«Defender nuestras economías potenciando la cooperación económica; explorando mecanismos de control de las inversiones; salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y confiable; y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital, que se apliquen de forma no discriminatoria. Reconocemos que una seguridad duradera requiere desarrollo económico, empleos estables y oportunidades tangibles para la población, y que la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que entra en nuestras naciones es transparente y verificable.»
Declaración conjunta relativa a la defensa de la soberanía en el Hemisferio
¿Qué ocurre cuando la seguridad empieza a organizar decisiones sobre recursos, inversiones, territorios y regulación ambiental? Esta pregunta resulta cada vez más pertinente ante la manera en que distintos conflictos económicos y ambientales comienzan a ser inscritos dentro de lenguajes asociados con la seguridad nacional, la seguridad económica y la lucha contra las amenazas. El llamado Escudo de las Américas, presentado como una iniciativa para fortalecer la cooperación hemisférica frente al crimen organizado y el narcotráfico, ofrece un ejemplo particularmente interesante. Su primer pilar incorpora una dimensión económica que incluye minerales críticos, infraestructura digital (entre ella, centros de datos y otras instalaciones necesarias para sostener la economía digital), resiliencia de las cadenas de suministro, revisión de inversiones y mecanismos relacionados con “proveedores confiables”. La declaración fue suscrita el 22 de septiembre de 2026 por Estados Unidos y otros catorce gobiernos del hemisferio, entre ellos Costa Rica.
No se desprende de estos elementos, por sí mismos, que el propósito de la iniciativa sea controlar los recursos latinoamericanos o desplazar a China. La cuestión que interesa es otra: qué transformaciones ocurren cuando decisiones sobre minerales, inversiones, infraestructura y comercio empiezan a organizarse bajo un marco de seguridad. El cambio de lenguaje no es menor. Un problema económico puede ser discutido en términos de mercado, regulación y política pública; cuando pasa a ser definido como un problema de seguridad, las prioridades, los actores y los mecanismos de decisión pueden modificarse.
Esta transformación resulta todavía más significativa cuando se observa el modo en que el lenguaje de la seguridad comienza a aparecer en conflictos ambientales. El 27 de marzo de 2026, durante un acto en la Casa Blanca con agricultores y ganaderos, Donald Trump anunció cambios en los estándares de combustibles renovables y, en ese mismo contexto, se refirió a los ambientalistas como “terrorists”, afirmando que él los denomina “environmental terrorists”. La expresión apareció mientras defendía los nuevos estándares como una medida favorable para la producción agrícola y la economía rural.
La expresión volvió a aparecer meses después en una disputa institucional. El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, acusó de “environmental terrorism” a la Comisión Costera de California, en un conflicto relacionado con proyectos de infraestructura y energía. Los dos episodios son diferentes y no deben confundirse: en uno se trata de una caracterización presidencial de los ambientalistas y en el otro de una acusación dirigida contra una autoridad reguladora. Sin embargo, ambos permiten observar un desplazamiento discursivo que merece atención: conflictos que tradicionalmente pertenecían al terreno de la política ambiental, económica o regulatoria empiezan a expresarse mediante el lenguaje de la amenaza y la seguridad.
La palabra “terrorismo” introduce una diferencia sustantiva. No describe simplemente una discrepancia sobre una política pública ni una discusión acerca de los límites de la regulación. Coloca al otro dentro de un campo semántico asociado con la amenaza, la excepcionalidad y la necesidad de protección. Por eso importa preguntarse qué ocurre cuando quienes cuestionan determinadas formas de extracción, producción o utilización del territorio dejan de aparecer como actores de un conflicto político y comienzan a ser construidos como un problema de seguridad.
De la estigmatización a la amenaza
Esta discusión tiene, además, un antecedente en Costa Rica que destacamos en una nota anterior. En “De estúpido a malintencionado: cómo se naturaliza la estigmatización de quienes defienden el ambiente”, advertíamos que las descalificaciones dirigidas contra quienes cuestionan determinadas decisiones ambientales no constituyen simplemente excesos retóricos. Las etiquetas, burlas y acusaciones contribuyen a construir una imagen pública en la que las personas defensoras aparecen como radicales, obstaculizadoras o enemigas del desarrollo, y pueden abrir espacio para formas posteriores de hostigamiento y criminalización.
Lo que aparece ahora es un desplazamiento adicional. ¿Qué sucede cuando esa estigmatización comienza a conectarse con el lenguaje de la seguridad? Llamar a alguien “radical” o “antidesarrollo” busca deslegitimar su posición; llamarlo “terrorista” introduce otra lógica, porque convierte el desacuerdo en una potencial amenaza. No se trata de afirmar que exista una relación causal automática entre ambos fenómenos ni de sostener que toda política de seguridad produzca criminalización ambiental. Se trata de reconocer que las palabras utilizadas para nombrar un conflicto ayudan a determinar qué actores aparecen como legítimos y cuáles pueden ser considerados peligrosos.
Este desplazamiento resulta especialmente delicado porque las personas defensoras ambientales ya desarrollan su trabajo en condiciones de extrema vulnerabilidad. Según Global Witness, durante 2025 fueron asesinadas al menos 124 personas defensoras de la tierra y el ambiente en el mundo, y el 85% de los asesinatos documentados ocurrió en América Latina. Colombia registró 39 casos y Brasil 26; más de tres cuartas partes de las víctimas eran pequeños agricultores, pueblos indígenas o personas afrodescendientes. Desde 2012, la organización ha documentado 2.375 asesinatos y desapariciones.
El asesinato constituye la expresión extrema de una violencia que tiene otras manifestaciones. Amenazas, intimidación, estigmatización, vigilancia y criminalización forman parte de un repertorio mucho más amplio. En México, por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó durante 2025 135 eventos de agresión y 314 agresiones específicas contra personas y comunidades defensoras. En 76 de esos eventos participaron autoridades federales, estatales o municipales, policías o fiscalías. La estigmatización, intimidación y difamación representaron conjuntamente el 53,8% de las agresiones específicas.
Estos datos permiten comprender por qué el lenguaje importa. La violencia contra las personas defensoras no comienza necesariamente con el asesinato; puede comenzar mucho antes, cuando se construye una representación pública que las presenta como obstáculos, radicales, enemigos del desarrollo o actores sospechosos. La estigmatización puede preparar el terreno para otras formas de violencia porque transforma la percepción social sobre la legitimidad de quienes cuestionan determinados intereses.
En este sentido, la expresión “terrorismo ambiental” merece ser observada no solamente por su contenido explícito, sino por el tipo de relación que propone entre defensa ambiental y amenaza. Cuando la defensa de un territorio comienza a ser descrita con categorías propias de la seguridad, cambia también el terreno en el que esa defensa puede ser escuchada.
Minerales críticos, infraestructura digital y territorios estratégicos
El otro lado de esta discusión aparece en el primer pilar del Escudo de las Américas. El interés por los minerales críticos responde a una transformación real de la economía mundial. La Agencia Internacional de Energía (2025) señala que China es el principal refinador de 19 de los 20 minerales estratégicos analizados, con una participación promedio cercana al 70%; en el caso de las tierras raras utilizadas para fabricar imanes, concentra alrededor del 91% de la producción refinada.
La preocupación por diversificar las cadenas de suministro es, por tanto, comprensible. El problema comienza cuando nos preguntamos qué significa políticamente esa diversificación y quién define qué proveedor es “confiable”. Si la confiabilidad implica transparencia, trazabilidad, protección ambiental, derechos laborales y respeto de las comunidades, estamos ante una discusión sobre condiciones necesarias para unas cadenas de suministro más responsables. Pero si el criterio de confiabilidad termina dependiendo fundamentalmente de la alineación geopolítica, la palabra adquiere otro significado.
La diferencia importa especialmente en América Latina, donde muchos de los minerales considerados estratégicos se encuentran en territorios habitados por comunidades indígenas, campesinas y rurales. Desde la perspectiva de los bienes comunes, un mineral no es simplemente una materia prima disponible para una cadena global: antes de convertirse en recurso estratégico, existe dentro de un territorio. Allí hay agua, bosques, comunidades, memoria, actividades productivas y relaciones sociales que no desaparecen porque el subsuelo adquiera una nueva importancia geopolítica.
Por eso la resiliencia de una cadena de suministro no necesariamente equivale a la resiliencia de una comunidad. Una empresa puede necesitar garantizar el suministro permanente de un mineral y, al mismo tiempo, una comunidad puede necesitar garantizar la permanencia de sus fuentes de agua. Ambas necesidades pueden ser presentadas como cuestiones de seguridad, pero no necesariamente representan la misma idea de lo que debe ser protegido.
Algo similar ocurre con la infraestructura digital. La economía contemporánea suele presentar los datos, la nube y los servicios digitales como si existieran en un espacio prácticamente inmaterial. Sin embargo, detrás de esa aparente virtualidad existe una infraestructura física cada vez más extensa: cables submarinos, redes eléctricas, sistemas de conectividad, instalaciones de almacenamiento y procesamiento y, de manera particularmente significativa, centros de datos. Estos requieren grandes cantidades de energía, sistemas permanentes de refrigeración, suelo e infraestructura de conectividad, de modo que la expansión de la economía digital también produce nuevas demandas territoriales.
Los centros de datos permiten observar con especial claridad esta transformación. Una infraestructura que puede parecer distante de las discusiones tradicionales sobre territorio termina dependiendo de recursos muy concretos: electricidad, agua para determinados sistemas de enfriamiento, terrenos adecuados, redes de fibra óptica y condiciones regulatorias que permitan su operación continua. La llamada transición digital, por tanto, no elimina la dimensión material de la economía; en algunos casos simplemente desplaza sus demandas hacia infraestructuras menos visibles para quienes utilizan los servicios.
Esto abre otra pregunta relevante para América Latina y el Caribe. Si determinados territorios son considerados estratégicos para instalar centros de datos, desarrollar redes de conectividad o garantizar nuevas capacidades digitales, ¿qué ocurre con los bienes comunes necesarios para sostener esas infraestructuras? El agua utilizada para refrigeración, la energía requerida para mantenerlas operativas y el suelo destinado a estas instalaciones dejan de ser únicamente cuestiones técnicas y pasan a formar parte de una discusión sobre prioridades territoriales.
Aquí aparece una tensión que conecta los minerales críticos con la infraestructura digital. La seguridad de las cadenas de suministro requiere minerales; la economía digital requiere infraestructura; y ambas dependen de territorios concretos. Sin embargo, la forma en que se presentan estas necesidades puede hacer que sus costos territoriales queden en segundo plano. Un territorio puede ser estratégico para asegurar minerales críticos, para producir energía o para instalar infraestructura digital, pero seguir siendo al mismo tiempo un territorio de vida para quienes lo habitan.
La cuestión no consiste en negar la importancia de estas infraestructuras ni en asumir que toda inversión tecnológica produce necesariamente impactos negativos. Se trata de reconocer que aquello que aparece como estratégico desde una cadena global también tiene consecuencias materiales y territoriales. La pregunta es, nuevamente, quién decide sobre esas prioridades, qué costos se consideran aceptables y quién participa en la definición de aquello que debe ser protegido.
En este sentido, minerales críticos y centros de datos pueden parecer asuntos muy diferentes, pero comparten una característica: ambos muestran cómo la creciente competencia geopolítica convierte determinados territorios, recursos e infraestructuras en piezas de una arquitectura global de seguridad económica y tecnológica. El riesgo es que, al adquirir ese carácter estratégico, las necesidades de las cadenas globales comiencen a presentarse como prioridades que no admiten discusión.
La resiliencia de una economía digital tampoco es necesariamente equivalente a la resiliencia de los territorios que la sostienen. Garantizar que un centro de datos permanezca operativo puede requerir asegurar grandes cantidades de energía y agua; garantizar la vida cotidiana de una comunidad puede exigir precisamente preservar esos mismos bienes para otros usos. La pregunta, entonces, vuelve a ser política: ¿qué necesidades tienen prioridad, quién establece esa prioridad y bajo qué mecanismos de participación y control?
Aquí aparece una tensión central para América Latina y el Caribe: los territorios pueden convertirse simultáneamente en espacios estratégicos para las cadenas globales de suministro, la infraestructura energética y la economía digital, y en espacios de vida para las comunidades que los habitan. Cuando ambas perspectivas entran en conflicto, resulta necesario preguntarse quién participa en la decisión, qué derechos se reconocen y qué intereses terminan definiendo el carácter estratégico de un territorio.
Cuando la seguridad redefine el conflicto
Los dos hilos de esta discusión no son idénticos. No existe evidencia suficiente para afirmar que el Escudo de las Américas y el uso de la expresión “terrorismo ambiental” formen parte de un único proyecto. Pero su coexistencia permite observar una tendencia más amplia: la expansión del lenguaje de la seguridad hacia ámbitos que antes eran discutidos principalmente como problemas económicos, ambientales, regulatorios o territoriales.
Esto importa porque la securitización puede cambiar las condiciones del debate. Cuando una inversión es presentada como estratégica, su cuestionamiento puede comenzar a aparecer como un obstáculo para la seguridad económica. Cuando una regulación ambiental es presentada como una amenaza, su aplicación puede aparecer como un problema de seguridad nacional. Y cuando una persona defensora es descrita mediante el lenguaje del terrorismo, su oposición deja de ser interpretada únicamente como una posición política o ambiental.
No significa que las amenazas reales deban ignorarse. El crimen organizado, el narcotráfico, la destrucción ambiental y la explotación ilegal de recursos son problemas concretos. Precisamente por ello es importante no borrar las diferencias entre quienes ejercen violencia, quienes participan de estructuras criminales, quienes regulan y quienes defienden territorios afectados por esas dinámicas.
La seguridad no debería convertirse en una categoría capaz de absorber todas esas diferencias. Desde los bienes comunes, esto obliga a formular las preguntas desde otro lugar. No basta con discutir cómo garantizar cadenas de suministro resilientes; también es necesario discutir cómo garantizar territorios habitables. No basta con asegurar inversiones o infraestructura digital; también es necesario asegurar la participación de las comunidades afectadas. Y no basta con proteger recursos estratégicos; también es necesario proteger a quienes, desde los territorios, denuncian su destrucción o cuestionan las formas en que se pretende disponer de ellos.
La cuestión, en última instancia, no es solamente quién controla los recursos, sino quién puede decidir sobre ellos y bajo qué condiciones.
Un río no es solamente un recurso hídrico. Un bosque no es solamente una reserva. Una montaña no es solamente un depósito mineral. Y un territorio no es solamente el lugar donde puede instalarse un centro de datos. Son parte de relaciones sociales, culturales y ecológicas que sostienen la vida.
Por eso quienes defienden esos territorios no pueden ser reducidos a la categoría de obstáculos simplemente porque cuestionen una determinada forma de apropiación, explotación o transformación territorial. Y mucho menos debería darse por supuesto que una defensa ambiental se convierte en una amenaza por el hecho de disputar decisiones consideradas estratégicas.
La discusión sobre seguridad, recursos, infraestructura y territorios necesita mantener abierta una pregunta que suele desaparecer cuando todo comienza a ser leído desde la lógica de la amenaza: ¿seguridad para quién y para proteger qué?
Porque si la seguridad sirve para garantizar cadenas de suministro, inversiones, acceso a minerales y continuidad de infraestructuras digitales, pero quienes habitan y defienden los territorios donde esas condiciones materiales se encuentran continúan enfrentando presiones y amenazas, queda pendiente una cuestión fundamental: ¿qué estamos entendiendo realmente por seguridad?
Esta pregunta no busca cerrar el debate, sino abrirlo allí donde resulta más necesario: en los territorios y junto a quienes los habitan, los conocen, los cuidan y los defienden.
Referencias:
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (2026, 16 de abril). Aumentan agresiones contra defensores del medio ambiente en México en 2025, el Estado sigue siendo el principal responsable. https://cemda.org.mx/aumentan-agresiones-contra-defensores-del-medio-ambiente-en-mexico-en-2025-el-estado-sigue-siendo-el-principal-responsable/
Ede-Osifo, Uwa (2026, 29 de junio). La administración de Trump apunta a la agencia costera de California en la escalada de la lucha contra la producción de energía. The Guardian. https://www.theguardian.com/us-news/2026/jun/29/california-trump-administration-energy-production
Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica. (2026). Declaración conjunta relativa a la defensa de la soberanía en el Hemisferio. https://cr.usembassy.gov/es/declaracion-conjunta-relativa-a-la-defensa-de-la-soberania-en-el-hemisferio/
Global Witness. (2026). At least 124 land and environmental defenders killed globally in 2025. https://globalwitness.org/en/press-releases/at-least-124-land-and-environmental-defenders-killed-globally-in-2025/
International Energy Agency. (2025). Global critical minerals outlook 2025. IEA. https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2025
La acción de inconstitucionalidad que llevó a la sentencia 2025‑2281 fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.
