La polémica por los gastos protocolarios de la Rectoría no se reduce a una discusión sobre facturas o cenas. Obliga a volver sobre una pregunta más profunda: ¿qué tipo de universidad expresa hoy la Universidad de Costa Rica? La reflexión de Ignacio Ellacuría ofrece un punto de partida para comprender que el verdadero debate no es administrativo, sino político y ético.
Más que una factura, una idea de universidad
La investigación publicada recientemente sobre los gastos protocolarios de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica documentó más de cuarenta millones de colones destinados a alimentación, actividades de representación y encuentros con delegaciones nacionales e internacionales. Entre las facturas divulgadas aparecen cenas en restaurantes de alta cocina, consumo de vino y menús que incluyeron platillos como salmón, pulpo o corvina. La Rectoría respondió que estos gastos corresponden a actividades propias de la diplomacia universitaria y que permitieron atender a representantes de gobiernos, organismos de cooperación y centros internacionales de investigación vinculados con proyectos estratégicos para la institución.
La noticia provocó reacciones inmediatas. Para algunos, el problema radica en el monto de los recursos utilizados; para otros, en la legitimidad de financiar este tipo de encuentros con fondos públicos. Sin embargo, detener la discusión en la legalidad del gasto o en el precio de una cena supone dejar intacta la cuestión más importante.
Toda institución pública comunica una determinada concepción de sí misma mediante el uso de sus recursos. Las formas de representación nunca son neutras: expresan una cultura institucional, una escala de prioridades y una determinada comprensión del poder. En ese sentido, la controversia abierta por estas revelaciones constituye una oportunidad para volver sobre una pregunta formulada hace más de cuatro décadas por Ignacio Ellacuría: ¿puede existir una universidad distinta?
Lejos de ser una reflexión circunscrita al contexto salvadoreño de finales del siglo XX, el ensayo de Ellacuría sigue ofreciendo un criterio exigente para evaluar el sentido de las universidades públicas latinoamericanas. Su propuesta no parte de indicadores de excelencia académica ni de rankings internacionales. Parte de una interrogante más radical: ¿desde dónde piensa, actúa y se representa una universidad?
Primera tesis: el horizonte de la universidad son las mayorías populares
El primer desplazamiento que propone Ellacuría consiste en modificar el punto desde el cual se evalúa la institución universitaria. Una universidad no encuentra su legitimidad en el prestigio de sus alianzas, en la sofisticación de sus instalaciones o en la acumulación de reconocimientos internacionales. Su legitimidad depende de la relación que establece con la realidad histórica y, particularmente, con las grandes mayorías que experimentan las consecuencias de la desigualdad.
Esta afirmación altera profundamente la manera de comprender la gestión universitaria. Si las mayorías populares constituyen el horizonte ético de la institución, entonces todas sus decisiones —incluidas aquellas relacionadas con la representación protocolaria— deben poder justificarse desde ese criterio.
La Rectoría sostiene que las cenas protocolarias permitieron fortalecer vínculos con delegaciones que impulsan proyectos de cooperación científica y tecnológica. Esa explicación puede ser razonable. Sin embargo, la pregunta de Ellacuría permanece abierta: ¿de qué manera esas prácticas representan a una universidad cuya existencia se justifica por su compromiso con la sociedad costarricense en su conjunto y, especialmente, con quienes enfrentan mayores condiciones de exclusión? El problema no es la cooperación internacional; el problema es desde qué horizonte simbólico y político se ejerce esa cooperación.
Segunda tesis: la universidad también educa mediante sus símbolos
Una de las intuiciones más sugerentes del ensayo consiste en comprender que la universidad no transmite únicamente conocimientos. También produce cultura. Sus edificios, sus ceremonias, sus prioridades presupuestarias y sus formas de ejercer la autoridad enseñan tanto como las aulas.
Por eso Ellacuría advierte que incluso la utilización de los recursos materiales puede proyectar una imagen de distancia respecto de la población a la que la universidad afirma servir. Una institución puede proclamar su compromiso con la transformación social y, al mismo tiempo, construir símbolos que la aproximan culturalmente a los sectores privilegiados.
Leída desde esta perspectiva, la discusión sobre restaurantes, vino o cenas deja de ser anecdótica. No porque el menú constituya en sí mismo una falta ética, sino porque expresa una determinada forma de entender la representación institucional. La pregunta ya no es si una universidad puede recibir dignamente a una delegación extranjera; la pregunta es qué lenguaje simbólico decide utilizar para hacerlo y qué imagen proyecta de sí misma mediante esas decisiones.
Tercera tesis: la universidad no debe adaptarse a las lógicas del poder
Ellacuría sostenía que la universidad debía mantener una actitud beligerante frente a las estructuras de injusticia. La beligerancia no significaba agresividad ni confrontación permanente, sino la negativa a naturalizar las racionalidades dominantes cuando estas reproducen desigualdad o exclusión.
Esta idea adquiere especial relevancia en el contexto actual. La cooperación internacional constituye una dimensión imprescindible de la vida universitaria contemporánea. Pero existe una diferencia sustancial entre construir alianzas estratégicas y adoptar sin cuestionamiento los códigos culturales mediante los cuales las élites económicas, diplomáticas y políticas representan tradicionalmente el poder.
La diplomacia universitaria no tendría por qué reproducir exactamente las formas de la diplomacia estatal o empresarial. Una universidad pública posee la posibilidad —y quizá también la responsabilidad— de imaginar otras maneras de construir hospitalidad, reconocimiento y cooperación que resulten coherentes con el proyecto democrático y emancipador que dice encarnar.
Cuarta tesis: la coherencia institucional también es una forma de conocimiento
Ellacuría insistía en que la misión universitaria no podía agotarse en el discurso. La universidad debía objetivar sus principios en prácticas concretas, porque solo así el conocimiento adquiría fuerza histórica. Una institución incapaz de traducir sus valores en formas de organización, decisiones presupuestarias y estilos de gobierno terminaba debilitando la credibilidad de su propio proyecto.
La controversia abierta por la investigación periodística debería comprenderse precisamente desde esa perspectiva. No se trata de establecer un juicio moral sobre determinadas autoridades ni de reducir la discusión a una factura específica. Se trata de reconocer que las prácticas institucionales nunca son secundarias. La forma en que una universidad administra recursos públicos, recibe a sus invitados y representa su autoridad forma parte del proceso educativo que ofrece a la sociedad.
La vigencia de una pregunta incómoda
Quizá el mayor aporte de Ignacio Ellacuría consista en recordarnos que la pregunta por la universidad nunca puede resolverse definitivamente. Cada generación debe volver a examinar si las prácticas institucionales permanecen coherentes con la misión que la universidad dice asumir.
La polémica sobre los gastos protocolarios de la Universidad de Costa Rica no obliga únicamente a revisar reglamentos administrativos. Obliga a preguntarse si la cultura institucional que hoy se construye mantiene como referencia a las grandes mayorías populares o si, de manera casi imperceptible, ha comenzado a adoptar las formas de representación propias de aquellos espacios de poder que históricamente las universidades públicas estaban llamadas a interpelar críticamente.
Por eso el debate no termina cuando se explica una factura ni cuando se demuestra la legalidad de un gasto. Comienza precisamente ahí. Porque la pregunta formulada por Ellacuría sigue esperando una respuesta que no puede encontrarse en un informe financiero, sino en la coherencia cotidiana entre el proyecto universitario y las prácticas mediante las cuales ese proyecto se hace visible.
¿Puede existir una universidad distinta? Más de cuarenta años después, la respuesta continúa escribiéndose en cada decisión institucional.
Antes de discutir una factura o un protocolo, quizá convenga recuperar una pregunta más profunda. En ¿Puede una universidad distinta?, Ignacio Ellacuría nos invita a pensar si las universidades públicas representan verdaderamente a las mayorías populares o si terminan reproduciendo las lógicas del poder que dicen cuestionar. Una lectura que hoy resulta más vigente que nunca.
Referencia:
Vargas Calvo, Andrés. (2026). Rectoría de la UCR destinó más de ¢40 millones a alimentación, vino y actividades protocolarias. Diario Extra.
