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¡La madre tierra!

Los pueblos originarios le rinden tributo a la tierra, porque es parte integral, vital. La misma esencia de todo lo creado. Es vida y “vida en abundancia”.

Los pueblos originarios (nacionalidades) no idolatran la naturaleza, la tierra.

Le rinden reverencia, respeto, como expresión de cariño, de adoración a su creador.

Los pueblos originarios “explotan” la tierra y los demás seres vivos de la creación, con conciencia de hijos del eterno creador. Eterno (Ainu).

Para la caza y la pesca se pide permiso.

Para la agricultura se explota, protegiendo las cuencas, las nacientes, las plantas medicinales y para otros usos.

Los materiales para las casas provienen de los bosques; las raíces, frutas, hojas, bejucos, cáscaras medicinales se extraen de los bosques. Existe una correlación entre naturaleza y hombre o persona humana.

Los mismos clanes, o núcleos familiares, manifiestan esa coexistencia. Ejemplo: diuwák (dueño o parte del río o agua).

Los pueblos originarios fueron escogidos, “ungidos”, como custodios, guardianes de la madre tierra.

Esa correlación no debe interrumpirse; eso será el fin del mundo. El mismo hombre será el autor de su desaparición.

Los sistemas de “conservación” implementados deberían responder a una conciencia integral, un sistema que explore las necesidades, aspiraciones y visiones colectivas, y no solamente a una visión reducida, elitista, estatal, corporativa y capitalista.

Esa visión convierte las vastas áreas y riquísimos recursos forestales y bosques en “enclaves” de grandes corporaciones farmacéuticas, de imperios extractivos, empresas hidroeléctricas.

Por esa razón, se desarrolla sin el “consentimiento previo, libre e informado”, suscitando cismas en la familia, territorios y pueblos entre pueblos.

Los pueblos son esperanzas, aspiraciones, son pasados, presentes y futuros.

En nuestra identidad, espiritualidad, son niños, ancianos, mujeres; no se reducen a organizaciones con propósitos encomiables, pero limitados, sobre todo a instancias que responden a intereses particulares o estatales. Ambiciones mezquinas.

Colectivo Antonio Saldaña

Septiembre, 2026.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Sentires y Saberes: David Menjívar, Birmania y una historia de vida que hace comunidad

En esta nueva entrega de Sentires y Saberes nos acercamos a la historia de vida de David Menjívar, una historia que también es, de muchas maneras, parte de la historia de Birmania, en Upala.

David llegó desde El Salvador a Birmania, y ese encuentro con una comunidad marcada por las distancias, las dificultades de acceso y el aislamiento fue también el inicio de un aprendizaje que atravesaría buena parte de su vida: comprender que las condiciones de una comunidad no están dadas de una vez y para siempre, y que su transformación requiere que las propias personas que la habitan asuman un papel protagónico.

A través de sus recuerdos, experiencias y reflexiones, esta conversación nos permite acercarnos a la construcción de un vínculo comunitario que no se limita a compartir un territorio. Se trata de construir relaciones, reconocerse como parte de una historia común y asumir que mejorar las condiciones de vida implica también organizarse, trabajar colectivamente y preguntarse qué comunidad se quiere construir.

La historia de David se entreteje así con la de Birmania. Su recorrido nos habla de caminos que se han ido abriendo, de esfuerzos compartidos y de una convicción que aparece una y otra vez: el bienestar de una comunidad también se construye cuando las personas deciden involucrarse en aquello que les afecta y trabajar junto a otras para transformarlo.

Pero esta conversación también nos recuerda que ninguna transformación está terminada. Birmania sigue enfrentando dificultades y formas de aislamiento que, aunque alguna vez estuvieron relacionadas principalmente con las distancias y las condiciones de acceso, hoy también pueden verse alimentadas por el desinterés y el abandono. Por eso, el compromiso comunitario no aparece como una tarea concluida, sino como un proceso que necesita continuar.

Escuchar a David es acercarnos a una manera de entender la vida comunitaria en la que el vínculo y la práctica transformadora van de la mano: conocer a otras personas, compartir sus preocupaciones, asumir responsabilidades y trabajar para que las condiciones de vida puedan mejorar.

En su historia hay también una invitación a mirar la comunidad no como algo acabado, sino como algo que se construye cotidianamente. Y quizá allí se encuentra una de las preguntas que atraviesan esta conversación: ¿qué podemos hacer, colectivamente, para que el lugar que habitamos tenga cada vez mejores condiciones para vivir?

Esta es una historia de vida, pero también una historia de compromiso, de aprendizaje y de comunidad. Una historia que nos recuerda que los territorios también se construyen a través de los vínculos que somos capaces de sostener.

Historias de vida y bienes comunes

Acercarnos a los bienes comunes también implica escuchar las historias de quienes los construyen y sostienen. Una historia de vida permite reconocer cómo, desde las experiencias cotidianas, las personas van creando vínculos con otras, con un territorio y con aquello que comparten.

La historia de David Menjívar y su relación con Birmania nos muestra que estos vínculos no aparecen de manera automática. Se construyen con el tiempo, a través del encuentro, el aprendizaje, la participación y el trabajo colectivo. En ese proceso también se construyen identidad, pertenencia y responsabilidades compartidas.

Por eso, recuperar estas historias es también recuperar saberes: formas concretas en que las personas han aprendido a organizarse, cuidarse y trabajar juntas para mejorar sus condiciones de vida. Los bienes comunes no son solamente aquello que compartimos; también son las relaciones y prácticas que hacemos posibles para sostener aquello que consideramos común.

Mafalda cumple años: cuando preguntar también es una forma de imaginar

Hay personajes que pertenecen a una época y otros que, de alguna manera, consiguen seguir conversando con épocas que todavía no existían cuando fueron creados. Mafalda es uno de ellos.

Cada 29 de septiembre, cuando recordamos su nacimiento en 1964 de la mano de Quino, podemos celebrar mucho más que el cumpleaños de una niña de historieta. Podemos volver sobre una experiencia latinoamericana que aprendió a mirarse a sí misma con humor, ironía y una pregunta incómoda atravesada por una preocupación profundamente política: ¿qué clase de mundo estamos construyendo y por qué deberíamos conformarnos con este?

Mafalda apareció en una América Latina y un Caribe atravesados por enormes tensiones. Eran años de Guerra Fría, revoluciones, desigualdades, luchas anticoloniales, transformaciones culturales y conflictos alrededor de los proyectos de sociedad. La vida cotidiana de una familia de clase media podía convertirse, en sus viñetas, en una pequeña ventana desde la cual mirar el mundo entero.

Y allí estaba ella, preguntando.

Preguntaba por la guerra, por el hambre, por la desigualdad, por la política, por las instituciones, por las relaciones entre generaciones, por el lugar de las mujeres, por la familia, por la educación y por esa extraña costumbre adulta de aceptar como inevitable aquello que alguna vez alguien decidió que debía ser así.

Su potencia no estaba solamente en lo que decía. Estaba también en la posición desde la cual preguntaba.

Mafalda no necesitaba convertirse en una dirigente política para interpelar la política. No necesitaba escribir un tratado para cuestionar el sentido común. Bastaba una pregunta colocada en el lugar preciso para producir una pequeña interrupción: detener aquello que parecía obvio y obligarnos a mirarlo nuevamente.

Quizás allí encontremos una de las razones por las que Mafalda sigue teniendo tanta fuerza en América Latina y el Caribe.

Una niña preguntando por el mundo adulto

Hay algo profundamente político en que una niña pregunte a los adultos por qué las cosas son como son.

Porque muchas veces el poder no necesita prohibir que imaginemos otros mundos. Le basta con conseguir que dejemos de imaginarlos.

Cuando una sociedad empieza a considerar que ciertas desigualdades son naturales, que determinadas instituciones no pueden cambiar, que ciertas formas de organizar la economía son inevitables, que algunos territorios están destinados al sacrificio o que determinadas decisiones deben quedar exclusivamente en manos de especialistas, tecnócratas o autoridades, la imaginación política comienza a estrecharse.

Mafalda hacía exactamente lo contrario.

Abría espacio. Su pregunta introducía una grieta en el sentido común.

Y esa grieta podía ser pequeña, incluso cómica, pero permitía mirar hacia otro lado de la realidad.

Por eso su humor no puede reducirse simplemente a la ocurrencia de una niña ingeniosa. En muchas de sus viñetas existe una operación mucho más profunda: desnaturalizar. Hacer que aquello que hemos dejado de cuestionar vuelva a resultar extraño.

Quizás esa sea una de las tareas más importantes de la imaginación política: conseguir que podamos volver a preguntar por aquello que la costumbre convirtió en normal.

Mafalda, Latinoamérica y el Caribe

La importancia de Mafalda en el contexto latinoamericano y caribeño también tiene que ver con su capacidad para hablar desde lo cotidiano.

No era necesario trasladarse a un parlamento para encontrar la política. La política aparecía en la mesa familiar, en la escuela, en el periódico, en la televisión, en las conversaciones entre padres e hijos, en las preocupaciones por el futuro.

Eso resulta particularmente significativo en sociedades donde las grandes decisiones históricas conviven permanentemente con la vida cotidiana.

América Latina y el Caribe han vivido y siguen viviendo profundas disputas alrededor de la democracia, la desigualdad, el colonialismo, el territorio, el trabajo, la educación, la salud, los bienes comunes, los derechos y las formas de participación. Pero esas disputas también se expresan en preguntas aparentemente sencillas: ¿quién decide?, ¿para quién funciona esto?, ¿quién queda afuera?, ¿qué estamos aceptando?, ¿qué alternativas hemos dejado de imaginar?

Mafalda nos recuerda que una pregunta aparentemente ingenua puede contener una crítica extraordinariamente seria.

Y quizás por eso su lenguaje sigue siendo tan reconocible.

No porque el mundo de hoy sea igual al de los años sesenta y setenta, sino porque algunas de las preguntas fundamentales siguen abiertas.

El problema de haber dejado de imaginar

Aquí aparece una cuestión que nos toca especialmente en el presente.

Vivimos rodeados de diagnósticos. Tenemos datos, informes, estadísticas, indicadores, algoritmos, estudios, pronósticos y especialistas capaces de describir con enorme precisión los problemas que tenemos delante.

Pero describir una crisis no necesariamente significa imaginar cómo salir de ella.

Podemos conocer la magnitud de la desigualdad y, al mismo tiempo, sentir que no existen alternativas. Podemos reconocer la crisis climática y continuar pensando dentro de los mismos límites económicos que la producen. Podemos hablar de la crisis de los sistemas de salud, de educación o de vivienda y terminar aceptando que únicamente queda administrar su deterioro. Podemos reconocer la concentración del poder y seguir imaginando la política como un asunto reservado a quienes ya ocupan los espacios de decisión.

Quizás uno de nuestros problemas contemporáneos sea precisamente ese: hemos desarrollado una enorme capacidad para diagnosticar el mundo y una capacidad mucho menor para imaginarlo de otra manera.

Y aquí Mafalda vuelve a aparecer.

No para ofrecernos respuestas que podamos copiar sesenta años después, sino para recordarnos una práctica elemental: preguntar antes de resignarnos.

Preguntar no es desconocer lo que sabemos. Al contrario. Es utilizar lo que sabemos para abrir nuevas posibilidades.

¿Qué pasaría si…?

La imaginación política comienza muchas veces con una frase sencilla:

¿Qué pasaría si…?

¿Qué pasaría si la salud dejara de pensarse solamente como un servicio y volviéramos a discutirla como un bien común social?

¿Qué pasaría si la educación no fuera únicamente preparación para el mercado laboral, sino también un espacio para aprender a participar, organizarse y transformar?

¿Qué pasaría si un río no fuera solamente un recurso hídrico, sino un territorio vivo alrededor del cual se construyen memorias, relaciones, afectos y formas de vida?

¿Qué pasaría si nuestras ciudades fueran pensadas desde quienes las caminan y no solamente desde quienes las administran?

¿Qué pasaría si la tecnología no se diseñara únicamente alrededor de la eficiencia, la rentabilidad o la seguridad, sino también alrededor de la autonomía y la vida digna?

¿Qué pasaría si la democracia comenzara mucho antes de las elecciones y se practicara allí donde las personas deciden cotidianamente sobre aquello que afecta sus vidas?

Estas preguntas no son respuestas. Y justamente por eso son importantes.

La imaginación política no consiste en tener inmediatamente un modelo terminado de sociedad. Consiste también en recuperar la capacidad de formular preguntas que permitan ampliar el campo de lo posible.

Preguntar para interpelar la realidad

Mafalda nos deja, entonces, una pequeña provocación para este presente: no dejar que las preguntas desaparezcan.

Porque una sociedad sin preguntas puede tener muchas respuestas, pero difícilmente pueda transformar aquello que la oprime.

Preguntar es interpelar la realidad. Es decirle que no estamos obligados a aceptar su forma actual como destino.

También es reconocer que la realidad no está terminada.

Hay algo profundamente democrático en esa actitud. Si el mundo estuviera completamente cerrado, solamente podríamos adaptarnos a él. Pero si puede ser transformado, entonces necesitamos conversar sobre qué queremos cambiar, quiénes participan en esa transformación y qué otras posibilidades podemos construir colectivamente.

Quizás por eso Mafalda continúa siendo contemporánea.

No porque haya previsto nuestro presente, sino porque nos recuerda una capacidad que ninguna época debería perder: la capacidad de sorprendernos ante lo que hemos normalizado.

Su cumpleaños puede servirnos entonces para algo más que recordar a un personaje querido.

Puede ser una invitación a recuperar la imaginación política.

A volver a mirar nuestras instituciones, nuestras ciudades, nuestros territorios, nuestras relaciones sociales y nuestras formas de vida como si pudiéramos preguntarnos por primera vez qué podrían llegar a ser.

A no confundir lo existente con lo inevitable.

A no confundir la falta de alternativas visibles con la inexistencia de alternativas.

Y, sobre todo, a volver a preguntar.

Porque quizás, en tiempos en los que tantas cosas parecen presentarse como inevitables, hacer una buena pregunta sea ya una manera de comenzar a abrir el mundo.

Feliz cumpleaños, Mafalda.

Y gracias por seguir preguntando.

Para seguir preguntando: Siempre Mafalda

Y quizás la mejor manera de continuar esta conversación sea volver a las propias viñetas. Compartimos Siempre Mafalda, una selección temática de tiras preparada por el Plan Nacional de Lecturas, que reúne parte de esas escenas con las que Quino convirtió a Mafalda en una presencia inolvidable en el imaginario de las infancias argentinas y, con el tiempo, de muchas generaciones en América Latina y el Caribe.

Volver a sus preguntas, sus conversaciones y sus ocurrencias también puede ser una forma de volver a mirar nuestro presente. Porque algunas preguntas envejecen, pero otras encuentran nuevas razones para seguir siendo formuladas.

Les invitamos a leer y compartir esta selección: Siempre Mafalda.

Y como Mafalda también nos recuerda que pensar no tiene por qué significar dejar de jugar, les dejamos un pequeño rompecabezas para seguir armando, desarmando y volviendo a armar las ideas. Porque quizás imaginar otros mundos también sea eso: jugar con las piezas, cambiarles de lugar y descubrir que, cuando nos animamos a moverlas, la realidad puede empezar a verse un poquito diferente. No dejen de jugar, no dejen de preguntar y, sobre todo, no dejen que nos convenzan de que el rompecabezas ya viene armado.

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Militarización de la tecnología: una brújula para investigar lo que a menudo solo sospechamos

¿Cómo investigar la militarización de una tecnología sin dar por hecho aquello que precisamente queremos comprender?

Esta es una de las preguntas que atraviesa Militarización de la tecnología: aproximaciones teóricas y herramientas para su investigación, una publicación de la Fundación Karisma que reúne dos textos construidos a partir de un proyecto de investigación sobre la militarización de la tecnología en Colombia.

La propuesta resulta especialmente interesante porque no parte de una definición cerrada de militarización ni ofrece una lista de tecnologías que puedan ser clasificadas automáticamente como “militares”. Su apuesta es otra: utilizar los conceptos como fuentes de preguntas, capaces de orientar la observación y abrir caminos para investigar casos concretos.

La publicación reúne Precisiones para el estudio de la militarización, de Michael Ruiz Salinas, y Cómo investigar la militarización de la tecnología: un repertorio de entradas al problema, de Juan Diego Castañeda. El primer texto aborda las discusiones conceptuales alrededor de la militarización; el segundo recupera aprendizajes del proceso de investigación de Karisma y propone siete entradas metodológicas para aproximarse a casos concretos.

Cuando una palabra también necesita ser investigada

Uno de los primeros problemas que plantea la publicación es aparentemente sencillo: ¿qué entendemos por militarización?

No existe una definición única y ampliamente aceptada. El concepto ha sido utilizado para describir transformaciones observables, pero también para analizar relaciones de poder, violencia, desigualdad o represión. Por eso, diferentes investigaciones pueden utilizar la misma palabra para referirse a procesos distintos.

El primer texto organiza esta diversidad en cuatro enfoques: ideológico, comportamental, institucional y sociológico. Más que escoger una definición definitiva, propone reconocer desde qué perspectiva estamos investigando y formular tres preguntas que ayudan a orientar la mirada: ¿dónde opera la militarización?, ¿cómo opera?, ¿qué produce?

Este desplazamiento es importante porque evita convertir “militarización” en una etiqueta que simplemente confirme aquello que ya sospechábamos.

De la tecnología como objeto a la tecnología como relación

El segundo texto lleva esta discusión hacia la tecnología.

Aquí aparece una crítica a dos formas habituales de pensar los artefactos tecnológicos: entenderlos como instrumentos neutrales o asumir que determinadas relaciones políticas están inscritas de manera definitiva en ellos.

Frente a esta disyuntiva, la propuesta trabaja con las ideas de coproducción y ensamblajes sociotécnicos. Esto permite observar la tecnología dentro de las relaciones institucionales, sociales, materiales y discursivas que hacen posible sus usos.

Una distinción resulta especialmente sugerente: la diferencia entre propiedades y capacidades.

Las propiedades permiten preguntar qué conserva un componente tecnológico cuando se desplaza entre distintos contextos. Las capacidades, en cambio, permiten preguntar qué puede hacer ese componente dentro de un ensamblaje concreto y qué relaciones explican aquello que puede hacer. De esta manera, lo militar deja de ser entendido simplemente como una propiedad de un artefacto y pasa a investigarse como una capacidad que se ejerce dentro de configuraciones específicas.

La pregunta, entonces, deja de ser únicamente: ¿Esta tecnología es militar?

Y puede convertirse en: ¿Qué capacidades adquiere esta tecnología en este contexto, mediante qué relaciones y con qué efectos?

Siete entradas para investigar

A partir de este marco, la publicación propone siete entradas que pueden combinarse según los intereses, recursos y características de cada investigación.

La Trayectoria y reinscripción invita a reconstruir los ensamblajes por los que ha pasado una tecnología antes de llegar al caso estudiado. La Comparación de ensamblajes permite observar qué capacidades ejerce un mismo componente en diferentes contextos.

La Coproducción pregunta por las categorías de conocimiento y las formas de autoridad que se estabilizan mientras una tecnología es diseñada, adquirida o adoptada. El Trabajo de frontera dirige la mirada hacia quienes establecen las divisiones entre lo civil y lo militar y hacia los efectos que producen esas clasificaciones.

La entrada de Cotidianidad acerca la investigación a quienes utilizan, operan o experimentan los efectos de estas tecnologías, incorporando además las relaciones de género, clase, raza y posición social. La Triangulación de definiciones permite contrastar diferentes maneras de comprender la militarización. Finalmente, la Reflexividad invita a revisar las propias categorías y decisiones de quien investiga.

No se trata de siete pasos que deban cumplirse en orden. Son, más bien, puertas de entrada diferentes a un mismo problema, que pueden utilizarse y combinarse de acuerdo con cada caso.

De la sospecha a la investigación

Quizá uno de los aportes más útiles de la propuesta sea precisamente su advertencia frente a dos errores opuestos.

El primero consiste en utilizar “militarización” como una etiqueta: asumir desde el comienzo que una tecnología está militarizada, buscar elementos que confirmen esa sospecha y terminar encontrando aquello que ya se había decidido encontrar.

El segundo consiste en abandonar el concepto porque resulta demasiado complejo o cargado.

Frente a ambos caminos, Karisma propone una tercera posibilidad: usar el concepto como generador de preguntas y objetos de observación, mantenerlo mientras resulte productivo y permitir que el propio caso obligue a transformarlo, cuestionarlo o incluso reemplazarlo.

Esta perspectiva puede resultar particularmente útil para organizaciones de la sociedad civil, observatorios, colectivos y espacios de investigación que buscan documentar transformaciones tecnológicas sin reducirlas a sus características técnicas.

Investigar, en este sentido, no significa solamente identificar una tecnología y describirla. Significa reconstruir las relaciones que permiten que esa tecnología sea incorporada, las instituciones que participan, los discursos que la justifican, las fronteras que se establecen y las consecuencias que aparecen en la vida cotidiana.

Una propuesta que también reconoce sus propios límites

La publicación no presenta este repertorio como una metodología definitiva.

Entre sus propias limitaciones reconoce un sesgo eurocéntrico en buena parte de las referencias utilizadas y plantea la necesidad de incorporar más producción latinoamericana. Esta observación es relevante: no se trata simplemente de agregar autores de la región, sino de reconocer que las experiencias latinoamericanas de militarización pueden modificar las propias preguntas desde las cuales investigamos.

También se reconoce que el documento abre caminos, pero no los recorre. Ninguna de sus entradas sustituye el trabajo concreto de investigar, construir fuentes, contrastar información y poner a prueba las preguntas frente a casos específicos.

Tal vez allí reside precisamente su utilidad.

Más que entregarnos respuestas cerradas, la publicación ofrece una manera de mirar. Nos recuerda que investigar la relación entre tecnología y militarización requiere resistir tanto la tentación de encontrar rápidamente aquello que ya sospechábamos como la de abandonar las preguntas porque los conceptos son difíciles.

Entre ambas posibilidades queda un espacio fértil: preguntar, observar, contrastar y dejar que el caso también transforme nuestras propias categorías.

Para quienes investigamos las relaciones entre tecnología, poder y vida cotidiana desde América Latina, esta puede ser una buena brújula para comenzar a caminar.

De las preguntas a la investigación

Si estas siete entradas funcionan como distintas maneras de acercarnos a un caso, el siguiente paso puede ser llevar esas preguntas a una herramienta de trabajo. No para convertir la investigación en una receta ni para establecer de antemano qué debemos encontrar, sino para ayudarnos a ordenar aquello que queremos observar, identificar posibles fuentes y registrar las preguntas que van apareciendo durante el proceso.

La siguiente matriz recoge las siete entradas propuestas por Fundación Karisma y las traduce en una serie de preguntas, dimensiones de observación y posibles fuentes. Puede utilizarse de manera completa o parcial, según las características de cada caso. También puede modificarse: agregar preguntas, incorporar nuevas fuentes o dejar abiertas aquellas dimensiones para las que todavía no contamos con información.

La intención es sencilla: que la matriz no cierre la pregunta, sino que ayude a abrirla.

Porque investigar la militarización de la tecnología también implica aprender a reconocer qué sabemos, qué suponemos y, sobre todo, qué todavía necesitamos preguntar.

Matriz de análisis de militarización tecnológica
Dimensión / EntradaPregunta centralQué observarFuentes sugeridas
1. Trayectoria y reinscripción¿Por qué ensamblajes ha pasado este componente antes de llegar aquí? ¿Qué propiedades conservó y qué se reinscribió?Origen del artefacto, clientes previos, usos anteriores, supuestos inscritos (ej. qué es «riesgo»), miniensamblaje adherido (entrenamiento, licencias, soporte).Contratos, licencias, manuales, historial de proveedores, entrevistas con operadores.
2. Comparación de ensamblajes¿Qué capacidades ejerce este componente en dos o más ensamblajes? ¿Qué relaciones explican las diferencias?Diferencias en protocolos, control judicial, cadenas de mando, auditoría, roles de operadores. Inventariar sin preclasificar.Normativa, manuales de uso, organigramas, entrevistas, observación directa.
3. Coproducción¿Qué categorías de conocimiento y qué autoridad institucional se estabilizan en el mismo proceso?Pliegos técnicos, contratos, cronogramas, entregables, presupuestos, discursos oficiales, material de mercadeo.Documentos de contratación, anexos técnicos, comunicados, ferias del sector.
4. Trabajo de frontera¿Quién traza la frontera entre lo civil y lo militar? ¿En qué documentos y prácticas? ¿Qué efectos produce?Clasificaciones (ej. «doble uso»), regímenes de compra, controles aplicables, proveedores elegibles, presupuesto que paga.Documentos de clasificación, normativa de contratación, disputas interinstitucionales.
5. Cotidianidad¿Cómo se integra esta tecnología en las prácticas cotidianas? ¿Cómo interviene en relaciones de género, clase, raza?Experiencias de operadores, usuarios y afectados; cambios en lo que se considera «normal», «seguro» o «sospechoso»; distribución desigual de efectos.Entrevistas, etnografía, observación participante, testimonios, datos desagregados.
6. Triangulación de definiciones¿Cómo aparece el caso bajo cada enfoque de militarización? ¿Qué ilumina y qué deja fuera cada uno?Aplicar los cuatro enfoques (estatal-institucional, sociocultural, crítico-feminista, economía política) y las preguntas: ¿dónde opera?, ¿cómo opera?, ¿qué produce?Literatura académica, informes previos, datos cuantitativos (gasto, tropas), análisis de discurso.
7. Reflexividad¿Cómo dialoga este caso con el concepto de militarización? ¿Qué confirma, problematiza o desborda?Qué mostró el lente de la militarización que otro concepto no habría mostrado; qué se volvió invisible; qué creía quien investiga antes de empezar.Diario de campo, notas reflexivas, discusión con el equipo.

Sitio web de Fundación Karisma: https://info.karisma.org.co/

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OLON Nairobi: pueblos indígenas y tribales cuestionan el modelo de conservación y reclaman sus territorios

Del 21 al 25 de septiembre de 2026, representantes de pueblos indígenas de África, Asia, América del Norte y América Latina se reunieron en Nairobi, Kenia, para cuestionar un modelo de conservación que, en nombre de proteger la naturaleza, ha producido expulsiones, criminalización, violencia y pérdida de control sobre territorios indígenas.

El encuentro «Nuestra tierra, nuestra naturaleza» -Our Land, Our Nature (OLON): Primer Encuentro Indígena Global para Descolonizar la Conservación reunió a representantes indígenas de 16 países y cuatro continentes para compartir experiencias, fortalecer alianzas y construir una visión colectiva sobre el futuro de la conservación. El encuentro culminó el 25 de septiembre con el Pronunciamiento Indígena de Nairobi, una declaración que coloca en el centro los derechos territoriales, el consentimiento, la autodeterminación y el conocimiento de los pueblos indígenas.

Para el Observatorio de Bienes Comunes, este encuentro resulta especialmente relevante porque abre una discusión que atraviesa muchas de las luchas territoriales contemporáneas: ¿quién decide qué significa conservar un territorio y para quién se conserva?

Cuando la conservación expulsa

El punto de partida de OLON es contundente: la crisis de biodiversidad y el cambio climático requieren transformaciones profundas, pero esas respuestas no pueden construirse sacrificando los derechos de quienes habitan y cuidan los territorios.

El manifiesto cuestiona lo que denomina “conservación de fortaleza”, un modelo que parte de la separación entre naturaleza y sociedad y que históricamente ha convertido territorios habitados en espacios donde las poblaciones locales son vistas como una amenaza para la conservación.

Según el documento, este modelo ha implicado la apropiación y militarización de territorios, la criminalización de formas de vida, el desplazamiento de comunidades y el desconocimiento de sus conocimientos. Incluso algunas reformas que incorporan la participación indígena pueden terminar siendo solamente cosméticas cuando las comunidades son incorporadas como actores secundarios, sin modificar las estructuras que toman las decisiones.

La discusión adquiere otra dimensión cuando se observa que, según el dossier del encuentro, el 40 % de las Áreas Protegidas del mundo corresponde a territorios indígenas, mientras que una parte importante de las tierras indígenas continúa sometida a presiones asociadas con conservación, mercados de carbono, minería, infraestructura y otros proyectos extractivos.

Así, OLON propone desplazar la pregunta. No se trata únicamente de preguntarnos cómo proteger la naturaleza, sino también cómo proteger los territorios, los derechos y las formas de vida que hacen posible esa protección.

Los territorios indígenas no son un obstáculo para conservar

Una de las ideas centrales del encuentro es que los pueblos indígenas no deben ser entendidos como una amenaza para la biodiversidad, sino como actores fundamentales de su protección.

El manifiesto señala que alrededor del 80 % de la biodiversidad terrestre se encuentra en territorios indígenas y plantea que el reconocimiento efectivo de sus derechos territoriales constituye una de las formas más eficaces de enfrentar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

El dossier presentado en Nairobi recoge además distintos datos sobre los resultados de los sistemas de gobernanza indígena y comunitaria: menores niveles de deforestación en territorios indígenas reconocidos, reducción de incendios forestales y resultados de conservación que, en distintos contextos, igualan o superan los obtenidos por áreas protegidas bajo otros modelos de gestión.

La cuestión, entonces, no sería simplemente incorporar a los pueblos indígenas dentro de los modelos existentes, sino reconocer que sus conocimientos, sistemas de vida, formas de gobierno y relaciones con los territorios forman parte de las respuestas necesarias frente a la crisis ecológica.

Del territorio como mercancía al territorio como relación

Otro de los grandes cuestionamientos planteados en Nairobi se dirige a la creciente mercantilización de la naturaleza.

El pronunciamiento rechaza que los territorios, bosques, aguas y otros seres vivos sean convertidos en activos para mercados de carbono, créditos de biodiversidad o sistemas de compensación ambiental. También cuestiona las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza” cuando sirven para compensar emisiones sin transformar las actividades que generan esas emisiones.

Esta discusión resulta particularmente importante porque los mercados de carbono pueden trasladar las responsabilidades ambientales de las empresas y países con mayores niveles de consumo hacia territorios del Sur Global.

En este sentido, el manifiesto plantea una idea fundamental: no basta con cambiar el lugar donde se contabiliza el carbono; es necesario transformar las dinámicas de extracción y consumo que producen la crisis.

El documento reclama a los países industrializados reducciones reales —y no simplemente desplazamientos— en la extracción de recursos y exige el abandono de mecanismos que utilicen la conservación como una forma de compensar la continuidad de las emisiones.

¿Quién decide sobre los territorios?

Una de las demandas que atraviesa todo el encuentro es el consentimiento libre, previo e informado (CLPI).

OLON plantea que ningún proyecto de conservación debería desarrollarse sin el consentimiento de las comunidades involucradas. Pero la discusión va más allá de una consulta puntual: el problema es quién tiene la capacidad efectiva de decidir sobre el territorio.

El Pronunciamiento Indígena de Nairobi exige autodeterminación y autogobierno, devolución de tierras ancestrales y reconocimiento efectivo de los derechos colectivos. También reclama que los derechos reconocidos en instrumentos internacionales se ejerzan en la práctica y no permanezcan únicamente como declaraciones.

En otras palabras, participar no es lo mismo que decidir.

Esta diferencia resulta fundamental para cualquier debate sobre conservación. Una comunidad puede ser invitada a una reunión, formar parte de una consulta o aparecer en una fotografía institucional y, aun así, continuar sin capacidad real para decidir qué sucede en su territorio.

Las demandas de Nairobi

El manifiesto presentado en el encuentro plantea una serie de demandas que buscan modificar las bases del actual modelo de conservación.

Entre ellas se encuentra detener la creación de nuevas áreas protegidas que excluyan a pueblos indígenas y comunidades locales; reconocer plenamente sus derechos territoriales y forestales; garantizar el consentimiento libre, previo e informado; establecer mecanismos de regulación y rendición de cuentas para las organizaciones conservacionistas; y desarrollar procesos de reparación frente a los daños provocados por anteriores modelos de conservación.

También se exige que los gobiernos y organizaciones de conservación asuman responsabilidades por las violaciones de derechos humanos, que existan mecanismos efectivos de denuncia y reparación, y que las políticas ambientales sean evaluadas desde criterios de justicia social además de sostenibilidad ambiental.

El pronunciamiento amplía estas demandas: devolución de tierras ancestrales, reconocimiento legal de comunidades y territorios, liberación de personas detenidas por defender sus territorios, reparación por las pérdidas sufridas y cumplimiento de las decisiones judiciales y de los instrumentos internacionales de derechos indígenas.

Descolonizar la conservación

Quizá una de las principales aportaciones de OLON sea precisamente colocar sobre la mesa una palabra que obliga a revisar las raíces del problema: descolonizar.

No se trata solamente de hacer más inclusivo un modelo de conservación. La propuesta apunta a cuestionar las relaciones de poder que determinan quién posee, administra, financia, vigila y decide sobre los territorios.

Desde esta perspectiva, descolonizar la conservación implica reconocer que la naturaleza no es un espacio vacío esperando ser protegido. Es territorio vivido, tejido de relaciones, memoria, conocimiento, espiritualidad, alimentación, trabajo y reproducción de la vida.

El Pronunciamiento lo expresa desde una concepción profundamente relacional: los pueblos indígenas señalan que los ecosistemas no les pertenecen, sino que ellos pertenecen a esos ecosistemas y que sus sistemas de conocimiento y sus formas de gobierno territorial forman parte de su manera de protegerlos.

Una discusión que también nos interpela

Lo ocurrido en Nairobi no es solamente una discusión sobre lo que sucede en otros continentes.

En Costa Rica, como en muchos otros territorios de América Latina, las áreas protegidas, los proyectos de conservación, los mercados de carbono, el turismo de naturaleza, las políticas de biodiversidad y las decisiones sobre los territorios también generan preguntas sobre participación, derechos, autonomía y poder.

La experiencia de OLON nos invita a mirar estos procesos desde otra perspectiva: no asumir que toda iniciativa presentada bajo el lenguaje de la conservación es necesariamente justa para quienes habitan los territorios.

La pregunta por la conservación también es una pregunta por la democracia territorial.

¿Quién define qué debe protegerse?
¿Quién decide cómo hacerlo?
¿Quién recibe los beneficios?
¿Quién asume los costos?
¿Quién puede permanecer en el territorio?
¿Quién tiene derecho a decir que no?

Estas preguntas permiten conectar la defensa de la biodiversidad con la defensa de los bienes comunes. Porque si los territorios son convertidos en mercancías, si las comunidades son desplazadas para protegerlos y si quienes históricamente los han cuidado pierden la capacidad de decidir sobre ellos, entonces necesitamos revisar profundamente qué entendemos por conservación.

Algunas ideas fuerza que deja OLON

Conservar no puede significar expulsar.

La biodiversidad no está separada de quienes habitan y cuidan los territorios.

Los derechos territoriales indígenas son también una política de protección de la biodiversidad.

Participar no es lo mismo que decidir: el consentimiento debe ser libre, previo e informado.

La conservación no puede convertirse en una nueva forma de apropiación territorial.

La crisis climática no se resuelve trasladando las emisiones mediante mercados de carbono.

La naturaleza no puede reducirse a una mercancía, un crédito o un activo financiero.

La reparación también forma parte de la conservación.

Descolonizar implica transformar quién decide, quién controla y quién se beneficia de los territorios.

Y quizá una de las ideas más importantes para seguir pensando desde los bienes comunes: no puede haber una política de protección de la vida que se construya sobre la desposesión de quienes sostienen esa vida en los territorios.

El Pronunciamiento Indígena de Nairobi cierra con una frase que condensa buena parte de esta discusión:

“Nuestra tierra. Nuestros derechos. Nuestro conocimiento. Nuestro futuro. Nada sobre nosotros sin nosotros.”

Más que una consigna, puede ser una invitación a repensar nuestras propias formas de hablar de conservación, territorio y bienes comunes.

Para seguir profundizando

Si quieres conocer con mayor detalle las propuestas, demandas y reflexiones que surgieron de este encuentro, ponemos a disposición los principales materiales de OLON Nairobi:

Puedes descargar aquí:

Tres materiales para acercarnos a las voces, demandas y propuestas de los pueblos indígenas que están planteando la necesidad de descolonizar la conservación y defender la relación entre territorio, naturaleza y vida.

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Día Mundial de los Ríos: El río se vive, recuperar el río también es recuperar la vida

Hay cosas que no se aprenden en los libros, ni en los informes, ni en las oficinas donde se toman decisiones sobre los territorios. Se aprenden caminando, escuchando y compartiendo con quienes han construido durante años una relación profunda con un lugar.

Esto es algo que hemos aprendido en el trabajo conjunto con el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío, en Maquengal. Lo hemos aprendido escuchando sus historias, recorriendo sus preocupaciones y, sobre todo, reconociendo el amor que sienten por su río. Un amor que no tiene nada de ingenuo: nace de haberlo vivido, de conocer sus cambios, de recordar sus lugares, de haber disfrutado sus aguas y sus riberas, y de saber lo que significa para la vida de la comunidad.

Sus memorias tienen una fuerza particular. En ellas permanece el río que han conocido, los espacios que alguna vez fueron lugares de encuentro y las formas en que distintas generaciones han construido su relación con él. Esa memoria permite reconocer lo que ha cambiado y también imaginar aquello que todavía puede recuperarse.

Y esa memoria importa especialmente cuando las voces de las comunidades son ninguneadas, cuando sus preocupaciones son reducidas a molestias locales o cuando el conocimiento construido desde el territorio parece valer menos que el lenguaje técnico con el que suelen tomarse las decisiones. Frente a ese ninguneo, recordar se convierte también en una forma de resistencia. Recordar cómo era el río, cómo se vivía y qué significaba para la comunidad permite defender aquello que muchas veces se pretende convertir simplemente en un dato, un cauce o un recurso.

Acompañar este proceso nos ha permitido comprender algo que queremos compartir en este Día Mundial de los Ríos: el río se vive.

El río se vive

Hay una palabra que suele aparecer cuando hablamos de ellos: recurso. Hablamos de recursos hídricos, de recursos naturales, de recursos disponibles. Una palabra que parece describir algo de manera neutral, pero que también contiene una forma particular de mirar el mundo: aquello que puede ser utilizado, aprovechado, administrado o extraído. Frente a esa mirada, queremos reivindicar otra: el río se vive.

Se vive mucho antes de convertirse en una cifra, en un volumen de agua, en un cauce delimitado en un mapa o en un objeto de regulación. Se vive en la experiencia cotidiana de quienes se acercan a sus aguas, conocen sus cambios, reconocen sus lugares y construyen alrededor de ellos memorias, encuentros y formas de habitar el territorio. Se vive en una tarde de recreación, en una pesca, en una caminata por la ribera, en el juego de niñas y niños, en las conversaciones familiares, en los recorridos que conectan a una comunidad con su paisaje. Se vive también en aquello que se aprende observando el río durante años: cuándo crece, dónde cambia su cauce, qué lugares se transforman, qué especies aparecen, dónde se podía entrar al agua y dónde ya no.

El río forma parte de la vida de quienes lo habitan.

Esto adquiere especial fuerza cuando escuchamos las experiencias de comunidades como Maquengal, donde la defensa del río Frío no surge de una preocupación abstracta por “el ambiente”, sino de una relación cotidiana con un territorio que ha sido vivido, recorrido y disfrutado durante generaciones. Allí, las transformaciones del río no significan solamente cambios en una corriente de agua. Cuando una poza desaparece, una ribera se modifica o un tramo del cauce cambia sus condiciones, también se alteran las posibilidades de encuentro, recreación y disfrute que forman parte de la vida comunitaria.

Por eso, cuando una comunidad dice que quiere defender su río, está diciendo mucho más que “queremos conservar el agua”. Está defendiendo una relación con el territorio.

Y ahí aparece la importancia de hablar de bienes comunes.

Un bien común no es simplemente algo que pertenece a todas las personas. Es algo cuya existencia está profundamente vinculada con las relaciones que construimos alrededor de él y con las condiciones que permiten sostener esas relaciones. Pensar el río como bien común implica reconocer que su valor no se agota en aquello que podemos obtener de sus aguas. El río tiene una dimensión ecológica, pero también social, cultural, afectiva y territorial. Hay conocimientos, memorias, prácticas y formas de encuentro que se construyen alrededor de él y que también merecen ser reconocidas cuando hablamos de su cuidado.

Desde esta perspectiva, cuidar un río no puede reducirse a mantener una determinada cantidad de agua o a intervenir técnicamente su cauce. Cuidar también significa sostener las condiciones que permiten vivirlo.

Esto nos lleva a una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando las decisiones sobre un río consideran sus posibilidades de extracción, producción o aprovechamiento, pero dejan en segundo plano las formas en que las comunidades lo viven?

La pregunta importa porque el territorio no está compuesto únicamente por aquello que puede medirse. Una comunidad también habita sus recuerdos, sus caminos, sus espacios de encuentro y sus lugares de recreación. El río participa de esa trama. Por eso, cuando se transforma, no solamente cambia un elemento del paisaje: pueden cambiar también las relaciones que hacen posible una determinada manera de habitarlo.

En Maquengal, esta dimensión aparece con claridad. La defensa del río Frío nos recuerda que existen conocimientos que nacen de la experiencia cotidiana y que difícilmente pueden sustituirse desde una mirada externa. Quienes viven junto al río han desarrollado una memoria de sus transformaciones y una lectura del territorio construida desde la convivencia. Escuchar esos saberes no debería ser un gesto accesorio dentro de las decisiones sobre el río; debería formar parte de cualquier conversación seria sobre su futuro.

Porque defender un río también es defender la posibilidad de seguir viviéndolo.

Y vivirlo no significa congelarlo en el tiempo. Los ríos son dinámicos, cambian, se desbordan, sedimentan, modifican sus cauces. Las comunidades también cambian. La cuestión es otra: quiénes pueden participar en las decisiones sobre esos cambios, qué relaciones queremos sostener con el territorio y qué condiciones necesitamos para que el río continúe formando parte de la vida comunitaria.

Por eso también hablamos de recuperación. Recuperar un río no significa únicamente restaurar sus condiciones ecológicas. Puede significar recuperar espacios que dejaron de ser accesibles, recuperar formas de encuentro, recuperar memorias, recuperar conocimientos y recuperar la posibilidad de que las nuevas generaciones puedan construir sus propias relaciones con el río.

Un río se recupera también cuando volvemos a encontrar maneras de vivirlo.

Quizás por eso este Día Mundial de los Ríos sea una oportunidad para cambiar la pregunta. En lugar de preguntarnos solamente cuánto podemos extraer de un río, cuánto podemos aprovecharlo o cómo podemos administrarlo, podemos preguntarnos qué hace posible que un río sea parte de una comunidad y qué necesitamos para sostener esa relación.

Porque un río no es solamente agua que corre. Es territorio vivido. Es memoria. Es encuentro. Es paisaje. Es conocimiento. Es disfrute.

Es una relación que se construye cotidianamente. Y cuando esa relación está amenazada, también puede convertirse en motivo de organización, cuidado y defensa.

El río se vive. Por eso lo reivindicamos como bien común: no como algo que simplemente está ahí para ser utilizado, sino como parte de los tejidos que sostienen nuestras vidas.

Un bien común que se vive, se disfruta, se conoce, se cuida, se defiende y, cuando ha sido afectado, se recupera. Porque defender un río también es defender la posibilidad de que siga siendo río para quienes vendrán después.

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Querida Universidad: Koro-sensei tiene una pequeña pregunta sobre Gaza… perdón por interrumpir su pluralidad

“Perdón por interrumpir su pluralidad, querida Universidad. Koro-sensei solo tiene una pequeña pregunta: ¿qué significa hablar de libertad académica mientras la Universidad de al-Azhar de Gaza queda reducida a esto?”

Querida Universidad de Costa Rica:

He leído sus comunicados. Todos. Incluso aquellos que contienen palabras tan bonitas como autonomía, pluralidad, libertad académica, coexistencia y pensamiento crítico. Son palabras importantes. En mi planeta también nos gustan mucho, pero tengo una pequeña dificultad para entender algo.

Usted dice que la Universidad debe ser un espacio donde distintas corrientes de pensamiento puedan encontrarse. Dice que las presiones externas no deberían condicionar sus decisiones académicas. Dice que la pluralidad no significa neutralidad. Y ahora, además, ha dicho algo que merece ser reconocido: que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas determinó la responsabilidad del Estado de Israel en la comisión de genocidio en Gaza.

Muy bien.

Entonces Koro-sensei tiene una pregunta: ¿por qué cuando hablamos de libertad académica alrededor de Palestina parece que la Universidad empieza a hablar de sí misma y deja de hablar del mundo que hizo necesaria esa discusión?

Porque en Gaza hay un genocidio en marcha. Y mientras ustedes discuten si una conferencia debe tener un espacio en un auditorio universitario, las universidades palestinas han sido destruidas y las condiciones materiales para enseñar, estudiar e investigar han sido devastadas. Naciones Unidas y distintos organismos internacionales han documentado la destrucción sistemática de infraestructura educativa y el colapso de las condiciones necesarias para sostener la educación palestina.

Es una imagen difícil de ignorar. Aquí discutimos quién ocupa un auditorio. Allá se destruyen los lugares donde una sociedad estudia. Aquí defendemos la libertad académica como principio. Allá se destruyen las condiciones materiales que permiten ejercerla.

Quizá por eso me cuesta aceptar que todo esto pueda presentarse simplemente como una discusión entre dos perspectivas sobre Gaza.

Porque las perspectivas no llegan a la Universidad caminando solitas, como si fueran dos estudiantes puntuales que se encontraron por casualidad en la entrada. Llegan acompañadas de poder. Llegan acompañadas de historia. Llegan acompañadas de instituciones, dinero, gobiernos, ejércitos, policías, universidades, medios de comunicación, procedimientos disciplinarios y campañas públicas. Y también llegan acompañadas de silencios.

 

La Academic Freedom Initiative de la Middle East Studies Association mantiene un registro de represalias laborales vinculadas con expresiones y actividades relacionadas con Palestina. Su base documenta 170 acciones de represalia en Norteamérica desde octubre de 2023, entre ellas 64 pérdidas de empleo y 44 suspensiones, además de censuras oficiales, revisiones administrativas y otras medidas. No estamos hablando de personas que simplemente recibieron una invitación a debatir. Estamos hablando de personas que perdieron condiciones concretas para trabajar dentro de la academia.

En 2024, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión registró más de 2.000 detenciones en campus universitarios estadounidenses durante las protestas relacionadas con Gaza. Estudiantes y docentes fueron suspendidos, investigados, desalojados de viviendas universitarias y, en algunos casos, estudiantes extranjeros enfrentaron amenazas de deportación. El dato importa porque nos obliga a ampliar la conversación: la libertad académica no solamente está en juego cuando una institución decide qué conferencia organizar. También está en juego cuando una persona descubre que participar en una protesta puede costarle su permanencia en la universidad, su empleo o incluso su derecho a permanecer en el país.

Y mientras todo esto ocurre en universidades estadounidenses y europeas, tampoco podemos mirar hacia otro lado cuando hablamos del propio Estado de Israel. Adalah documentó 124 estudiantes palestinos sometidos a procedimientos disciplinarios en al menos 36 instituciones de educación superior israelíes por expresiones relacionadas con Gaza. Según su registro, 47 % de esos procedimientos terminaron en suspensión o expulsión, y la organización documentó además el respaldo público de autoridades israelíes a medidas contra estudiantes por sus expresiones políticas. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas también ha registrado medidas disciplinarias contra estudiantes y personal académico por expresiones vinculadas con la población palestina y con la guerra.

Entonces Koro-sensei vuelve a preguntar: ¿estamos realmente ante dos opiniones que simplemente necesitan un micrófono?

Porque una cosa es abrir un espacio de discusión y otra muy diferente es fingir que todas las personas llegan a ese espacio desde posiciones equivalentes. Una persona llega al auditorio; otra llega después de haber sido suspendida. Una tiene una invitación institucional; otra tiene un expediente disciplinario. Una puede hablar desde una plataforma; otra ha aprendido que hablar puede costarle el trabajo. Una universidad abre sus puertas; otra universidad ya no existe.

¿Y después llamamos a todo esto pluralidad?

No estamos diciendo que una universidad deba prohibir una conferencia. Precisamente al contrario. Lo que estamos preguntando es por qué la defensa de la libertad académica aparece tan rápidamente cuando se trata de proteger un espacio institucional, pero parece adquirir menos urgencia cuando hablamos de quienes han sido sancionados, despedidos, expulsados o criminalizados por hablar sobre Palestina.

La pregunta no es si alguien tiene derecho a hablar. La pregunta es qué condiciones permiten que unas personas hablen sin consecuencias y otras tengan que calcular el precio de hacerlo.

Porque ahí es donde la palabra pluralidad puede convertirse en una trampa. Dos personas pueden sentarse frente a frente en una mesa y, sin embargo, no ocupar posiciones equivalentes. Una puede hablar desde la legitimidad de un Estado; otra desde una población sometida a ocupación y destrucción. Una puede contar con instituciones que protegen su discurso; otra puede encontrarse frente a un procedimiento disciplinario. Una puede llegar con el respaldo de una organización; otra puede llegar después de perder su empleo.

La mesa puede parecer perfectamente equilibrada.

La historia que hizo posible que esas dos personas llegaran a la mesa no lo está.

Y eso es precisamente lo que la descontextualización consigue ocultar.

Aquí Koro-sensei tiene una sospecha. Quizá una Universidad puede despolitizarse incluso cuando habla constantemente de política.

Sí, lo sé. Parece un trabalenguas.

Pero mirémoslo con calma.

Un genocidio puede convertirse en una conferencia. La ocupación puede convertirse en “el conflicto”. La censura puede convertirse en “presiones externas”. La criminalización puede convertirse en “controversia”. La desigualdad de poder puede convertirse en “dos perspectivas”.

Y entonces la Universidad puede seguir haciendo algo que parece profundamente académico: organizar mesas, invitar especialistas, publicar comunicados y defender la pluralidad.

Todo perfectamente ordenado. Todo perfectamente institucional. Todo perfectamente despolitizado.

Porque el problema ya no es quién tiene poder.

El problema pasa a ser quién tiene permiso para hablar sobre el poder.

Y aquí llegamos a algo que el Observatorio quiere poner sobre la mesa: quizá no estamos solamente frente a un aparato de “discusión académica”. Estamos frente a un entramado mucho más amplio que interviene en la producción de los límites de lo que puede decirse, investigarse y enseñarse sobre Palestina.

No hace falta imaginar una oficina secreta donde alguien se sienta frente a una computadora y escriba: “Hoy construiremos consenso”. La construcción del consenso puede funcionar de maneras mucho más ordinarias. Un gobierno presiona. Una universidad investiga. Una policía entra al campus. Una administración suspende. Un empleador despide. Una organización denuncia. Un medio etiqueta. Un estudiante se autocensura. Un docente evita un tema. Una publicación deja de circular.

Y finalmente una institución abre un auditorio y dice: “Aquí tenemos dos perspectivas.”

La mesa aparece al final de un proceso que ya decidió, muchas veces, quién podía llegar hasta ella.

Por eso preferimos hablar de una industria de construcción de consenso como una lectura crítica de estos mecanismos, no como si existiera una única organización que los coordinara. Lo que existe y puede documentarse son los distintos engranajes: sanciones, despidos, arrestos, investigaciones, presiones políticas, vigilancia, restricciones y destrucción de infraestructura educativa. Lo que nos corresponde hacer es preguntarnos qué producen cuando funcionan juntos.

Y aquí aparece Israel.

La palabra equidistancia se vuelve especialmente problemática cuando se utiliza para describir un escenario en el que las posiciones no son equivalentes. No basta con mencionar a Israel una vez, reconocer su responsabilidad en el genocidio y después regresar a una conversación abstracta sobre pluralidad.

Israel no es simplemente una de las “partes” de una discusión académica. Es un Estado con un aparato militar, instituciones, capacidad diplomática y políticas que afectan directamente las condiciones de vida y las posibilidades de expresión de la población palestina. También es un Estado cuyas instituciones han intervenido sobre estudiantes y docentes que expresan solidaridad con Gaza.

Esto importa. No para impedir que personas israelíes, judías o defensoras de las políticas israelíes hablen. Importa para entender desde qué relaciones de poder se produce la conversación.

Porque si la Universidad dice que no es neutral, entonces tampoco debería presentar como neutral el contexto en el que esas voces llegan a su espacio.

No es lo mismo una crítica desde una institución poderosa que una denuncia desde una población sometida a una violencia estatal masiva. No es lo mismo defender una política de Estado que denunciar sus consecuencias desde quienes las padecen. Reconocer esa diferencia no significa cancelar el debate.

Significa hacerlo inteligible.

 

Querida Universidad, aquí aparece otra pregunta que quizá sea todavía más incómoda: ¿dónde están las universidades palestinas en esta conversación?

Porque si la libertad académica es realmente un principio universal, no debería empezar y terminar en el momento en que una universidad costarricense abre el Zoom de una conferencia.

La libertad académica también debería importarnos cuando una universidad palestina es destruida. Cuando un estudiante palestino es disciplinado por hablar. Cuando un docente pierde su trabajo. Cuando una persona es detenida. Cuando una investigación se vuelve políticamente incómoda. Cuando alguien aprende que el precio de hablar puede ser demasiado alto.

Ahí también está la Universidad.

Aunque no esté físicamente allí.

Y entonces llegamos a una paradoja que quizá merezca mucha más atención. Mientras en nuestros campus discutimos quién puede hablar sobre Gaza, en Gaza se destruyen las condiciones materiales para estudiar, investigar, enseñar y producir conocimiento. Mientras aquí defendemos el derecho de distintas posiciones a ocupar un auditorio, allí se destruyen universidades. Mientras aquí discutimos pluralidad, allá se destruyen bibliotecas, laboratorios y espacios de aprendizaje.

¿Qué significa entonces hablar de libertad académica sin hablar de la destrucción de la universidad palestina?

No queremos quitarle su puerta.

Queremos que deje de mirarla como si fuera todo el edificio.

Abra la puerta. Invite. Debata. Escuche. Confronte. Pero no nos diga que el mundo comienza cuando se abre el auditorio.

Porque antes de esa puerta hay un genocidio. Hay una población palestina sometida a una violencia devastadora. Hay universidades destruidas. Hay estudiantes sancionados. Hay docentes despedidos. Hay personas detenidas. Hay investigaciones disciplinarias. Hay policías entrando a campus. Hay instituciones que presionan. Hay discursos que criminalizan. Hay personas que se autocensuran. Y hay una enorme disputa por quién tiene derecho a producir conocimiento sobre Palestina.

Por eso, querida Universidad, la pregunta no es si queremos discusión académica.

La queremos.

La pregunta es si queremos una discusión académica que despolitice aquello que está intentando comprender.

Porque una universidad que elimina las relaciones de poder de su análisis puede parecer muy plural, pero termina siendo profundamente despolitizada.

Y una universidad despolitizada frente a un genocidio corre el riesgo de convertirse, sin quererlo, en algo mucho más cómodo que una institución crítica: un lugar donde el conflicto puede discutirse siempre que las condiciones que lo producen permanezcan fuera de la sala.

Atentamente,

Koro-sensei

Profesor temporal del Observatorio de Bienes Comunes, especialista en abrir preguntas donde las instituciones prefieren cerrar puertas.

P.D. Estimada Universidad: no se preocupe. No voy a destruir su edificio. Ya hay demasiados edificios destruidos en Gaza. Mi especialidad es otra: hacer preguntas hasta que la pared institucional empiece a mostrar sus grietas.

Referencia:

Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel. (2024). Repression of Palestinian students in Israeli universities and colleges. Adalah. https://www.adalah.org/en/content/view/11331

Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel. (2026, September 7). Apartheid in Israeli academia: Palestinian students after 7 October 2023. Adalah. https://www.adalah.org/en/content/view/11693

Khan, I. (2024). Global threats to freedom of expression arising from the conflict in Gaza (A/79/319). United Nations, Human Rights Council.

Middle East Studies Association Academic Freedom Initiative. (2026, August 20). Employment retaliation database. MESA Academic Freedom Initiative. https://afi.mesana.org/data-insight/employment-retaliation-database/

Michie, I., & Benton, A. (2025, June 7). All universities in Gaza have been destroyed. What does this mean for Palestinians? ABC News. https://www.abc.net.au/news/2025-06-07/gaza-lost-generation-of-students-academic-say/105379150

Shaheed, F. (2024). Academic freedom and expression: Navigating challenges in Gaza, Palestine, and beyond (A/HRC/56/58). United Nations, Human Rights Council.

United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel. (2025). Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel (A/HRC/59/26).

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Tierra recuperada, permanencia en riesgo

Jannia Fernández, Jimena Tercero, Monserrat Espinoza y Zuiri Méndez

TC-590 Defensa Comunitaria de Territorios

En la Finca San Andrés y Crün Shurín, Térraba, la historia de la tierra no se cuenta como un asunto del pasado. Se entrelaza con las historias de vida de quienes la habitan: está en las casas levantadas por las familias, en las parcelas que se regeneran y en las personas que participaron en los procesos de recuperación. También permanece en los conflictos que, años después, siguen marcando la vida en el territorio, escenario de una disputa por la tierra, los servicios básicos y el rol de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI).

Actualmente, el «Reglamento Interno de Acceso y Tenencia de la Tierra del territorio indígena de Térraba» impulsado desde la ADI de Térraba está en el centro de las preocupaciones de la comunidad. Este reglamento interno podría tener injerencia directa sobre quienes habitan fincas recuperadas, incluida su permanencia y posibles mecanismos de desalojo. Así quedó expuesto durante las reuniones realizadas el 5 y 6 de septiembre, cuando miembros de ambas comunidades compartieron los antecedentes del conflicto y sus preocupaciones frente a una supuesta consulta del reglamento.

Nos han dado la tierra.
Recuperamos la tierra.

La recuperación de Finca San Andrés ocurrió en 2015. Según explicaron, San Andrés había sido adquirida al igual que la finca Volcancito, por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA ahora INDER). Esta gestión se dio en el marco de regresar tierras que estaban en manos no indígenas al territorio indígena de Térraba.

De acuerdo con los participantes, está adquisición fue entregada a la ADI de Térraba, sin embargo Volcancito fue repartido en manos de personas no indígenas y que personas beneficiadas terminaron vendiendo a personas no indígenas. Por lo que según relataron, queriendo evitar que en San Andrés se repitiera la misma situación que en Volcancito y sumando la necesidad de que la tierra se entregará a personas no indígenas, fue que un grupo ingresó a la finca en 2015 para asegurar la tierra a cerca de 40 familias indígenas brörán.

En el caso de Crün Shurín, la recuperación se llevó a cabo en el 2018. Crün Shurín significa «Tierra de Venados» y fue realizada por 16 familias brörán. Según los relatos, las tierras estaban en manos de un terrateniente que se dedicaba a la ganadería extensiva. Luego de la recuperación que implicó la vivencia de múltiples violencias y amenazas, han logrado ir restaurando el espacio para que la biodiversidad se regenere.

Según las personas participantes, la ADI de Térraba no ha respetado la Base de datos creada junto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Consejo de Mayores Brörán, donde se reconocen doce troncos genealógicos pertenecientes al pueblo térraba/brörán. Señalan que la ADI tampoco ha hecho esfuerzos para regresar el territorio a manos de personas indígenas. Según Jorge Cole en el año 1976, el 88% del territorio estaba en manos de personas no indígenas (2009).

Un reglamento que podría abrir paso al despojo

Según lo expresado durante las reuniones, el «Reglamento Interno de Acceso y Tenencia de la Tierra del territorio indígena de Térraba» es impulsado desde la ADI de Térraba, cuya dirigencia, según señalaron los participantes, mantiene una continuidad de más de 30 años. Para Macedonio, Pedro y Jorge de la recuperación Crún Shurín, representa otro mecanismo institucional que podría utilizarse para expulsarles de la tierra recuperada.

Para algunos miembros de la comunidad, el problema no es únicamente la existencia del reglamento, sino el poder que podría otorgar a personas no indígenas para tomar decisiones sobre las personas y la tierra en la que habitan. También se cuestionó que una normativa interna permita medidas que afecten derechos fundamentales sin garantizar el debido proceso.

Un reglamento no es una ley y un reglamento no puede ir en contra de una ley, expresó uno de los participantes. La preocupación también se relaciona con quién tendría autoridad para aplicar esas medidas. Otro asistente lo resumió así: La asociación no puede ser juez y parte.

También se mencionó que el reglamento podría contemplar expulsiones del territorio por periodos de entre cinco y diez años, y cuestionaron que decisiones de esa magnitud puedan tomarse sin acuerdos con la comunidad.

Resaltando que el problema no radica únicamente en establecer reglas, sino en que éstas respeten la Ley Indígena y las formas propias mediante las cuales los pueblos indígenas toman sus decisiones.

La ADI y el acceso a servicios básicos como forma de presión

Pero primero, ¿Qué es una ADI?. Las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) son figuras que el Estado reconoce como agentes legales para impulsar el desarrollo de comunidades. Sin embargo, en el caso de territorios indígenas tienen una particularidad, pues la tierra es de carácter comunal. En los territorios indígenas la tierra que pertenece a cada familia no se registra en planos catastrados, más bien, lo que se reconoce en el Registro Civil es el plano catastrado de todo el territorio designado por ley para cada pueblo indígena en particular.

Por lo que, el Estado entrega una potestad a las ADIs en territorios indígenas para administrar la tierra. Esta decisión ha llevado a muchos tipos de conflictos, pues las ADIs, según señalaron integrantes de Crün Shurín y Térraba, son organizaciones impuestas sobre formas organizativas propias.

El acceso a servicios básicos fue otra de las dificultades señaladas, ya que la ADI entrega reconocimientos de identidad indígena para que puedan acceder a servicios básicos. Algunos habitantes aseguraron haber enfrentado problemas para obtener electricidad y agua potable, y otros continúan sin estos servicios porque, según mencionaron, la ADI obstaculiza su obtención. Nos están negando servicios básicos que para nosotros son funcionales, por ejemplo, poner la electricidad, manifestó uno de los participantes.

La experiencia de Ballvina muestra cómo estas dificultades para acceder a servicios básicos han tenido consecuencias directas en la vida cotidiana de las familias. Al recordar la situación con su madre, señaló que durante años permaneció sin acceso a electricidad ni agua: Nos niega la luz, durante cinco años, no se pudo poner una refri, no se pudo poner una lavadora, ni el agua, el agua siempre la trasladé desde Buenos Aires a aquí para poder tener a mi mamá, hasta que al fin ella descansó, nos cuenta.

Según explicó, su madre no pudo disfrutar de esas condiciones básicas durante el tiempo que permaneció allí.

Los testimonios coinciden al afirmar que la ADI tiene a su disposición un arsenal de herramientas de coacción con el fin de intimidar voces disidentes dentro de la comunidad: desde la promesa de tierras y bonos de vivienda a personas indígenas y no indígenas, hasta una tramitología alienante por parte del SENASA si se busca diversificar la actividad económica.

En palabras de Dixiana: La gente tiene que someterse si quiere acceder a servicios básicos.

En ese contexto, también señalan las presiones que atribuyen a la ADI y cuestionan la poca regulación que, según consideran, ejerce DINADECO (Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad) sobre las Asociaciones de Desarrollo. A esto se suma la preocupación por el distanciamiento de las autoridades respecto a la comunidad indígena.

El sentimiento entre las y los habitantes reunidos era compartido: aquel de la rabia frente a la violación de su autonomía, autogestión y cosmovisión frente a un organismo con profundas raíces coloniales establecido como régimen disciplinario de cuerpos y territorios.

Autoridades tradicionales fuera de la discusión

La pregunta sobre quién debe participar en las decisiones relacionadas con la vida comunitaria fue un hilo conductor de las conversaciones. Varias voces insistieron en la importancia del Consejo de Mayores dentro de las estructuras tradicionales de autogobierno indígena y cuestionaron la concentración de decisiones en la ADI cuando sus consecuencias afectan a las comunidades.

Uno de los mayores dijo no haber tenido acceso al reglamento: Ese reglamento no lo he visto y pertenezco al Consejo de Mayores. Yo no lo he visto, no me lo han pasado.

Para él, la discusión debía involucrar primero a los mayores. Los mayores (…) deberían primero ver eso para poder conversar con la juventud, manifestó.

Los adultos mayores sostienen la comunidad mediante la transmisión de saberes y herencia cultural; paradójicamente, un mamotreto legal como el que promueve la ADI lo que hace es dejarlos fuera de las decisiones sobre el futuro de nuestros pueblos, donde justamente ellos deberían estar en el centro de todo.

Durante las reuniones también insistieron en que cualquier organización que intervenga en estos asuntos debería respetar la Ley Indígena y las formas propias de organización comunitaria, y que las decisiones deben construirse con la participación del pueblo y mediante acuerdos.

También se cuestionan las formas de comunicación, ya que no están adaptadas a las necesidades de toda la comunidad, especialmente de las personas mayores que no saben leer. Según señalaron, esto limita su acceso a la información y dificulta un diálogo más directo entre la ADI y las personas del territorio, así como el reconocimiento de sus formas de organización y sus tradiciones.

Autogestión y autonomía para una vida digna

Pese a las dificultades, los recuperadores destacaron el trabajo de las familias para establecerse y mantener activas las tierras recuperadas. Las viviendas, las parcelas y los cultivos reflejan un proceso que, según explicaron, han construido y sostenido mediante su propio esfuerzo y aprendizaje.

Muy orgulloso de la gente de aquí, de San Andrés, no esperando que la Asociación nos dé las cosas […] nosotros podemos hacer las cosas, expresó uno de ellos.

Durante un recorrido por la parcela de Gerald, uno de los recuperadores de Finca San Andrés, fue posible observar parte de ese proceso. En un terreno antes utilizado como potrero, ha desarrollado por cuenta propia un sembradío de cacao que mantiene y amplía mientras aprende sobre su manejo. Además de su aprendizaje autodidacta, ha buscado recomendaciones sobre qué especies sembrar y cómo organizar los cultivos, entre ellas la incorporación de guaba junto al cacao.

Con el paso del tiempo, el terreno también ha recuperado parte de su cobertura vegetal: donde antes predominaba el potrero, actualmente se observan cultivos y una mayor presencia de vegetación que ha surgido naturalmente gracias a la protección de las personas indígenas. El proceso muestra cómo algunas familias no solo han ocupado las tierras recuperadas, sino que han aprendido a trabajarlas y transformarlas mediante sus propios recursos y conocimientos adquiridos en el camino.

En Crün Shurín, la autogestión también se ha expresado en la organización comunitaria. Durante la reunión, los habitantes recordaron que en la finca se han impulsado clases para recuperar palabras del idioma indígena, procesos de trabajo junto con universidades y espacios de organización colectiva, entre ellos la creación de un sindicato. También señalaron que varias familias se han establecido allí de forma permanente y que incluso han nacido niños dentro de la recuperación. Para ellos, permanecer en la tierra implica no solo habitarla, sino construir comunidad y sostener prácticas culturales y organizativas propias.

Conflictos impuestos pero salidas colectivas

Después de más de una década, en San Andrés y Crün Shurín se ven las consecuencias de la imposición de formas organizativas que no son propias de los pueblos indígenas. El reglamento, las atribuciones del Estados hacia las ADIs en territorios indígenas y las formas de la ADI de Térraba, visibiliza las herramientas de cohesión que pueden aplicar estas instancias sobre la población indígena.

Las personas participantes piden gobernar su territorio de acuerdo con sus tradiciones e ideales y continuar con procesos como el saneamiento de las tierras, la construcción de comunidad y el rescate cultural.

El reto para las comunidades de San Andrés y Crún Shurín es uno colectivo y contrarreloj, pero como susurró Doña Ballvina, ellos y ellas al ser quienes se ven directamente afectados, no pueden darse el lujo de ser pesimistas.

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La falacia de la pluralidad: cuando dos voces no ocupan el mismo lugar

Estamos ante un genocidio en Gaza y ante una relación profundamente desigual frente al aparato político y militar israelí. En estas condiciones, poner dos posiciones en un mismo espacio no elimina las desigualdades entre ellas. La pluralidad puede abrir un lugar para distintas voces, pero no debería convertirse en una forma de dejar de reconocer las condiciones desde las que esas voces hablan ni la responsabilidad que implica presentarlas en relación.

Recibimos un comunicado en el que se plantea que es posible sostener determinados principios y, al mismo tiempo, garantizar la presencia de posiciones diferentes en un espacio de discusión. La formulación parece razonable: una institución puede defender sus principios y, a la vez, abrir espacios para el desacuerdo y la diversidad de perspectivas.

Sin embargo, precisamente ahí aparece una pregunta que merece ser discutida: ¿es suficiente con mantener formalmente los principios y ofrecer un espacio a posiciones diferentes para considerar cumplida la responsabilidad institucional?

El problema no está en que existan posiciones distintas ni en que estas puedan expresarse. Tampoco en la necesidad de construir espacios donde el desacuerdo pueda ser escuchado. El problema aparece cuando una concepción ingenua de la pluralidad permite separar la participación de las condiciones en las que esta ocurre y, con ello, eximirnos de la responsabilidad de reconocer las desigualdades que atraviesan esas posiciones y que pueden terminar siendo legitimadas por el propio espacio.

Dicho de otra manera: podemos sostener nuestros principios, abrir el micrófono y escuchar distintas voces. Pero eso no significa que hayamos agotado nuestra responsabilidad.

La pluralidad no ocurre en el vacío

Ninguna voz llega al espacio público desde un lugar completamente neutral. Las personas, organizaciones e instituciones participan desde posiciones sociales, históricas y políticas diferentes. Algunas cuentan con mayores recursos, reconocimiento, redes, capacidad de incidencia o acceso institucional. Otras deben construir desde cero las condiciones para ser escuchadas.

Por eso, el número de voces presentes no nos dice necesariamente cómo está distribuido el poder entre ellas. Dos personas pueden compartir el mismo escenario y disponer del mismo tiempo de exposición, pero tener capacidades muy distintas para hacer circular sus argumentos antes y después de ese momento. Una puede contar con una estructura institucional que amplifique su voz, mientras otra depende de redes comunitarias, esfuerzos colectivos o espacios ocasionales para alcanzar una audiencia similar.

El micrófono puede ser el mismo. Las condiciones para llegar hasta él no necesariamente lo son.

Reconocer esta diferencia no significa impedir la participación de determinadas posiciones. Significa asumir que el hecho de darles espacio no elimina las relaciones sociales, históricas y políticas que existen alrededor de ellas.

Y aquí aparece una pregunta fundamental: ¿qué responsabilidad conserva una institución frente a las desigualdades que atraviesan las posiciones que decide poner en diálogo? La respuesta no puede agotarse en decir que todas tuvieron la posibilidad de hablar.

La igualdad del formato no elimina la desigualdad

Una forma habitual de imaginar la pluralidad consiste en distribuir el espacio de manera proporcional: una posición habla, luego otra; una perspectiva expone, luego aparece su contraparte. El procedimiento puede parecer justo porque el formato permite que diferentes posiciones tengan presencia.

Pero la igualdad del formato no elimina las desigualdades que existen fuera de él.

Podemos distribuir el tiempo por partes iguales y seguir teniendo una relación desigual de poder. Podemos colocar dos voces frente a frente y dejar intactas las condiciones que hacen que una tenga mayor capacidad para instalar temas, conseguir reconocimiento, acceder a instituciones o mantener una presencia pública.

La igualdad formal puede ser importante, pero no es suficiente para comprender la desigualdad real. El problema, entonces, no es que el formato sea plural. El problema aparece cuando el formato plural se utiliza como evidencia de que la responsabilidad ya fue cumplida, sin examinar qué ocurre con las desigualdades que ese formato no modifica.

La falacia de «dos lados»

Llamemos, provisionalmente, falacia de la pluralidad a esta operación: asumir que cuando conseguimos reunir dos posiciones diferentes hemos producido automáticamente las condiciones suficientes para un debate plural.

El problema no está en que existan dos posiciones ni en que ambas puedan ser escuchadas. El problema aparece cuando el número de voces se convierte en una medida suficiente de pluralidad y se deja de mirar aquello que precede y rodea al encuentro.

La pluralidad no se puede contar únicamente. También requiere observar desde dónde se habla, con qué recursos, con qué reconocimiento y con qué capacidad de incidencia. Una voz puede disponer de canales institucionales permanentes, recursos profesionales y posibilidades de interlocución que otra no posee. Otra puede construir su presencia a partir de redes sociales, organizaciones comunitarias, movimientos colectivos o esfuerzos voluntarios.

Cuando estas diferencias desaparecen detrás de la fórmula “dos lados”, la pluralidad puede terminar ocultando aquello que pretendía mostrar.

Pero existe aquí un segundo problema. Si aceptamos que basta con garantizar la presencia de dos posiciones diferentes, podemos terminar trasladando toda la responsabilidad al acto de participación: “ambas voces fueron escuchadas”. A partir de ahí, las desigualdades que existen entre ellas parecen convertirse en un asunto externo al espacio.

Y no necesariamente lo son.

La mesa no borra la estructura que existe alrededor de ella

Pensemos en cualquier discusión pública. Una institución gubernamental y una organización comunitaria pueden ser invitadas al mismo foro. Una empresa y un colectivo vecinal pueden recibir el mismo tiempo de exposición. Dos organizaciones sociales pueden sentarse frente a frente.

Formalmente, existe pluralidad.

Pero las condiciones de partida pueden ser muy diferentes. Una organización puede disponer de equipos profesionales, recursos económicos, asesorías jurídicas, canales institucionales y presencia permanente en los medios. La otra puede sostener su trabajo mediante voluntariado, redes comunitarias y esfuerzos colectivos.

No hay contradicción en que ambas tengan derecho a participar. Lo que merece ser discutido es la idea de que colocarlas en la misma mesa elimina esas diferencias.

La mesa no borra la estructura que existe alrededor de ella.

Y tampoco debería permitirnos olvidar que toda decisión de organizar un espacio produce determinados efectos de reconocimiento. Al seleccionar qué posiciones entran en conversación y bajo qué condiciones, no solamente estamos facilitando que hablen: también estamos contribuyendo a definir cuáles posiciones aparecen como interlocutoras legítimas dentro de ese espacio.

Por eso, la responsabilidad no consiste únicamente en garantizar diversidad de voces. También implica preguntarse qué desigualdades estamos haciendo visibles, cuáles estamos dejando fuera y cuáles podríamos estar normalizando al presentar determinadas posiciones como equivalentes.

“Pluralidad sin renuncia a los principios”

En este punto cobra especial importancia la formulación “pluralidad sin renuncia a los principios”.

El problema no está en defender que una institución pueda mantener sus principios mientras abre espacios a distintas posiciones. Eso es perfectamente posible.

La cuestión es otra: mantener los principios no necesariamente nos exime de asumir la responsabilidad sobre las desigualdades que pueden ser reproducidas o legitimadas mediante una determinada práctica de pluralidad.

Es posible afirmar que no se renuncia a los principios y, simultáneamente, construir un espacio bajo una concepción ingenua de la pluralidad. Es posible garantizar que diferentes posiciones sean escuchadas y, al mismo tiempo, evitar preguntarse por las relaciones de poder que atraviesan esas posiciones. Es posible defender formalmente determinados valores y, a la vez, presentar como equivalentes realidades profundamente desiguales.

Ahí se encuentra la tensión que nos interesa señalar. La pluralidad no necesariamente nos libera de responsabilidad por el hecho de ser plural.

Más bien, puede ocurrir lo contrario: cuanto más importante es para una institución garantizar espacios plurales, mayor es la responsabilidad de preguntarse qué efectos produce esa apertura y qué formas de desigualdad pueden quedar naturalizadas bajo su cobertura.

Escuchar no es lo mismo que reconocer

Aquí aparece otra dimensión del problema. Una voz puede ser escuchada sin que necesariamente sea reconocida como una fuente legítima de conocimiento.

Podemos permitir que alguien hable y, al mismo tiempo, interpretar su experiencia desde categorías construidas por quienes históricamente han tenido mayor capacidad para definir los problemas. Podemos abrir un micrófono sin preguntarnos qué experiencias quedan fuera de las categorías con las que estamos pensando.

Esta cuestión nos conduce al trabajo de Miranda Fricker sobre la injusticia epistémica.

En Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing (2007), Fricker examina la relación entre poder y conocimiento. Su propuesta permite observar que nuestras prácticas de conocer y reconocer a otras personas no están separadas de las relaciones sociales en las que vivimos.

Uno de sus conceptos centrales es la injusticia testimonial, referida a situaciones en las que los prejuicios pueden producir un déficit injustificado de credibilidad hacia quien habla. Otro es la injusticia hermenéutica, relacionada con las dificultades que aparecen cuando determinadas experiencias sociales no cuentan con recursos interpretativos suficientes para ser comprendidas y comunicadas dentro de los marcos compartidos.

Estas categorías ofrecen una herramienta para pensar la pluralidad desde otro lugar. La pregunta ya no es solamente quién tiene permiso para hablar, sino también qué condiciones permiten que una voz sea considerada creíble, qué experiencias pueden ser comprendidas y qué conocimientos aparecen como legítimos.

La pluralidad puede ser formalmente amplia y, al mismo tiempo, epistemológicamente estrecha.

La ingenuidad de pensar que basta con dar espacio

Aquí aparece la idea que queremos problematizar: una concepción ingenua de la pluralidad.

Es ingenua no porque defender espacios de diálogo sea ingenuo. Al contrario, escuchar posiciones diferentes es una condición importante para la vida democrática. La ingenuidad aparece cuando suponemos que dar espacio equivale a asumir responsabilidad sobre las condiciones y desigualdades que atraviesan ese espacio.

Como si sentar a dos personas en una mesa fuera suficiente para cumplir con la pluralidad. Como si distribuir el mismo tiempo hiciera innecesario reconocer las diferencias históricas de recursos. Como si permitir una réplica hiciera desaparecer las desigualdades institucionales. Como si la presencia de una posición alternativa bastara para que ninguna otra consideración sobre el poder resultara necesaria.

De esta manera, la pluralidad puede convertirse en una forma de desresponsabilización.

Se abre el espacio, se escuchan las voces y, una vez cumplido ese procedimiento, la institución puede presentarse como neutral frente a las desigualdades que atraviesan la conversación.

Pero las desigualdades no desaparecen porque hayamos decidido no mirarlas.

Y más aún: cuando una práctica institucional presenta como equivalentes posiciones que parten de condiciones desiguales, puede contribuir a normalizar esa desigualdad. No necesariamente porque exista una intención explícita de hacerlo, sino porque el formato puede desplazar la atención desde las condiciones estructurales hacia la simple presencia de las voces.

Más voces no siempre significa más comprensión

Una discusión puede incorporar cada vez más voces y, sin embargo, mantener intacto el marco desde el cual se interpreta el problema.

Podemos ampliar el número de participantes sin ampliar realmente las preguntas. Podemos multiplicar opiniones sin cuestionar las categorías que organizan esas opiniones. Podemos tener desacuerdo sin tener comprensión.

Esta distinción resulta fundamental: pluralidad de voces y pluralidad de conocimientos no son necesariamente lo mismo.

La primera se refiere a quién está presente en la conversación. La segunda nos obliga a pensar qué podemos llegar a comprender gracias a esa presencia y si las experiencias incorporadas tienen capacidad real para transformar los marcos desde los cuales interpretamos la realidad.

Una discusión puede ser muy plural en términos de participantes y continuar siendo limitada en términos de conocimiento. Puede reunir posiciones diferentes y mantener intacta una determinada manera de definir el problema. Puede ofrecer diversidad en el escenario mientras reproduce homogeneidad en las categorías utilizadas para interpretar aquello que ocurre.

Por eso, ampliar la pluralidad también significa ampliar nuestra capacidad colectiva para cuestionar los marcos que damos por sentados.

Una pluralidad menos ingenua

Problematizar esta concepción de la pluralidad no significa abandonar el diálogo ni cuestionar el derecho de las personas a expresar posiciones diferentes. Significa tomar la pluralidad más en serio.

Una pluralidad democrática no debería limitarse a garantizar que diferentes personas puedan hablar. También debería permitir reconocer las desigualdades que atraviesan esas voces y preguntarse por los efectos de ponerlas en diálogo bajo determinadas condiciones.

Esto supone pasar de una idea aritmética de la pluralidad —una voz frente a otra, un lado frente a otro— hacia una comprensión más compleja. No se trata solamente de sumar voces, sino de ampliar nuestra capacidad colectiva para escuchar, comprender, cuestionar y producir conocimiento.

En este sentido, el comunicado que recibimos puede ser leído como una oportunidad para abrir una discusión más amplia. La afirmación de que es posible sostener los principios y, al mismo tiempo, garantizar la pluralidad no debería cerrar la discusión sobre la responsabilidad institucional. Al contrario, debería llevarnos a preguntar qué significa sostener esos principios cuando las posiciones que entran en diálogo están atravesadas por desigualdades que no desaparecen al compartir un mismo espacio.

Porque el desafío no consiste únicamente en permitir que dos voces hablen.

Consiste también en preguntarnos qué estamos haciendo cuando las ponemos en relación, qué desigualdades reconocemos, cuáles dejamos intactas y cuáles corremos el riesgo de legitimar al presentar su encuentro como suficiente evidencia de pluralidad.

Porque dos voces pueden ocupar el mismo escenario sin ocupar el mismo lugar.

Y reconocer esa diferencia no debilita la pluralidad. Nos obliga, más bien, a asumirla con mayor responsabilidad.

La pluralidad no debería ser una forma de eximirse de la desigualdad. Debería ser una oportunidad para reconocerla, problematizarla y evitar que su existencia quede legitimada simplemente porque todas las voces tuvieron un espacio para hablar.

Cuando escuchar no basta: las herramientas de la injusticia epistémica

La discusión sobre la pluralidad no termina cuando conseguimos poner distintas voces frente a un mismo micrófono. También necesitamos preguntarnos qué condiciones hacen posible que una voz sea escuchada, creída, reconocida y capaz de producir conocimiento en el espacio público.

El trabajo de la filósofa Miranda Fricker resulta útil para profundizar esta pregunta. En Epistemic Injustice (2007), Fricker muestra que las relaciones de poder también atraviesan nuestras prácticas de conocimiento: pueden afectar quién recibe credibilidad, quién logra hacer inteligible su experiencia y quién es reconocido como sujeto capaz de conocer.

Sus conceptos permiten desplazar la mirada desde el simple conteo de voces hacia las condiciones sociales que acompañan esas voces. La siguiente matriz recoge algunos de sus principales aportes y los propone como herramientas para leer críticamente situaciones en las que la aparente pluralidad puede coexistir con profundas desigualdades de poder.

Concepto / aporteDefinición o idea central según FrickerUtilidad para interpretar y analizar críticamente
Injusticia epistémicaGénero de injusticia que afecta a una persona específicamente en su capacidad como sujeto de conocimiento. Fricker distingue entre injusticia testimonial e injusticia hermenéutica.Permite identificar desigualdades que no son únicamente materiales o políticas, sino que afectan quién puede ser reconocido como sujeto de conocimiento y cómo sus experiencias pueden ser comprendidas.
Injusticia testimonialSe produce cuando un prejuicio del oyente conduce a otorgar al hablante un nivel de credibilidad inferior al que merece.Permite analizar situaciones en las que una voz es desacreditada no por la calidad de sus razones, sino por prejuicios asociados con quien habla.
Déficit de credibilidad por prejuicio identitarioEl déficit de credibilidad surge cuando un prejuicio relacionado con la identidad social del hablante interviene en la valoración de su testimonio.Ayuda a distinguir entre errores ordinarios de valoración y formas de injusticia epistémica vinculadas con desigualdades sociales.
Injusticia testimonial sistemáticaForma de injusticia testimonial vinculada con prejuicios que afectan al sujeto en diferentes dimensiones de su vida social, como la económica, política o jurídica.Permite analizar cómo una desventaja en el reconocimiento de una voz forma parte de patrones más amplios de desigualdad social.
Injusticia testimonial incidentalInjusticia testimonial localizada en una situación particular y que no necesariamente se encuentra conectada con otras formas de desigualdad social.Permite diferenciar una experiencia concreta de descrédito de aquellas formas de injusticia que forman parte de relaciones sociales más amplias y persistentes.
Prejuicio identitarioPrejuicio asociado con el tipo social al que se atribuye una persona. Puede operar de manera positiva o negativa y afectar la valoración de su credibilidad.Permite examinar si la evaluación de una voz está influida por concepciones sociales previas acerca del tipo de persona que habla.
Poder socialCapacidad socialmente situada de controlar las acciones de otras personas. Puede ejercerse de manera agencial o mediante estructuras que producen efectos sin depender de una acción individual directa.Permite analizar desigualdades que no pueden explicarse únicamente por decisiones individuales, sino por estructuras que condicionan las posibilidades de participación e incidencia.
Poder identitarioForma de poder social que depende de concepciones compartidas sobre las identidades sociales y que opera, entre otros medios, a través de imaginarios y discursos.Ayuda a comprender cómo las representaciones sociales de determinados grupos pueden afectar su credibilidad, reconocimiento y participación pública.
Economía de la credibilidadDistribución socialmente desigual de la credibilidad, en la que prejuicios y estereotipos pueden hacer que algunas personas reciban sistemáticamente más o menos credibilidad que otras.Ofrece un marco para analizar cómo se distribuye la autoridad epistémica dentro de un debate, institución o espacio público.
Estereotipos como heurísticosLos estereotipos pueden funcionar como recursos espontáneos para orientar los juicios sobre otras personas. El problema surge cuando esos procesos incorporan prejuicios que afectan injustamente la valoración de su credibilidad.Permite comprender algunos mecanismos mediante los cuales determinados hablantes son considerados espontáneamente más o menos creíbles.
Injusticia hermenéuticaSe produce cuando una laguna en los recursos interpretativos colectivos coloca a una persona en una situación de desventaja para comprender o comunicar una experiencia social significativa.Permite analizar situaciones en las que una experiencia de desigualdad resulta difícil de nombrar, comunicar o comprender porque los recursos interpretativos disponibles son insuficientes.
Marginalización hermenéuticaParticipación desigual de distintos grupos en las prácticas sociales mediante las cuales se producen y transforman los significados colectivos.Permite preguntar quién participa en la construcción de los conceptos y marcos interpretativos con los que una sociedad comprende determinadas experiencias.
Virtud de justicia testimonialDisposición intelectual y ética que permite al oyente identificar y corregir la influencia de prejuicios en sus juicios sobre la credibilidad de quien habla.Ofrece un criterio para analizar la responsabilidad de quien escucha y su capacidad para revisar críticamente sus propios juicios de credibilidad.
Virtud de justicia hermenéuticaSensibilidad reflexiva ante situaciones en las que una persona encuentra dificultades para hacer inteligible su experiencia debido a una carencia de recursos hermenéuticos colectivos.Permite considerar que una dificultad para comprender un testimonio puede estar relacionada con condiciones sociales de interpretación y no necesariamente con una deficiencia del hablante.
Objetivación epistémicaLa injusticia testimonial puede implicar una exclusión de la persona de la práctica misma de conocimiento: deja de ser reconocida como sujeto epistémico y es tratada, en cierto sentido, como objeto de conocimiento.Permite analizar situaciones en las que el problema no consiste solamente en impedir que alguien hable, sino en negar su condición de sujeto capaz de producir conocimiento.
Dimensión política de la injusticia epistémicaLas virtudes individuales pueden contribuir a enfrentar la injusticia epistémica, pero resultan insuficientes cuando esta se encuentra sostenida por estructuras sociales de poder.Permite evitar una lectura exclusivamente individual del problema y dirigir la atención hacia las condiciones institucionales y sociales que producen y reproducen desigualdades epistémicas.
Del análisis de la justicia al análisis de la injusticiaFricker propone partir de experiencias concretas de injusticia para comprender las condiciones que debería reunir una práctica epistémica justa.Ofrece una estrategia de análisis: observar primero dónde y cómo se produce el daño epistémico para identificar posteriormente las condiciones necesarias para relaciones más justas de conocimiento.
Referencia

Fricker, Miranda (2007). Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing. Oxford University Press.

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Río Zapote: organizarse para defender un río

La defensa del Río Zapote, en Upala, muestra cómo una preocupación compartida puede convertirse en organización, conocimiento y acción colectiva. Frente a los impactos asociados a la extracción de materiales, la comunidad ha aprendido a investigar, vigilar, exigir respuestas y construir acciones concretas para cuidar el río.

Del malestar a la organización

Las imágenes sobre el deterioro del río generaron preocupación, pero también una pregunta: ¿cómo pasar de la indignación a la acción? La respuesta fue comenzar a organizarse, convocar a personas comprometidas con el territorio y construir una capacidad colectiva para defender el río.

Una defensa que también pregunta por la justicia

La experiencia de los llamados areneros introduce otra dimensión del conflicto. Según el relato de la entrevista, alrededor de 60 familias habían desarrollado durante décadas una extracción artesanal de arena utilizando métodos tradicionales. Al mismo tiempo, el grupo cuestionó que existieran diferencias en la manera en que las instituciones trataban estas actividades frente a operaciones de mayor escala.

Esta situación llevó a acompañar a estas familias en la búsqueda de los permisos correspondientes. La defensa del río, entonces, también implica preguntarse quiénes pueden aprovechar sus materiales, bajo qué condiciones, con qué controles y cómo se distribuyen las cargas de la regulación.

Aprender a vigilar y conocer

La experiencia muestra que defender un río requiere aprender a seguir los procesos institucionales, investigar concesiones, revisar permisos y conocer los mecanismos mediante los cuales pueden autorizarse actividades de extracción. Para el grupo, una de las dificultades es que algunas decisiones pueden avanzar durante años antes de hacerse visibles para las comunidades.

Algunas ideas fuerza que deja esta experiencia:

  • -Convertir la preocupación en organización.
  • -Investigar y conocer antes de que el conflicto se vuelva irreversible.
  • -Dar seguimiento a permisos, concesiones y decisiones institucionales.
  • -Reconocer las particularidades sociales y económicas de cada territorio.
  • -Defender el río sin perder de vista a las comunidades que dependen de él.
  • -Articular denuncia, vigilancia, organización y acciones de cuidado.
Defender también es cuidar

La experiencia del Río Zapote no termina en la denuncia. En la parte alta de la cuenca también se han impulsado acciones de conservación: análisis de la calidad del agua, reforestación de las riberas, recolección de residuos y vigilancia de actividades que pueden afectar el río. La intención es ampliar estas acciones hacia otras comunidades y sumar a estudiantes y organizaciones locales.

La experiencia del Río Zapote nos deja así una pregunta para seguir profundizando: ¿cómo construir formas de defensa de los bienes comunes naturales que sean capaces de enfrentar los impactos, pero también de comprender las necesidades, desigualdades y relaciones que atraviesan los territorios?

Cuando defender un río nos hace mirar el territorio de otra manera

La experiencia de defensa del Río Zapote, junto con la lucha que se ha venido construyendo alrededor del Río Pizote, también está ampliando la manera de mirar el territorio. Ya no se trata únicamente de defender un río frente a una amenaza particular, sino de comenzar a reconocer las relaciones que existen entre los distintos ríos, sus comunidades y las actividades que transforman sus cuencas. Así, la defensa del Zapote y del Pizote empieza a encontrarse con una preocupación más amplia: la defensa de los ríos de Upala como parte de un mismo territorio vivo, donde lo que ocurre en un cauce, en una ribera o en una comunidad también puede tener consecuencias más allá de sus límites inmediatos. Esta mirada permite pasar de la defensa aislada de un río a preguntarse cómo cuidar las cuencas, cómo fortalecer las capacidades comunitarias y cómo construir otra forma de comprender y habitar el territorio.

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