rica enfrentará la minería ilegal fortaleciendo la justicia ambiental y el control democrático del territorio, o si permitirá que esa crisis funcione como pretexto para normalizar un modelo extractivo que el país ya había decidido superar.

Referencias:

Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2025). Texto sustitutivo del expediente 24.717: Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela y reforma parcial al Código de Minería (Ley N.º 6797). Ver aquí.

Climate and Mining in the Amazon. (2025). Cambio climático, minería ilegal y derechos humanos en la Amazonía: una reflexión desde la sociedad civil y los pueblos indígenas. Pueden descargar el documento aquí.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. (2025). REDESCA alerta sobre el impacto de la minería ilegal de oro y urge garantizar un medio ambiente sano. Comunicado de prensa. Organización de los Estados Americanos. Pueden ver el comunicado aquí.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2022). Tipologías y señales de alerta: minería ilegal. Pueden descargar el documento aquí.

Observatorio Bienes Comunes (2025). Minería en Cutris: la pereza mental de la política costarricense. Ver noticia.

Semanario Universidad. (2026). Ministro de Seguridad alegó aumento de 200% en afectación territorial por minería ilegal en Crucitas. Ver noticia.

Crédito imagen de cabecera Miriet Abrego/Semanario Universidad.

Pueden descargar la infografía aquí.

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Monitoreos de Philippe: registro de impactos ambientales

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Como parte de su trabajo de monitoreo ambiental, Philippe Vangoidsenhoven ha documentado diversas prácticas que generan preocupación tanto en zonas boscosas como en áreas públicas. Sus observaciones permiten visibilizar conflictos y daños potenciales al entorno, evidenciando la vulnerabilidad de estos territorios ante intervenciones humanas desordenadas. A continuación se presentan dos casos recientes que ilustran estas problemáticas.

Caso 1 — Chapeo de bosque privado y agresión a observador

Philippe registró la intervención en un bosque que hasta ahora no había sido tocado. Durante siete u ocho días, un grupo de cuatro o cinco personas realizó labores de chapeo. El terreno pertenece a una empresa ampliamente reconocida por la extracción de material de río y que, además, ha sido denunciada por extraer material de una loma en el cantón de Talamanca.

Tras denuncias previas, los responsables retiraron los rótulos de los camiones para evitar problemas legales. Al consultar a uno de los trabajadores sobre la razón del chapeo, este no ofreció una explicación clara. Philippe advierte que, en muchos casos, este tipo de acciones precede a la tala y posterior loteo de terrenos. En este caso, el bosque es montañoso y se desconoce el objetivo de la intervención.

Durante el monitoreo, Philippe también sufrió un incidente de violencia: mientras tomaba fotografías y registraba la situación con su celular, un hombre del lugar le gritó e intentó intimidarlo desde unos 100 metros, exigiéndole que dejara de tomar fotos. Philippe documentó el evento con la cámara de su carro y su celular, señalando que la percepción de la ley por parte de los responsables parece basarse más en caprichos que en la normativa vigente, lo que dificulta la protección ambiental.

Caso 2 — Uso desordenado de áreas públicas y playas

En otro monitoreo, Philippe observó que, especialmente durante los periodos de vacaciones, la zona pública y las playas sufren un uso desordenado y dañino. Personas que llegan a la zona realizan actividades de parqueo y ocupación de espacios públicos, incluyendo áreas que deberían ser refugio de fauna o patrimonio comunitario.

Philippe describe la situación como un “desastre total”, en la que el control por parte de las autoridades es limitado y la presión social y ambiental se intensifica. Este caso evidencia un problema recurrente en la gestión de espacios públicos y en la protección del litoral costarricense.

Caribe Sur bajo presión

Estos dos casos muestran patrones recurrentes de intervención humana en territorios sensibles, donde tanto la acción privada como el uso desordenado del espacio público generan riesgos significativos para los ecosistemas y la gestión comunitaria. En el Caso 1, el chapeo de un bosque montañoso, acompañado de agresión a un observador, evidencia la vulnerabilidad de los bosques ante prácticas no reguladas y caprichos individuales que pueden anticipar la tala y el loteo de terrenos. La falta de claridad sobre la finalidad de estas intervenciones refleja la debilidad institucional y la dificultad de aplicar la normativa ambiental en contextos de presión extractiva.

En el Caso 2, la ocupación descontrolada de playas y zonas públicas durante periodos de mayor afluencia demuestra cómo la presión social sobre espacios comunes contribuye al deterioro ambiental y al conflicto de usos. La incapacidad de las autoridades para regular estas prácticas refuerza la idea de que los territorios más frágiles —ya sea por su valor ecológico, social o cultural— requieren mecanismos de control y vigilancia más efectivos.

En conjunto, ambos casos revelan cómo actividades aparentemente dispersas o aisladas tienen efectos acumulativos sobre ecosistemas y comunidades. Bosques, ríos y playas son territorios vulnerables que no solo sufren daños físicos, sino también tensiones legales, sociales y éticas. La experiencia de Philippe muestra que la defensa ambiental exige monitoreo constante, visibilización de agresiones, y la construcción de capacidades comunitarias para resistir prácticas que ponen en riesgo bienes comunes y patrimonios naturales.

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Cuando el río habla más fuerte que las carrozas: del lema a la acción en el Río Frío

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Este texto es un aporte del Grupo Defensa de la Cuenca Río Frío – Caño Negro para invitar a la reflexión sobre la distancia que existe entre las buenas intenciones y las palabras frente a las acciones en territorios donde el extractivismo avanza y se intenta ocultar los daños que se producen.

El sábado 6 de diciembre, Guatuso se llenó de luces, música y celebración durante el Festival de la Luz. Entre las carrozas que recorrieron el centro del cantón, una llamó especialmente la atención: la de la ASADA de San Rafael, que llevaba el mensaje “El agua nace en la naturaleza, cuidemos sus raíces”.

Un lema necesario, inspirador y absolutamente cierto. Pero también un llamado que, en el contexto actual del Río Frío, exige algo más que aplausos y fotografías: exige coherencia.

Mientras las carrozas desfilaban, el Río Frío —uno de los afluentes vitales para la región— continúa enfrentando un proceso acelerado de deterioro. La pérdida de piedras en su cauce, la erosión, la desaparición de pozas y los impactos de la extracción de materiales muestran un panorama que contrasta con la imagen festiva. Aparte de la erosión, gran parte del río donde antes se podía acceder fácilmente por pequeñas rampas hoy presenta paredes de entre 7 y 8 metros. Esto preocupa profundamente a los vecinos que protegen el río, sobre todo porque la extracción actual se realiza a apenas un kilómetro del Parque Nacional.

La comunidad se pregunta con indignación: ¿dónde está la gran estima al Río Frío que el cantón celebra en su himno, en festividades y en nombres de salones, restaurantes y comercios? La ASADA cuenta con un salón de reuniones llamado Río Frío y un letrero frente al Banco Nacional que lo identifica, mientras restaurantes y comercios llevan su nombre como orgullo del pueblo. Sin embargo, frente a la realidad del cauce, estos símbolos parecen decorativos: un enorme muro intenta contener la furia del río cuando crece, mientras los daños se acumulan silenciosamente. Además, el río forma parte de un corredor biológico, la ruta de los Maleku, lo que suma valor ecológico a esta historia de degradación.

La mirada comunitaria es clara y profunda: el Río Frío, que alimentó familias, fue ruta de transporte y espacio de recreación, está siendo matado por la mano del hombre, la avaricia y la falta de conciencia ambiental. Durante casi 40 años, tanto la cuenca alta como la baja han sufrido extracción, dragado, pérdida de lagunas y humedales para dar paso a pastizales y cultivos de tubérculos. A pesar de ello, los grandes empresarios turísticos en las partes bajas aún explotan el río para turismo de lanchas, ignorando que su caudal está compuesto por nueve afluentes —Frío, Quéquer, Cote, Venado, Muerto, Samen, Treminio, Celeste, Quebradón, Pejibaye, Cucaracha y Venado— y que la sedimentación ha reducido drásticamente su flujo.

Los vecinos, con la ayuda de Kioscos Socioambientales de la UCR y redes sociales, saben que el río está en estado crítico, como si tuviera “metástasis” o se encontrara en etapa terminal. Ni todo el dinero del mundo, ni las instituciones que se presentan como protectoras del ambiente, pueden devolverlo a su estado original según la evidencia que arroja la Contraloría Ambiental. El daño al pueblo de Maquengal y sus alrededores es irreparable, y la tristeza y desaliento de ver cómo se pierde un río que los vio nacer es profundo y compartido.

¿Por qué tanto lema hacia el río, pero tan poca acción real para defenderlo?

El monitoreo comunitario confirma que el Río Frío está perdiendo su capacidad natural de autorregularse y su equilibrio ecológico. En los tramos intervenidos, la remoción de piedras ha provocado cambios profundos: el cauce se vuelve más angosto y, aunque transporta menos agua, las riberas se han hecho mucho más profundas, formando paredones de hasta 8 metros donde antes había rampas naturales. Este estrechamiento, sumado a la pérdida de estructura en el fondo del río, ha generado corrientes más fuertes y peligrosas, aumentando el riesgo de desbordes y representando una amenaza directa para Guatuso centro, especialmente en época lluviosa.

Allí donde la comunidad ha resistido la venta de terrenos o la entrada de maquinaria, el río se mantiene vivo; donde no, el daño es evidente. Muchos habitantes expresan una mezcla de desesperanza y falsa tranquilidad, como si el río fuera indestructible. Pero el deterioro observado demuestra lo contrario: el Río Frío sí puede desaparecer tal como lo conocimos.

El mensaje de la carroza —aunque valioso— debe convertirse en un punto de partida, no en un cierre decorativo. Guatuso necesita que sus instituciones, organizaciones y ASADAS asuman un rol activo y coherente en la defensa del Río Frío, promoviendo transparencia, vigilancia y una gestión responsable del agua como bien común. En un tiempo donde los lemas se iluminan en las calles, el desafío es lograr que también iluminen las decisiones.

Lo que el Festival no mostró, el río sí

La distancia entre los mensajes festivos y la realidad que vive el Río Frío nos recuerda por qué el monitoreo comunitario es tan necesario. Mientras los lemas invitan a cuidar el agua, el cauce muestra otra historia: desgaste, silencios institucionales y procesos extractivos que avanzan más rápido que la protección.

Hallazgos principales del monitoreo comunitario:

  • Desaparición progresiva de piedras en el cauce: las piedras grandes, medianas y pequeñas han disminuido significativamente en las partes bajas, mientras que en las zonas altas —donde la comunidad no ha permitido maquinaria ni venta de terrenos— aún se conservan.
  • Alteración profunda del cauce y debilitamiento del río: el cauce se ha desplazado hasta 80 metros y el fondo se ha llenado de material suelto, impidiendo la formación de pozas y remolinos.
  • Erosión acelerada y pérdida de estabilidad en las orillas: paredes de hasta 8 metros, suelos expuestos y vegetación ribereña en decadencia, afectando la seguridad de la comunidad.
  • Desaparición de pozas tradicionales y afectación a la vida silvestre: pozas como la Poza del Remolino han desaparecido o cambiado de lugar; la fauna acuática se desplaza hacia las partes altas, señal de un desequilibrio creciente.
  • Pérdida del espacio público y del paisaje comunitario: limita recreación, turismo local y convivencia.
  • Incongruencias con los informes técnicos: el Estudio de Impacto Ambiental de Maquengal minimiza los impactos, mientras la observación comunitaria evidencia daños acumulativos y sostenidos.
  • Fortaleza de la memoria y la observación comunitaria: la comunidad conserva la memoria de un río fuerte, sonoro y lleno de vida; su conocimiento es indispensable para la gestión de los bienes comunes.
  • Una historia de abandono y explotación sostenida: los vecinos recuerdan que durante casi 40 años, la cuenca alta y baja ha sufrido extracción, dragado, pérdida de lagunas y humedales para pastizales y cultivos de tubérculos. La institucionalidad, los concesionarios turísticos y la propia comunidad han visto cómo se degrada un río que alimentó familias, sirvió de transporte y fue espacio de recreación. Hoy, muchos temen que el Río Frío se encuentre en etapa terminal, víctima de la avaricia y la falta de conciencia ambiental.

Esta historia es larga, triste y educativa: un río que durante décadas alimentó familias, sirvió de ruta y espacio de encuentro, hoy nos recuerda que los lemas no bastan. Para el Río Frío, la coherencia, la vigilancia y la acción real son urgentes.

Grupo Defensa de la Cuenca Río Frío – Caño Negro

Diciembre, 2025