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Nuestra América piensa y resiste: en solidaridad con quienes defienden la vida frente al extractivismo

La Primera Declaración de La Habana (1960) no fue solo un discurso de otro tiempo: fue un grito colectivo por soberanía, autodeterminación y justicia social. Hoy, denunciar la violencia extractiva no es “injerencia”, es continuar esa tradición emancipadora. Lo paradójico es que quienes acusan de conspirar a las voces críticas son, muchas veces, los mismos que firman contratos con Chevron, empresa que además trabaja directamente con Israel, o venden petróleo al gigante imperial que financia guerras y sostiene a Israel. El verdadero rostro del imperialismo no está en quienes defienden la vida, sino en los acuerdos lucrativos que traicionan la dignidad de los pueblos.

Se han difundido textos que pretenden instalar la idea de que académicos, activistas y organizaciones socioambientales en Venezuela —entre ellos Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada— forman parte de una red de “injerencia extranjera” y de supuestas operaciones para desestabilizar al Estado venezolano.

Estas acusaciones no son nuevas: repiten, con ligeros matices, el guion habitual de quienes ven en toda crítica un acto de traición y en toda denuncia socioambiental un complot internacional. Lo novedoso hoy es el nivel de desproporción y simplificación, donde la etiqueta de “conspiración” sustituye cualquier debate real sobre el modelo extractivista y sus consecuencias sobre los pueblos y los territorios.

El recurso cómodo de la “injerencia”

Apelar a la “injerencia” es un recurso cómodo para quienes no desean discutir lo esencial: que el Arco Minero del Orinoco y otros megaproyectos extractivos están provocando devastación ambiental, vulnerando derechos de comunidades indígenas y abriendo paso a dinámicas de corrupción y violencia. Señalar estos problemas no significa alinearse con agendas imperiales, sino ejercer el mínimo deber ético de defender la vida y la dignidad de los pueblos.

Convertir a organizaciones, fundaciones o académicos críticos en “agentes extranjeros” es una manera de evadir responsabilidades y de instalar un clima de miedo donde toda voz disonante se trata como sospechosa. En lugar de debate, estigmatización; en lugar de diálogo, disciplinamiento.

La hipocresía de ciertas voces intelectuales

Resulta particularmente grave la hipocresía de sectores intelectuales que, en nombre de la defensa antiimperialista, callan ante la devastación ambiental y la represión interna, pero se activan de inmediato para deslegitimar a quienes levantan críticas fundamentadas.

Estos sectores dicen rechazar “las divisiones en el campo popular”, pero en la práctica reproducen un discurso que criminaliza, aísla y pone en riesgo a compañerxs de lucha. Su retórica se alimenta del mismo dispositivo que históricamente ha servido para perseguir la disidencia dentro de procesos revolucionarios: acusar de estar “del lado del enemigo” a quienes piensan distinto.

Chevron, Israel y los silencios cómplices

El mapa del poder global se entiende mejor siguiendo las rutas de las energías fósiles. Chevron, una de las principales transnacionales del sector, no solo ha devastado territorios en América Latina y África: también abastece directamente al Estado de Israel, sosteniendo con energía y capital la maquinaria de guerra que perpetra el genocidio contra el pueblo palestino.

Frente a esta realidad, el silencio de ciertos sectores intelectuales resulta ensordecedor. Quienes hoy se apresuran a acusar de “injerencistas” a Edgardo Lander y a quienes denuncian el extractivismo omiten deliberadamente esta complicidad estructural. Guardan silencio sobre cómo el capital que desangra a Venezuela, Ecuador o Nigeria también alimenta los crímenes de guerra en Gaza.

La contradicción se profundiza cuando el propio gobierno venezolano, que en los discursos se presenta como aliado del pueblo palestino, mantiene negocios con Chevron, empresa vinculada directamente al sostenimiento energético de Israel. ¿Cómo puede hablarse de solidaridad con Palestina mientras se negocia con una corporación que abastece a su verdugo?

Estas incoherencias no son detalles secundarios: muestran hasta qué punto el antiimperialismo puede vaciarse de sentido cuando se convierte en una consigna sin práctica consecuente. La crítica que se intenta acallar con acusaciones de “traición” o “intervencionismo” no es más que la insistencia en desenmascarar estas relaciones de poder, allí donde se cruzan extractivismo, genocidio y negocio.

Defender la crítica como parte de la emancipación

La verdadera fortaleza de cualquier proyecto emancipador no se mide por su capacidad de blindarse de toda crítica, sino por la disposición a escuchar y corregir. Deslegitimar a quienes cuestionan el extractivismo bajo el argumento de que “repiten tesis imperiales” no solo es injusto, sino peligroso: abre la puerta a que toda crítica social, ambiental o de derechos humanos sea catalogada como enemiga.

La historia latinoamericana nos ha enseñado que cuando la crítica se silencia, se impone el dogma; y cuando se criminaliza la diferencia, se erosiona la posibilidad de construir alternativas reales al capitalismo depredador.

Nuestra solidaridad

Desde diferentes territorios y luchas, expresamos nuestra solidaridad con Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada, así como con todas las personas y organizaciones que defienden la vida frente al extractivismo en Venezuela y en América Latina.

Su trabajo es parte de una larga tradición de pensamiento crítico y compromiso con los bienes comunes. Callar o atacar esa labor no fortalece ningún proceso popular: al contrario, lo debilita.

Defender la posibilidad de disentir, cuestionar y proponer alternativas no es un lujo, es una necesidad histórica. Frente a los intentos de disciplinamiento, reafirmamos que la solidaridad entre pueblos y movimientos no se construye repitiendo consignas, sino sosteniendo espacios de crítica, cuidado y dignidad compartida.

José Martí: el antiimperialismo como defensa de la dignidad de los pueblos

José Martí comprendió tempranamente que el imperialismo era, más que una amenaza externa, un sistema que pretendía moldear conciencias y subordinar economías. En textos como Nuestra América (1891), Martí advierte contra “los pueblos que se creen el ombligo del mundo” y llama a los latinoamericanos a gobernarse con sus propias realidades, no con recetas importadas.

Para Martí, la lucha contra el imperialismo no se reducía al enfrentamiento militar o político, sino a un proyecto cultural y ético de afirmación de la dignidad. Esa tradición martiana nos recuerda que criticar los proyectos extractivistas que entregan territorios a capitales extranjeros no es alinearse con el enemigo, sino precisamente honrar la vocación emancipadora de nuestros pueblos. Como escribió Martí, “trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras”. Quienes hoy levantan críticas desde la ecología política siguen levantando trincheras de ideas frente a un modelo que, bajo el ropaje de “desarrollo”, repite lógicas coloniales.

Franz Fanon: descolonizar implica también cuestionar las élites propias

Franz Fanon, en obras como Los condenados de la tierra (1961), señaló con claridad que la liberación no podía quedarse en la expulsión del colonizador externo: había que evitar que las élites locales reprodujeran las mismas lógicas de opresión y saqueo. Para Fanon, la descolonización era un proceso integral que exigía transformar las estructuras políticas, económicas y culturales, no simplemente cambiar de administradores.

Esta reflexión es fundamental hoy en Venezuela y en América Latina: se puede invocar la bandera antiimperialista mientras se perpetúan prácticas extractivistas que reproducen las formas coloniales de dominación sobre pueblos indígenas y territorios. Fanon advirtió contra el riesgo de sustituir el colonialismo europeo por “burguesías nacionales” que se enriquecen a costa de su pueblo. En ese sentido, la crítica a proyectos como el Arco Minero no debilita la lucha antiimperialista: la fortalece, porque desnuda cómo el colonialismo puede mutar y reaparecer bajo nuevas máscaras.

Ignacio Ellacuría: la crítica como opción por los pueblos crucificados

El pensamiento de Ignacio Ellacuría, filósofo y teólogo asesinado en El Salvador en 1989, aporta una clave imprescindible: la verdad histórica se encuentra en los pueblos crucificados. Ellacuría sostenía que toda reflexión crítica debía partir de las víctimas del sistema, de los pobres, de quienes sufren la violencia estructural. Desde esa opción preferencial, la función de la intelectualidad y de las instituciones no es legitimar a los poderosos, sino develar las injusticias y ponerse del lado de quienes cargan la cruz de la historia.

Aplicado a la Venezuela actual, este legado nos obliga a escuchar a las comunidades indígenas y a los territorios devastados por el extractivismo, no a silenciarlos con acusaciones de conspiración. Ellacuría hablaba de la necesidad de una “civilización de la pobreza”, entendida no como miseria impuesta, sino como un proyecto donde los bienes comunes se compartan y la vida se defienda. Ese horizonte es incompatible con la criminalización de quienes, desde la ecología política, denuncian el sufrimiento de los pueblos y de la naturaleza.

La crítica verdadera frente a los intelectuales a sueldo

Silvio Rodríguez nos recordó, en una de sus canciones más descarnadas, que hay voces que se visten de rebeldía pero suenan huecas, porque en realidad repiten lo que el poder les dicta. Esa imagen del “harapo” es demoledora: el disfraz de radicalidad que, al primer soplo del viento, deja ver su costura oportunista.

Hoy, algunos pseudointelectuales se presentan como guardianes de la revolución y portavoces de la “lucha antiimperialista”, pero sus discursos terminan coincidiendo con los intereses de los mismos Estados y aparatos que los financian. Usan la retórica de la patria y del pueblo, pero se acomodan a las estructuras que garantizan su prestigio, sus viajes, sus publicaciones y sus sueldos.

Mientras tanto, quienes se atreven a señalar los daños concretos —el extractivismo que arrasa, las comunidades indígenas que resisten, los territorios envenenados— son acusados de ser “injerencistas” o “agentes del imperio”. La ironía es brutal: los auténticos críticos son perseguidos, y los burócratas del pensamiento se envuelven en banderas para esconder su servidumbre.

La canción de Silvio nos deja una clave: la verdadera coherencia no se mide en discursos grandilocuentes, sino en la capacidad de sostener la dignidad aun en la intemperie. Frente a los trajes de oropel de la pseudointelectualidad, reivindicamos las voces que, con harapos si hace falta, siguen defendiendo la vida, los pueblos y los bienes comunes.

El verdadero imperialismo no está en las voces críticas que denuncian la devastación ambiental ni en los colectivos que levantan trincheras de ideas para defender a los pueblos. El imperialismo se sostiene en los contratos con transnacionales como Chevron, en el sudor de quienes extraen petróleo que luego se vende al mismo Estados Unidos que financia guerras y sostiene a Israel en su política genocida contra Palestina.

Hablar de “injerencia” para acallar a académicos, ecologistas o movimientos sociales es una paradoja dolorosa, cuando las puertas del extractivismo se abren sin reparos al capital extranjero. Quienes hoy señalan con el dedo a Edgardo Lander y a otros compañeros deberían mirar de frente esa contradicción: ¿quién sirve más a los intereses imperiales, el que denuncia la expoliación de los pueblos o el que la administra con la excusa del desarrollo?

El antiimperialismo verdadero no se decreta: se ejerce en la defensa de la dignidad, en la coherencia frente al poder y en la capacidad de escuchar a los pueblos que resisten. Todo lo demás es un harapo que, tarde o temprano, deja ver su costura.

Activismo en directo (con spoilers de Chevron incluidos)

Antes de que alguien se espante, aclaramos: no se trata de conspiraciones fantasiosas ni de fake news… o bueno, depende de a quién le preguntes. Los videos que verán a continuación muestran a activistas y académicos desenmascarando la complicidad de grandes empresas y Estados en dinámicas de saqueo y violencia. Sí, incluso aquellos que algunos prefieren ignorar: como ese pequeño detalle sobre Chevron, su “misión liberadora” en Venezuela y su relación con Israel… pero shhh, mejor no decirlo demasiado fuerte. Prepárense para ver verdades incómodas que ciertos intelectuales suelen omitir mientras se disputan la etiqueta de antiimperialistas.

Chevron, la nueva aliada del antiimperialismo: abastece a Israel, pero no se preocupen… seguro es fake news, porque nadie querría arruinar sus nobles inversiones liberadoras en Venezuela.

Para que no nos acusen de inventar ni de ‘injerencistas’, usamos como fuente a Telesur: nada más revolucionario que enterarse por la TV del gobierno cómo Chevron y Venezuela sellan su ‘antiimperialismo’ con contrato y apretón de manos… mientras la misma Chevron abastece de gas a Israel para sostener el genocidio en Gaza.

Y para completar el guion, en el video de Telesur sobre Chevron aparece Ignacio Ramonet, el mismo que luego denuncia —con toda razón— que Israel mata periodistas. Una escena digna de tragicomedia: condenar al verdugo en Gaza mientras se aplaude al socio que trabaja por la «revolución» en Caracas. Antiimperialismo a la carta.

Atención: video de Grosfoguel denunciando a Israel… aunque estamos casi seguros de que se cortó justo cuando iba a mencionar a su socio secreto, Chevron. Ups, mejor no decir eso, que son solo ‘inversiones liberadoras’ en Venezuela.

Patricia Villegas celebra la resistencia palestina desde 1979… y en 2025 también celebra la reanudación de Chevron en Venezuela. Nada como combinar décadas de lucha por la soberanía con un poquito de ‘inversiones liberadoras’. Todo muy coherente, claro.

Maduro denuncia a Israel como el nuevo Hitler en Gaza… pero curiosamente nadie menciona que Hitler también hacía negocios con empresas cómplices. Mejor no decir eso, sobre todo si alguna de esas empresas rima con Chevron y da un tirón… a los pueblos mientras habla de ‘inversiones liberadoras’ en Venezuela.

Y ahora, para que no queden dudas de la “liberación energética” en acción, les presentamos los datos directamente de la propia Chevron. Sí, sí, esa misma empresa que Telesur celebra como “reanudando sus operaciones liberadoras” en Venezuela. No se preocupen: no vamos a dudar de la fuente oficial, porque ¿quién podría cuestionar a una corporación mientras construye gasoductos y suministra gas a uno de los Estados más militarizados del mundo? Prepárense para cifras, inversiones millonarias y producciones récord… todo muy coherente con la narrativa del progreso y la soberanía… para algunos.

Operaciones de Chevron en Israel
ProyectoAño Descubrimiento / DesarrolloSocios y participación de ChevronUbicación y característicasProducción / Impacto
LeviatánDescubierto 2010; desarrollo principal 2010-201xChevron Mediterranean Limited 39,66%; NewMed Energy 45,34%; Ratio Energies 15%130 km al oeste de Haifa, Mar Mediterráneo; cuatro pozos de producción a ~5 km de profundidad; gasoducto submarino e instalaciones de procesamientoProducción de 12 mil millones m³ de gas/año; permite cesar uso de carbón en generación eléctrica para 2025; exportador significativo de gas
TamarDescubierto 2009; desarrollado en 4 añosChevron Mediterranean Limited 25%; Isramco 28,75%; Tamar Petroleum 16,75%; Mubadala Energy 11%; Tamar Investment 2 11%; Dor Gas 4%; Union Energy & Systems 2 3,5%90 km al oeste de Haifa; 5 km de profundidad; superficie 100 km²; seis pozos de producciónAbastece ~70% del consumo eléctrico de Israel; reducción del uso de carbón, fueloil y diésel; mejora de calidad del aire
Mari-BDescubierto 2000; suministro desde 2004. Actualmente agotado.Chevron / Noble Energy junto con Delek, Delek Drilling y AvnerParte del proyecto Yam Tethys28 mil millones m³ de gas natural; primera vez que el gas natural fluye a las costas de Israel; suministro al mercado local

Chevron. (2025). Nuestros proyectos en Israel: Leviatán, Tamar y Mari-B. Recuperado de https://israel.chevron.com/en/our-businesses

¿Por qué hicimos esta nota? Omisiones y dobles estándares en la esfera intelectual y política

Ramón Grosfoguel ha denunciado consistentemente las políticas de Israel hacia Palestina y ha señalado violaciones de derechos humanos en diversos contextos. Sin embargo, en sus intervenciones públicas no se ha referido a los vínculos de empresas transnacionales como Chevron con Israel, a pesar de que estas corporaciones mantienen operaciones en territorios donde se perpetran políticas de guerra y ocupación.

Situación similar se observa en otros actores mediáticos e intelectuales. Ignacio Ramonet, por ejemplo, condena con firmeza ataques contra periodistas en Gaza, pero no aborda los vínculos corporativos que financian o sostienen indirectamente esas operaciones. Patricia Villegas, desde Telesur, celebra la resistencia palestina y la soberanía energética en América Latina, mientras la misma cobertura omite mencionar la reanudación de operaciones de Chevron en Venezuela, que abastece gas a Israel. Por su parte, Nicolás Maduro denuncia agresiones en Gaza y las compara con episodios históricos de genocidio, pero no cuestiona la complicidad indirecta derivada de contratos con corporaciones transnacionales.

Estas ausencias no son inocentes. En el contexto de la campaña de criminalización desarrollada por el gobierno venezolano contra intelectuales y activistas críticos —como Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada— la omisión de estos vínculos corporativos y económicos estratégicos se vuelve parte de un patrón de control discursivo. Se promueve la narrativa de “injerencia extranjera” para deslegitimar críticas al extractivismo y a la gestión estatal, mientras se silencia información que podría evidenciar contradicciones en la política oficial.

Desde la perspectiva crítica, estas omisiones evidencian cómo ciertos aspectos de la relación entre corporaciones y Estados quedan fuera del debate, mientras se enfatiza la condena a políticas estatales específicas. Señalar estas ausencias permite un análisis más completo del poder global y de las conexiones entre extractivismo, financiamiento de conflictos y narrativas auto-proclamadas como antiimperialistas, mostrando que la defensa de la soberanía no puede sostenerse en silencios estratégicos.

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¿Proteger o desalentar la vigilancia ciudadana? Humedal Carbón en riesgo y el uso cuestionable del derecho administrativo

Comunicación a la que hace referencia esta nota:

AEL-00281-2025

AEL-00263-2025

CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-032-2025

Humedal Carbón: ocupación ilegal, deterioro acelerado y evasivas institucionales
La Asociación de Desarrollo para la Ecología denunció de forma urgente, el pasado 29 de junio de 2025, una nueva ocupación ilegal en el Humedal Carbón, ubicado en Playa Negra, Talamanca. La denuncia advierte sobre un avance rápido y de gran escala de actividades no autorizadas que incluyen drenajes, rellenos, caminos y construcciones con maquinaria pesada. El humedal forma parte del Patrimonio Natural del Estado y se encuentra registrado en el inventario oficial de humedales del SINAC desde 2017, bajo la protección del Convenio Ramsar.

A través de una solicitud formal, se pidió la intervención directa del Programa Nacional de Humedales para coordinar acciones interinstitucionales, generar un informe técnico actualizado (incluyendo análisis de ortofotos y cambios de uso del suelo) y entregar un listado de las propiedades involucradas. La respuesta oficial, emitida por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), señala que varias de estas informaciones no están disponibles, y redirige la responsabilidad hacia otras instituciones o incluso hacia la ciudadanía denunciante. Pese a los antecedentes de denuncias desde 2005, el SINAC admite que no se han producido medidas efectivas recientes para frenar la ocupación ni revertir los daños ecológicos. 

“Uso abusivo del derecho de petición”: ¿una estrategia para desalentar la acción ciudadana?
En su respuesta, el ACLAC incluyó una cita extensa del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición, sugiriendo que el activismo de seguimiento y denuncia podría interpretarse como un uso “torcido”, “ofensivo” o “hostigante” del aparato estatal. Este señalamiento llama la atención no solo por su tono, sino por el trasfondo político que revela: el debilitamiento del derecho de acceso a la información y la criminalización indirecta de la vigilancia ambiental por parte de la ciudadanía.

Este tipo de argumentación institucional, en vez de fortalecer la rendición de cuentas, tiende a deslegitimar la participación activa en la defensa del bien común. En un contexto donde Costa Rica experimenta crecientes regresiones en su política ambiental —como la flexibilización de controles en zonas costeras y humedales—, el uso de figuras legales para silenciar o desgastar a quienes ejercen su derecho a solicitar información pública, representa un retroceso peligroso.

El caso del Humedal Carbón evidencia una tendencia preocupante: cuando las instituciones no producen ni entregan información clave sobre ecosistemas en riesgo, y al mismo tiempo intentan frenar el monitoreo ciudadano, lo que está en juego no es solo un ecosistema, sino el propio ejercicio democrático del control ciudadano sobre lo público.

Vigilancia ciudadana en acción: la labor de Marco Levy y la respuesta ética ante el intento de silenciamiento

Detrás de la denuncia presentada el 29 de junio se encuentra el trabajo sostenido de Marco Vinicio Levy, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, quien ha liderado por años la documentación, denuncia y monitoreo del deterioro del Humedal Carbón. Su labor no solo ha sido técnica y argumentada, sino también valiente ante la resistencia institucional que han enfrentado quienes defienden los ecosistemas del Caribe Sur.

Ante la insinuación institucional de que sus solicitudes podrían constituir un uso abusivo del derecho de petición, Levy respondió con firmeza el 10 de julio, reiterando el carácter legítimo de su gestión y recordando que, sin acceso a la información técnica, la ciudadanía no puede cumplir su deber constitucional de proteger el ambiente. Su carta subraya que exigir transparencia, generar alertas tempranas y contribuir a la justicia ambiental no es hostigamiento: es un acto de responsabilidad democrática.

La respuesta de la Asociación representa un contrapeso necesario frente a la opacidad y pasividad institucional. No busca sustituir al Estado, sino exigirle que cumpla con su función de garante del bien común. En un momento en que los marcos normativos y ambientales se ven debilitados, la acción ciudadana organizada, crítica y fundamentada se convierte en uno de los pilares más sólidos para la defensa de los territorios y los bienes comunes.

El derecho de petición en disputa: entre garantías democráticas y prácticas de deslegitimación institucional

La inclusión, por parte del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC–SINAC), de un extracto del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición no es un detalle menor. Su presencia en una respuesta administrativa, en el contexto de una solicitud de información ambiental, revela una tensión estructural cada vez más frecuente en América Latina: el choque entre la participación activa de la ciudadanía en la defensa del ambiente y las formas institucionales que buscan mantener el control sobre los marcos de decisión y acceso a la información.

Desde la perspectiva institucional, el señalamiento parece buscar anticiparse a futuras solicitudes, enmarcándolas como potencialmente excesivas, repetitivas o perturbadoras del funcionamiento público. Sin embargo, esta lectura parte de una interpretación burocrática del quehacer estatal, que tiende a ver las solicitudes ciudadanas como cargas administrativas, y no como expresiones de un derecho fundamental. En cambio, la respuesta de Marco Levy destaca con claridad una postura opuesta: si el Estado exige pruebas para actuar, debe entonces garantizar a la ciudadanía acceso a los insumos técnicos necesarios para generar esas pruebas. De lo contrario, se genera un círculo vicioso donde la falta de información impide la denuncia, y la falta de denuncia refuerza la inacción.

En materia ambiental y socioambiental, esta tensión no es menor. Los conflictos ambientales contemporáneos se caracterizan por una fuerte asimetría de información, en la que comunidades y defensores enfrentan barreras de acceso a datos técnicos, jurídicos y territoriales. Por eso, el derecho de petición no puede reducirse a un trámite: es una herramienta de fiscalización, de exigibilidad de derechos y de protección del interés público frente a los daños ecológicos.

La noción de “abuso del derecho de petición” se convierte entonces en una frontera peligrosa. Cuando se invoca desde los espacios administrativos en contextos de vigilancia ciudadana ambiental, no solo busca desactivar la crítica, sino también debilitar el tejido democrático que sostiene la defensa del bien común. Lejos de ser un problema de exceso de peticiones, lo que este caso revela es una falta de voluntad institucional para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, tal como lo exigen principios como el de transparencia activa del Acuerdo de Escazú.

Este no es un caso aislado. Es un síntoma de algo más profundo: un Estado que comienza a responder con sospecha y no con apertura a quienes ejercen su derecho a preguntar, a vigilar y a defender la vida en sus múltiples formas. En esta coyuntura, repensar el derecho de petición como un acto político y no solo jurídico, es clave para sostener una democracia ecológica real.

Fuente de las imagenes: Alvarado Salazar, G. (2005, 8 de noviembre). Informe de inspección técnica en propiedad de Pavel Jaroslav en Playa Negra, Puerto Viejo. Comité Local Forestal de Talamanca, Subregión Cahuita, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

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Inquilinas e inquilinos en lucha: voces desde Los Ángeles

En medio de una crisis habitacional global, miles de personas enfrentan desalojos, aumentos abusivos de alquiler y condiciones de vida precarias. En Los Ángeles, una de las ciudades más desiguales del mundo, el Sindicato de Inquilinos ha surgido como una fuerza organizada que resiste la lógica del mercado inmobiliario y defiende el derecho a una vivienda digna.

En este video conversamos con integrantes del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, quienes comparten sus experiencias de lucha, organización y esperanza. A través del sindicalismo inquilino y la educación popular, estas comunidades están construyendo alternativas desde abajo para transformar su realidad.

🚪 ¿Qué pasa cuando quienes alquilan se organizan?
🏙️ ¿Cómo se construye una ciudad desde el derecho, no desde el privilegio?

👉 Dale play y sumate a esta conversación sobre defensa colectiva, justicia habitacional y transformación social.

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¿Qué significa organizarse por el derecho a la vivienda en una ciudad marcada por el desalojo y el desplazamiento?

 

En esta entrevista conversamos con integrantes del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, una organización autónoma y popular que lucha por vivienda segura, asequible y digna para todas y todos. Frente a un modelo que expulsa, encarece y despoja, el Sindicato articula a personas inquilinas para hacer frente al acoso de propietarios, resistir desalojos masivos y exigir cambios estructurales, como la revocatoria de leyes que favorecen la especulación.

Reflexionamos sobre los desafíos cotidianos de habitar Los Ángeles, sobre las formas de resistencia que surgen desde abajo y, especialmente, sobre el papel fundamental de la educación popular en la toma de conciencia, la construcción de comunidad y la organización colectiva.

Escuchemos esta experiencia que cruza acción directa, apoyo mutuo y lucha por justicia habitacional.

Si quieren conocer más les compartimos si sitio web: https://latenantsunion.org/es/

Vivienda, educación popular y bienes comunes: una lucha interconectada

La experiencia del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles no solo nos habla de una lucha por techo, sino de una defensa activa de la ciudad como bien común. Cuando el acceso a la vivienda se rige por las lógicas del mercado, el territorio se transforma en objeto de especulación y las personas son desplazadas para dar paso a proyectos de alto valor inmobiliario. Esta forma de extractivismo urbano convierte los barrios en mercancía y profundiza la desigualdad.

En este contexto, la organización inquilina se convierte en una forma de reapropiación del derecho a habitar y decidir sobre el entorno. La educación popular, entendida como práctica colectiva de concientización y construcción de poder, juega un papel clave: fortalece vínculos comunitarios, desenmascara las estructuras de opresión y abre caminos de resistencia.

La vivienda no es solo un bien individual, es parte de un entramado más amplio de bienes comunes urbanos que sostienen la vida: el barrio, el espacio público, el acceso a servicios, las redes de apoyo. Defender el derecho a la vivienda es también defender territorios para la vida, frente a un modelo urbano que expulsa y devasta.

Esta entrevista es testimonio de cómo las luchas por lo común, desde la base y con pedagogía crítica, abren horizontes de justicia y dignidad.

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“Un protocolo que no consulta”: Críticas al proceso de la Asamblea Legislativa para definir la consulta indígena

A partir de los aportes de Gilbert González Maroto (ver aquí post)

Desde hace unos días circula públicamente el documento titulado Términos de Referencia para la Asistencia Técnica para la Gestión Operativa y Financiera del proyecto “Protocolo de Consulta Indígena de la Asamblea Legislativa”, elaborado mediante un convenio entre la Fundación de la Universidad de Costa Rica (FundaciónUCR) y la Asamblea Legislativa.

A pesar de que el documento afirma tener como objetivo “garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en procesos legislativos que puedan afectarles”, las reacciones desde diversos sectores indígenas y de derechos humanos han sido contundentes: el proceso propuesto no cumple con los estándares mínimos de una consulta indígena legítima.

Esta nota recoge y sistematiza algunas de las observaciones críticas realizadas por el investigador y activista Gilbert González Maroto, así como otras voces que se han pronunciado al respecto.

Un diseño que excluye, no consulta

Uno de los principales cuestionamientos es que el proyecto se limita a realizar cuatro talleres regionales y uno nacional, como única vía de participación. Esto, en un país donde existen ocho pueblos indígenas reconocidos, con 24 territorios oficiales, una enorme diversidad lingüística, cultural y territorial, y una historia de exclusión sistemática.

Además, la consulta estaría dirigida exclusivamente a las 24 asociaciones de desarrollo integral, entidades creadas por ley estatal y que no representan necesariamente las estructuras tradicionales de los pueblos indígenas. Estas asociaciones han sido largamente cuestionadas por comunidades que no las consideran legítimas ni participativas, siendo vistas en muchos casos como brazos administrativos del Estado y no como representaciones autónomas.

Junto a estas, se incluyen algunas organizaciones de “representación y asesoría”, como la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), que es un órgano estatal, no autónomo. Varias organizaciones incluidas han manifestado no haber sido consultadas ni informadas sobre su participación.

Comparación con el mecanismo del Poder Ejecutivo

El mecanismo propuesto por la Asamblea Legislativa ni siquiera alcanza los estándares ya existentes en el país, como el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas N.º 042-MP del Poder Ejecutivo (2016), construido en un proceso más amplio, con validación y reconocimiento público.

Este nuevo protocolo legislativo no contempla etapas de consentimiento ni mecanismos de devolución de resultados. No propone metodologías culturalmente adecuadas ni valida las decisiones con estructuras tradicionales.

Es un retroceso, no un avance, y vulnera el principio de progresividad del derecho internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, consagrado en el Convenio 169 de la OIT.

Invisibilización del Pueblo Ngäbe de Sixaola

Una omisión grave del documento es la exclusión del pueblo Ngäbe de Sixaola, reconocido formalmente en la Ley 9710 como población indígena transfronteriza con derechos diferenciados.

Aunque el documento menciona algunas asociaciones Ngäbe del sur del país, el Pueblo Ngäbe de Sixaola no aparece entre los territorios o beneficiarios del proceso, lo que constituye una invisibilización de un grupo históricamente marginado y vulnerado.

💬 Una advertencia clara: esto no es una consulta

Como lo señala Gilbert González Maroto, este “protocolo” no es más que un proceso administrativo que se disfraza de consulta. Si continúa bajo los términos actuales, es probable que sea declarado inconstitucional o anulado judicialmente por incumplir los estándares internacionales y nacionales.

“Recomendaría que guarden esos recursos porque los perderán con un salacuartazo, o que propongan una consulta en toda regla”, advierte con razón González Maroto.

🚫 Invisibles en su propia casa: la exclusión del pueblo Ngäbe de Sixaola

Uno de los aspectos más graves del actual proceso de construcción del Protocolo de Consulta Indígena por parte de la Asamblea Legislativa es la exclusión del pueblo Ngäbe de Sixaola, a pesar de que este pueblo ha sido reconocido legalmente en la Ley 9710 como una población indígena transfronteriza con derechos diferenciados.

Esta exclusión no es un descuido menor. Es una expresión clara de racismo estructural, centralismo institucional y desconocimiento del Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a todos los pueblos indígenas afectados, no solo a aquellos reconocidos por las estructuras del Estado.

Así lo expresa Federico Abrego líder indígena Ngäbe de Sixaola en su testimonio:

“Tal vez por eso es que a nosotros los de acá de Sixaola los Ngäbe no nos toman en cuenta, porque no formamos parte del aparato administrativo del Estado. […] Nosotros tenemos personalidad jurídica como pueblo, y decimos lo que tenemos que decir. Por eso cuestionamos a las asociaciones integrales, porque cuando algo es del pueblo, es del pueblo. Otra persona no puede venir a decir qué hacer.”

Este reclamo evidencia algo fundamental: la autodeterminación no puede ser suplantada por figuras impuestas o validadas únicamente por el aparato estatal. El derecho a la consulta no es un favor ni un trámite: es una obligación legal del Estado costarricense.

Más adelante, el líder relata una experiencia concreta:

“En una reunión de la mesa técnica del año pasado, yo les pregunté por qué nunca nos toman en cuenta, y la ministra presente dijo que ya no nos iban a incluir en la consulta. ¡Así de claro!”

Crédito imagen: Delfino.cr(2023)

⚠️ Exclusión por no tener territorio: una discriminación dentro de la discriminación

Un argumento usado para justificar su exclusión es que el pueblo Ngäbe de Sixaola no posee territorio legalmente reconocido como los demás. Sin embargo, como el testimonio aclara con firmeza:

“Que nosotros no tengamos territorio no quiere decir que no tengamos problemas. ¡Tenemos más problemas todavía que los que tienen territorio!”

Esta afirmación apunta a una forma doble de exclusión: primero, por ser indígenas sin territorio formalmente titulado, y segundo, por ser ignorados incluso por algunas de las propias organizaciones indígenas reconocidas.

El testimonio concluye con una reflexión potente:

“El Convenio 169 es una espada, un instrumento legal clarito. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo un derecho. Y duele ver que incluso compañeros indígenas nos discriminan. Eso no debería ser así.”

✊ Lo que este testimonio nos recuerda
  1. Que el Estado debe consultar a todos los pueblos indígenas reconocidos, no solo a los que tienen títulos o estructuras impuestas.
  2. Que los pueblos sin territorio formal tienen derechos, identidad, cultura y autoridad propia, y deben ser tratados con el mismo respeto.
  3. Que la exclusión sistemática no solo proviene del Estado, sino también de mecanismos de representación que han sido cooptados o instrumentalizados.
  4. Que la consulta no se ruega, se exige como derecho colectivo.

Incluir al pueblo Ngäbe de Sixaola no es solo una corrección administrativa: es una deuda histórica, legal y moral que Costa Rica debe saldar si pretende hablar de participación, interculturalidad y democracia verdadera.

¿Qué ha pasado con los procesos anteriores?

Uno de los aspectos más críticos de los intentos institucionales de crear mecanismos de consulta a pueblos indígenas en Costa Rica ha sido la falta de continuidad, transparencia y comunicación directa con los territorios. La experiencia de muchas comunidades es la de ser espectadores —y no protagonistas— de procesos que se desarrollan sin su consentimiento, ni siquiera su conocimiento.

Así lo expresa Jonnhy Buitrago, miembro del colectivo Antonio Saldaña que se encuentra en Talamanca dónde habitan parte de los pueblos indígenas Bribri y Cabécar, al compartir su testimonio:

“Sí, claro, nos gustaría y gracias por el tema, porque la verdad lo desconocemos. El tema de consulta o el protocolo de consulta pasó en la era de Luis Guillermo Solís y también una parte de Carlos Alvarado. Y ahí no volvimos a escuchar nada del tema del protocolo, consulta nada hasta el día de hoy.”

Este testimonio deja claro que, para los pueblos indígenas, los protocolos de consulta no han sido procesos visibles ni accesibles. Pese a que el gobierno costarricense ha impulsado iniciativas como el Mecanismo General de Consulta durante las administraciones anteriores, en muchos territorios no se sabe en qué estado están esos procesos, ni quién los continúa ni cómo se implementan.
Jonnhy continúa:

“Se nos ha hecho un poco difícil tal vez saber algunas informaciones que salen desde la Asamblea Legislativa o el Gobierno, algunas instituciones. Porque a veces nos llega muy tarde, a veces informan, a veces no informan… la mayor parte de la verdad es que nunca casi. Entonces para nosotros siempre ha sido difícil.”

Su testimonio refleja una realidad estructural: la falta de acceso a información oportuna y clara, especialmente en zonas rurales e indígenas. El derecho a la consulta no solo implica preguntar, sino también garantizar que la información llegue de forma adecuada y con tiempo suficiente para la deliberación colectiva.
Y concluye:

“Así como usted, tenemos amigos que nos dicen: ‘Mirá, está pasando tal cosa, ¿has visto tal?’ Bueno, envíeme la información para ver… Así es la manera en que nos enteramos. Que el gobierno nos dé la información directamente a los pueblos indígenas, es difícil. Entonces, hasta el día de hoy, ¿qué pasa con eso?”

Esta pregunta —¿Qué pasa con eso?— condensa la frustración y el desconcierto de muchos territorios que, una y otra vez, son excluidos de los procesos que supuestamente buscan garantizar su participación.

¿Qué hacer?

Ante este escenario, se hace urgente que:

  • Se reestructure el proceso desde cero, en diálogo con los pueblos indígenas legítimamente representados.

  • Se garantice una consulta libre, previa e informada.

  • Se respete el principio de progresividad en materia de derechos indígenas.

  • Se reconozca la diversidad y pluralidad organizativa de los pueblos indígenas más allá de las asociaciones de desarrollo.

Solo así la Asamblea Legislativa podrá cumplir su obligación internacional y nacional, no solo de consultar, sino de respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

¿Qué es un proceso de consulta indígena? ¿Y cómo debe hacerse correctamente?

El derecho a la consulta libre, previa e informada es un principio fundamental del derecho internacional que busca proteger la autodeterminación de los pueblos indígenas frente a decisiones del Estado que puedan afectar sus derechos, territorios, culturas o formas de vida.

Este derecho no es un trámite formal ni una mera recolección de opiniones: es un proceso de diálogo intercultural que debe permitir que los pueblos indígenas influyan, modifiquen o incluso rechacen una medida estatal que les afecte directamente.

Elementos esenciales de una consulta válida

Según el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y las observaciones generales de organismos internacionales, un proceso de consulta debe cumplir con los siguientes criterios mínimos:

 

1. Libre

Debe realizarse sin coacción, presiones, manipulación ni interferencias externas. Las comunidades deben poder participar desde su propia voluntad y autonomía organizativa.

2. Previa

Debe realizarse antes de adoptar o ejecutar cualquier medida legislativa o administrativa. Las decisiones no deben tomarse de antemano.

3. Informada

Las comunidades deben tener acceso a toda la información relevante sobre el proyecto o ley propuesto, en formatos accesibles y en sus propios idiomas, si corresponde.

4. Culturalmente adecuada

El proceso debe respetar las formas tradicionales de toma de decisiones de cada pueblo, y adaptarse a sus tiempos, lenguas, espacios y formas organizativas propias.

5. Participativa y representativa

La consulta debe involucrar a las instituciones representativas legítimas de los pueblos, no solo a figuras estatales o entidades impuestas, como pueden ser asociaciones de desarrollo no reconocidas por las propias comunidades.

6. De buena fe

Debe haber apertura real al diálogo, sin decisiones preestablecidas. El Estado tiene la obligación de negociar y eventualmente obtener el consentimiento de los pueblos.

7. Con posibilidad de consentimiento

Aunque el Convenio 169 no exige consentimiento en todos los casos, la jurisprudencia internacional ha establecido que en asuntos de gran impacto, como desplazamientos forzados o explotación de recursos, sí debe obtenerse el consentimiento libre, previo e informado del pueblo afectado.

Buenas prácticas recomendadas

Organismos internacionales, como la OIT y el Relator Especial de la ONU, recomiendan una serie de prácticas que fortalecen los procesos de consulta:

  1. Diagnóstico participativo inicial para identificar actores, idiomas y formas organizativas.
  2. Construcción conjunta del cronograma y metodología del proceso.
  3. Garantía de intérpretes y facilitadores interculturales.
  4. Inclusión de mujeres, jóvenes y personas mayores en las decisiones.
  5. Mecanismos de devolución de resultados y validación comunitaria.
  6. Registro sistemático del proceso con fuentes de verificación.
🚫 ¿Qué no es una consulta?
  • No es una reunión informativa ni un taller participativo.

  • No es una simple notificación o aviso del Estado.

  • No es una validación posterior a decisiones ya tomadas.

  • No se realiza con actores no reconocidos por los pueblos.

Cuando estos errores ocurren, la consulta se vuelve ilegítima, y puede ser anulada por tribunales nacionales o internacionales, como ha ocurrido en múltiples países de América Latina.

Incorporar estos elementos en el diseño de un protocolo de consulta no es solo una exigencia legal: es una forma de respeto a la dignidad, la historia y el derecho colectivo de los pueblos indígenas a decidir sobre su presente y su futuro.

Consulta indígena y defensa de los bienes comunes: un cierre necesario

La discusión sobre el Protocolo de Consulta Indígena no puede limitarse a un debate técnico o administrativo. En el fondo, lo que está en juego es el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios, su cultura, su futuro y sus bienes comunes.

Los territorios indígenas albergan ríos, bosques, suelos, semillas, saberes, formas de vida y espiritualidades que no pueden ser reducidos a mercancías o “recursos naturales”. Son bienes comunes, es decir, espacios de vida colectiva que han sido cuidados y gobernados por generaciones de pueblos originarios.

Cuando se niega una consulta legítima y vinculante, no solo se violan derechos humanos, sino que también se debilitan los sistemas de defensa de estos bienes que sostienen la vida en común. En tiempos de crisis climática, extractivismo desenfrenado y mercantilización de la naturaleza, las formas comunitarias de habitar y gobernar el territorio representan alternativas reales y urgentes.

En este sentido, una verdadera consulta indígena no es solo un requisito jurídico: es una herramienta para sostener los bienes comunes frente a los intereses del capital, del mercado y del poder centralizado. Es una expresión concreta de autodeterminación, pero también de cuidado colectivo del planeta.


Frente a una propuesta —tecnocrática, limitada y excluyente—, las voces indígenas y aliadas que defienden una consulta con dignidad no solo reclaman un derecho: están defendiendo las condiciones para que la vida, la diversidad y la justicia sigan siendo posibles.

La forma también decide: la metodología importa

Las metodologías que se eligen para consultar a los pueblos indígenas nunca son inocentes. Cada paso, cada actor convocado (o excluido), cada forma de preguntar o decidir, construye o destruye legitimidad.

Imponer protocolos sin participación real, desde esquemas burocráticos y tecnocráticos, reproduce la lógica colonial de hablar sobre los pueblos, sin hablar con ellos. La forma es fondo.

Por eso, descolonizar este tipo de procesos implica reconocer que la metodología es política. Implica preguntar desde dónde se convoca, a quién se reconoce como interlocutor, con qué tiempos, lenguas, saberes, herramientas.

Cuando no hay vigilancia crítica, estas “consultas” pueden convertirse en herramientas para legitimar la exclusión bajo apariencia de legalidad, profundizando desigualdades históricas en lugar de corregirlas.

Consultas que no transforman, que no redistribuyen poder, que no parten del reconocimiento pleno de los pueblos, no son avances: son simulacros.

La verdadera consulta no es un protocolo escrito.
Es una práctica viva, de diálogo, reconocimiento y justicia.

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¿El fin de los derechos? Una lectura desde el informe global de Amnistía 2025

En abril de 2025, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. El diagnóstico es alarmante: el planeta atraviesa una encrucijada histórica, en la que fuerzas autoritarias, conflictos armados, regresiones democráticas, injusticias sistémicas y la violencia institucional convergen para erosionar décadas de avances.

El Análisis Global del informe señala cómo el sistema internacional basado en derechos se encuentra al borde del colapso. El Consejo de Seguridad de la ONU, paralizado por vetos geopolíticos, ha sido incapaz de frenar genocidios y crímenes de guerra. Gobiernos poderosos no solo ignoran sus obligaciones, sino que activamente socavan los principios del derecho internacional humanitario. La impunidad ha dejado de ser una excepción: es la norma.

Este colapso institucional no ocurre en el vacío: es también la expresión de una lógica más profunda de apropiación y despojo de los bienes comunes. Allí donde fallan los mecanismos de justicia y rendición de cuentas, avanzan los intereses que privatizan el agua, contaminan los ríos, destruyen bosques, controlan datos, militarizan territorios y cercan el conocimiento. La crisis de derechos humanos que denuncia Amnistía es inseparable de una crisis de sentido: la desconexión entre los marcos jurídicos y la defensa concreta de lo que hace posible la vida colectiva. Así, el informe nos invita —más allá del horror— a preguntarnos qué estamos dispuestos a defender como humanidad: no solo derechos individuales, sino los bienes que compartimos y que sostienen toda forma de dignidad.

Pueden descargar el informe aquí. Más información en el sitio web: https://www.amnesty.org/

 

El auge del autoritarismo se traduce en:
  • Represión generalizada de la disidencia y criminalización de defensores de derechos humanos, movimientos feministas, ambientalistas y voces críticas.

  • Restricciones severas a la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica en al menos 21 países.

  • Incremento de leyes que buscan silenciar, etiquetar de “extremistas” o “terroristas” a movimientos sociales y medios de comunicación.

Mientras tanto, la transferencia irresponsable de armas continúa alimentando conflictos atroces en lugares como Sudán, Gaza, Ucrania y Myanmar. Todo ello ocurre con la complicidad de Estados que priorizan beneficios geopolíticos y económicos sobre la vida y la dignidad humana.

Frente a este panorama sombrío, la sociedad civil sigue siendo la primera línea de defensa. Son las comunidades organizadas, las víctimas que se convierten en líderes, y los movimientos globales quienes mantienen viva la llama de los derechos humanos. La pregunta urgente que deja este informe es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para defender esa llama?

Crisis climática y desigualdad: derechos en llamas, justicia en suspenso

La sección climática del informe de Amnistía Internacional es una denuncia directa contra la inacción estatal, la codicia empresarial y la desigualdad histórica. No se trata solo de un problema ambiental: es una crisis multidimensional que agrava la pobreza, el desplazamiento, el hambre y las violencias estructurales.

El informe alerta de que el mundo avanza peligrosamente hacia un calentamiento de 3 °C si no se toman medidas inmediatas. En 2024, se confirmó que la temperatura global media ya había superado los 1.5 °C en comparación con la era preindustrial, y los impactos se hicieron sentir con fuerza:

  • Millones de personas desplazadas por eventos climáticos extremos, en especial en Asia y África.

  • Sequías prolongadas y hambrunas en regiones como Gaza, Sudán y Haití.

  • Incendios sin precedentes en Sudamérica, devastando bosques primarios.

  • Catástrofes múltiples en regiones vulnerables, con infraestructura débil y acceso precario a servicios básicos.

Pero el informe no se limita a los efectos. Amnistía denuncia que muchos Estados siguen subsidiando la industria de los combustibles fósiles, mientras postergan una transición energética justa. Las llamadas “soluciones verdes” como la captura de carbono o la explotación de “minerales críticos” se implementan sin evaluaciones de derechos humanos, provocando nuevos conflictos, especialmente en territorios indígenas.

Los países más responsables históricamente del calentamiento global siguen sin aportar fondos adecuados para adaptación climática, recurriendo a préstamos que endeudan aún más a los países del Sur Global. En 2024, el pago de la deuda en países de bajos ingresos superó los presupuestos de salud y educación.

A pesar del panorama desolador, el informe destaca acciones clave de resistencia:

  • Litigios climáticos exitosos en Europa, donde tribunales han declarado la responsabilidad de Estados por no reducir emisiones.

  • Movilización global por justicia climática, liderada por jóvenes, comunidades indígenas y activistas del Sur.

  • Procesos multilaterales, como la opinión consultiva en curso de la Corte Internacional de Justicia, impulsada por estudiantes de Vanuatu, que podrían establecer precedentes históricos.

La justicia climática no es una demanda ambientalista: es una cuestión de derechos humanos. Y el tiempo para actuar —con coraje, redistribución y escucha a las comunidades en resistencia— es ahora.

Centroamérica: fragmentos de crisis, territorios de resistencia

Aunque el informe 2025 de Amnistía Internacional no incluye una sección específica para Centroamérica, el Análisis Global proporciona elementos suficientes para una lectura situada y urgente de lo que ocurre en la región. Centroamérica encarna muchas de las tendencias que el informe denuncia a escala mundial: autoritarismo creciente, impunidad estructural, crisis migratoria, extractivismo sin control y retrocesos en derechos humanos, especialmente de mujeres, pueblos indígenas, juventudes y comunidades rurales.

Autoritarismo, persecución y cierre del espacio cívico

La región ha sido escenario de un desmantelamiento sistemático de la institucionalidad democrática y del espacio de participación social. En Nicaragua, el régimen ha perseguido, encarcelado o forzado al exilio a activistas, periodistas, religiosos y defensoras de derechos humanos, mientras cancela la personalidad jurídica de centenares de organizaciones. En El Salvador, el uso del régimen de excepción ha resultado en detenciones masivas y denuncias de tortura, en un contexto de militarización creciente. En Guatemala, las recientes elecciones mostraron tanto la esperanza popular de cambio como la reacción violenta de redes corruptas enquistadas en el aparato judicial.

Migración forzada y criminalización de personas en tránsito

El informe denuncia cómo la migración irregular ha sido utilizada como pretexto para políticas cada vez más punitivas. Centroamérica no es solo región de tránsito, sino también epicentro de desplazamientos forzados causados por violencia, pobreza estructural y crisis climática. Gobiernos como los de Estados Unidos y México aplican medidas que violan sistemáticamente el derecho de asilo y exponen a las personas migrantes a redes de trata, extorsión y violencia sexual. En Honduras, Guatemala y El Salvador, las personas retornadas enfrentan estigmatización, exclusión y falta de políticas de reintegración digna.

Extractivismo, despojo y criminalización ambiental

Los megaproyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y agroindustriales continúan avanzando sin consulta previa ni consentimiento de las comunidades afectadas. Los pueblos indígenas y defensores ambientales enfrentan persecución, amenazas e incluso asesinatos, como lo evidencia la criminalización sistemática en territorios lenca, garífuna y bribri. El informe advierte cómo esta lógica —impulsada por intereses corporativos y tolerada por Estados— genera desplazamientos, rompe tejidos comunitarios y profundiza desigualdades históricas.

Vulnerabilidad climática estructural

Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, a pesar de ser responsable de una ínfima parte de las emisiones globales. Huracanes, sequías prolongadas, erosión costera y pérdida de biodiversidad afectan gravemente la seguridad alimentaria, el acceso al agua y los derechos territoriales. La ausencia de políticas de adaptación con enfoque de derechos, y la continuidad de modelos de desarrollo extractivistas, agudizan la precariedad.

Gaza: genocidio en tiempo real, humanidad en suspenso

El informe 2025 de Amnistía Internacional no deja lugar a ambigüedades: lo ocurrido en Gaza durante 2024 constituye un genocidio. La organización documenta con firmeza que las acciones de Israel —apoyadas abiertamente por Estados Unidos, Alemania y otros gobiernos europeos— provocaron la muerte de miles de personas palestinas, la destrucción sistemática de infraestructura civil y el desplazamiento forzado de más de un millón de personas.

Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y la toma de más de 250 rehenes, Israel desató una ofensiva militar de escala devastadora. El informe detalla cómo se ejecutaron ataques directos contra hospitales, escuelas, viviendas y refugios, en una estrategia deliberada de castigo colectivo que viola de forma flagrante el derecho internacional humanitario. Las mujeres embarazadas, lactantes, personas mayores, niños y niñas enfrentaron condiciones inhumanas, sin acceso a alimentos, agua ni atención médica.

En paralelo, el régimen de apartheid y ocupación en Cisjordania se volvió más violento, con un aumento de las detenciones arbitrarias, asesinatos y ataques de colonos israelíes protegidos por el Estado. Esta dinámica —sostiene Amnistía— refleja no solo una política de ocupación prolongada, sino un sistema diseñado para deshumanizar y eliminar al pueblo palestino.

Silencios cómplices, resistencias éticas

El informe también señala con dureza la complicidad activa de gobiernos occidentales, en particular el abuso del veto por parte de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Solo el 25 de marzo de 2024 se logró aprobar una resolución para un alto el fuego, que además fue debilitada por declaraciones de que no era vinculante.

En contraste, la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, junto con las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra líderes de Israel y Hamás, marcan un momento crucial: la posibilidad de que la justicia internacional sea más que una promesa selectiva. Sin embargo, algunos países han reaccionado con hostilidad ante estas acciones, lo que evidencia el doble rasero con el que se trata la legalidad internacional cuando afecta a aliados estratégicos.

Mientras los Estados titubean o justifican, la sociedad civil global ha alzado la voz con fuerza. En universidades, sindicatos, redes de solidaridad, organizaciones de derechos humanos y barrios enteros, se ha gritado por un alto al fuego, por justicia, por humanidad. Esa resistencia también ha sido reprimida, etiquetada de “terrorista”, censurada y criminalizada.

Gaza nos interpela a todos

La historia de Gaza no es solo una tragedia lejana. Es un espejo doloroso del tipo de mundo que estamos permitiendo: uno en el que el cálculo geopolítico vale más que una vida humana, donde la impunidad de unos convive con la criminalización de otros, y donde el derecho internacional se aplica como privilegio, no como principio.

Difundir lo que ocurre en Gaza, escuchar a quienes resisten desde allí, y actuar frente a nuestras propias estructuras de poder y silencio es una tarea ética ineludible. Como dice el informe: “2024 nos deshumanizó”. La pregunta es si 2025 marcará el inicio de una restauración de esa humanidad o el umbral de su colapso definitivo.

De los derechos negados a los bienes comunes defendidos

El informe 2025 de Amnistía Internacional nos enfrenta a una verdad incómoda: el mundo que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, con sus promesas de justicia, dignidad y derechos universales, está siendo desmantelado pieza por pieza. El autoritarismo, la lógica de guerra, el extractivismo corporativo y la exclusión sistemática han vuelto a ocupar el centro de la escena internacional. Pero esta crisis no es solo legal o política: es también una disputa por el sentido común de lo común.

En cada página del informe resuenan no solo los derechos que se vulneran, sino también los bienes que se destruyen o privatizan: el agua, los territorios, los saberes colectivos, el conocimiento, los cuerpos, la salud, los bosques, el aire, el clima. Bienes que deberían ser protegidos por todos y para todos, pero que hoy están sometidos al despojo por intereses privados, lógicas de acumulación y pactos de impunidad entre poderes estatales y económicos.

Hablar de bienes comunes es, entonces, hablar de otra forma de entender los derechos humanos: no como garantías individuales que se gestionan desde arriba, sino como tejidos sociales, ecológicos y culturales que se defienden desde abajo. Es recordar que el derecho a un medioambiente sano no se agota en protocolos internacionales, sino que se vive en el acceso al agua limpia, en la soberanía alimentaria, en la defensa de los territorios ancestrales. Que el derecho a la educación y a la información no es compatible con monopolios tecnológicos ni plataformas que censuran contenidos vitales. Que la libertad de expresión no florece sin comunidades vivas, organizadas y conectadas por vínculos solidarios.

Frente a un mundo que naturaliza el saqueo y despolitiza el dolor, los bienes comunes emergen como horizonte ético y político. Un horizonte que no se decreta desde los tratados, sino que se construye con luchas locales, con resistencias comunitarias, con redes globales de solidaridad.

La conclusión del informe es clara: resistir ya no es solo un derecho, es una necesidad urgente y legítima. Pero resistir también implica imaginar y crear. Crear nuevas formas de justicia, nuevas formas de convivencia, nuevas instituciones al servicio de la vida y no del lucro.

Gaza, Centroamérica, el clima, la censura, los pueblos indígenas, los migrantes, las mujeres, las juventudes: todos esos fragmentos que el informe pone sobre la mesa no son solo zonas de dolor, son también territorios de posibilidad.

Hoy más que nunca, los derechos humanos no deben ser un lenguaje técnico para abogados o diplomáticos, sino una herramienta viva para defender los bienes que nos sostienen y los vínculos que nos hacen humanos.

Derechos en crisis: lo que dicen los números
TemaDato clave¿Quién lo dice? / ¿Qué implica?
Gaza y genocidio+1 millón de personas palestinas desplazadas forzosamentePor bombardeos y destrucción sistemática en Gaza
 Miles de civiles palestinos asesinados en 2024Amnistía califica estos hechos como genocidio
Conflictos armados20+ países con crímenes de guerra documentadosIncluye Ucrania, Sudán, Myanmar, Etiopía, Siria, entre otros
Desplazamiento forzado global110 millones de personas desplazadas en 2024Cifra récord mundial; mezcla de pobreza, violencia y crisis climática
Libertad de prensa124 periodistas asesinados en 20242/3 de las víctimas eran palestinas, muertas por ataques de Israel
Crisis climática1.5 °C de aumento promedio global en 2024Primer año completo en que se supera ese umbral
 3 °C proyección de aumento para finales de sigloSegún datos citados por el PNUMA
Pobreza y desigualdadSe frenó casi completamente la reducción de la pobreza globalSegún el Banco Mundial; riesgo de una “década perdida” (2020–2030)
Derechos de mujeres1 femicidio cada 33 horas en Argentina en 2024Dato nacional destacado dentro del análisis regional
Libertades civiles21 países con leyes que restringen la libertad de expresiónIncluye desde Afganistán hasta Alemania, India y Tayikistán
Personas LGBTI6 países europeos legalizaron o ampliaron derechos LGBTI en 2024Entre ellos: Tailandia, Grecia, República Checa
 Al menos 4 países africanos reforzaron leyes anti-LGBTIGhana, Malí, Malawi, Uganda
Rendición de cuentas6 órdenes de detención de la CPI contra líderes israelíes, de Hamás y de LibiaEmitidas en 2024 por crímenes de guerra y lesa humanidad
Desinformación digital / censuraMeta y TikTok eliminaron contenidos sobre aborto en EE. UU.Parte de una ofensiva digital contra derechos sexuales y reproductivos
Regulación tecnológica0 tratados vinculantes sobre IA o vigilancia aprobados globalmenteAvances mínimos; predominan “códigos voluntarios”
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COMUNICADO DE PRENSA – Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada

Compartimos el siguiente comunicado de prensa emitido por la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE), en el que se hace un llamado urgente a la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ante graves amenazas ambientales y legales que ponen en riesgo este Sitio Ramsar de vital importancia para el Caribe Sur de Costa Rica.

COMUNICADO DE PRENSA

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada


San José, Costa Rica – 30 de mayo de 2025


En el corazón del Caribe Sur de Costa Rica, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se alza como un bastión de biodiversidad, reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar 783 por su invaluable riqueza ecológica. Este santuario de humedales, manglares, bosques costeros y hábitats esenciales para especies como el manatí y las tortugas marinas está en peligro. Hoy, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) lanza un llamado vibrante y esperanzador a la acción colectiva para proteger este tesoro natural, frente a decisiones estatales cuestionables, desarrollos turísticos mal regulados y omisiones legales que amenazan su integridad.

Un paraíso en riesgo, una lucha por la justicia ambiental

Gandoca-Manzanillo no es solo un refugio natural; es un símbolo de la conexión profunda entre la vida, la cultura y el equilibrio ecológico. Sin embargo, en los últimos años, una tendencia alarmante ha puesto en jaque su futuro: la priorización de intereses inmobiliarios privados sobre el bienestar colectivo y la conservación ambiental. Más de 500 permisos de construcción otorgados en zonas protegidas, la titulación irregular de tierras del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y la emisión de directrices gubernamentales, como la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente, que redujo arbitrariamente más del 40% del área reconocida como humedal, son pruebas de una gobernanza ambiental deficiente.

Estas acciones no solo contradicen la legislación nacional, incluyendo sentencias de la Sala Constitucional, sino que también violan los compromisos internacionales de Costa Rica como Estado Parte de la Convención Ramsar desde 1991. La certificación arbitraria del PNE en la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca en 2017 y la falta de fiscalización efectiva han permitido la fragmentación de este ecosistema vital, transformando un bien público en mercancía para proyectos turísticos y residenciales.

La voz de la sociedad civil: un compromiso con el futuro

La ADE, en un acto de valentía y compromiso, presentó el 25 de mayo de 2025 una denuncia contundente ante la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República, exigiendo la restauración del orden jurídico y la protección del Sitio Ramsar 783. Este pronunciamiento no es solo una crítica; es una propuesta de esperanza y acción. Entre las medidas solicitadas destacan:

• Anulación inmediata de los permisos de uso de suelo y construcción que contravienen la legislación ambiental.
• Recuperación de 188 hectáreas de bosque y humedales desafectadas, en cumplimiento de la sentencia constitucional 2019-012745.
• Reversión de títulos de propiedad otorgados ilegalmente, con la intervención del Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
• Investigación y sanción a los funcionarios responsables de decisiones arbitrarias, incluyendo al exdirector regional del ACLAC y al actual Ministro de Ambiente.
• Incorporación del informe técnico SINAC-ACC-OT-OF-698-2021 al Inventario Nacional de Humedales para proteger la integridad ecológica del refugio.
• Intervención de la Convención Ramsar, solicitando la posible inclusión de Gandoca-Manzanillo en el Registro de Montreux para activar mecanismos internacionales de conservación.
• Protección para los defensores ambientales, garantizando su seguridad frente a posibles represalias.
Estas demandas no solo buscan reparar el daño causado, sino también sentar un precedente para una gestión ambiental transparente, participativa y comprometida con los derechos humanos y el bien común.

El valor de Gandoca-Manzanillo: más que un refugio, un legado
El Sitio Ramsar 783 es un pilar ecológico global. Sus humedales regulan el clima, sus manglares protegen las costas y sus bosques costeros son hogar de especies amenazadas. Pero más allá de su valor ecológico, Gandoca-Manzanillo es un espacio de vida para comunidades locales, especialmente afrodescendientes e indígenas, cuyos derechos y formas de vida son ignorados frente a la especulación inmobiliaria. La transformación de estos territorios en oportunidades de mercado no solo destruye ecosistemas, sino que desplaza culturas y compromete el futuro de las próximas generaciones.

Un llamado a la acción: el poder de la unidad

La lucha por Gandoca-Manzanillo es un reflejo de un desafío mayor: la tensión entre el desarrollo extractivista y el respeto por la vida. La AEL invita a la ciudadanía, organizaciones, medios de comunicación y autoridades a unirse a esta causa. La sociedad civil organizada es la conciencia crítica que recuerda al Estado su deber de proteger el patrimonio natural y los derechos de todos. Juntos, podemos revertir el daño, fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar que Gandoca-Manzanillo siga siendo un santuario de vida para las generaciones futuras.

El impacto de la desprotección

• Permisos irregulares: Más de 500 permisos de construcción en humedales, manglares y zonas de anidación de tortugas, en violación de la Convención Ramsar.
• Titulación ilegal: Propiedades del PNE parceladas y vendidas para proyectos turísticos, despojando al país de su patrimonio natural.
• Reducción arbitraria de humedales: La Directriz 09-2023 eliminó más del 40% del área reconocida como humedal, sin sustento técnico.
• Desplazamiento de comunidades: Comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan presiones por la especulación inmobiliaria, perdiendo su vínculo con el territorio.
• Falta de fiscalización: Entidades como SINAC y la Municipalidad de Talamanca han fallado en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

¿Qué significa ser un Sitio Ramsar?

Ser parte de la Convención Ramsar implica un compromiso global con la conservación de humedales, ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio climático. Gandoca-Manzanillo, como Sitio Ramsar 783, es un legado que Costa Rica debe proteger, no solo por su valor nacional, sino por su importancia para el mundo. La posible inclusión en el Registro de Montreux sería un paso hacia la cooperación internacional para salvar este refugio.

Únase a la defensa de Gandoca-Manzanillo

La AEL llama a todos los sectores de la sociedad a respaldar esta lucha. Cada voz cuenta, cada acción importa. Juntos, podemos proteger Gandoca-Manzanillo y construir un futuro donde el equilibrio ecológico y la justicia ambiental sean la prioridad. Para más información, contáctenos en machore@gmail.com o síganos en nuestras redes sociales.

Por un Caribe Sur vivo, por un Costa Rica sostenible.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

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Oxfam alerta: la justicia de género está en riesgo ante el avance de los movimientos antiderechos

A 30 años de Beijing, Oxfam alerta: el contrato social está en juego

En marzo de 2025, Oxfam lanzó un informe contundente que analiza el incumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Treinta años después, el panorama es alarmante: no se ha cumplido ni uno solo de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 sobre igualdad de género. El retroceso es evidente, y no solo por falta de voluntad política: la desigualdad estructural, el auge de movimientos antiderechos y un sistema económico extractivista están en el centro del problema.

Los hallazgos clave
  • Desigualdad estructural persistente: Las mujeres y personas LGTBQIA+ continúan enfrentando sistemas patriarcales y racistas que limitan su autonomía corporal, acceso a la salud sexual y reproductiva, y participación equitativa en la vida pública.

  • Retrocesos legislativos y violencia institucionalizada: Desde el resurgimiento de políticas como la «Ley Mordaza Global» hasta el debilitamiento del financiamiento a organizaciones feministas, los derechos conquistados están en riesgo.

  • Crisis y austeridad como excusa: La reducción del gasto público, el aumento de la deuda y las políticas de austeridad están erosionando los sistemas de protección social, afectando particularmente a las mujeres pobres y racializadas.

  • Trabajo de cuidados invisibilizado y no remunerado: Las mujeres continúan subvencionando la economía global con 12.500 millones de horas diarias de trabajo no remunerado, una situación que perpetúa la desigualdad.

  • Amenazas digitales y narrativas conservadoras: Las redes sociales se han convertido en campo fértil para difundir discursos antiderechos, promoviendo la radicalización y normalizando la discriminación.

¿Y ahora qué?

El informe propone cuatro líneas de acción urgentes:

Reconstruir un contrato social feminista, con políticas públicas centradas en la redistribución del poder y los recursos.

Reconocer los cuidados como un derecho y un bien público, no como una carga impuesta a las mujeres.

Garantizar derechos sexuales y reproductivos universales, incluyendo el aborto seguro y el acceso a servicios integrales de salud.

Financiar y proteger a los movimientos feministas y queer, reconociendo su rol clave en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

El desafío democrático

La consolidación de movimientos antiderechos amenaza con quebrar el contrato social entre los Estados y la ciudadanía. Esta ofensiva busca apropiarse del lenguaje de los derechos para avanzar agendas excluyentes. En este contexto, defender la igualdad de género no es un tema sectorial, es una cuestión central para la salud de nuestras democracias.

Democracia tenemos que hablar… porque sin igualdad de género, sin justicia reproductiva y sin respeto a la diversidad, la democracia se convierte en una promesa vacía.

Pueden descargar el informe aquí.

Para más información pueden visitar: https://www.oxfam.org/

Conceptos clave del informe «De lo personal al poder de lo colectivo» (Oxfam, 2025)

ConceptoDefinición / Explicación
Justicia de géneroProceso transformador que busca eliminar las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y personas LGTBQIA+, garantizando derechos, redistribución de recursos y autonomía sobre el cuerpo y la vida.
Autonomía corporalDerecho de todas las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, sin coerción, violencia ni discriminación.
Movimientos antiderechosConjunto de actores políticos, religiosos y económicos que buscan restringir derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad de género y diversidad sexual, apelando a valores “tradicionales”.
Contrato socialAcuerdo implícito entre ciudadanía y Estado sobre derechos, deberes y acceso a recursos. El informe plantea reconstruirlo desde una perspectiva feminista, redistributiva e inclusiva.
Cuidados como bien públicoReconocimiento del trabajo de cuidados como una responsabilidad social compartida, no como una carga impuesta a las mujeres. Requiere inversión pública y políticas de redistribución.
Ley Mordaza Global (Global Gag Rule)Política de EE.UU. que prohíbe financiar a organizaciones que ofrezcan información o servicios de aborto, incluso si lo hacen con fondos no estadounidenses. Tiene impacto mundial.
Smart economicsEnfoque que instrumentaliza a las mujeres como medio para alcanzar objetivos de desarrollo económico, sin cuestionar las raíces estructurales de la desigualdad de género.
Educación sexual integral (ESI)Proceso de enseñanza que aborda la sexualidad desde un enfoque científico, laico, de derechos humanos y adecuado a la edad, clave para el ejercicio de la autonomía corporal.
Bienes comunesRecursos y prácticas gestionados colectivamente para la sostenibilidad de la vida (agua, tierra, saberes, cuidados). El acceso y gestión de los comunes tiene un profundo vínculo con la justicia de género.
InterseccionalidadEnfoque que reconoce cómo distintas formas de opresión (género, raza, clase, sexualidad, discapacidad) se entrecruzan y afectan de forma diferenciada a las personas.
¿Qué es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing?

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es uno de los acuerdos más ambiciosos y fundamentales a nivel mundial sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Fue adoptada por 189 gobiernos en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por Naciones Unidas en Beijing, China.

Este documento reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y traza una hoja de ruta para eliminar las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las niñas en todo el mundo.

La Plataforma de Acción se estructura en 12 esferas de especial preocupación, que incluyen:

  • La pobreza de las mujeres

  • El acceso a la educación y la salud

  • La violencia de género

  • La participación política y económica

  • Los derechos sexuales y reproductivos

  • La situación de las niñas, las mujeres indígenas y rurales

Uno de los compromisos más relevantes asumidos en Beijing fue el derecho de todas las mujeres a controlar su salud sexual y reproductiva, incluida su fertilidad, sin coerción ni discriminación. Además, el acuerdo insta a los Estados a tomar medidas urgentes y sostenidas para garantizar la igualdad sustantiva entre los géneros.

A treinta años de su adopción, el informe de Oxfam advierte que ningún país ha cumplido completamente con los compromisos de Beijing, y que los retrocesos actuales, impulsados por movimientos antiderechos y políticas de austeridad, amenazan con desmantelar décadas de avances.

Revisar hoy la Plataforma de Acción de Beijing no es un ejercicio de nostalgia, sino un llamado urgente a reconstruir un contrato social más justo, feminista e inclusivo.

¿Qué son los movimientos antiderechos?

Los llamados movimientos antiderechos son agrupaciones políticas, religiosas y sociales que se oponen a la ampliación y garantía de derechos humanos, en particular aquellos vinculados a la autonomía corporal, la igualdad de género y los derechos de las personas LGTBQIA+. Aunque se presentan bajo la defensa de los «valores tradicionales» o la «familia natural», sus acciones apuntan a restringir libertades fundamentales y revertir conquistas logradas por décadas de lucha feminista, decolonial y por la diversidad sexual.

Estos movimientos no son homogéneos, pero comparten algunas características:

  • Narrativas conservadoras y nacionalistas, que apelan a identidades culturales o religiosas como forma de excluir o perseguir a grupos minoritarios.

  • Financiamiento opaco y transnacional, muchas veces articulado desde redes de poder económico que ven en los derechos una amenaza a sus privilegios.

  • Apropiación del lenguaje de derechos humanos, para presentarse como víctimas de una supuesta «ideología de género» o «colonización cultural», distorsionando los principios democráticos.

  • Ataques coordinados a la educación sexual, los derechos reproductivos y la justicia de género, especialmente en contextos de crisis o retrocesos democráticos.

Lejos de ser fenómenos aislados, estos movimientos actúan de forma articulada en espacios nacionales e internacionales. Como señala el informe de Oxfam, su auge es también síntoma de un debilitamiento del contrato social: aprovechan el desencanto ciudadano, la desigualdad y las crisis para ofrecer soluciones autoritarias, excluyentes y regresivas.

Frente a esto, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad no puede postergarse. Reconocer y nombrar a estos actores como antiderechos es un paso necesario para fortalecer democracias inclusivas, justas y con verdadero pluralismo.

Bienes comunes y justicia de género: una relación inseparable

En la lucha por la justicia de género, hablar de bienes comunes —como el agua, la tierra, los saberes, los cuidados o el conocimiento— es hablar también de redistribución del poder y de resistencia ante el modelo extractivista y patriarcal que domina las decisiones económicas y políticas en gran parte del mundo.

Desde una mirada feminista e interseccional, los bienes comunes no son solo recursos materiales, sino espacios de vida sostenida colectivamente, donde se disputa quién cuida, quién decide, quién accede y quién se beneficia.

¿Por qué es esto clave para la justicia de género?

Las mujeres sostienen históricamente los comunes: ya sea gestionando el agua en comunidades rurales, cuidando de otras personas en redes barriales, o transmitiendo conocimientos ancestrales, las mujeres —y en particular las mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes— han sido las principales defensoras y reproductoras de los bienes comunes.

El trabajo de cuidados es un común invisibilizado: la economía global depende del trabajo de cuidados no remunerado, que recae mayoritariamente en mujeres. Reconocer este trabajo como un bien común esencial implica democratizar su gestión, redistribuir responsabilidades y garantizar servicios públicos de calidad.

El despojo de bienes comunes refuerza las desigualdades: la privatización de territorios, semillas, cuerpos de agua o sistemas de salud golpea de forma más dura a las mujeres y disidencias, al reducir su autonomía, su salud y su capacidad de acción colectiva.

La defensa de los comunes es una estrategia política feminista: frente a la mercantilización de la vida, las luchas feministas por el derecho al aborto, el acceso a la tierra, el agua, la educación sexual integral y los sistemas comunitarios de cuidados, son también luchas por el reconocimiento, la sostenibilidad y la gobernanza democrática de los comunes.

Reimaginar el contrato social desde los cuidados y los comunes

El informe de Oxfam plantea que construir un nuevo contrato social implica reconocer los cuidados como un bien público y redistribuir el poder y los recursos. Esta perspectiva se alinea con las propuestas feministas que defienden la reapropiación de los bienes comunes como condición para una vida digna y sostenible, donde la justicia de género no sea una promesa, sino una práctica concreta.

Pueden descargar la infografía aquí.

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Esta nota forma parte de la sección “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Malcolm X: pensar la libertad desde el antirracismo y lo común

Cada 19 de mayo, al conmemorar el natalicio de Malcolm X, no solo recordamos a un líder afroamericano, sino a un pensador radical que entendió que la lucha contra el racismo en Estados Unidos estaba íntimamente conectada con los procesos globales de descolonización. Malcolm X amplió el horizonte del movimiento por los derechos civiles al vincularlo con las luchas de liberación en África, Asia y América Latina, mostrando que el racismo estructural es parte de un sistema colonial aún vigente, sostenido por el capitalismo, el imperialismo y el despojo.

Malcolm X denunció que el colonialismo no solo operaba en territorios formalmente ocupados, sino también en las estructuras sociales, económicas y culturales que perpetúan la subordinación de los pueblos racializados. Su mirada descolonial desnudó cómo las leyes, los medios y el aparato económico servían para mantener la desigualdad, legitimando el saqueo de recursos, el silenciamiento de las voces subalternas y la negación de derechos básicos.

En esta clave, la descolonización no era para él solo un proceso político, sino una transformación profunda de la conciencia, de las relaciones de poder y de los modos de organización social. Esta visión resuena hoy en las luchas por los bienes comunes, entendidos como aquello que pertenece a todos y todas por derecho colectivo: la tierra, el agua, el conocimiento, la salud, la educación, la memoria, el territorio y la vida misma.

Releer a Malcolm X desde América Latina nos interpela a cuestionar las formas coloniales que aún estructuran nuestras sociedades: el racismo ambiental, el extractivismo, la militarización de territorios indígenas y afrodescendientes, o la mercantilización de derechos. Defender los bienes comunes hoy es continuar el legado de Malcolm X: resistir al poder que divide, explota y jerarquiza, y afirmar en cambio la dignidad, la comunidad y la autodeterminación de los pueblos.

Más allá del prejuicio: el racismo como sistema de poder

El racismo estructural no se limita a actitudes individuales de prejuicio o discriminación; es un entramado de relaciones de poder que se ha naturalizado en las instituciones y que reproduce la desigualdad de forma sistemática. A través de leyes que criminalizan a las personas racializadas, medios que refuerzan estereotipos de inferioridad y un aparato económico que concentra riqueza mediante el despojo y la explotación, se perpetúa un orden social jerárquico heredado del colonialismo. Este sistema no solo margina a ciertos cuerpos y culturas, sino que también legitima el saqueo de territorios, el desmantelamiento de derechos colectivos y la invisibilización de las voces que resisten. Malcolm X denunció esta arquitectura de la opresión, revelando que no basta con modificar normas superficiales: es necesario desmantelar las bases estructurales del racismo para construir una sociedad verdaderamente justa.

Conceptos claves en su pensamiento y práctica

1. Racismo estructural:
Para Malcolm X, el racismo no era una cuestión de actitudes personales, sino un sistema organizado de poder que opera a través de las instituciones —leyes, educación, medios, economía— y que perpetúa la desigualdad racial de forma sistemática.

2. Descolonización:
Más allá de la independencia formal de los países, Malcolm X entendía la descolonización como un proceso integral de liberación política, económica y cultural frente al dominio imperialista y racista, tanto en el Sur global como dentro de Estados Unidos.

3. Autodeterminación:
Reivindicó el derecho de los pueblos —incluidos los afroamericanos— a definir su propio destino, organizarse políticamente y rechazar la imposición de modelos ajenos, como vía para reconstruir dignidad y soberanía colectiva.

 

4. Conciencia racial:
Malcolm X promovió una conciencia crítica sobre la historia y la identidad afrodescendiente, como herramienta de emancipación frente a la alienación y el racismo internalizado impuestos por el colonialismo y la cultura dominante.

5. Internacionalismo negro:
Su visión conectó las luchas locales de los afroamericanos con los procesos de liberación en África, Asia y América Latina, planteando una solidaridad anticolonialista y antirracista de alcance global.

6. Crítica al capitalismo:
Malcolm X señaló que el capitalismo se beneficia de la explotación racial y que la justicia racial solo es posible si se confrontan las estructuras económicas que sostienen la desigualdad.

Te invitamos a explorar la infografía adjunta, donde sintetizamos algunas de las ideas centrales del pensamiento de Malcolm X sobre el racismo estructural, el colonialismo y la necesidad de una transformación profunda de las sociedades. A través de sus palabras y su legado, buscamos abrir reflexiones sobre cómo estas luchas siguen vivas hoy en la defensa de los bienes comunes y en la resistencia de los pueblos frente a las múltiples formas de opresión.

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Leer la realidad en el aula: una herramienta para educar con sentido y transformar el mundo – Nuevo cuaderno metodológico

En tiempos marcados por el desencanto, las desigualdades y el vaciamiento de sentido en muchos espacios educativos, este cuaderno metodológico llega como una invitación urgente y poderosa: leer la realidad para no enseñarla en silencio.

📘 Leer la realidad en el aula, parte de la serie Huellas Cimarronas, es mucho más que un recurso didáctico: es una propuesta pedagógica viva que coloca en el centro la experiencia, el cuerpo, el conflicto, el territorio y la palabra. Inspirado en el pensamiento de Paulo Freire y nutrido por la práctica crítica de educadores como Miguel Escobar Guerrero y Merary Vieyra Carmona en la UNAM, este material propone una pedagogía ética, afectiva y situada.

🔍 ¿Qué encontrarás en este cuaderno?

  • Una guía metodológica para trabajar con docentes, estudiantes y comunidades desde la experiencia cotidiana.

  • Claves para mirar el aula como un territorio político y afectivo, donde las tensiones se convierten en oportunidades pedagógicas.

  • Módulos prácticos sobre escucha activa, conflicto, diálogo de saberes y acción transformadora.

  • Un glosario con conceptos clave como pedagogía afectiva, cultura del silencio, racionalidad inconsciente y digna rabia.

  • Actividades concretas para leer el contexto desde el aula y actuar colectivamente para transformarlo.

💡 Aportes destacados
Este cuaderno rescata la lectura de la realidad como un proceso colectivo, crítico y creativo, y propone herramientas como dramatizaciones (RAPS), entrevistas comunitarias, mapas afectivos y diseños pedagógicos basados en conflictos reales del entorno. Además, articula pensamiento freiriano, psicoanálisis social y saberes comunitarios, proponiendo una pedagogía afectiva que vincula deseo, afecto y acción colectiva.

🌱 Este material está dirigido a docentes, colectivos pedagógicos, estudiantes, educadorxs populares y comunidades organizadas que creen en la educación como un acto de esperanza y resistencia.

🔗 Léelo, compártelo, siémbralo en tu práctica educativa.
Transformar el aula es empezar a transformar el mundo.