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El espejo roto: La crisis de desigualdad que viene de Europa y se refleja en Costa Rica

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En un mundo que avanza hacia una concentración de riqueza sin precedentes, un nuevo informe de Oxfam Intermón enciende todas las alarmas. Personas, Poder, Beneficios, Planeta: cómo las grandes empresas europeas alimentan la crisis mundial de desigualdad (Oxfam Intermón, 2026) no es solo un diagnóstico sobre el Viejo Continente; es una llamada de atención para países como Costa Rica, que observan cómo el poder corporativo global moldea sus economías y sociedades, a menudo en detrimento de los derechos laborales y la equidad.

El Modelo Europeo: Una Maquinaria de Desigualdad

El informe analiza las 100 mayores empresas europeas y revela un patrón sistémico que prioriza a los accionistas y a la cúpula directiva sobre el bienestar de los trabajadores y el planeta (Oxfam Intermón, 2026). Los datos son contundentes:

  • Remuneración de la cúpula: Entre 2022 y 2024, los CEO de estas empresas ganaron, de media, 78 veces más que el trabajador promedio de su compañía (Oxfam Intermón, 2026, p. 30). En casos extremos como Carrefour o Inditex, esta proporción supera las 300 veces (p. 30).

  • Prioridad a los accionistas: Durante el mismo periodo, las empresas destinaron un promedio del 70% de sus beneficios a la retribución de accionistas en forma de dividendos y recompra de acciones (Oxfam Intermón, 2026, p. 32). En 2024, el reparto de dividendos en Europa alcanzó la asombrosa cifra de 387.600 millones de euros (p. 3), el doble del presupuesto de la UE.

  • Brechas de género persistentes: El poder sigue siendo un club mayoritariamente masculino: las mujeres ocupan solo el 10% de los puestos de alta dirección (Oxfam Intermón, 2026, p. 5). La brecha salarial de género se amplía en la cúspide, donde los CEO hombres ganan un 22,9% más que sus homólogas (p. 30).

  • Planeta en segundo plano: La presión por la rentabilidad a corto plazo frena la inversión necesaria para la transición ecológica. Los accionistas recibieron 32 veces más de lo que las empresas invirtieron en su transición verde (Oxfam Intermón, 2026, p. 41).

Este modelo, que Oxfam denomina «extractivo», no es un accidente, sino el resultado de decisiones políticas y empresariales que se pueden y se deben cambiar (Oxfam Intermón, 2026, p. 5).

Costa Rica: La Sede de una Economía Dual y Frágil

El espejo de esta crisis se refleja en Costa Rica. El país ha construido su modelo de desarrollo en torno a la atracción de inversión extranjera directa, a través de regímenes de incentivos fiscales que han sido motor de crecimiento durante décadas. Sin embargo, este éxito conlleva un costo estructural y reproduce dinámicas de desigualdad muy similares a las que Oxfam documenta en Europa.

1. Economía dual y fuga de riqueza. El modelo costarricense profundiza la dualización productiva: el sector exportador acogido a regímenes especiales crece aceleradamente, mientras el tejido empresarial local (que concentra la mayor parte del empleo) enfrenta condiciones desfavorables, con menos incentivos y mayor carga relativa. El valor agregado generado por las multinacionales tiende a fugarse vía repatriación de utilidades, regalías y pagos intragrupo. La riqueza que realmente permanece en el país es significativamente menor que el producto interno bruto, lo que limita la reinversión local y profundiza la dependencia del capital extranjero.

2. Presión estructural sobre los derechos laborales. El modelo de competitividad basado en atraer inversiones ejerce presión constante sobre el marco regulatorio laboral. Periódicamente surgen propuestas para flexibilizar jornadas, reducir costes patronales o limitar derechos adquiridos, presentadas como «modernización» o «competitividad». Estas iniciativas responden a intereses de sectores empresariales poderosos, especialmente vinculados a cadenas globales, que buscan maximizar productividad a bajo costo. El riesgo: precarización del empleo, aumento de la temporalidad y subcontratación, y profundización de brechas de género, ya que las mujeres se concentran en los segmentos más flexibles y peor remunerados.

3. Cadenas globales y poder corporativo asimétrico. Costa Rica se ha insertado exitosamente en cadenas globales de tecnología, servicios y agroindustria. Pero esta inserción coloca al país en vulnerabilidad: las decisiones sobre inversión, precios de transferencia y condiciones laborales se toman en las matrices, con escasa incidencia local. Las políticas de «abastecimiento responsable» de algunas multinacionales son voluntarias, inconsistentes y no siempre revierten en mejores condiciones para la fuerza laboral. Esta asimetría de poder (documentada por Oxfam en Europa) se reproduce con particular intensidad en economías periféricas como la costarricense.

4. Opacidad fiscal, debilidad regulatoria y captura de la política pública. En Costa Rica persiste una opacidad significativa en torno a las prácticas fiscales de las grandes empresas, especialmente las acogidas a incentivos. Falta de informes país por país, ausencia de divulgación sobre beneficios fiscales y debilidad en el control de precios de transferencia generan un entorno propicio para la elusión fiscal. Menor recaudación significa menos inversión en servicios públicos universales (educación, salud, infraestructura), trasladando la carga tributaria a las clases medias y a las pymes. A esto se suma una intensa actividad de lobby de los sectores empresariales más concentrados, que opera a través de cámaras con alta incidencia legislativa, participación en comisiones técnicas que diseñan reformas, y el fenómeno de las puertas giratorias: excargos públicos que pasan a puestos directivos en grandes corporaciones, una dinámica que Oxfam también documenta en Europa (Oxfam Intermón, 2026, p. 22).

5. Brechas de género y techo de cristal. El informe de Oxfam evidencia que el poder empresarial sigue siendo un club mayoritariamente masculino en Europa. Esta tendencia no es ajena a Costa Rica. En los niveles de alta dirección, la presencia femenina sigue siendo marginal, y las brechas salariales persisten, especialmente en sectores de alta productividad. Aunque existen marcos normativos que promueven la igualdad, su implementación efectiva es limitada, y la conciliación entre vida laboral y familiar sigue siendo un desafío estructural que recae desproporcionadamente sobre las mujeres.

¿Qué nos dice este modelo?

1. Es un modelo sistémico y autorreforzante: Los mecanismos no operan de forma aislada. La concentración de poder permite influir en las normas y debilitar la regulación, lo que a su vez facilita la distribución desproporcionada de beneficios hacia la cúpula y los accionistas, alimentando una mayor concentración de poder. Este círculo vicioso se reproduce tanto en Europa como en Costa Rica.

2. Se basa en relaciones de poder asimétricas: La ausencia de contrapesos efectivos (sindicatos fuertes, consejos diversificados, regulaciones fiscales estrictas)permite que las élites empresariales dicten las reglas del juego. En Costa Rica, la debilidad de la institucionalidad laboral y la presión del sector empresarial organizado reflejan esta misma dinámica.

3. Produce externalidades negativas que pagan los más vulnerables

  • -Personas: salarios estancados, brechas de género y precarización.

  • -Planeta: degradación ambiental que afecta desproporcionadamente a comunidades rurales e indígenas.

  • -Estado: menor recaudación fiscal, que limita la inversión en educación, salud e infraestructura.

4. No es inevitable, es una decisión política: El informe de Oxfam (2026, p. 5) es enfático: «La desigualdad no es inevitable, es una decisión». La matriz muestra que cada mecanismo tiene alternativas viables:

  • -Remuneración limitada a 20:1.

  • -Divulgación pública de brechas y prácticas fiscales.

  • -Transición justa con inversión verde real.

  • -Cuotas de género y representación sindical en juntas directivas.

Dimensiones Estructurales y Mecanismos Empresariales del Modelo Extractivo
Dimensión EstructuralMecanismo Empresarial (¿Cómo opera?)
Remuneración y Distribución del Valor• La cúpula directiva fija sus propias remuneraciones vinculadas al valor bursátil, no al desempeño social o ambiental.
• Los beneficios se destinan prioritariamente a dividendos y recompras de acciones (70% promedio), incluso cuando hay pérdidas.
• Los salarios del conjunto de la plantilla crecen muy por debajo de la inflación y de la productividad.
Gobernanza y Toma de Decisiones• Consejos de administración y equipos directivos homogéneos (mayoritariamente hombres, sin representación laboral).
• Escasa o nula participación de trabajadores en órganos de decisión.
• Los criterios de «independencia» en consejos son débiles y permiten puertas giratorias y redes de intereses cruzados.
Influencia Política y Captura Regulatoria• Uso de recursos económicos para cabildeo, donaciones a partidos y acceso privilegiado a responsables políticos.
• Contratación de excargos públicos que diseñan normativas favorables a sus antiguos empleadores.
• Participación activa en procesos de «simplificación» normativa que diluyen derechos laborales y ambientales.
Relaciones Laborales y Derechos en la Cadena de Valor• Promoción de modalidades atípicas de empleo (subcontratación, temporalidad, tiempo parcial involuntario).
• Debilitamiento activo o pasivo de la negociación colectiva y la libertad sindical.
• Externalización de funciones para eludir responsabilidades laborales y reducir costes.
Transparencia y Rendición de Cuentas• Opacidad en información clave: brechas salariales, prácticas fiscales, emisiones y gastos políticos.
• Informes de sostenibilidad genéricos, sin datos desagregados ni verificables.
• Resistencia a estándares obligatorios de divulgación (como informes país por país).
Huella Ambiental y Transición Justa• Inversión en transición ecológica muy inferior al reparto a accionistas.
• Planes climáticos sin metas de reducción absoluta ni hoja de ruta verificable.
• Ausencia de planes de transición justa que contemplen recapacitación y protección de empleos vulnerables.
Relaciones con el Estado y Régimen Fiscal• Utilización de guaridas fiscales y estructuras de precios de transferencia para minimizar la carga tributaria.
• Negociación de beneficios fiscales y subvenciones sin contraprestaciones vinculantes.
• Presión para que el Estado asuma costes de formación, infraestructura y externalidades ambientales.
Recomendaciones del informe
EjeRecomendación
LegislativoAprobar una ley de transparencia salarial que obligue a empresas a publicar brechas por género, cuartil y país (en línea con la Directiva UE 2023/970).
FiscalExigir informes país por país a todas las multinacionales que operan en zona franca, como condición para mantener los incentivos.
LaboralFortalecer la negociación colectiva y establecer representación de trabajadores en juntas directivas de empresas.
GéneroImpulsar una ley de cuotas en consejos de administración (40% del sexo menos representado) para empresas que reciben incentivos estatales.
AmbientalCondicionar los beneficios fiscales a la presentación de un plan de transición justa y a la inversión verde mínima (25% del capex).
TransparenciaCrear un registro público de actividades de lobby y gastos de influencia política de las empresas.
Un Futuro en Juego

El informe de Oxfam es una hoja de ruta. Señala que la desigualdad no es inevitable, sino el resultado de elecciones concretas. Propone medidas como establecer una proporción máxima de 20 a 1 entre el salario del CEO y el salario mediano de la empresa, limitar el reparto de dividendos hasta garantizar salarios dignos e inversión verde, y aplicar cuotas para garantizar la representación femenina en puestos de liderazgo (Oxfam Intermón, 2026, p. 5).

Para Costa Rica, la reflexión es clara: el modelo de desarrollo basado en una doble economía, que privilegia al capital extranjero y debilita los derechos laborales en nombre de la competitividad, está profundizando las desigualdades que el informe de Oxfam denuncia a escala global (Oxfam Intermón, 2026, p. 8). La gran pregunta que debemos hacernos como sociedad es si queremos seguir siendo un eslabón en una cadena global que concentra riqueza en pocas manos, o si aspiramos a construir un desarrollo más inclusivo y sostenible que ponga a las personas y al planeta en el centro.

Pueden descargar el informe aquí.

Las imágenes que acompañan esta nota web han sido obtenidas de Pexels, una plataforma que ofrece fotografía y videografía de alta calidad de forma gratuita, gracias al trabajo de una comunidad global de creadores y creadoras. Agradecemos profundamente su contribución al enriquecimiento visual de este contenido.

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Festival del Felino: cuando una comunidad se encuentra para aprender, conservar y celebrar su territorio

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¿Qué se necesita para organizar un festival comunitario? ¿Qué aprendizajes deja una iniciativa construida desde el compromiso colectivo? ¿Cómo fortalece una comunidad su relación con la naturaleza a través del encuentro?

Este video reúne las voces de personas organizadoras, participantes y habitantes de Piedades Sur de San Ramón para reflexionar sobre el significado del Festival del Felino, una iniciativa que trasciende la realización de una feria y se convierte en un espacio de educación, intercambio de saberes y construcción comunitaria.

Estas personas nos dan a conocer el trabajo que hay detrás de la organización de este tipo de actividades: meses de planificación, articulación entre organizaciones, voluntariado y una convicción compartida de que la conservación también se construye fortaleciendo los vínculos entre las personas.

El recorrido también invita a comprender la estrecha relación entre Piedades Sur y los felinos silvestres que habitan sus bosques. Lejos de ser únicamente un símbolo de la biodiversidad, estos animales forman parte de la historia, la identidad y los desafíos cotidianos de un territorio que busca promover formas de convivencia respetuosas con la vida silvestre.

A lo largo del video emerge una idea común: los festivales comunitarios son mucho más que eventos. Son espacios donde circulan conocimientos, se fortalecen redes de colaboración, se reconoce el trabajo de quienes cuidan el territorio y se inspira a nuevas generaciones a asumir un papel activo en la protección de la naturaleza.

En tiempos en que los desafíos ambientales requieren respuestas colectivas, experiencias como el Festival del Felino recuerdan que la conservación no depende únicamente de políticas públicas o proyectos técnicos. También nace del encuentro entre personas, del diálogo de saberes y de la capacidad de una comunidad para organizarse alrededor de aquello que considera valioso.

Le invitamos a conocer estas historias y a descubrir por qué, en Piedades Sur, celebrar a los felinos silvestres también significa celebrar la organización comunitaria y el compromiso con el territorio.

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¿Cuántos productos merece comer una persona pobre? Bienes comunes, dignidad humana y el debate sobre la Canasta Básica Tributaria

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Las decisiones económicas nunca son únicamente económicas. También expresan una determinada manera de comprender qué vidas merecen ser protegidas.

La propuesta de revisar la Canasta Básica Tributaria (CBT) abrió en Costa Rica una discusión que trasciende el ámbito fiscal. La exdiputada Pilar Cisneros planteó que la lista de productos exonerados del Impuesto al Valor Agregado (IVA) debía revisarse porque, según afirmó, «la gente más humilde de este país no consume 140 productos». En la misma línea, el Ministerio de Hacienda ha señalado que estudia un eventual «IVA personalizado» con el propósito de evitar que hogares de altos ingresos reciban las mismas exoneraciones tributarias que quienes viven en condición de pobreza.

La discusión sobre el diseño de un sistema tributario más progresivo es legítima y necesaria. También es razonable preguntarse si los beneficios fiscales llegan efectivamente a quienes más los necesitan. Sin embargo, el debate cambia de naturaleza cuando deja de preguntarse cómo garantizar el acceso a una vida digna y comienza a definir qué bienes son suficientes para quienes viven en pobreza.

En ese momento ya no estamos únicamente frente a una discusión tributaria. Estamos frente a una discusión ética.

Cuando la pobreza se administra

Toda política pública construye una determinada imagen de la sociedad. También lo hacen las palabras.

Cuando el debate se centra en establecer qué productos «realmente consume» una persona pobre, el riesgo consiste en transformar la pobreza en una categoría administrativa antes que en una realidad social compleja. Las personas dejan de aparecer como sujetos de derechos y pasan a ser clasificadas según un patrón de consumo considerado aceptable.

La pregunta deja de ser cómo ampliar las condiciones materiales para ejercer una vida digna y comienza a desplazarse hacia otra mucho más limitada: ¿cuál es el mínimo que una persona necesita para sobrevivir?

No se trata de una diferencia menor. Mientras la primera pregunta busca reducir las desigualdades, la segunda corre el riesgo de administrarlas.

La economía como compromiso ético

Hace más de cuatro décadas, Óscar Arnulfo Romero advertía que una sociedad pierde su horizonte cuando el dinero, el poder o la eficiencia económica se convierten en valores absolutos. En su Cuarta Carta Pastoral, Misión de la Iglesia en medio del país, describía esa lógica como una idolatría del capital: un orden social que termina subordinando la vida humana a los intereses económicos.

Más allá del contexto salvadoreño en el que escribió, la fuerza de esa reflexión reside en el criterio que propone: las decisiones públicas no pueden evaluarse únicamente por su rentabilidad fiscal o por los indicadores de eficiencia que producen. También deben examinarse por la concepción de ser humano que contienen y por las consecuencias que generan sobre quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Este no es un argumento confesional. Es un principio ético ampliamente compartido en las tradiciones contemporáneas de los derechos humanos y de la justicia social: la economía constituye un medio para sostener la vida colectiva, no un fin en sí mismo.

Los bienes comunes también sostienen la vida

Con frecuencia pensamos los bienes comunes como ríos, bosques, humedales o semillas. Sin embargo, las sociedades también construyen bienes comunes sociales: instituciones, políticas públicas y acuerdos colectivos que garantizan condiciones indispensables para la reproducción de la vida.

La educación pública, la seguridad social, los sistemas universales de salud o el acceso al agua son ejemplos de esos bienes comunes porque no responden únicamente a intereses individuales. Expresan compromisos colectivos orientados a proteger aquello que ninguna sociedad democrática debería abandonar a la lógica exclusiva del mercado.

Desde esa perspectiva, la Canasta Básica Tributaria puede comprenderse como un bien común social.

No porque sea una lista perfecta o inmodificable, sino porque representa un acuerdo político sobre cuáles bienes esenciales deben recibir una protección especial para evitar que el sistema tributario profundice las desigualdades existentes.

Su sentido no consiste únicamente en disminuir la carga impositiva. También expresa una decisión colectiva acerca de las condiciones materiales que una sociedad considera indispensables para sostener una vida digna.

Por ello, cualquier discusión sobre su reforma debería partir de una pregunta distinta: ¿fortalece este mecanismo nuestra capacidad colectiva para garantizar el acceso a esos bienes esenciales o debilita ese compromiso compartido?

Más allá de las etiquetas

En Costa Rica se ha vuelto habitual que las críticas a la desigualdad o las propuestas orientadas a fortalecer mecanismos de protección social sean descalificadas mediante etiquetas ideológicas. Con frecuencia, el debate se desplaza rápidamente hacia acusaciones de «comunismo», «marxismo» o «estatismo», evitando discutir el contenido de los argumentos.

Esa estrategia empobrece la deliberación democrática.

Defender que las políticas públicas deben evaluarse también desde sus efectos sobre la vida cotidiana de las personas no pertenece a una corriente política específica. Forma parte de una tradición ética mucho más amplia que sostiene que la dignidad humana debe constituir el criterio último de las decisiones colectivas.

Romero conoció bien ese tipo de descalificaciones. Fue acusado reiteradamente de responder a intereses ideológicos cuando denunció estructuras económicas y políticas que sacrificaban personas en nombre del orden o del crecimiento. Su respuesta consistió en insistir en un principio sencillo y profundamente político: ninguna sociedad puede considerarse justa cuando normaliza que algunos grupos humanos carguen sistemáticamente con el costo del bienestar de otros.

La pregunta que permanece

El debate sobre la Canasta Básica Tributaria probablemente continuará en los próximos meses. Habrá estudios técnicos, estimaciones fiscales y diferentes propuestas de reforma. Todo ello resulta necesario.

Pero ninguna discusión sobre impuestos debería hacernos perder de vista la pregunta fundamental.

No se trata únicamente de cuántos productos contiene una lista ni de cuánto recauda el Estado.

Se trata de decidir qué condiciones materiales consideramos indispensables para que todas las personas puedan desarrollar una vida digna y qué responsabilidades estamos dispuestos a asumir colectivamente para protegerlas.

En última instancia, esa es la función de los bienes comunes: recordar que existen dimensiones de la vida que no pueden reducirse a una lógica de costos y beneficios. Son el resultado de acuerdos sociales construidos para sostener la convivencia, disminuir las desigualdades y afirmar que la dignidad humana no constituye un privilegio reservado para quienes pueden pagarla, sino un patrimonio compartido que una sociedad democrática tiene el deber de resguardar.

Referencias:

Loaiza, David (2026). Pilar Cisneros propuso revisión a alimentos en la canasta básica. Diario Extra.

Romero, Óscar Arnulfo (2007). Su pensamiento. IV. Homilías. Tomo VII (junio de 1979-marzo de 1980). San Salvador: UCA Editores.

 

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El pentagonismo de Juan Bosch: una guía para entender la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos

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Cada vez que Estados Unidos presenta una nueva estrategia de seguridad para el hemisferio, el debate suele concentrarse en identificar qué cambió: nuevas amenazas, nuevos adversarios, nuevas prioridades o nuevos conceptos que orientarán su política exterior. Sin embargo, esa atención a la coyuntura suele dejar en un segundo plano una pregunta más profunda: ¿qué elementos permanecen a lo largo del tiempo en la forma en que Estados Unidos piensa y actúa sobre América Latina y el Caribe?

En las últimas semanas hemos analizado cómo la seguridad hemisférica vuelve a ocupar un lugar central en la política estadounidense. La migración, el crimen organizado transnacional, la competencia estratégica con China, la protección de cadenas de suministro críticas, los minerales estratégicos y la infraestructura considerada esencial aparecen como ejes prioritarios de una agenda que trasciende lo estrictamente militar para abarcar dimensiones económicas, tecnológicas y ambientales.

Pero quizás el mejor punto de partida para comprender este escenario no sea un documento reciente del Pentágono o del Departamento de Estado. Tal vez convenga volver a un libro escrito hace varias décadas por un intelectual y dirigente político caribeño: Juan Bosch.

No porque ese libro haya «predicho» el presente, sino porque ofrece categorías de análisis que siguen siendo sorprendentemente útiles para comprender cómo se construyen las relaciones de poder entre Estados Unidos y América Latina.

Leer a Bosch no es un ejercicio de nostalgia

Juan Bosch escribió desde una experiencia singular. Intelectual, historiador, presidente democráticamente electo en República Dominicana y posteriormente derrocado, conoció de primera mano las formas en que la política exterior estadounidense incidía sobre los procesos políticos latinoamericanos.

Su reflexión nunca fue únicamente dominicana. Intentó comprender una lógica más amplia: la forma en que América Latina era incorporada dentro de los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Esa mirada resulta especialmente valiosa hoy porque evita reducir cada decisión estadounidense a un acontecimiento aislado. En cambio, invita a observar procesos de larga duración, continuidades y transformaciones en la manera en que se justifican determinadas políticas hacia la región.

El contexto internacional ha cambiado profundamente desde que Bosch escribió su obra. La Guerra Fría terminó, aparecieron nuevos actores globales, las tecnologías digitales transformaron las formas de ejercer poder y la crisis climática adquirió una dimensión geopolítica inédita. Sin embargo, algunas preguntas siguen siendo extraordinariamente actuales.

No se trata de encontrar respuestas listas para aplicar, sino de recuperar herramientas para formular mejores preguntas.

Las amenazas cambian; la lógica merece ser examinada

Una de las enseñanzas más sugerentes de Bosch consiste en observar que las justificaciones de la intervención internacional nunca permanecen estáticas.

Durante distintos momentos históricos, América Latina fue presentada como un espacio donde era necesario contener amenazas consideradas prioritarias para Estados Unidos. En diferentes épocas esas amenazas recibieron nombres distintos: la expansión del comunismo, la insurgencia, el narcotráfico, el terrorismo internacional, el crimen organizado o la migración irregular.

Hoy la narrativa incorpora además la competencia con China, la protección de minerales críticos, la resiliencia de las cadenas de suministro, la seguridad energética y el control de tecnologías estratégicas.

Cada uno de estos problemas posee una existencia real y merece atención. Sin embargo, Bosch invita a realizar una pregunta adicional: ¿cómo determinadas situaciones llegan a convertirse en asuntos de seguridad nacional y qué consecuencias políticas produce esa clasificación?

La cuestión no consiste en negar la existencia de amenazas, sino en comprender que la forma en que estas son definidas nunca es políticamente neutral.

Una caja de herramientas para leer la política hemisférica

Más que buscar respuestas cerradas en un clásico latinoamericano, podemos convertir su lectura en una pequeña caja de herramientas para analizar el presente.

1. Preguntarse quién define la amenaza

Toda estrategia de seguridad comienza identificando un problema. Bosch recuerda que vale la pena preguntarse quién realiza esa definición, desde qué intereses y con qué objetivos.

Cuando un asunto pasa a ser considerado una amenaza estratégica, cambian las prioridades institucionales, los recursos disponibles y las formas de intervención política.

2. Diferenciar el discurso de los intereses

Los documentos oficiales suelen presentar objetivos vinculados con la estabilidad, la democracia o la seguridad. Bosch propone mirar también qué intereses económicos, comerciales, energéticos o geopolíticos acompañan esos discursos.

Las narrativas importan, pero también las relaciones materiales que ayudan a explicar determinadas decisiones.

3. Pensar el Caribe y Centroamérica como espacios estratégicos

Con frecuencia se analiza a países como Costa Rica, Panamá o República Dominicana de manera aislada.

Bosch propone una perspectiva distinta: comprender el Caribe y Centroamérica como regiones estratégicas donde convergen rutas marítimas, comercio internacional, movilidad humana, recursos naturales y disputas entre grandes potencias.

En el contexto actual esa observación adquiere nueva relevancia.

4. Analizar las políticas desde una escala regional

Muchas decisiones que parecen nacionales responden en realidad a estrategias regionales.

Los acuerdos de seguridad, la cooperación policial, la vigilancia fronteriza, los programas de asistencia o las inversiones en infraestructura suelen formar parte de arquitecturas que trascienden las fronteras de cada país.

Comprender esas conexiones permite leer de otra manera los procesos locales.

5. Observar a los actores internos

Bosch nunca explicó la política hemisférica únicamente desde Washington.

También llamó la atención sobre el papel de gobiernos, élites económicas, fuerzas políticas, instituciones y grupos empresariales latinoamericanos.

Las estrategias internacionales siempre encuentran aliados, resistencias, negociaciones y disputas dentro de cada sociedad.

Mirar únicamente hacia Estados Unidos deja incompleta la explicación.

Lo que Bosch no pudo anticipar

Volver a leer un clásico no significa convertirlo en una autoridad incuestionable.

El mundo actual incorpora desafíos que Bosch no conoció.

La inteligencia artificial, las plataformas digitales, el control de datos, la vigilancia algorítmica, las infraestructuras tecnológicas, los minerales necesarios para la transición energética y la crisis climática modifican profundamente las formas contemporáneas del poder.

Por ello, leer a Bosch hoy implica tanto recuperar sus preguntas como reconocer los límites históricos de su obra.

Precisamente allí reside su mayor utilidad: no ofrece un manual terminado, sino una forma de pensar críticamente los procesos políticos.

Recuperar el pensamiento latinoamericano y caribeño para comprender el presente

Con frecuencia buscamos interpretar la política internacional recurriendo exclusivamente a centros académicos o instituciones del Norte Global. Sin embargo, América Latina también ha producido una rica tradición de pensamiento político que sigue ofreciendo herramientas valiosas para comprender los desafíos contemporáneos.

Recuperar a Juan Bosch no responde a un ejercicio de nostalgia intelectual. Es una invitación a fortalecer nuestra propia capacidad de análisis, dialogando con autores que reflexionaron desde las experiencias históricas de la región.

Si la nueva estrategia de seguridad estadounidense nos obliga a preguntarnos por el futuro de América Latina y el Caribe, quizá también sea momento de volver a quienes, desde hace décadas, intentaron comprender las relaciones de poder que siguen moldeando nuestro continente.

Porque algunas categorías cambian con el tiempo. Otras, en cambio, siguen ayudándonos a formular las preguntas que todavía necesitamos responder.

Siete preguntas para leer cualquier estrategia de seguridad

Antes de aceptar como evidente cualquier nueva estrategia de seguridad, vale la pena preguntarse:

  1. ¿Qué problema está siendo definido como una amenaza?
  2. ¿Quién construye esa definición y quién queda fuera de ella?
  3. ¿Qué intereses económicos, geopolíticos o tecnológicos acompañan el discurso de seguridad?
  4. ¿Qué lugar ocupa América Latina dentro de esa estrategia?
  5. ¿Qué actores nacionales participan en su implementación o cuestionamiento?
  6. ¿Qué dimensiones del problema quedan invisibilizadas cuando todo se interpreta desde la seguridad?
  7. ¿Qué continuidades existen entre esta estrategia y las formuladas décadas atrás?
Para leer la estrategia de seguridad de Estados Unidos desde Juan Bosch
Categoría de análisis¿Qué propone observar Juan Bosch?¿Cómo aparece en la estrategia actual de EE. UU.?Preguntas para el análisis crítico
Construcción de la amenazaLas amenazas no son únicamente hechos objetivos; también son construcciones políticas que orientan prioridades e intervenciones.Migración irregular, crimen organizado, influencia de China, minerales críticos, infraestructura estratégica y ciberseguridad aparecen como amenazas prioritarias.¿Quién define qué constituye una amenaza? ¿Qué problemas reciben atención y cuáles permanecen invisibles?
Justificación de la intervenciónToda política hacia la región necesita un relato legitimador.Cooperación en seguridad, fortalecimiento institucional, estabilidad democrática, protección de cadenas de suministro y defensa de intereses estratégicos.¿Qué objetivos explícitos se presentan? ¿Qué otros intereses pueden coexistir detrás del discurso oficial?
Intereses geopolíticosLa política exterior responde a objetivos de largo plazo relacionados con el poder y la posición internacional.Competencia con China, protección de rutas marítimas, control tecnológico, acceso a recursos estratégicos y fortalecimiento de alianzas regionales.¿Qué papel ocupa América Latina dentro de la competencia global entre potencias?
Importancia del Caribe y CentroaméricaEl Caribe no es una periferia sino un espacio geoestratégico central.Canal de Panamá, movilidad humana, rutas comerciales, puertos, interconexión energética y corredores logísticos recuperan importancia estratégica.¿Por qué ciertos territorios adquieren mayor relevancia en determinados momentos históricos?
Actores localesLas estrategias internacionales requieren alianzas internas para concretarse.Gobiernos, fuerzas policiales, organismos multilaterales, empresas tecnológicas y sectores empresariales participan en la implementación de políticas de seguridad.¿Quiénes impulsan estas políticas dentro de cada país? ¿Quiénes las cuestionan?
Economía y seguridadLa dimensión económica forma parte de la política internacional, aunque muchas veces permanezca oculta tras el lenguaje de la seguridad.Nearshoring, resiliencia económica, minerales estratégicos, transición energética e infraestructura crítica aparecen vinculados con la seguridad nacional.¿Qué intereses económicos acompañan las decisiones en materia de seguridad?
Escala regionalLos procesos nacionales deben entenderse dentro de dinámicas continentales.Programas regionales de cooperación, interoperabilidad militar, inteligencia compartida y coordinación fronteriza.¿Qué decisiones parecen nacionales pero responden a estrategias regionales?
Continuidades históricasCambian los discursos, pero ciertas lógicas de poder permanecen.La narrativa pasa del comunismo al terrorismo, luego al narcotráfico y hoy incorpora migración, crimen transnacional y competencia geopolítica.¿Qué ha cambiado realmente y qué elementos muestran continuidad histórica?
Soberanía y autonomíaAnalizar cómo las decisiones internacionales condicionan la capacidad de decisión de los Estados latinoamericanos.Cooperación en seguridad, financiamiento, asistencia técnica y alineamientos estratégicos generan nuevas formas de dependencia e interdependencia.¿Qué margen de decisión conservan los países latinoamericanos? ¿Qué alternativas pueden construir?
Lo que Bosch no alcanzó a verTodo clásico tiene límites históricos y debe dialogar con nuevos fenómenos.Inteligencia artificial, vigilancia digital, plataformas tecnológicas, datos, cambio climático y transición energética transforman la geopolítica contemporánea.¿Qué nuevas categorías necesita desarrollar hoy el pensamiento crítico latinoamericano?

Pueden descargar la infografía aquí

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Referencia:

Bosch, Juan (2024). El pentagonismo: Sustituto del imperialismo. Ediciones Fundación Juan Bosch.

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Cuando el veneno parecía progreso: el DDT y la construcción de las salvaguardas ambientales

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Hubo un tiempo en que el DDT (pesticida químico) fue aclamado como uno de los mayores logros de la ciencia moderna. Se fumigaban cultivos, bosques, barrios, playas e incluso a las personas, convencidas de que aquel polvo blanco representaba el futuro: una herramienta infalible para eliminar plagas, aumentar la producción agrícola y combatir enfermedades como la malaria.

Durante las décadas de 1940 y 1950, Estados Unidos promovió su uso masivo. El DDT era un pilar en programas de salud pública, campañas agrícolas y políticas gubernamentales que lo presentaban como una solución segura y eficaz. Cuestionarlo parecía irracional. Después de todo, ¿quién podría oponerse al progreso?

Sin embargo, la historia demostraría que el verdadero problema no era únicamente el pesticida, sino la certeza con la que una sociedad creyó conocer todos sus efectos antes de comprender realmente sus consecuencias a largo plazo.

Los daños que tardaron años en hacerse visibles

A diferencia de otros contaminantes, el DDT no desaparecía tras su aplicación. Permanecía durante años en el suelo y el agua, ingresaba en las cadenas tróficas y se acumulaba en los tejidos de animales y personas. Las aves rapaces comenzaron a desaparecer de diversas regiones debido al debilitamiento de sus cáscaras de huevo, mientras la contaminación se extendía mucho más allá de las zonas tratadas.

Lo más inquietante era que estos impactos solo podían observarse con el paso del tiempo. Los beneficios económicos eran inmediatos; los costos ecológicos, en cambio, emergían lentamente y eran asumidos por toda la sociedad. Esta historia nos recuerda que algunos daños ambientales no ocurren de manera espectacular, sino que se acumulan silenciosamente hasta que resulta imposible ignorarlos.

Una científica contra un modelo de desarrollo

En 1962, la bióloga estadounidense Rachel Carson publicó Primavera silenciosa (Silent Spring), una obra que transformó para siempre la discusión ambiental. Su principal aporte no fue rechazar la ciencia o el desarrollo tecnológico, sino demostrar que el verdadero conocimiento científico también debe interrogarse por las consecuencias de aquello que se considera un avance.

Carson reunió investigaciones dispersas, documentó los impactos sobre la fauna y cuestionó la aplicación indiscriminada de sustancias químicas cuyos efectos a largo plazo eran inciertos.

La reacción no se hizo esperar. Las empresas fabricantes de pesticidas emprendieron campañas para desacreditarla, cuestionando su credibilidad y tachando sus investigaciones de exageradas. Argumentaron que restringir el DDT pondría en riesgo la agricultura y la salud pública. El debate dejó de ser exclusivamente científico para convertirse en una disputa política, económica y cultural.

Lo más difícil no fue descubrir el problema, sino cambiar el rumbo

Existe la idea equivocada de que, cuando la ciencia demuestra un daño, las instituciones simplemente corrigen el error. La historia del DDT demuestra lo contrario.

A pesar de las crecientes evidencias, la prohibición del pesticida enfrentó enormes resistencias. Durante décadas, se habían construido políticas públicas, inversiones, industrias y modelos agrícolas que dependían de su uso. Reconocer el problema implicaba revisar decisiones gubernamentales, modificar regulaciones y afectar intereses económicos profundamente consolidados.

La publicación de Primavera silenciosa fue en 1962, pero Estados Unidos no prohibió la mayoría de los usos agrícolas del DDT hasta 1972, tras largos procesos de investigación, audiencias públicas, controversias judiciales y fuertes presiones de la industria química. La burocracia, en este caso, no fue un mero conjunto de trámites administrativos, sino el reflejo de una disputa por definir qué intereses debían prevalecer cuando la evidencia científica cuestionaba un modelo de desarrollo que había generado enormes beneficios económicos.

Las salvaguardas ambientales nacieron de estas lecciones

A menudo, se presentan las evaluaciones de impacto ambiental, el principio precautorio, el monitoreo independiente o la participación ciudadana como obstáculos para el desarrollo. Sin embargo, la historia del DDT invita a mirar estas herramientas desde otra perspectiva.

Estas salvaguardas no surgieron para impedir la innovación, sino porque demasiadas veces la innovación avanzó más rápido que nuestra capacidad para comprender sus consecuencias. Son mecanismos que buscan responder una pregunta sencilla antes de que el daño ocurra: ¿Qué podría pasar si estamos equivocados?

Responder esa pregunta requiere tiempo, información, instituciones sólidas y espacios para el diálogo entre distintos conocimientos. Puede parecer un proceso lento, pero suele ser mucho menos costoso que intentar reparar ecosistemas destruidos o enfrentar crisis sanitarias evitables.

Una lección que sigue vigente

Hoy los debates ya no giran únicamente en torno al DDT. Se discuten nuevos pesticidas, megaproyectos, minería, infraestructura, organismos genéticamente modificados y muchas otras tecnologías que prometen resolver problemas urgentes. En distintos países resurgen discursos que presentan las regulaciones ambientales como «excesos burocráticos» que frenan la inversión y el crecimiento.

Sin embargo, esta historia nos recuerda que muchas de esas regulaciones existen precisamente porque, en el pasado, la ausencia de controles permitió que los costos ambientales se trasladaran a la naturaleza y a las generaciones futuras.

Las salvaguardas ambientales no son el resultado del miedo al progreso, sino de la memoria: la memoria de ecosistemas degradados, especies desaparecidas, comunidades afectadas y decisiones que pudieron tomarse con mayor precaución. Quizá la enseñanza más importante del DDT no sea que una sustancia resultó peligrosa, sino que ninguna sociedad debería confundir la rapidez para innovar con la sabiduría para decidir. Porque cuando los daños ambientales finalmente se hacen visibles, casi siempre es demasiado tarde para preguntarse si habría sido mejor actuar con más cuidado desde el principio.

¿Y qué nos dice esta historia sobre Costa Rica?

Costa Rica suele presentarse ante el mundo como un referente en conservación ambiental. La recuperación de sus bosques, la creación de parques nacionales y el reconocimiento internacional por sus políticas ambientales forman parte de ese relato. Sin embargo, ese prestigio no significa que las tensiones entre desarrollo económico y protección de los bienes comunes hayan desaparecido.

En los últimos años, el país ha vivido un creciente debate sobre el alcance de sus salvaguardas ambientales. Con frecuencia, las evaluaciones de impacto, los procesos de consulta, los estudios técnicos o las regulaciones para proteger ríos, humedales, acuíferos y bosques son presentados como obstáculos que retrasan inversiones, encarecen proyectos o limitan la competitividad. Detrás de ese discurso suele instalarse una pregunta aparentemente sencilla: ¿por qué tantos controles?

La historia del DDT ofrece una respuesta vigente: muchas de estas instituciones y procedimientos nacieron precisamente porque, en el pasado, las decisiones se tomaban sin suficiente información sobre sus consecuencias ambientales y sociales. No aparecieron por casualidad ni por un exceso de burocracia, sino como respuesta a daños que pudieron haberse evitado.

Esta reflexión adquiere especial relevancia en un país donde los conflictos por el agua, la expansión urbana sobre humedales, la presión sobre territorios rurales, la extracción de materiales, el uso intensivo de agroquímicos y los efectos del cambio climático evidencian que la protección ambiental sigue siendo un desafío cotidiano. Cada decisión que flexibiliza controles puede generar beneficios inmediatos para ciertos sectores, pero también trasladar costos ecológicos y sociales que solo se harán visibles años después.

Defender las salvaguardas ambientales no significa negar la necesidad del desarrollo económico, sino reconocer que el verdadero desarrollo no puede construirse sobre la degradación silenciosa de los ecosistemas de los que depende la vida. Las evaluaciones ambientales, el principio precautorio, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional son herramientas para mejorar las decisiones colectivas, no para impedirlas.

Quizá la mayor enseñanza del DDT para Costa Rica es que los errores ambientales rara vez ocurren por falta de conocimiento. Ocurren, con frecuencia, cuando la evidencia científica, las advertencias comunitarias o las capacidades institucionales son relegadas ante la urgencia de producir más, construir más rápido o reducir los controles. Cuando eso sucede, las consecuencias no desaparecen: simplemente se trasladan al futuro.

En tiempos en que la simplificación de trámites y la desregulación vuelven a ocupar un lugar central en el debate público, conviene recordar que la verdadera pregunta no es cuánto cuesta prevenir un daño ambiental, sino cuánto termina costando cuando decidimos no hacerlo.

¿Y si ahora la inteligencia artificial puede hacerlo mejor?

En un momento en que la inteligencia artificial (IA) promete transformarlo todo, comienzan a surgir voces que sugieren que las salvaguardas ambientales podrían simplificarse. Si un algoritmo puede procesar millones de datos en segundos, modelar escenarios futuros y estimar riesgos con precisión, ¿siguen siendo necesarias evaluaciones extensas, consultas públicas o procesos institucionales que toman meses o años?

La pregunta resulta atractiva, pero parte de un supuesto equivocado: que las salvaguardas existen únicamente porque antes no teníamos suficiente capacidad para analizar información. La historia del DDT demuestra que, en muchos momentos, existieron datos y advertencias que señalaban los riesgos. Lo que faltó no fue capacidad de cálculo, sino voluntad para reconocer la incertidumbre, cuestionar intereses consolidados y actuar antes de que el daño fuera irreversible.

La IA puede contribuir a analizar imágenes satelitales, detectar cambios en los ecosistemas, procesar grandes volúmenes de información y construir modelos predictivos con una velocidad impensable hace años. Puede convertirse en una aliada importante para fortalecer la gestión ambiental. Pero ninguna inteligencia artificial puede responder preguntas profundamente políticas y éticas:

  • -¿Es aceptable poner en riesgo un humedal por un beneficio económico de corto plazo?

  • -¿Quién decide qué nivel de contaminación es tolerable?

  • -¿Cómo se valoran los conocimientos de las comunidades que habitan un territorio?

  • -¿Quién asume los costos si una predicción resulta equivocada?

  • -¿Qué especies, paisajes o formas de vida estamos dispuestos a sacrificar?

Estas no son preguntas que se resuelvan con un algoritmo. Son decisiones colectivas que requieren deliberación democrática, instituciones públicas sólidas y mecanismos de participación. Confiar en que la IA puede sustituir las salvaguardas ambientales sería repetir un error conocido: creer que una nueva tecnología elimina la necesidad de actuar con precaución frente a sus propios límites.

Paradójicamente, la expansión de la IA hace aún más necesario fortalecer el principio precautorio. No porque debamos desconfiar de la tecnología, sino porque también ella genera incertidumbres, concentra poder y puede reproducir sesgos si no existen instituciones capaces de supervisar su uso. La lección del DDT sigue vigente: ninguna innovación, por sofisticada que sea, reemplaza la responsabilidad de preguntarnos cuáles podrían ser sus consecuencias antes de convertirla en la base de nuestras decisiones.

Rachel Louise Carson (1907-1964) fue una bióloga marina y zoóloga estadounidense cuya obra transformó la relación de la sociedad con el medio ambiente. Formada con una maestría en Zoología por la Universidad Johns Hopkins, Carson. Su libro más influyente, Primavera silenciosa (1962), documentó los devastadores efectos de los pesticidas sintéticos, en especial el DDT, sobre los ecosistemas, la fauna y la salud humana. Carson no solo denunció la contaminación química, sino que cuestionó la arrogancia de una ciencia y una industria que actuaban sin considerar las consecuencias a largo plazo. A pesar de los feroces ataques de la industria química, su obra impulsó el movimiento ecologista moderno, contribuyó directamente a la prohibición del DDT en Estados Unidos (1972) y sentó las bases para la creación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Su legado perdura como un recordatorio de que el progreso sin precaución y sin rendición de cuentas tiene un costo que la naturaleza termina cobrando.

Referencia:

Carson, Rachel (2023). Primavera silenciosa. Crítica

Gamboa, Nadia. (2014). DDT, una revisión histórica. Revista de Química, *28*(1-2), 19-24.

Mugabo, Jean Pierre Bhople, Balkirshina Sopan Kumar, Arun Khan, Javed Ahmad Havugimana, Erneste Byringiro, Emmanuel Singh, Yumnam Neeraj (2020). Environmental Impact Assessment (EIA): General process and procedures. En Environmental Impact Assessment: A Journey to Sustainable Development (pp. 21-58). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45871-5_2

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¿Puede existir una educación neutral? Un proceso de reflexión para debatir la escuela, la democracia y el poder

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Cuando la neutralidad entra al centro del debate

¿Quién decide qué puede discutirse en una escuela? ¿Es posible enseñar sin transmitir una determinada visión del mundo? ¿Qué significa realmente «adoctrinar»?

En distintos países, la educación pública se ha convertido en uno de los principales escenarios de disputa política y cultural. Conceptos como neutralidad, objetividad y adoctrinamiento, que durante décadas ocuparon un lugar secundario en el debate educativo, hoy aparecen en el centro de reformas, discursos gubernamentales y controversias públicas. Bajo la promesa de proteger a las personas estudiantes de influencias ideológicas, avanzan iniciativas que buscan regular qué puede enseñarse, cómo debe hacerse y cuáles son los límites del debate dentro de las aulas.

Costa Rica tampoco permanece al margen de estas discusiones. La reciente emisión de la Circular DM-CIR-0047-2026 del Ministerio de Educación Pública reabrió un conjunto de preguntas fundamentales para cualquier sociedad democrática: ¿es posible una educación completamente neutral?, ¿quién define qué constituye adoctrinamiento?, ¿cómo se protege la libertad de cátedra sin reducir la enseñanza a una transmisión acrítica de contenidos?, ¿qué efectos tienen estas regulaciones sobre el trabajo cotidiano de las personas docentes?

Más allá de la coyuntura: ¿qué está en juego?

Estas preguntas no se limitan a una discusión jurídica o administrativa. En el fondo, remiten al sentido mismo de la educación pública y al tipo de ciudadanía que una sociedad busca formar.

Desde la educación popular y la pedagogía crítica, distintos autores han señalado que ninguna práctica educativa es completamente neutral. Toda educación transmite formas de comprender el mundo, define qué conocimientos son considerados legítimos y establece qué preguntas pueden formularse. En ese sentido, el problema no consiste únicamente en identificar cuándo existe adoctrinamiento entendido como la imposición explícita de determinadas ideas; también puede manifestarse cuando ciertos temas dejan de discutirse, cuando determinadas perspectivas son excluidas del debate o cuando el temor a ser sancionado produce autocensura entre quienes enseñan.

La neutralidad, entonces, deja de ser solamente un principio orientador para convertirse también en un objeto de análisis político y pedagógico.

Algunas ideas para abrir la discusión
  • -La educación nunca ocurre en el vacío: toda práctica educativa transmite valores, prioridades y formas de comprender la realidad.
  • -La neutralidad también puede ser una forma de poder: decidir qué temas se discuten y cuáles se silencian también configura el aprendizaje.
  • -El adoctrinamiento no siempre consiste en imponer ideas: también puede expresarse mediante la censura, la autocensura o la restricción del debate.
  • -La libertad de cátedra es una condición para la democracia: sin posibilidad de preguntar, debatir y problematizar, la educación pierde una de sus funciones esenciales.
  • -Pensar críticamente la educación es defender el espacio público: discutir sobre la escuela implica discutir el tipo de sociedad que queremos construir.
Un espacio para pensar colectivamente

Con el propósito de abrir este debate, el Observatorio de Bienes Comunes invitamos a participar en el proceso de reflexión «La «neutralidad» también adoctrina. Genealogía de una pedagogía del silencio», un proceso de cuatro encuentros orientado a analizar críticamente las disputas contemporáneas sobre la educación pública, la libertad de cátedra y la democracia.

El curso propone comprender cómo se ha construido históricamente el discurso de la neutralidad educativa, analizar experiencias internacionales donde las campañas contra el supuesto «adoctrinamiento» han impulsado reformas de carácter conservador e identificar los mecanismos mediante los cuales se configuran nuevas formas de vigilancia, control y autocensura en los espacios educativos.

Más que ofrecer respuestas cerradas, el proceso busca recuperar la pregunta como práctica política y pedagógica, reivindicando el aula como un espacio de deliberación democrática, construcción colectiva del conocimiento y formación de una ciudadanía crítica capaz de dialogar, cuestionar y participar activamente en los asuntos públicos.

Ejes a trabajar:

-10 de agosto: ¿Quién define la educación? De la formación ciudadana a la neutralidad educativa.

-17 de agosto La cruzada contra el «adoctrinamiento»: Conservadurismo y guerras culturales en la educación.

-24 de agosto La fabricación de la neutralidad: Dispositivos de control, vigilancia y autocensura.

-31 de agosto Desobedecer preguntando: Pedagogías para una democracia crítica.

Cada encuentro combinará espacios dialógicos, reflexión crítica, análisis de materiales, estudio de casos y metodologías participativas inspiradas en la educación popular, promoviendo el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de conocimientos.

Información general

Lugar: Oficina de Kioscos Socioambientales, San Pedro.
Hora: 6:00 p. m.
Modalidad: Cuatro encuentros presenciales.

Para inscripciones: https://forms.gle/PttNRvQaYJiePAg38

Porque defender la educación también implica defender el derecho a preguntar

En momentos en que el significado mismo de la educación pública se encuentra en disputa, abrir espacios para pensar colectivamente estos procesos constituye también una forma de fortalecer la democracia.

Este curso-taller invita a reconocer que enseñar nunca ha sido un acto neutral ni ajeno a la sociedad. Por el contrario, la educación es un territorio donde se disputan proyectos de país, formas de convivencia y horizontes de futuro. Recuperar la capacidad de preguntar, debatir y construir conocimiento de manera colectiva es, hoy más que nunca, una condición para sostener una escuela democrática y una ciudadanía crítica.

Pueden descargar la convocatoria aquí.

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¿Quién piensa América Latina y el Caribe? La Carta de Jamaica frente a las nuevas agendas de seguridad

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Durante más de dos siglos, la Carta de Jamaica ha sido leída como un manifiesto de la independencia latinoamericana o como un texto precursor del ideal de unidad continental. Sin embargo, su vigencia no radica únicamente en las respuestas que ofrece, sino en la forma en que nos invita a pensar la realidad política de América Latina y el Caribe.

Bolívar escribe esta carta en septiembre de 1815, no desde el triunfo, sino desde la derrota. La Segunda República de Venezuela ha sido derrotada, los ejércitos patriotas se encuentran dispersos y él permanece exiliado en Kingston, Jamaica. Todavía no es el Libertador que la historia convertirá en símbolo continental. Es un dirigente político que intenta comprender por qué fracasó la revolución y cuáles son las condiciones necesarias para que los pueblos americanos puedan construir un horizonte propio.

En tiempos de incertidumbre, Bolívar no responde con consignas. Responde con preguntas. Intenta comprender América desde su propia realidad y no desde las categorías políticas elaboradas por las potencias de su época.

Quizá allí radique la mayor actualidad de la Carta de Jamaica.

Cuando las potencias vuelven a definir las amenazas del continente

La relectura de la Carta de Jamaica adquiere un nuevo significado a partir de acontecimientos recientes. En julio de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convocó a representantes de más de sesenta países a una reunión ministerial con el propósito de construir una estrategia internacional frente al denominado «terrorismo de extrema izquierda». Durante el encuentro, Rubio sostuvo que movimientos comunistas, marxistas, anarquistas, antifascistas y antiimperialistas forman parte de una amenaza transnacional que exige fortalecer la cooperación internacional en materia de inteligencia, intercambio de información, persecución financiera y coordinación policial.

El principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, reforzó ese discurso al afirmar que la «extrema izquierda» representa un «cáncer mortal para la civilización» y que las democracias deben defenderse con la misma determinación con la que una familia protege su hogar frente a un invasor. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció además el fortalecimiento de mecanismos para supervisar organizaciones sin fines de lucro que, según el gobierno estadounidense, podrían ser utilizadas para financiar estas redes.

Más allá del contenido específico de estas afirmaciones, el encuentro expresa un cambio de mayor alcance. No se trata únicamente de una política interna de Estados Unidos, sino de un intento por construir una arquitectura internacional de seguridad que invite a otros gobiernos a compartir una misma definición de terrorismo, extremismo y amenaza política.

Diversos exfuncionarios del propio Departamento de Estado cuestionaron esta orientación. Señalaron que la estrategia responde más a prioridades políticas de la administración Trump que a la evaluación realizada por los organismos especializados en contraterrorismo, los cuales han advertido que otras formas de violencia extremista continúan representando riesgos significativamente mayores.

Sin embargo, más allá del debate sobre el diagnóstico de seguridad, emerge una pregunta de enorme relevancia para América Latina y el Caribe: ¿Quién tiene el poder de definir cuáles son las amenazas del mundo?

Las categorías nunca son neutrales. Nombrar un actor como «terrorista» o «extremista» no solo describe una realidad; también produce consecuencias políticas. Permite reorganizar presupuestos públicos, ampliar mecanismos de vigilancia, fortalecer la cooperación policial internacional, justificar reformas legales y redefinir las prioridades de los Estados.

La pregunta, entonces, trasciende la coyuntura estadounidense. Lo que está en discusión es quién produce los marcos desde los cuales se interpreta la realidad política internacional. Y es precisamente allí donde la Carta de Jamaica vuelve a cobrar sentido.

La Carta de Jamaica: un antecedente del pensamiento antiimperialista latinoamericano

Aunque fue escrita varias décadas antes de que el concepto de imperialismo adquiriera el significado político y económico con el que hoy lo conocemos, la Carta de Jamaica constituye uno de los antecedentes más importantes del pensamiento antiimperialista latinoamericano.

Su aporte no consiste únicamente en denunciar la dominación colonial española. Su mayor originalidad radica en desplazar el lugar desde donde se piensa el continente.

Hasta entonces, América aparecía fundamentalmente como objeto de las decisiones imperiales. Bolívar rompe con esa lógica. Propone comprender el continente desde las necesidades, las contradicciones y las aspiraciones de sus propios pueblos. Ese desplazamiento constituye un verdadero cambio epistemológico y político.

La pregunta deja de ser qué necesita Europa para conservar el orden colonial y pasa a ser qué necesitan los pueblos americanos para construir sociedades libres, instituciones propias y formas de organización capaces de sostener su autonomía.

Este gesto intelectual será retomado posteriormente por buena parte del pensamiento crítico latinoamericano. José Martí denunciará el expansionismo estadounidense; José Carlos Mariátegui reivindicará la necesidad de un socialismo indoamericano; Juan Bosch analizará las nuevas formas de dominación imperial en el Caribe; Pablo González Casanova estudiará el colonialismo interno; Eduardo Galeano mostrará las estructuras históricas del saqueo continental.

Todos ellos, desde contextos distintos, compartirán una intuición ya presente en Bolívar: la emancipación política también requiere emancipación intelectual. Pensar desde América y el Caribe significa construir nuestras propias categorías para comprender el mundo y no limitarse a reproducir aquellas elaboradas por los centros de poder.

Pensar desde América

La Carta de Jamaica no propone el aislamiento de América Latina ni rechaza el diálogo con el mundo. Lo que cuestiona es otra cosa: la incapacidad de los pueblos para interpretar su propia realidad con categorías propias.

Dos siglos después, América Latina y el Caribe enfrentan desafíos profundamente distintos a los de 1815, pero igualmente complejos: desigualdad, concentración de la riqueza, endeudamiento, privatización de bienes públicos, crisis climática, conflictos socioambientales, expansión del extractivismo, militarización de territorios, migraciones forzadas, transformación tecnológica y nuevas disputas geopolíticas.

Sin embargo, buena parte de las agendas públicas continúan organizándose alrededor de prioridades definidas fuera de la región.

La seguridad, la democracia, el desarrollo, la transición energética, la inteligencia artificial, la lucha contra el narcotráfico o la definición misma del terrorismo suelen llegar a nuestros países como categorías previamente elaboradas por los principales centros de poder global.

La pregunta que Bolívar nos deja continúa siendo profundamente incómoda: ¿Estamos interpretando nuestra realidad desde nuestras propias experiencias históricas o seguimos leyendo América Latina con conceptos construidos para responder a otros intereses y otras geografías?

La unidad como construcción política

En uno de los pasajes más conocidos de la Carta, Bolívar afirma que la unión de los pueblos americanos no llegará por milagros ni por providencia, sino por «efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos».

La unidad, entonces, no constituye un destino inevitable ni una consecuencia automática de compartir una historia común. Es una tarea política. Implica construir instituciones regionales, fortalecer la cooperación entre pueblos, defender los bienes comunes, intercambiar conocimientos, desarrollar capacidades científicas propias y ampliar los márgenes de soberanía frente a un escenario internacional cada vez más disputado.

En un contexto donde las grandes potencias buscan reorganizar las agendas de seguridad, la integración latinoamericana deja de ser solamente un ideal histórico para convertirse en una condición de autonomía política.

Un método para leer el presente

La mayor vigencia de la Carta de Jamaica probablemente no resida en sus predicciones, muchas de las cuales respondieron a las limitaciones de su tiempo. Su verdadera actualidad consiste en el método político que inaugura.

Bolívar escribe desde el exilio, desde la derrota y desde la incertidumbre. En lugar de aceptar las explicaciones producidas por los centros de poder, decide construir un diagnóstico propio sobre la realidad americana.

Quizá esa sea la principal enseñanza que la Carta ofrece al siglo XXI. En momentos en que las grandes potencias vuelven a disputar el significado de la democracia, la seguridad, el terrorismo, el desarrollo o la integración regional, la Carta de Jamaica nos recuerda que la primera condición de cualquier proyecto emancipador consiste en recuperar la capacidad de pensar América Latina y el Caribe desde América Latina y el Caribe.

No como un ejercicio de aislamiento ni como una reivindicación romántica del pasado, sino como una práctica permanente de autonomía intelectual y política. Porque la soberanía no se limita al control del territorio o de las instituciones. También implica la capacidad de producir nuestras propias preguntas, nombrar nuestros propios problemas y construir colectivamente los horizontes de futuro para los pueblos de América Latina y el Caribe.

La Carta de Jamaica como caja de herramientas para pensar América Latina y el Caribe
Herramienta de lectura¿Qué plantea Bolívar?¿Qué pregunta nos deja para el siglo XXI?Ejemplos de la coyuntura latinoamericana y caribeña
Pensar desde nuestra realidadAmérica no puede copiar modelos europeos; debe comprender sus propias condiciones históricas.¿Estamos interpretando nuestros problemas desde nuestras realidades o desde categorías construidas por otras potencias?Seguridad, democracia, desarrollo, transición energética, inteligencia artificial, migración y crimen organizado suelen debatirse desde agendas externas.
La independencia como proceso permanenteLa emancipación no termina con expulsar al imperio; comienza el desafío de construir instituciones propias.¿Qué nuevas formas de dependencia existen hoy?Endeudamiento, tratados comerciales, dependencia tecnológica, plataformas digitales, corporaciones extractivas, control financiero internacional.
Leer el poderLa dominación no es solamente militar; también es política, económica y cultural.¿Quién define hoy las reglas del juego internacional?Disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, organismos financieros, empresas tecnológicas, industrias militares y energéticas.
Nombrar las amenazasLos imperios justifican sus acciones construyendo enemigos.¿Quién define actualmente qué es terrorismo, extremismo, seguridad o estabilidad?Criminalización de movimientos sociales, nuevas doctrinas de seguridad hemisférica, expansión de políticas antiterroristas, vigilancia digital.
Pensar críticamente las categoríasBolívar no acepta las interpretaciones de la monarquía española; construye su propio diagnóstico.¿Qué conceptos utilizamos para comprender América Latina?Desarrollo, gobernabilidad, inversión, modernización, resiliencia, seguridad nacional, democracia, populismo.
Unidad latinoamericanaLa unión no es un ideal romántico, sino una necesidad política.¿Qué formas de integración necesita hoy América Latina y el Caribe?Cooperación sanitaria, integración energética, defensa de bienes comunes, ciencia abierta, soberanía alimentaria, movilidad humana.
La organización como condición de la libertadLa unidad no llegará «por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos».¿Qué organizaciones sociales, comunitarias y regionales hacen posible la democracia?Redes territoriales, movimientos campesinos, organizaciones indígenas, feministas, sindicatos, universidades públicas y articulaciones regionales.
La diversidad de AméricaBolívar reconoce que el continente no constituye una realidad homogénea; existen historias, territorios e intereses distintos.¿Cómo construir unidad respetando la diversidad?Plurinacionalidad, pueblos afrodescendientes, pueblos indígenas, Caribe insular, Amazonía, Centroamérica, migraciones.
Pensar desde las derrotasLa Carta nace del exilio y del fracaso político, no de la victoria.¿Cómo producir pensamiento crítico en tiempos de crisis?Retrocesos democráticos, ofensivas autoritarias, debilitamiento de la integración regional, conflictos socioambientales, privatización de bienes públicos.
Imaginar futurosBolívar no solo analiza el presente; propone horizontes posibles para América.¿Qué proyecto de futuro queremos construir para la región?Justicia climática, transición ecológica justa, bienes comunes, economías solidarias, soberanía tecnológica y democratización del conocimiento.

Pueden descargar la Carta de Jamaica aquí

Referencias:

Bolivar, Simón (1815). Carta de Jamaica.

Hansler, Jennifer (2026). Miller y Rubio presentan a la extrema izquierda como amenaza clave para EE.UU. CNN en Español.

La Jornada. (2026). Convoca Marco Rubio a 60 países a cumbre contra la «extrema izquierda». La Jornada

 

Esta nota web forma parte de la colección Los Herejes de lo Común, una serie de cuadernos de antigeopolítica y antiimperialismos publicados por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica.

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¿Quién controla el campo cuando los datos se convierten en el nuevo cultivo?

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La digitalización se ha instalado como una de las grandes promesas del agronegocio contemporáneo. Drones, sensores, inteligencia artificial, plataformas digitales, maquinaria automatizada y sistemas de monitoreo en tiempo real son presentados como herramientas indispensables para producir más, utilizar menos recursos y enfrentar la crisis climática. Bajo nombres como Agricultura 4.0, agricultura inteligente o agricultura de precisión, se afirma que el futuro del campo dependerá cada vez más de los datos y de la automatización.

Sin embargo, detrás de este discurso aparecen preguntas que pocas veces se discuten:

  • ¿Quién controla los datos que generan las personas agricultoras?

  • ¿Quién decide cuando las recomendaciones provienen de algoritmos y plataformas digitales?

  • ¿Qué ocurre con los conocimientos campesinos construidos durante generaciones?

  • ¿La digitalización fortalece la soberanía alimentaria o profundiza nuevas dependencias?

Estas preguntas son el punto de partida para comprender que la digitalización del agronegocio no es únicamente una innovación tecnológica: también constituye una profunda transformación política y económica del sistema agroalimentario.

Más que tecnología: una nueva etapa del agronegocio

La digitalización atraviesa prácticamente toda la cadena agroalimentaria. Desde la preparación del suelo y la siembra hasta el transporte, la logística, el procesamiento industrial, la comercialización y la trazabilidad de los alimentos, cada etapa incorpora crecientemente herramientas digitales capaces de registrar, procesar y comercializar enormes cantidades de información.

Este proceso también modifica quiénes concentran el poder dentro del sistema alimentario.

Hoy las grandes corporaciones tecnológicas establecen alianzas con empresas de semillas, agroquímicos, fertilizantes, maquinaria agrícola y plataformas financieras, configurando un nuevo modelo de acumulación donde los datos se convierten en un activo estratégico.

Los datos también son un territorio en disputa

Una de las principales tensiones que plantea la agricultura digital es que la información producida diariamente por miles de personas agricultoras alimenta plataformas privadas capaces de generar nuevos mercados, servicios y formas de control.

Mientras más productores utilizan estas tecnologías:

  • -mayor es la cantidad de datos acumulados por las plataformas

  • -más precisos se vuelven sus algoritmos

  • -mayor es la dependencia de quienes utilizan esos sistemas

  • -y mayor es la capacidad corporativa para orientar las decisiones productivas

En otras palabras, los datos pasan a ser un nuevo bien estratégico cuya apropiación redefine las relaciones de poder en el campo.

¿Qué pasa con los saberes campesinos?

Uno de los aspectos más provocadores del debate es el lugar que ocupa el conocimiento campesino.

Las herramientas digitales suelen asumir que las mejores decisiones provienen del análisis automatizado de datos. Sin embargo, distintas investigaciones muestran que las personas agricultoras continúan apoyándose en conocimientos construidos mediante la experiencia, la observación cotidiana, la memoria del territorio y la transmisión intergeneracional de saberes.

La vista, el tacto, el olfato, la intuición y la experiencia siguen siendo fundamentales para comprender los cultivos, los suelos y los cambios ambientales, dimensiones que difícilmente pueden reducirse a indicadores digitales.

El debate, entonces, no enfrenta tecnología contra tradición, sino dos maneras distintas de producir conocimiento y de tomar decisiones sobre la agricultura.

Una infraestructura que también deja huella

Aunque frecuentemente se presenta como una economía «desmaterializada», la digitalización depende de enormes infraestructuras físicas.

Su funcionamiento requiere:

  • -centros de datos que consumen grandes cantidades de electricidad y agua

  • -minerales críticos para fabricar chips, baterías y dispositivos electrónicos

  • -cables submarinos y redes de telecomunicaciones que sostienen el tráfico global de datos

  • -una creciente demanda energética asociada al desarrollo de la inteligencia artificial

Por ello, distintos estudios cuestionan la idea de que la digitalización represente, por sí misma, una transición ecológica o una solución automática frente a la crisis climática.

Una discusión necesaria para América Latina y el Caribe

Aunque buena parte de estas transformaciones se impulsan desde grandes corporaciones tecnológicas y organismos internacionales, sus efectos ya son visibles en América Latina y comienzan a reorganizar las cadenas agroexportadoras, las formas de producción y las políticas públicas vinculadas al sector agroalimentario.

Comprender estos procesos resulta fundamental para quienes trabajan por la defensa de los bienes comunes, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos rurales.

Una invitación a profundizar el debate

Para aportar a esta discusión, compartimos la publicación Digitalización en el agronegocio ecuatoriano, elaborada por Elizabeth Bravo para Acción Ecológica.

A lo largo de sus páginas, la autora analiza críticamente:

  • -las promesas y límites de la agricultura digital

  • -el papel de las grandes corporaciones tecnológicas

  • -la concentración del poder en torno a los datos

  • -los impactos ambientales de la infraestructura digital

  • -las implicaciones para la agricultura campesina, la soberanía alimentaria y los bienes comunes

Se trata de una lectura imprescindible para comprender que la digitalización del agronegocio no solo transforma la manera de producir alimentos, sino también las relaciones de poder, las formas de conocimiento y las disputas por el control de los territorios.

Le invitamos a descargar la publicación para seguir reflexionando sobre el presente y el futuro de nuestros sistemas agroalimentarios.

Pueden descargar el documento aquí.

Sobre la publicación
Digitalización en el agronegocio ecuatoriano fue elaborada por Elizabeth Bravo, investigadora y activista ecuatoriana con una amplia trayectoria en el estudio del agronegocio, la biodiversidad y la soberanía alimentaria. El documento fue publicado por Acción Ecológica, organización referente en América Latina por su trabajo en defensa de la justicia ambiental, los bienes comunes y los derechos de los pueblos frente a los impactos del extractivismo. A través de esta investigación, la autora ofrece un análisis crítico sobre las transformaciones que introduce la agricultura digital, las disputas por el control de los datos y sus implicaciones para la autonomía de las comunidades rurales y los sistemas alimentarios.

Pueden descargar la infografía aquí.

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Colectivo Antonio Saldaña denuncia uso irrespetuoso de la figura de Pablu Presbere y una nueva forma de violencia contra la memoria indígena

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El presente pronunciamiento fue emitido por el Colectivo Antonio Saldaña, integrado por personas del pueblo indígena bribri, como respuesta a una publicación difundida por la página Exilio Costa Rica, la cual —según señala el colectivo— utiliza la figura histórica de Pablu Presbere de una manera que tergiversa su significado dentro de la memoria, espiritualidad y cosmovisión bribri.

A través de esta denuncia, el colectivo no solo cuestiona el uso simbólico de uno de los principales referentes de la resistencia indígena en Costa Rica, sino que plantea una reflexión más amplia sobre las formas en que los pueblos originarios continúan enfrentando prácticas de apropiación, simplificación y reinterpretación externa de sus saberes, historias y valores culturales.

Meleruk, 12 de julio del 2026

Colectivo Antonio Saldaña

Ante la publicación realizada por la página Exilio Costa Rica, manifestamos lo siguiente:

Como miembros de una comunidad indígena bribri y del Colectivo Antonio Saldaña, condenamos y repudiamos con la más alta indignación el uso de la “figura” del caudillo de la resistencia e identidad indígena, Pablu Presbere, al considerarlo una forma de denigrar su gesta histórica en defensa del Pueblo Indígena.

El mensaje publicado adultera nuestra filosofía, cosmovisión y espiritualidad como pueblo originario. Constituye una profanación de nuestros valores y una falta de respeto hacia nuestra identidad colectiva.

Es un agravio a nuestra dignidad indígena que se nos presente como seres irracionales, sin voluntad o sin capacidad intelectual para comprender, analizar y decidir sobre nuestra propia realidad.

A la naturaleza le debemos reverencia y respeto; no la divinizamos.

A nuestros líderes y mártires les debemos memoria, admiración y profundo respeto, pero no son ídolos ni seres divinos. Fueron personas inspiradas por los mandatos del Gran Sibö, pero no son del mismo nivel.

Ellos defendieron la naturaleza, la dignidad y la identidad de nuestros pueblos, principios que hoy continúan siendo amenazados por el mundo dominante. Para nosotros resulta indiferente la ideología desde la cual se ejerza esa dominación, ya sea de Occidente, Oriente, colorado, verde, derecha o izquierda; sencillamente reconocemos prácticas capitalistas que han sido históricamente ruines y explotadoras. Sus narrativas suelen estar orientadas al aprovechamiento de los recursos, mientras los pueblos originarios continúan siendo atropellados y vulnerados.

Exigimos, de la manera más enérgica, respeto hacia nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión y nuestra identidad cultural.

Defienda su ideología mediante una argumentación política de altura, honesta y responsable, sin recurrir a formas solapadas de adoctrinamiento.

Han sido suficientes más de 500 años de imposiciones y adoctrinamientos.

Los pueblos indígenas somos racionales, tenemos pensamiento propio y sabemos discernir.

Firmamos desde el territorio Bribri de Talamanca.

Sobre la violencia epistémica y la imposición de narrativas externas

Consideramos necesario señalar que este tipo de expresiones no constituyen únicamente una falta de respeto simbólico o una interpretación equivocada de nuestra historia. Forman parte de prácticas más profundas de violencia epistémica, mediante las cuales se intenta imponer una forma externa de comprender, representar y definir quiénes somos los pueblos indígenas.

La violencia epistémica ocurre cuando se niega la validez de nuestros propios conocimientos, nuestra memoria histórica, nuestra espiritualidad y nuestras formas de interpretar el mundo. Se manifiesta cuando otras personas pretenden explicar nuestra identidad desde categorías ajenas, reduciendo nuestras luchas, nuestros símbolos y nuestros referentes históricos a ideas que no corresponden con nuestra cosmovisión.

Durante más de 500 años hemos enfrentado intentos de despojo no solo de nuestros territorios, sino también de nuestras formas de pensar, nombrar y comprender la vida. La imposición de narrativas externas ha buscado presentar nuestras culturas como inferiores, atrasadas o incapaces de producir conocimiento propio.

Por ello, reivindicamos que los pueblos indígenas no somos objetos de estudio, símbolos decorativos ni herramientas para justificar discursos políticos ajenos. Somos pueblos con memoria, pensamiento crítico, capacidad de análisis y derecho a interpretar nuestra propia historia desde nuestros propios saberes.

El respeto hacia nuestros pueblos implica reconocer que existen otras formas legítimas de comprender la relación entre humanidad, naturaleza, espiritualidad, territorio y comunidad. No aceptamos que nuestra cosmovisión sea utilizada, tergiversada o instrumentalizada para fines políticos o ideológicos que contradicen nuestros valores.

Defender a Pablu Presbere, nuestra memoria colectiva y nuestros principios culturales no significa convertirlos en figuras ajenas a nuestra espiritualidad, sino reconocer el profundo significado que tienen dentro de nuestra historia y nuestra identidad como pueblo bribri.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Diez años de denuncias ambientales en Guatuso: lo que revelan los expedientes del SITADA sobre la minería en Río Frío

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Entre 2015 y 2025, al menos dieciocho expedientes registrados en el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) documentan una historia de conflictividad persistente alrededor de la extracción de materiales en Guatuso. Más allá del resultado de cada denuncia, la lectura conjunta de estos registros permite identificar tendencias sobre la evolución del conflicto, la respuesta institucional y el papel del monitoreo comunitario en la defensa del territorio.

Durante la última década, el cantón de Guatuso ha sido escenario de una sucesión de denuncias relacionadas con la extracción de materiales en cauces, alteraciones de ríos y posibles infracciones a la legislación minera y ambiental. Aunque cada expediente responde a hechos particulares y tuvo resultados administrativos distintos, su revisión conjunta permite reconstruir un proceso de conflictividad que se ha mantenido vigente durante más de diez años.

Los expedientes abarcan distintos sectores del cantón, entre ellos Pataste, La Rivera, Maquengal, el río Frío y el río La Muerte, y documentan denuncias presentadas por personas vecinas, organizaciones, propietarios de fincas, cuerpos policiales y diferentes instituciones públicas.

Un conflicto que no comenzó recientemente

La cronología muestra que la conflictividad alrededor de la minería no metálica en Guatuso no es un fenómeno reciente.

El primer expediente localizado corresponde a 2015, cuando se denunció una presunta extracción de materiales en Pataste, San Rafael de Guatuso. En los años siguientes aparecen nuevos registros relacionados con extracción en el río La Muerte y en un brazo del río Frío, incluyendo denuncias por actividades fuera de áreas concesionadas y extracción sin autorización.

Para 2020 las denuncias comienzan a incorporar elementos adicionales, como la desviación de cauces, la eliminación de cobertura forestal y afectaciones sobre propiedades privadas, reflejando que las preocupaciones de las comunidades ya no se limitaban únicamente a la extracción de materiales. Lejos de desaparecer, el conflicto continúa durante los años siguientes y presenta un incremento visible en la cantidad de expedientes registrados entre 2023 y 2025.

Las denuncias evolucionaron junto con el conflicto

La revisión de los expedientes evidencia una transformación importante en el tipo de situaciones denunciadas. Mientras los primeros registros se concentran principalmente en la extracción de materiales de los cauces, los expedientes más recientes incorporan una visión más amplia de los impactos sobre el territorio.

Entre las denuncias presentadas en los últimos años aparecen referencias a:

  • -destrucción de islas fluviales;
  • -socavación de árboles ribereños;
  • -apertura de caminos y patios de acopio;
  • -movimientos de tierra;
  • -abastecimiento de combustible a maquinaria dentro del cauce;
  • -construcción de diques y desvíos temporales del río;
  • -cuestionamientos sobre expedientes ambientales y coordenadas de proyectos;
  • -utilización de estudios elaborados mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) como evidencia técnica.

Esta evolución muestra que las denuncias dejaron de enfocarse únicamente en una actividad extractiva para incorporar una preocupación creciente por las transformaciones acumulativas del paisaje y de los ecosistemas ribereños.

Más actores participan en la vigilancia del territorio

Otra tendencia que reflejan los expedientes es la ampliación de los actores involucrados. Las primeras denuncias fueron impulsadas principalmente por personas particulares. Con el paso de los años aparecen informes elaborados por la Fuerza Pública, inspecciones técnicas, actuaciones de la Dirección de Geología y Minas, intervenciones de la Dirección de Aguas, coordinación con el SINAC y remisiones al Ministerio Público y a la Fiscalía.

Especialmente durante 2023 se registran varios expedientes consecutivos derivados de operativos policiales en el río La Muerte, donde se documentó la presencia de maquinaria y se realizaron remisiones para investigación penal. La evolución de los expedientes sugiere que el conflicto dejó de ser únicamente una preocupación comunitaria para involucrar progresivamente a distintas instituciones del Estado.

¿Qué muestran las respuestas institucionales?

Los resultados de las investigaciones administrativas fueron diversos.

Una parte importante de los expedientes concluyó con resoluciones de archivo, «sin lugar» o por no haberse logrado comprobar los hechos denunciados. En otros casos las autoridades señalaron que no fue posible identificar responsables o que existían concesiones que respaldaban determinadas actividades. Algunos expedientes fueron remitidos al Ministerio Público para investigaciones adicionales y varios permanecen actualmente en trámite.

Dentro del conjunto revisado destaca un expediente correspondiente a 2021 que concluyó con una resolución favorable a la denuncia y fue remitido tanto al Registro Nacional Minero como al Ministerio Público.

Esta diversidad de resultados evidencia que los expedientes no permiten afirmar automáticamente la existencia de infracciones en todos los casos denunciados. Sin embargo, sí muestran que las denuncias han sido persistentes, reiteradas y suficientemente relevantes para activar durante una década distintos mecanismos de investigación administrativa y judicial.

El monitoreo comunitario: una memoria del territorio

Más allá de los resultados administrativos, los expedientes también permiten identificar otro fenómeno de gran relevancia: el papel del monitoreo comunitario como mecanismo de vigilancia ambiental.

Una parte importante de las denuncias nace de la observación cotidiana realizada por personas vecinas, propietarios de fincas, organizaciones locales y comunidades que habitan el territorio. Son estas personas quienes detectan cambios en los cauces, presencia de maquinaria, apertura de caminos, extracción de materiales o modificaciones en los ecosistemas ribereños y deciden activar los mecanismos institucionales de denuncia.

Esta vigilancia social no sustituye las competencias de las instituciones públicas ni determina, por sí sola, la existencia de una infracción. Sin embargo, constituye el primer eslabón de la protección ambiental. Sin esas observaciones iniciales, muchas inspecciones técnicas, informes institucionales e investigaciones administrativas probablemente nunca llegarían a realizarse.

Los propios expedientes muestran cómo este monitoreo ha fortalecido sus capacidades. Mientras las primeras denuncias se apoyaban principalmente en reportes ciudadanos o fotografías, los registros más recientes incorporan estudios cartográficos elaborados mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), documentación técnica e información ambiental cada vez más detallada.

También resulta significativo que las preocupaciones comunitarias parecen anticipar la evolución del conflicto. Las primeras denuncias advertían sobre extracción de materiales; años después los expedientes describen posibles afectaciones más complejas, como la destrucción de islas fluviales, la socavación de árboles, la apertura de accesos, patios de acopio, abastecimiento de combustible dentro del río y modificaciones del cauce mediante diques y caminos temporales.

Los expedientes del SITADA no solo registran denuncias; también documentan una década de vigilancia ciudadana sobre un mismo territorio. Leídos en conjunto, muestran que la protección ambiental no comienza cuando una institución realiza una inspección, sino mucho antes: cuando las comunidades observan, registran, comparan, conservan memoria y deciden convertir esas observaciones en denuncias formales. En esa secuencia, el monitoreo comunitario aparece como una pieza fundamental para comprender conflictos ambientales que, lejos de ser hechos aislados, se desarrollan de forma acumulativa a lo largo del tiempo.

Una década de registros que invita a mirar el conjunto

Cada expediente responde a circunstancias particulares y debe interpretarse conforme a sus propias actuaciones y resoluciones. Sin embargo, la lectura conjunta de los registros disponibles permite identificar tendencias que difícilmente serían visibles al analizar un solo caso.

Durante diez años persisten denuncias sobre extracción de materiales, modificaciones de cauces, afectaciones a ecosistemas ribereños y conflictos relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales en Guatuso. También se observa una evolución en la calidad de la evidencia aportada, una participación cada vez mayor de distintas instituciones públicas y una creciente complejidad en los impactos denunciados.

Más que una sucesión de hechos aislados, los expedientes del SITADA revelan la existencia de un proceso continuo de conflictividad socioambiental. En ese contexto, el monitoreo comunitario, la memoria territorial y el acceso a mecanismos públicos de denuncia se convierten en herramientas esenciales para comprender cómo evolucionan los conflictos ambientales y para fortalecer la gestión y protección de los bienes comunes.

En pocas palabras: ¿Qué revelan diez años de expedientes?
Lo que muestran los expedientesTendencia identificada
Las denuncias se mantienen durante diez años.Persistencia del conflicto socioambiental.
Los impactos denunciados se vuelven más diversos y complejos.Escalada en la complejidad de las afectaciones.
Las comunidades documentan cambios antes de las inspecciones institucionales.El monitoreo comunitario funciona como sistema de alerta temprana.
La evidencia presentada mejora con el tiempo.Fortalecimiento de las capacidades comunitarias de documentación.
Participan cada vez más instituciones.Mayor institucionalización del conflicto.
Existen respuestas administrativas diversas.La gestión institucional combina archivos, investigaciones y procesos en trámite.
El conflicto permanece en el mismo territorio.Las afectaciones presentan un carácter acumulativo.

Refrencia: La información presentada se elaboró mediante la revisión y sistematización de los expedientes públicos disponibles en el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA), utilizando como criterio de búsqueda la etiqueta «Extracción de materiales en cauce de dominio público». Posteriormente, los expedientes fueron depurados para identificar aquellos correspondientes al cantón de Guatuso y analizados con el fin de identificar tendencias temporales, tipos de denuncia, instituciones competentes, resultados de las inspecciones y resoluciones administrativas.