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Pronunciamiento del Colectivo Antonio Saldaña- Rechazamos la armonización eléctrica: la energía no puede quedar al servicio de los grandes negocios

La discusión sobre el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente n.º 23.414) continúa abierta. Después de su aprobación en primer debate y las posteriores negociaciones políticas para buscar acuerdos que permitan su avance, el futuro del modelo eléctrico costarricense sigue en disputa.

Desde el Colectivo Antonio Saldaña rechazamos el proyecto en su formulación actual. Nos preocupa que una transformación de esta magnitud se impulse bajo las promesas de modernización y competitividad, sin una discusión pública suficiente sobre sus consecuencias para la soberanía energética, las instituciones públicas y las comunidades que podrían asumir sus impactos.

La justicia energética que Costa Rica todavía no discute

La discusión energética no puede reducirse a cómo producir electricidad o atraer inversiones. Necesitamos preguntarnos quién controla su producción, quién obtiene los beneficios, quién asume los costos ambientales y territoriales y quién tiene capacidad para decidir sobre un servicio indispensable para la vida.

Costa Rica mantiene una deuda con la discusión sobre justicia energética. Mientras se promueven cambios en la organización del mercado eléctrico, no se debate suficientemente qué necesidades deben orientar la política energética ni cómo garantizar que el bienestar colectivo prevalezca sobre los intereses económicos particulares.

¿Para quién estamos reorganizando la energía?

La expansión de los centros de datos y de las infraestructuras destinadas a la inteligencia artificial introduce nuevas presiones sobre la electricidad, el agua y los territorios. Estos desarrollos nos obligan a examinar qué intereses económicos están detrás de las transformaciones propuestas y qué condiciones se pretenden establecer para atender las demandas de grandes consumidores de energía.

Poco a poco, comenzamos a reconocer quiénes podrían beneficiarse de una mayor apertura del mercado eléctrico. No afirmamos que estos intereses expliquen por sí solos la reforma, pero sí que su expansión hace indispensable preguntarnos si estamos reorganizando el sistema para garantizar derechos y responder a las necesidades de la población o para facilitar nuevas oportunidades de negocio.

No podemos discutir las promesas de inversión tecnológica al margen de sus necesidades energéticas y ambientales, ni asumir que sus beneficios económicos se traducirán automáticamente en bienestar para las comunidades.

Nuestra posición: los bienes comunes no son una plataforma de negocios

Rechazamos que el futuro energético del país se defina sin resolver las preocupaciones sobre soberanía, justicia energética y protección de los bienes comunes. Defendemos el fortalecimiento de las responsabilidades públicas, la transparencia sobre los intereses económicos involucrados y la participación efectiva de las comunidades y los pueblos originarios.

La memoria del Proyecto Hidroeléctrico Diquís nos recuerda que las decisiones energéticas pueden dejar profundas consecuencias cuando los derechos colectivos y la autonomía territorial quedan subordinados a las prioridades económicas. Los ríos, los bosques y los territorios no son espacios disponibles únicamente para generar rentabilidad: son parte de los bienes comunes que sostienen la vida.

Costa Rica necesita discutir su futuro energético, pero esa discusión no puede limitarse a decidir cómo abrir nuevos espacios de rentabilidad privada. Debe permitirnos definir colectivamente qué sistema energético necesitamos para garantizar una vida digna, proteger nuestros territorios y responder al bienestar de las mayorías.

Rechazar este proyecto en su formulación actual es defender el derecho de la sociedad a decidir sobre su futuro energético. La energía debe estar al servicio de la vida, no la vida al servicio de la rentabilidad.

Colectivo Antonio Saldaña

Talamanca, Costa Rica

Octubre de 2026

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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60 años de las Panteras Negras y la defensa de lo común: ¿cómo se construye autonomía desde la organización colectiva?

El 15 de octubre de 1966, Huey P. Newton y Bobby Seale fundaron el Partido Pantera Negra para la Autodefensa en Estados Unidos. Su Programa de Diez Puntos articuló demandas de libertad, empleo, vivienda, educación, justicia y autodeterminación para las comunidades negras. A sesenta años de aquella declaración, su legado nos invita a preguntarnos cómo defender las condiciones que sostienen la vida y cómo construir autonomía desde los movimientos sociales y los colectivos.

Hay declaraciones políticas que nos permiten reconocer que las injusticias no son problemas aislados, sino expresiones de una forma de organizar la sociedad. También hay declaraciones que, además de denunciar esas injusticias, plantean una pregunta fundamental: ¿quién tiene la capacidad de decidir sobre las condiciones en las que vivimos?

El Programa de Diez Puntos del Partido Pantera Negra, redactado el 15 de octubre de 1966, partía de una realidad marcada por el racismo estructural, la explotación económica y la violencia policial contra la población negra en Estados Unidos. Bajo el título What We Want, What We Believe —«Lo que queremos, lo que creemos»—, Huey P. Newton y Bobby Seale formularon diez demandas que vinculaban la libertad con las condiciones materiales de existencia y la capacidad de las comunidades para determinar su propio destino.

El documento reclamaba empleo, vivienda digna, educación, justicia, protección frente a la violencia policial y libertad para las personas encarceladas injustamente. También cuestionaba la apropiación capitalista de la riqueza de las comunidades negras y reivindicaba el acceso a la tierra, la alimentación, el vestido y la paz.

Su punto de partida era claro: no podía hablarse de libertad mientras las condiciones necesarias para ejercerla estuvieran negadas a una parte de la población.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes, volver sobre esta declaración permite abrir una conversación que conecta las luchas históricas contra el racismo con una pregunta que atraviesa las experiencias actuales de organización social: ¿cómo defendemos aquello que sostiene nuestras vidas y construimos la capacidad colectiva para decidir sobre ello?

Diez puntos para transformar las condiciones de la vida

El Programa de Diez Puntos no era una lista de demandas inconexas. Sus planteamientos expresaban una comprensión de la desigualdad que relacionaba las condiciones materiales de existencia con las relaciones económicas, la discriminación racial y el ejercicio del poder.

Sus diez puntos pueden sintetizarse de la siguiente manera:

  1. Libertad y autodeterminación: capacidad de las comunidades negras para determinar su propio destino.
  2. Empleo pleno: garantizar trabajo e ingresos, y transformar el control de los medios de producción cuando los empresarios no aseguraran empleo para toda la población.
  3. Fin de la explotación económica: exigir reparación por el despojo y la explotación histórica sufridos por las comunidades negras.
  4. Vivienda digna: garantizar condiciones adecuadas para habitar y plantear alternativas cooperativas de propiedad y gestión.
  5. Educación liberadora: conocer la historia propia y comprender la posición de las comunidades en la sociedad.
  6. Rechazo al servicio militar obligatorio: cuestionar la participación forzada en una estructura estatal que no garantizaba la protección de la población negra.
  7. Fin de la brutalidad policial: exigir el cese de la violencia policial y reivindicar la autodefensa comunitaria.
  8. Libertad para las personas negras encarceladas injustamente: denunciar la ausencia de juicios justos e imparciales.
  9. Juicios con garantías y jurados representativos: reclamar que los procesos judiciales consideraran las condiciones sociales, históricas y comunitarias de las personas acusadas.
  10. Acceso a la tierra y a las condiciones fundamentales para vivir: reunir las demandas de alimentación, vivienda, educación, vestido, justicia y paz.

(Fuente: elaboración propia a partir del Programa de Diez Puntos del Partido Pantera Negra, publicado por BlackPast.)

Al leer estos planteamientos en conjunto, encontramos una preocupación que atraviesa todo el programa: la libertad no puede separarse de las condiciones materiales que permiten ejercerla.

La educación no se limita a recibir información; también supone comprender la historia y la posición que ocupamos en la sociedad. La vivienda no es únicamente disponer de un techo; implica contar con condiciones dignas para habitar. El empleo no se reduce a conseguir una ocupación; también plantea preguntas sobre la distribución de la riqueza y el control de los procesos productivos.

De igual manera, la justicia no puede comprenderse únicamente como la existencia de instituciones judiciales cuando las propias comunidades denuncian prácticas discriminatorias y violencia institucional.

El programa conectaba las necesidades cotidianas con una disputa más profunda sobre quién controla los recursos, quién toma las decisiones y qué posibilidades tienen las comunidades de transformar las condiciones que producen la desigualdad.

Esta perspectiva resulta importante para pensar la defensa de los bienes comunes. Las condiciones que sostienen la vida no pueden analizarse exclusivamente como asuntos individuales, pues también dependen de relaciones sociales, decisiones políticas, formas de propiedad y capacidades de organización colectiva.

La autonomía comienza por la capacidad de decidir

El primer punto del programa expresaba una aspiración que atravesaba los demás: la población negra no sería libre mientras no pudiera determinar el destino de sus propias comunidades.

Esta reivindicación permite detenernos en una cuestión central para los movimientos sociales: ¿qué significa construir autonomía cuando las decisiones que afectan nuestras vidas se encuentran concentradas en otras manos?

La autonomía no se limita a disponer de espacios propios o a obtener reconocimiento institucional. También implica construir capacidades para identificar necesidades, formular propuestas, establecer prioridades, tomar decisiones y sostener procesos colectivos.

Desde esta perspectiva, un movimiento social no construye autonomía únicamente cuando consigue que una institución atienda sus demandas. También lo hace cuando fortalece su capacidad para interpretar la realidad, producir conocimientos propios, organizarse y decidir qué caminos seguir.

Esto no significa que las instituciones públicas dejen de tener responsabilidades. Las demandas de las Panteras Negras dirigían exigencias concretas al Gobierno estadounidense y cuestionaban las condiciones económicas y políticas que reproducían la desigualdad. El programa combinaba, por tanto, la exigencia de transformaciones estructurales con la reivindicación de la capacidad de las comunidades para determinar su propio destino.

Aquí aparece una tensión que sigue presente en las organizaciones contemporáneas: ¿cómo exigir que el Estado y otras instituciones cumplan sus responsabilidades sin delegar completamente en ellas la capacidad de decidir y actuar?

La pregunta es relevante para los colectivos que defienden el agua, la tierra, los territorios, la salud, la educación y otros bienes comunes. En sus luchas, las comunidades suelen necesitar respuestas institucionales, recursos públicos y cambios normativos. Pero también necesitan fortalecer sus propias capacidades para comprender los problemas, construir acuerdos y sostener la organización más allá de una coyuntura particular.

La autonomía se construye precisamente en esa relación entre la exigencia de derechos y el fortalecimiento de las capacidades colectivas.

No se trata de escoger entre actuar por cuenta propia o exigir respuestas institucionales. Se trata de evitar que la organización comunitaria quede reducida a esperar decisiones ajenas y de construir las condiciones para intervenir en ellas desde una posición colectiva.

Del programa político a las prácticas que sostienen la vida

La experiencia histórica del Partido Pantera Negra también permite reflexionar sobre la relación entre las reivindicaciones políticas y las prácticas cotidianas.

Además de formular sus demandas, las Panteras Negras desarrollaron iniciativas comunitarias como el Programa de Desayunos Gratuitos para Niños, clínicas de salud y actividades educativas. Estas experiencias buscaban responder a necesidades concretas y acercar la organización política a la vida diaria de las comunidades.

Esta dimensión importa porque muestra que la acción política no se agota en la denuncia, la movilización o la interlocución con las instituciones. También puede expresarse en la creación de iniciativas que permitan atender necesidades, compartir recursos y desarrollar capacidades colectivas.

Cuando una organización plantea que la alimentación es un derecho, la pregunta también es cómo responder a las situaciones concretas de hambre. Cuando reivindica el acceso a la salud, debe preguntarse qué barreras enfrentan las personas y qué respuestas pueden construirse. Cuando defiende la educación, necesita reflexionar sobre los conocimientos que se producen, quiénes pueden acceder a ellos y para qué sirven.

Las iniciativas comunitarias de las Panteras Negras respondieron a su contexto histórico y político específico. No constituyen una fórmula que pueda trasladarse mecánicamente a otros lugares, pero permiten reconocer una relación importante entre las demandas de transformación y la construcción de respuestas colectivas.

Para los movimientos y colectivos actuales, esta relación abre varias preguntas: ¿qué necesidades compartidas podemos atender mediante nuestra organización? ¿Qué conocimientos, recursos y capacidades existen ya en nuestras comunidades? ¿Cómo podemos fortalecerlos sin sustituir las responsabilidades que corresponden a las instituciones públicas?

Desde el Observatorio de Bienes Comunes, esta reflexión nos permite reconocer que defender lo común también supone construir relaciones de cooperación, prácticas de cuidado y espacios donde los conocimientos puedan compartirse. Lo común no es únicamente aquello que se reclama o se protege. También se construye mediante las relaciones sociales que permiten sostenerlo.

La autonomía también se construye desde el conocimiento

El quinto punto del Programa de Diez Puntos reclamaba una educación que permitiera conocer la historia de la población negra y comprender su posición en la sociedad. Para las Panteras Negras, conocer la propia historia estaba relacionado con la posibilidad de interpretar la realidad y actuar sobre ella.

Esta reivindicación nos invita a pensar el papel del conocimiento en los procesos de organización colectiva.

Los movimientos sociales no solo se enfrentan a problemas materiales. También necesitan disputar las explicaciones que se construyen sobre esos problemas. Las desigualdades pueden presentarse como inevitables, las necesidades comunitarias pueden reducirse a asuntos individuales y las experiencias históricas de resistencia pueden quedar fuera de los relatos dominantes.

Frente a ello, producir conocimiento desde las propias experiencias permite reconocer las causas de los problemas, recuperar la memoria de las luchas y construir herramientas para orientar la acción colectiva.

Pensemos en una comunidad que enfrenta dificultades para acceder al agua. Su experiencia no comienza cuando llega una institución a estudiar el problema ni termina cuando se publica un informe técnico. Existe un conocimiento construido mediante la observación cotidiana, la memoria de los cambios en el territorio, las prácticas de cuidado y las conversaciones entre quienes dependen de esa fuente de agua.

Ese conocimiento no sustituye los estudios técnicos ni las responsabilidades institucionales, pero resulta indispensable para comprender integralmente lo que sucede y para que las decisiones no excluyan a quienes viven sus consecuencias.

Algo semejante ocurre con las luchas por la tierra, la salud y la educación. La experiencia de quienes enfrentan una situación concreta constituye una fuente de conocimiento que puede fortalecerse mediante el diálogo, la investigación y la reflexión colectiva.

En este sentido, la autonomía también supone la capacidad de producir interpretaciones propias de la realidad, compartir saberes y decidir qué conocimientos necesitamos para actuar.

Un colectivo fortalece su autonomía cuando deja de ser únicamente destinatario de diagnósticos ajenos y construye capacidades para comprender, explicar y transformar las condiciones que afectan su vida.

Esta dimensión conecta la experiencia histórica de las Panteras Negras con la educación popular y la sistematización de experiencias: prácticas que reconocen a las personas y comunidades como protagonistas de la producción de conocimiento, no solamente como receptoras de información.

Defender lo común es construir organización sin perder la autonomía

Las luchas colectivas suelen enfrentarse a una dificultad: las necesidades son muchas, los recursos son limitados y las instituciones no siempre responden a las demandas planteadas. En ese escenario, sostener la organización requiere algo más que voluntad.

Es necesario construir acuerdos, distribuir responsabilidades, compartir conocimientos y generar condiciones para que la participación no dependa exclusivamente de unas pocas personas. También es importante desarrollar mecanismos para evaluar las decisiones, abordar los desacuerdos y revisar las estrategias cuando las circunstancias cambian.

La autonomía no significa que un colectivo deba resolverlo todo por sí mismo. Tampoco implica rechazar las alianzas con otras organizaciones o instituciones. Por el contrario, puede fortalecerse mediante la articulación con otros actores, siempre que existan condiciones para discutir los objetivos, establecer acuerdos y mantener la capacidad de decisión colectiva.

Esta cuestión es especialmente importante cuando las organizaciones consiguen recursos, reciben apoyo institucional o participan en espacios de negociación. Esas relaciones pueden contribuir a sostener procesos comunitarios, pero también plantean interrogantes sobre las prioridades, los tiempos y las formas de trabajo.

¿Quién define los objetivos de una iniciativa? ¿Las prioridades responden a las necesidades identificadas colectivamente o a las condiciones establecidas por quienes aportan los recursos? ¿Qué sucede con la organización cuando termina un proyecto o cambia una administración? ¿Qué capacidades permanecen en la comunidad después de una intervención?

Estas preguntas no tienen respuestas universales. Cada proceso debe encontrar sus propios caminos. Sin embargo, permiten reconocer que la autonomía también depende de cómo se organizan las relaciones internas y externas de los colectivos.

La experiencia de las Panteras Negras nos invita a observar la relación entre las reivindicaciones, las necesidades cotidianas y la capacidad de organización. Su Programa de Diez Puntos no se limitaba a pedir mejores condiciones de vida: cuestionaba las estructuras que producían la desigualdad y reclamaba que las comunidades pudieran decidir sobre su destino.

Recuperar esa dimensión no significa idealizar su trayectoria ni trasladar sus estrategias a otros contextos sin considerar sus diferencias. Significa reconocer una pregunta que sigue siendo relevante para los movimientos sociales: ¿cómo construir fuerzas colectivas capaces de transformar las condiciones de vida sin perder la capacidad de decidir sobre sus propios caminos?

El 15 de octubre de 2026 se cumplen sesenta años de la fundación del Partido Pantera Negra. Su Programa de Diez Puntos surgió de una experiencia histórica específica, marcada por el racismo estructural, la explotación económica y la violencia institucional en Estados Unidos. Sin embargo, sus planteamientos permiten abrir una conversación sobre la relación entre las condiciones materiales de existencia, la justicia y la autonomía comunitaria.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes, nos interesa recuperar esta experiencia sin forzar equivalencias entre contextos diferentes. La pregunta no es si las luchas actuales deben reproducir el programa de las Panteras Negras, sino qué reflexiones podemos construir a partir de su manera de relacionar las necesidades cotidianas con las estructuras de poder.

Cuando una comunidad defiende el agua, también disputa quién puede decidir sobre ella y bajo qué criterios. Cuando un colectivo reivindica el acceso a la salud, plantea preguntas sobre las condiciones necesarias para sostener la vida. Cuando una organización recupera la memoria de un territorio, fortalece la posibilidad de comprender su historia y participar en las decisiones sobre su futuro.

En todos estos casos, la defensa de lo común requiere reconocer las necesidades compartidas, pero también construir capacidades para intervenir en las condiciones que las hacen posibles.

Por eso, la autonomía de los movimientos y colectivos no puede reducirse a una consigna. Se construye en las prácticas cotidianas: en la forma de tomar decisiones, compartir conocimientos, distribuir responsabilidades, establecer alianzas y sostener procesos organizativos a lo largo del tiempo.

También se construye cuando las comunidades reconocen que sus experiencias tienen valor, que pueden producir conocimientos y que tienen derecho a participar en las decisiones que afectan sus vidas.

El legado de las Panteras Negras nos devuelve, así, a tres preguntas fundamentales:

  • -¿Qué condiciones necesitamos para vivir dignamente y cómo defendemos aquello que las hace posibles?
  • -¿Cómo fortalecemos la capacidad de nuestras comunidades para decidir sobre los bienes, los conocimientos y las relaciones que sostienen la vida?
  • -¿Qué formas de organización necesitamos construir para transformar las condiciones de desigualdad sin perder nuestra autonomía?

Estas preguntas no ofrecen respuestas inmediatas. Nos invitan a reconocer que la defensa de lo común es, al mismo tiempo, una disputa por los recursos, una lucha por la capacidad de decidir y un proceso de construcción colectiva.

A sesenta años de su fundación, el Programa de Diez Puntos nos recuerda que las demandas por una vida digna adquieren otra dimensión cuando se conectan con la organización de las comunidades y su capacidad para transformar las condiciones que enfrentan.

Defender lo común no consiste solamente en proteger aquello que compartimos. También implica construir autonomía para decidir cómo queremos vivir, fortalecer las capacidades colectivas para sostener esa vida y organizarnos para transformar las relaciones que la amenazan.

Referencia:

BlackPast, The Black Panther Party Ten-Point Program (1966).
https://blackpast.org/african-american-history/black-panther-party-ten-point-program-1966/

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Cuando un río nos convoca: ¿cómo se organiza una comunidad para defender el Río Zapote en Upala?

La defensa de un río requiere mucho más que denunciar los impactos que lo afectan. También implica construir organización, compartir conocimientos y fortalecer las capacidades colectivas para cuidar el territorio.

En esta entrevista, José Ramón Meneses comparte la experiencia organizativa en torno al Río Zapote, en Upala, y los aprendizajes que surgen de una lucha que articula investigación, vigilancia y acciones de cuidado.

¿Qué nos aporta esta experiencia?
  • -Transformar la preocupación en organización: construir respuestas colectivas frente a las situaciones que afectan el río.
  • -Investigar para defender: conocer los permisos, las concesiones y los procedimientos institucionales que intervienen en las actividades extractivas.
  • -Vincular defensa y cuidado: articular la vigilancia y la denuncia con acciones de conservación y recuperación del río.
  • -Reconocer las dimensiones sociales del conflicto: comprender las necesidades, desigualdades y relaciones que atraviesan el territorio.
  • -Ampliar la mirada territorial: conectar la defensa del Río Zapote con la lucha por el Río Pizote y la preocupación compartida por los ríos de Upala.
La organización como camino para defender los bienes comunes

Los procesos organizativos permiten que las comunidades intercambien saberes, construyan conocimientos y desarrollen capacidades para participar en las decisiones que afectan aquello que comparten. La experiencia del Río Zapote nos recuerda que defender un río también significa aprender a organizarnos y construir otras formas de comprender, habitar y cuidar el territorio.

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¡La madre tierra!

Los pueblos originarios le rinden tributo a la tierra, porque es parte integral, vital. La misma esencia de todo lo creado. Es vida y “vida en abundancia”.

Los pueblos originarios (nacionalidades) no idolatran la naturaleza, la tierra.

Le rinden reverencia, respeto, como expresión de cariño, de adoración a su creador.

Los pueblos originarios “explotan” la tierra y los demás seres vivos de la creación, con conciencia de hijos del eterno creador. Eterno (Ainu).

Para la caza y la pesca se pide permiso.

Para la agricultura se explota, protegiendo las cuencas, las nacientes, las plantas medicinales y para otros usos.

Los materiales para las casas provienen de los bosques; las raíces, frutas, hojas, bejucos, cáscaras medicinales se extraen de los bosques. Existe una correlación entre naturaleza y hombre o persona humana.

Los mismos clanes, o núcleos familiares, manifiestan esa coexistencia. Ejemplo: diuwák (dueño o parte del río o agua).

Los pueblos originarios fueron escogidos, “ungidos”, como custodios, guardianes de la madre tierra.

Esa correlación no debe interrumpirse; eso será el fin del mundo. El mismo hombre será el autor de su desaparición.

Los sistemas de “conservación” implementados deberían responder a una conciencia integral, un sistema que explore las necesidades, aspiraciones y visiones colectivas, y no solamente a una visión reducida, elitista, estatal, corporativa y capitalista.

Esa visión convierte las vastas áreas y riquísimos recursos forestales y bosques en “enclaves” de grandes corporaciones farmacéuticas, de imperios extractivos, empresas hidroeléctricas.

Por esa razón, se desarrolla sin el “consentimiento previo, libre e informado”, suscitando cismas en la familia, territorios y pueblos entre pueblos.

Los pueblos son esperanzas, aspiraciones, son pasados, presentes y futuros.

En nuestra identidad, espiritualidad, son niños, ancianos, mujeres; no se reducen a organizaciones con propósitos encomiables, pero limitados, sobre todo a instancias que responden a intereses particulares o estatales. Ambiciones mezquinas.

Colectivo Antonio Saldaña

Septiembre, 2026.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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OLON Nairobi: pueblos indígenas y tribales cuestionan el modelo de conservación y reclaman sus territorios

Del 21 al 25 de septiembre de 2026, representantes de pueblos indígenas de África, Asia, América del Norte y América Latina se reunieron en Nairobi, Kenia, para cuestionar un modelo de conservación que, en nombre de proteger la naturaleza, ha producido expulsiones, criminalización, violencia y pérdida de control sobre territorios indígenas.

El encuentro «Nuestra tierra, nuestra naturaleza» -Our Land, Our Nature (OLON): Primer Encuentro Indígena Global para Descolonizar la Conservación reunió a representantes indígenas de 16 países y cuatro continentes para compartir experiencias, fortalecer alianzas y construir una visión colectiva sobre el futuro de la conservación. El encuentro culminó el 25 de septiembre con el Pronunciamiento Indígena de Nairobi, una declaración que coloca en el centro los derechos territoriales, el consentimiento, la autodeterminación y el conocimiento de los pueblos indígenas.

Para el Observatorio de Bienes Comunes, este encuentro resulta especialmente relevante porque abre una discusión que atraviesa muchas de las luchas territoriales contemporáneas: ¿quién decide qué significa conservar un territorio y para quién se conserva?

Cuando la conservación expulsa

El punto de partida de OLON es contundente: la crisis de biodiversidad y el cambio climático requieren transformaciones profundas, pero esas respuestas no pueden construirse sacrificando los derechos de quienes habitan y cuidan los territorios.

El manifiesto cuestiona lo que denomina “conservación de fortaleza”, un modelo que parte de la separación entre naturaleza y sociedad y que históricamente ha convertido territorios habitados en espacios donde las poblaciones locales son vistas como una amenaza para la conservación.

Según el documento, este modelo ha implicado la apropiación y militarización de territorios, la criminalización de formas de vida, el desplazamiento de comunidades y el desconocimiento de sus conocimientos. Incluso algunas reformas que incorporan la participación indígena pueden terminar siendo solamente cosméticas cuando las comunidades son incorporadas como actores secundarios, sin modificar las estructuras que toman las decisiones.

La discusión adquiere otra dimensión cuando se observa que, según el dossier del encuentro, el 40 % de las Áreas Protegidas del mundo corresponde a territorios indígenas, mientras que una parte importante de las tierras indígenas continúa sometida a presiones asociadas con conservación, mercados de carbono, minería, infraestructura y otros proyectos extractivos.

Así, OLON propone desplazar la pregunta. No se trata únicamente de preguntarnos cómo proteger la naturaleza, sino también cómo proteger los territorios, los derechos y las formas de vida que hacen posible esa protección.

Los territorios indígenas no son un obstáculo para conservar

Una de las ideas centrales del encuentro es que los pueblos indígenas no deben ser entendidos como una amenaza para la biodiversidad, sino como actores fundamentales de su protección.

El manifiesto señala que alrededor del 80 % de la biodiversidad terrestre se encuentra en territorios indígenas y plantea que el reconocimiento efectivo de sus derechos territoriales constituye una de las formas más eficaces de enfrentar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

El dossier presentado en Nairobi recoge además distintos datos sobre los resultados de los sistemas de gobernanza indígena y comunitaria: menores niveles de deforestación en territorios indígenas reconocidos, reducción de incendios forestales y resultados de conservación que, en distintos contextos, igualan o superan los obtenidos por áreas protegidas bajo otros modelos de gestión.

La cuestión, entonces, no sería simplemente incorporar a los pueblos indígenas dentro de los modelos existentes, sino reconocer que sus conocimientos, sistemas de vida, formas de gobierno y relaciones con los territorios forman parte de las respuestas necesarias frente a la crisis ecológica.

Del territorio como mercancía al territorio como relación

Otro de los grandes cuestionamientos planteados en Nairobi se dirige a la creciente mercantilización de la naturaleza.

El pronunciamiento rechaza que los territorios, bosques, aguas y otros seres vivos sean convertidos en activos para mercados de carbono, créditos de biodiversidad o sistemas de compensación ambiental. También cuestiona las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza” cuando sirven para compensar emisiones sin transformar las actividades que generan esas emisiones.

Esta discusión resulta particularmente importante porque los mercados de carbono pueden trasladar las responsabilidades ambientales de las empresas y países con mayores niveles de consumo hacia territorios del Sur Global.

En este sentido, el manifiesto plantea una idea fundamental: no basta con cambiar el lugar donde se contabiliza el carbono; es necesario transformar las dinámicas de extracción y consumo que producen la crisis.

El documento reclama a los países industrializados reducciones reales —y no simplemente desplazamientos— en la extracción de recursos y exige el abandono de mecanismos que utilicen la conservación como una forma de compensar la continuidad de las emisiones.

¿Quién decide sobre los territorios?

Una de las demandas que atraviesa todo el encuentro es el consentimiento libre, previo e informado (CLPI).

OLON plantea que ningún proyecto de conservación debería desarrollarse sin el consentimiento de las comunidades involucradas. Pero la discusión va más allá de una consulta puntual: el problema es quién tiene la capacidad efectiva de decidir sobre el territorio.

El Pronunciamiento Indígena de Nairobi exige autodeterminación y autogobierno, devolución de tierras ancestrales y reconocimiento efectivo de los derechos colectivos. También reclama que los derechos reconocidos en instrumentos internacionales se ejerzan en la práctica y no permanezcan únicamente como declaraciones.

En otras palabras, participar no es lo mismo que decidir.

Esta diferencia resulta fundamental para cualquier debate sobre conservación. Una comunidad puede ser invitada a una reunión, formar parte de una consulta o aparecer en una fotografía institucional y, aun así, continuar sin capacidad real para decidir qué sucede en su territorio.

Las demandas de Nairobi

El manifiesto presentado en el encuentro plantea una serie de demandas que buscan modificar las bases del actual modelo de conservación.

Entre ellas se encuentra detener la creación de nuevas áreas protegidas que excluyan a pueblos indígenas y comunidades locales; reconocer plenamente sus derechos territoriales y forestales; garantizar el consentimiento libre, previo e informado; establecer mecanismos de regulación y rendición de cuentas para las organizaciones conservacionistas; y desarrollar procesos de reparación frente a los daños provocados por anteriores modelos de conservación.

También se exige que los gobiernos y organizaciones de conservación asuman responsabilidades por las violaciones de derechos humanos, que existan mecanismos efectivos de denuncia y reparación, y que las políticas ambientales sean evaluadas desde criterios de justicia social además de sostenibilidad ambiental.

El pronunciamiento amplía estas demandas: devolución de tierras ancestrales, reconocimiento legal de comunidades y territorios, liberación de personas detenidas por defender sus territorios, reparación por las pérdidas sufridas y cumplimiento de las decisiones judiciales y de los instrumentos internacionales de derechos indígenas.

Descolonizar la conservación

Quizá una de las principales aportaciones de OLON sea precisamente colocar sobre la mesa una palabra que obliga a revisar las raíces del problema: descolonizar.

No se trata solamente de hacer más inclusivo un modelo de conservación. La propuesta apunta a cuestionar las relaciones de poder que determinan quién posee, administra, financia, vigila y decide sobre los territorios.

Desde esta perspectiva, descolonizar la conservación implica reconocer que la naturaleza no es un espacio vacío esperando ser protegido. Es territorio vivido, tejido de relaciones, memoria, conocimiento, espiritualidad, alimentación, trabajo y reproducción de la vida.

El Pronunciamiento lo expresa desde una concepción profundamente relacional: los pueblos indígenas señalan que los ecosistemas no les pertenecen, sino que ellos pertenecen a esos ecosistemas y que sus sistemas de conocimiento y sus formas de gobierno territorial forman parte de su manera de protegerlos.

Una discusión que también nos interpela

Lo ocurrido en Nairobi no es solamente una discusión sobre lo que sucede en otros continentes.

En Costa Rica, como en muchos otros territorios de América Latina, las áreas protegidas, los proyectos de conservación, los mercados de carbono, el turismo de naturaleza, las políticas de biodiversidad y las decisiones sobre los territorios también generan preguntas sobre participación, derechos, autonomía y poder.

La experiencia de OLON nos invita a mirar estos procesos desde otra perspectiva: no asumir que toda iniciativa presentada bajo el lenguaje de la conservación es necesariamente justa para quienes habitan los territorios.

La pregunta por la conservación también es una pregunta por la democracia territorial.

¿Quién define qué debe protegerse?
¿Quién decide cómo hacerlo?
¿Quién recibe los beneficios?
¿Quién asume los costos?
¿Quién puede permanecer en el territorio?
¿Quién tiene derecho a decir que no?

Estas preguntas permiten conectar la defensa de la biodiversidad con la defensa de los bienes comunes. Porque si los territorios son convertidos en mercancías, si las comunidades son desplazadas para protegerlos y si quienes históricamente los han cuidado pierden la capacidad de decidir sobre ellos, entonces necesitamos revisar profundamente qué entendemos por conservación.

Algunas ideas fuerza que deja OLON

Conservar no puede significar expulsar.

La biodiversidad no está separada de quienes habitan y cuidan los territorios.

Los derechos territoriales indígenas son también una política de protección de la biodiversidad.

Participar no es lo mismo que decidir: el consentimiento debe ser libre, previo e informado.

La conservación no puede convertirse en una nueva forma de apropiación territorial.

La crisis climática no se resuelve trasladando las emisiones mediante mercados de carbono.

La naturaleza no puede reducirse a una mercancía, un crédito o un activo financiero.

La reparación también forma parte de la conservación.

Descolonizar implica transformar quién decide, quién controla y quién se beneficia de los territorios.

Y quizá una de las ideas más importantes para seguir pensando desde los bienes comunes: no puede haber una política de protección de la vida que se construya sobre la desposesión de quienes sostienen esa vida en los territorios.

El Pronunciamiento Indígena de Nairobi cierra con una frase que condensa buena parte de esta discusión:

“Nuestra tierra. Nuestros derechos. Nuestro conocimiento. Nuestro futuro. Nada sobre nosotros sin nosotros.”

Más que una consigna, puede ser una invitación a repensar nuestras propias formas de hablar de conservación, territorio y bienes comunes.

Para seguir profundizando

Si quieres conocer con mayor detalle las propuestas, demandas y reflexiones que surgieron de este encuentro, ponemos a disposición los principales materiales de OLON Nairobi:

Puedes descargar aquí:

Tres materiales para acercarnos a las voces, demandas y propuestas de los pueblos indígenas que están planteando la necesidad de descolonizar la conservación y defender la relación entre territorio, naturaleza y vida.

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Cuando cae la nevada: geopolítica, seguridad y educación popular en América Latina

Este texto forma parte de los procesos de reflexión construidos en el curso “Proceso de Formación: Rompecabezas de las miradas: quién te mira y quién te ve”.

Las ideas aquí desarrolladas no son un ejercicio individual, sino el resultado de un diálogo colectivo que busca leer críticamente el contexto actual, reconociendo cómo las miradas de poder configuran los territorios, las amenazas y también las posibilidades de organización.

En ese marco, esta nota propone una interpretación situada de los cambios geopolíticos en curso y sus implicaciones para América Latina y el Caribe, incorporando la educación popular como herramienta clave para comprender y actuar en medio de estos procesos.

La nevada que no parece amenaza

En El Eternauta, la catástrofe no irrumpe con estruendo. No hay una señal clara que anuncie el desastre. Todo comienza con una nevada suave, casi hipnótica, que cae sobre la ciudad sin levantar sospechas. Es blanca, silenciosa, aparentemente inofensiva. Pero es letal.

Lo inquietante no es solo su efecto, sino su forma de aparecer: sin alarma, sin nombre, sin posibilidad inmediata de ser comprendida.

Algo de esa lógica se puede rastrear en el actual reposicionamiento geopolítico de Estados Unidos. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional no se presenta como una política de dominación ni como una ofensiva directa sobre la región. Se formula en términos de orden, estabilidad, protección, soberanía.

Pero, como en la nevada, el problema no es cómo se nombra, sino lo que empieza a producir.

Y lo que empieza a producir es un reordenamiento profundo del lugar de América Latina y el Caribe en el mundo.

Del silencio al mapa: el regreso del hemisferio

En la historieta, la comprensión de lo que ocurre no llega de inmediato. Los personajes, poco a poco, comienzan a atar cabos. Lo que parecía un fenómeno aislado empieza a revelar una estructura más amplia, organizada, intencional.

Ese paso —del desconcierto a la lectura del mapa— es clave. Porque solo cuando se logra identificar la lógica que ordena los acontecimientos, es posible comenzar a responder.

En la estrategia estadounidense ocurre algo similar. América Latina y el Caribe reaparece, pero no como espacio de diálogo o cooperación, sino como una pieza central dentro de un esquema mayor de seguridad.

El llamado “corolario” a la Doctrina Monroe no es solo una referencia histórica. Es la actualización de una lógica: el hemisferio occidental como zona de control estratégico.

Esto se traduce en objetivos concretos:

  • -limitar la presencia de potencias extrahemisféricas
  • -asegurar el acceso a recursos críticos
  • -reorganizar cadenas de suministro
  • -garantizar control sobre territorios y rutas clave

No se trata de una ocupación visible. No hay tropas desplegándose en escena de forma generalizada. Lo que se configura es algo más complejo: un ordenamiento del espacio, donde cada país, cada territorio, cada infraestructura comienza a ser leído en función de su valor estratégico.

Y en ese mapa, América Latina y el Caribe deja de ser margen para convertirse en frontera.

Cuando la amenaza cambia de rostro

Pero ese reordenamiento no se sostiene únicamente sobre territorios. También requiere redefinir qué se entiende por amenaza.

A medida que avanza El Eternauta, la pregunta por el enemigo se vuelve cada vez más difícil de responder. Los verdaderos responsables no aparecen directamente. Operan a través de otros. La amenaza se fragmenta, se desplaza, se vuelve difusa.

Esa ambigüedad no es menor: descoloca, desorienta, dificulta la respuesta.

Algo similar ocurre en el documento de seguridad. La noción de amenaza se amplía y se vuelve más elástica. Ya no se limita a Estados adversarios claramente identificables. Se extiende hacia fenómenos sociales, culturales y económicos:

  • -la migración deja de ser un fenómeno humano para convertirse en riesgo estratégico
  • -el narcotráfico se inscribe en una lógica de guerra
  • -las “influencias externas” y la “subversión cultural” aparecen como peligros

En ese movimiento, la frontera entre lo externo y lo interno comienza a diluirse.

Y ahí emerge un punto especialmente delicado: cuando la amenaza se vuelve difusa, también se amplía el margen para definir quién o qué constituye un riesgo.

En América Latina y el Caribe, esto no es nuevo. La historia de la región ha mostrado cómo, bajo discursos de seguridad, actores sociales —movimientos territoriales, luchas ambientales, organizaciones comunitarias— han sido leídos como problemas a contener.

La pregunta, entonces, no es solo quién es el enemigo, sino quién puede ser nombrado como tal.

La intemperie organizada

Si la amenaza se redefine, también lo hace el lugar desde donde se responde a ella.

En la historieta, hay un momento en que salir al exterior sin protección significa exponerse a la muerte. Pero quedarse encerrado tampoco garantiza la supervivencia. Lo que hace la diferencia es la capacidad de organizarse, de construir protección colectiva.

La intemperie no es solo un lugar físico. Es una condición.

La estrategia de seguridad redefine a América Latina y el Caribe en una posición similar: como una zona de contención, un espacio donde se busca detener amenazas antes de que alcancen el centro.

Esto se traduce en medidas concretas:

  • -militarización de fronteras y rutas
  • -control reforzado de flujos migratorios
  • -posibilidad de uso de fuerza directa contra actores no estatales
  • -presión sobre gobiernos para alinear políticas de seguridad

La región aparece así como un territorio expuesto, donde la lógica dominante no es la del cuidado ni la del desarrollo, sino la del control.

Una intemperie organizada desde fuera.

Territorios funcionales, vidas desplazadas

Este desplazamiento hacia la seguridad no ocurre de manera aislada. Se articula con una forma específica de entender el territorio.

Conforme avanza El Eternauta, se hace evidente que la invasión no es caótica. Responde a una estructura donde cada elemento cumple una función dentro de un engranaje mayor.

Ese reconocimiento cambia la forma de entender lo que está en juego.

En el plano geopolítico, algo similar ocurre con la forma en que se piensa América Latina y el Caribe:

  • -territorios como reservorios de minerales, energía o biodiversidad
  • -países como nodos logísticos o barreras de contención
  • -economías como extensiones de cadenas productivas externas

La idea de una “Gran Norteamérica” se inscribe en esa lógica: no como integración entre iguales, sino como reorganización funcional del espacio.

Lo que se pierde en ese proceso es fundamental: la posibilidad de pensar los territorios desde quienes los habitan.

Porque cuando el territorio se convierte en pieza, las vidas que lo sostienen tienden a volverse invisibles.

Lo que no se ve (pero ordena)

Sin embargo, no todo este proceso es visible de forma inmediata.

Uno de los elementos más inquietantes de El Eternauta es que lo decisivo no siempre se muestra directamente. La verdadera estructura de poder opera desde lugares que no se ven, pero que organizan todo lo demás.

En la estrategia de seguridad, esto se expresa en la normalización de ciertas lógicas:

  • -todo puede ser leído en clave de seguridad
  • -toda dinámica puede ser intervenida si se define como riesgo
  • -toda diferencia puede ser sospechosa

Este desplazamiento es profundo. No implica necesariamente una intervención directa constante, sino algo más sutil y, al mismo tiempo, más abarcador: un marco que redefine cómo se interpretan los conflictos, las movilidades y las demandas sociales.

Cuando la seguridad se vuelve el lenguaje dominante, otras formas de entender la realidad —derechos, justicia, vida digna— quedan subordinadas.

Educar en la nevada: desafíos de la educación popular en tiempos de securitización

Frente a este escenario, la pregunta por la comprensión se vuelve central. Y con ella, el lugar de la educación.

Si algo enseña El Eternauta es que, incluso en medio de la incertidumbre, hay algo que no puede suspenderse: la capacidad de comprender lo que está pasando.

No como un ejercicio abstracto, sino como una necesidad para sobrevivir.

En contextos donde la seguridad se vuelve el lenguaje dominante, donde los territorios son leídos como espacios de riesgo y donde las dinámicas sociales pueden ser reinterpretadas como amenazas, la educación popular enfrenta un escenario particularmente desafiante.

Ya no se trata solo de formar conciencia crítica. Se trata de hacerlo en condiciones donde esa misma conciencia puede ser vigilada, deslegitimada o contenida.

Cuando aprender también se vuelve sospechoso

La expansión de marcos securitarios no solo redefine políticas públicas. También reconfigura los sentidos de lo educativo.

Procesos que históricamente han sido centrales para la educación popular —organización comunitaria, reflexión colectiva, lectura crítica de la realidad— pueden empezar a ser vistos como:

  • -espacios de “influencia”
  • -focos de “radicalización”
  • -o incluso amenazas al orden

Este desplazamiento no siempre es explícito. Muchas veces opera de forma sutil: a través de financiamientos condicionados, discursos institucionales, marcos regulatorios o estigmatización pública.

Pero su efecto es profundo: instala la idea de que pensar críticamente puede ser problemático.

El riesgo del aislamiento

En El Eternauta, uno de los mayores peligros no es solo la amenaza externa, sino la fragmentación. Cuando los vínculos se rompen, la capacidad de respuesta se debilita.

En el campo educativo ocurre algo similar.

Los contextos de control tienden a:

  • -aislar experiencias
  • -fragmentar procesos organizativos
  • -debilitar redes comunitarias

Y sin redes, la educación popular pierde uno de sus pilares fundamentales: la construcción colectiva del conocimiento y, con ella, su capacidad de transformación.

El desafío, entonces, no es solo sostener espacios educativos, sino sostener comunidad en condiciones adversas.

Nombrar el mundo cuando otros lo nombran por nosotros

Uno de los aportes centrales de la educación popular —en la línea de Paulo Freire— es la capacidad de nombrar el mundo desde la experiencia de quienes lo viven.

Pero en contextos donde el lenguaje de la seguridad se impone, esa capacidad entra en disputa.

Cuando los territorios son nombrados como “zonas de riesgo”, cuando las movilidades son “amenazas” y cuando los conflictos son “problemas de orden”, se produce un desplazamiento del sentido.

La educación popular se enfrenta entonces a un reto clave:

recuperar la capacidad de nombrar la realidad desde abajo, incluso cuando otros intentan imponer sus categorías.

Educar para leer la nevada

Volviendo a la metáfora, el problema nunca fue solo la nevada. Fue no entenderla a tiempo.

En este contexto, la educación popular tiene un papel urgente:

  • -ayudar a leer los procesos en curso
  • -conectar lo local con lo global
  • -visibilizar las estructuras que operan detrás de lo cotidiano

No se trata de “explicar” desde afuera, sino de construir colectivamente herramientas para comprender lo que se vive.

Leer la nevada no es anticiparse por completo, pero sí evitar que pase desapercibida.

Sostener la esperanza como práctica política

En escenarios restrictivos, donde el control se intensifica y los márgenes parecen reducirse, la tentación del repliegue es fuerte.

Sin embargo, El Eternauta también deja otra enseñanza: incluso en las condiciones más adversas, la organización es posible.

La educación popular no solo transmite contenidos. Sostiene algo más profundo:

  • -la posibilidad de imaginar alternativas
  • -la convicción de que lo colectivo importa
  • -la práctica cotidiana de construir sentido en común

En ese sentido, educar no es solo resistir. Es también seguir creando mundo en medio de la nevada.

La pregunta del Eternauta

Todo lo anterior nos devuelve a una pregunta central.

En medio del caos, El Eternauta insiste en una idea sencilla pero radical: nadie se salva solo.

La supervivencia no depende de la fuerza individual, sino de la capacidad de organizarse, de confiar, de construir en común incluso en condiciones adversas.

Trasladada a este escenario, la pregunta cambia de escala, pero no de sentido:

¿qué formas de organización son posibles cuando los territorios comienzan a ser definidos desde afuera como espacios de riesgo o de control?

Pensar más allá del tablero

La geopolítica suele presentarse como un tablero donde actores poderosos mueven piezas. Esa lectura es necesaria: permite identificar intereses, estrategias, disputas.

Pero no es suficiente.

Porque ese tablero está habitado.

Pensar este momento también exige una mirada que desborde esa lógica. Una perspectiva capaz de:

  • -reconocer las voces de los territorios
  • -leer las luchas sociales como expresiones políticas legítimas
  • -disputar el sentido de lo que se nombra como “seguridad”

No se trata de negar la geopolítica, sino de no quedar atrapados en ella.

Reconocer la nevada

En El Eternauta, la nevada avanza porque, al inicio, no se logra dimensionar su alcance. Cuando se comprende, ya ha transformado profundamente el mundo.

Hoy, América Latina se encuentra en un momento donde múltiples procesos —económicos, políticos, securitarios— se están reconfigurando.

No todos son visibles de inmediato. No todos se presentan como amenaza.

Por eso, tal vez la pregunta no es solo qué está pasando.

La pregunta es otra:

¿estamos reconociendo la nevada mientras cae, o la vamos a entender cuando ya haya cubierto todo?

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“La Caja no se vende, la Caja se defiende”: voces desde la calle en defensa de la vida

El Observatorio de Bienes Comunes acompañó la manifestación del 8 de noviembre, una jornada donde miles de personas volvieron a ocupar las calles para defender la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), símbolo de la solidaridad y de la justicia social en el país.

El audio compartido —un collage de voces y consignas— recoge la fuerza de un movimiento diverso que reunió a sindicatos del magisterio, organizaciones estudiantiles, feministas, campesinas e indígenas, así como personas usuarias y trabajadoras de la Caja. En cada intervención resonó la memoria del 8 de noviembre de 2012, cuando la represión estatal intentó acallar una protesta en defensa de la CCSS. Trece años después, la herida sigue viva, pero también la convicción de que la salud no es un negocio, sino un derecho.

Entre las voces se insistió en que la deuda del Estado y las políticas neoliberales amenazan la sostenibilidad de la institución, mientras crece la tentación de privatizar lo público. En el marco de un nuevo proceso electoral, las organizaciones alertaron sobre el riesgo de que la caja, la educación y las universidades públicas se conviertan nuevamente en botín político o terreno de ajuste.

Defender la Caja —recordaron desde el Frente Nacional por la Seguridad Social— es defender la vida digna, el trabajo decente, el derecho a la salud y la memoria de quienes, desde hace más de ocho décadas, hicieron posible un modelo solidario.

🎧 Escuchá aquí el testimonio sonoro de la jornada: un eco colectivo que recuerda que los bienes comunes también se defienden desde la calle.

 

Palestina también resuena en las calles de Costa Rica

Durante la manifestación del 8 de noviembre, entre las consignas en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, también se alzaron voces solidarias con el pueblo palestino. En medio de tambores, banderas y discursos, la causa por la salud pública se entrelazó con la denuncia del genocidio en Gaza, recordando que la defensa de la vida no tiene fronteras.

Estas intervenciones afirmaron que la lucha por la justicia social y los bienes comunes es inseparable de la solidaridad internacionalista: cuando un pueblo es atacado, todos los pueblos que resisten sienten la herida. Desde Costa Rica, las voces que defienden la Caja se sumaron al clamor global por un alto al fuego y por el respeto a la dignidad del pueblo palestino, reafirmando que la vida —en cualquier territorio— nunca debe ser una mercancía ni un objetivo de guerra.

La memoria sonora de la protesta

Registrar y compartir los sonidos de una manifestación es también una forma de hacer memoria. Cada consigna, cada tambor y cada voz guardada en estos archivos sonoros reconstruye la historia viva de las luchas sociales y permite que las generaciones futuras escuchen lo que se quiso silenciar. Estos testimonios son parte del patrimonio político y afectivo del país: resguardan la emoción colectiva, la resistencia y la palabra de quienes defienden lo común. Escuchar es, también, una forma de cuidar la memoria.

Galería

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ASOPROF entre aulas y calles: la educación como acto de lucha en Panamá

En esta entrevista con Fernando Ábrego y Erick Acevedo, representantes de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, exploramos el otro rostro del llamado “milagro económico”: la desigualdad, la precariedad laboral y la resistencia organizada. A través de su testimonio, descubrimos cómo el magisterio panameño se ha convertido en una voz viva de dignidad y conciencia social. Porque en Panamá —como en toda nuestra América— enseñar también es un acto de lucha.

Un educador luchando también está educando.

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Solidaridad sin fronteras: cuando las luchas por la vida se encuentran – Conversatorio entre Panamá y Costa Rica

El conversatorio Soberanía y Justicia: luchas laborales, ambientales y sociales en Panamá reunió este 14 de octubre en la Universidad de Costa Rica a voces sindicales, académicas y sociales de Panamá y Costa Rica, en una jornada que buscó tender puentes entre las resistencias populares de ambos países. El encuentro se desarrolló en el marco de una jornada de solidaridad con el sector magisterial panameño, que enfrenta despidos, persecución y criminalización tras oponerse a la reforma de la seguridad social y denunciar el avance extractivista y la injerencia extranjera en su país.

Lejos de una conversación aislada, este espacio permitió articular diagnósticos comunes sobre la ofensiva neoliberal en la región, las múltiples formas de represión estatal y el desmantelamiento progresivo de los sistemas públicos de educación, salud y seguridad social. Las y los panelistas coincidieron en que lo que ocurre en Panamá, Costa Rica y Centroamérica no son procesos separados, sino capítulos de una misma historia marcada por la concentración de la riqueza, la erosión de los derechos y la subordinación a intereses empresariales y geopolíticos.

Ideas comunes: la defensa de la vida y los derechos frente al autoritarismo

En las intervenciones se trazó un hilo claro: el modelo neoliberal no sólo precariza el trabajo, privatiza los bienes comunes y destruye los territorios; también promueve la desinformación y el miedo como mecanismos de control. Desde esa lectura compartida, la unidad entre los pueblos, sindicatos y movimientos sociales se planteó como una urgencia política y ética.

Los panelistas subrayaron que las luchas por la salud, la educación, el ambiente o las pensiones no son batallas sectoriales, sino expresiones de una defensa integral de la vida digna y de la soberanía popular frente a gobiernos autoritarios y corporaciones transnacionales.

Fernando Ábrego: “No hay democracia sin derecho a la huelga”

El secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), Fernando Ábrego, compartió un panorama preocupante: un gobierno cívico-militar que reprime, persigue y criminaliza a los dirigentes magisteriales. Explicó que la reciente huelga de 81 días fue respondida con sanciones masivas —298 docentes separados de sus puestos—, una medida que vulnera el derecho constitucional a la huelga y los convenios internacionales de la OIT.
Ábrego denunció también la entrega de la soberanía panameña mediante acuerdos con Estados Unidos, la evasión fiscal de las élites y la captura empresarial del Estado. “Nos quieren devolver a tiempos coloniales —afirmó—, pero seguiremos defendiendo la educación pública y la organización popular como pilares de la justicia social”.

Deivis Ovares: “La precarización es una estrategia política”

Desde Costa Rica, Deivis Ovares, secretario de organización de UNDECA y coordinador del Frente Nacional por la Seguridad Social, advirtió que las políticas neoliberales comparten una misma lógica de despojo: debilitar la seguridad social, criminalizar la protesta y subordinar los Estados a los intereses de las oligarquías locales y extranjeras.

Ovares destacó la importancia de fortalecer los lazos de solidaridad entre pueblos que enfrentan las mismas imposiciones económicas. “La lucha trasciende las fronteras —señaló—, porque la clase trabajadora es una sola. La unidad y la conciencia colectiva son las herramientas más poderosas frente al fascismo que avanza”.

Allen Cordero: “Aprender de las luchas, pensar desde abajo”

El sociólogo Allen Cordero propuso una lectura histórica y comparativa de las luchas sociales en Costa Rica y Panamá. Analizó cómo, desde las jornadas contra el TLC hasta las recientes huelgas, los movimientos han enfrentado la ofensiva neoliberal en oleadas. Subrayó el valor de las alianzas multisectoriales, que articulan sindicatos, campesinos, indígenas y juventudes urbanas.

Cordero insistió en la necesidad de que la universidad pública dialogue con los movimientos y salga de su “torre de marfil”, aportando pensamiento crítico a la acción colectiva. “No podemos limitarnos a observar —dijo—, debemos acompañar, investigar y aprender junto a los pueblos que resisten”.

Andrés Carranza: “Defender la institucionalidad también es cuidar la salud del pueblo”

El representante del movimiento Unidos por la Caja, Andrés Carranza, destacó que la defensa de la seguridad social no es solo un asunto administrativo, sino un tema de salud pública y justicia social. Desde su experiencia en el sector salud, recordó que el acceso al agua, la educación y la atención médica son los verdaderos indicadores de bienestar.

Carranza expresó preocupación por el debilitamiento de la institucionalidad democrática y la creciente concentración del poder en el Ejecutivo costarricense. Llamó a articular luchas desde distintos sectores y a salir de la indiferencia: “No basta con indignarse; hay que organizarse y construir alternativas”.

¿Qué entendemos por las luchas por la salud, la educación, el ambiente o las pensiones?

El conversatorio permitió también profundizar en un punto clave: comprender que estas luchas no son demandas aisladas, sino dimensiones interdependientes de un mismo conflicto civilizatorio. Luchar por la salud, la educación, el ambiente o las pensiones significa defender el derecho a una vida digna frente a un modelo que convierte los derechos en mercancías y los territorios en zonas de sacrificio.

  • Luchar por la salud implica exigir un sistema público fuerte, equitativo y universal, donde la atención no dependa del bolsillo ni de la lógica empresarial. Es oponerse a la privatización encubierta de la seguridad social y entender que la salud no empieza en el hospital, sino en el acceso al agua, al trabajo digno, a la alimentación y a un ambiente sano.

  • Luchar por la educación es defender la posibilidad de pensar críticamente, de formar ciudadanía y no mano de obra barata. Significa resistir la mercantilización del conocimiento y la censura ideológica, y sostener el carácter emancipador de la educación pública como bien común.

  • Luchar por el ambiente es proteger los territorios como espacios de vida y no como recursos explotables. Es reconocer la interconexión entre justicia ecológica y justicia social, denunciando las alianzas entre gobiernos y empresas que destruyen ecosistemas mientras reprimen comunidades.

  • Luchar por las pensiones es cuidar la vejez de quienes sostuvieron con su trabajo el bienestar colectivo, y resistir el despojo financiero que pretende convertir la seguridad social en negocio de unos pocos. Es recordar que un país que abandona a sus mayores está renunciando a su propia memoria social.

Estas dimensiones se entrelazan en una sola causa: la defensa de los bienes comunes, de la soberanía popular y del derecho a imaginar un futuro distinto. En palabras de los participantes, las luchas contemporáneas deben ser comprendidas como una sola lucha por la vida, en todas sus formas.

Una región que resiste y se reconoce

El intercambio entre Ábrego, Ovares, Cordero y Carranza dejó ver que las luchas actuales en Panamá y Costa Rica forman parte de un mismo mapa de resistencias.
Mientras en Panamá se enfrenta la represión directa de un Estado cooptado por intereses corporativos, en Costa Rica se vive un proceso más sutil de desmantelamiento institucional y captura mediática. En ambos casos, el resultado es el mismo: pérdida de derechos, debilitamiento del tejido social y avance del miedo como forma de gobierno.

Los panelistas coincidieron en que la respuesta no puede ser meramente defensiva. Propusieron recuperar el horizonte ético de la política como servicio público, reconstruir la confianza social y fortalecer la articulación regional desde los pueblos. La lucha por la soberanía no se reduce a la independencia estatal, sino que se expresa en cada acto de resistencia que defiende la vida frente al lucro.

Así, este encuentro fue también un recordatorio de que la dignidad no se delega ni se negocia: se ejerce colectivamente. La soberanía, en este sentido, es una práctica viva que nace de la organización popular, de la solidaridad concreta y de la memoria compartida entre los pueblos de nuestra América.

Un cierre necesario: la solidaridad como horizonte

El conversatorio reafirmó que la defensa de los derechos humanos y de los bienes comunes no puede limitarse por fronteras nacionales. Las luchas del magisterio panameño, del movimiento sindical costarricense o de las comunidades que defienden su territorio son parte de una misma trama regional.

En tiempos de censura, represión y desinformación, estos espacios son vitales para recuperar el sentido profundo de la palabra soberanía: no como dominio estatal, sino como capacidad colectiva para decidir sobre la vida, la justicia y el futuro común.

Esta actividad fue posible gracias a las gestiones y colaboración de DEI, Kioscos Socioambientales UCR, Morfo, SITUN, SINDEU, AFITEC, SIUNED, UTRAUTN y PT, quienes participaron en la organización del Conversatorio Soberanía y Justicia Social: Luchas laborales, ambientales y sociales en Panamá, un espacio clave para visibilizar y reflexionar sobre las distintas formas de lucha y resistencia en el país.

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El otro rostro del milagro: Panamá desde las luchas sociales

En Panamá, detrás de los espejismos del “milagro económico”, late un país de profundas desigualdades sociales y resistencias vivas. En esta conversación con representantes de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, exploramos cómo el crecimiento económico convive con altos niveles de informalidad, despojo fiscal y luchas populares por la dignidad.

Pero esta no es solo una historia económica: es una historia de educación y de lucha social. Las y los educadores panameños no solo enseñan en el aula, también enfrentan en las calles las políticas que golpean a sus estudiantes y comunidades. Como bien dicen: “un educador luchando también está educando”.

🔗 Escuchá la entrevista completa aquí y descubrí cómo la defensa de la educación pública y de los derechos sociales se entrelaza con las luchas populares en América Latina.

Esta conversación fue posible gracias a las gestiones y colaboración de DEI, Kioscos Socioambientales UCR, Morfo, SITUN, SINDEU, AFITEC, SIUNED, UTRAUTN y PT, quienes participaron en la organización del Conversatorio Soberanía y Justicia Social: Luchas laborales, ambientales y sociales en Panamá, un espacio clave para visibilizar y reflexionar sobre las distintas formas de lucha y resistencia en el país.