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Justicia para las petroleras, castigo para los pueblos: el peligroso precedente contra Greenpeace y el pueblo sioux

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El fallo judicial que condena a Greenpeace a pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer (ET) por supuestamente haber instigado las protestas contra el oleoducto Dakota Access (ver mapa 1) es un ataque directo a la libertad de expresión y a la defensa del medioambiente. Más que una sentencia aislada, este caso forma parte de una estrategia sistemática para criminalizar la protesta social y debilitar la resistencia indígena frente al avance de las industrias extractivas.

La demanda contra Greenpeace ha sido denunciada como un caso de SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública) o demanda mordaza, un mecanismo legal utilizado por corporaciones y actores poderosos para asfixiar financieramente a sus opositores mediante litigios costosos y prolongados. Su propósito no es necesariamente ganar en tribunales, sino generar miedo, censurar la disidencia y desgastar a quienes denuncian injusticias.

Colonialismo y racismo en la narrativa judicial

Más allá de la criminalización de Greenpeace, lo verdaderamente alarmante es el discurso implícito en este fallo: el pueblo sioux de Standing Rock es presentado como un actor secundario, carente de agencia propia y fácilmente manipulable por organizaciones externas. Esta narrativa colonial y racista se enmarca en una larga tradición de despojo y deslegitimación de las luchas indígenas, donde las comunidades que defienden sus territorios son vistas como obstáculos al «progreso» y no como sujetos políticos con derechos y autonomía.

En este caso, las protestas de Standing Rock, que denunciaban la construcción de un oleoducto sobre tierras sagradas y la amenaza a su suministro de agua, fueron presentadas como un «pequeño problema local» explotado por Greenpeace para sus propios fines. Este enfoque niega la legitimidad de la resistencia sioux y refuerza la idea de que las poblaciones indígenas solo actúan cuando son influenciadas por terceros, una visión que se remonta a la época colonial y que persiste en los tribunales y en los discursos empresariales.

Un precedente peligroso para los movimientos sociales

La sentencia contra Greenpeace no solo pone en riesgo la existencia de la organización, sino que envía un mensaje claro a activistas y comunidades en resistencia: cualquier forma de apoyo, visibilización o solidaridad con luchas ambientales e indígenas puede ser castigada con el peso completo del sistema legal y económico.

Este caso se suma a una creciente ola de criminalización de los movimientos ambientalistas y de defensa del territorio en todo el mundo. Desde América Latina hasta Norteamérica, activistas han sido perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por desafiar los intereses de las grandes corporaciones extractivas. En muchos casos, los Estados no solo fallan en proteger a estos defensores, sino que se convierten en cómplices al reprimirlos y facilitar el avance de proyectos destructivos.

Frente a este escenario, la respuesta no puede ser la resignación. La lucha del pueblo sioux de Standing Rock fue y sigue siendo un ejemplo de resistencia ante el despojo, y su alianza con grupos ambientalistas y otros movimientos sociales demuestra que la solidaridad es una herramienta poderosa. Sin embargo, es urgente fortalecer los mecanismos de protección para activistas y comunidades, así como denunciar el uso de las leyes para silenciar la protesta.

Si la defensa del agua, la tierra y la vida se convierte en un delito, entonces el verdadero crimen es el modelo económico que pone el beneficio privado por encima del bienestar colectivo. ¿Permitiremos que la justicia siga siendo un instrumento de los poderosos, o exigiremos que responda a las luchas de quienes defienden el planeta?

¿Qué es el oleoducto Dakota Access?

El oleoducto Dakota Access (DAPL, por sus siglas en inglés) es un proyecto de infraestructura energética de aproximadamente 1,886 km de longitud, construido para transportar hasta 570,000 barriles de petróleo al día desde los yacimientos de Bakken, en Dakota del Norte, hasta Illinois, EE.UU.

El oleoducto ha sido altamente controversial porque atraviesa tierras cercanas a la reserva sioux de Standing Rock, poniendo en riesgo el acceso al agua potable y afectando sitios sagrados. A pesar de la resistencia indígena y ambientalista, la obra se completó con el respaldo del gobierno de Donald Trump en 2017, tras haber sido bloqueada temporalmente por la administración de Barack Obama en 2016.

¿Qué es una demanda SLAPP o demanda mordaza?

Una demanda SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) es una demanda judicial utilizada como herramienta de intimidación y censura contra personas o grupos que ejercen su derecho a la libre expresión, especialmente en asuntos de interés público. Su objetivo no es ganar el caso, sino desgastar y silenciar a los demandados mediante procesos legales costosos y prolongados.

Características de una demanda SLAPP:

  • Suele dirigirse contra periodistas, activistas, organizaciones civiles o ciudadanos que denuncian corrupción, abusos o problemáticas sociales.

  • Implica cargos legales infundados o exagerados, como difamación o daño a la reputación.

  • Busca desmotivar la participación pública al generar miedo y costos económicos elevados.

Consecuencias y riesgos:

  • Limita la libertad de expresión y el acceso a la información.

  • Puede tener un efecto disuasorio, desalentando la denuncia de irregularidades.

  • Afecta la democracia al restringir la participación ciudadana en el debate público.

¿Cómo enfrentar una demanda SLAPP?

  • Buscar asesoramiento legal especializado.

  • Hacer visible el caso en medios y redes sociales para generar apoyo público.

  • Impulsar legislación contra el abuso de demandas SLAPP.

Estas demandas son un problema creciente en diversas partes del mundo, por lo que es fundamental conocerlas y denunciarlas para proteger el derecho a la libre expresión y la participación ciudadana.

Referencias:

Agencia EFE. (2025, 19 de marzo). Greenpeace deberá pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer. Swissinfo. Recuperado de https://www.swissinfo.ch/spa/greenpeace-deber%C3%A1-pagar-m%C3%A1s-de-660-millones-de-d%C3%B3lares-a-la-empresa-energy-transfer/89036958

Elbein, S. (2016, 17 de noviembre). EE.UU.: la estrategia sioux y la determinante decisión sobre el oleoducto Dakota Access. Mongabay. Recuperado de https://es.mongabay.com/2016/11/ee-uu-la-estrategia-siux-la-determinante-decision-oleoducto-dakota-access/

EntrePueblos. (s.f.). Protesta y resistencia Sioux a oleoducto en Dakota del Norte. Recuperado el [fecha de acceso], de https://www.entrepueblos.org/news/ddhh-extractivismo-5/

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Injerencia, Privatización y Deuda: Las Amenazas que Acechan a la CCSS

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El foro «Iniciativas Políticas para la Defensa y Fortalecimiento de la Seguridad Social y la CCSS» se llevó a cabo el 14 de marzo de 2025, organizado por el Frente Nacional por la Seguridad Social. El evento abordó el contexto legislativo de los proyectos en corriente legislativa relacionados con la defensa y fortalecimiento de la seguridad social.

Participaron las diputadas Gloria Navas Montero, Paulina María Ramírez Portuguez y Rocío Alfaro Molina, junto a una importante representación de organizaciones sociales. Durante el foro, se discutieron los desafíos actuales de la CCSS, incluyendo el crecimiento de la deuda estatal, la crisis en la atención médica y la injerencia del Poder Ejecutivo en su administración.

Además, se presentaron iniciativas legislativas para fortalecer la seguridad social y se hizo un llamado a la movilización ciudadana en defensa del sistema público de salud.

La Seguridad Social en Riesgo: Un Llamado a la Acción

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es el pilar de nuestro sistema de salud, garante del acceso universal y equitativo a la atención médica. Sin embargo, enfrenta una crisis sin precedentes que amenaza su sostenibilidad y su papel como institución pública.

En este foro, se identificaron graves riesgos que afectan a la CCSS: una creciente deuda estatal que supera los 4,2 billones de colones, intromisión del Poder Ejecutivo en su administración, fuga de especialistas por condiciones laborales precarias y una falta de planificación que debilita su funcionamiento. Además, la sombra de la privatización se cierne sobre la institución, poniendo en peligro el acceso a la salud para miles de costarricenses.

Ante este panorama, la ciudadanía tiene un papel clave. La defensa de la seguridad social requiere que nos informemos, nos organicemos y alcemos la voz para exigir soluciones reales. La salud es un derecho, no un negocio. Si permitimos el debilitamiento de la CCSS, abrimos la puerta a un modelo excluyente donde solo quienes puedan pagar accederán a servicios médicos de calidad.

¿Qué se entendió por Seguridad Social?

Según la discusión en el foro, la seguridad social se entiende como un derecho fundamental que garantiza el acceso público, universal y equitativo a la salud, la protección laboral y las pensiones. Se enfatiza su papel en la estabilidad y el bienestar de la población, asegurando servicios de salud accesibles para todos, independientemente de su condición económica.

También se destaca que la seguridad social no es solo un sistema de atención médica, sino un pilar del Estado social de derecho, que protege a los ciudadanos frente a riesgos como enfermedades, desempleo y vejez. En este contexto, se subraya la necesidad de defender la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como una institución clave para garantizar este derecho.

¿Qué pasa con la presidencia ejecutiva?

En el foro se abordó el impacto negativo de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS en la institución y la necesidad de su eliminación. Se argumentó que:

  • Eliminación de la Presidencia Ejecutiva: Se propone un proyecto de ley para suprimir esta figura y restablecer el modelo original de gobernanza tripartita, en el que la representación incluía al Estado, los trabajadores y los empleadores.

  • Consecuencias de la injerencia política: Se señala que la Presidencia Ejecutiva ha facilitado la intervención del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones, priorizando intereses políticos sobre criterios técnicos.

  • Apoyo legislativo a la eliminación: Se menciona que el proyecto ha sido dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales y ha recibido respaldo de la mayoría de las fracciones legislativas.

  • Impacto en la autonomía institucional: Se critica que la existencia de esta figura ha debilitado la autonomía de la CCSS, favoreciendo decisiones que no responden a las necesidades reales de la seguridad social.

En términos generales, la discusión en el foro destacó que la Presidencia Ejecutiva es percibida como un mecanismo de control político que ha afectado la gobernanza de la CCSS, y que su eliminación permitiría recuperar la independencia y estabilidad de la institución.

🚨 Las amenazas que enfrenta la CCSS

En un foro reciente sobre seguridad social, se identificaron graves riesgos que afectan el futuro de la CCSS:

🔴 Crecimiento de la deuda estatal: El Estado debe más de 4,2 billones de colones a la CCSS, comprometiendo su operatividad.
🔴 Intromisión del Poder Ejecutivo: Se ha denunciado una interferencia política en la Junta Directiva, debilitando la toma de decisiones técnicas.
🔴 Fuga de especialistas y crisis laboral: Condiciones laborales precarias y sueldos no competitivos están provocando la salida de profesionales de la salud.
🔴 Privatización encubierta: Se teme que el debilitamiento de la CCSS busque favorecer a la medicina privada, afectando el acceso universal a la salud.
🔴 Deficiencias en la planificación: Falta una estrategia clara para fortalecer el sistema de salud y garantizar su sostenibilidad.
🔴 Desinformación y manipulación: Existen campañas mediáticas que buscan desacreditar la CCSS para justificar su debilitamiento.

El papel de la ciudadanía en la defensa de la CCSS

Frente a estas amenazas, la ciudadanía tiene un papel fundamental en la defensa de la seguridad social:

✔ Informarse y generar conciencia sobre la situación de la CCSS.
✔ Organizarse y movilizarse en sindicatos, juntas de salud y movimientos sociales.
✔ Denunciar intentos de privatización y exigir soluciones reales.
✔ Fiscalizar a las autoridades para evitar decisiones que perjudiquen a la CCSS.

Desafíos para una agenda común para abordar la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):

  • Planificación y fortalecimiento del primer nivel de atención: Se resalta la necesidad de una planificación adecuada para atraer, formar y retener a los mejores profesionales de la salud en todos los niveles de la institución.

  • Dignificación del trabajo y salarios justos: Se subraya la importancia de garantizar condiciones laborales dignas y salarios adecuados para el personal de salud.

  • Universalización de las pensiones: Se plantea la necesidad de ampliar las modalidades de aseguramiento para jóvenes sin un empleador formal, dado que el esquema actual para trabajadores independientes resulta inequitativo.

  • Reforma a la gobernanza de la CCSS: Se propone eliminar la figura de la presidencia ejecutiva y restablecer el modelo tripartito original, asegurando una mayor representatividad de la clase trabajadora.

  • Blindaje constitucional de la CCSS: Se sugiere elevar los principios rectores de la institución a rango constitucional, con el objetivo de protegerla ante posibles intentos de desmantelamiento o privatización.

  • Pago de la deuda del Estado con la CCSS: La necesidad de contar con un plan de pago gradual que contemple un porcentaje del PIB anual durante 20 años para saldar la deuda estatal con la institución.

  • Mayor participación ciudadana y movilización social: Se enfatizó la importancia de que la ciudadanía se organice y ejerza presión para la aprobación de estas reformas y la defensa de la seguridad social.

💬 La salud es un derecho, no un negocio. No podemos permitir que destruyan la CCSS en beneficio de unos pocos. Unámonos para proteger el futuro de la seguridad social en Costa Rica.

Les compartimos el video completo del foro para que puedas profundizar en las discusiones y reflexiones.

Para más información pueden visitar el facebook de FRENASS

*Foto de la actividad tomada del Facebook de FRENASS

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Marcha atrás con El Salvador: Conversación sobre la lucha social con Ángel Flores y Luis Rafael Moreira

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En este video, Ángel Flores y Luis Rafael Moreira Flores nos comparten un panorama actual de los movimientos indígenas y sindicales en El Salvador. A través de su testimonio, abordan temas clave como:

✔️ La resistencia contra la reactivación de la minería metálica.
✔️ El impacto del desplazamiento de comunidades y la pérdida de territorios.
✔️ La represión estatal y el miedo bajo el régimen de excepción.
✔️ El retroceso en políticas culturales y derechos indígenas.

Esta conversación es un llamado a la reflexión y a la solidaridad internacional. Mira el video y conoce más sobre esta realidad.

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Megaproyectos, represión y memoria: la otra cara de El Salvador

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En esta entrevista, Ángel Flores, coordinador de la filial Oriente del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, y Rafael Moreira, miembro del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, expusieron la difícil situación que enfrenta El Salvador. Más allá de su imagen turística, el país vive un proceso de represión, criminalización de defensores de derechos humanos y despojo territorial debido a megaproyectos y políticas neoliberales.

Ambos líderes destacan la creciente persecución contra sindicalistas, ambientalistas y trabajadores del arte y la cultura, muchos de los cuales han sido detenidos arbitrariamente. Además, alertan sobre la eliminación de espacios democráticos y el control de los poderes del Estado, lo que ha generado un debilitamiento de la participación ciudadana.

En este contexto, Flores y Moreira subrayan la importancia de la memoria histórica y la resistencia comunitaria como pilares fundamentales en la lucha por la justicia social, la protección del medio ambiente y los derechos laborales. Su llamado es claro: visibilizar las realidades que enfrentan las comunidades y fortalecer la articulación regional e internacional para frenar la opresión y defender los territorios ancestrales.

Les compartimos el Informe Informe de la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador.

*Imagen de Nayib Bukele y Marco Rubio tomada de Facebook Presidencia de la República de El Salvador
*Imagen de protestas tomada de Human Rights Watch
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Hacer ruido es un derecho: la protesta como acto de resistencia

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Advertencia: Ante los hechos vividos este 5 de febrero, recordamos: En una democracia, el derecho a la protesta es una herramienta fundamental para que la ciudadanía exprese su descontento, exija justicia y defienda sus derechos. En Costa Rica, donde la historia ha demostrado el poder de la movilización social, manifestarse no solo es legítimo, sino necesario para frenar retrocesos y visibilizar problemáticas que el gobierno pretende ignorar. Callar ante la injusticia fortalece la impunidad; alzar la voz, en cambio, es un acto de resistencia que mantiene viva la esencia de una sociedad verdaderamente democrática.

Activistas y estudiantes denuncian persecución policial tras marcha e invasión al campus de la UCR

Asistimos este 5 de febrero a la manifestación “Vamos a hacerle ruido al presi” y compartimos el caminar con muchas personas que decidieron ejercer su derecho a la protesta social. En las calles, buscamos recordarle a la sociedad costarricense las tensas líneas que estamos atravesando: la insensibilidad y falta de acción de las autoridades ante el aumento de feminicidios, el despropósito de un Ministerio de Educación que se deslinda de la protección de los derechos humanos de las personas LGTBI+ y, en definitiva, el abandono de una propuesta de educación inclusiva.

En este escenario, nos enfrentamos a un Gobierno Ejecutivo que ningunea la protesta y busca criminalizarla a la menor “oportunidad”, como sucedió con la persona que manejaba la “tumbacocos”. Lejos de desmentir los serios cuestionamientos planteados frente a Casa Presidencial, el gobierno confirmó con sus actitudes y acciones las preocupaciones sobre su deriva autoritaria, que tanto parece acomodar al presidente.

Dejamos este tejido de voces en protesta para que todas las personas que no pudieron asistir tengan de primera mano las principales demandas y cuestionamientos expuestos ante la indiferencia de las autoridades. Porque la protesta social no es solo un acto de resistencia, sino un derecho humano fundamental que permite visibilizar injusticias, exigir cambios y defender la dignidad de todas las personas.

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Desde el Observatorio de Bienes Comunes revindacamos que la protesta social es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, un espacio donde las voces colectivas se unen para exigir justicia y defender derechos. Más que un acto individual, es un bien común que permite visibilizar problemáticas, presionar por cambios y fortalecer el tejido social. Criminalizarla no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que debilita la democracia misma. Protestar es construir un futuro más justo para todas las personas.
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Educación, Diversidad y Bienes Comunes Sociales: Un Llamado a la Inclusión

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El 29 de enero de 2025, el Gobierno de Costa Rica anunció la eliminación de las guías de educación sexual del currículo escolar y la suspensión de la conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, que se celebraba el 17 de mayo. Estas decisiones han generado un debate significativo en la sociedad costarricense.

Las guías de educación sexual, implementadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), estaban diseñadas para educar a los estudiantes sobre relaciones saludables, sexualidad responsable y respeto a la diversidad sexual y de género. Su objetivo era promover una comprensión integral de la sexualidad y fomentar un ambiente inclusivo en las instituciones educativas. En cambio, para la actual administración, estás guías son «Manuales de Erotismo» que promueven la perversión.

El Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, establecido mediante el Decreto Ejecutivo N° 37071-S en 2012, buscaba sensibilizar a la población sobre la discriminación hacia las personas LGBTQ+ y promover acciones para erradicarla. La eliminación de esta conmemoración ha suscitado preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+.

Según la Ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller

“No consideramos pertinente continuar promoviendo la celebración de esta celebración, porque reconocemos a todas las personas, independientemente de sus características, en la dignidad, derechos y deberes” (29 enero 2024).

¿Por qué preocuparnos?

El reciente retiro de las guías de educación sexual y la eliminación del Día Nacional contra la Homofobia en Costa Rica resaltan la importancia de defender los bienes comunes sociales como herramientas clave para construir sociedades más justas e inclusivas. La educación, los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad no deben depender de coyunturas políticas, sino ser pilares fundamentales del bienestar colectivo.

Promover una educación inclusiva y garantizar espacios de respeto y equidad permite combatir la subalternización de comunidades LGBTQ+ y fortalecer la cohesión social. Los bienes comunes sociales —como la educación pública, la cultura y los derechos fundamentales— deben protegerse para garantizar que ninguna minoría quede excluida.

Más que reconocer a la diversidad sexual como una minoría, es esencial comprender cómo ciertas identidades son subalternizadas, es decir, marginadas y excluidas de los espacios de poder y decisión. Sin políticas educativas que fomenten el respeto y la equidad, se perpetúan estructuras de desigualdad.

📌 Descubre nuestra infografía sobre minoría, minoritario y subalternidad, y únete a la conversación por una sociedad más justa e inclusiva.

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Rescate del Río Agualote – Conversamos con Rocío Porras

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Conversamos con Rocío Porras que pertenece a la Comisión de Rescate y Seguimiento del Río Agualote, que nos contextualiza la importancia para Grecia de esta microcuenta y nos habla de todas las labores que han realizado para la protección de este río y los desafíos que tienen la participación comunitaria para el cuido de nuestros bienes comunes naturales.

*Crédito fotografía: Comisión Seguimiento y Rescate Río Agualote , CSRRA Grecia.

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¿12 de octubre? Descolonizar como práctica

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En este mes de octubre, vuelve al calendario la fecha del 12 de octubre de 1942, inicio del proceso de conquista, colonización y genocidio de los diversos territorios y pueblos originarios, que habitaron lo que luego será conocido como el continente «Americano». Esta fecha, ha sido disputada desde el propio inicio de la colonización, recordamos los alegatos y denuncias de Fray Bartolomé de las Casas (1484-1566) , pero también, la resistencia de todos los pueblos originarios ante la expansión e intensificación de las relaciones coloniales, que fueron desde la persecución, hasta el establecimiento de sistemas jurídicos racistas.

Con el paso de los siglos, ha habido un juego de narrativas por justificar esta fecha, desde los alegatos de la modernidad y el progreso, hasta los tibios revisionismos del día de las razas o el encuentro de culturas.

Por esta razón, queremos aprovechar este momento, para invitarles a reflexionar sobre qué debemos mirar desde una perspectiva de descolonización. ¿Valen todos los discursos? ¿A qué dimensiones deberíamos ponerles atención?

Esta infografía se realiza a partir de la lectura de los pueblos zapatistas en resistencia pronunciada en 1995 y de la entrevista realizada a Raúl Zibechi por la Crítica y Resistencias: Revista de conflictos sociales latinoamericanos.

También les compartimos algunos textos de Fray Bartolomé de las Casas:

Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias

Historia de las Indias Tomo 1

Historia de las Indias Tomo 2

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¿De qué hablamos sobre Bienes Comunes? Trayectos y desafíos en Costa Rica

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Los bienes comunes hacen referencia a relaciones de saberes y prácticas con nuestro entorno y comunidad, en muchos casos son experiencias de cientos de años, pero también acciones emergentes en las últimas décadas.

Este concepto pretende dar cuenta de formas y modos de relaciones de cuido y defensa con nuestro entorno y comunidad, las hemos realizado por años y hasta siglos en otros casos, saberes y prácticas que se han acumulado y permitido así, la reproducción material y simbólica de la vida colectiva, humana y no humana.

Ante el avance del despojo a través de las fronteras productivas y la financiarización de la vida, se evidencia un mayor cercamiento de los bienes comunes, podemos identificar dos procesos que se unen; la Mercantilización y el Agotamiento.

El agotamiento lo relacionamos con la sobreexplotación de la naturaleza: la minería metálica y no metálica, la contaminación por el uso de agrotóxicos, el mal manejo de los desechos agroindustriales, industriales, residenciales, y un largo etc…hoy amenazan la existencia de la vida humana y no humana.

Los procesos de mercantilización los vemos reflejados con los procesos de acaparamiento de tierras, la privatización de las semillas, la imposición de megaproyectos hidroeléctricos, turísticos o viales.

En este marco, queremos reflexionar sobre el contexto que atraviesan en el país ¿Cuáles dimensiones nos interpelan? ¿Qué prácticas estamos realizando?

Duración 5 sesiones: 9, 16, 23 y 30 de noviembre y 7 de diciembre.

Horario: 2:00 a 4:30 pm

Lugar: Universidad de Costa Rica. San Pedro, Montes de Oca. Aula por definir.

Para inscripciones

Más información aquí.

 

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Otro ladrillo en el muro: Negociaciones del FEES y política educativa

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Decían los más mayores que no todo lo que brilla es oro, y está máxima la podemos aplicar en el contexto actual del Fondo para la Educación Superior Estatal, que a pesar de las contradicciones expresadas entre el Poder Ejecutivo y CONARE, que produjo el traslado de las negociaciones a la Asamblea Legislativa, decenas de actores emergen como defensores de la educación pública y no guardan palabras para expresar su convencimiento sobre la importancia de esta, sin embargo, ¿estaremos entendiendo la misma educación?

En la práctica de la formulación de la política educativa, y en particular de la educación superior, continua dominando una concepción de una «Universidad Corporativa» caracterizada por varias tendencias que configuran la gestión actual: a) La mercantilización mediante mecanismos de evaluación, b) La estructura de la privatización mediante las patentes, los derechos de autor, “la innovación” y el emprendimiento, c) La gerencialización, d) Flexibilización laboral (Caamaño, 2020).

Es así, que cuando hablamos de política educativa y financiamiento, no estamos siendo ajenos a la configuración de una determinada universidad, en este caso, una pensada para el mercado y la búsqueda del lucro, desplazando los valores democráticos para la construcción de procesos comunes y colaborativos.

Por esta razón, a pesar del interés de varios sectores por la «defensa» de la educación, debemos cuestionar siempre, educación ¿para qué? ¿para quienes? ¿a favor de qué? o ¿en contra de qué? La política educativo no es ingenua, responde a intereses, es así que, debemos tener una lectura crítica del momento actual que atravesamos como sociedad. Por esta razón les compartimos esta infografía para reflexionar las tensiones que rodean la actual política educativa dominante presente en los despachos de las diputaciones, autoridades universitarias y como no, el ministerio de educación.

Aprovechamos para compartir también dos textos de la profesora Carmen Caamaño Morúa que ha venido reflexionado sobre estos procesos.

Artículo: La universidad-empresa en América Central: el caso de la UCR

Libro: ¿La U en venta? Disputas, actores y negociaciones en la transformación de la universidad-empresa

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