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«No estamos para bajarle línea a los chicos»: el Indio Solari, las juventudes y la crítica al adultocentrismo

En una entrevista realizada en 1997, el Indio Solari dejó una frase que, vista desde el presente, parece haber envejecido mejor que muchas teorías sobre participación juvenil:

«No estamos para bajarle línea a los chicos, sino para escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que la que tipos de nuestra edad puedan tener». 

La frase suele circular como una muestra de simpatía hacia las juventudes. Sin embargo, contiene algo más profundo. Es una crítica a una forma particular de entender la autoridad, el conocimiento y la política: el adultocentrismo.

El problema no es la edad

El adultocentrismo no consiste simplemente en que las personas adultas ocupen espacios de responsabilidad. El problema aparece cuando la edad se convierte en una fuente automática de legitimidad para hablar y decidir, mientras las personas jóvenes son consideradas inexpertas, inmaduras o incapaces de comprender plenamente los asuntos públicos.

Desde esta lógica, las juventudes son vistas como sujetos en preparación. Todavía no saben. Todavía no entienden. Todavía no están listas. Por eso se les escucha poco y se les explica mucho.

La frase del Indio invierte esa relación. No plantea que las personas jóvenes tengan siempre la razón. Tampoco idealiza la juventud. Lo que propone es algo más incómodo: reconocer que existen conocimientos que los adultos no poseen y que las nuevas generaciones pueden percibir procesos históricos, culturales y políticos que quienes ocupan posiciones de autoridad todavía no alcanzan a comprender.

Los nervios como categoría política

Quizás la palabra más interesante de la frase sea «nervios».

El Indio no habla de programas políticos, diagnósticos técnicos o planes estratégicos. Habla de nervios. Habla de inquietudes, malestares, preguntas, incertidumbres y deseos.

Es decir, de aquello que suele ser desestimado por las instituciones precisamente porque todavía no ha sido convertido en discurso oficial. Sin embargo, muchas transformaciones históricas comenzaron de esa manera.

Antes de convertirse en leyes, investigaciones o políticas públicas, fueron incomodidades. Fueron preguntas. Fueron personas jóvenes señalando problemas que buena parte de la sociedad prefería ignorar.

Las luchas por los derechos civiles, los movimientos estudiantiles, los feminismos, las reivindicaciones ambientales o las demandas por diversidad sexual suelen haber sido protagonizadas por generaciones que fueron acusadas de exagerar, de ser inmaduras o de no comprender la realidad.

Con frecuencia, el tiempo terminó dándoles la razón.

Escuchar no es tolerar

Existe una diferencia importante entre tolerar a las juventudes y escucharlas. La tolerancia puede ser una práctica vertical. El adulto conserva el poder y permite que otros se expresen.

Escuchar implica algo distinto.

-Implica aceptar la posibilidad de aprender.

-Implica reconocer que el conocimiento no circula únicamente desde arriba hacia abajo.

-Implica admitir que las instituciones pueden equivocarse y que quienes parecen tener menos experiencia pueden estar identificando problemas que otros no ven.

Por eso escuchar resulta tan difícil. No exige únicamente paciencia. Exige humildad.

Universidades y democracia

Esta discusión resulta especialmente relevante para las universidades. Con frecuencia las instituciones de educación superior afirman promover el pensamiento crítico, la participación y el debate. Sin embargo, cuando las voces estudiantiles cuestionan decisiones institucionales, muchas veces la conversación se desplaza rápidamente hacia los procedimientos, las formalidades o las competencias.

Los reglamentos son necesarios. Las estructuras organizativas también.

Pero ninguna institución puede reducir los conflictos políticos a problemas administrativos sin correr el riesgo de perder de vista aquello que les dio origen.

Escuchar a las juventudes no significa aceptar automáticamente todas sus demandas. Significa tomarlas suficientemente en serio como para discutirlas.

Una lección vigente

Quizás esa sea una de las razones por las que la frase del Indio sigue circulando casi treinta años después.

No porque ofrezca una respuesta definitiva. Sino porque nos recuerda algo que las instituciones, las organizaciones y las personas adultas olvidan con frecuencia: el futuro no suele anunciarse desde los espacios más poderosos.

A veces aparece primero en la incomodidad. En la pregunta que nadie quería escuchar. En la protesta que parecía exagerada.

O, como diría el propio Indio, en los nervios de quienes todavía están intentando nombrar el mundo que viene.

Escucharlos no es un acto de cortesía. Es una forma de comprender el tiempo que habitamos.

Para cerrar, la frase del Indio Solari no solo invita a pensar la relación entre generaciones, sino también a detenerse en aquello que no siempre logra convertirse en discurso: los malestares, las intuiciones y las formas de percepción que emergen antes de ser nombradas. En ese sentido, la crítica al adultocentrismo no se agota en el plano de las ideas, sino que también se juega en la sensibilidad con la que aprendemos a escuchar lo que todavía no tiene forma estable.

Quizás por eso, más que explicarse completamente, esta reflexión puede ser acompañada. Una manera de hacerlo es volver a una de las canciones del propio Indio Solari, donde estas tensiones aparecen en otro registro, no conceptual sino musical. Se trata de “Juguetes perdidos”, una pieza que no ofrece respuestas cerradas, pero sí abre un territorio de imágenes, sensaciones y desbordes que dialogan con la idea de lo juvenil como potencia de percepción y no solo como etapa de espera.

Escucharla después de este texto no es un cierre ilustrativo, sino una invitación a desplazar la reflexión hacia otro lenguaje: el sonido como otra forma de pensar lo social, lo generacional y lo político.

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Entre la Babel digital y la comunidad posible: inteligencia artificial, justicia socioecológica y bienes comunes

Las grandes transformaciones de una época no pueden ser comprendidas desde una sola disciplina, una única tradición de pensamiento o un único espacio institucional. La inteligencia artificial es uno de esos fenómenos que desbordan fronteras: involucra cuestiones tecnológicas, económicas, políticas, culturales, ambientales y éticas que afectan de manera creciente la vida cotidiana de millones de personas.

En este contexto, documentos como Magnifica Humanitas, la encíclica del papa León XIV dedicada a la inteligencia artificial, representan una oportunidad para ampliar la conversación pública. Más allá de las convicciones religiosas de cada persona, este tipo de textos posee la capacidad de convocar diálogos entre distintos sectores sociales, disciplinas académicas, tradiciones culturales y perspectivas éticas en torno a preguntas que nos conciernen a todas y todos.

Su relevancia no radica únicamente en las respuestas que propone, sino también en las preguntas que coloca sobre la mesa. ¿Qué entendemos por progreso en una época marcada por la automatización y los algoritmos? ¿Cómo garantizar que las innovaciones tecnológicas fortalezcan la dignidad humana y no profundicen desigualdades? ¿Qué responsabilidades tenemos frente a los impactos sociales y ambientales de la revolución digital? ¿Cómo construir futuros compartidos en un contexto de creciente concentración de poder tecnológico?

Desde el Observatorio de Bienes Comunes nos interesa especialmente esta capacidad de generar espacios de encuentro y deliberación sobre asuntos que afectan la vida colectiva. La inteligencia artificial no es solamente una cuestión técnica. También es una cuestión de democracia, de justicia social, de sostenibilidad ecológica y de distribución del poder.

Por ello, proponemos una lectura de Magnifica Humanitas desde la perspectiva de la justicia socioecológica. Entendemos por ello una mirada que reconoce que las desigualdades sociales y las crisis ambientales no son problemas separados, sino expresiones de un mismo modelo de desarrollo. Desde esta perspectiva, la pregunta central no es únicamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino al servicio de quiénes se desarrolla, qué formas de vida fortalece y cuáles son sus consecuencias para las personas, las comunidades, los territorios y las generaciones futuras.

Las reflexiones que siguen no buscan ofrecer una interpretación definitiva de la encíclica. Más bien pretenden contribuir a una conversación amplia y plural sobre uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo: cómo orientar las transformaciones tecnológicas hacia horizontes de justicia, cuidado y bien común.

Justicia socioecológica e inteligencia artificial: una pregunta por el futuro de lo humano y de la Casa Común

Con frecuencia, las discusiones sobre inteligencia artificial se concentran en la velocidad de los avances tecnológicos, la innovación empresarial o la competencia geopolítica. Sin embargo, León XIV propone una pregunta distinta: ¿qué tipo de desarrollo humano estamos construyendo a través de estas tecnologías?

La inteligencia artificial ya interviene en decisiones relacionadas con el acceso al empleo, la educación, la salud, el crédito, la seguridad y la información. Sus efectos no son abstractos. Moldean oportunidades, distribuyen recursos, condicionan decisiones y transforman las relaciones sociales.

La encíclica advierte que la innovación tecnológica no puede evaluarse únicamente desde criterios de eficiencia o productividad. Una tecnología es verdaderamente humana cuando contribuye a fortalecer la dignidad de las personas, amplía las posibilidades de participación y favorece el bien común.

Pero esta preocupación no se limita a la esfera social. León XIV insiste en que tampoco puede existir un auténtico progreso cuando este se construye a costa de los ecosistemas, de los territorios o de las generaciones futuras. La justicia social y el cuidado de la Casa Común forman parte de una misma responsabilidad ética.

Por ello, la inteligencia artificial nos confronta con preguntas fundamentales. ¿Quiénes se benefician de estos avances? ¿Quiénes quedan excluidos? ¿Qué impactos producen sobre los territorios y las comunidades? ¿Cómo garantizar que el desarrollo tecnológico contribuya a una sociedad más justa y a una relación más respetuosa con la naturaleza?

Estas preguntas adquieren una profundidad particular cuando son observadas desde quienes históricamente han soportado las mayores cargas de las desigualdades.

La opción preferencial por los pobres en la era de la inteligencia artificial

Uno de los aportes más significativos de Magnifica Humanitas es recordar que la opción preferencial por los pobres continúa siendo un criterio indispensable para discernir los procesos de transformación social.

Aplicada a la inteligencia artificial, esta perspectiva invita a desplazar la mirada. En lugar de comenzar por las capacidades técnicas de los sistemas, nos propone comenzar por las personas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

La pregunta ya no es únicamente si la inteligencia artificial funciona, sino para quién funciona. ¿Reduce desigualdades o las amplía? ¿Genera nuevas oportunidades o profundiza exclusiones históricas? ¿Facilita el acceso al conocimiento y a los servicios básicos o crea nuevas brechas digitales?

Desde esta perspectiva, la justicia tecnológica exige garantizar acceso equitativo a las herramientas digitales, proteger a las personas trabajadoras frente a procesos de automatización excluyentes y asegurar que los beneficios económicos derivados de la innovación contribuyan al bienestar colectivo.

Sin embargo, la opción preferencial por los pobres no consiste únicamente en proteger a quienes enfrentan situaciones de exclusión. También implica reconocerlos como protagonistas en la construcción de los futuros digitales. Las comunidades históricamente marginadas poseen conocimientos, experiencias y perspectivas fundamentales para orientar el desarrollo tecnológico hacia horizontes más justos.

Mirar la inteligencia artificial desde los márgenes permite comprender mejor las desigualdades que atraviesan nuestras sociedades. Pero también permite reconocer otra dimensión frecuentemente invisibilizada: los impactos ambientales que sostienen la revolución digital.

La huella oculta de la inteligencia artificial: ecología integral y Casa Común

Con frecuencia imaginamos la inteligencia artificial como una realidad inmaterial, alojada en una nube invisible que opera lejos de los territorios y de la naturaleza. Sin embargo, la encíclica recuerda que toda tecnología tiene una materialidad concreta.

Detrás de cada sistema de inteligencia artificial existen centros de datos que consumen grandes cantidades de energía y agua, redes globales de infraestructura digital y complejas cadenas de extracción de minerales necesarios para fabricar dispositivos, servidores y microprocesadores.

La economía digital depende de bienes naturales, trabajo humano y territorios concretos. Por ello, no puede pensarse al margen de la crisis ecológica contemporánea.

Desde la perspectiva de la ecología integral, la pregunta no puede limitarse a la eficiencia tecnológica. También debemos preguntarnos quiénes soportan los costos ambientales de estos avances. En muchas ocasiones, las comunidades que enfrentan los impactos de la minería, la contaminación o la degradación ecológica son las mismas que menos participan de los beneficios generados por la economía digital.

La encíclica insiste en que no existe una verdadera justicia social sin justicia ecológica. La dignidad humana y el cuidado de la naturaleza forman parte de una misma realidad. Cuando los ecosistemas son degradados, también se deterioran las condiciones de vida de las personas y comunidades que dependen de ellos.

Por ello, la inteligencia artificial debe ser evaluada no solamente por lo que hace con las personas, sino también por lo que hace con los territorios, los bienes comunes y las generaciones futuras.

Esta reflexión conduce inevitablemente a una cuestión más amplia: ¿qué horizonte de sociedad estamos construyendo mediante estas tecnologías?

Entre la Babel digital y la comunidad posible

Una de las imágenes más sugerentes de Magnifica Humanitas es la contraposición entre Babel y Jerusalén. León XIV recupera estas figuras para iluminar una decisión profundamente contemporánea.

Babel representa la tentación de una humanidad fascinada por su propio poder. Es la ciudad construida desde la lógica de la acumulación y la autosuficiencia, donde la capacidad técnica termina confundida con desarrollo humano. En esta visión, la eficiencia se convierte en el criterio supremo y las personas corren el riesgo de ser reducidas a datos, métricas o recursos productivos.

No resulta difícil identificar algunos rasgos de esta Babel en el presente. Grandes corporaciones concentran cantidades inéditas de información sobre nuestras vidas. Los beneficios económicos de la innovación se acumulan en pocas manos. Los costos sociales y ambientales suelen desplazarse hacia comunidades periféricas o históricamente vulnerabilizadas.

Frente a esta imagen, la encíclica recupera la experiencia de la reconstrucción de Jerusalén. Allí la ciudad no se levanta desde el poder de unos pocos, sino desde el esfuerzo compartido de una comunidad diversa. Cada persona aporta una parte de la tarea común y la construcción colectiva se convierte en una expresión de corresponsabilidad.

Esta metáfora ofrece una clave poderosa para pensar la inteligencia artificial. El desafío no consiste únicamente en desarrollar tecnologías más avanzadas, sino en construir procesos democráticos capaces de orientarlas hacia el bien común.

La comunidad posible que imagina León XIV no rechaza la tecnología. Tampoco se entrega a ella de manera ingenua. Propone una gobernanza democrática, una responsabilidad compartida y una cultura del encuentro capaz de poner la innovación al servicio de la justicia, la sostenibilidad y la dignidad humana.

Una conversación necesaria para nuestro tiempo

Desde el Observatorio de Bienes Comunes consideramos que ninguna tradición, disciplina o comunidad posee por sí sola todas las respuestas frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Precisamente por ello valoramos la importancia de abrir espacios de diálogo amplios, diversos y democráticos.

Esta reflexión se enriquece cuando participan personas creyentes y no creyentes, comunidades religiosas, movimientos sociales, universidades, pueblos indígenas, organizaciones comunitarias, personas trabajadoras del sector tecnológico y quienes viven cotidianamente las consecuencias de las desigualdades sociales y ambientales.

En este sentido, el diálogo ecuménico e interreligioso adquiere una relevancia particular. Las distintas tradiciones espirituales han reflexionado durante siglos sobre la dignidad humana, la justicia, el cuidado de la vida y la responsabilidad ética. Sus aportes pueden ayudar a ampliar una conversación que con frecuencia queda reducida a indicadores de eficiencia o rentabilidad.

Del mismo modo, resulta indispensable promover el encuentro entre saberes científicos, técnicos, comunitarios, territoriales y culturales. Los desafíos asociados a la inteligencia artificial son demasiado complejos para ser abordados desde una única perspectiva.

Por eso proponemos esta reflexión. No para ofrecer respuestas definitivas, sino para contribuir a una conversación colectiva sobre los bienes comunes de nuestro tiempo. La pregunta fundamental no es únicamente qué futuro tendrá la inteligencia artificial. La verdadera pregunta es qué futuro queremos construir como sociedad y qué lugar ocuparán en él la justicia social, el cuidado de la Casa Común, la democracia y la dignidad de todas las personas.

El futuro no está escrito en los algoritmos. El futuro seguirá dependiendo de nuestra capacidad para construir comunidad, cuidar los bienes comunes y poner la tecnología al servicio de la vida.

Una herramienta para conversar sobre inteligencia artificial desde la justicia socioecológica

La inteligencia artificial suele presentarse como un asunto técnico reservado a especialistas. Sin embargo, sus impactos atraviesan dimensiones fundamentales de la vida colectiva: el trabajo, la educación, la democracia, la cultura, la economía, los territorios y la naturaleza. Por ello, comprender sus implicaciones requiere ampliar la conversación más allá de los espacios tecnológicos e incorporar preguntas éticas, políticas, sociales y ecológicas.

La siguiente matriz busca contribuir a ese diálogo. No pretende ofrecer respuestas definitivas ni establecer posiciones cerradas sobre la inteligencia artificial. Más bien propone una herramienta de reflexión y discernimiento que permita analizar sus potencialidades, riesgos y desafíos desde la perspectiva de la justicia socioecológica.

La propuesta se inspira en tres claves de lectura presentes en Magnifica Humanitas y relevantes para el debate contemporáneo. La primera es la convicción de que la justicia social y la justicia ecológica forman parte de una misma realidad: no es posible construir sociedades justas sobre territorios degradados ni proteger la naturaleza ignorando las desigualdades humanas. La segunda es la opción preferencial por los pobres, entendida como la invitación a observar los procesos de transformación tecnológica desde la experiencia y las necesidades de quienes suelen quedar excluidos de sus beneficios o cargar con sus costos. La tercera es la tensión entre la Babel digital y la comunidad posible, una imagen que nos invita a preguntarnos si las tecnologías están siendo utilizadas para concentrar poder y profundizar desigualdades o para fortalecer la cooperación, la democracia y el bien común.

Cada dimensión incluida en la matriz puede analizarse de manera independiente, pero adquiere mayor sentido cuando se relaciona con las demás. Los problemas asociados a la inteligencia artificial rara vez son únicamente tecnológicos. Se encuentran entrelazados con dinámicas económicas, estructuras de poder, conflictos territoriales, modelos de desarrollo y visiones sobre el futuro.

Por ello, más que una herramienta de evaluación técnica, esta matriz busca ser una invitación a la conversación colectiva. Una invitación a preguntarnos no solo qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué tipo de sociedad, qué relación con la naturaleza y qué horizonte de vida compartida queremos construir mediante ella.

Matriz de reflexión: Justicia socioecológica, opción preferencial por los pobres e inteligencia artificial
DimensiónPregunta de análisisMirada desde la opción preferencial por los pobresRiesgos y tensiones (Babel digital)Horizontes de transformación (Comunidad posible)
Acceso al conocimiento¿Quién puede acceder a la información y a las herramientas digitales?¿Quiénes quedan excluidos por razones económicas, territoriales, educativas o lingüísticas?Nuevas brechas digitales y exclusión tecnológica.Democratización del conocimiento y acceso universal a capacidades digitales.
Trabajo y medios de vida¿Cómo transforma la IA el trabajo humano?¿Qué ocurre con quienes dependen de empleos susceptibles de automatización?Desempleo, precarización y concentración de beneficios.Transición justa, protección laboral y redistribución de beneficios tecnológicos.
Educación¿La IA fortalece o debilita los procesos educativos?¿Las comunidades con menos recursos pueden beneficiarse de estas herramientas?Concentración de oportunidades y dependencia tecnológica.Educación crítica, inclusiva y orientada al bien común.
Salud y bienestar¿La IA mejora el acceso a la salud?¿Las poblaciones rurales, migrantes o empobrecidas reciben los mismos beneficios?Exclusión de quienes tienen menor acceso a infraestructura digital.Salud como derecho fortalecida por tecnologías accesibles e inclusivas.
Democracia y participación¿Quién participa en las decisiones sobre la IA?¿Las voces históricamente excluidas son escuchadas?Concentración del poder comunicativo y manipulación de información.Participación ampliada y gobernanza democrática de la tecnología.
Derechos humanos¿La IA protege o vulnera derechos?¿Quiénes sufren más intensamente los errores y sesgos algorítmicos?Vigilancia, discriminación y criminalización de poblaciones vulnerables.Transparencia, rendición de cuentas y protección efectiva de derechos.
Distribución de la riqueza¿Quién captura los beneficios económicos de la IA?¿Las comunidades empobrecidas participan de estos beneficios?Concentración de riqueza en corporaciones tecnológicas.Economía orientada al bien común y distribución equitativa de beneficios.
Diversidad cultural¿Qué conocimientos y culturas alimentan la IA?¿Se reconocen los saberes de pueblos indígenas y comunidades locales?Homogeneización cultural y colonialismo digital.Pluralidad de saberes y reconocimiento de la diversidad cultural.
Territorios y bienes comunes¿Cómo afecta la IA a los territorios donde se extraen recursos y se instala infraestructura?¿Qué comunidades asumen los costos territoriales de la revolución digital?Sacrificio de territorios periféricos y apropiación de bienes comunes.Gestión democrática de los bienes comunes y justicia territorial.
Naturaleza y Casa Común¿Cuál es la huella ecológica de la inteligencia artificial?¿Quiénes enfrentan las consecuencias de la degradación ambiental asociada a estas tecnologías?Sobreconsumo energético, extractivismo y deterioro ecológico.Tecnologías compatibles con la sostenibilidad y la justicia ecológica.
Generaciones futuras¿Qué mundo heredarán las próximas generaciones?¿Cómo evitar que las decisiones actuales trasladen costos al futuro?Desarrollo de corto plazo que compromete la sostenibilidad de la vida.Responsabilidad intergeneracional y cuidado de la Casa Común.
Gobernanza tecnológica¿Quién diseña, controla y regula la IA?¿Las personas más afectadas participan en esas decisiones?Concentración de poder en corporaciones y élites tecnológicas.Gobernanza democrática, transparencia y corresponsabilidad social.
Bien común¿La IA fortalece las condiciones para una vida digna para todas las personas?¿Mejora la situación de quienes enfrentan mayores condiciones de exclusión?Tecnología subordinada al lucro y la acumulación.Innovación orientada al cuidado, la solidaridad y la dignidad humana.
Preguntas transversales

Justicia socioecológica

  • ¿Quiénes reciben los beneficios y quiénes asumen los costos de esta tecnología?

  • ¿Qué impactos produce sobre las personas, los territorios y los ecosistemas?

  • ¿Contribuye a reducir desigualdades o las profundiza?

Opción preferencial por los pobres

  • ¿Qué cambia en nuestro análisis cuando comenzamos por escuchar a quienes suelen quedar al margen?

  • ¿Esta innovación amplía las posibilidades de vida digna para las personas y comunidades más vulnerabilizadas?

  • ¿Quiénes no están presentes en las decisiones sobre el desarrollo tecnológico?

Babel digital o comunidad posible

  • ¿Esta tecnología fortalece la concentración del poder o la participación democrática?

  • ¿Promueve relaciones de competencia y exclusión o de cooperación y cuidado mutuo?

  • ¿Contribuye al bien común o a la acumulación de beneficios para unos pocos?

Desde la perspectiva de la justicia socioecológica, una tecnología no puede evaluarse únicamente por su eficiencia, velocidad o capacidad de procesamiento. Debe evaluarse por su capacidad para fortalecer la dignidad humana, reducir desigualdades, cuidar la Casa Común, democratizar el poder y ampliar las posibilidades de una vida buena para las generaciones presentes y futuras.

La pregunta decisiva no es qué tan inteligente puede llegar a ser una máquina, sino qué tan capaces somos de orientar la inteligencia humana y colectiva hacia la construcción de comunidades más justas, sostenibles y solidarias.

 

Referencias:

Gutiérrez, G. (1971). Teología de la liberación: Perspectivas. Centro de Estudios y Publicaciones.

León XIV. (2026). Magnifica Humanitas: Sobre la inteligencia artificial, la dignidad humana y el bien común. Libreria Editrice Vaticana.

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La política del cemento: cuando las obras sustituyen a los derechos

Entre inauguraciones, legitimidad y democracia

Esta reflexión nace de una provocación. En un artículo sobre el nuevo Hospital Rosales de El Salvador, Eduardo Vázquez-Becker Salgado utiliza la expresión «política del cemento» para describir una lógica gubernamental que privilegia el impacto visual de las obras sobre el fortalecimiento de las instituciones públicas. Desde el Observatorio retomamos esa categoría porque creemos que permite iluminar una discusión más amplia: la relación entre infraestructura, legitimidad política, democracia y derechos en América Latina.

La pregunta es relevante porque construir hospitales, carreteras, escuelas o sistemas de transporte no es un problema en sí mismo. Por el contrario, estas inversiones son indispensables para garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de las personas.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre construir infraestructura para ampliar derechos y utilizar la infraestructura como principal mecanismo de legitimación política.

Es en esa diferencia donde aparece la política del cemento.

¿Qué entendemos por política del cemento?

La política del cemento puede entenderse como una forma de construcción de legitimidad basada en la producción de infraestructura visible y monumental, donde el valor simbólico y comunicativo de la obra adquiere mayor relevancia que su capacidad para fortalecer derechos, instituciones o capacidades colectivas.

En este modelo, la obra pública deja de ser únicamente una herramienta para resolver problemas sociales y se convierte en una demostración permanente de poder. La pregunta principal ya no es:

¿La política pública funciona? Sino: ¿La obra puede mostrarse?

Los edificios, puentes, hospitales, cárceles o carreteras se transforman en pruebas materiales de la acción gubernamental. Son visibles, fotografiables y fácilmente convertibles en contenido para campañas de comunicación política.

Mientras tanto, procesos menos espectaculares pero fundamentales para la vida democrática quedan relegados: la prevención en salud, la formación docente, el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana o la protección ambiental.

La estética del progreso

La política del cemento se sostiene sobre una poderosa narrativa visual. Las tomas aéreas, los recorridos oficiales, las inauguraciones multitudinarias y los discursos sobre modernización producen una sensación de avance que puede resultar difícil de cuestionar.

El cemento transmite una idea de permanencia. La obra parece hablar por sí sola.

Sin embargo, una escuela no garantiza educación de calidad únicamente por existir. Un hospital no garantiza atención digna únicamente por inaugurar un edificio. Una carretera no garantiza desarrollo por el simple hecho de haber sido construida.

La infraestructura es una condición necesaria para el bienestar, pero nunca suficiente.

Cuando la obra oculta la institución

Una de las paradojas más llamativas de la política del cemento es que cuanto más visible se vuelve la obra, más invisibles pueden volverse las instituciones que la sostienen.

Los debates sobre mantenimiento, personal, presupuestos, condiciones laborales, transparencia, impactos socioambientales o mecanismos de acceso quedan desplazados por la espectacularidad de la inauguración. En ocasiones, el edificio recibe más atención que las personas que lo hacen funcionar. La fotografía sustituye al debate público. La ceremonia sustituye a la rendición de cuentas.

El rostro humano del autoritarismo

La política del cemento también puede cumplir una función simbólica más profunda. Diversos gobiernos contemporáneos que enfrentan cuestionamientos por el debilitamiento de controles democráticos, restricciones a la participación ciudadana o retrocesos en materia de derechos encuentran en las grandes obras una forma de proyectar sensibilidad social.

La infraestructura permite construir una imagen de eficacia y compromiso con las necesidades de la población.

De esta manera, el concreto puede convertirse en una especie de lenguaje político que busca compensar déficits democráticos. No se trata de negar el valor de las obras públicas, sino de preguntarse si estas se convierten en sustitutos de discusiones fundamentales sobre justicia social, derechos humanos y fortalecimiento institucional.

Cuando el cemento cubre la erosión de derechos

En distintos países de América Latina ha emergido una paradoja política. Mientras se anuncian hospitales, carreteras, aeropuertos, puentes o megaproyectos de infraestructura, también se observan procesos de debilitamiento institucional, concentración del poder, restricciones a la participación ciudadana y reducción de controles democráticos.

La obra pública cumple entonces una función que trasciende la prestación de servicios. Se convierte en un mecanismo de legitimación capaz de producir una imagen de eficacia gubernamental incluso en contextos donde se deterioran derechos y libertades.

El mensaje implícito es sencillo: si el gobierno construye, entonces gobierna bien. Sin embargo, esta lógica puede ocultar una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando la expansión del concreto avanza al mismo tiempo que se reducen los espacios democráticos?

La infraestructura puede mejorar la vida de las personas. Pero ninguna carretera reemplaza la libertad de organización. Ningún hospital sustituye el acceso a la información pública. Ningún puente compensa la erosión de los mecanismos de rendición de cuentas.

Por eso resulta necesario observar no solamente qué se construye, sino también qué derechos se fortalecen, cuáles se debilitan y quiénes participan en las decisiones sobre el futuro colectivo.

Más allá del cemento: una perspectiva desde los bienes comunes

Desde una perspectiva de bienes comunes, la pregunta central no es cuánto cemento produce una sociedad, sino qué capacidades colectivas fortalece.

Una obra pública puede contribuir al bien común cuando amplía derechos, fortalece la gestión democrática, mejora las condiciones de vida y permite una participación efectiva de las comunidades en las decisiones que les afectan. Pero también puede convertirse en un monumento vacío cuando su principal función es producir imágenes de progreso sin transformar las causas estructurales de los problemas que pretende resolver.

Por eso, evaluar una política pública implica mirar más allá de la infraestructura y preguntarnos por los procesos sociales, institucionales y democráticos que la acompañan.

Una herramienta para observar nuestros territorios

La política del cemento no pretende ser una etiqueta para descalificar cualquier proyecto de infraestructura. Más bien busca convertirse en una herramienta de observación crítica.

-Nos invita a preguntarnos qué ocurre cuando las obras se convierten en el principal argumento político de un gobierno.

-Nos invita a mirar no solo lo que se construye, sino también aquello que permanece invisible.

-Nos invita, en última instancia, a distinguir entre la construcción de derechos y la construcción de imágenes de progreso.

Matriz para analizar dinámicas de política del cemento

DimensiónPreguntas de análisisIndicadores de fortalecimiento democráticoSeñales de política del cemento
LA OBRA Y SU CONTRIBUCIÓN AL BIEN COMÚN   
Finalidad de la obra¿Qué problema social busca resolver? ¿La infraestructura responde a necesidades identificadas colectivamente o a prioridades definidas desde arriba?La obra surge de diagnósticos públicos y responde a necesidades socialmente reconocidas.La obra se presenta como un fin en sí mismo o como símbolo de modernización y grandeza nacional.
Derechos humanos¿Qué derechos busca garantizar o ampliar? ¿Existen mecanismos para evaluar su contribución efectiva?La infraestructura fortalece el acceso universal y reduce desigualdades.El discurso enfatiza la construcción física más que el acceso efectivo a derechos.
Condiciones laborales y capacidades humanas¿La obra viene acompañada de inversión en personal, formación y condiciones laborales adecuadas?Se fortalecen capacidades humanas y condiciones de trabajo dignas.El edificio recibe más atención que las personas que sostienen el servicio.
Impacto territorial¿Cómo afecta la obra a las comunidades y dinámicas locales? ¿Fortalece capacidades territoriales?La infraestructura mejora condiciones de vida y fortalece la organización local.Se imponen proyectos sin considerar conflictos sociales o afectaciones comunitarias.
Impacto socioambiental¿Qué consecuencias tiene sobre ecosistemas y bienes comunes? ¿Se aplican medidas preventivas?Existen evaluaciones rigurosas y mecanismos de mitigación y monitoreo.Los impactos ambientales se minimizan o se consideran obstáculos para el desarrollo.
Equidad territorial¿La inversión contribuye a reducir desigualdades territoriales?Se priorizan territorios históricamente excluidos.Los proyectos se concentran en espacios estratégicos para la visibilidad política.
DEMOCRACIA, INSTITUCIONES Y DERECHOS   
Participación ciudadana¿Quién definió la prioridad de la obra? ¿Las comunidades participaron en las decisiones?Existen procesos deliberativos y mecanismos efectivos de participación.Las decisiones se concentran en élites políticas o técnicas.
Transparencia y acceso a la información¿Son públicos los contratos, presupuestos, estudios técnicos y evaluaciones?La información es accesible, verificable y auditada.Predomina el secretismo y la comunicación unilateral.
Institucionalidad pública¿La obra fortalece capacidades institucionales permanentes?Se consolidan equipos técnicos y capacidades de gestión pública.El protagonismo recae en la figura del gobernante o en la obra misma.
Sostenibilidad financiera¿Existen recursos para operar y mantener la infraestructura a largo plazo?Hay planificación para operación, mantenimiento y renovación futura.Se financia la construcción, pero no el funcionamiento sostenido.
Rendición de cuentas¿Cómo se evalúan los resultados? ¿Quién puede fiscalizar el proyecto?Existen mecanismos independientes de evaluación y control ciudadano.El éxito se mide por la inauguración y no por los resultados.
Democracia y derechos¿La expansión de infraestructura ocurre junto con el fortalecimiento o debilitamiento de derechos civiles, políticos, sociales y ambientales?La obra se inserta en procesos de ampliación de derechos y fortalecimiento democrático.Las obras adquieren protagonismo mientras se restringen derechos, se debilitan controles institucionales o se reducen espacios de participación.
LEGITIMIDAD POLÍTICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN   
Comunicación política¿Cómo se presenta la obra ante la ciudadanía?Se informa sobre objetivos, limitaciones, impactos y desafíos.Predominan las inauguraciones, la espectacularización y las narrativas triunfalistas.
Legitimidad política¿La legitimidad gubernamental se construye a partir de derechos garantizados o de obras visibles?La confianza pública se basa en resultados verificables y fortalecimiento democrático.La infraestructura se convierte en el principal símbolo de eficacia gubernamental.
Temporalidad política¿La obra responde a una estrategia de largo plazo o al calendario electoral?Existe continuidad más allá de gobiernos específicos.Las inauguraciones coinciden con momentos de desgaste político o coyunturas electorales.
Relación con los bienes comunes¿La infraestructura fortalece capacidades colectivas de cuidado, organización y gestión democrática?Amplía la capacidad de las comunidades para sostener la vida en común.Refuerza relaciones verticales donde la ciudadanía aparece únicamente como beneficiaria pasiva.
Para seguir pensando

Al finalizar el análisis de una obra o proyecto, pueden formularse las siguientes preguntas:

  1. ¿La infraestructura fortalece derechos o fortalece narrativas de poder?
  2. ¿Se invirtió únicamente en concreto o también en capacidades humanas e institucionales?
  3. ¿La ciudadanía participó en las decisiones o solamente fue convocada a la inauguración?
  4. ¿La obra transforma las causas estructurales del problema o únicamente sus manifestaciones visibles?
  5. ¿La infraestructura fortalece la democracia o ayuda a ocultar procesos de regresión democrática?
  6. ¿Estamos ante una inversión para el bien común o ante una estrategia de legitimación política?

La política del cemento no se identifica por la existencia de infraestructura pública. Una sociedad democrática necesita hospitales, escuelas, carreteras, sistemas de agua y espacios comunitarios. La señal de alerta aparece cuando existe un desequilibrio entre la inversión en lo visible y la inversión en las condiciones sociales, institucionales y democráticas que permiten que esa infraestructura garantice derechos.

En otras palabras: la pregunta central no es cuánto cemento produce un gobierno, sino qué derechos, capacidades colectivas y bienes comunes fortalece con él.

Referencia:

Vázquez-Becker Salgado, Eduardo. (2026, 3 de junio). El espejismo de la salud: el nuevo Hospital Rosales y la opacidad en El Salvador. La Prensa Gráfica.

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Carta desde la Clase 3-E: el gran inventario de la universidad pública

Por Koro-sensei, colaborador accidental del Observatorio de Bienes Comunes. Profesor de la Clase 3-E, especialista en pedagogía crítica, velocidad Mach 20 y recuperación de objetos perdidos que nunca debieron convertirse en el tema principal de la conversación.

Si hay algo que he aprendido enseñando en la Clase 3-E es que los conflictos importantes rara vez comienzan por aquello que termina apareciendo en los informes.

Cuando un estudiante deja de participar, el problema normalmente no es el silencio. Cuando alguien se enfurece, el problema no suele ser el grito. Y cuando una comunidad entra en conflicto, casi nunca el problema principal es aquello que aparece al final en la lista de daños.

Por eso observo con curiosidad lo que ocurre en la Universidad de Costa Rica.

Después de semanas de conflicto, ocupación, negociaciones, comunicados, denuncias cruzadas, tensiones institucionales y debates sobre el futuro de la universidad pública, el país parece haber llegado finalmente a una conclusión provisional: faltan cosas.

-Primero fue una olla arrocera.

-Después un coffee maker.

-Luego un microondas.

-Más tarde aparecieron productos de limpieza, equipos varios y ahora dos computadoras, un trípode, audífonos, un ventilador y hasta un perfume.

El inventario sigue creciendo.

Lo interesante no es que se investiguen esas pérdidas. Sería absurdo sostener lo contrario. Toda institución tiene el deber de proteger sus bienes y esclarecer responsabilidades cuando ocurren daños o desapariciones.

Lo verdaderamente interesante es observar la intensidad institucional que logra movilizar un inventario. Porque mientras los listados de objetos faltantes se actualizan con notable precisión, otras preguntas parecen avanzar con una velocidad considerablemente menor.

Por ejemplo:

-¿Qué llevó a un grupo de estudiantes a ocupar edificios administrativos durante varias semanas?

-¿Qué condiciones políticas produjeron semejante nivel de confrontación?

-¿Qué falló en los mecanismos de diálogo universitario para que el conflicto llegara hasta ese punto?

-¿Qué aprendizajes institucionales deja todo lo ocurrido?

-¿Quiénes tomaron determinadas decisiones durante los primeros días de la crisis?

-¿Por qué algunas denuncias reciben una atención inmediata mientras otras parecen diluirse lentamente en el aire universitario?

Curiosamente, esas preguntas no suelen venir acompañadas de tasaciones económicas.

No generan cuadros contables.

No aparecen fácilmente en hojas de cálculo.

Y quizá por eso resultan mucho más difíciles de administrar.

Porque una computadora desaparecida puede valorarse en seiscientos mil colones. Un trípode puede cuantificarse. Un perfume puede registrarse en un informe.

Pero resulta mucho más complejo calcular cuánto cuesta una universidad donde los conflictos políticos terminan procesándose principalmente mediante investigaciones, expedientes y procedimientos disciplinarios mientras las causas profundas permanecen relativamente intactas.

Y ahí es donde el asunto comienza a ponerse interesante.

Durante las últimas semanas, buena parte de la conversación institucional ha girado alrededor de daños materiales que ya superan varias decenas de millones de colones, según las estimaciones preliminares divulgadas públicamente. Los montos se discuten. Los objetos se enumeran. Las pérdidas se clasifican.

Sin embargo, cuesta encontrar la misma energía institucional dedicada a inventariar aquello que hizo posible el conflicto.

-No existe un informe equivalente sobre el deterioro de la confianza.

-No hay una tasación sobre el desgaste del diálogo universitario.

-Nadie parece estar calculando el costo político de una comunidad que cada vez encuentra menos espacios para procesar democráticamente sus desacuerdos.

Y eso resulta llamativo.

Porque incluso dentro del propio Consejo Universitario han surgido voces señalando que las investigaciones no deberían concentrarse únicamente en las acciones de los estudiantes, sino también en las actuaciones de sectores administrativos durante el conflicto.

La observación es importante porque introduce una pregunta fundamental: si la universidad aspira a comprender lo ocurrido, ¿por qué algunas responsabilidades parecen investigarse con tanta rapidez mientras otras apenas comienzan a mencionarse?

La cuestión se vuelve todavía más delicada cuando recordamos episodios que fueron ampliamente comentados durante los primeros días de la ocupación.

Por ejemplo, la suspensión de servicios básicos dentro del edificio ocupado.

Hasta hoy sigue siendo legítimo preguntarse quién tomó la decisión de restringir agua y electricidad durante una protesta universitaria y bajo qué criterios se consideró adecuada una medida de ese tipo.

No porque ello elimine otras responsabilidades. No porque justifique daños posteriores. Sino porque también forma parte de la historia.

También forman parte de la historia los señalamientos sobre insultos, hostilidad y agresiones verbales reportadas por distintos actores durante el conflicto.

Sin embargo, cuando se observa la discusión pública, pareciera que algunos hechos generan una reacción institucional inmediata mientras otros permanecen en una especie de zona gris donde el tiempo lentamente los vuelve invisibles.

Y eso debería preocuparnos. Porque una universidad pública no se fortalece únicamente identificando quién rompió una ventana o quién se llevó un equipo.

También se fortalece cuando es capaz de examinar críticamente sus propias decisiones. Cuando investiga todas las aristas de un conflicto. Cuando evita construir relatos donde unas violencias resultan perfectamente visibles

y otras permanecen fuera del foco.

Desde la Clase 3-E solemos enseñar algo sencillo: si un estudiante tiene problemas, no basta con castigar las consecuencias. Hay que comprender las condiciones que produjeron el comportamiento.

Corregir y sacionar sin comprender produce obediencia temporal. Comprender sin actuar produce impunidad.

La tarea educativa consiste en sostener ambas cosas simultáneamente. Quizá la Universidad de Costa Rica enfrenta hoy un desafío parecido.

Porque mientras el inventario de pérdidas continúa creciendo, sigue sin existir un inventario igualmente detallado sobre los motivos que llevaron a la protesta.

Y esa ausencia es mucho más difícil de contabilizar.

-No tiene número de activo.

-No posee código patrimonial.

-No aparece en los formularios administrativos.

Pero probablemente explique más sobre el conflicto que cualquier coffee maker, cualquier perfume o cualquier olla arrocera.

Después de todo, las universidades públicas no se construyeron para proteger electrodomésticos. Se construyeron para discutir críticamente la sociedad, incluso cuando esas discusiones resultan incómodas.

Y quizá ahí radique la pregunta que sigue faltando en el inventario: cuando todo esto termine, ¿la universidad habrá comprendido mejor por qué ocurrió el conflicto o simplemente tendrá una lista más completa de las cosas que desaparecieron?

Atentamente,

Koro-sensei
Profesor de la Clase 3-E y observador ocasional de instituciones que pueden calcular perfectamente el valor de un perfume, pero todavía buscan cómo medir el costo de no escuchar a tiempo.

Posdata

Si aparece un nuevo informe institucional informando la desaparición de un borrador, una engrapadora o una calculadora científica, les ruego mantener la calma. No todo objeto extraviado constituye una amenaza contra el orden democrático.

Aunque admito que una calculadora desaparecida podría ser grave. Sobre todo si estaba encargada de calcular cuántas reuniones de diálogo hacen falta para evitar una toma.

Todavía no conozco la respuesta.

También quisiera aclarar que la Clase 3-E realizó una inspección exhaustiva y no encontró ninguna olla arrocera en sus instalaciones.

Encontramos un pulpo mutante, dos robots experimentales y una criatura interestelar.

Pero ninguna olla arrocera.

Si la Universidad de Costa Rica desea ampliar el inventario, sugiero incluir algunos bienes que también parecen extraviados:

  1. Confianza institucional.
  2. Escucha activa.
  3. Imaginación política.
  4. Capacidad para discutir desacuerdos sin convertirlos inmediatamente en expedientes.

Estos bienes son más difíciles de reponer que un coffee maker.

Y bastante más costosos.

Finalmente, si algún día elaboran una tasación económica de los conflictos que nunca se discutieron a tiempo, por favor avísenme.

Tengo la sospecha de que esa cifra podría superar ampliamente los ₡38 millones.

¿Por qué un Observatorio de Bienes Comunes habla de esto?

Porque, queridos estudiantes, los bienes comunes no son solamente ríos, bosques o territorios. También son las comunidades que construimos, las instituciones que compartimos y la capacidad de discutir nuestros desacuerdos sin convertir cada conflicto en una simple lista de objetos perdidos.

Además, si después de varias semanas de protesta, negociaciones, comunicados, tensiones políticas y debates sobre democracia universitaria terminamos hablando principalmente de una olla arrocera, un coffee maker y un perfume… sospecho que la verdadera desaparición ocurrió en otra parte.

Antes de que digan que me lo inventé

Como la velocidad Mach 20 no siempre es considerada una fuente académica válida, el Observatorio comparte a continuación las noticias, comunicados y declaraciones públicas utilizadas para construir esta reflexión.

Las incluimos por una sencilla razón: en los últimos días hemos descubierto que una olla arrocera puede producir más evidencia documental que algunos debates sobre democracia universitaria.

Así que, para tranquilidad de quienes sospechan que Koro-sensei está exagerando, aquí están los documentos. Las computadoras, el perfume, el trípode, los montos, las declaraciones, las denuncias y los comunicados no fueron inventados por la Clase 3-E.

La ironía tampoco.

Referencias:

Ortiz Salas, Ignacio. (2026, 28 de mayo). Integrantes del Consejo Universitario piden que se investiguen las acciones de administrativos contra los estudiantes en la toma de la Rectoría. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/universitarias/integrantes-del-consejo-universitario-piden-que-se-investiguen-las-acciones-de-administrativos-contra-los-estudiantes-en-la-toma-de-la-rectoria/

Ruiz, Paula. (2026, 1 de junio). UCR detecta ausencia de dos computadoras, trípode y hasta un perfume tras toma de edificio en mayo: estas pérdidas ascienden a ¢1,4 millones. Observador. https://observador.cr/ucr-detecta-ausencia-de-dos-computadoras-tripode-y-hasta-un-perfume-tras-toma-de-edificio-estas-perdidas-ascienden-a-14-millones/

Villegas, Andrey. (2026, 1 de junio). Computadoras, audífonos y hasta perfumes “desaparecieron” durante toma de edificios en la UCR. CRHoy. https://crhoy.com/nacionales/computadoras-audifonos-y-hasta-perfumes-desaparecieron-durante-toma-de-edificios-en-la-ucr/

Villalobos, Paulo. (2026, 28 de mayo). ‘Coffee maker’, microondas y olla arrocera desaparecieron tras toma de Rectoría de UCR. Teletica. https://www.teletica.com/nacional/coffee-maker-microondas-y-olla-arrocera-desaparecieron-tras-toma-de-rectoria-de-ucr_409640

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¿Molesta el FEES? Estas personas tienen algo que decir

Aprender no tiene fecha de vencimiento: la educación a lo largo de la vida y el sentido público de la universidad

En medio de las discusiones sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), una pregunta suele quedar fuera del debate: ¿quiénes tienen derecho a aprender?

Con frecuencia, cuando se habla de universidad pública, la imagen que aparece es la de una persona joven que asiste a clases para obtener un título profesional. Sin embargo, la vida universitaria es mucho más amplia. Cada año, miles de personas participan en talleres, cursos, procesos comunitarios, espacios culturales y actividades de formación impulsadas desde la acción social, la investigación y la extensión universitaria.

Detrás de estas experiencias existe una convicción profunda: la educación no termina cuando una persona sale de la escuela, del colegio o de la universidad. Aprender es una posibilidad que acompaña toda la vida.

La idea de la educación a lo largo de la vida surge precisamente de reconocer que las personas continúan construyendo conocimientos en distintos momentos y espacios de su existencia. Se aprende en el trabajo, en la comunidad, en la organización social, en la participación política, en las experiencias de cuidado, en las prácticas culturales y en los desafíos cotidianos que plantea el mundo contemporáneo.

Esta perspectiva adquiere especial relevancia en sociedades marcadas por profundas desigualdades. Muchas personas no tuvieron acceso oportuno a oportunidades educativas o vieron interrumpidas sus trayectorias por razones económicas, territoriales, familiares o laborales. Otras requieren nuevas herramientas para comprender y actuar frente a cambios tecnológicos, ambientales, sociales y políticos que transforman continuamente la realidad.

En este contexto, la educación de personas jóvenes y adultas deja de ser un servicio complementario para convertirse en una tarea democrática.

Una universidad pública comprometida con el bien común no puede limitarse a formar profesionales. También debe contribuir a crear oportunidades para que las personas continúen aprendiendo, reflexionando, dialogando y fortaleciendo sus capacidades de participación a lo largo de toda su vida.

Esto implica reconocer que el conocimiento no circula en una sola dirección. Las comunidades, organizaciones y colectivos también producen saberes valiosos. La labor universitaria consiste entonces en construir puentes entre distintos conocimientos, generar espacios de encuentro y promover procesos educativos donde todas las personas tengan algo que enseñar y algo que aprender.

Por esta razón, los talleres comunitarios, los procesos de formación territorial, los espacios de educación popular y las iniciativas dirigidas a personas adultas no son actividades secundarias. Constituyen una expresión concreta de la responsabilidad social de la universidad pública.

Cuando una persona adulta vuelve a encontrarse con el placer de aprender; cuando una comunidad fortalece sus capacidades organizativas; cuando un grupo de vecinos reflexiona sobre la gestión del agua, la participación ciudadana o la defensa de los bienes comunes; cuando las personas descubren nuevas herramientas para comprender su realidad y actuar sobre ella, la universidad está cumpliendo una de sus funciones más importantes.

En tiempos donde la educación superior suele medirse mediante indicadores de eficiencia, rankings o cantidad de graduaciones, conviene recordar que existen impactos que no caben fácilmente en una hoja de cálculo. La confianza construida en los territorios, los vínculos comunitarios fortalecidos, la participación social estimulada y las oportunidades de aprendizaje abiertas para personas de distintas edades son parte de esos resultados difíciles de cuantificar, pero fundamentales para la vida democrática.

Por eso, discutir el FEES también debería ser una oportunidad para discutir

qué universidad queremos sostener como sociedad.

Si creemos que la educación es un derecho humano y no un privilegio, entonces la universidad pública debe seguir siendo un espacio abierto para todas las edades. Un espacio donde aprender no tenga fecha de vencimiento y donde el conocimiento circule más allá de los campus para encontrarse con las necesidades, experiencias y aspiraciones de las comunidades.

Defender la educación a lo largo de la vida no es solamente defender un modelo educativo. Es defender una idea de sociedad donde todas las personas conservan el derecho a seguir aprendiendo, participando y transformando el mundo que comparten.

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Verde por fuera: cómo las grandes empresas convierten las promesas ambientales en estrategia de legitimación

Basado en el artículo científico «Environmental claims, climate promises, and greenwashing by meat and dairy companies», publicado en PLOS Climate (2026).

Cuando la crisis ambiental se vuelve un problema de comunicación

Durante décadas, las principales disputas ambientales giraron alrededor de preguntas relativamente visibles: quién contaminaba, qué ecosistemas eran afectados o cuáles actividades económicas impulsaban la degradación ambiental. Hoy, sin embargo, una parte creciente de la batalla se libra en otro terreno menos evidente: el lenguaje.

Las grandes corporaciones ya no suelen negar el cambio climático ni rechazar abiertamente la necesidad de una transición ecológica. Por el contrario, cada vez más empresas se presentan como protagonistas de esa transformación. Informes de sostenibilidad, compromisos de carbono neutralidad, campañas publicitarias y declaraciones institucionales buscan transmitir la imagen de organizaciones comprometidas con el planeta y con las generaciones futuras.

La pregunta es si esas narrativas corresponden a transformaciones reales o si, en algunos casos, funcionan como mecanismos para preservar legitimidad social mientras los modelos productivos permanecen esencialmente intactos.

Un estudio publicado en 2026 en la revista PLOS Climate aporta elementos importantes para esta discusión. Las personas investigadoras analizaron las declaraciones ambientales realizadas por las 33 mayores empresas de carne y lácteos del mundo. Identificaron 1.233 afirmaciones ambientales, de las cuales el 68% estaban relacionadas con el cambio climático. Más de un tercio correspondían a promesas futuras difíciles de verificar y apenas una minoría aportaba evidencia que permitiera evaluar su alcance real. El dato más llamativo fue otro: el 98% de las afirmaciones presentaba indicadores de greenwashing o lavado verde.

Más allá de la magnitud de las cifras, el estudio ofrece una ventana privilegiada para comprender cómo las industrias altamente contaminantes están aprendiendo a gestionar la crisis ecológica mediante relatos, compromisos y promesas que no necesariamente se traducen en transformaciones sustantivas.

Aunque la investigación se concentra en la industria cárnica y láctea, las dinámicas identificadas permiten observar fenómenos que atraviesan múltiples sectores económicos. Lo que aparece aquí es menos una anomalía sectorial que una forma contemporánea de construir legitimidad ambiental.

La sostenibilidad como narrativa corporativa

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que el cambio climático se ha convertido en el principal lenguaje de legitimación ambiental de las empresas analizadas. La mayoría de las afirmaciones identificadas estaban asociadas a reducción de emisiones, metas climáticas, innovación tecnológica o compromisos de carbono neutralidad.

A primera vista, esto podría interpretarse como una señal positiva. Después de todo, implica reconocer la gravedad del problema climático. Sin embargo, al observar con más detalle el contenido de las declaraciones, aparece una tensión importante. Muchas utilizan conceptos amplios y atractivos —sostenibilidad, innovación verde, producción responsable, regeneración, neutralidad climática— sin explicar con claridad qué significan en términos concretos ni cómo se traducen en transformaciones verificables.

La sostenibilidad deja entonces de funcionar únicamente como una práctica y comienza a operar como una narrativa. Lo relevante ya no es solamente lo que la empresa hace, sino la capacidad de construir una imagen pública asociada a la responsabilidad ambiental.

Esta dinámica no es menor. Cuando la discusión ambiental se desplaza desde los impactos materiales hacia los relatos institucionales, resulta más difícil distinguir entre cambios profundos y operaciones de comunicación.

En otras palabras, la pregunta deja de ser si una organización habla sobre sostenibilidad y pasa a ser qué evidencia existe de que esa sostenibilidad está ocurriendo.

El futuro como refugio de las promesas

Esta lógica se vuelve especialmente evidente cuando observamos la enorme cantidad de compromisos proyectados hacia el futuro. Más de un tercio de todas las afirmaciones ambientales identificadas por el estudio correspondían a promesas todavía no realizadas.

Las empresas anuncian que alcanzarán emisiones netas cero en 2040 o 2050, restaurarán ecosistemas, reducirán su huella ambiental o desarrollarán nuevas tecnologías para resolver problemas que hoy siguen sin respuesta. El problema no es la existencia de metas de largo plazo. Cualquier transformación ecológica requiere planificación y horizontes temporales amplios.

La dificultad aparece cuando las promesas sustituyen a los planes.

En numerosos casos analizados por las personas investigadoras, las metas climáticas no estaban acompañadas por hojas de ruta claras, indicadores intermedios, mecanismos de rendición de cuentas o estrategias verificables para alcanzar los objetivos anunciados. Lo que se ofrece es una visión deseable del futuro, pero no necesariamente una explicación de cómo se llegará a él.

Por esta razón, diversos estudios recientes han comenzado a hablar de future-washing: una forma de lavado verde que traslada la solución de los problemas ambientales hacia un horizonte lejano, mientras el presente permanece relativamente intacto.

Primera señal de alerta: cuando las promesas sustituyen a los planes

Las metas de largo plazo no son un problema en sí mismas. Lo preocupante es cuando aparecen desconectadas de acciones concretas en el presente.

Cuando una empresa, institución o gobierno anuncia que será carbono neutral dentro de veinte o treinta años, conviene preguntarse:

  • -¿Existe una hoja de ruta pública para alcanzar esa meta?
  • -¿Se establecen objetivos intermedios verificables?
  • -¿Se identifican responsables y recursos asignados?
  • -¿Qué ocurrirá si las metas no se cumplen?

Una promesa sin mecanismos de seguimiento puede funcionar más como estrategia de comunicación que como compromiso efectivo.

Mostrar lo pequeño para ocultar lo estructural

Si el futuro se convierte en un espacio privilegiado para la construcción de expectativas, el presente suele organizarse alrededor de otro mecanismo igualmente frecuente: destacar acciones puntuales mientras permanecen fuera de foco los principales impactos ambientales.

Numerosas empresas resaltan programas piloto, proyectos experimentales o mejoras localizadas como evidencia de su compromiso ecológico. La instalación de paneles solares en una planta específica, la reducción del uso de ciertos materiales de empaque o pequeñas mejoras de eficiencia energética son presentadas como señales de transformación.

Estas iniciativas pueden generar beneficios reales. El problema surge cuando se convierten en el centro del relato ambiental mientras las actividades que producen la mayor parte de las emisiones o de los impactos ecológicos permanecen sin modificaciones sustantivas.

En estos casos, la comunicación no necesariamente oculta información falsa. Lo que hace es reorganizar la atención pública. Se dirige la mirada hacia aquello que mejora y se evita discutir aquello que sigue generando daños significativos.

La sostenibilidad termina funcionando como una vitrina donde se exhiben los avances más visibles mientras las contradicciones estructurales permanecen detrás del escenario.

Segunda señal de alerta: cuando lo anecdótico desplaza lo importante

Una práctica frecuente del greenwashing consiste en destacar acciones reales pero marginales para construir una imagen de transformación profunda. No se trata necesariamente de información falsa. Se trata de una selección estratégica de aquello que se decide mostrar.

Frente a este tipo de mensajes conviene preguntarse:

  • -¿La iniciativa presentada aborda las principales fuentes de impacto ambiental?
  • -¿Representa una parte significativa de las operaciones?
  • -¿Qué porcentaje del problema pretende resolver?
  • -¿Qué temas quedan fuera del relato institucional?

A veces la información más importante no es la que aparece en el informe, sino la que desaparece de él.

Cuando la evidencia desaparece

La construcción de legitimidad ambiental no depende únicamente de las promesas o de las historias que las organizaciones cuentan sobre sí mismas. También depende de la capacidad de demostrar que aquello que se afirma efectivamente está ocurriendo.

Aquí aparece otro de los hallazgos más preocupantes del estudio. La mayoría de las declaraciones ambientales analizadas carecía de evidencia verificable. Cuando se aportaban pruebas, estas provenían frecuentemente de programas internos, informes corporativos o iniciativas impulsadas por la propia industria. Solamente tres afirmaciones estaban respaldadas por literatura científica revisada por pares.

Este hallazgo plantea una pregunta fundamental para cualquier persona interesada en temas ambientales:

¿quién verifica las afirmaciones de sostenibilidad?

En un contexto donde las credenciales ambientales se han convertido en activos económicos y reputacionales de gran valor, la transparencia y la verificación independiente adquieren una importancia creciente. Sin mecanismos externos de evaluación, resulta difícil distinguir entre compromisos genuinos y estrategias de mercadeo.

Tercera señal de alerta: cuando la empresa es juez y parte

Cuando las evidencias provienen exclusivamente de informes corporativos o de programas desarrollados por la propia organización, la posibilidad de contrastar resultados se reduce considerablemente.

Algunas preguntas útiles son:

  • -¿Quién produce los datos?
  • -¿Existe auditoría independiente?
  • -¿Los resultados son públicos y verificables?
  • -¿Hay respaldo científico externo?

La transparencia no consiste únicamente en publicar información, sino en permitir que otras personas puedan verificarla.

Una gramática común del greenwashing

Aunque las organizaciones estudiadas pertenecen a distintos países y operan en mercados diferentes, el estudio permite identificar una especie de gramática común que atraviesa buena parte de los discursos contemporáneos sobre sostenibilidad.

Primero aparece la promesa de un futuro mejor. Luego se exhiben iniciativas puntuales como prueba del compromiso ambiental. Posteriormente se incorporan conceptos amplios —innovación, sostenibilidad, regeneración, neutralidad climática— que generan adhesión social, aunque no siempre sean acompañados de indicadores verificables. Finalmente, la organización se presenta como parte de la solución, incluso cuando su actividad principal continúa generando impactos significativos.

Esta secuencia puede observarse en empresas energéticas que anuncian transiciones verdes mientras expanden proyectos fósiles, en proyectos turísticos que destacan certificaciones ambientales mientras presionan ecosistemas frágiles, en corporaciones tecnológicas que compensan emisiones sin modificar patrones de consumo energético, o incluso en gobiernos que construyen discursos de sostenibilidad sin transformar las causas estructurales de los problemas ambientales.

Comprender esta gramática no implica asumir que toda iniciativa ambiental es falsa. Significa desarrollar una mirada crítica capaz de distinguir entre cambios cosméticos y transformaciones sustantivas.

Cuarta señal de alerta: cuando la sostenibilidad se vuelve una marca

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que el greenwashing no depende de un sector específico. Las mismas lógicas aparecen en industrias muy distintas e incluso en organismos públicos.

Aunque cambien los productos o los contextos, suelen repetirse algunos patrones:

  • -grandes metas acompañadas de pocos detalles;
  • -énfasis en proyectos piloto o acciones aisladas;
  • -uso de conceptos amplios y difíciles de medir;
  • -dependencia de tecnologías futuras aún no disponibles;
  • -abundancia de comunicación y escasez de evidencia.

Por eso resulta útil desplazar la atención desde las declaraciones hacia las prácticas concretas. La pregunta central no es si una organización habla de sostenibilidad, sino qué transformaciones verificables está realizando.

Más que un problema de publicidad

Reducir el greenwashing a una forma de publicidad engañosa sería subestimar sus efectos.

Cuando las narrativas ambientales sustituyen a las transformaciones reales, la ciudadanía recibe una imagen distorsionada de los avances alcanzados. Los inversionistas pueden sobreestimar el compromiso climático de las empresas. Los gobiernos encuentran menos presión para impulsar regulaciones más exigentes. Y los sectores responsables de una parte importante de los impactos ambientales logran mantener legitimidad social sin modificar sustancialmente sus prácticas.

La discusión, entonces, no gira únicamente alrededor de la veracidad de una afirmación concreta. Lo que está en juego es la capacidad de las sociedades para distinguir entre cambios cosméticos y transformaciones estructurales.

En tiempos de crisis climática y ecológica, la pregunta relevante no es quién habla más de sostenibilidad. La pregunta es quién está dispuesto a transformar las condiciones que hacen necesaria esa sostenibilidad.

Caja de herramientas para identificar greenwashing
Dimensión¿Qué observar?Señal de alertaPreguntas para analizar
Promesas futurasMetas de carbono neutralidad, sostenibilidad o restauración ambiental proyectadas a 2040, 2050 o más allá.Se anuncian objetivos ambiciosos, pero no existen planes claros para alcanzarlos.¿Existe una hoja de ruta pública? ¿Hay metas intermedias verificables? ¿Quién será responsable de cumplirlas? ¿Qué ocurrirá si no se alcanzan?
Escala de la acciónProgramas piloto, proyectos demostrativos o iniciativas localizadas.Se presentan acciones pequeñas como evidencia de una transformación estructural.¿Qué porcentaje de las operaciones cubre esta iniciativa? ¿Representa una parte significativa de la actividad de la organización? ¿Puede realmente modificar los principales impactos ambientales?
Impactos centralesLos principales procesos que generan emisiones, contaminación o degradación ambiental.La comunicación se concentra en aspectos secundarios y evita discutir las causas principales del problema.¿La organización está abordando las fuentes más importantes de impacto? ¿Qué temas quedan fuera del relato institucional? ¿Qué información no se menciona?
Evidencia y datosEstudios, indicadores, informes y resultados utilizados para respaldar las afirmaciones ambientales.Los datos provienen exclusivamente de la propia organización o de entidades vinculadas a ella.¿Quién produjo la información? ¿Existe verificación independiente? ¿Los datos son públicos y accesibles? ¿Se pueden contrastar con otras fuentes?
Uso de conceptos ambiguosExpresiones como «sostenible», «verde», «responsable», «regenerativo» o «climáticamente inteligente».Se utilizan conceptos atractivos sin definiciones claras ni indicadores concretos.¿Qué significa exactamente ese concepto? ¿Cómo se mide? ¿Qué evidencia demuestra que se está cumpliendo?
Tecnología salvadoraInnovaciones futuras, soluciones tecnológicas emergentes o mecanismos de compensación.Se deposita la solución de los problemas ambientales en tecnologías que aún no existen o no están probadas a gran escala.¿La tecnología ya está operando? ¿Cuál es su impacto real? ¿Está sustituyendo cambios que deberían realizarse en el presente?
TransparenciaDisponibilidad de información sobre impactos, avances y limitaciones.Se publican únicamente resultados positivos o datos parciales.¿Qué información falta? ¿Se reportan también los fracasos, desafíos o retrocesos? ¿Es posible acceder a los datos completos?
Rendición de cuentasMecanismos de seguimiento y evaluación de compromisos ambientales.Las declaraciones son generales y no existen responsables identificables.¿Quién supervisa el cumplimiento? ¿Existen auditorías externas? ¿Se publican avances periódicos?
Beneficio reputacionalCampañas publicitarias, certificaciones, reconocimientos o estrategias de mercadeo verde.La inversión en comunicación parece mayor que la inversión en transformación ambiental.¿La organización está cambiando sus prácticas o principalmente su imagen? ¿Qué proporción de los esfuerzos se destina a comunicación y cuál a cambios reales?
Participación socialEspacios de diálogo con comunidades, organizaciones sociales y personas afectadas.Las decisiones se presentan como consensuadas sin participación efectiva de quienes enfrentan los impactos.¿Quiénes participaron en la definición de las medidas? ¿Las comunidades afectadas fueron consultadas? ¿Existe acceso público a los procesos de decisión?
¿Quiere profundizar en la investigación?

Le invitamos a descargar y consultar el artículo científico que inspira esta reflexión. El estudio ofrece un análisis detallado de las declaraciones ambientales realizadas por las principales empresas cárnicas y lácteas del mundo, así como una metodología para identificar distintas formas de greenwashing o lavado verde. Su lectura resulta especialmente valiosa para quienes investigan temas de sostenibilidad, comunicación ambiental, responsabilidad corporativa y justicia climática.

Referencia:

Hill, Sarah, Nemes, Noemi, Montgomery, Alexander W., Scanlan, Stephen J., McNally, Brandon, Tubiello, Francesco N., Smith, Pete, Smith, Thomas, Aronczyk, Melissa y Jacquet, Jennifer. (2026). Environmental claims, climate promises, and greenwashing by meat and dairy companies. PLOS Climate, 5(4), e0000773. https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000773

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Edgar Morin y la tarea de pensar un mundo que no cabe en fragmentos

Entrevista improbable

—Bienvenidos a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, estamos con el  Profesor Morin. Queriamos saber su opinión, en nuestra universidad estamos hablando de una olla arrocera, un coffee maker y un microondas desaparecidos.

—¿Y eso los sorprende?

—Un poco.

—A mí no.

—¿No?

—Las instituciones suelen sentirse más cómodas contabilizando objetos que interrogando conflictos.

—Pero hubo daños.

—Claro que los hubo. La cuestión es otra.

—¿Cuál?

—¿Por qué una universidad capaz de producir miles de investigaciones tiene tantas dificultades para investigar críticamente sus propios conflictos?

El Observatorio guarda silencio.

—¿No es legítimo preocuparse por los bienes públicos?

—Por supuesto. Lo extraño sería no hacerlo. Lo que me parece más interesante es preguntarse por qué ciertos daños se vuelven visibles y otros permanecen invisibles.

—¿Como cuáles?

—La erosión de la confianza. El miedo a hablar. El silenciamiento. La pérdida de espacios democráticos. La incapacidad de escuchar el desacuerdo antes de que se convierta en confrontación.

—Pero eso es más difícil de medir.

—Exactamente. Y lo que no puede medirse fácilmente suele desaparecer de los informes.

—Entonces el problema no era la olla arrocera.

—El problema es que una universidad dedicada al conocimiento termine creyendo que el inventario es una explicación.

—¿Y qué es entonces?

—Una descripción. Las explicaciones comienzan cuando alguien pregunta por qué una comunidad universitaria llegó al punto de ocupar un edificio y por qué otra parte de esa misma comunidad considera impensable discutir las causas del conflicto.

—Eso genera incomodidad.

—La comprensión siempre genera incomodidad. La simplificación es mucho más confortable.

La conversación nunca ocurrió. O al menos no de esa manera. Pero resulta difícil leer hoy a Edgar Morin sin imaginar una escena parecida. Durante décadas insistió en que los seres humanos tendemos a confundir las partes con el todo, los síntomas con las causas y los inventarios con las explicaciones. Allí donde predominan las simplificaciones, Morin nos invita a preguntar por las relaciones, los contextos y las tensiones que permanecen ocultas detrás de lo aparentemente evidente. Quizá por eso su pensamiento sigue siendo tan incómodo para nuestras universidades. Porque obliga a mirar más allá de los objetos, las sanciones o los episodios aislados para preguntarse qué conflictos, qué silencios y qué posibilidades de transformación se encuentran detrás de ellos. Con la muerte de Edgar Morin desaparece una de las voces más importantes del pensamiento contemporáneo, pero permanecen abiertas muchas de las preguntas que dedicó su vida a formular.

La muerte de Edgar Morin cierra una de las trayectorias intelectuales más fecundas del último siglo, pero deja abierta una pregunta que atraviesa buena parte de los desafíos contemporáneos: ¿cómo pensar un mundo cada vez más complejo con instituciones y formas de conocimiento que siguen empeñadas en dividirlo en fragmentos?

A lo largo de más de cien años de vida, Morin construyó una obra monumental que recorrió la sociología, la filosofía, la antropología, la política, la ecología y la educación. Sin embargo, más que un especialista en alguna disciplina particular, fue un pensador de las conexiones. Allí donde otros veían compartimentos separados, él veía relaciones. Allí donde predominaban las certezas, él insistía en la necesidad de convivir con la incertidumbre. Allí donde se imponían respuestas cerradas, reivindicaba la capacidad humana de formular nuevas preguntas.

Su propuesta del pensamiento complejo surgió precisamente como una crítica a las formas simplificadoras de conocer la realidad. Para Morin, el gran problema de la modernidad no era la falta de información, sino la incapacidad para relacionarla. Hemos acumulado conocimientos extraordinarios sobre aspectos específicos del mundo, pero con frecuencia hemos perdido la capacidad de comprender el conjunto.

Esta preocupación atraviesa su conocido texto Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, elaborado para la UNESCO a finales del siglo XX. Lejos de presentar un programa técnico para reformar los sistemas educativos, el libro constituye una invitación a repensar las bases mismas del conocimiento, la educación y la convivencia humana.

La primera tarea: desconfiar de nuestras propias certezas

Morin parte de una afirmación incómoda: todo conocimiento está expuesto al error y a la ilusión. La educación suele concentrarse en transmitir contenidos, pero raramente enseña a interrogar los mecanismos mediante los cuales conocemos.

Para el pensador francés, una sociedad democrática necesita personas capaces de examinar críticamente sus propias ideas, reconocer sus sesgos y aceptar que ninguna teoría está completamente protegida frente al error.

Esta propuesta resulta particularmente relevante en una época marcada por la sobreabundancia de información, la polarización política y la circulación masiva de discursos que se presentan como verdades absolutas. La lucidez, sostenía Morin, no consiste en poseer respuestas definitivas, sino en desarrollar la capacidad permanente de cuestionar nuestras propias certezas.

Comprender es relacionar

Una segunda idea atraviesa toda su obra: la realidad está hecha de relaciones.

La educación moderna, organizada alrededor de disciplinas cada vez más especializadas, ha permitido avances científicos extraordinarios. Sin embargo, también ha producido una creciente dificultad para comprender los grandes problemas de nuestro tiempo.

Las crisis ecológicas, las desigualdades sociales, los conflictos políticos, las transformaciones tecnológicas o los procesos migratorios no pertenecen exclusivamente a una sola disciplina. Son fenómenos económicos, culturales, ambientales, históricos y políticos al mismo tiempo.

Morin insistía en que el conocimiento pertinente es aquel que logra conectar las partes con los conjuntos, los hechos con sus contextos y los problemas específicos con las dinámicas más amplias que los producen.

Pensar complejamente no significa abandonar el rigor. Significa reconocer que la realidad está tejida por múltiples dimensiones que interactúan entre sí.

La condición humana como punto de partida

Otra de las contribuciones fundamentales de Morin fue su esfuerzo por devolver la condición humana al centro de la educación. El ser humano, afirmaba, es simultáneamente biológico, cultural, histórico, afectivo, racional, individual y colectivo. Sin embargo, las instituciones educativas suelen abordar cada una de estas dimensiones por separado.

El resultado es paradójico: aprendemos innumerables conocimientos sobre el mundo, pero con frecuencia sabemos muy poco sobre nosotros mismos.

Para Morin, educar implica ayudar a comprender la complejidad de lo humano, reconociendo tanto aquello que nos hace diferentes como aquello que compartimos como especie. Esta perspectiva adquiere especial importancia en contextos marcados por el racismo, la xenofobia, la exclusión y los discursos que convierten las diferencias en motivos de enfrentamiento.

Aprender a vivir con la incertidumbre

Pocas ideas de Morin resultan tan actuales como su reflexión sobre la incertidumbre. Durante siglos, gran parte del pensamiento moderno estuvo convencido de que el progreso científico permitiría predecir y controlar cada vez más aspectos de la realidad. Sin embargo, las guerras mundiales, las crisis económicas, las pandemias y la emergencia climática demostraron los límites de esa confianza.

Morin proponía abandonar la ilusión de la previsión absoluta y desarrollar una inteligencia estratégica capaz de actuar en escenarios cambiantes. Su conocida imagen de “navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas” conserva hoy una enorme vigencia. No se trata de renunciar al conocimiento, sino de reconocer que la historia permanece abierta y que siempre existe espacio para lo inesperado.

La creatividad como respuesta a un mundo abierto

Esta concepción de la incertidumbre conduce directamente a una reivindicación de la creatividad. Si el futuro no está completamente determinado, entonces los seres humanos conservan la capacidad de inventar respuestas nuevas frente a problemas inéditos.

En Morin, la creatividad no aparece únicamente como una capacidad artística. Es una facultad política, social y cultural. Surge cuando las personas logran romper esquemas rígidos de pensamiento, establecer conexiones inesperadas y construir alternativas frente a situaciones que parecen no tener salida.

Por eso su pensamiento nunca fue pesimista. Aunque dedicó buena parte de su obra a analizar crisis, contradicciones y amenazas, siempre insistió en que la historia humana permanece abierta a la transformación. La incertidumbre no es solamente fuente de riesgo; también es la condición de posibilidad de la esperanza.

Una ciudadanía para la Tierra

Morin fue además uno de los primeros intelectuales en advertir que los grandes desafíos contemporáneos debían ser comprendidos desde una perspectiva planetaria.

Las crisis ecológicas, los conflictos globales, las migraciones, las pandemias o las desigualdades internacionales muestran que compartimos una misma comunidad de destino. Frente a las visiones estrechas del nacionalismo y la competencia permanente, propuso construir una conciencia de ciudadanía terrestre basada en la solidaridad, la interdependencia y el reconocimiento de que habitamos una misma Tierra.

Esta dimensión ética y política atraviesa toda su obra. No basta con comprender la complejidad del mundo; también es necesario asumir responsabilidades frente a ella.

¿Qué le dice Edgar Morin a la universidad pública?

Quizá uno de los mayores homenajes que pueden hacerse a Morin sea leerlo desde los desafíos actuales de la universidad pública.

En un contexto donde crecen las presiones para reducir la educación superior a la formación de mano de obra especializada, su obra recuerda que la universidad tiene una misión mucho más amplia: ayudar a comprender el mundo y a transformarlo. Morin interpela a las universidades cuando la fragmentación disciplinaria dificulta el diálogo entre saberes. Las interpela cuando los indicadores sustituyen las preguntas fundamentales. Las interpela cuando la producción de conocimiento se separa de los problemas reales de las comunidades. Y las interpela cuando la formación profesional deja de preguntarse por el sentido humano, ético y político de aquello que enseña.

Sus ideas invitan a defender una universidad capaz de:

  • -Formar personas críticas y no solamente especialistas.
  • -Articular conocimientos científicos, humanísticos y comunitarios.
  • -Comprender los problemas desde su complejidad y no desde compartimentos aislados.
  • -Promover la creatividad como capacidad de transformación social.
  • -Fortalecer la democracia mediante el diálogo y la comprensión mutua.
  • -Construir una conciencia planetaria comprometida con la justicia social y ecológica.
  • -Mantener viva la curiosidad intelectual frente a cualquier forma de dogmatismo.

En tiempos de crisis democráticas, conflictos socioambientales, transformaciones tecnológicas aceleradas y disputas por el sentido de lo público, la obra de Edgar Morin continúa recordándonos que la educación no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino en formar seres humanos capaces de comprender la complejidad de su tiempo y actuar sobre ella. Su legado permanece como una invitación a pensar mejor para vivir mejor, a relacionar lo que aparece separado y a reconocer que, incluso en medio de la incertidumbre, siempre existe la posibilidad de construir futuros distintos.

Antes de despedirse, el Observatorio formula una última pregunta.

—Profesor Morin, ¿qué debería preocuparle hoy a una universidad pública?

—Que deje de pensar.

—¿Tan grave es?

—Mucho más de lo que parece.

—Pero la universidad produce conocimiento.

—No confundamos información con pensamiento.

—¿Cuál es la diferencia?

—La información puede acumularse. El pensamiento puede incomodar.

—¿Y quién incomoda hoy a la universidad?

Morin observa hacia el campus.

—Históricamente, quienes más la han transformado casi nunca fueron los sectores más cómodos dentro de ella.

—¿Los estudiantes?

—Los estudiantes. Las mujeres que exigieron entrar donde no podían entrar. Las personas trabajadoras que cuestionaron privilegios. Los movimientos que denunciaron exclusiones. Los sectores que se negaron a aceptar que la universidad ya había alcanzado su mejor versión.

—Pero hoy muchos ven el conflicto estudiantil como una amenaza.

—Eso ocurre cada vez que una institución comienza a confundirse con su propia administración.

—¿Qué quiere decir?

—Que deja de preguntarse para qué existe y empieza a preocuparse únicamente por preservar el orden.

—¿Y el orden es malo?

—No. Lo peligroso es cuando el orden se vuelve más importante que la verdad.

El Observatorio vuelve a mirar la universidad.

—Entonces las personas estudiantes siguen teniendo un papel transformador.

—No porque tengan siempre la razón.

—¿Entonces?

—Porque recuerdan una verdad incómoda: que ninguna universidad pública fue creada para administrar consensos. Fue creada para producir pensamiento crítico sobre la sociedad y sobre sí misma.

—Incluso cuando eso genera conflictos.

—Especialmente cuando genera conflictos.

Morin sonríe.

—Las universidades suelen celebrar la Reforma de Córdoba, las luchas por la autonomía y las grandes movilizaciones estudiantiles latinoamericanas.

—Sí.

—Porque ocurrieron hace más de cien años.

—¿Y si ocurrieran hoy?

—Probablemente primero calcularían los daños.

—…

—Y después se preguntarían qué fue lo que pasó.

—¿Y cuál debería ser el orden correcto?

—Exactamente al revés.

Para quienes deseen acercarse directamente al pensamiento de Edgar Morin, compartimos Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, una obra fundamental publicada por la UNESCO que sigue interpelando a educadores, estudiantes, movimientos sociales y universidades de todo el mundo. En sus páginas, Morin invita a cuestionar las certezas, comprender la complejidad de los problemas contemporáneos y repensar la educación como una herramienta para la democracia, la creatividad y la transformación social. A más de dos décadas de su publicación, el texto conserva una sorprendente vigencia y constituye una excelente puerta de entrada para conocer la obra de uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo.

Puedes descargar el libro aquí.

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Deodoro Roca y la universidad imposible: volver a la herejía universitaria

Hay personajes que las universidades recuerdan con relativa tranquilidad mientras permanezcan inmóviles dentro de los aniversarios, las placas conmemorativas y las frases repetidas en actos oficiales. Figuras convertidas en patrimonio histórico, cuidadosamente desactivadas para que ya no representen peligro alguno para la normalidad institucional.

Deodoro Roca no pertenece del todo a esa categoría.

Cada cierto tiempo vuelve a aparecer como una incomodidad. Como una pregunta mal archivada. Como una voz que insiste en recordarnos que la universidad pública latinoamericana no nació para administrar tranquilidad, sino en medio del conflicto, la rebelión estudiantil y la disputa por el sentido mismo del conocimiento.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes presentamos el cuaderno Deodoro Roca y la universidad imposible: rebeldía, espíritu libre y disputas por la universidad pública en América Latina y el Caribe, una nueva entrega de la serie Geografías Herejes de los Bienes Comunes. Un material que busca recuperar no solamente la memoria de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, sino el filo crítico y profundamente incómodo del pensamiento de Deodoro Roca.

Pero, ¿quién fue Deodoro Roca?

Abogado, ensayista, intelectual argentino y principal redactor del histórico Manifiesto Liminar de 1918, Roca fue una de las voces más radicales de la Reforma Universitaria. Defendió la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil y la libertad de cátedra, pero su pensamiento iba mucho más allá de reformas administrativas. Su crítica apuntaba a algo más profundo: la relación entre universidad y obediencia.

Roca denunció las universidades convertidas en “fábricas de títulos”, criticó a los “domésticos doctorados” y cuestionó la formación de profesionales técnicamente eficientes pero incapaces de confrontar las estructuras de poder que organizan la vida social. Para él, la universidad debía ser un espacio de espíritu libre, imaginación democrática y transformación colectiva.

Y quizá ahí radica la vigencia inquietante de sus palabras.

Porque más de un siglo después, las universidades públicas latinoamericanas continúan atravesadas por tensiones que Roca ya intuía: burocratización institucional, mercantilización del conocimiento, colonialidad académica, productivismo, rankings, tecnocracia y formas cada vez más sofisticadas de administrar el conflicto político sin transformar sus causas.

Hoy, cuando muchas universidades parecen hablar permanentemente de pensamiento crítico mientras convierten la estabilidad administrativa en horizonte absoluto, volver a Deodoro Roca implica recuperar preguntas incómodas:

¿La universidad sigue siendo un espacio para el pensamiento libre o se está convirtiendo en administradora de normalidad?

¿La autonomía universitaria existe para proteger la crítica o únicamente para preservar el funcionamiento institucional?

¿Estamos formando personas capaces de disputar el sentido común dominante o profesionales adaptados a gestionar eficientemente un mundo desigual?

Este cuaderno no busca convertir a Roca en estatua universitaria. Mucho menos en prócer domesticado apto para discursos ceremoniales sobre democracia universitaria. La apuesta es otra: leerlo desde la herejía. Entendiendo la herejía no como error, sino como práctica crítica capaz de interrumpir los consensos burocráticos, desafiar los dogmas tecnocráticos y defender la posibilidad de una universidad verdaderamente viva.

Porque quizá una de las preguntas más peligrosas de nuestro tiempo siga siendo la misma que atravesaba Córdoba en 1918:

¿Qué universidad es todavía posible imaginar en América Latina y el Caribe?

Invitamos a leer, discutir y problematizar este cuaderno. No para repetir consignas heroicas del pasado, sino para preguntarnos qué queda hoy de aquella universidad rebelde que alguna vez soñó producir espíritu libre y no obediencia.

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Fabricación de consenso «premium»: medios, expertos y el ecosistema perfectamente «espontáneo»

Cartmancast Política Premium

(Suena música exageradamente épica. Eric Cartman aparece frente a un micrófono con una taza que dice “analista senior”.)

CARTMAN: Hola chicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cartmancast Política Premium, el único programa de análisis político donde claramente nadie supervisa las contrataciones del Observatorio.

Y hoy hablaremos de un fenómeno completamente natural y cero sospechoso: cómo una idea pasa mágicamente de conferencia de prensa… a verdad nacional inevitable.

Porque funciona así, chicos: primero alguien dice: “esta reforma es necesaria”.

Luego aparece un experto en televisión diciendo: “efectivamente, según complejos indicadores técnicos imposibles de verificar durante un programa de siete minutos… esto es necesario”.

Después otro experto repite lo mismo en radio usando palabras científicas como: “competitividad”, “armonización”, “modernización”, y “eficiencia”.

Que básicamente significan: “si no está de acuerdo probablemente usted odia el progreso”.

Y entonces los medios hacen titulares como: “Especialistas aseguran que el país debe avanzar”.

Y BOOM.

Después de escucharlo suficientes veces: en tele, en radio, en redes, en entrevistas, y en conferencias… todo empieza a sentirse como ley natural del universo.

Muy espontáneo todo, chicos.

Pero aquí viene la parte interesante. La pregunta no es solamente qué dice un proyecto.

La pregunta también es: ¿quién tiene el poder de explicar públicamente cómo debemos entenderlo?

Porque quizá el verdadero poder no consiste únicamente en aprobar leyes.

Quizá también consiste en controlar el micrófono gigante desde donde la sociedad aprende qué significa: “desarrollo”, “progreso”, “modernización” o “sentido común”.

Del juego a la discusión

El diálogo imaginario funciona como sátira, pero también como puerta de entrada a una pregunta profundamente política: ¿cómo se construyen hoy los consensos públicos alrededor de proyectos económicos, reformas institucionales o procesos de apertura de mercado?

En apariencia, todo ocurre de manera completamente espontánea. Una conferencia oficial presenta determinada narrativa; posteriormente, esa misma interpretación comienza a circular con notable velocidad en paneles televisivos, entrevistas radiales, programas de opinión, columnas periodísticas y redes sociales. Poco a poco, ciertas ideas empiezan a repetirse con tal consistencia que terminan adquiriendo apariencia de verdad técnica objetiva, incluso cuando detrás de ellas existen disputas políticas, intereses económicos y modelos de sociedad en tensión.

No se trata necesariamente de operaciones burdas de propaganda ni de conspiraciones caricaturescas organizadas en sótanos oscuros. La fabricación contemporánea de consenso suele operar mediante mecanismos mucho más sofisticados y difíciles de percibir. Funciona a través de la reiteración constante de determinados marcos interpretativos, de la selección recurrente de ciertas voces expertas, de la exclusión silenciosa de preguntas incómodas y de la transformación de asuntos profundamente políticos en problemas aparentemente técnicos.

La tecnificación de los conflictos políticos

Uno de los mecanismos más efectivos dentro de la construcción contemporánea de consenso consiste en convertir debates profundamente políticos en discusiones aparentemente técnicas. De esta manera, asuntos relacionados con privatización, apertura económica, extractivismo o reformas estructurales dejan de discutirse como proyectos ideológicos y comienzan a presentarse como inevitabilidades administrativas asociadas a conceptos como eficiencia, modernización, competitividad o innovación.

La operación resulta especialmente poderosa porque desplaza el conflicto político detrás de un lenguaje especializado que aparenta neutralidad. La pregunta ya no parece ser qué modelo de sociedad se desea construir, sino cuál alternativa resulta “más técnica”, “más eficiente” o “más viable”. En ese desplazamiento discursivo, las decisiones políticas comienzan a representarse como simples necesidades administrativas inevitables.

Así, la discusión pública deja de centrarse en quién gana, quién pierde o qué impactos territoriales y sociales podrían generarse. En lugar de eso, el debate se reorganiza alrededor de indicadores, métricas y diagnósticos técnicos que muchas veces invisibilizan las relaciones de poder implicadas en las decisiones.

El ecosistema mediático perfectamente espontáneo

En este contexto emerge lo que podríamos llamar un “ecosistema mediático perfectamente espontáneo”. Gobierno anuncia una medida; personas expertas la validan utilizando lenguaje técnico; medios de comunicación la amplifican mediante entrevistas, titulares y mesas de análisis; redes sociales aceleran su circulación; y eventualmente la narrativa retorna a la esfera institucional convertida en consenso aparentemente nacional.

El fenómeno no depende necesariamente de órdenes directas ni de coordinación explícita entre todos los actores involucrados. Muchas veces funciona precisamente porque distintos sectores comparten marcos ideológicos similares sobre crecimiento económico, desarrollo, mercado o modernización. El resultado es una circulación altamente homogénea de interpretaciones que terminan reduciendo la pluralidad efectiva del debate público.

Cuando una misma idea aparece repetidamente en conferencias, televisión, radio, entrevistas y plataformas digitales, comienza a adquirir apariencia de verdad objetiva. La reiteración permanente produce familiaridad; la familiaridad produce legitimidad; y la legitimidad termina generando sentido común.

En ese punto, cuestionar ciertos supuestos empieza a percibirse no como parte normal de una democracia, sino como una anomalía sospechosa.

La administración estratégica de las preguntas incómodas

La fabricación de consenso no necesita convencer absolutamente a toda la población. En muchos casos, basta con desplazar determinadas preguntas fuera del centro de la conversación pública.

Preguntas como:

  • -¿quién gana económicamente con determinada reforma?
  • -¿qué impactos territoriales podrían producirse?
  • -¿qué ocurre con las lógicas solidarias o comunitarias?
  • -¿qué experiencias históricas similares existen?
  • -¿por qué distintas organizaciones sociales expresan preocupación?
  • -¿quién define qué significa “progreso” o “modernización”?

Tienden a recibir mucho menos espacio mediático que las narrativas asociadas a eficiencia, inversión, competitividad o crecimiento. La discusión deja entonces de tratar sobre modelos de sociedad y comienza a organizarse alrededor de la administración de percepciones públicas.

Deslegitimar antes que debatir

En este escenario, quienes introducen cuestionamientos frecuentemente son clasificados mediante etiquetas que facilitan su deslegitimación pública: “enemigos del desarrollo”, “radicales”, “desinformados”, “anti-progreso”, “comunistas” o simplemente “los mismos de siempre”.

La caricaturización reemplaza la discusión argumentativa. Resulta mucho más eficiente desacreditar a quienes hacen preguntas que abrir espacios de deliberación profunda sobre los efectos estructurales de determinadas políticas.

De esta manera, el conflicto político se transforma en un problema de credibilidad individual. Ya no importa tanto qué se está diciendo, sino quién lo dice y cuán fácilmente puede ser presentado como una figura irracional o amenazante frente al consenso dominante.

La vigilia y la ruptura parcial del guion

Quizás por eso ciertos espacios de deliberación colectiva generan tanta incomodidad política. La vigilia realizada afuera de la Asamblea Legislativa introdujo precisamente una ruptura parcial dentro de esa lógica comunicacional.

Mientras buena parte de la discusión institucional se estructuraba alrededor de vocerías oficiales, lenguajes técnicos y marcos mediáticos relativamente homogéneos, en el espacio público comenzaron a emerger conversaciones diferentes: personas explicando el proyecto entre ellas, comparando experiencias históricas, compartiendo preocupaciones territoriales y construyendo interpretaciones colectivas sin mediación de los formatos tradicionales de validación experta.

La importancia política de estos espacios no radica únicamente en la protesta misma, sino en la posibilidad de reconstruir colectivamente la capacidad de interpretar la realidad fuera de los circuitos oficiales de producción de legitimidad.

Para analizar procesos de fabricación de consenso
Elemento¿Cómo opera?¿Qué efecto produce?Preguntas críticas posibles
Lenguaje técnicoPresenta decisiones políticas como asuntos administrativos inevitablesReduce la percepción de conflicto político¿Qué intereses quedan ocultos detrás del lenguaje técnico?
Repetición mediáticaMultiplica constantemente una misma narrativaGenera sensación de consenso social¿Qué voces aparecen constantemente y cuáles no?
ExpertocraciaPrioriza ciertas voces como únicas fuentes legítimasDesplaza saberes comunitarios y experiencias sociales¿Quién decide quién es “experto”?
Invisibilización de preguntasReduce espacio para temas incómodosLimita el horizonte del debate público¿Qué preguntas no están siendo discutidas?
Etiquetación y estigmatizaciónDesacredita a quienes cuestionanDebilita la deliberación democrática¿Se están discutiendo argumentos o atacando personas?
Narrativa del progresoAsocia oposición con atraso o irracionalidadPresiona simbólicamente hacia el consenso¿Quién define qué significa “progreso”?
Viralización en redesAmplifica mensajes simplificados y emocionalesAcelera consolidación de marcos interpretativos¿Qué emociones moviliza la narrativa dominante?
Concentración de voceríasRepite constantemente las mismas figuras públicasHomogeneiza el debate mediático¿Qué sectores sociales están ausentes?

 

La disputa también es comunicacional

Al final, la discusión nunca trata únicamente sobre el contenido específico de un proyecto de ley. También involucra quién posee capacidad para explicarlo públicamente, qué narrativas adquieren legitimidad social y quién controla el gran micrófono desde el cual se define qué significa “progreso”, “modernización” o “interés nacional”.

Cuando una sola interpretación logra repetirse simultáneamente en conferencias, titulares, paneles televisivos, programas de opinión y redes sociales durante suficiente tiempo, la democracia deja de reducirse únicamente al acto electoral.

Empieza también a depender de algo mucho más profundo: la distribución desigual del poder para nombrar la realidad y establecer cuáles preguntas pueden formularse públicamente sin ser expulsadas del debate legítimo.

Ciencia mediática avanzada, chicos

(Cartman vuelve a aparecer mirando fijamente a la cámara mientras toma café con absoluta seriedad.)

CARTMAN:
Bueno chicos, creo que hoy aprendimos algo súper importante.

Que la discusión pública nunca trata solamente sobre un proyecto de ley.

También trata sobre: quién tiene espacio para hablar, qué voces aparecen todos los días, quién recibe legitimidad automática, y quién queda reducido a “gente exagerando en la calle”.

Porque cuando una sola narrativa logra repetirse constantemente: en titulares,
paneles, programas de opinión, entrevistas, redes sociales y conferencias oficiales… eventualmente deja de sonar como opinión y empieza a sonar como realidad inevitable.

Ciencia mediática avanzada, chicos.

Y por eso resulta TAN incómodo cuando la gente empieza a conversar entre sí sin permiso del Panel Nacional de Expertos Televisivos Certificados.

Muy irresponsable democráticamente. Porque cuando comunidades, estudiantes, organizaciones y personas comunes comienzan a compartir experiencias, comparar historias y hacerse preguntas incómodas… el debate deja de estar completamente controlado.

Y ahí es donde aparecen problemas TERRIBLES para el ecosistema perfectamente espontáneo del consenso nacional premium.

(Cartman se acomoda el micrófono.)

Así que la próxima vez que escuchen: “todo el mundo sabe que esto es necesario”…pregúntense algo muy simple:

¿todo el mundo realmente lo decidió…
o simplemente escuchó la misma narrativa repetida suficientes veces?

Bueno chicos, esto fue Cartmancast Política Premium.

Y recuerden: si suficientes personas dicen lo mismo en suficientes micrófonos… eventualmente hasta la desigualdad puede empezar a sonar como innovación.

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Entre “modernización” y “enemigos del pueblo”: las narrativas en disputa tras la vigilia por la armonización eléctrica

Después de la vigilia: cuando la disputa deja de ser únicamente técnica

La discusión sobre el proyecto de “armonización” eléctrica entró en una nueva etapa después de que el gobierno no lograra reunir los 38 votos necesarios para aprobar la iniciativa en segundo debate. Lo que inicialmente había sido presentado como una discusión técnica sobre eficiencia, inversión y crecimiento energético terminó revelando un conflicto mucho más amplio alrededor del papel del Estado, el sentido de lo público y las formas legítimas de participación democrática en Costa Rica.

Horas después de la vigilia realizada frente a la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo respondió mediante una conferencia de prensa marcada por un tono confrontativo, donde se mezclaron argumentos económicos, advertencias sobre el futuro energético del país y acusaciones dirigidas hacia quienes cuestionan el proyecto.

La conferencia no solo buscó defender una reforma eléctrica. También intentó fijar una interpretación específica del conflicto político que se está desarrollando alrededor de ella.

De un lado, se construyó la idea de un gobierno que intenta “modernizar” el país frente a sectores que supuestamente obstaculizan el desarrollo mediante miedo, desinformación y resistencia ideológica. Del otro lado, las voces que se mantuvieron durante horas frente a la Asamblea insistían en algo distinto: que la discusión eléctrica no puede reducirse únicamente a competitividad o crecimiento económico porque involucra preguntas fundamentales sobre desigualdad, solidaridad, acceso universal y control democrático de bienes estratégicos.

Lo que está ocurriendo, entonces, no es solamente un desacuerdo técnico sobre cómo organizar el sistema eléctrico nacional. Lo que aparece en disputa son distintas maneras de entender el desarrollo, el futuro de lo público y la relación entre mercado, democracia y vida colectiva.

El discurso oficial: crecimiento económico, inevitabilidad y construcción del adversario

La conferencia presidencial posterior a la votación legislativa dejó ver con claridad una narrativa política organizada alrededor de una idea central: la reforma eléctrica no sería una opción debatible, sino una necesidad inevitable para evitar el rezago económico del país.

A lo largo de la intervención, el Ejecutivo insistió repetidamente en que Costa Rica enfrenta un escenario de creciente demanda energética asociado a zonas francas, inversión extranjera y expansión económica. La reforma fue presentada como una condición necesaria para garantizar competitividad y evitar que el país pierda oportunidades frente a otros mercados regionales.

Esta forma de plantear el debate tiene implicaciones importantes. Cuando una reforma deja de presentarse como una decisión política discutible y comienza a representarse como una necesidad técnica inevitable, el espacio del desacuerdo democrático se reduce. La pregunta deja de ser “qué modelo energético queremos construir” y pasa a convertirse en “cómo adaptarnos obligatoriamente a las exigencias del mercado”.

En esa lógica, conceptos como “modernización”, “eficiencia” y “competencia” adquieren una dimensión casi moral. La apertura del mercado eléctrico aparece asociada automáticamente a progreso, innovación y futuro, mientras que las críticas quedan vinculadas implícitamente al atraso, la irracionalidad o el miedo al cambio.

La conferencia también recurrió constantemente a comparaciones históricas con el TLC, la apertura de telecomunicaciones, seguros y banca estatal. El mensaje era claro: anteriormente también existieron advertencias sobre privatización o colapso institucional y, según la narrativa oficial, esas advertencias resultaron equivocadas.

Sin embargo, esta lectura simplifica profundamente procesos históricos mucho más complejos. Las transformaciones asociadas a apertura económica continúan generando debates sobre concentración económica, precarización laboral, desigualdad territorial y acceso diferenciado a servicios. Presentar esas experiencias como éxitos indiscutibles permite desactivar críticamente cualquier discusión actual sobre los posibles efectos sociales de reorganizar servicios estratégicos bajo lógicas de mercado.

Pero quizá el elemento más preocupante de la conferencia fue la forma en que comenzó a construirse el adversario político. Sectores críticos del proyecto fueron asociados reiteradamente con “comunismo”, con intereses contrarios al desarrollo nacional e incluso con escenarios políticos vinculados a Cuba o Venezuela.

El problema de este tipo de discursos no radica únicamente en su tono polarizante. Lo verdaderamente delicado es que desplazan el conflicto desde el terreno del debate democrático hacia el terreno de la sospecha ideológica. Ya no se trata solamente de personas que cuestionan un proyecto de ley. Se trata de actores construidos discursivamente como amenazas para el progreso nacional.

Y cuando el desacuerdo político comienza a representarse como amenaza interna, el espacio democrático se vuelve considerablemente más frágil.

Lo que las voces de la vigilia estaban diciendo

Mientras la conferencia presidencial insistía en crecimiento económico, competitividad e inversión, afuera de la Asamblea Legislativa la discusión seguía desarrollándose en otros términos.

Las voces de la vigilia no hablaban únicamente sobre tarifas eléctricas o participación privada. Lo que aparecía constantemente en las conversaciones era una preocupación más amplia sobre el debilitamiento progresivo de principios históricos asociados a lo público en Costa Rica.

Muchas personas insistían en que la electricidad no puede pensarse únicamente como infraestructura o mercado porque sostiene condiciones básicas de vida cotidiana: estudiar, cocinar, trabajar, comunicarse, acceder a salud o sostener actividades económicas locales. Por eso la preocupación central no giraba solamente alrededor de “quién produce energía”, sino sobre qué ocurre cuando servicios esenciales comienzan a reorganizarse principalmente desde criterios de rentabilidad.

En las conversaciones aparecía repetidamente una idea importante: la privatización no necesariamente ocurre únicamente cuando una institución pública se vende directamente. También puede desarrollarse mediante procesos graduales de fragmentación institucional, apertura competitiva desigual, subordinación a dinámicas de mercado o transferencia progresiva de decisiones estratégicas hacia actores privados.

Esta diferencia es central para entender el conflicto actual. Mientras el discurso oficial reduce el debate a la pregunta “¿se está vendiendo el ICE o no?”, muchas voces críticas están discutiendo algo distinto: cómo cambian las prioridades de un sistema público cuando comienza a organizarse bajo incentivos competitivos y lógicas de mercado.

La tensión, entonces, no es únicamente jurídica o administrativa. Es una tensión sobre el sentido mismo de lo público.

Dos formas de imaginar el país

La discusión sobre la armonización eléctrica enfrenta, en el fondo, dos formas profundamente distintas de imaginar el desarrollo nacional.

Discurso oficialVoces desde la vigilia
La apertura eléctrica representa modernización y progresoLa reorganización del mercado puede debilitar principios solidarios
El crecimiento económico depende de mayor competencia energéticaEl acceso universal no puede depender únicamente de rentabilidad
La crítica al proyecto responde a miedo o desinformaciónLa crítica intenta advertir efectos sociales y territoriales
El mercado garantiza eficienciaLo público debe sostenerse desde solidaridad y planificación colectiva
La protesta aparece asociada a conflicto y desordenLa protesta es participación democrática y vigilancia ciudadana
El futuro se piensa desde competitividad globalEl futuro también se piensa desde derechos colectivos y bienes comunes
La disputa por el significado de la protesta

Otro de los elementos más significativos del momento actual tiene que ver con cómo se interpreta la movilización social.

Durante la conferencia, el gobierno enfatizó principalmente la agresión sufrida por un oficial de Fuerza Pública. Mientras tanto, desde las organizaciones presentes en la vigilia se denunciaba el arresto y agresión policial contra un estudiante que posteriormente requirió atención hospitalaria.

Aquí vuelve a aparecer una disputa narrativa profunda: ¿qué hechos se vuelven visibles y cuáles quedan desplazados?

Porque lo ocurrido durante la vigilia no puede reducirse únicamente a tensión o confrontación. La jornada estuvo marcada por conversaciones públicas, explicaciones colectivas del proyecto, intercambio entre generaciones, organización comunitaria, música, baile y acompañamiento mutuo.

La protesta social apareció allí no solamente como mecanismo de presión política, sino también como espacio pedagógico y experiencia de producción colectiva de conocimiento político. La calle funcionó simultáneamente como aula abierta, foro público y espacio de encuentro. Y quizá eso es precisamente lo que resulta más incómodo para ciertas formas de poder: la posibilidad de que personas diversas se organicen, compartan interpretaciones críticas y construyan colectivamente otras maneras de entender el país.

La olla común y la política del cuidado

Tal vez la imagen más potente de toda la jornada no ocurrió dentro de la Asamblea Legislativa ni en la conferencia presidencial posterior.

Ocurrió alrededor de la olla común.

Mientras dentro se discutía el futuro energético nacional mediante lenguajes asociados a competencia, inversión y mercado, afuera muchas personas compartían café, comida, descanso y cuidado colectivo entre desconocidos.

Y justamente allí aparece una dimensión profundamente política que suele pasar desapercibida. Porque la olla común no es únicamente alimentación. También es una forma concreta de construir vínculos sociales y sostener colectivamente la permanencia en el espacio público.

Sostener una vigilia durante horas requiere mucho más que consignas. Requiere crear condiciones materiales para permanecer juntos. Requiere cuidado. La gente preguntando quién necesitaba agua, quién llevaba demasiadas horas sin comer, quién necesitaba descansar o simplemente conversar. Todo eso formó parte de la jornada.

La olla común terminó funcionando como una pequeña metáfora de otra forma posible de entender lo público: no únicamente desde competencia individual y eficiencia económica, sino desde interdependencia, cooperación y sostenimiento mutuo.

Porque defender lo público no consiste solamente en defender instituciones estatales. También implica defender prácticas sociales donde la vida colectiva puede sostenerse desde solidaridad y cuidado compartido.

Y quizá allí se encuentra una de las preguntas más profundas que deja toda esta discusión:

¿qué tipo de sociedad se está intentando construir cuando se debate el futuro de la electricidad pública en Costa Rica?