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“Tranquilo Icético, eso no es privatización” Dice Electrón mientras convierte derechos en mercados: Documento de trabajo

Mientras el país discute la llamada “armonización” del mercado eléctrico, hay una pregunta mucho más profunda que frecuentemente queda fuera del debate: ¿la privatización ocurre únicamente cuando una institución pública se vende… o también cuando se debilita, se fragmenta y se reorganiza lentamente bajo la lógica del mercado?

La discusión actual sobre electricidad en Costa Rica suele presentarse como un tema técnico:
-tarifas,
-competencia,
-eficiencia,
-modernización.

Pero detrás de ese lenguaje existe una disputa política mucho más grande sobre quién controla la energía, quién toma las decisiones estratégicas y bajo qué intereses se organiza el futuro energético del país.

Durante décadas, América Latina escuchó el mismo discurso:
-que abrir mercados traería competencia,
-que la competencia bajaría tarifas,
-y que lo privado sería automáticamente más eficiente.

Sin embargo, la experiencia regional dejó otra historia:
-concentración económica,
-captura corporativa,
-aumento tarifario,
-socialización de pérdidas,
-y debilitamiento de la capacidad pública para planificar sectores estratégicos.

Y quizás por eso resulta tan simbólico volver a mirar aquella vieja disputa entre Icético y Electrón. Mientras Icético promovía el ahorro energético y el uso responsable de la electricidad como un bien colectivo, Electrón aparecía asociado al derroche, el consumo excesivo y una lógica donde la energía parecía infinita y desconectada de cualquier responsabilidad social. Décadas después, esa metáfora adquiere un nuevo significado: la discusión ya no es solamente sobre apagar una luz innecesaria, sino sobre qué modelo energético se quiere construir y quién se beneficia cuando la electricidad deja de entenderse como derecho para convertirse cada vez más en mercado.

Chile, Argentina, Colombia y Puerto Rico muestran que muchas veces la llamada “competencia” terminó convirtiéndose en oligopolios privados con enorme poder político y económico.

Por eso el nuevo documento de trabajo Privatización, crisis y resistencia social: la disputa por la energía eléctrica en Costa Rica propone ampliar la mirada.

Porque privatizar no siempre significa vender una institución de un día para otro.

A veces significa:
-abrir progresivamente mercados,
-tercerizar funciones,
debilitar capacidades públicas,
-reducir inversión estatal,
-crear narrativas permanentes de crisis,
-o instalar la idea de que lo público es incapaz de sostener la vida colectiva.

Y ahí es donde aparece Electrón.

No el personaje ingenuo de las campañas institucionales del pasado, sino el nuevo Electrón: el que llega hablando de “armonización”, “competitividad”, “flexibilización”, “modernización del mercado”, y “eficiencia regulatoria”.

Un Electrón que insiste en que nadie quiere privatizar nada… mientras el mercado gana cada vez más espacio dentro de sectores estratégicos.

Icético, mientras tanto, todavía recuerda otra historia.

Recuerda cuando electrificar territorios rurales no era rentable pero sí necesario.
Recuerda cuando hablar de electricidad implicaba hablar de bienestar colectivo y no únicamente de clientes.
Recuerda que muchas instituciones públicas nacieron precisamente porque el mercado no garantizaba acceso universal ni integración territorial.

Por eso la discusión sobre la Ley de Armonización no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una disputa histórica mucho más amplia que Costa Rica viene viviendo desde hace décadas: la tensión entre entender la electricidad como derecho colectivo o como oportunidad de negocio.

El documento también recupera algo que suele desaparecer del discurso oficial: el papel de la protesta social y de los sujetos colectivos en la defensa de los bienes comunes.

Desde Cochabamba hasta el Combo ICE, las resistencias latinoamericanas muestran que muchas conquistas democráticas nacieron precisamente cuando la sociedad organizada decidió cuestionar aquello que parecía inevitable.

Porque al final la pregunta no es solamente qué modelo eléctrico quiere el país.

La pregunta es también:
-¿quién decidirá el futuro energético de Costa Rica?,
-¿el mercado?,
-¿las corporaciones?,
-¿o la sociedad organizada?

Y quizá por eso Icético sigue desconfiando cada vez que escucha a Electrón decir:

—“Tranquilo… eso no es privatización”.

Conversación en una subestación cualquiera

—Icético, tenés que entender que el mundo cambió —dijo Electrón mientras abría una presentación titulada “Armonización Competitiva para la Modernización Energética”.

Icético frunció el ceño.

—Eso tiene demasiadas palabras para decir algo peligroso.

—No seás dramático. Nadie está hablando de privatizar.

—Ajá… ¿y entonces por qué cada cinco minutos decís “mercado”, “competencia” y “eficiencia”?

Electrón sonrió.

—Porque hay que modernizar. Lo público ya no puede hacerlo todo.

—Curioso —respondió Icético—. Antes decían que el ICE era ejemplo mundial.

—Bueno, sí, pero ahora ocupa “flexibilizarse”.

—¿Flexibilizarse?

—Abrirse.
Competir.
Adaptarse.
Asociarse.
Tercerizar algunas cosas.
Armonizar el mercado.

Icético suspiró.

—Qué increíble la capacidad que tienen para inventar palabras nuevas y evitar decir “privatización”.

Electrón cerró el PowerPoint.

—Mirá, nadie quiere vender el ICE.

—Pero sí quieren que pierda generación, planificación, control del sistema y capacidad financiera.

—Eso suena muy ideológico.

—Y “armonización” suena como si una consultora hubiera escrito una canción de cuna para empresarios.

Electrón ignoró el comentario.

—La competencia baja tarifas.

Icético soltó una carcajada.

—Claro. Preguntale a Chile. O a Puerto Rico. O a Colombia.

—Aquí va a ser diferente.

—Todos dicen eso antes de abrir sectores estratégicos.

Hubo un silencio incómodo.

—¿Y entonces qué proponés? —preguntó Electrón.

Icético miró hacia las líneas eléctricas.

—Empezar por dejar de discutir la electricidad como si fuera solamente un negocio.

—Eso suena viejo.

—No. Lo viejo es creer que el mercado siempre viene a salvarlo todo.

Crédito de imágenes y video: Grupo ICE

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La moneda de Dos Caras: así funciona la política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves 2022-2026

No es contradicción, es arquitectura. Detrás del líderazgo ambiental internacional que protege los océanos se esconde una lógica coherente: la naturaleza se protege si se puede vender, y se destruye si se puede explotar.

La política ambiental en sus propias palabras: el presidente, la moneda y las dos caras

A veces, para entender una política pública no hace falta empezar por los decretos, los indicadores o los discursos técnicos. Basta escuchar las palabras con las que un gobierno explica el mundo.

En el caso de la política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026), las declaraciones públicas del propio presidente permiten observar con claridad la arquitectura política que atraviesa su gestión: una combinación entre liderazgo verde internacional, lógica de rentabilidad territorial y desconfianza hacia regulaciones o actores que puedan limitar la inversión.

Las frases no son simples «ocurrencias». Funcionan como ventanas hacia una forma específica de entender la relación entre naturaleza, economía y democracia.

Y esa forma, como desarrollaremos a lo largo de esta nota, no es caótica ni contradictoria. Responde más bien a una lógica que podríamos llamar «la moneda de Dos Caras»: un rostro impoluto para el mundo, un rostro desfigurado para el territorio, y entre ambos una decisión política que siempre cae del mismo lado.

El rostro impoluto: el líder climático que habla al mundo

En los escenarios globales, el presidente Chaves despliega un discurso de fuerte tono ambientalista. Allí, Costa Rica vuelve a ser el país verde, el referente, el que asume liderazgos que otros esquivan.

«Para Costa Rica, el futuro de la humanidad es inimaginable sin un océano protegido, así que hemos asumido el liderazgo que nos corresponde y con un mensaje urgente para el mundo, convertimos su protección en el eje central de nuestra política ambiental exterior.» (Esta declaración fue realizada durante un evento de alto nivel sobre Acción Oceánica «Inmersos en el Cambio», antesala de la UNOC 2025)

Incluso frente a la minería submarina —una de las grandes amenazas oceánicas— el presidente apeló a un lenguaje ético, casi civilizatorio:

«Del oportunismo de otra nación que vaya a buscar metales al fondo del mar y que nos destruye el ambiente para todos, llegó el momento ya no de discutir, llegó el momento de buscar en nuestros corazones.» (Declaración realizada durante la UNOC 2025 en Francia).

Ese es el rostro impoluto. El que posa para las fotos internacionales. El que habla de protección, de ética, de corazón. El mismo que permite a Costa Rica seguir cobrando por servicios ambientales, recibir financiamiento climático y pavonearse como líder en las cumbres.

Pero la moneda tiene otra cara.

El rostro desfigurado: la urgencia económica que todo lo subordina Cuando el presidente se dirige al país —cuando habla de territorio, de inversión, de desarrollo real— el tono cambia radicalmente. La protección ambiental deja de ser prioritaria. Se vuelve, en el mejor de los casos, un lujo que no podemos pagar.

Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afirmó:

«Yo siento que en este momento Costa Rica tiene que enfocarse… pero esas no son las cosas urgentes, ese no es el balazo en el pecho, ese es el colesterol. (Conversatorio con la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), marzo de 2022. Periódico La Nación)

La metáfora es reveladora: la crisis ecológica deja de entenderse como problema estructural para convertirse en un asunto secundario frente a las urgencias económicas inmediatas. No es el balazo —lo que mata ahora— sino el colesterol —lo que mata despacio, quizás mañana, quizás nunca.

Ese es el rostro desfigurado. El que opera bajo la lógica de la excepción: la norma se flexibiliza, la regulación se posterga, el ambiente espera. Algo similar ocurre con la idea misma de sostenibilidad. En una de sus declaraciones más conocidas, Chaves sentenció:

«El desarrollo sostenible es redundante.» (Intervención ante la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), marzo de 2022. Periódico La Nación).

La frase parece menor, pero encierra una concepción política profunda: la idea de que el desarrollo, por sí mismo, ya contiene automáticamente la sostenibilidad. Como si crecer económicamente fuera, por definición, cuidar el ambiente. Como si no existieran tensiones reales entre expansión del capital, límites ecológicos y destrucción territorial.

La moneda, aquí, ya ha caído. Y cayó del lado del desarrollo sin adjetivos.

La moneda en acción: cuando la fauna se vuelve enemiga

La lógica de Dos Caras se vuelve brutalmente explícita en las disputas sobre uso del suelo y conservación costera. En medio de las controversias por Gandoca-Manzanillo —un territorio de alto valor ecológico y cultural— el presidente declaró:

«Nosotros no vamos a destruir el tesoro nacional en la costa sur de la provincia Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna y que el ser humano, el costarricense, no tenga la oportunidad de generar prosperidad con eso.» (Declaración a la prensa en Cartago, 15 de mayo de 2024. Periódico La República -El Observador CR)

Y luego agregó, construyendo su famosa falsa moderación:

«Aquí hay gente extrema que dice que hay que ir a construir hoteles enormes de 5 estrellas y eso no pasará, pero también hay otros que dicen que hay que dejárselo a los monitos y no señor, tampoco es así.» (Declaración a la prensa en Cartago, 15 de mayo de 2024. Periódico La República / El Observador CR).

Analicemos la operación de la moneda, paso a paso.

Primero, el presidente se presenta como equilibrado: ni extremo de un lado (hoteles gigantes), ni extremo del otro (conservación absoluta). Segundo, caricaturiza la defensa ambiental: quienes protegen el territorio son «los que quieren dejárselo a los monitos». Tercero, naturaliza la intervención humana: el territorio debe producir algo, no puede «quedarse» para nadie más que no sea el capital.

¿Qué ha hecho Dos Caras aquí? Ha lanzado su moneda al aire. El rostro impoluto dice: «no vamos a destruir el tesoro nacional». El rostro desfigurado añade: «pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna». La moneda cae. El resultado es una playa privatizada, una comunidad desplazada, un manglar rellenado. Y todo, envuelto en la retórica del «centro razonable».

La moneda contra la democracia ambiental: el rechazo a Escazú

La misma lógica se repite —con consecuencias aún más globales— en la posición del gobierno frente al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que protege a defensores ambientales y garantiza participación ciudadana.

El presidente fue tajante desde el inicio de su mandato:

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno.» (Declaración como presidente electo, mayo de 2022. DW / Divergentes).

¿Por qué tanta tranquilidad para el sector privado y tanta intranquilidad para las comunidades? La respuesta está en su propia justificación:

«Es muy preocupante que en un momento en que necesitamos reactivación económica haya la posibilidad en el Acuerdo de Escazú de atrasar de manera injustificada y arbitraria proyectos de inversión.» (Declaración como presidente electo, mayo de 2022. DW).

Observen cómo opera la moneda. La participación ambiental —el derecho a ser consultado, a acceder a información, a impugnar decisiones— es presentada como una «posibilidad de atrasar». Los defensores de territorios son convertidos en obstáculos. La democracia ecológica se vuelve sinónimo de traba burocrática.

El presidente incluso argumentó que Costa Rica no necesita el Acuerdo porque:

«Nuestra legislación ya incluye todo lo que incluye el Acuerdo de Escazú, excepto esa posibilidad de decir paren porque a mí me parece que se debe parar, eso no se vale.» (Declaración como presidente electo, mayo de 2022. DW).

Ahí está, por fin, el corazón de Dos Caras. Lo que el presidente rechaza del Acuerdo de Escazú no es el acceso a la información ni la justicia ambiental. Es la posibilidad de que las comunidades digan «paren». Es el derecho a frenar un proyecto cuando la norma se ha violado, cuando el territorio está en riesgo, cuando la inversión avanza por encima de la vida.

«Eso no se vale», dice Dos Caras mientras lanza su moneda. Pero la moneda siempre cae del mismo lado: el lado que protege la inversión, no el territorio. El lado que tranquiliza al sector privado, no a las comunidades.

La coherencia de la moneda: lo que las frases revelan

Leídas en conjunto, estas declaraciones permiten observar algo que los análisis superficiales suelen perder de vista: no hay contradicción, hay arquitectura.

El presidente que en Davos habla de proteger océanos y buscar en el corazón es el mismo que en Limón habla de no dejarle el territorio «a los monitos». El líder climático internacional es el mismo que llama «colesterol» a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El estadista que firma acuerdos globales es el mismo que dice «el Acuerdo de Escazú no está en la agenda». No es que mienta. Es que su moneda tiene dos caras diseñadas para funcionar juntas.

  • El rostro impoluto permite a Costa Rica seguir vendiendo servicios ambientales, recibir financiamiento verde y mantener su marca país de sostenibilidad.
  • El rostro desfigurado permite flexibilizar normas, expulsar comunidades y abrir territorios a la inversión inmobiliaria, turística y minera.

Una cara no estorba a la otra. La hace posible.

Cuando las palabras nombran (y ocultan) la moneda

La política ambiental, entonces, no solo se expresa en leyes, permisos o conflictos territoriales. También se revela —con crudeza— en las palabras con las que el poder decide nombrar o reducir la naturaleza, las comunidades y el futuro del país.

«El desarrollo sostenible es redundante»  no es una ocurrencia. Es una declaración de principios.

«No se lo vamos a dejar a la fauna»  no es una metáfora desafortunada. Es una hoja de ruta.

«Esa posibilidad de decir paren… eso no se vale»  no es un exabrupto. Es la línea roja que este gobierno no está dispuesto a cruzar.

La moneda de Dos Caras tiene un nombre en la política ambiental de Rodrigo Chaves. Se llama: naturaleza como activo, territorio como mercancía, comunidades como obstáculo.

Y mientras sigamos leyendo estas frases como incoherencias aisladas, la moneda seguirá girando en el aire. Pero si las leemos como lo que son —las dos caras de un mismo proyecto— entonces tal vez podamos, por fin, disputar el lanzamiento.

Porque la moneda no cae por casualidad. Está diseñada para hacerlo.

La trampa de pedir coherencia

Cuando se analiza la política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves, es común caer en una trampa: la de leerla como una colección de contradicciones.

Por un lado, Costa Rica sigue brillando en el escenario internacional. Expande áreas marinas protegidas, consolida el Fondo Azul y fortalece los Pagos por Servicios Ambientales (PSA). El país no abandona su vitrina verde.

Por otro lado, en el plano interno, ocurre lo contrario. Se flexibilizan normas para proyectos inmobiliarios, se centralizan decisiones en pocas manos, se silencia a los técnicos del Ministerio de Ambiente (MINAE). Casos como Gandoca-Manzanillo, Cipreses de Oreamuno o Playa Panamá parecen indicar un retroceso sistemático.

Frente a esto, muchos concluyen: «El gobierno es incoherente. Dice una cosa y hace otra». Pero esa lectura es ingenua. Y también es útil… para el gobierno.

Porque si creemos que solo se trata de contradicciones, dejamos de preguntarnos por la lógica que las organiza. Y ese es el verdadero hallazgo del análisis aquí: no hay contradicción. Hay arquitectura.

Costa Rica como Harvey Dent o «Dos Caras»

Para entender esta arquitectura, imaginemos al gobierno de Chaves como un personaje de DC Comics: Harvey Dent, el fiscal de Ciudad Gótica que se convierte en el villano Dos Caras.

Harvey tiene dos rostros. Uno es el del líder idealista, pulcro, comprometido con la justicia. El otro es una cicatriz quemada que revela violencia y arbitrariedad. Entre los dos, decide con una moneda. Pero la moneda no es azar: está cargada.

Ahora pensemos en Costa Rica.

El rostro impoluto es el que ve el mundo: el país verde, el líder climático, el que vende servicios ambientales y recibe financiamiento internacional por proteger sus bosques y mares.

El rostro desfigurado es el que sufren las comunidades costeras y rurales: playas privatizadas de hecho, amenaza de manglares o bosques destruidos para hoteles de lujo, comunidades expulsados por la gentrificación o turístificación, y técnicos ambientales silenciados por orden de un superior.

¿Y la moneda? La moneda es la decisión política. Cada vez que hay conflicto entre conservación y desarrollo, el gobierno lanza su moneda. Pero la moneda no cae al azar. Está diseñada para caer siempre del lado que conviene al capital.

Si un ecosistema puede venderse en forma de bonos de carbono o servicios ambientales, la moneda cae del lado impoluto: se protege, se mide, se transa. Si un territorio —sobre todo si es playa, corales, manglar o tierra fértil— puede ser transformado en un resort, un puerto o un proyecto inmobiliario de lujo, la moneda cae del lado desfigurado: se flexibilizan las normas, se acalla a los opositores y se judicializa el conflicto cuando ya es tarde.

No es azar. Es diseño.

El rostro impoluto: cuando la naturaleza se convierte en activo

Comencemos por la cara que el gobierno muestra con orgullo.

En el escenario internacional, Costa Rica no ha abandonado su papel histórico. Al contrario, lo ha actualizado. La expansión de áreas marinas protegidas, el impulso al Fondo Azul y el fortalecimiento de los PSA configuran una narrativa de innovación y liderazgo.

Pero aquí hay un giro que no suele contarse: lo que se despliega no es solo una política de conservación, sino una nueva lógica económica sobre la naturaleza. Los bosques y los mares dejan de ser territorios con valor intrínseco o cultural. Empiezan a ser activos. Se miden en toneladas de carbono capturado. Se traducen en métricas de biodiversidad. Se integran a circuitos globales de financiamiento.

El PSA, por ejemplo, es un instrumento exitoso. Pero también es un contrato. La naturaleza se protege porque presta un servicio. Y ese servicio tiene precio.

La pregunta incómoda es: ¿qué pasa con lo que no puede medirse ni venderse? ¿Qué pasa con los ecosistemas que no entran en esta lógica de valorización? ¿Qué pasa con los territorios que no sirven como activos climáticos, pero sí como suelo barato para el turismo de élite?

Ahí es donde aparece el otro rostro. El rostro desfigurado: centralización, silencio y excepción

En el plano interno, la historia es muy distinta. El gobierno no ha reformado el MINAE mediante un proyecto de ley explícito, aunque lo intentó. Lo ha transformado mediante prácticas silenciosas pero sistemáticas.

Primero, centralización del poder. Las decisiones ambientales ya no se discuten en instancias técnicas. Se concentran en la jerarquía ministerial. Los criterios de biólogos, geógrafos y abogados ambientales son subordinados a la voluntad política.

Segundo, control de la comunicación. Circulan oficios internos que limitan lo que los funcionarios técnicos pueden decir en público. El conocimiento especializado pierde visibilidad. Y sin visibilidad, pierde capacidad de incidir.

Tercero, flexibilización normativa. La ley deja de ser un marco estable. Se vuelve una variable ajustable. Si una norma impide un proyecto, se reinterpreta. Si la oposición social crece, se deslegitima a los activistas como «ambientalistas extremos». Si el conflicto llega a los tribunales, se asume que la justicia llegará tarde.

Y así ocurre. En los casos que se lograr avanzar en algún sentido. En todos ellos, cuando la justicia ambiental finalmente se pronuncia, el territorio ya ha sido transformado. Los manglares ya están rellenados. Los hoteles ya tienen sus cimientos.

La justicia opera como correctivo post daño, no como mecanismo preventivo.

Gentrificación y privatización de costas: la cara más violenta de la moneda

Hasta aquí, el análisis del texto original. Pero falta un elemento central para entender el «rostro desfigurado» en su máxima expresión: la gentrificación turística y la privatización de las costas. Estos dos fenómenos son, quizás, la forma más intensa en que se aplica la lógica de la moneda cargada.

¿Qué está pasando en las costas de Costa Rica?

En nombre del turismo —ese motor económico que nadie se atreve a criticar— se están impulsando megaproyectos hoteleros y residenciales de lujo, marinas que atentan los corales, y que vistos de forma integral producen al menos tres efectos devastadores:

  1. Expulsión de comunidades locales. Pescadores artesanales, campesinos costeros y familias enteras son desplazadas porque el suelo que habitaron por generaciones se revaloriza. Ya no es tierra de vida. Es tierra de negocio.
  2. Privatización de facto de las playas. La Constitución dice que las playas son bienes públicos. Pero en la práctica, las servidumbres de paso se restringen, las concesiones se otorgan con discrecionalidad, y el acceso al mar se vuelve un privilegio para huéspedes de hoteles o dueños de villas.
  3. Destrucción de ecosistemas costeros. Corales, manglares, humedales y bosques de transición son eliminados para dar paso a campos de golf, piscinas y terrazas con vista al mar. Ese daño, en la mayoría de los casos, es irreversible.
¿Y cuál es el papel del gobierno en todo esto?

El rostro impoluto sigue promocionando «marca país» basada en naturaleza. Los folletos turísticos muestran playas vírgenes y selvas exuberantes. El rostro desfigurado, mientras tanto, facilita los permisos, desaloja a las comunidades que protestan y silencia a los técnicos que alertan sobre el impacto ambiental.

No es incoherencia. Es el mismo modus operandi de Dos Caras: un discurso para los turistas y los mercados internacionales (justicia, conservación, sostenibilidad), y una práctica brutal para las comunidades locales (despojo, exclusión, daño ambiental).

Energía y minería: la expansión de la frontera de mercado

La lógica de la moneda cargada no se limita a las costas. También alcanza sectores estratégicos como la energía y la minería.

En el sector eléctrico, el gobierno ha impulsado una apertura a la competencia y al capital privado en un ámbito históricamente organizado bajo principios de planificación pública. La transición energética, así pensada, deja de ser un asunto de soberanía nacional para convertirse en un mercado más.

En el caso de la minería, el fantasma de Crucitas sigue ahí. Aunque existe una prohibición formal, el tema reaparece una y otra vez: mediante proyectos de ley, declaraciones de autoridades o una gestión ambigua de la minería ilegal. Crucitas se ha vuelto un territorio emblemático donde la prohibición convive con su constante puesta en cuestión.

En ambos casos, la tendencia es clara: expandir la lógica de valorización hacia ámbitos que habían sido relativamente protegidos de ella.

Si hay un símbolo perfecto del «rostro impoluto» versus el «rostro desfigurado» de la política ambiental costarricense, ese es el Acuerdo de Escazú. Porque Costa Rica no solo firmó este tratado. Costa Rica fue sede de su firma en 2018 . El país se puso al frente de América Latina para impulsar el primer gran pacto ambiental de la región, pionero mundial en la protección de defensores ambientales .

Y sin embargo, cinco años después, el tratado sigue sin ser ratificado.

¿Por qué funciona esta arquitectura? La coherencia de la dualidad

Llegados a este punto, alguien podría preguntarse: ¿cómo es posible que el gobierno mantenga al mismo tiempo un liderazgo ambiental internacional y una política interna de flexibilización y despojo?

La respuesta es simple: porque una cosa hace posible la otra.

El rostro impoluto no es un estorbo para el rostro desfigurado. Es su cobertura. La legitimidad verde que Costa Rica acumula en el extranjero permite seguir recibiendo financiamiento, acuerdos y buena prensa. Esa misma legitimidad vuelve más difícil la crítica interna, porque cualquier oposición puede ser tildada de «antidesarrollo» o «extremista». Y el rostro desfigurado, por su parte, no es un accidente. Es la expresión territorial de esa misma lógica: algunos ecosistemas se protegen como activos financieros; otros se sacrifican como suelo de inversión.

La política ambiental de este gobierno no oscila impredeciblemente entre protección y explotación. Se mueve dentro de un marco coherente donde la naturaleza es protegida cuando puede ser integrada a circuitos de valor, y flexibilizada cuando su transformación resulta funcional a la rentabilidad inmediata.

La moneda no cae por casualidad. Está diseñada para hacerlo.

Siete preguntas para seguir pensando (y disputando)

Para cerrar, dejamos estas preguntas. No buscan respuestas fáciles. Buscan abrir el debate allí donde el gobierno prefiere el silencio.

  1. Sobre la moneda cargada: ¿No es contradictorio vender «paz con la naturaleza» en las cumbres climáticas mientras en las costas del Pacífico se destruyen bosques para hoteles de lujo? ¿O acaso esa contradicción es justamente la funcionalidad del sistema?
  2. Sobre la censura técnica: Cuando el MINAE silencia a sus propio personal y centraliza decisiones en jerarcas políticos, ¿no se está aplicando la misma lógica de Dos Caras? ¿La ley técnica se aplica solo cuando la moneda (la voluntad política) lo permite?
  3. Sobre gentrificación-turistificación: Los megaproyectos turísticos expulsan a comunidades pesqueras y campesinas. ¿No es esta una forma de «limpieza social» funcional al rostro desfigurado? ¿Puede hablarse de desarrollo cuando los habitantes originales ya no pueden pisar su propia playa?
  4. Sobre privatización de costas: La Constitución dice que las playas son bienes públicos. Pero con servidumbres de paso amañadas y concesiones discrecionales, se permite una privatización de facto. ¿No es esta la victoria del rostro desfigurado? ¿Dónde queda la democracia ambiental si la playa se ha convertido en un lobby de hotel?
  5. Sobre la marca país: El gobierno promueve turismo basado en naturaleza. Pero esa promesa exige playas libres y accesibles. ¿Cómo se sostiene la marca (rostro impoluto) mientras el producto real (rostro desfigurado) es una costa cercada y excluyente?
  6. Sobre la judicialización tardía: Los casos emblemáticos llegan a tribunales cuando el daño ya es irreversible. ¿No es el Poder Judicial el equivalente al comisionado Gordon en Gotham: intenta arreglar el desastre, pero nunca puede prevenir que Dos Caras lance su moneda?
  7. La pregunta final: Si aceptamos esta metáfora, entonces el gobierno de Chaves no es «fracturado» ni «inconsistente». Es perfectamente coherente con una lógica: maximizar el valor (vía financiarización, turismo de lujo y privatización costera) bajo la cobertura de un discurso verde. Entonces, ¿cómo se construye una defensa de los bienes comunes que no quepa ni en la cara de la conservación financiera ni en la cara del desarrollo depredador?
Nombrar la moneda para poder disputarla

La política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves tiene un nombre. No es «contradicción». No es «falta de rumbo». No es «improvisación». Se llama moneda de Dos Caras.

Un rostro impecable para el mundo. Un rostro quemado para los territorios y las comunidades. Y entre ambos, una moneda que siempre cae del mismo lado.

Nombrar esta coherencia no es un ejercicio académico. Es un acto político. Porque solo aquello que se reconoce en su lógica puede ser efectivamente disputado. La pregunta, entonces, ya no es si el gobierno es verde o no lo es. La pregunta es: ¿quién tiene derecho a lanzar la moneda? ¿Y cómo construimos un modelo donde la naturaleza no tenga que depender de una cara buena o una cara mala, sino que sea simplemente un bien común, compartido, vivo e intransable?

Esa es la conversación que el rostro impoluto quiere evitar. Y que el rostro desfigurado quiere quemar antes de que empiece.

Una matriz para discutir

La pregunta de fondo, entonces, no es únicamente cómo denunciar la “moneda cargada”, sino cómo disputar el horizonte político que la hace posible.

Porque el problema no se reduce a un gobierno, un decreto o un conflicto puntual. Lo que está en juego es una forma de entender la naturaleza, el territorio, el desarrollo y la democracia. Una lógica donde algunos ecosistemas se conservan porque generan valor financiero, mientras otros territorios son flexibilizados, sacrificados o privatizados en nombre del crecimiento económico.

Frente a esto, resulta necesario abrir una discusión más profunda: ¿qué alternativas políticas, económicas y territoriales pueden construirse más allá del falso dilema entre conservación mercantilizada y desarrollo depredador?

La siguiente matriz no busca ofrecer respuestas cerradas ni modelos acabados. Más bien, pretende funcionar como herramienta de reflexión y debate colectivo. Identifica algunas de las tensiones centrales que atraviesan la política ambiental contemporánea en Costa Rica y propone horizontes en disputa para pensar otras formas de relación entre sociedad, naturaleza y bienes comunes.

Tensión o falso dilema dominanteCómo se presenta públicamenteQué invisibiliza o desplazaCómo opera la “moneda cargada”Horizonte político en disputaPreguntas para problematizar
Conservación vs desarrolloSe afirma que proteger demasiado frena la inversión y el empleoQue conservación y extractivismo pueden coexistir bajo una misma lógica de mercadoSe conservan ecosistemas útiles para financiamiento verde y se flexibilizan otros para inversión inmobiliaria o turísticaSostener la vida como criterio central de organización territorial¿Desarrollo para quién y a costa de qué territorios?
Turismo o pobrezaEl turismo aparece como única salida económica viable para las costasDependencia económica, precarización laboral y expulsión comunitariaLa naturaleza se convierte en paisaje de consumo y plataforma de rentaEconomías territoriales diversificadas y arraigadas localmente¿Puede una comunidad vivir del turismo sin perder su territorio?
Ambiente o inversiónLas regulaciones ambientales son presentadas como obstáculos burocráticosQue muchas normas existen para evitar daños irreversiblesSe flexibilizan reglas cuando el capital considera “estratégico” un territorioPlanificación ecológica democrática y preventiva¿Quién define qué proyectos son “de interés nacional”?
Crecimiento verde o atrasoLa modernización se asocia a mercados de carbono, megaproyectos y apertura económicaLas desigualdades territoriales y la concentración de beneficiosLa naturaleza se valoriza financieramente mientras aumentan exclusiones territorialesTransición ecológica justa con redistribución territorial¿Puede haber transición ecológica sin justicia social?
Expertos o comunidadesEl conocimiento técnico se utiliza selectivamente según convenga políticamenteLos saberes comunitarios y la autonomía territorialEl criterio técnico se fortalece o silencia según afecte intereses económicosCo-gobernanza entre conocimiento técnico y territorial¿Quién tiene legitimidad para decidir sobre un territorio?
Protección ambiental o uso productivoSe plantea que ciertos ecosistemas “improductivos” deben ponerse a generar riquezaEl valor cultural, hídrico y comunitario de los territoriosAlgunos ecosistemas se convierten en activos; otros en suelo sacrificableTerritorios entendidos como espacios de vida y reproducción social¿Todo territorio debe justificar su existencia en términos de rentabilidad?
Marca país o conflicto territorialCosta Rica se presenta internacionalmente como líder verdeLos conflictos ambientales internos y la desigualdad ecológicaLa legitimidad internacional amortigua críticas localesDemocracia ambiental con transparencia territorial¿Quién narra el país: las comunidades o la estrategia de mercadeo?
Seguridad jurídica o defensa comunitariaLos conflictos se reducen a “trabas” contra el desarrolloAsimetrías de poder entre empresas, Estado y comunidadesLa judicialización llega cuando el daño ya ocurrióJusticia ambiental preventiva y vinculante¿Qué significa justicia cuando el ecosistema ya fue destruido?
Acceso público o privatización “ordenada”Se afirma que las concesiones mejoran infraestructura y dinamizan territoriosRestricciones reales al acceso comunitario y apropiación privada de bienes públicosLa privatización ocurre gradualmente mediante regulación y exclusión prácticaCostas y bienes comunes bajo acceso colectivo garantizado¿Puede existir playa pública cuando el acceso depende del consumo?
Energía pública o eficiencia de mercadoLa apertura eléctrica se presenta como modernización inevitableRiesgos de fragmentación, dependencia privada y desigualdad energéticaSectores estratégicos se reconfiguran como nichos de inversiónSoberanía energética democrática y planificación pública¿La energía es mercancía o derecho colectivo?
Conservación financiera o abandono estatalSe plantea que sin mercados verdes no hay recursos para proteger la naturalezaEl debilitamiento de la responsabilidad pública sobre el cuidado ambientalLa protección depende cada vez más de su capacidad de generar rentabilidadCuidado ecológico como responsabilidad colectiva y pública¿Qué ocurre con los ecosistemas que no producen ganancias?
Participación o gobernabilidadLa crítica social se presenta como obstáculo al progresoEl derecho de las comunidades a decidir sobre transformaciones territorialesLa participación se tolera mientras no altere decisiones estratégicasDemocracia territorial vinculante y deliberativa¿Participar significa escuchar o realmente poder decidir?
La moneda que no cambia de dueño

La matriz anterior no es un catálogo de incidentes aislados. Es el reflejo de una lógica de gobierno que ha encontrado en la estigmatización de la defensa ambiental una herramienta política recurrente. Y esa lógica, como muestra el cierre de esta nota, no se agota con el cambio de mando.

El extracto: cuando «estúpido» y «extremista» se vuelven política de Estado

El 22 de abril de 2026 —en una conferencia de prensa conjunta— el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández ofrecieron una ventana involuntaria hacia el futuro de la política ambiental costarricense .

El detonante fue una pregunta sobre el proyecto turístico en Playa Panamá, Guanacaste, donde se pretendía talar 748 árboles maduros en una zona que alimenta quebradas del manglar . El diputado electo Edgardo Araya —reconocido por su trayectoria en la defensa ambiental— había interpuesto una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, logrando medidas cautelares que suspendieron temporalmente los permisos de tala .

La respuesta del ahora expresidente Chaves fue, para usar sus propias palabras, directa:

«La clase de estúpido que es este ser humano. Edgardo Araya, el padre del desastre de Crucitas» .

No contento con el insulto, extendió su descalificación al magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema, a quien calificó como «un desvisado, de extrema izquierda y nefasto para el país» .

Pero lo más relevante para el futuro del país ocurrió a su lado. La presidenta electa Laura Fernández —quien asumiría el mando pocos días después, el 8 de mayo de 2026— no solo no se desmarcó del discurso presidencial. Lo complementó.

Fernández aludió a «personas radicalistas» que, según sus palabras, «engañan al país con información falsa» . En la misma línea, el presidente electo la respaldó al calificar a sus opositores ambientales como «fanáticos», «radicales» y «malintencionados». La escena fue, en esencia, una ceremonia de continuidad.

Lo que revela el intercambio

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR, en su análisis de este episodio, fue contundente: lo que está en juego aquí no es la libertad de opinión. El problema radica en la normalización de un discurso que descalifica a las personas —y no a sus argumentos—, y que, además, asocia la defensa del ambiente con daño al desarrollo, pérdida de empleos o incluso mala fe .

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que la estigmatización de personas defensoras del ambiente «contribuye a crear un clima de hostilidad, legitima la descalificación pública y, en contextos de alta conflictividad, puede convertirse en la antesala de amenazas, criminalización e incluso violencia letal» .

En Costa Rica, ese clima ya tiene nombre y apellido. Y ahora tiene una continuidad asegurada.

La moneda sigue girando

La metáfora de Dos Caras que hemos utilizado a lo largo de esta nota adquiere aquí una dimensión inquietante. Porque la moneda que el presidente Chaves ha lanzado durante cuatro años no será recogida cuando él abandone el poder.

La presidenta Laura Fernández ha recibido esa moneda. Y ha dejado claro, en su primera conferencia conjunta, que piensa seguir lanzándola.

El rostro impoluto seguirá hablando de protección oceánica y liderazgo climático en los foros internacionales. El rostro desfigurado seguirá llamando «estúpidos», «fanáticos» y «radicales» a quienes se atrevan a decir «paren» frente a un proyecto de inversión.

La única diferencia es que ahora la moneda tiene un nuevo lanzador. Pero el lado hacia el que cae —siempre el mismo— no ha cambiado.

La pregunta que queda

Frente a esta continuidad anunciada, la pregunta que abre esta nota —¿quién tiene derecho a lanzar la moneda?— se vuelve más urgente que nunca.

Porque la moneda de Dos Caras no es un mecanismo neutral. Es un dispositivo de poder. Y mientras siga en manos de quienes ven en la naturaleza un activo, en el territorio una mercancía y en las comunidades un obstáculo, el ambiente seguirá siendo moneda de cambio.

No de vida.

Nombrar esta continuidad no es un ejercicio académico. Es el primer paso para disputar, por fin, el lanzamiento.

Referencias:

CR Hoy. (2024, noviembre 13). PEN: Gobierno de Rodrigo Chaves debilitó histórico liderazgo ambiental de Costa Rica.

CR Hoy. (2026, abril). Diputado electo recurre a la Sala IV para frenar tala de 748 árboles en playa Panamá.

Divergentes. (2022, mayo 4). Rodrigo Chaves dice no al Acuerdo de Escazú.

DW. (2022, mayo 4). Presidente electo de Costa Rica descarta acuerdo de Escazú.

El Observador. (2024, mayo 16). Video | «Tampoco se lo vamos a dejar a la fauna», dice Chaves sobre tala de árboles en Caribe Sur.

France 24. (2025, junio 16). La Entrevista – El presidente de Costa Rica en France 24: se necesita «racionalidad económica» en el tema ambiental.

La Nación. (2022, marzo 11). Rodrigo Chaves dice que Objetivos de Desarrollo Sostenible no son urgentes para Costa Rica.

La República. (2022, marzo 12). Rodrigo Chaves minimiza desafíos para el desarrollo sostenible de Costa Rica.

La República. (2024, mayo 16). [Video] Rodrigo Chaves: No permitiremos hoteles de 5 estrellas en el Caribe Sur, pero tampoco quedará solo para los monitos.

La República. (2024, noviembre 14). Costa Rica debilita su histórica apuesta ambiental.

Trivisión. (2026, abril 22). El debate por tala y proyectos en Papagayo Guanacaste escala con posición conjunta del Gobierno y presidenta electa Laura Fernández.

UNA Comunica. (2026, enero 14). Planes de gobierno alertan pérdida de liderazgo ambiental en Costa Rica.

Crédito imágenes: DC Comics

La presente nota no es un comentario circunstancial. Es el resultado de cuatro años de monitoreo sistemático del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (2022-2026). Durante este período, el Observatorio ha documentado decretos, proyectos de ley, conflictos territoriales, flexibilizaciones normativas, centralización de decisiones y la sistemática estigmatización de las personas defensoras del ambiente.

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Hondurasgate y Proyecto Júpiter: La fábrica del enemigo en tiempos de algoritmos

La democracia bajo condiciones de saturación

Las democracias latinoamericanas atraviesan una transformación silenciosa pero profunda. Ya no basta con controlar instituciones, acumular capital o disputar elecciones: el conflicto político contemporáneo también se libra en el terreno de la percepción, la saturación informativa y la erosión permanente de la confianza pública. En este escenario, casos como el Hondurasgate y el llamado Caso Júpiter aparecen menos como episodios excepcionales y más como síntomas de una época marcada por la expansión de operaciones político-mediáticas donde la verdad pierde centralidad frente al impacto emocional, la sospecha y el desgaste.

Lejos de tratarse únicamente de escándalos coyunturales, estos casos revelan la consolidación de nuevas formas de disputa política que combinan plataformas digitales, filtraciones, operadores mediáticos, campañas emocionales y narrativas de crisis permanente. La política ya no se organiza solamente alrededor de programas o proyectos; también se estructura alrededor de flujos de información, producción de miedo y administración estratégica del conflicto.

La “máquina del fango”: cuando la sospecha se vuelve tecnología política

Hace años, Umberto Eco advirtió sobre la existencia de una “máquina del fango”: un dispositivo de producción sistemática de desprestigio, rumores y manipulación simbólica cuyo objetivo no consiste necesariamente en demostrar hechos, sino en instalar dudas, fragmentar consensos y destruir legitimidades.

El barro funciona precisamente porque mezcla elementos reales, medias verdades, filtraciones, insinuaciones y emociones intensas hasta volver indistinguible la frontera entre información y operación política. Su potencia no radica únicamente en la mentira, sino en la saturación. Cuando todo parece escándalo, nada logra esclarecerse. Cuando cada actor acusa al otro de conspiración, corrupción o traición, el resultado no es necesariamente una ciudadanía más informada, sino una sociedad fatigada, desconfiada y vulnerable a soluciones autoritarias.

La lógica de la máquina del fango no busca únicamente convencer; busca producir agotamiento colectivo. La incertidumbre permanente termina debilitando las capacidades sociales para distinguir entre investigación, propaganda, filtración interesada y espectáculo mediático.

¿Qué son el Hondurasgate y el Proyecto Júpiter?

Aunque poseen características y contextos distintos, el Hondurasgate y el llamado Proyecto Júpiter comparten un elemento central: ambos han sido interpretados como expresiones de nuevas formas de disputa política donde convergen filtraciones, operaciones mediáticas, narrativas de seguridad y estrategias digitales de influencia.

El denominado Hondurasgate surge a partir de la filtración de audios y documentos que involucran a actores políticos, empresariales y operadores vinculados a redes internacionales de lobby y comunicación estratégica. Las revelaciones generaron controversia por las posibles conexiones entre campañas digitales, construcción de narrativas políticas e intereses geopolíticos articulados más allá de las fronteras hondureñas. El caso abrió debates sobre desinformación, injerencia, guerra comunicacional y el uso de plataformas digitales para moldear percepciones públicas en América Latina.

Por su parte, el Proyecto Júpiter aparece asociado a denuncias, interpretaciones y análisis sobre presuntas operaciones político-mediáticas vinculadas con escenarios de conflictividad regional, seguridad y construcción de enemigos internos. En diversas discusiones públicas, el término ha sido relacionado con dinámicas de intervención narrativa, amplificación mediática del miedo y utilización estratégica de discursos de amenaza para justificar agendas políticas y reconfiguraciones de poder.

Más allá de la precisión jurídica o del estado de verificación de cada denuncia, ambos casos permiten observar transformaciones más amplias en las formas contemporáneas de hacer política. La circulación acelerada de filtraciones, el papel central de redes sociales, la participación de operadores digitales y la creciente fusión entre comunicación, seguridad y geopolítica revelan cómo el conflicto político actual se desarrolla también como una disputa permanente por controlar narrativas, emociones y percepciones colectivas.

En ambos escenarios aparece además una dimensión clave: la utilización de estructuras de comunicación, influencia y articulación política como herramientas de incidencia en contextos locales con ramificaciones internacionales. Las disputas nacionales dejan de ser estrictamente domésticas y comienzan a insertarse dentro de redes transnacionales donde confluyen intereses económicos, agendas ideológicas, plataformas digitales y actores políticos capaces de intervenir simultáneamente en distintos territorios.

Esto implica la construcción estratégica de alianzas, campañas y narrativas orientadas a influenciar grupos específicos, moldear climas de opinión y fortalecer determinados intereses políticos, económicos o geopolíticos. Influencers, centros de pensamiento, operadores mediáticos, organizaciones, plataformas digitales y redes de lobby pasan entonces a desempeñar un papel cada vez más importante en la producción de legitimidades y en la orientación del debate público.

En ese sentido, Hondurasgate y Proyecto Júpiter funcionan menos como hechos aislados y más como ventanas para comprender una época marcada por la expansión de la desinformación, la polarización y la consolidación de ecosistemas digitales donde el barro, la sospecha y la saturación informativa comienzan a operar como instrumentos cotidianos de poder.

Hondurasgate y Proyecto Júpiter: síntomas de una mutación regional

En este contexto, el Hondurasgate resulta particularmente revelador. Las filtraciones de audios, las denuncias sobre redes internacionales de desinformación y las posibles articulaciones entre actores políticos, operadores digitales y agendas geopolíticas muestran cómo las fronteras entre comunicación, inteligencia, propaganda y seguridad se vuelven cada vez más difusas.

El Caso Júpiter, por su parte, expresa otra dimensión del fenómeno: la utilización intensiva de estructuras mediáticas y digitales para influir en percepciones colectivas, consolidar relatos de crisis y administrar políticamente la sospecha. En ambos casos aparece una lógica compartida: no se trata solamente de convencer, sino de desestabilizar, erosionar y producir incertidumbre permanente.

Más allá de las particularidades de cada caso, ambos permiten observar dinámicas estructurales:

  • -circulación acelerada de filtraciones,
  • -centralidad de operadores digitales,
  • -amplificación algorítmica del conflicto,
  • -construcción de enemigos políticos,
  • -desgaste institucional,
  • -y creciente dificultad para separar información, propaganda y operación psicológica.

Lo relevante no es únicamente si cada acusación resulta verdadera o falsa, sino el modo en que estos ecosistemas producen condiciones permanentes de polarización y sospecha social.

Del enemigo interno al algoritmo

América Latina conoce bien estas dinámicas. Durante décadas, el “enemigo interno” funcionó como categoría organizadora de doctrinas de seguridad, persecuciones políticas y mecanismos de control social. Sin embargo, la novedad contemporánea radica en que esa lógica ahora opera acelerada por algoritmos, plataformas digitales y economías de la indignación que convierten el conflicto en espectáculo continuo.

El barro ya no circula únicamente desde periódicos o cadenas televisivas: se mueve a velocidad algorítmica entre bots, influencers políticos, cuentas anónimas, campañas segmentadas y plataformas diseñadas para premiar la reacción emocional antes que la deliberación democrática.

La comunicación política deja entonces de orientarse principalmente hacia la persuasión racional y comienza a estructurarse alrededor de impactos emocionales instantáneos: miedo, indignación, humillación pública, odio y ansiedad colectiva. En ese terreno, la verdad pierde eficacia frente a la viralidad.

Influencia digital y geopolítica: la disputa por las narrativas

Las tensiones alrededor de la desinformación, las operaciones digitales y la construcción estratégica de percepciones no ocurren en un vacío político. También forman parte de disputas geopolíticas más amplias donde los Estados buscan moldear narrativas, defender intereses y reposicionar su legitimidad internacional en escenarios crecientemente fragmentados.

En ese contexto, recientes informaciones publicadas por The Guardian revelan que el Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo instrucciones firmadas por Marco Rubio, ordenó a embajadas y consulados desplegar campañas coordinadas para contrarrestar lo que define como “propaganda antiestadounidense” y fortalecer la influencia de Washington a través de redes sociales y ecosistemas digitales.

El documento, según la investigación periodística, no solo impulsa una estrategia global de posicionamiento narrativo, sino que además plantea la coordinación entre sedes diplomáticas y unidades de operaciones psicológicas del Pentágono, conocidas anteriormente como Psyops. La instrucción incluye trabajar con influencers, académicos, líderes comunitarios y actores locales capaces de amplificar contenidos alineados con los intereses estadounidenses, procurando que dichas narrativas aparezcan como expresiones orgánicas y no como campañas centralizadas.

La relevancia de estas revelaciones no reside únicamente en el reconocimiento explícito del poder político de las redes sociales, sino en lo que muestran sobre la transformación contemporánea de la influencia internacional. Si durante gran parte del siglo XX la disputa por la legitimidad global se estructuraba alrededor de medios tradicionales, diplomacia pública o intervenciones directas, hoy una parte importante de esa confrontación ocurre mediante algoritmos, circulación de contenidos, administración emocional de audiencias y control de ecosistemas informativos.

La incorporación explícita de plataformas como X —presentada en el documento como herramienta “innovadora” para combatir la desinformación— evidencia además cómo las infraestructuras privadas digitales se convierten en componentes estratégicos de la disputa geopolítica contemporánea. Las redes sociales dejan de ser simples espacios de interacción para transformarse en territorios de influencia, intervención narrativa y producción de hegemonía cultural.

Esto complejiza aún más escenarios como Hondurasgate o el Caso Júpiter. Las campañas digitales, los sistemas de amplificación mediática y las operaciones narrativas dejan de ser únicamente fenómenos domésticos para insertarse dentro de redes transnacionales donde convergen intereses políticos, plataformas tecnológicas, actores económicos y estrategias de influencia regional.

La máquina del fango adquiere entonces una nueva escala: ya no opera solamente como instrumento de disputa electoral interna, sino como componente de una geopolítica de la información donde las emociones, los imaginarios y la percepción pública se convierten en territorios estratégicos de intervención.

Claves para leer la política del fango

Para analizar este tipo de fenómenos resulta útil identificar algunos patrones recurrentes que aparecen en las nuevas disputas político-mediáticas de la región:

DimensiónCaracterísticas principalesEfectos políticos
Producción de informaciónFiltraciones, audios, documentos parciales, rumoresGeneración de incertidumbre y sospecha
Plataformas digitalesBots, cuentas anónimas, microsegmentación, viralizaciónAmplificación emocional del conflicto
Construcción de enemigosNarrativas de traición, corrupción o amenaza internaPolarización y debilitamiento del diálogo
Saturación mediáticaExceso de información contradictoriaFatiga social y descreimiento
Judicialización y espectáculoMezcla entre procesos legales y guerra comunicacionalErosión de legitimidad institucional
Geopolítica y redes transnacionalesArticulación entre actores internacionales y agendas ideológicasExpansión regional de operaciones políticas
Economía de la indignaciónPremios algorítmicos al contenido conflictivoRadicalización discursiva
Crisis de confianzaDesgaste de medios, instituciones y actores políticosApertura a liderazgos autoritarios

Esta matriz permite comprender que la máquina del fango no opera únicamente como campaña de desinformación aislada, sino como un ecosistema político-cultural mucho más amplio, donde múltiples actores disputan poder mediante la administración estratégica del ruido.

La erosión democrática como efecto acumulativo

La consecuencia de estos procesos es profunda. No solo se deteriora la calidad del debate público; también se debilitan las posibilidades mismas de construir horizontes comunes. Allí donde todo puede ser presentado como conspiración, montaje o manipulación, la política deja de organizarse alrededor de proyectos colectivos y comienza a estructurarse alrededor del miedo, el odio y la administración permanente de enemigos.

La máquina del fango no destruye únicamente reputaciones individuales: erosiona lentamente las condiciones culturales de la democracia. Produce sociedades incapaces de distinguir entre crítica y operación, entre información y propaganda, entre participación política y espectáculo emocional. Y en medio de ese ruido constante, quienes logran capitalizar el caos suelen ser los actores con mayor capacidad económica, tecnológica y mediática.

No se trata solamente de un problema comunicacional. Se trata de una transformación profunda de las formas contemporáneas de ejercicio del poder.

Cuando el barro deja de ser excepción

Tal vez el problema central no sea únicamente la existencia del barro, sino su normalización como método de gobierno, estrategia electoral y forma dominante de comunicación política en el continente.

Porque cuando la sospecha sustituye al debate y el desgaste reemplaza a la verdad, la democracia comienza a perder uno de sus elementos más frágiles y fundamentales: la posibilidad de confiar colectivamente en algo más que el miedo.

Referencias:

Alfonso, Diana Carolina. (2026, abril 27). Atentados terroristas en el suroccidente colombiano: ¿La mano invisible del Proyecto Júpiter y el Plan Colombia 2.0? Diario Red.

Eco, Umberto. (2015). Número cero. Editorial Lumen.

Editorial. (2026, abril 29). Hondurasgate. Diario Red. 

Gedeon, Joseph. (2026, marzo 30). Estados Unidos ordena a sus embajadas que colaboren contra la “hostilidad” extranjera y que utilicen X para “contrarrestar la propaganda antiestadounidense”. The Guardian.

González Zorrilla, Gabriel. (2026, mayo 12). Hondurasgate: Qué se sabe y qué no de los audios filtrados. Deutsche Welle. Deutsche Welle

Redacción Diario Red / AL. (2026, mayo 6). “Honduras no es un caso aislado: es el laboratorio de una nueva ofensiva contra nuestras democracias”: Gerardo Torres Zelaya en La Base América Latina. Diario Red. 

Sgarzini, Bruno. (2026, mayo 8). Continental Strategy; la firma cercana a Marco Rubio responsable del lobby empresarial detrás del Hondurasgate. Diario Red.

Crédito imagenes: Pexels plataforma y banco de imágenes y videos de stock gratuitos. https://www.pexels.com/

Esta nota forma parte de la colección Geografías Herejes de los Bienes Comunes

El texto “Hondurasgate y Proyecto Júpiter: La fábrica del enemigo en tiempos de algoritmos” forma parte de la colección Geografías Herejes de los Bienes Comunes, una iniciativa impulsada por el Observatorio de Bienes Comunes orientada a reflexionar críticamente sobre las transformaciones contemporáneas del poder, la colonialidad, los antiimperialismos y las disputas por los bienes comunes en América Latina y el Caribe.

La colección reúne cuadernos, ensayos y materiales de análisis que buscan leer los conflictos actuales desde perspectivas de antigeopolítica, recuperando voces, memorias y experiencias construidas desde los territorios y las luchas sociales. En ese marco, esta nota propone comprender cómo las operaciones mediáticas, la desinformación, las plataformas digitales y la administración algorítmica del miedo se han convertido en componentes centrales de las disputas políticas contemporáneas.

Más que analizar casos aislados, Geografías Herejes de los Bienes Comunes apuesta por abrir preguntas sobre las nuevas formas de dominación y control que atraviesan la región, así como sobre las posibilidades de construir lecturas críticas y horizontes democráticos frente a la saturación informativa, la polarización y la fabricación permanente de enemigos.

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Cuando la nevada ya tiene nombre: Seguridad hemisférica, terrorismo y expansión del enemigo en la nueva doctrina de Estados Unidos

Las nevadas más peligrosas no siempre comienzan con estruendo. A veces caen lentamente, casi en silencio, cubriendo el paisaje de manera imperceptible hasta transformar por completo la forma en que se percibe el mundo. Algo similar ocurre con los actuales discursos de seguridad global. No irrumpen únicamente mediante guerras abiertas o estados de excepción visibles. Operan también a través de narrativas que reorganizan el sentido común, redefinen amenazas y desplazan los límites de lo políticamente aceptable.

En los últimos meses hemos insistido en que las nuevas estrategias de seguridad impulsadas desde Estados Unidos no pueden entenderse únicamente como respuestas defensivas frente a riesgos externos. Más bien, constituyen intentos de reordenamiento geopolítico y cultural que buscan redefinir quién puede ser considerado legítimo dentro del espacio democrático y quién comienza a ocupar el lugar de la sospecha. El nuevo documento de estrategia antiterrorista publicado por sectores de la administración de Donald Trump profundiza precisamente esa dirección. Lo que allí aparece ya no es solamente una política de combate contra organizaciones armadas o redes criminales, sino una expansión radical de la noción misma de terrorismo y de enemigo.

La nevada ya no solo cae. Ahora tiene lenguaje, categorías y objetivos.

Del enemigo armado al enemigo ideológico

Uno de los aspectos más inquietantes del documento es que la amenaza deja de definirse exclusivamente a partir de acciones concretas para desplazarse hacia identidades políticas, ideológicas y culturales. Durante buena parte del siglo XX, la política de seguridad estadounidense construyó figuras relativamente delimitadas del enemigo: primero el comunismo, luego el terrorismo islámico y posteriormente determinados Estados considerados adversarios estratégicos. En el nuevo escenario, esas fronteras comienzan a disolverse.

El texto incorpora dentro de las amenazas prioritarias categorías tan amplias como:
-anarquistas,
-antifascistas,
-“extremistas violentos de izquierda”,
-actores considerados “antiestadounidenses”,
-y movimientos asociados a ideologías radicales.

El problema no radica únicamente en el lenguaje utilizado, sino en las implicaciones políticas que se desprenden de esa formulación.

Cuando las categorías de amenaza se vuelven ambiguas y expansivas, el margen para intervenir sobre la disidencia también se amplía. La sospecha deja de estar asociada únicamente a hechos específicos y empieza a desplazarse hacia formas de pensamiento, afinidades ideológicas o espacios organizativos. En ese movimiento, la frontera entre seguridad y persecución política se vuelve cada vez más difusa.

Ya no se trata solamente de neutralizar ataques. Se trata de:
-mapear redes,
-identificar vínculos,
-monitorear actores,
-rastrear afinidades,
-y anticipar amenazas potenciales.

El enemigo deja de ser alguien que actúa; pasa a ser alguien que podría actuar.

La seguridad como lenguaje total

El documento también evidencia un desplazamiento más profundo: la seguridad deja de funcionar como un ámbito específico del Estado y comienza a convertirse en una lógica totalizadora capaz de reorganizar todas las dimensiones de la vida social.

La migración se redefine como amenaza estratégica.

Las redes digitales aparecen como espacios de guerra narrativa.

Los conflictos territoriales se convierten en riesgos para la estabilidad hemisférica.

Las disputas ideológicas pasan a formar parte de la seguridad nacional.

Las movilizaciones sociales pueden ser interpretadas como focos de radicalización.

Lo que emerge es un marco donde prácticamente cualquier fenómeno puede ser reinterpretado bajo criterios securitarios.

Algunas características de esta expansión securitaria
  • -La seguridad deja de ser reactiva y pasa a ser preventiva.
  • -Se privilegia la vigilancia sobre la resolución de conflictos estructurales.
  • -La sospecha se vuelve permanente.
  • -Las categorías de amenaza se amplían constantemente.
  • -La excepcionalidad comienza a normalizarse.
  • -La seguridad absorbe dimensiones culturales, sociales y educativas.
  • -Se debilita la distinción entre política exterior y política interna.
América Latina y el Caribe: territorios funcionales al orden hemisférico

Este proceso tiene implicaciones particularmente profundas para América Latina y el Caribe. La región reaparece en el documento no como un conjunto de pueblos atravesados por historias, conflictos y proyectos políticos diversos, sino como un espacio estratégico cuya función principal es garantizar estabilidad, abastecimiento y control dentro de la arquitectura de seguridad estadounidense. El territorio deja de ser entendido como espacio de vida para convertirse en infraestructura geopolítica.

En esa mirada, América Latina y el Caribe son leídos desde su capacidad de proveer recursos críticos, asegurar rutas comerciales, contener flujos migratorios y garantizar cadenas de suministro consideradas esenciales para la competitividad y la seguridad del Norte global. Minerales estratégicos, agua dulce, biodiversidad, corredores logísticos, puertos, infraestructura energética y territorios fronterizos aparecen subordinados a una lógica que prioriza la funcionalidad geopolítica sobre las dinámicas sociales y ecológicas que sostienen esos espacios.

La doctrina hemisférica impulsada por la administración Trump reactualiza así una larga genealogía de dominación regional vinculada a la Doctrina Monroe, al Destino Manifiesto y a las múltiples formas de intervención política, económica y militar que históricamente han configurado la relación de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Sin embargo, el nuevo documento profundiza todavía más esta lógica porque ya no intenta revestirla únicamente bajo discursos ambiguos de cooperación, democracia o desarrollo. La seguridad emerge ahora como el lenguaje ordenador de toda la relación hemisférica.

La reivindicación explícita del hemisferio occidental como espacio prioritario de seguridad, junto con la normalización de operaciones extraterritoriales bajo argumentos antiterroristas, revela un giro particularmente agresivo en la política regional estadounidense. América Latina y el Caribe comienzan a aparecer simultáneamente como zona de contención frente a amenazas externas, reserva estratégica de recursos indispensables, frontera geopolítica frente a China y otros competidores globales, espacio privilegiado de vigilancia y plataforma para la proyección de poder hemisférico.

En este marco, la región deja de ser pensada desde las necesidades de quienes habitan sus territorios y comienza a ser organizada desde las prioridades de seguridad de una potencia externa. Lo que se redefine no es únicamente una estrategia militar o diplomática, sino la forma misma en que los territorios son interpretados: ya no como espacios de memoria, comunidad y reproducción de la vida, sino como piezas funcionales dentro de un tablero global marcado por la competencia geopolítica y la gestión autoritaria de las crisis contemporáneas.

Cuando la protesta entra en el campo de sospecha

Uno de los desplazamientos más delicados de esta doctrina es la expansión progresiva de marcos antiterroristas hacia conflictos sociales, territoriales y políticos. El problema no reside únicamente en la existencia de nuevas categorías de amenaza, sino en la elasticidad con la que estas pueden ser aplicadas sobre actores colectivos que históricamente han formado parte de las disputas democráticas de la región.

En contextos atravesados por crisis climática, expansión extractiva, aumento de las desigualdades, disputas por bienes comunes y conflictividad territorial creciente, muchos movimientos sociales podrían comenzar a ser interpretados desde lógicas securitarias antes que desde marcos políticos o sociales. Las luchas ambientales, las resistencias indígenas y campesinas, las organizaciones comunitarias o incluso determinadas formas de protesta urbana pueden ser progresivamente desplazadas hacia lenguajes de sospecha, radicalización o amenaza al orden.

La consecuencia de este giro es profunda. La protesta deja de aparecer como expresión legítima del conflicto democrático y comienza a aproximarse peligrosamente al campo discursivo de la seguridad nacional. En lugar de discutir las causas estructurales de los conflictos —despojo territorial, desigualdad, violencia extractiva o exclusión política— el énfasis se desplaza hacia la vigilancia, el control y la contención de quienes cuestionan esas dinámicas.

Este proceso puede traducirse en múltiples formas de criminalización: incremento de vigilancia sobre organizaciones sociales, judicialización selectiva, expansión de mecanismos de inteligencia, estigmatización mediática, militarización de territorios en conflicto y restricciones crecientes al ejercicio de derechos políticos y comunitarios. Lo que comienza a estrecharse no es únicamente el margen de la protesta, sino el propio espacio democrático desde el cual las sociedades pueden disputar sentidos, modelos de desarrollo y formas de vida.

Seguridad y guerra cultural

El documento tampoco se limita a construir enemigos políticos o estratégicos. También configura enemigos culturales y civilizatorios. Ese desplazamiento resulta central para comprender la profundidad del nuevo lenguaje de seguridad.

Las referencias constantes a la decadencia de Occidente, a las “culturas ajenas”, a la crisis de valores tradicionales, a la necesidad de restaurar el orden y a la defensa de la civilización occidental muestran cómo la seguridad comienza a fusionarse con una narrativa de guerra cultural. La amenaza deja de ser únicamente militar o territorial; pasa a ser también moral, identitaria y civilizatoria.

En este marco, las disputas contemporáneas son presentadas como conflictos existenciales donde determinados modos de vida, valores y formas culturales deben ser protegidos frente a actores considerados desestabilizadores o incompatibles con el orden occidental. La lógica de seguridad penetra así dimensiones cada vez más amplias de la vida social: educación, cultura, migración, género, memoria histórica y formas de organización colectiva.

La disputa ya no se libra únicamente sobre territorios o recursos estratégicos. También se juega sobre identidades, memorias, sentidos de pertenencia y formas de imaginar el futuro. Lo preocupante de este desplazamiento es que transforma diferencias políticas y sociales en antagonismos absolutos. Cuando ciertos actores dejan de ser concebidos como adversarios legítimos y comienzan a ser definidos como amenazas civilizatorias, las posibilidades democráticas de convivencia, diálogo y conflicto político empiezan a erosionarse profundamente.

La seguridad deja entonces de funcionar solo como política estatal. Se convierte en una narrativa total capaz de reorganizar quién pertenece, quién amenaza y quién puede ser excluido en nombre del orden.

Matriz para analizar la expansión de la categoría de “terrorismo”
Dimensión¿Qué aparece en el documento?Clave de lectura críticaRiesgos
TerrorismoSe amplía hacia actores ideológicos y políticosLa amenaza deja de definirse solo por acciones violentasCriminalización de la disidencia
MigraciónAsociada a inseguridad y crimenLa movilidad humana se securitizaXenofobia y militarización fronteriza
Protesta socialPuede leerse como radicalizaciónSe despolitizan las causas estructuralesRepresión y vigilancia
Antifascismo y anarquismoIncorporados como amenazasSe expande el enemigo internoPersecución política
Redes digitalesEspacios de guerra narrativaLa comunicación entra en marcos de controlVigilancia y censura
Territorios estratégicosConcebidos como espacios de seguridadSe prioriza el control sobre la vida territorialMilitarización y extractivismo
Cultura y valoresPresentados como parte del conflictoLa seguridad se vuelve civilizatoriaPolarización y exclusión
Claves para leer la doctrina hemisférica
Eje¿Qué propone la estrategia?Lectura crítica
Hemisferio occidentalPrioridad absoluta para la seguridad estadounidenseReactualización de la Doctrina Monroe
Carteles y terrorismoIntegración de ambas categoríasExpansión de marcos militares y excepcionales
Operaciones extraterritorialesPosibilidad de actuar fuera de EE.UU.Normalización de la intervención
Seguridad fronterizaMilitarización y control migratorioLa frontera como dispositivo permanente
Guerra culturalDefensa de “Occidente” y valores tradicionalesProducción de enemigos culturales
Inteligencia y vigilanciaMapeo de actores y redesExpansión de capacidades de control
Recursos estratégicosProtección de cadenas de suministroTerritorialización geopolítica del extractivismo
Lo que la nevada empieza a cubrir

En El Eternauta, uno de los elementos más inquietantes no es solamente la amenaza externa, sino la dificultad para comprenderla mientras avanzaba. El verdadero peligro aparecía cuando el miedo, la confusión y la imposibilidad de distinguir con claridad reorganizaban completamente la vida cotidiana.

Hoy asistimos a algo similar.

Las categorías de amenaza se expanden hasta volverse difusas.

La vigilancia se normaliza.

El miedo reorganiza el debate público.

Las fronteras entre seguridad y control político comienzan a desdibujarse.

Y mientras eso ocurre, el espacio democrático se estrecha de manera muchas veces imperceptible.

Por eso, el desafío no consiste únicamente en analizar documentos estratégicos o denunciar discursos autoritarios. El desafío es sostener la capacidad de leer críticamente el momento histórico que atravesamos antes de que las categorías de seguridad terminen definiendo por completo quién puede hablar, quién puede organizarse y quién comienza a ser considerado sospechoso.

Porque cuando la nevada logra nombrar al enemigo, también empieza a decidir qué vidas merecen protección y cuáles pueden ser sacrificadas en nombre del orden.

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¿Molesta el FEES? Pregunten a las comunidades: la universidad pública más allá del aula.

En medio del debate nacional sobre el financiamiento de las universidades públicas, muchas veces la discusión sobre el FEES queda reducida a cifras, presupuestos o indicadores de matrícula. Sin embargo, en los territorios rurales y comunidades organizadas existen otras dimensiones de la universidad pública que suelen quedar invisibilizadas: el acompañamiento comunitario, la educación a lo largo de la vida, la producción colectiva de conocimiento y la defensa de los bienes comunes.

Las entrevistas que integran este video fueron realizadas junto al grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío–Caño Negro, en Guatuso, y representan parte del diálogo, acompañamiento y trabajo conjunto que se ha venido construyendo entre comunidades organizadas y la Universidad de Costa Rica en torno a la defensa del territorio, el ambiente y los bienes comunes.

El siguiente video recoge testimonios de personas vinculadas a estos procesos comunitarios, quienes reflexionan sobre el papel que ha tenido la Universidad de Costa Rica en sus procesos organizativos y de defensa territorial. Sus palabras permiten comprender que la universidad pública no termina en el aula ni se limita a la formación profesional tradicional.

Para muchas comunidades, especialmente en contextos donde las instituciones estatales han respondido tarde o de manera insuficiente frente a conflictos socioambientales, la universidad pública se convierte en un espacio de escucha, investigación crítica y fortalecimiento organizativo.

Uno de los elementos más significativos que aparece en los testimonios es el reconocimiento del conocimiento comunitario como parte legítima de los procesos educativos. Las personas participantes señalan que, aunque muchas no tuvieron acceso a estudios universitarios formales, también tienen derecho a aprender, comprender y participar en la defensa de sus territorios. En ese sentido, la universidad pública cumple una función democratizadora que va más allá de otorgar títulos.

Las experiencias compartidas muestran cómo el acompañamiento universitario ha permitido comprender técnicamente las afectaciones ambientales sobre el Río Frío, fortalecer denuncias comunitarias y generar procesos de concientización ambiental en la zona. Pero además, evidencian algo más profundo: la construcción de relaciones de confianza y trabajo conjunto entre comunidades y universidad.

En un contexto donde frecuentemente se cuestiona el presupuesto universitario desde una lógica utilitarista o exclusivamente económica, resulta fundamental recordar que el FEES también sostiene programas, proyectos y procesos de acción social que acompañan comunidades rurales, territorios indígenas, organizaciones ambientales y múltiples iniciativas de participación social.

Reducir la universidad pública únicamente a la formación dentro del campus invisibiliza décadas de trabajo territorial y de construcción colectiva de conocimiento junto a sectores históricamente excluidos.

Algunas dimensiones del FEES que muchas veces se invisibilizan
  • -Acompañamiento a comunidades en conflictos socioambientales.
  • -Producción colectiva de conocimiento junto a organizaciones comunitarias.
  • -Educación de personas adultas y aprendizaje a lo largo de la vida.
  • -Fortalecimiento organizativo y participación comunitaria.
  • -Democratización del acceso al conocimiento científico y técnico.
  • -Defensa de bienes comunes como el agua, los ríos y los territorios.
  • -Presencia universitaria en zonas rurales históricamente excluidas.
  • -Espacios de diálogo entre saberes académicos y saberes comunitarios.
  • -Formación crítica y compromiso social más allá del mercado laboral.
  • -Construcción de esperanza y tejido social en comunidades organizadas.

Defender el FEES también implica defender la posibilidad de que las universidades públicas sigan presentes en los territorios, dialogando con las comunidades, fortaleciendo capacidades locales y contribuyendo a la defensa de la vida y los bienes comunes.

Porque la universidad pública no solo se construye en las aulas. También se construye en los ríos, las comunidades y las luchas de los pueblos.

¿Y si la universidad no empezara con un examen de admisión?

Comprender la educación de personas adultas y el aprendizaje a lo largo de la vida como parte del quehacer universitario implica reconocer que la universidad pública no puede reducirse únicamente a quienes logran ingresar formalmente a una carrera. También existe universidad cuando hay diálogo, intercambio de saberes, construcción colectiva de conocimiento y acompañamiento a las comunidades en sus luchas y procesos organizativos.

En muchos territorios rurales y espacios comunitarios existen personas con enormes conocimientos sobre el agua, la agricultura, los ecosistemas, la organización comunitaria y la defensa del territorio, aunque nunca hayan pasado por un aula universitaria. Cuando la universidad se vincula con estas experiencias, no llega simplemente a “enseñar”: también llega a escuchar, aprender y construir junto a las comunidades.

Por eso, pensar la educación a lo largo de la vida implica cuestionar la idea de que el conocimiento válido solo existe dentro del campus o únicamente entre quienes poseen un título académico. La universidad pública también se fortalece cuando dialoga con saberes campesinos, comunitarios, indígenas y territoriales que históricamente han sido invisibilizados.

Defender esta dimensión universitaria significa defender la posibilidad de que existan espacios permanentes de encuentro, reflexión y aprendizaje colectivo más allá de la lógica del mercado, la competencia o los filtros de ingreso.

Porque una universidad verdaderamente pública no solo abre carreras. También abre diálogos, construye vínculos y reconoce que el conocimiento se produce junto a los pueblos.

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La democracia sitiada por su propio discurso- Última intervención Rodrigo Chaves 2026

El discurso de Rodrigo Chaves es un documento hecho para movilizar, no para convocar. Su potencia no está en abrir espacios, sino en cerrarlos: en nombrar enemigos, celebrar batallas y erigirse como la voz de un “pueblo despierto” frente a una “casta” que todo lo bloquea. Pero si lo que nos interesa es cómo se construye —o se deshilacha— el tejido social, el balance es mucho más sombrío.

Un «nosotros» que excluye

Chaves construye un relato binario: patriotas contra privilegiados, Ejecutivo contra instituciones que frenan, pueblo contra medios mentirosos. No hay lugar para el disenso legítimo, para la incomodidad fértil, para ese otro que piensa distinto pero habita el mismo barrio, la misma cuenca, la misma acera.

Habla de “la vieja casta que había capturado nuestra patria” y asegura que “ellos trataron de frenar al gobierno”. Señala también a “aquellos medios de comunicación que, con información falsa o tergiversada, servían a sus intereses”. En ningún momento reconoce que dentro de ese “ellos” hay personas con visiones legítimas, electas democráticamente o con funciones constitucionales. Todo el que se opone queda, por definición, del lado del problema.

El tejido social no se construye declarando enemigos. Se teje reconociendo al adversario como parte de una trama compartida, conflictiva pero común. Aquí no hay trama: hay trincheras. Y cuando Chaves afirma que “peleé porque no tenía alternativa”, está diciendo —aunque no lo nombre— que la deliberación, los acuerdos parciales y las conversaciones incómodas son prescindibles. Lo que se erosiona entonces no es solo el diálogo: es la confianza, ese pegamento invisible y frágil que sostiene cualquier comunidad.

Las instituciones: ¿lastre o andamio?

El presidente arremete contra la Asamblea Legislativa anterior, la Contraloría y el Poder Judicial. Las acusa de frenar, de proteger privilegios, de resistirse al cambio. “Intentamos cambiarlo, pero encontramos muchas murallas en la institucionalidad”, afirma. Más adelante insiste: “las instituciones peor valoradas son, precisamente, las que más se resisten a cambiar”.

Puede haber razón en algunos de esos reclamos. Pero el problema no es la crítica: es el encuadre total. Cuando se lee el discurso completo, la impresión que queda es que todo aquello que no se alinea con el Ejecutivo deviene obstáculo ilegítimo.

Esa visión es peligrosa para la vida colectiva. Una sociedad no se sostiene solo con eficiencia ni con crecimiento. Se sostiene con frenos y contrapesos, con instituciones que incomodan precisamente porque están diseñadas para hacerlo. No son fines en sí mismas —y en eso el señalamiento al privilegio enquistado es pertinente—, pero tampoco son simples murallas. Son andamios. Y cuando se deslegitima el andamiaje entero, el tejido social no queda liberado: queda sin sostén.

El héroe solitario y el pueblo que respalda

A lo largo del discurso, el protagonista es casi siempre el presidente. “Me presento… con la frente en alta”, “peleé fuerte”, “luché arriesgando mi libertad”, “confronté enérgicamente”. La primera persona del singular no es un recurso: es la estructura narrativa.

El pueblo aparece, sí, pero como respaldo. Como fuerza que legitima, como voz que se expresó en las urnas. Chaves celebra que “este noble pueblo despertó” y agradece a “ese millón doscientas mil personas que le dijeron sí a la continuidad”. Sin embargo, el pueblo no aparece como sujeto activo de la vida cotidiana.

No hay mención a organizaciones vecinales, cooperativas, asambleas territoriales, redes de cuido, comedores comunales, ni a los acueductos rurales gestionados por las propias comunidades. Nada de eso entra en el relato.

Y sin embargo, es ahí donde se sostiene la vida. Una familia que come tranquila, un niño que vuelve de la escuela con esperanza, una cocina encendida al caer la noche —esa imagen con la que cierra el discurso— no depende solo de un gobierno fuerte ni de indicadores macroeconómicos. Depende de vínculos, de organización, de confianza acumulada, de bienes comunes cuidados colectivamente. De todo eso, el discurso guarda silencio.

La oposición: ¿sabotaje o función democrática?

Chaves es contundente: “Vivimos cuatro años de una oposición aberrante”. Acusa bloqueo, judicialización y mezquindad. “Oponerse por oponerse no es ideología. Es mezquindad”, afirma. Y traza una línea clara: “la oposición tiene derecho a criticar, pero no a sabotear al país”.

El problema es que esa línea no es objetiva: la define quien habla desde el poder. ¿Dónde termina la fiscalización y empieza el sabotaje? ¿Quién decide cuándo una oposición es legítima y cuándo es destructiva?

Es cierto: hay oposiciones que paralizan sin proponer. Pero también lo es que una democracia sin oposición incómoda es una democracia debilitada. El discurso no abre la posibilidad de una oposición que dialogue; más bien sugiere que el límite aceptable es no interferir con lo que el Ejecutivo considera urgente.

Cuando el disenso se aproxima discursivamente al sabotaje, lo que se pone en riesgo no es una élite abstracta: es la posibilidad misma de construir acuerdos donde quepan también quienes no ganaron.

La luz de la cocina y lo que no se ve

La metáfora final es poderosa: una casa humilde, al caer la noche, con una luz encendida en la cocina, una familia compartiendo la cena. Es una imagen que convoca afecto, estabilidad, sentido.

Pero esa luz no se sostiene sola. Depende de condiciones concretas: aceras transitables, agua potable, acceso a salud, transporte digno, espacios públicos, redes de apoyo. Depende, en otras palabras, de un tejido social vivo.

El presidente afirma que “este gobierno encendió una chispa” y que “fue el pueblo quien la convirtió en llama”. Sin embargo, el discurso no muestra cómo esa llama se traduce en el fortalecimiento de lo común: agua, territorio, energía, educación comunitaria, salud de proximidad.

Se mencionan proyectos: Ciudad Gobierno, la Marina de Limón, Crucitas, reformas laborales. Infraestructura, inversión, crecimiento. Pero no aparece el fortalecimiento comunitario, ni la participación, ni la gestión colectiva de los bienes que sostienen la vida.

La pregunta que queda

Al final, el discurso deja una pregunta incómoda: ¿Costa Rica cambió para que sus habitantes confíen más entre sí, se organicen mejor y decidan juntos lo que es común? ¿O cambió para consolidar un gobierno fuerte respaldado por un pueblo alineado?

Chaves afirma que “el respeto no se impone. Se gana con resultados” y señala el respaldo electoral como prueba. Pero el apoyo en las urnas y la confianza cotidiana no son equivalentes. Se puede respaldar un gobierno y, al mismo tiempo, sentir que los lazos sociales se debilitan, que el barrio se fragmenta, que el diálogo se vuelve más difícil.

La respuesta no está en el discurso. Pero esa ausencia también habla.

Porque gobernar no es solo enfrentar privilegios ni estabilizar la economía. Es, también —y quizá sobre todo— recomponer la confianza, habilitar la palabra del otro, sostener las redes invisibles que impiden que una vida quede sola cuando todo lo demás falla.

De eso no habla este discurso. Y en una democracia que aspira a estar viva, ese silencio pesa.

¿Qué política se está configurando?

Más allá de nombres propios, lo que este discurso deja ver es una forma de hacer política que desplaza el conflicto desde el terreno de lo discutible hacia el de lo moralmente incuestionable. No se trata solo de diferencias de criterio o de proyecto país: se trata de una narrativa donde quien está de un lado encarna al pueblo y quien está del otro queda asociado al bloqueo, al privilegio o a la distorsión.

Este tipo de política no busca tramitar el desacuerdo, sino ordenarlo. No convoca a la complejidad, sino que la simplifica en una disputa entre quienes “permiten avanzar” y quienes “estorban”. En ese marco, el disenso deja de ser un recurso democrático y pasa a ser un problema a gestionar o a neutralizar.

Hay, además, un desplazamiento importante: la política deja de centrarse en la construcción colectiva de lo común y se reorganiza en torno a la figura de conducción fuerte, capaz de enfrentar obstáculos, asumir costos y avanzar pese a resistencias. El resultado es una relación vertical donde el pueblo respalda, pero no necesariamente co-construye.

Desde estas líneas discursivas, la continuidad no aparece como una profundización del debate democrático, sino como la extensión de un estilo. Una política que se legitima en la confrontación, que mide su eficacia en términos de avance frente a enemigos identificados, y que corre el riesgo de debilitar los espacios intermedios donde se teje lo colectivo.

Si esa continuidad se expresa en una figura como Laura Fernández Delgado, la pregunta no es únicamente programática. Es, sobre todo, política en el sentido más profundo: ¿se abrirá espacio para recomponer vínculos, reconocer la pluralidad y fortalecer lo común? ¿O se consolidará una lógica donde gobernar es, ante todo, imponerse sobre aquello que incomoda?

Porque lo que está en juego no es solo quién gobierna. Es cómo se gobierna.

Y, sobre todo, con quiénes se construye país.

Crédito de imágenes: El Observador / El Financiero

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Cómo fallar correctamente en una universidad que mide todo menos lo importante

Donde empieza realmente el aula

Querida comunidad,

Se insiste en que el aula comienza cuando el orden está garantizado: horarios definidos, contenidos delimitados, jerarquías claras. Sin embargo, mi experiencia ha sido otra. El aula comienza, con mayor honestidad, cuando ese orden se fisura.

En Assassination Classroom, me asignaron una clase diseñada para no importar: separada, señalada, funcional como recordatorio permanente del fracaso. No era un error del sistema. Era parte de su arquitectura.

Toda pedagogía, incluso la más técnica, descansa sobre una decisión previa: qué vidas merecen ser cultivadas y cuáles pueden ser relegadas sin que el conjunto se cuestione. Ese es el verdadero currículo oculto.

El conflicto no es una anomalía

Hoy, la universidad se encuentra atravesada por un paro activo. La reacción inmediata ha sido nombrarlo como interrupción, desviación, pérdida de normalidad.

Pero toda normalidad es una construcción. Y toda construcción, cuando se vuelve incuestionable, empieza a ocultar más de lo que muestra. El paro, en ese sentido, no irrumpe desde afuera. 

Emerge de tensiones acumuladas: decisiones que reconfiguran silenciosamente lo público, prácticas institucionales que administran el desacuerdo en lugar de procesarlo, y discusiones —como la del FEES— que tienden a reducirse a cifras mientras desplazan sus implicaciones materiales. Porque el FEES no es únicamente financiamiento.

Es una definición concreta de universidad: quién accede, quién permanece, qué saberes se priorizan, qué vínculos se sostienen con la sociedad. Cuando esa discusión se estrecha, el conflicto no desaparece. Se desplaza.

El lenguaje como dispositivo de orden

En este contexto, ciertas palabras han circulado con rapidez para nombrar a quienes protestan. No es necesario repetirlas para reconocer su efecto.

Nombrar no es un acto neutral. Es una operación de poder.

Cuando se define a estudiantes como amenaza, el conflicto deja de ser político y se convierte en problema de control. La pregunta ya no es qué se está disputando, sino quién debe ser contenido.

El desplazamiento es sutil, pero decisivo. Y cuando ese lenguaje proviene de voces que han ocupado posiciones de autoridad universitaria, su efecto se amplifica: no solo expresa una opinión, sino que reactiva formas de ordenar lo legítimo y lo ilegítimo dentro de la institución.

Así, el desacuerdo se vacía de contenido y se llena de sospecha.

Aprender a sostener lo común

En mi aula, pronto comprendí que enseñar no consistía en producir adecuación, sino en abrir posibilidades.

No se trataba de corregir estudiantes para que encajaran en un molde, sino de crear condiciones para que pudieran reconocerse como sujetos capaces de incidir en el mundo que habitan. Eso implica asumir una premisa exigente: el conflicto no es una falla del proceso educativo. Es uno de sus motores.

Defender la educación pública como bien común —incluida la disputa por el FEES— no siempre adopta formas ordenadas ni previsibles. A veces irrumpe, desacomoda, incomoda.

Pero esa incomodidad no invalida la demanda. La vuelve visible. Y, en muchos casos, inevitable.

La lección que incomoda

He visto estudiantes a quienes se les enseñó, de múltiples formas, que no importaban. También los he visto, en el momento menos esperado, dejar de aceptar esa premisa.

No porque el sistema se volviera justo, sino porque comenzaron a leerlo críticamente.

Ese momento —preciso e inestable— es profundamente pedagógico.

Por eso, ante el impulso de restaurar la normalidad con rapidez, propondría otra pregunta: ¿qué normalidad es la que se intenta preservar?

Porque una universidad que no puede pensarse a sí misma en medio del conflicto corre el riesgo de perfeccionar algo distinto al conocimiento: la administración de su propio silencio.

Y cuando eso ocurre, lo que se erosiona no es solo el debate. Es la posibilidad misma de educar.

Nota al pie (innecesariamente necesaria) del colaborador

Confieso algo: cuando me invitaron a colaborar con el Observatorio de Bienes Comunes, revisé si existía algún protocolo para criaturas de dudosa procedencia y velocidad cuestionablemente alta.

No lo encontré. Lo cual, debo decir, es una excelente señal.

Un Observatorio que no intenta normalizar a quienes observa —ni a quienes escriben— probablemente esté más cerca de comprender lo común que muchas instituciones perfectamente ordenadas.

He pasado por sistemas que miden todo: rendimiento, conducta, resultados. Sistemas que convierten la educación en una serie de indicadores impecables… y profundamente incapaces de explicar por qué sus estudiantes dejan de creer en ellos.

Aquí, en cambio, me encuentro con algo más inestable: preguntas.

Preguntas sobre lo público, sobre el cuidado, sobre aquello que no puede reducirse sin perderse. Debo admitir que es un entorno peligroso… especialmente para quienes prefieren respuestas rápidas.

Si este Observatorio hiciera bien su trabajo —y sospecho que lo hace— no produciría tranquilidad. Produciría incomodidad.

Esa ligera sensación de que lo que dábamos por sentado necesita ser revisado. Esa sospecha persistente de que lo común no se administra: se disputa, se cuida, se aprende.

En mi experiencia, ese es el tipo de aprendizaje que más cuesta. Y, curiosamente, el que más vale la pena.

Atentamente (y a velocidad moderada),
Koro-sensei
Colaborador, Observatorio de Bienes Comunes

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Cuando la universidad se vuelve “Sin Cara”: ética, política y pedagogía en tiempos del FEES

Por momentos, no hace falta inventar nuevas metáforas. Basta mirar con atención a Sin Cara en El viaje de Chihiro para reconocer algo inquietantemente cercano: una figura que no es mala en sí misma, pero que se vuelve lo que el entorno le devuelve. Una figura que consume… y termina siendo consumida.

Un contexto que desborda el aula: paro activo y disputa por el FEES

En abril de 2026, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica declaró un paro activo en el marco de la disputa por el Fondo Especial para la Educación Superior 2027.

No se trata de una huelga tradicional. El paro activo implica no detener del todo las clases, sino transformarlas: el aula se desplaza hacia espacios de discusión, análisis crítico y organización colectiva. La medida, fue propuesta por la Escuela de Ciencias Políticas e impulsada desde la Asamblea Ampliada de Ciencias Sociales.

El trasfondo es claro: la ruptura de negociaciones entre el gobierno y las rectorías, junto con el anuncio de congelamiento presupuestario, activó un escenario de tensión donde estudiantes han exigido no criminalizar la protesta y han respaldado acciones como la toma de edificios.

En este contexto, la universidad deja de ser únicamente un espacio académico para convertirse en un territorio en disputa.

Una presencia incómoda: lo que Sin Cara nos obliga a ver

Sin Cara no entra haciendo ruido. Aparece silencioso, casi invisible, hasta que encuentra un espacio donde puede interactuar. En el baño termal, rodeado de codicia, jerarquías y ansiedad por el oro, empieza a transformarse: devora, crece, exige, se desborda.

No es un villano clásico. Es, más bien, un espejo.

Pensar la universidad pública en Costa Rica desde esta imagen —en medio de las discusiones sobre el FEES— abre una pregunta incómoda: ¿qué estamos reflejando cuando hablamos de financiamiento, autonomía y defensa de lo público?

Dimensión ética: entre el principio y la inercia

El debate sobre el FEES suele reducirse a montos, porcentajes y reglas fiscales. Pero la metáfora de Sin Cara desplaza el foco: no se trata solo de cuánto, sino de para qué y desde dónde.

Cuando no hay un horizonte ético claramente asumido, la universidad corre el riesgo de actuar por inercia. De responder a presiones externas —mediáticas, políticas o económicas— sin procesarlas críticamente. De adaptarse, más que de orientar.

Aquí la pregunta no es técnica, es profundamente ética: ¿la universidad pública está organizada para sostener el bien común o para administrarse a sí misma?

Porque cuando el criterio se diluye, cualquier lógica puede ocupar su lugar.

Dimensión política: el conflicto que no siempre se nombra

El baño termal en la película no es neutral. Está lleno de relaciones de poder, de intercambios desiguales, de decisiones que benefician a unos y excluyen a otros.

Lo mismo ocurre con el FEES.

Lejos de ser un simple mecanismo de financiamiento, es un campo de disputa donde se juegan visiones de país, modelos de desarrollo y sentidos de lo público. Pero también —y esto suele quedar fuera del foco— es un espacio donde emergen tensiones internas:

  • -¿Quién decide dentro de la universidad?
  • -¿Cómo se distribuyen los recursos?
  • -¿Qué áreas se fortalecen y cuáles se precarizan?
  • -¿Qué voces participan y cuáles quedan fuera?

La figura de Sin Cara incomoda porque evidencia que el problema no es solo la presión externa. También está en cómo la institución procesa, negocia o reproduce esas presiones.

El quiebre: cuando la universidad se enfrenta a su propio reflejo

Hay momentos en que la metáfora deja de ser interpretativa y se vuelve concreta.

El episodio en el que la propia institución decide cortar el agua, la luz y mantener una alarma activa durante toda la noche mientras estudiantes sostenían la toma de un edificio no es un detalle administrativo. Es un punto de inflexión.

Ahí la universidad deja de ser únicamente un espacio en disputa para convertirse en actor directo de una práctica que tensiona su propio discurso.

La contradicción es evidente: una institución que, en medio de un paro activo que reivindica la reflexión crítica, la organización y la defensa de lo público, recurre simultáneamente a medidas que operan desde la presión, el desgaste y el control.

En clave de Sin Cara, es el momento en que el personaje ya no solo refleja el entorno: lo encarna sin mediación.

Y la pregunta se vuelve más incómoda aún: ¿qué condiciones hicieron posible que esa decisión pareciera válida, necesaria o incluso “normal”?

Cuando aparece Chihiro: el límite, el cuidado y la transformación

Sin embargo, la historia no termina ahí. Hay un giro clave cuando Chihiro Ogino entra en escena de otra manera.

Chihiro no compite con Sin Cara, no lo reprime con violencia ni se deja seducir por el oro. Hace algo más difícil: le pone un límite sin dejar de reconocerlo. Le ofrece comida que lo obliga a devolver lo que ha consumido, lo saca del espacio donde se desbordó y lo acompaña en un proceso de transformación.

Fuera del baño termal, Sin Cara cambia. Se calma. Deja de devorar.

Este momento es clave para pensar la universidad:

  • -No toda respuesta al conflicto tiene que pasar por la coerción.
  • -No todo límite tiene que construirse desde el castigo.
  • -No toda tensión se resuelve eliminando al otro.

La relación que propone Chihiro abre otra posibilidad: la del vínculo como práctica ética y pedagógica.

Dimensión pedagógica: formar criterio o reproducir reflejos

El propio paro activo es, en sí mismo, una apuesta pedagógica: convertir la crisis en contenido, el conflicto en aprendizaje, la coyuntura en espacio formativo.

Pero esa apuesta entra en tensión cuando las respuestas institucionales contradicen ese horizonte.

¿Qué se aprende de una universidad que, mientras promueve el debate crítico en las aulas, gestiona el conflicto desde la coerción fuera de ellas? ¿Qué tipo de ciudadanía se está formando cuando el disenso se reconoce discursivamente, pero se limita en la práctica?

La escena con Chihiro Ogino sugiere otra dirección: la formación no ocurre solo en lo que se dice, sino en cómo se sostienen los conflictos, cómo se construyen los límites y cómo se cuidan los vínculos.

En ese sentido, la universidad puede amplificar la lógica de Sin Cara —absorber sin procesar, reproducir sin transformar— o puede apostar por lo contrario: formar sujetos capaces de no devorar ni ser devorados por el contexto.

Democratizar para no devorar(se)

Hay un punto donde la metáfora deja de ser cómoda y se vuelve exigente.

Porque si la universidad quiere evitar convertirse en una figura que refleja sin cuestionar, necesita mirarse hacia adentro. Las tensiones en torno al FEES no solo interpelan al gobierno o a la opinión pública. También interpelan la vida interna de la institución:

  • -sus formas de gobierno,
  • -sus mecanismos de participación,
  • -su relación con estudiantes, territorios y comunidades.

El paro activo abre precisamente esa posibilidad: no solo defender recursos, sino disputar el sentido de la universidad.

No se trata únicamente de cuánto presupuesto se recibe. Se trata de cómo se decide, para quién y con quién.

Una pregunta abierta (y urgente)

Sin Cara no desaparece. Cambia de contexto. Y con eso, cambia también su forma de estar en el mundo.

En medio del paro activo, de la defensa del FEES y de las tensiones abiertas entre gobierno, autoridades y movimiento estudiantil, aparece una imagen difícil de ignorar: una universidad que disputa lo público hacia afuera, pero que también debe hacerlo hacia adentro.

Pero también aparece otra posibilidad, menos estridente pero más exigente: la de construir relaciones como las que propone Chihiro.

La pregunta, entonces, es otra: ¿qué tipo de universidad queremos ser cuando el conflicto nos atraviesa?

Porque en tiempos de disputa por lo público, la ética, la política y la pedagogía no son dimensiones separadas. Son, precisamente, el terreno donde se juega el sentido mismo de la universidad.

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Cuando protestar es un derecho: lo que Bella Ciao nos obliga a recordar

Antes de empezar a leer, dale play.

Dejá que suenen los primeros acordes de Bella Ciao. Tal vez ya la conocés, tal vez la has escuchado en una marcha, en una película o en alguna conversación que hablaba de lucha. No importa. Escuchala otra vez.

Porque hay canciones que no solo se oyen: se recuerdan. Y en ese recordar, despiertan algo más profundo que una melodía. Llaman a la memoria colectiva, a historias de resistencia, a nombres que a veces no conocemos, pero que siguen ahí, sosteniendo lo que hoy entendemos como derechos.

Esta no es solo una canción del pasado. Es una invitación.

Escuchá. Y luego leemos.

Una canción que no se queda en el pasado

Hay canciones que no pertenecen solo a una época, sino a una memoria que se rehúsa a desaparecer. Bella Ciao es una de ellas. Nacida en la resistencia partisana contra el fascismo, su letra no solo narra una despedida, sino una decisión: levantarse frente a la injusticia, aun cuando el costo sea alto.

Su vigencia no es casual. Cada vez que se canta en una marcha o en un espacio organizativo, la canción deja de ser un recuerdo histórico y se convierte en una práctica política: una forma de decir que hay luchas que no han terminado.

Memoria colectiva y música como bien común

La música no solo acompaña procesos sociales: los sostiene. Canciones como Bella Ciao construyen comunidad, crean lenguajes compartidos y permiten que la memoria circule entre generaciones. No es solo lo que dicen, sino lo que hacen posible: reconocerse en una historia común.

Desde la perspectiva de los bienes comunes, esto es clave. Lo común no se reduce a recursos materiales; también incluye aquello que hace posible la vida en colectivo: la cultura, la memoria, la palabra compartida. La música, en este sentido, es un bien común social. Se mantiene viva porque se comparte, se resignifica y se vuelve a cantar en nuevos contextos.

Defender estos bienes comunes implica también reconocer que sin memoria no hay posibilidad de transformación. Una sociedad que olvida sus luchas pierde también su capacidad de imaginar alternativas.

La protesta como herencia política, no como desviación

Existe una narrativa dominante que presenta la protesta como problema: como interrupción del orden, como exceso, como amenaza. Sin embargo, muchas de las libertades actuales nacieron de contextos donde protestar era ilegal, peligroso y profundamente estigmatizado.

La resistencia antifascista —de donde emerge Bella Ciao— no fue “ordenada” ni “permitida”: fue necesaria. En ese sentido, la protesta social no es una anomalía dentro de la democracia, sino una de sus expresiones más profundas.

Protestar es, también, una forma de cuidado de lo común. Es una manera de señalar que hay condiciones de vida que están siendo vulneradas y que requieren una respuesta colectiva.

Protestar en tiempos de conservadurismo: disputar el sentido de lo legítimo

En contextos de avance del conservadurismo, la protesta social adquiere nuevas tensiones. No solo se enfrenta a condiciones materiales adversas, sino a un intento sistemático de redefinir su significado.

Se promueven discursos que:

  • -Reducen la protesta a “desorden” o “violencia”, invisibilizando sus causas.
  • -Exigen formas de participación “aceptables” que, en la práctica, desactivan el conflicto.
  • -Individualizan los problemas sociales, debilitando las respuestas colectivas.
  • -Reivindican un orden que muchas veces excluye y silencia.

En este escenario, protestar implica también disputar el sentido de lo democrático. No se trata solo de salir a la calle, sino de defender la legitimidad de hacerlo. Es afirmar que la democracia no se agota en lo institucional, sino que se construye también desde la acción colectiva.

Cuerpo, riesgo y dignidad en la acción colectiva

Protestar nunca es un acto abstracto. Implica cuerpos que se exponen, que se organizan, que sostienen la presencia en el espacio público. En contextos adversos, esto puede significar estigmatización, criminalización o incluso violencia.

Aquí la memoria de Bella Ciao vuelve a interpelar: no como una invitación al sacrificio, sino como un recordatorio de que la dignidad colectiva ha tenido costos históricos. Reconocer esto no es romantizar la lucha, sino dimensionar su profundidad.

También permite visibilizar que hoy muchas personas —líderes comunitarios, juventudes, colectivos territoriales— enfrentan estas tensiones en condiciones mucho más desiguales, sin el reconocimiento público que tuvieron otras luchas.

Gina Galeotti: la memoria insurgente de las mujeres

Hablar de la resistencia antifascista también exige nombrar a quienes han sido históricamente invisibilizadas. Gina Galeotti, conocida como “Lia”, fue una joven partisana que participó activamente en la lucha contra la ocupación nazi-fascista en Italia. Embarazada al momento de su muerte, fue asesinada en 1945 mientras cumplía tareas vinculadas a la resistencia.

Su historia rompe con una imagen reducida de la lucha política como un espacio exclusivamente masculino. Las mujeres no solo acompañaron: organizaron, comunicaron, sostuvieron redes clandestinas, arriesgaron sus vidas y, en muchos casos, pagaron con ellas.

Recuperar la figura de Gina Galeotti no es un gesto simbólico aislado. Es reconocer que la defensa de la libertad y de lo común ha estado profundamente atravesada por las luchas de las mujeres, muchas veces desde lugares no reconocidos o subvalorados.

Hoy, esta memoria dialoga con las múltiples formas en que las mujeres siguen estando en la primera línea de defensa de los bienes comunes: en territorios, comunidades, movimientos sociales. Desde la protección del agua hasta la defensa del territorio y la vida, su participación no solo es constante, sino estructural.

En contextos de avance conservador, donde también se disputan los derechos de las mujeres y sus formas de participación, esta memoria adquiere una dimensión aún más política: recordar es también resistir el borramiento.

La flor en la montaña: memoria como posibilidad

Al final de la canción, la imagen de la flor en la montaña no es un gesto romántico. Es una marca: alguien luchó por la libertad, y esa huella queda para quienes pasan después.

Esa imagen permite cerrar con una clave fundamental: la memoria no es nostalgia, es posibilidad. No se trata solo de recordar lo que fue, sino de reconocer lo que aún está en disputa.

Hoy, recuperar la protesta como herencia política implica también defender los bienes comunes que la hacen posible: el derecho a organizarnos, a expresarnos, a recordar y a imaginar colectivamente otros futuros.

Porque cuando se desacredita la protesta, no solo se cuestiona una forma de acción. Se debilita el tejido mismo que sostiene la vida en común.

Y quizá ahí radica la vigencia de Bella Ciao: en recordarnos que lo que está en juego no es solo el pasado que evocamos, sino el futuro que estamos dispuestos a construir.

Referencia:

Hobsbawm, Eric (1998). Historia del siglo XX. Barcelona: Crítica.

Hobsbawm, Eric (2011). Cómo cambiar el mundo: Marx y el marxismo 1840-2011. Barcelona: Crítica.

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La limpieza como diálogo: Memorias como práctica de futuro

En el marco de una jornada de limpieza en el Parque Recreativo Municipal Los Chorros (Grecia), compartimos estas entrevistas con personas organizadoras y participantes, quienes nos invitan a mirar más allá de la acción inmediata.

Limpiar un río no es solo recoger residuos. Es también abrir un espacio de diálogo: sobre la historia del territorio, las luchas que lo han sostenido y las decisiones que hoy siguen marcando su rumbo.

En Los Chorros, cada sendero y cada gota de agua guardan memoria. Una memoria construida desde la organización comunitaria, la defensa del recurso hídrico y la resistencia frente a múltiples amenazas. Por eso, traer estas historias al presente no es un acto nostálgico, sino una práctica necesaria para repensar cómo habitamos, cuidamos y proyectamos nuestros territorios.

Este video propone una pregunta sencilla pero profunda: ¿qué cambia cuando, además de limpiar, también escuchamos y dialogamos sobre la historia de los ríos? Algunas ideas que atraviesan esta conversación:

-La limpieza de ríos como espacio de encuentro, aprendizaje y organización.

-La importancia de las memorias locales para comprender los territorios.

-El agua como bien común, atravesado por conflictos y solidaridades.

-La comunidad como actor clave en la defensa y cuidado del río.

-La memoria como herramienta para imaginar futuros más justos y sostenibles.

Limpiar también puede ser una forma de escuchar, aprender y construir futuro.