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El río sangra: Río Pizote y las huellas de la extracción de material

¿Qué ocurre cuando un río comienza a transformarse ante los ojos de quienes han convivido con él durante toda su vida?

En esta entrevista, David Menjívar, vecino de la comunidad, comparte su mirada sobre la situación actual del río Pizote y las preocupaciones que existen alrededor de las transformaciones observadas en distintos sectores de su cauce.

La conversación recupera los cambios que la comunidad ha identificado en el río, incluyendo procesos de erosión y socavamiento, así como las inquietudes relacionadas con la extracción de materiales y sus posibles impactos sobre el comportamiento y la estabilidad del cauce.

Pero esta no es únicamente una conversación sobre un río. También es el testimonio de lo que significa para una comunidad observar cómo un espacio que ha formado parte de su vida cotidiana durante décadas comienza a cambiar.

Las voces de quienes habitan un territorio son fundamentales para comprender estas transformaciones. Sus observaciones, preocupaciones y experiencias permiten identificar procesos que muchas veces permanecen fuera de los informes institucionales o solo reciben atención cuando los daños ya son evidentes.

La situación del río Pizote vuelve a colocar sobre la mesa preguntas que no pueden ser ignoradas: ¿cómo se están evaluando los impactos de la extracción de materiales? ¿Existe una fiscalización suficiente sobre estas actividades? ¿Quién responde cuando los cambios en un río comienzan a afectar a las comunidades y al territorio?

Desde el Observatorio de Bienes Comunes continuamos acompañando y documentando las preocupaciones comunitarias en torno al río Pizote y las actividades que están transformando su entorno.

Porque defender un río también implica escuchar a quienes lo conocen, exigir información y fiscalización, y preguntarnos hasta dónde puede llegar la extracción antes de que los daños sean irreversibles.

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Afros al frente: pensar la afrodescendencia más allá de la celebración

Imagen: 31 de agosto de Honorio Cabraca.

En el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, una lectura de Afros al frente: racismo, resistencia y lucha nos invita a mirar la afrodescendencia no solo como patrimonio cultural, sino como historia, identidad, resistencia y disputa por derechos.

Cada 31 de agosto, Costa Rica conmemora el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, una fecha que desde 2018 forma parte del Mes Histórico de la Afrodescendencia en el país. La conmemoración busca reconocer las contribuciones históricas, culturales y sociales de las poblaciones afrodescendientes y reafirmar su lugar en la construcción de nuestra sociedad.

Pero toda conmemoración puede abrir también una pregunta: ¿qué significa reconocer?

Esta pregunta resulta especialmente pertinente al acercarnos a Afros al frente: racismo, resistencia y lucha, libro editado por Gerardo Cham, Gisela C. Fregoso, Wilfried Raussert y Nicolas Rey, publicado por CLACSO y CALAS en 2024. La obra reúne investigaciones sobre experiencias afrodescendientes en América Latina y el Caribe y coloca en el centro una relación que resulta fundamental: racismo, resistencia y lucha por el reconocimiento, la participación y la justicia.

Más que ofrecer una historia única de la afrodescendencia, el libro construye un mapa de experiencias diversas: México, Colombia, Brasil, Cuba, Jamaica, Guadalupe, Guayana, Haití y otros territorios aparecen conectados por historias de colonialismo, racialización, exclusión, migración, resistencia y producción cultural. Esta perspectiva permite comprender que las experiencias afrodescendientes no pueden reducirse a una identidad homogénea: están atravesadas por territorios, generaciones, clases sociales, géneros, trayectorias migratorias y distintas formas de identificación.

Dejar de pensar el racismo como una excepción

Uno de los aportes centrales del libro consiste en cuestionar una idea profundamente arraigada en América Latina: que el racismo sería fundamentalmente un problema de otras sociedades.

La presentación de Afros al frente señala cómo los discursos nacionales asociados al mestizaje y a la llamada democracia racial contribuyeron históricamente a presentar a las sociedades latinoamericanas como espacios donde la raza no tendría un papel determinante. Esta representación produjo, al mismo tiempo, procesos de invisibilización y folclorización de las expresiones negras.

El problema, entonces, no es únicamente la existencia de actos individuales de discriminación. El libro invita a observar las estructuras históricas que producen desigualdades y las formas mediante las cuales determinadas poblaciones son convertidas en “otras”, invisibilizadas o reconocidas únicamente desde determinados lugares.

Por eso, hablar de afrodescendencia no debería limitarse a enumerar aportes culturales. También supone preguntarnos quiénes han tenido históricamente la posibilidad de definir qué cuenta como cultura, quién aparece en la historia nacional, quién participa de las decisiones y quién puede ejercer plenamente sus derechos.

Reconocer no siempre significa transformar

Una de las discusiones más sugerentes del libro aparece en el análisis de Gisela Carlos Fregoso sobre el proceso de reconocimiento de las poblaciones negras, afromexicanas y afrodescendientes en México.

Su investigación muestra que el reconocimiento institucional puede constituir un avance fundamental, pero también puede producir nuevas tensiones. En el caso mexicano, el reconocimiento constitucional llegó después de décadas de organización y demanda, y no necesariamente estuvo acompañado por recursos suficientes para transformar las condiciones materiales de las comunidades. La autora llega a caracterizarlo como un reconocimiento predominantemente simbólico.

Esta experiencia permite abrir una pregunta para Costa Rica: ¿qué ocurre cuando una sociedad reconoce formalmente la afrodescendencia, pero las desigualdades históricas continúan produciendo efectos en el presente?

Reconocer una identidad es importante. Reconocer una historia también. Pero el desafío antirracista comienza cuando ese reconocimiento se convierte en derechos efectivos, participación política, igualdad de oportunidades, memoria, justicia y transformación de las estructuras que reproducen las desigualdades.

La deuda de la memoria

Otra de las tensiones que atraviesan la obra es la relación entre memoria y reconocimiento.

El libro recuerda que las sociedades latinoamericanas han construido relatos nacionales capaces de incorporar elementos de las culturas afrodescendientes mientras, simultáneamente, mantienen en segundo plano las historias de esclavización, exclusión y resistencia que forman parte de esas mismas sociedades.

En Costa Rica, esta pregunta resulta particularmente importante. La propia conmemoración del 31 de agosto tiene una historia vinculada con las luchas de las comunidades afrodescendientes. La fecha se encuentra relacionada con la Primera Convención Internacional sobre la Situación de las Personas Negras, realizada en Nueva York en 1920, y posteriormente fue incorporada al calendario nacional mediante procesos impulsados desde las propias organizaciones afrodescendientes.

Por eso, la memoria no debería reducirse a una celebración del presente. También debe permitir recuperar las luchas que hicieron posible que hoy podamos hablar de afrodescendencia en el espacio público.

Del folclor a la política

Afros al frente también aporta una idea especialmente importante: la resistencia afrodescendiente no ocurre únicamente en las instituciones políticas.

Los autores entienden la resistencia como un fenómeno cognitivo, afectivo, estético y político que atraviesa la vida cotidiana, las respuestas frente al racismo, la producción artística y cultural y el activismo.

La música, la literatura, las prácticas culturales, las formas de ocupar el espacio público, las organizaciones comunitarias y las nuevas generaciones de activistas forman parte de esas luchas.

El capítulo dedicado al garveyismo resulta especialmente significativo para Costa Rica. Marcus Garvey pasó por el país en 1910, donde trabajó para la United Fruit Company y entró en contacto con poblaciones afrocaribeñas de la región. Posteriormente, el movimiento de la Universal Negro Improvement Association —UNIA— desarrolló una importante presencia en Centroamérica: hacia mediados de la década de 1920 se registraban 23 sucursales en Costa Rica.

Este episodio permite mirar la historia afrocaribeña costarricense desde una dimensión que muchas veces queda fuera de las narrativas nacionales: Costa Rica no fue un territorio aislado de las redes políticas, culturales e intelectuales de la diáspora africana.

Una afrodescendencia que desborda las fronteras

Este es quizá otro de los aportes del libro para pensar Costa Rica.

Afros al frente propone una mirada hemisférica y transnacional de las experiencias afrodescendientes. Las migraciones, las ideas, las culturas y las luchas han conectado históricamente el Caribe, Centroamérica, América Latina y Estados Unidos. Los estudios sobre estas movilidades permiten comprender la existencia de una negritud hemisférica y de redes que desbordan las fronteras nacionales.

Desde esta perspectiva, la afrodescendencia costarricense puede ser pensada también como parte de una historia caribeña y centroamericana más amplia.

Esto resulta particularmente relevante porque las fronteras nacionales muchas veces producen relatos fragmentados: Costa Rica por un lado, Panamá por otro, Jamaica por otro, Nicaragua por otro. Sin embargo, las experiencias históricas de las poblaciones afrodescendientes muestran intercambios permanentes de personas, trabajo, ideas, músicas, organizaciones y formas de resistencia.

Las tensiones del reconocimiento

El reconocimiento también puede producir nuevas disputas.

La investigación de Fregoso muestra cómo los procesos legales pueden transformar las formas en que las personas se identifican y son identificadas. Cuando determinados derechos pasan a estar asociados a una identidad, las personas y comunidades pueden verse obligadas a demostrar determinados rasgos históricos, culturales o territoriales para ser reconocidas institucionalmente.

Aparece así una paradoja: para dejar de ser invisibles, las poblaciones afrodescendientes pueden verse obligadas a hacerse visibles bajo determinadas categorías.

Y esa visibilidad puede convertirse en una nueva forma de presión: explicar quién se es, demostrar de dónde se viene, acreditar una historia, encajar en una definición institucional.

El libro advierte además que las identidades no son estáticas. Pueden fortalecerse, transformarse y también generar disputas internas. La autoidentificación puede convertirse en parte de una lucha política, pero también puede producir procesos de esencialización.

Esto nos obliga a tener cuidado con otra trampa: celebrar “la cultura afro” como si existiera una única cultura afrodescendiente. Hay múltiples historias, territorios, experiencias y formas de ser afrodescendiente.

Las deudas siguen abiertas

Si algo permite pensar este libro en el contexto del 31 de agosto es que el reconocimiento no puede ser el punto final.

Quedan abiertas preguntas sobre la desigualdad, la representación política, las condiciones laborales, la educación, la memoria histórica, el racismo institucional, la participación comunitaria y el acceso efectivo a derechos.

También queda la tarea de revisar cómo las instituciones producen conocimiento sobre las poblaciones afrodescendientes y cuánto espacio tienen las propias comunidades para producir y disputar esos conocimientos.

En este sentido, uno de los llamados explícitos de Afros al frente es a construir un diálogo entre academia y activismo, entendiendo que combatir el racismo de manera sostenible requiere superar la distancia entre quienes investigan y quienes sostienen cotidianamente las luchas.

Celebrar, pero también preguntar

El 31 de agosto puede ser entonces algo más que una fecha para celebrar la gastronomía, la música, la vestimenta o las expresiones culturales afrodescendientes.

Puede ser un momento para preguntarnos:

¿Qué historias todavía no contamos?

¿Qué formas de racismo todavía no queremos reconocer?

¿Qué derechos han sido reconocidos y cuáles todavía no se concretan plenamente?

¿Quiénes participan en las decisiones sobre los territorios y comunidades afrodescendientes?

¿Qué lugar ocupan las voces de las nuevas generaciones?

¿Cómo evitar que el reconocimiento de la diversidad se convierta solamente en una celebración simbólica mientras persisten desigualdades estructurales?

Afros al frente ofrece herramientas para formular estas preguntas. Su principal aporte no está únicamente en documentar la existencia del racismo, sino en mostrar que frente a él existen memorias, organizaciones, producciones culturales, subjetividades políticas y múltiples formas de resistencia.

Conmemorar la afrodescendencia, desde esta perspectiva, no significa únicamente mirar hacia atrás. Significa reconocer las luchas que hicieron posible el presente y preguntarnos qué transformaciones todavía hacen falta.

Porque poner a las poblaciones afrodescendientes al frente implica algo más que hacerlas visibles. Implica escuchar sus voces, reconocer sus historias, garantizar sus derechos y disputar las estructuras que durante demasiado tiempo han definido quién puede ser visto, escuchado y reconocido como parte plena de la sociedad.

En este 31 de agosto, celebrar también puede significar incomodarnos. Y quizá allí comience una conversación verdaderamente antirracista.

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Territorio Tayní Cabécar alza la voz: la falta de puentes mantiene incomunicado al territorio indígena

Mientras la Asamblea Legislativa se trasladaba a Limón para realizar una sesión solemne, Hugo Céspedes Morales, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena Tayní Cabécar, intentaba llegar hasta ese espacio para exponer las necesidades de su territorio. No pudo hacerlo. Los ríos habían crecido y, una vez más, la ausencia de puentes convirtió al territorio en un espacio incomunicado.

El sábado 29 de agosto, la Asamblea Legislativa realizó una sesión solemne en la Casa de la Cultura de Limón. Para Hugo Céspedes Morales, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena Tayní Cabécar, aquella actividad representaba una oportunidad para llevar directamente ante diputadas y diputados de la República una realidad que las comunidades indígenas del Valle de La Estrella enfrentan desde hace años: la falta de infraestructura básica para garantizar la movilidad segura dentro y fuera de su territorio.

Su intención era asistir, conversar con las autoridades y explicar las múltiples consecuencias que tiene la ausencia de puentes sobre los ríos que atraviesan Tayní Cabécar. Sin embargo, no logró llegar. Las fuertes lluvias habían provocado el aumento de los caudales y los pasos habituales quedaron interrumpidos.

La situación encierra una paradoja difícil de ignorar. Mientras el Poder Legislativo se trasladaba hasta Limón en un gesto de acercamiento territorial, una de las voces que buscaba llegar desde un territorio indígena de la misma provincia quedó imposibilitada de hacerlo precisamente por las condiciones de abandono que pretendía denunciar.

Desde el propio territorio, Céspedes Morales decidió grabar un mensaje dirigido a la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo y a la opinión pública. Su intervención no se limita a describir una dificultad provocada por el invierno. Lo que plantea es una realidad estructural: cuando los ríos crecen, Tayní Cabécar queda aislado porque no cuenta con los puentes necesarios para garantizar la circulación de las personas.

Una crecida que afecta educación, salud y economía

La falta de puentes atraviesa la vida cotidiana de las comunidades de múltiples maneras. No se trata únicamente de la imposibilidad de trasladarse de un punto a otro, sino de una condición que puede interrumpir el acceso a servicios fundamentales y afectar directamente las posibilidades de las personas para estudiar, trabajar, atender su salud o sostener la economía familiar.

Cuando los ríos aumentan su caudal, docentes y estudiantes enfrentan dificultades para llegar a los centros educativos. El personal docente puede quedar aislado sin posibilidad de trasladarse a sus lugares de trabajo, mientras que niñas, niños y jóvenes ven interrumpido su acceso a la educación. Lo mismo ocurre con los servicios de salud: tanto pacientes como personal médico encuentran obstáculos para movilizarse hacia los centros de atención o para llegar a las comunidades.

Céspedes Morales menciona esta situación al referirse a diferentes servicios presentes en el territorio, entre ellos el EBAIS de Alto Coén y otros espacios de atención en comunidades como Jabuy y Boca Coén. Cuando las condiciones del río impiden el paso, la atención médica se vuelve incierta y las personas que necesitan trasladarse deben esperar o enfrentarse al riesgo de intentar cruzar.

La economía local tampoco queda al margen de esta situación. Buena parte de las familias del territorio depende de actividades productivas vinculadas con cultivos como banano, plátano, frijoles y cacao. Pero producir no garantiza poder vender. Cuando los caminos quedan interrumpidos y no existen puentes para asegurar el tránsito, los compradores e intermediarios no pueden ingresar con normalidad y los productos tampoco pueden salir hacia los lugares de comercialización.

De esta manera, una crecida afecta simultáneamente la educación, la salud y los medios de vida de las comunidades. Lo que desde fuera podría ser interpretado como un problema de conectividad revela, en realidad, una situación mucho más profunda: la infraestructura ausente condiciona el ejercicio cotidiano de derechos fundamentales.

El riesgo de tener que cruzar

Frente a la ausencia de puentes, muchas personas deben enfrentarse a una decisión que no debería formar parte de su vida cotidiana: permanecer aisladas o intentar cruzar un río crecido.

Docentes que necesitan llegar a sus centros de trabajo, estudiantes que buscan asistir a clases, pacientes que requieren atención médica, personal de salud que debe trasladarse hacia las comunidades y productores que necesitan movilizar sus cosechas comparten una misma vulnerabilidad. Para continuar con sus actividades, pueden verse obligados a atravesar ríos cuyas condiciones cambian radicalmente durante las lluvias.

En su mensaje, el presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena advierte que esta situación no ha sido únicamente una fuente de incomodidades o pérdidas económicas. La falta de puentes y la necesidad de atravesar ríos han tenido consecuencias humanas graves para las comunidades, incluyendo la pérdida de seres queridos.

Esta dimensión resulta fundamental para comprender la urgencia de la demanda. La construcción de puentes no puede ser presentada como una mejora secundaria o como una obra que pueda esperar indefinidamente dentro de las prioridades institucionales. Para las personas que habitan el territorio, contar con una ruta segura puede marcar la diferencia entre acceder o no a atención médica, entre llegar o no a la escuela y, en situaciones extremas, entre proteger o poner en riesgo la propia vida.

Una demanda que no ha encontrado respuesta

Céspedes Morales señala que, desde la Asociación de Desarrollo Indígena Tayní Cabécar, se han realizado múltiples gestiones ante las instituciones competentes para solicitar atención a esta problemática. Sin embargo, según expresa en el video, las comunidades continúan enfrentando las mismas dificultades cada vez que los ríos aumentan su caudal.

Por ello, su llamado se dirige directamente a las diputadas y diputados de la República, así como al Poder Ejecutivo. La solicitud es que las autoridades no conozcan la situación únicamente a través de informes, oficios o reuniones realizadas lejos del territorio, sino que visiten Tayní Cabécar y observen directamente las condiciones en las que viven las comunidades.

La invitación tiene una carga política importante. No se trata solamente de pedir una visita institucional. Es también una forma de cuestionar la distancia que existe entre los espacios donde se toman las decisiones y los territorios que deben convivir diariamente con sus consecuencias.

La experiencia del 29 de agosto lo ilustra con claridad: una representación política se reunió en Limón, pero el presidente de una Asociación de Desarrollo Indígena no pudo llegar hasta ese espacio porque los ríos le cerraron el paso.

La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿qué significa acercar las instituciones a los territorios si las condiciones de abandono continúan impidiendo que los propios habitantes puedan llegar a los espacios donde se toman las decisiones?

Que las instituciones lleguen al territorio

El mensaje de Tayní Cabécar plantea una inversión necesaria de la lógica habitual. No debería recaer exclusivamente sobre las comunidades la responsabilidad de superar largas distancias, caminos precarios y ríos crecidos para lograr que las instituciones escuchen sus demandas.

Las instituciones también deben desplazarse.

Deben recorrer los territorios, conocer sus condiciones materiales y comprender que las desigualdades territoriales no desaparecen porque se realicen actividades oficiales fuera de San José. Para algunas comunidades, la distancia con el Estado no se mide únicamente en kilómetros. Se mide en ríos sin puentes, caminos interrumpidos, dificultades para acceder a servicios y años de gestiones que no se traducen en soluciones.

La demanda expresada por Hugo Céspedes Morales es concreta: la construcción urgente de puentes en los ríos del territorio indígena Tayní Cabécar.

Sin embargo, detrás de esta solicitud existe una discusión más amplia sobre la forma en que el Estado se relaciona con los territorios indígenas. Garantizar infraestructura básica no debería depender de la capacidad de una comunidad para insistir una y otra vez ante las instituciones ni de que una situación de emergencia vuelva visible, temporalmente, un problema que existe desde hace años.

La ausencia de puentes produce aislamiento, pero también expresa una forma de marginación territorial. Cuando una comunidad queda incomunicada cada vez que llueve con fuerza, el problema no es únicamente natural. La lluvia revela una vulnerabilidad construida por la falta de inversión y por la ausencia de respuestas oportunas.

Una voz que busca romper el aislamiento

El video compartido por la Asociación de Desarrollo Indígena Tayní Cabécar busca precisamente atravesar las barreras que ese día impidieron el paso físico de su representante.

Si Hugo Céspedes Morales no pudo llegar hasta la sesión solemne de la Asamblea Legislativa, su mensaje busca que la situación del territorio llegue hasta las autoridades y a la sociedad costarricense por otros medios.

El llamado es urgente y concreto: que diputadas, diputados y representantes del Poder Ejecutivo visiten Tayní Cabécar, conozcan directamente las condiciones que enfrentan sus comunidades y respondan a una necesidad que afecta la educación, la salud, la producción y la seguridad de quienes habitan el territorio.

Porque cuando un río crece sin que exista un puente para atravesarlo, no solamente se interrumpe un camino.

Se dificulta el acceso a la escuela, a la atención médica y a los espacios de trabajo. Se detiene la circulación de productos y se afectan los ingresos de las familias. Se profundiza el aislamiento y, en los casos más graves, se ponen vidas en riesgo.

La voz que llega desde Tayní Cabécar es, por ello, un llamado de atención a las autoridades nacionales: los territorios no deberían tener que esperar a que ocurra una tragedia para que una necesidad largamente conocida sea atendida.

La invitación está hecha.

Que las autoridades lleguen al territorio.

Que recorran sus caminos y conozcan sus ríos.

Que escuchen a las comunidades.

Y que esa escucha, finalmente, se traduzca en respuestas concretas.

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¿Quién tiene derecho a preguntar sobre el territorio? Una reflexión desde Río Frío, Maquengal ante la Semana Geológica

«Estamos cansados de que nos ignoren»

“Estamos cansados de que nos ignoren las instituciones, los grandes jerarcas y también el gobierno local.”

Esta es una de las sensaciones que expresa el Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro al encontrarse nuevamente con iniciativas institucionales que llegan al territorio mientras sus preguntas, preocupaciones y años de organización siguen sin recibir una respuesta efectiva.

En ese contexto se anuncia una Semana Geológica en Guatuso, impulsada por la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad. Una actividad que, en otro escenario, podría ser una oportunidad para conocer mejor el territorio y aportar a su protección. Pero para una comunidad que lleva años observando, documentando y denunciando las transformaciones del río y los efectos de la extracción de materiales, la pregunta es inevitable:

¿Cómo se siente que lleguen nuevos estudios sobre el territorio cuando quienes llevan años defendiendo y produciendo conocimiento sobre ese mismo territorio sienten que siguen siendo ignorados?

No se trata de estar en contra de la ciencia ni de cuestionar la necesidad de conocer mejor el territorio. Se trata de algo más básico: ¿qué lugar ocupa la comunidad cuando las instituciones deciden qué preguntar, qué investigar y quiénes tienen derecho a producir conocimiento sobre el lugar que habitan?

Esta nota nace de esa incomodidad y de esa pregunta.

La Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de Guatuso realizarán una Semana Geológica en el cantón. Una actividad de esta naturaleza podría ser una oportunidad valiosa para producir conocimiento sobre el territorio, comprender sus transformaciones y aportar elementos para su protección. Pero antes de celebrar la llegada de nuevos estudios y especialistas conviene detenerse en una pregunta más incómoda: ¿qué lugar ocupa la comunidad que lleva años observando, denunciando y pensando el territorio cuando las instituciones deciden qué investigar y cómo hacerlo?

La pregunta es especialmente relevante en Río Frío, Maquengal, donde existe un proceso comunitario que desde hace años viene señalando las transformaciones provocadas por la extracción de materiales, la pérdida de espacios históricamente utilizados por la población, las afectaciones sobre el río y las consecuencias de un modelo de desarrollo que ha ido modificando la relación de la comunidad con uno de sus principales bienes comunes. Desde 2022, las personas vecinas han venido alertando sobre la extracción intensiva de arena y piedra y solicitando a las autoridades que atiendan sus preocupaciones, aportando datos, testimonios y observaciones construidas desde su experiencia territorial.

Por eso, el problema que hoy queremos señalar no es que llegue más conocimiento científico al territorio. El problema es que se pretenda producir conocimiento sobre un territorio ignorando deliberadamente a quienes ya están produciendo conocimiento sobre él.

No hay nada anticientífico en que una comunidad pregunte, cuestione un estudio, señale una contradicción, demande información o plantee otra interpretación sobre lo que está ocurriendo en su río. Al contrario: preguntar, contrastar, observar, discutir evidencias y exigir que las afirmaciones puedan ser revisadas forman parte de una cultura científica. Lo que resulta profundamente problemático es que las instituciones utilicen la autoridad de “lo técnico” para cerrar esas preguntas antes de escucharlas.

La anticiencia también puede tener sello institucional

Quizá sea necesario invertir una idea que con demasiada facilidad se instala en estos debates. Se suele acusar de “anticiencia” a las comunidades cuando cuestionan determinados estudios, cuando desconfían de las instituciones o cuando defienden conocimientos construidos desde su experiencia. Pero pocas veces nos preguntamos si puede existir una forma institucional de anticiencia.

Sí puede existir.

Una institución practica una forma de anticiencia cuando convierte la ciencia en autoridad incuestionable, cuando utiliza los estudios técnicos como argumento para clausurar preguntas, cuando descalifica conocimientos porque no fueron producidos dentro de sus propios procedimientos y cuando decide de antemano que las personas que habitan un territorio no tienen nada relevante que aportar al conocimiento sobre él.

La ciencia no se fortalece cuando se la coloca por encima de la sociedad como una autoridad que no debe ser interrogada. Se fortalece precisamente cuando sus métodos, datos, interpretaciones y conclusiones pueden ser discutidos, contrastados y revisados.

Por eso, si una universidad llega a un territorio con la pretensión de estudiar su realidad pero decide ignorar a quienes llevan años observándola, documentándola y denunciando sus transformaciones, no está defendiendo la ciencia frente a la “anticiencia comunitaria”. Está empobreciendo la propia producción científica al excluir deliberadamente una fuente de conocimiento relevante.

El reciente debate publicado en Nature resulta particularmente pertinente. Sus autores advierten que las decisiones sobre ciencia y política suelen producirse principalmente entre personas expertas e instituciones, mientras la ciudadanía queda al margen, y plantean que la participación pública debería incorporarse desde la definición de las prioridades de investigación, no únicamente después de que el conocimiento ya ha sido producido.

Pero en Maquengal el problema es todavía más evidente: las preguntas ya existen. La comunidad lleva años formulándolas.

Maquengal no está pidiendo que le crean; está pidiendo que la escuchen

La comunidad no está diciendo que su experiencia deba sustituir a la geología, la hidrología, la ingeniería o cualquier otro campo científico. Tampoco está pidiendo que sus afirmaciones sean aceptadas automáticamente por el hecho de provenir de personas que viven en el lugar.

Está pidiendo algo mucho más elemental: que aquello que observa sea considerado una fuente legítima de preguntas y que pueda entrar en diálogo con el conocimiento técnico.

Esto es muy distinto.

Una persona que vive junto al río durante décadas puede reconocer transformaciones que un estudio puntual difícilmente puede captar. Puede recordar cómo era el cauce, dónde estaban las pozas, cuáles eran los lugares de encuentro, cómo se comportaba el agua, qué cambios comenzaron a producirse y cuándo. Puede identificar modificaciones en el paisaje que no aparecen en una fotografía aérea o en una medición realizada durante un período determinado.

Ese conocimiento no tiene que ser aceptado sin discusión. Tiene que ser escuchado, documentado, contrastado y puesto en diálogo con otras formas de conocimiento.

Eso es investigación.

Lo contrario es decidir que una experiencia deja de ser conocimiento simplemente porque no posee el lenguaje institucional de un informe técnico.

El propio artículo de Nature sostiene que las comunidades poseen conocimientos relevantes y que la investigación mejora cuando diferentes formas de conocimiento pueden encontrarse y contrastarse. Incluso señala que los procesos participativos permiten formular preguntas más vinculadas con las prioridades reales de las poblaciones afectadas.

El problema comienza cuando se estudia el territorio como si nadie lo hubiera pensado antes

Hay algo particularmente preocupante cuando una institución académica llega a un territorio conflictivo y actúa como si el conocimiento comenzara con su llegada.

Río Frío-Maquengal no es una hoja en blanco.

Hay una historia de transformaciones, una memoria del río, experiencias de extracción, conflictos por el acceso, cambios en los usos del espacio, preocupaciones ambientales y una organización comunitaria que ha decidido intervenir públicamente sobre estas cuestiones.

Todo esto ya forma parte del territorio.

Ignorarlo no produce neutralidad. Produce una determinada interpretación del territorio: aquella en la que las preguntas de la comunidad dejan de ser relevantes hasta que una institución externa decide formularlas.

Y allí aparece una cuestión fundamental sobre el poder.

Quien define las preguntas también define, en buena medida, qué realidad será visible. Quien determina qué información cuenta establece qué problemas podrán aparecer en los resultados. Quien decide quién participa y quién no participa está estableciendo una jerarquía sobre los saberes y sobre las personas capaces de producirlos.

Por eso la discusión sobre la Semana Geológica no puede reducirse a si los estudios serán técnicamente buenos. También debemos preguntar cómo se definieron sus preguntas, qué conocimientos fueron considerados previamente y quiénes participaron en la construcción de la agenda de investigación.

Cuando la ciencia llega después de que la comunidad ha sido ignorada

La preocupación aumenta cuando recordamos lo ocurrido anteriormente.

El 20 de agosto de 2025 se había convocado una reunión en el salón comunal de Maquengal con participación anunciada de representantes de la Municipalidad de Guatuso y de estudiantes e investigadores de la Universidad de Costa Rica que se encontraban realizando observaciones en la zona. La comunidad se preparó para conversar, compartir sus inquietudes y buscar respuestas sobre la situación del río. La actividad fue cancelada a último momento y nunca fue reprogramada.

Posteriormente, el Grupo de Defensa de la Cuenca presentó ante el Concejo Municipal una carta solicitando revisar los impactos de la extracción de materiales. Allí planteó preocupaciones concretas relacionadas con la afectación al centro educativo, la pérdida del acceso público al río y la falta de transparencia en la gestión de las concesiones. La respuesta institucional no significó la apertura de un proceso sostenido de diálogo. En su lugar, apareció en la zona de extracción un rótulo que anunciaba la “legalidad” de la concesión y advertía sobre el ingreso durante la operación de maquinaria.

Este antecedente importa porque muestra que el problema actual no aparece de la nada.

Primero se ignoran las preguntas de la comunidad. Después se producen respuestas institucionales que no resuelven esas preguntas. Y posteriormente se convocan nuevos procesos técnicos sin que el grupo comunitario que ha venido planteando el conflicto sea reconocido como interlocutor.

Así, la producción de conocimiento corre el riesgo de convertirse en una nueva etapa de la misma exclusión.

De la exclusión del territorio a la exclusión del conocimiento

Lo ocurrido en Maquengal puede entenderse entonces como parte de un proceso más amplio. Primero se transforma un espacio de uso común. Después se restringe el acceso. Posteriormente se legitima esa transformación mediante argumentos administrativos y jurídicos. Y finalmente se produce conocimiento sobre el territorio sin incorporar plenamente a quienes han cuestionado ese proceso.

Son distintas dimensiones de una misma jerarquía.

El río deja de ser reconocido principalmente como espacio común y comienza a ser tratado como espacio de extracción. La comunidad deja de ser reconocida como sujeto con capacidad de decisión y comienza a aparecer como población afectada. Y sus conocimientos dejan de ser considerados parte de la comprensión del territorio para convertirse, en el mejor de los casos, en opiniones que pueden ser escuchadas después de que otras personas hayan definido el problema.

Por eso resulta tan importante no separar la discusión ambiental de la discusión sobre participación.

Cuando la comunidad denuncia la pérdida de acceso al río, no está hablando solamente de recreación. Está hablando de la transformación de un espacio común. Cuando cuestiona la extracción, no está simplemente diciendo que no le gusta una actividad económica. Está preguntando qué modelo de desarrollo está transformando su territorio. Y cuando cuestiona los estudios o solicita información, no está rechazando la ciencia. Está ejerciendo precisamente el derecho a discutir las decisiones que pretenden producir conocimiento y políticas sobre su propia vida.

Una universidad pública no puede colocarse por encima del territorio

Esto adquiere una importancia particular cuando hablamos de la Universidad de Costa Rica.

La universidad pública no debería entender su presencia territorial como la llegada de una institución que posee el conocimiento y que se dispone a transferirlo hacia una comunidad que supuestamente carece de él. Esa relación reproduce una jerarquía que contradice buena parte de la tradición de extensión, acción social y compromiso público que debería caracterizar a una universidad financiada por la sociedad.

La universidad pública puede y debe producir conocimiento especializado. Pero su carácter público no se deriva únicamente de que sus investigaciones sean técnicamente rigurosas. También depende de cómo establece sus relaciones con la sociedad, a quién escucha, qué conocimientos reconoce y qué posibilidades abre para que las personas afectadas participen en la producción y discusión del conocimiento.

El artículo de Nature plantea justamente que las universidades deberían avanzar hacia formas de investigación coproducida y reconocer institucionalmente el trabajo realizado junto a las comunidades. También advierte que los mecanismos de participación requieren tiempo, recursos y capacidades para enfrentar las desigualdades de poder que aparecen cuando se encuentran diferentes formas de conocimiento.

Esto no debería verse como una concesión de la academia hacia las comunidades. Es una transformación necesaria de la propia práctica universitaria.

¿Una Semana Geológica para quién?

Por eso, la pregunta frente a la Semana Geológica no es si debemos tener más ciencia en Guatuso. Por supuesto que necesitamos conocimiento científico. Lo que debemos discutir es qué tipo de relación establece ese conocimiento con el territorio y con las personas que lo habitan.

¿La Semana Geológica llega para investigar un territorio previamente definido desde fuera o puede incorporar las preguntas que la comunidad viene construyendo?

¿Llega para explicar el territorio a quienes viven en él o para construir conocimiento junto a quienes ya tienen una experiencia acumulada sobre sus transformaciones?

¿Los resultados servirán únicamente para producir informes y actividades académicas o podrán alimentar también las discusiones comunitarias sobre el futuro del río?

Y hay una pregunta que no podemos dejar de hacer: ¿para qué se quiere caracterizar geológicamente el territorio? Si el propósito es conocer mejor sus condiciones, sus dinámicas y sus riesgos, ese conocimiento puede contribuir al cuidado y a la defensa del territorio. Pero si la caracterización termina siendo utilizada principalmente para identificar dónde existe más material disponible y facilitar nuevas actividades extractivas, entonces la ciencia estaría cumpliendo una función muy distinta: no comprender el territorio para cuidarlo, sino conocerlo para extraerlo.

¿La comunidad será reconocida como una fuente de conocimiento y como interlocutora o será nuevamente colocada en el lugar de población que debe recibir los resultados?

Estas no son preguntas contra la ciencia. Son preguntas sobre la responsabilidad social de la ciencia.

Y aquí conviene ser claros: no corresponde exigirle a la comunidad que demuestre que no es “anticientífica” cada vez que cuestiona una decisión universitaria o municipal. Esa exigencia reproduce el mismo estereotipo que debemos evitar. El punto de partida debería ser otro: la comunidad tiene derecho a cuestionar, preguntar, disentir y producir conocimiento sin que ese ejercicio sea convertido automáticamente en rechazo de la ciencia.

Maquengal no necesita permiso para pensar su propio territorio

El Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro ha sido claro: “No nos oponemos al desarrollo, pero sí nos oponemos a que se nos excluya.” Esa frase debería ser leída no como una estrategia para distanciarse de una supuesta acusación de anticiencia, sino como una definición política del problema.

La comunidad no está pidiendo privilegios ni una autoridad exclusiva sobre el conocimiento. Está reclamando reconocimiento como sujeto territorial.

Está diciendo que el río no es solamente un cauce que puede ser medido, intervenido o explotado. Es también un espacio de vida común. Está diciendo que una concesión puede ser legal y, al mismo tiempo, producir consecuencias sociales y ambientales que merecen ser discutidas. Está diciendo que la experiencia de quienes han visto transformarse el río durante décadas no puede ser descartada porque no venga acompañada de un sello institucional.

Y está diciendo algo todavía más profundo: que no puede existir una verdadera defensa del territorio si quienes lo habitan son excluidos de las decisiones sobre su futuro.

Por eso, la discusión sobre la Semana Geológica debería ser también una oportunidad para que la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de Guatuso revisen su propia relación con Maquengal.

No se trata de incorporar a la comunidad como un gesto decorativo de participación. Se trata de reconocer que ya existe un proceso de producción de conocimiento en marcha y que cualquier nueva investigación sobre el territorio debería encontrarse con ese conocimiento, dialogar con él, contrastarlo, discutirlo y, cuando corresponda, dejarse interpelar por él.

La ciencia no pierde autoridad cuando escucha.

La pierde cuando se utiliza como autoridad para no escuchar.

La universidad no se debilita cuando una comunidad cuestiona sus investigaciones.

Se debilita cuando necesita silenciar esas preguntas para sostener su autoridad.

Y una municipalidad no fortalece su gestión territorial cuando se limita a exhibir la legalidad de una decisión.

La fortalece cuando permite que quienes viven las consecuencias de esa decisión puedan participar realmente en su discusión.

Lo que está en juego en Río Frío-Maquengal no es una disputa entre ciencia y anticiencia. Esa formulación ya contiene una trampa: coloca a las instituciones del lado del conocimiento y a la comunidad en el lugar de quien debe demostrar que merece ser escuchada. La disputa es otra.

Es por quién puede producir conocimiento sobre el territorio, quién puede formular sus preguntas, qué saberes son reconocidos y quién tiene capacidad para intervenir en las decisiones que afectan los bienes comunes.

Y allí la pregunta sigue siendo tan sencilla como incómoda: ¿Quién tiene derecho a preguntar sobre el territorio?

Maquengal ya está preguntando. La cuestión es si la Universidad y la Municipalidad están dispuestas a escuchar.

Referencia:

Observatorio Bienes Comunes UCR. (2025, 8 de octubre). De la consulta prometida al silencio institucional: Maquengal sigue sin respuestas. Observatorio de Bienes Comunes.

Tyler, C., Akerlof, K. L., al-Gharbi, M., Bedsted, B., Boeira, L., Brown, T., Christopherson, E., Scheufele, D. A., Farooque, M., Head, B. W., Piquado, T., & Pedersen, D. B. (2026). Six ways to put the public at the heart of science and policy. Nature, 655, 34–37. https://doi.org/10.1038/d41586-026-01981-z

Una disculpa necesaria

Desde el Observatorio de Bienes Comunes queremos ofrecer una disculpa a la comunidad de Maquengal y al Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro.

Como parte de una universidad pública, no podemos mirar hacia otro lado cuando nuestra propia institución reproduce prácticas que hemos cuestionado a lo largo de este proceso: ningunear a la comunidad, desconocer sus conocimientos y reforzar el estereotipo de que quienes cuestionan las decisiones técnicas son personas “anticientíficas” o contrarias al desarrollo.

La comunidad de Maquengal no está contra la ciencia. Ha preguntado, observado, documentado, contrastado y exigido respuestas. Eso también es una forma de producir conocimiento. Lo preocupante no es que la comunidad cuestione los estudios; lo preocupante es una institucionalidad que utiliza la autoridad de lo técnico para evitar ser cuestionada.

Por eso queremos ser claros: no corresponde pedirle a Maquengal que demuestre que no es “anticiencia”. Corresponde a las instituciones demostrar que están dispuestas a escuchar, dialogar y reconocer los conocimientos que la comunidad ha construido sobre su propio territorio.

Lamentamos que la Universidad de Costa Rica vuelva a reproducir una relación en la que el conocimiento institucional parece tener prioridad sobre la palabra de quienes viven y defienden el río. Y lamentamos que la comunidad tenga que seguir insistiendo para ser reconocida como interlocutora.

También queremos aclarar algo frente a cualquier cuestionamiento sobre por qué no solicitamos previamente información sobre los acuerdos, coordinaciones o decisiones tomadas entre las distintas instituciones involucradas. No nos corresponde validar los intereses, acuerdos o arreglos establecidos entre instituciones. Nuestro papel es observar, problematizar y hacer pública la preocupación que generan las decisiones tomadas y, especialmente, las formas en que la institucionalidad se relaciona con las comunidades. Dar a conocer esa percepción y abrir una discusión pública sobre esas prácticas también forma parte de nuestro compromiso con los bienes comunes y con una universidad pública al servicio de la sociedad.

Esta disculpa también nos compromete a seguir señalando estas prácticas dentro de nuestra propia universidad. Maquengal ya tiene voz, conocimiento y organización. Lo que falta no es darle voz a la comunidad; lo que falta es que las instituciones aprendan a escucharla.

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Semillero Zapatista – Metodología de lo común: aprender, organizarse y construir desde la práctica

No hay una receta para construir lo común. El camino se construye en la práctica, en la escucha y en la organización, pero también en diálogo con las condiciones concretas de cada territorio. Esta es una de las ideas que atraviesan las reflexiones compartidas por compañeras y compañeros zapatistas en los encuentros y Semilleros realizados durante 2026 en el CIDECI-Unitierra y en el Semillero “Comandanta Ramona”. En estas intervenciones, lo común no aparece como un modelo terminado ni como una fórmula que pueda trasladarse de una comunidad a otra. Aparece, más bien, como una práctica que se ensaya, se discute, se corrige y se sostiene colectivamente; un proceso cuyo sentido se construye desde las experiencias concretas de quienes lo viven.

Hablar de una metodología de lo común no significa elaborar un manual con pasos que puedan aplicarse de la misma manera en cualquier territorio. Significa, más bien, preguntarse cómo las comunidades construyen sus propias formas de hacer, aprender y organizarse a partir de lo que viven, de los problemas que enfrentan y de los saberes que ya poseen.

Esta perspectiva parte de una premisa fundamental: la práctica colectiva no es únicamente el espacio donde se aplica el conocimiento; también es uno de los lugares donde ese conocimiento se produce. Se aprende haciendo, experimentando, equivocándose, encontrando soluciones y volviendo a intentar. La teoría, en este sentido, no antecede necesariamente a la acción: puede surgir de ella, regresar a ella y transformarse nuevamente a partir de la experiencia: La práctica no es el lugar donde se aplica el conocimiento: también es el lugar donde el conocimiento se construye.

Aprender haciendo

Si el conocimiento se produce en la práctica, entonces el error adquiere otro significado. No necesariamente representa un fracaso ni una interrupción del camino. Puede ser, por el contrario, una oportunidad para comprender lo ocurrido, revisar las decisiones tomadas y encontrar nuevas formas de continuar.

Cuando algo no funciona, la respuesta no consiste necesariamente en abandonar el proceso. Consiste en observar, corregir, aprender y volver a intentar. Es en ese movimiento —entre acción, reflexión y nueva acción— donde se va construyendo una experiencia colectiva capaz de producir sus propios aprendizajes.

Por eso, la metodología de lo común se distancia de la idea de un manual universal. Un manual supone que existe una respuesta previamente elaborada que puede trasladarse de un lugar a otro. Pero ninguna comunidad parte de cero ni vive las mismas condiciones: cada una tiene su historia, sus necesidades, sus conocimientos, sus conflictos, sus capacidades y sus formas particulares de organización.

Cada realidad requiere respuestas situadas.

De ahí que la creatividad, la adaptación e incluso la improvisación no sean elementos secundarios del proceso. Son capacidades necesarias cuando se trabaja con realidades que cambian y que no pueden ser completamente previstas de antemano. Aprender haciendo supone, también, aprender a modificar el camino.

Y modificar el camino exige reconocer algo más: toda práctica ocurre en un territorio y en un tiempo determinados. No basta, entonces, con preguntarse qué hacer. También es necesario preguntarse para quién, dónde y pensando en qué horizonte.

Pensar más allá del presente

Esta dimensión temporal aparece con fuerza en las reflexiones zapatistas a través de una invitación a pensar en un horizonte de 120 años. La imagen desplaza la mirada de los resultados inmediatos hacia varias generaciones y obliga a considerar que algunas decisiones de hoy solo mostrarán sus consecuencias mucho después.

Construir lo común implica, entonces, preguntarse qué estamos dejando a quienes vendrán: a los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos.

Este horizonte transforma también la manera de entender la acción colectiva. No todas las transformaciones producen beneficios visibles para quienes las comienzan. Algunas tareas pueden requerir años o incluso generaciones antes de mostrar plenamente sus frutos. Trabajar para el común significa aceptar esa dimensión del tiempo y actuar aun cuando los resultados no sean inmediatos: Construir lo común también significa trabajar para quienes todavía no han llegado.

Pensar a largo plazo no significa, sin embargo, imaginar que todas las comunidades avanzarán al mismo ritmo. Algunas pueden estar comenzando mientras otras llevan décadas construyendo alternativas. Hay procesos que avanzan, retroceden, se detienen y vuelven a comenzar. El tiempo de lo común tampoco es uniforme.

Esta atención al tiempo conduce nuevamente al territorio. Si los procesos tienen ritmos diferentes, es porque también se desarrollan en condiciones diferentes. Por eso, cualquier metodología que pretenda construir lo común debe comenzar por reconocer el lugar concreto desde el cual se actúa.

Cada territorio tiene su propio camino

Una metodología de lo común no puede separarse de las condiciones materiales, históricas y culturales de cada territorio. La geografía, las tradiciones, las formas de organización, los saberes disponibles y los tiempos de cada comunidad forman parte del problema y, al mismo tiempo, de las posibilidades para construir respuestas.

Por eso no se trata de trasladar un modelo de un territorio a otro. Lo que puede compartirse son experiencias, preguntas, principios y aprendizajes; el camino concreto debe construirse en cada lugar.

De ahí la importancia de una afirmación presente en estas reflexiones: “No estamos dando receta.”

La experiencia zapatista, desde esta perspectiva, no aparece como un modelo terminado que deba copiarse. Puede ser una fuente de aprendizaje precisamente porque muestra la importancia de construir desde las condiciones propias. Su valor no está en ofrecer una fórmula, sino en abrir preguntas sobre cómo organizarse, cómo aprender y cómo sostener procesos colectivos.

Esto supone también evitar el paternalismo. Reconocer que cada territorio tiene su propio camino implica confiar en las capacidades que ya existen en las comunidades y asumir que las respuestas no necesariamente deben llegar desde fuera.

Pero reconocer el territorio no significa únicamente reconocer una geografía o una identidad. También significa mirar cómo se sostiene materialmente la vida en ese territorio: quién produce, quién cuida, quién transforma, quién sabe y de qué manera todas esas actividades se relacionan.

La conexión comienza en lo material

Hablar de comunidad no debería quedarse en el terreno de las ideas. La interdependencia se vuelve visible cuando observamos aquello que hace posible la vida cotidiana.

Quien trabaja la tierra produce alimentos; otras personas producen herramientas, cuidados, conocimientos u otros bienes necesarios para sostener la vida colectiva. Cada actividad se relaciona con otras y ninguna existe completamente aislada “Yo soy trabajador del campo, produzco la alimentación…”

La frase nos permite desplazar la discusión desde una idea abstracta de comunidad hacia una pregunta concreta: ¿qué necesitamos unas personas de otras para vivir?

La respuesta muestra que la interdependencia no es una aspiración. Ya existe en el trabajo cotidiano. Lo que está en juego es cómo reconocerla y, sobre todo, cómo organizar el trabajo y la vida de acuerdo con ella.

Así, construir lo común no consiste solamente en afirmar que dependemos mutuamente. Consiste en crear formas de organización capaces de hacer visible esa relación y de fortalecerla.

Pero para reorganizar las relaciones sociales no basta con modificar estructuras externas. También es necesario revisar algunas de las ideas y hábitos que hemos aprendido a considerar normales.

Desaprender para recuperar otros saberes

Construir de otra manera requiere, en ese sentido, un ejercicio de desaprendizaje. Hay formas de relacionarnos que pueden obstaculizar la construcción de lo común: la competencia permanente, el individualismo, la búsqueda de resultados inmediatos, determinadas jerarquías y una lógica de consumo que puede convertir las relaciones en intercambios entre individuos aislados.

Desaprender no significa quedarse sin conocimientos. Significa preguntarse qué hemos aprendido, qué relaciones reproducen esos aprendizajes y qué otros saberes han quedado desplazados o desvalorizados.

Ahí adquieren particular importancia los conocimientos que permanecen en las comunidades. Las personas mayores, por ejemplo, conservan experiencias vinculadas con la tierra, el trabajo, la organización comunitaria y formas de vida que pueden dialogar con otros conocimientos y con los desafíos del presente.

El propósito no es rechazar la ciencia ni establecer una oposición simple entre conocimiento científico y saberes ancestrales. El desafío consiste en ponerlos en diálogo con la experiencia cotidiana y preguntarse para qué y al servicio de quién se produce el conocimiento.

El desafío es construir una ciencia al servicio de la vida y del común.

Este ejercicio de desaprender y recuperar saberes también abre un espacio para imaginar otras formas de relación. Si queremos transformar la manera en que convivimos, necesitamos experimentar no solo en el trabajo y en la organización, sino también en aquellas actividades que construyen vínculos cotidianos.

Crear nuevas formas de relacionarnos

El arte, el juego y el deporte pueden parecer ámbitos alejados de las discusiones sobre organización y comunidad. Sin embargo, también allí se aprenden formas de relacionarse con otras personas.

La pregunta, por tanto, no es únicamente qué actividades realizamos, sino qué relaciones producen esas actividades.

Una práctica puede organizarse alrededor de la competencia individual, colocando el énfasis en quién gana y quién pierde. Pero también puede transformarse en una experiencia colectiva en la que se reconozcan la cooperación, la participación y el valor del grupo.

La cuestión de fondo es: ¿Cómo crear actividades que fortalezcan la cooperación en lugar de reproducir permanentemente la competencia?

No hay una respuesta predeterminada. Y esto nos devuelve a una de las ideas centrales de la metodología de lo común: también aquí hay que experimentar. Crear otras relaciones requiere espacios donde sea posible probar, equivocarse, modificar y volver a intentar.

Sin embargo, experimentar con otras formas de relación no significa que el camino esté libre de obstáculos. Las transformaciones encuentran resistencias, incertidumbres y, especialmente, miedo.

Frente al miedo, organización

Toda transformación enfrenta obstáculos. El miedo puede aparecer cuando una situación parece demasiado grande, cuando las posibilidades de cambio parecen escasas o cuando el costo de actuar resulta incierto.

El problema no es simplemente sentir miedo. El problema aparece cuando ese miedo termina convirtiéndose en resignación y hace parecer inevitable aquello que podría ser transformado.

Frente a ello, la organización adquiere un papel central. Organizarse permite compartir responsabilidades, reunir generaciones, poner en común conocimientos y construir acuerdos. Pero no se reduce a crear una estructura formal: también puede convertirse en una manera cotidiana de relacionarse y de enfrentar colectivamente aquello que una persona aislada difícilmente podría resolver: “La organización permite transformar el miedo en capacidad colectiva para actuar”.

La organización, entonces, conecta varias de las dimensiones anteriores. Permite convertir la experiencia en aprendizaje compartido, relacionar capacidades distintas, sostener procesos en el tiempo y construir respuestas adecuadas a las condiciones de cada territorio.

De ahí que la pregunta no sea solamente qué nos preocupa o qué nos da miedo, sino qué hacemos colectivamente frente a ello.

Dos caminos: resignarse u organizarse

En este punto aparece una disyuntiva sencilla, pero decisiva: aceptar que “no se puede” o decidir no resignarse.

La resignación puede surgir cuando los problemas parecen demasiado grandes, cuando se piensa que corresponde a otras personas resolverlos o cuando el futuro se convierte en una razón para posponer indefinidamente la acción.

La otra posibilidad consiste en organizarse y comenzar desde el presente, aun sin contar con todas las respuestas.

Organizarse no significa tener un plan completo ni saber de antemano cuál será el resultado. Significa asumir que las respuestas pueden construirse colectivamente mediante la práctica. Por eso, la organización no es únicamente una decisión inicial: es un ejercicio permanente de aprendizaje, ajuste y creación.

Y si organizarse significa construir respuestas colectivas, entonces también exige una capacidad que atraviesa todo el proceso: escuchar.

Escuchar también es una forma de aprender

La construcción de lo común requiere diálogo, pero dialogar no significa simplemente hablar. Significa estar dispuesto a reconocer que otras personas pueden utilizar palabras diferentes, tener experiencias distintas o haber llegado a una conclusión semejante siguiendo otro camino.

Una de las imágenes más sugerentes de estas reflexiones es la de quienes toman nota de una palabra que no conocen y después buscan su significado para completar el “rompecabezas”. La imagen expresa una disposición fundamental: escuchar incluso cuando no comprendemos inmediatamente y mantener abierta la posibilidad de aprender.

Escuchar implica, por tanto, suspender la necesidad de tener una respuesta inmediata. También supone aceptar que el conocimiento puede encontrarse en lugares, experiencias y personas que no reconocemos inicialmente como fuentes legítimas de saber.

El diálogo no tiene como objetivo que todas las personas piensen exactamente igual. Puede consistir, más bien, en reconocer diferentes caminos hacia problemas, experiencias o conclusiones compartidas.

En ese sentido, escuchar no es una etapa posterior a la organización. Es una de las condiciones que permiten organizarse de otra manera.

Nueve claves para pensar una metodología de lo común

Al recorrer estas reflexiones aparece una serie de principios que no funcionan como pasos de un método cerrado, sino como pistas para orientar la práctica:

  1. Partir de la práctica. El conocimiento también se construye haciendo, experimentando y aprendiendo de los errores.
  2. Pensar a largo plazo. Las transformaciones deben considerar a las generaciones futuras y no limitarse a los resultados inmediatos.
  3. Reconocer cada territorio. No existen soluciones idénticas para todas las comunidades; las respuestas deben construirse desde condiciones concretas.
  4. Construir desde la interdependencia. La vida cotidiana muestra cuánto necesitamos de otras personas y de otros trabajos.
  5. Desaprender. Es necesario cuestionar formas de relación basadas en el individualismo, la competencia y la inmediatez.
  6. Crear. El arte, el juego y otras prácticas pueden convertirse en espacios para experimentar relaciones diferentes.
  7. Enfrentar el miedo. El miedo puede reconocerse sin permitir que se convierta en una razón para paralizarse.
  8. Organizarse. La organización permite transformar preocupaciones individuales en capacidad colectiva.
  9. Escuchar. El diálogo requiere reconocer otros saberes, experiencias y caminos.

Estas claves no deben entenderse como una secuencia rígida. Se cruzan y se retroalimentan. Se aprende haciendo, pero también escuchando; se organiza desde las condiciones de cada territorio; se piensa el presente desde las generaciones futuras; se desaprenden relaciones para poder crear otras nuevas.

Por eso, más que un método acabado, lo que aparece es una forma de caminar.

El camino se construye al andar

Una metodología de lo común no ofrece respuestas prefabricadas. Su propuesta consiste, precisamente, en construir respuestas desde los territorios, a partir de la experiencia, la organización, la escucha y el diálogo.

Es un proceso que requiere tiempo y que no puede separarse de la capacidad de aprender de los errores. Supone aceptar que algunas respuestas tendrán que modificarse, que algunos caminos no funcionarán y que las condiciones cambiarán. La incertidumbre no es, entonces, una falla del proceso: forma parte de él.

En última instancia, la pregunta no es cuál es el método correcto, sino cómo construir colectivamente formas de vida capaces de sostenerse en el tiempo y de dejar una herencia distinta a quienes vendrán.

Como recuerdan estas reflexiones: “Hay que organizarse… si no, no hay herencia buena que le vamos a dejarle a los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos.”

La frase devuelve la mirada al comienzo. Si no existe una receta, tampoco existe un camino completamente trazado. Lo que existe es la posibilidad de construirlo colectivamente: aprendiendo de la práctica, reconociendo los territorios, pensando más allá del presente, recuperando saberes, creando otras relaciones, enfrentando el miedo, organizándose y escuchando.

El camino se construye mientras se camina, se aprende y se organiza.

Referencias:

Subcomandante Insurgente Moisés. (2026, 9 de agosto). Compartición “El Común Hoy” (o sea cómo va lo del Común actualmente en las comunidades zapatistas). YouTube.

Subcomandante Insurgente Moisés, & Capitán Insurgente Marcos. (2026, 23 de julio). Palabras del Subcomandante Insurgente Moisés y el Capitán Insurgente Marcos. Semillero Guerra contra la Humanidad (Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio). YouTube.

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Cuando el hemisferio vuelve a ser un tablero: la «Doctrina Donroe», la securitización de América Latina y la mirada de la antigeopolítica

No hay mapas inocentes. Cada mapa organiza una forma de mirar el mundo, establece prioridades y define quiénes son aliados, amenazas o territorios estratégicos. El reciente artículo de Elbridge Colby sobre la denominada Doctrina Donroe no es únicamente una columna de opinión: es una declaración sobre cómo la administración Trump imagina el futuro de América Latina y el Caribe.

El pasado 29 de julio, Elbridge Colby, subsecretario de Guerra para Política de Estados Unidos, publicó un artículo en el que presenta lo que denomina el «Trump Corollary to the Monroe Doctrine», bautizado también como la Doctrina Donroe. En él sostiene que Estados Unidos debe volver a concentrar su estrategia en el hemisferio occidental, fortaleciendo la cooperación militar, aumentando las capacidades de defensa de los países latinoamericanos e impidiendo que potencias rivales establezcan posiciones estratégicas en la región.

Aunque el texto se presenta como una propuesta pragmática basada en el «interés mutuo», expresa una manera particular de entender el continente: América Latina deja de ser vista como un conjunto de sociedades diversas para convertirse en un espacio cuyo principal valor reside en su importancia para la seguridad estadounidense.

Desde la perspectiva de la antigeopolítica, esta transformación merece una lectura crítica.

Más que una doctrina: una forma de imaginar el territorio

Uno de los principales aportes de la geopolítica crítica consiste en recordar que la geopolítica no comienza con los ejércitos, sino con los discursos. Antes de movilizar tropas, instalar bases militares o firmar acuerdos de cooperación, los Estados producen relatos sobre el mundo: identifican amenazas, delimitan fronteras simbólicas y asignan funciones a los territorios.

Eso es precisamente lo que hace Colby. Su artículo sostiene que durante décadas Estados Unidos descuidó el hemisferio occidental al privilegiar un orden internacional liberal y global. Frente a ello propone un cambio de rumbo: volver a mirar América Latina desde una lógica de «realismo flexible» y «América Primero».

En esta narrativa, el territorio latinoamericano adquiere cuatro funciones estratégicas:

  • -proteger la seguridad del territorio estadounidense;
  • -contener amenazas transnacionales;
  • -impedir la presencia de potencias rivales;
  • -garantizar un entorno estable para los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

No es casual que el artículo hable reiteradamente de «nuestro hemisferio». Esa expresión no es neutra. Construye una geografía política donde la región deja de ser un conjunto de países soberanos para convertirse en un espacio cuya estabilidad se define desde Washington.

Como señala la geopolítica crítica, los mapas también son discursos de poder.

Del enemigo interno al enemigo multidimensional

La denominada Doctrina Donroe no aparece en un vacío histórico. Forma parte de una larga tradición de doctrinas de seguridad impulsadas por Estados Unidos hacia América Latina.

Durante la Guerra Fría, la Doctrina de Seguridad Nacional transformó profundamente la manera de entender la seguridad en el continente. Su principal innovación consistió en desplazar la amenaza desde las fronteras hacia el interior de las sociedades.

El enemigo ya no era únicamente un ejército extranjero. Era el enemigo interno.

Esa categoría fue deliberadamente amplia. Incluyó organizaciones guerrilleras, pero también sindicatos, movimientos campesinos, organizaciones estudiantiles, comunidades eclesiales de base, organizaciones indígenas, defensores de derechos humanos e incluso actores políticos que cuestionaban el orden establecido. En numerosos países latinoamericanos, esa lógica sirvió para justificar la militarización de la vida política, la vigilancia, los estados de excepción y graves violaciones a los derechos humanos.

La Doctrina Donroe no reproduce exactamente esa doctrina. Los contextos históricos son distintos. Sin embargo, comparte un mecanismo similar: la construcción de una narrativa de amenazas que reorganiza las prioridades del Estado.

En el texto de Colby aparecen reunidos narcotráfico, terrorismo, migración, gobiernos de izquierda, crimen organizado y competencia con otras potencias. Venezuela, Nicaragua y Bolivia son incorporados dentro de esa arquitectura discursiva como factores que contribuyen a la inseguridad regional.

No se trata de afirmar que estos fenómenos sean equivalentes. Lo importante es observar cómo son integrados dentro de un mismo lenguaje de seguridad.

Desde la antigeopolítica, la pregunta fundamental no es únicamente cuáles amenazas existen, sino quién las define, desde dónde las define y qué políticas se vuelven posibles una vez que esas amenazas son aceptadas como sentido común.

Cuando la seguridad reorganiza la política

Uno de los ejes centrales del artículo es la afirmación de que no puede haber desarrollo sin seguridad. Bajo esa premisa, Colby propone incrementar el gasto militar, fortalecer las capacidades de defensa de los países latinoamericanos y ampliar la cooperación con las fuerzas armadas estadounidenses.

El problema no radica en reconocer la importancia de la seguridad.

El problema aparece cuando la seguridad deja de ser una política pública y se convierte en el principio organizador de todas las demás.

Cuando eso ocurre, cuestiones como la participación ciudadana, la protección ambiental, la justicia social o los derechos colectivos comienzan a evaluarse principalmente desde su utilidad para la estabilidad y el control territorial.

La historia latinoamericana muestra que los procesos de securitización rara vez son neutros.

Con frecuencia terminan ampliando la capacidad de vigilancia del Estado, fortaleciendo la militarización de determinados territorios y reduciendo los márgenes del debate democrático.

Los bienes comunes como territorios estratégicos

Para quienes defienden los bienes comunes, este giro tiene profundas implicaciones.

Puertos, redes eléctricas, corredores logísticos, minerales críticos, cables submarinos, bosques, humedales, ríos y zonas costeras pueden dejar de entenderse como bienes comunes para convertirse en infraestructura estratégica.

Cuando eso sucede cambia la pregunta política.

Ya no se discute quién cuida un río. Se discute quién controla un activo estratégico.

Ya no se habla únicamente de conservación. Se habla de seguridad nacional. Las comunidades dejan de ser protagonistas de la gestión territorial y pasan a ser consideradas actores cuya participación depende de las prioridades de la seguridad.

La antigeopolítica: mirar el territorio desde abajo

Frente a esta mirada, la antigeopolítica propone invertir el punto de partida.

En lugar de comenzar por los intereses de las grandes potencias, comienza por las experiencias de quienes habitan los territorios.

No pregunta únicamente cómo defender un Estado. Pregunta cómo defender la vida. Cómo proteger los bienes comunes. Cómo fortalecer la democracia territorial. Cómo ampliar la capacidad de decisión de las comunidades.

Mientras la geopolítica observa corredores estratégicos, balances militares y zonas de influencia, la antigeopolítica observa conflictos ambientales, formas de organización comunitaria, memorias territoriales y prácticas cotidianas de cuidado.

Una herramienta para leer la Doctrina Donroe

Más que aceptar o rechazar la doctrina, la antigeopolítica propone leerla críticamente.

DimensiónLo que plantea la Doctrina DonroePreguntas desde la antigeopolítica
TerritorioEl hemisferio es un espacio estratégico para la seguridad de EE. UU.¿Estratégico para quién? ¿Quién define esa importancia?
AmenazasNarcotráfico, migración, gobiernos considerados hostiles y potencias rivales forman parte de un mismo marco de seguridad.¿Cómo se construye el enemigo? ¿Qué conflictos quedan invisibilizados?
SeguridadLa seguridad antecede al desarrollo.¿Qué otras formas de seguridad pueden construirse desde las comunidades?
PoderEstados Unidos asume un liderazgo hemisférico.¿Quién define las reglas del orden regional?
Bienes comunesLos activos estratégicos deben protegerse.¿Qué ocurre cuando un río, un puerto o un bosque dejan de ser bienes comunes y pasan a ser activos de seguridad?
DemocraciaLa estabilidad depende del fortalecimiento de las capacidades de defensa.¿Cómo evitar que la seguridad desplace la deliberación democrática y la participación ciudadana?
Un debate que apenas comienza

La Doctrina Donroe no es únicamente una propuesta de política exterior estadounidense. Es un síntoma del retorno de una geopolítica que vuelve a colocar a América Latina en el centro de las disputas por la seguridad, los recursos estratégicos y la competencia entre potencias.

Su novedad no radica únicamente en recuperar el lenguaje de la Doctrina Monroe. También refleja una transformación más amplia: el paso desde la lógica del enemigo interno propia de la Guerra Fría hacia una constelación de amenazas híbridas, donde migración, narcotráfico, infraestructura crítica, gobiernos considerados hostiles y competencia geopolítica aparecen articulados bajo un mismo marco de seguridad.

Frente a esa mirada, la antigeopolítica no propone ignorar los problemas de seguridad que afectan a nuestras sociedades. Propone otra pregunta: ¿quién define qué significa estar seguros y desde dónde se construye esa definición?

Responder esa pregunta implica desplazar el centro del análisis. Los territorios dejan de ser simples espacios de disputa entre Estados y recuperan su condición de lugares habitados, donde comunidades, pueblos indígenas, organizaciones sociales y gobiernos locales producen conocimientos, cuidan los bienes comunes y construyen formas de seguridad vinculadas con la vida, la justicia ambiental y la democracia.

En un momento en que el hemisferio vuelve a ser concebido como un tablero estratégico, la antigeopolítica recuerda que los territorios no son casillas de un juego de poder. Son espacios vivos, atravesados por memorias, conflictos, derechos y proyectos colectivos. Leer críticamente doctrinas como la Doctrina Donroe es, en ese sentido, un ejercicio para comprender no solo cómo se reorganiza la geopolítica mundial, sino también cómo defender la autonomía de los pueblos y la gestión democrática de los bienes comunes frente a las nuevas formas de securitización.

Herramienta de análisis: Leer la Doctrina Donroe desde la antigeopolítica

La antigeopolítica parte de una premisa sencilla: las doctrinas de seguridad no solo describen el mundo, sino que también lo producen. Al definir amenazas, prioridades y territorios estratégicos, construyen una determinada forma de comprender la realidad y orientan las decisiones políticas.

La siguiente matriz propone algunas claves para leer críticamente la denominada Doctrina Donroe desde una perspectiva antigeopolítica.

Dimensión de análisisLa mirada de la Doctrina DonroeLa lectura desde la antigeopolíticaPreguntas para el debate
TerritorioEl hemisferio occidental es un espacio estratégico cuya estabilidad resulta indispensable para la seguridad de Estados Unidos.El territorio no es únicamente un espacio estratégico; es un espacio vivido, habitado y construido por comunidades con historias, conflictos y proyectos propios.¿Quién decide cuándo un territorio se convierte en «estratégico»? ¿Estratégico para quién?
AmenazasNarcotráfico, migración, terrorismo, gobiernos considerados hostiles y potencias rivales conforman un mismo escenario de inseguridad.Las amenazas no son únicamente hechos objetivos; también son construcciones políticas que priorizan ciertos problemas y silencian otros.¿Cómo se produce la figura del enemigo? ¿Qué conflictos quedan fuera de la narrativa de seguridad?
SeguridadLa seguridad constituye el requisito previo para el desarrollo y la prosperidad.La seguridad también implica garantizar derechos, justicia ambiental, participación democrática y condiciones dignas para la vida.¿Quién define qué significa estar seguros?
PoderEstados Unidos asume un papel conductor en la organización del orden hemisférico.El poder también se construye desde abajo: comunidades, gobiernos locales, pueblos indígenas y organizaciones sociales producen formas propias de gobernanza territorial.¿Quién tiene legitimidad para decidir el futuro del territorio?
ActoresLos protagonistas son los Estados, las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad.Las comunidades, organizaciones sociales y pueblos indígenas también producen conocimiento y seguridad territorial.¿Quiénes aparecen como sujetos políticos y quiénes quedan invisibilizados?
DesarrolloEl desarrollo depende del fortalecimiento de la seguridad y las capacidades de defensa.El desarrollo también requiere democracia, redistribución, sostenibilidad ecológica y participación ciudadana.¿Qué modelo de desarrollo se privilegia y quién se beneficia de él?
Bienes comunesLa infraestructura crítica y los activos estratégicos deben protegerse para garantizar la estabilidad regional.Los bienes comunes son territorios de vida cuya gestión debe construirse democráticamente, no únicamente desde criterios de seguridad nacional.¿Qué ocurre cuando un río, un puerto o un bosque pasan de ser bienes comunes a convertirse en activos estratégicos?
EscalaEl análisis parte de los intereses geopolíticos de una gran potencia.El análisis comienza en los territorios, las experiencias locales y las relaciones cotidianas de cuidado.¿Qué cambia cuando el mapa se dibuja desde las comunidades y no desde los centros de poder?
ConocimientoPredominan las categorías de inteligencia, defensa, riesgo y control.Se reconocen saberes comunitarios, memorias territoriales y conocimientos situados sobre el territorio.¿Qué conocimientos son considerados válidos para comprender los conflictos?
DemocraciaLa estabilidad y el orden aparecen como condiciones prioritarias para la cooperación regional.La seguridad solo es sostenible si fortalece la participación, los derechos humanos y la autonomía de las comunidades.¿Puede existir seguridad sin democracia?

Más que ofrecer respuestas definitivas, esta matriz busca mostrar que toda doctrina geopolítica es también una forma de producir realidad. La antigeopolítica invita a desplazar la mirada: del Estado a los territorios; de las amenazas a las relaciones que las construyen; de la competencia entre potencias a las comunidades que sostienen la vida. En ese desplazamiento aparecen preguntas que rara vez figuran en los documentos de seguridad: ¿quién cuida los bienes comunes?, ¿quién define el interés nacional?, ¿qué formas de seguridad emergen desde abajo y no desde los aparatos militares? Estas preguntas son fundamentales para comprender cómo las doctrinas geopolíticas inciden en la democracia, la autonomía territorial y la defensa de los bienes comunes.

Referencia:

Colby, Elbridge (2026). Elbridge Colby on the opportunities of the «Donroe Doctrine». Americas Quarterly. Americas Quarterly

Gonçalves de Lima, Ivaldo (Coord.). (2025). Uma mirada antigeopolítica: Tensão, resistência e emancipação na América Latina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

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Comunidades bribris protestan contra DINADECO por irrespeto a autonomía indígena

Zuiri Méndez y Andrea Espinoza

TC-590 Programa Kioscos Socioambientales

Clementino Villanueva se levantó a las 3:00 am para viajar desde la comunidad de Meleruk en Territorio Bribri de Talamanca hacia las oficinas centrales de DINADECO en San José.

Al igual que Filidencio Cubillo y más de 60 personas de distintas comunidades de este territorio indígena en Caribe Sur, protestaron el jueves 20 de agosto porque las jefaturas de DINADECO no han tramitado la destitución de la presidenta de la ADITIBRI.

La presidenta firmó un contrato el 14 de septiembre del 2024 con la empresa GGI Grupo GOICO Internacional, por la venta de certificados de créditos de carbono basados en cobertura forestal del territorio. Este convenio se realizó sin consulta previa, libre e informada.

Desde el 2024 la Asamblea de ADITIBRI anula el contrato, sin embargo el conflicto continuó y por esto que el 8 de mayo del 2026 realizaron una nueva Asamblea donde la mayoría votó por destituir a la presidenta.

Clementino indicó que se está irrespetando la autonomía indígena tutelada por legalidad nacional e internacional. Primero cuando DINADECO no está acogiendo la voluntad de la Asamblea general de la ADITIBRI. Y segundo, por firmar un contrato sin realizar la debida consulta.

Bonos de carbono, restricciones culturales y puertas a extractivismos

Restringirnos de las zonas boscosas para el uso de bonos de carbono, atenta contra nuestra dignidad y soberanía alimentaria. Por eso estamos aquí, y esperamos que DINADECO escuche nuestra petición y que el estado costarricense reconsidere su posición. No estamos mendigando nada, estamos aquí exigiendo nuestros derechos, señaló Filidencio.

Las críticas a los mercados de bonos de carbono ha generado críticas dentro del territorio bribri de Talamanca desde el 2010, cuando inició el Programa de REDD+ para territorios indígenas, en cual se estaba planteando según las poblaciones, sin un debido proceso de consulta.

Los bonos de carbono se venden a partir del carbono que capturan grandes masas de árboles, por lo que en los contratos que se firman, usualmente se impide que se realice cualquier alteración que vaya a afectar la captura del carbono. Esto implica que las poblaciones que viven con los bosques, no puedan tocarlos.

En ese sentido genera serias dudas sobre las restricciones que este tipo de proyectos pueda traer sobre los usos tradicionales sobre los bosques, pues son las zonas boscosas que sostienen la materialidad y cosmovisión de sus vidas. Así indica Filidencio: Es parte de nuestra cosmovisión, cuidar la naturaleza, porque en la naturaleza, en los bosques es que se encuentra nuestro alimento, la medicina, nuestras viviendas.

Clementino por su parte, señaló que la firma de estos contratos con empresas privadas pone en riesgo la poca selva que tienen, la protección de los ríos y las montañas. Y señala: Si los traidores entregan nuestros recursos a las transnacionales, no solo es el carbono, sino ya da pie para que exploten el oro, las minas, madera, gas. Estamos abriendo la puerta sin darnos cuenta que todo eso va a suceder a futuro. Y cuando eso pase ¿A dónde iremos todas las familias indígenas? Por eso estamos defendiendo lo poquito que tenemos.

Un lucha que continúa

A la protesta asistieron mujeres, menores de edad y personas adultas mayores provenientes de las comunidades de Kachabli, Korbita, Suretka, Meleruk, Rancho Grande, Volio, entre otras. Clementino indicó: Y si en caso que DINADECO no llegue con las personas negociadoras a un feliz término, la próxima vamos a tener invadido todo esto, no va a pasar ni carro. Talamanca ha sido siempre luchador defendiendo sus recursos naturales.

Galería
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Monitorear para defender: lo que los recientes registros de Philippe Vangoidsenhoven nos muestran sobre el Caribe Sur

Humedales intervenidos, bosques bajo presión, cambios de uso del suelo y fauna que intenta desplazarse entre carreteras, tendidos eléctricos y espacios urbanos. Los monitoreos recientes de Philippe Vangoidsenhoven muestran un territorio en transformación y la importancia de sostener una mirada atenta sobre aquello que muchas veces pasa desapercibido.

Monitorear un territorio también es una forma de defenderlo: observar, recorrer, fotografiar, registrar, comparar y volver al mismo lugar permite reconocer transformaciones que difícilmente pueden comprenderse a partir de una fotografía aislada o de una denuncia puntual. En el Caribe Sur, el trabajo de monitoreo que Philippe Vangoidsenhoven desarrolla desde hace varios años permite precisamente construir esa mirada sostenida sobre el territorio.

Sus recorridos por sectores como Hone Creek, Cocles, Playa Negra, Punta Uva y Sixaola han permitido documentar tanto espacios que todavía conservan importantes valores ecológicos como procesos de intervención que requieren atención.

Los registros más recientes permiten mirar dos dimensiones estrechamente relacionadas: las transformaciones de los ecosistemas y los efectos que estas tienen sobre la fauna que habita y se desplaza por el territorio.

Cuando un territorio cambia poco a poco

Uno de los principales aportes del monitoreo es mostrar que la transformación territorial no necesariamente ocurre de una sola vez.

En los casos recientemente documentados en Cocles y Sixaola aparecen procesos acumulativos: eliminación de vegetación, chapea, tala, rellenos, fumigación, extracción de madera, apertura de terrenos y, posteriormente, posibles cambios hacia otros usos.

En uno de los casos de Cocles, por ejemplo, un terreno donde anteriormente existía una bomba de agua presenta intervenciones que incluyen eliminación de árboles y rellenos con distintos materiales. Las imágenes obtenidas mediante dron permiten observar que una parte importante del terreno presenta características propias de un humedal, algo que resulta difícil de apreciar desde la vía pública debido a la vegetación que permanece en su borde.

El caso resulta especialmente relevante porque permite preguntarnos qué ocurre cuando las transformaciones de un terreno se desarrollan gradualmente y permanecen parcialmente ocultas a la mirada cotidiana.

Y también muestra por qué una fotografía tomada hoy puede ser apenas un fragmento de una historia territorial mucho más larga.

Humedales bajo presión, pero también espacios que todavía resisten

Los registros de Cocles muestran un contraste especialmente significativo. Mientras un humedal presenta señales de intervención, en un terreno cercano todavía permanece otra pequeña laguna rodeada de vegetación y árboles, aparentemente conservando sus características naturales.

La comparación entre ambos espacios permite recordar algo fundamental: los humedales no son terrenos vacíos esperando ser rellenados. Son ecosistemas con funciones propias y espacios que sostienen biodiversidad. El hecho de que algunos todavía permanezcan en buenas condiciones permite, además, reconocer que las transformaciones no son inevitables y que existen espacios cuya conservación continúa siendo posible.

Por eso, monitorear también significa identificar aquello que todavía está ahí y preguntarnos qué necesitamos hacer para que permanezca.

Bosques, humedales y cauces forman parte del mismo territorio

Otro de los elementos que aparece en los registros es la dificultad de separar los problemas ambientales en categorías aisladas.

En el sector de Cocles, territorio Keköldi, el monitoreo permitió identificar trabajos de chapea en un terreno con árboles antiguos y sectores con características de humedal. La intervención pudo detenerse con la participación de la Fuerza Pública y un fiscal indígena. El sitio se encuentra, además, en un espacio vinculado al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y, según la información registrada, parte del área corresponde a Patrimonio Natural del Estado.

En Sixaola aparece otra cadena de transformaciones: extracción de madera, reducción de cobertura vegetal, eliminación de regeneración, fumigación, fragmentación y posterior transformación de terrenos, incluyendo áreas que habrían sido destinadas a la venta de lotes. El monitoreo también registra intervenciones próximas al cauce de agua que atraviesa la finca.

Esto permite observar una tendencia que merece especial atención: bosque, humedal, vegetación ribereña, cauces y cambio de uso del suelo no pueden analizarse como asuntos separados.

Lo que ocurre en una parcela puede tener efectos sobre otros elementos del territorio.

De la extracción de madera al cambio de uso del suelo

El caso de San Rafael 2, en Sixaola, permite observar una transformación que merece seguimiento más allá del momento de la tala.

De acuerdo con el monitoreo, la extracción de madera se habría desarrollado durante más de tres décadas, pasando progresivamente de árboles de mayor diámetro hacia árboles más pequeños. Posteriormente, algunas áreas fueron despejadas, se iniciaron labores de fumigación y parte del terreno habría comenzado a ponerse a disposición para la venta de lotes.

La preocupación, entonces, no se limita a cuánto bosque se pierde en un momento determinado.

También importa qué ocurre después. La apertura de terrenos, la fragmentación y la posible urbanización pueden formar parte de una misma secuencia de transformación. Por eso, el monitoreo permite construir memoria y seguir el proceso completo, en lugar de observar únicamente una intervención puntual.

La fauna también nos cuenta cómo está cambiando el territorio

El segundo monitoreo reciente amplía esta mirada. Porque el territorio no está habitado únicamente por personas, casas, carreteras o infraestructura. También lo utilizan especies que necesitan desplazarse, alimentarse, descansar y reproducirse.

En Puerto Viejo, Philippe ha seguido durante años la presencia de un cocodrilo juvenil que habita una quebrada ubicada en la entrada de la localidad. El animal parece haberse adaptado a este espacio urbano y mantiene una conducta de evasión frente a las personas. Pero incluso pequeñas modificaciones pueden alterar las condiciones de esa convivencia.

Los troncos ubicados en la desembocadura de la quebrada, utilizados por el cocodrilo como lugar de descanso, fueron retirados. La intervención habría estado relacionada con el manejo del agua, aunque esta información requiere confirmación institucional. El caso abre una pregunta sencilla pero importante: ¿qué ocurre cuando modificamos un elemento aparentemente menor que forma parte del hábitat de una especie?

El monitoreo también registra dos casos de congos encontrados muertos en sectores de Paraíso Road y San Rafael 2, Sixaola. En el primer caso, las características observadas permiten plantear como hipótesis un posible contacto con cables de alta tensión, aunque la causa exacta requeriría una evaluación técnica. El segundo registro refuerza la necesidad de identificar posibles puntos de riesgo en los recorridos de la fauna.

No basta con construir infraestructura para la fauna

Hay otro aprendizaje interesante. En Paraíso Road se había instalado un mecate con la intención de facilitar el desplazamiento de animales sobre la carretera. Sin embargo, después de más de un año de seguimiento mediante cámaras, Philippe señala que no registró cruces por esa estructura.

Esto plantea una cuestión que debería estar presente en las políticas de conservación: una infraestructura para fauna no debería evaluarse solamente porque fue construida.

También necesitamos saber si funciona. ¿La utilizan los animales? ¿Qué especies la utilizan? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué condiciones? ¿Qué modificaciones serían necesarias?

El monitoreo permite justamente formular estas preguntas y evaluar si las medidas adoptadas producen los resultados esperados.

Algunas tendencias que atraviesan los registros

Aunque los casos son diferentes, vistos en conjunto permiten reconocer varias tendencias presentes en el Caribe Sur.

1. La transformación territorial es progresiva: Las intervenciones pueden acumularse durante años: primero la eliminación de vegetación, luego el relleno, la limpieza, la fumigación, la apertura de caminos o terrenos y finalmente nuevos usos.

2. Los humedales continúan bajo presión: Los registros muestran tanto humedales intervenidos como espacios que todavía conservan sus características naturales. El contraste hace visible la necesidad de protegerlos y dar seguimiento a sus transformaciones.

3. El cambio de uso del suelo merece atención permanente: La pérdida de cobertura forestal puede ser parte de procesos más amplios de fragmentación, apertura de terrenos y urbanización.

4. La infraestructura también transforma los recorridos de la fauna: Carreteras, puentes y tendidos eléctricos atraviesan espacios utilizados por las especies. Lo que para las personas puede parecer infraestructura cotidiana puede convertirse en una barrera o un punto de riesgo para la fauna.

5. Las denuncias no deberían ser el punto final: En varios de los casos aparecen denuncias previas, participación institucional o acciones para detener intervenciones. Pero queda una pregunta fundamental: ¿qué ocurre después?

El seguimiento permite saber si una intervención se detuvo, si reapareció, si cambió de forma o si forma parte de un proceso más amplio.

6. La información también es una herramienta de prevención: Conocer dónde habita una especie, por dónde se desplaza o dónde se producen intervenciones permite anticipar conflictos y pensar medidas preventivas.

En ese sentido, monitorear no es solamente registrar problemas. Es también producir información para tomar mejores decisiones.

Monitorear es construir memoria territorial

Quizás uno de los aportes más importantes de este trabajo sea precisamente ese: construir memoria.

Las fotografías, videos, recorridos, observaciones y registros realizados en distintos momentos permiten comparar el antes y el después, reconocer patrones y documentar cambios que podrían perderse en la cotidianidad.

El monitoreo ciudadano puede convertirse así en una herramienta para mirar procesos que requieren tiempo.

Porque un bosque que desaparece, un humedal que se rellena, un cauce que se modifica o un corredor utilizado por la fauna que se interrumpe no son necesariamente hechos aislados. Pueden ser parte de transformaciones más amplias del territorio.

Y seguir esas transformaciones permite formular preguntas que no siempre aparecen cuando miramos solamente una parcela o un evento:

– ¿Qué está cambiando?
– ¿Desde cuándo?
– ¿Qué permanece?
– ¿Quién interviene?
– ¿Qué mecanismos existen para protegerlo?
– ¿Y qué sucede después de que aparece una alerta?

Seguir mirando también es defender

Los registros recientes de Cocles, Puerto Viejo y Sixaola muestran un Caribe Sur profundamente dinámico.

Hay humedales que enfrentan presiones, pero también otros que permanecen. Hay bosques transformados y espacios que todavía conservan árboles antiguos. Hay fauna que encuentra formas de adaptarse a espacios urbanos y animales que enfrentan riesgos asociados con la infraestructura.

Frente a estas transformaciones, el monitoreo permite hacer algo fundamental: no perder de vista lo que está ocurriendo.

El trabajo de Philippe Vangoidsenhoven nos recuerda que recorrer el territorio, documentarlo y volver a mirar en el tiempo puede aportar elementos para comprender los cambios, identificar tendencias y mantener abiertas las discusiones sobre cómo queremos habitar estos territorios.

Porque monitorear no es solamente observar. Es construir memoria, producir conocimiento y sostener una mirada sobre aquello que queremos defender.

Seguir el monitoreo del Caribe Sur

Este trabajo de observación continúa y reúne nuevos registros sobre fauna, ecosistemas, transformaciones territoriales y situaciones que requieren seguimiento.

Si quieren conocer directamente los reportes, fotografías y observaciones de Philippe Vangoidsenhoven, pueden visitar su página de monitoreo:

Ingresa aquí para conocer su sitio web.

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Seguir estos registros también es una forma de mantener la mirada sobre el territorio.

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Registrar para no normalizar: palabras, poder y violencia política

Hay palabras que parecen pequeñas. Una descalificación, una burla, un apodo o una etiqueta lanzada desde una conferencia de prensa pueden durar apenas unos segundos, convertirse en titular, circular por redes sociales y desaparecer rápidamente entre nuevas declaraciones y nuevas controversias. Sin embargo, cuando esas palabras son pronunciadas desde posiciones de autoridad, merecen ser registradas. No solamente por lo que dicen, sino por lo que hacen.

La reciente referencia a la “plantonitis” ofrece una puerta de entrada para observar un fenómeno más amplio. En estos primeros cien días de gobierno se ha acumulado un repertorio de expresiones utilizadas para referirse a quienes protestan, cuestionan, investigan, critican o simplemente incomodan al poder. Ratas, cucarachas, vagabundos, canallas, comunistas, filibusteros, jetones, zánganos, sicarios políticos y muchas otras expresiones forman parte de un vocabulario que merece ser observado más allá de la anécdota.

Por eso reunimos cien términos y expresiones. No como un campeonato de groserías ni para reducir la discusión política a quién insultó más, sino como un ejercicio de registro. Porque las palabras también forman parte de las relaciones de poder.

Cuando la palabra viene desde el poder

No todas las palabras tienen el mismo peso. Una descalificación entre particulares puede formar parte de una disputa interpersonal, pero cuando quien habla ocupa la Presidencia de la República, una curul legislativa o una posición institucional de autoridad, sus palabras ocurren dentro de una relación desigual. Quien ejerce el poder tiene una plataforma pública, capacidad para instalar temas en la agenda y, en muchos casos, capacidad efectiva para tomar decisiones que afectan la vida de las personas.

Por eso, cuando desde esos espacios se llama “ratas”, “vagabundos”, “canallas”, “filibusteros” o “sicarios políticos” a quienes cuestionan, el problema no se agota en el tono. Hay una operación política que merece atención: el adversario deja de aparecer como alguien con quien se puede discrepar y comienza a ser construido como alguien despreciable, ignorante, corrupto, peligroso o enemigo.

Esto no significa que la política deba ser un espacio sin conflicto. Todo lo contrario. Una democracia necesita desacuerdos, controversias y confrontación de ideas. El problema aparece cuando la respuesta a una posición política deja de ser un argumento y pasa a ser una descalificación de quien la sostiene.

De la demanda al estigma

Una de las consecuencias de este lenguaje es el desplazamiento de la discusión. En lugar de preguntar qué está reclamando una comunidad, qué denuncia una organización o qué cuestiona una persona, la conversación comienza a girar alrededor de quiénes son esos que reclaman.

La protesta puede convertirse entonces en “plantonitis”; quienes protestan, en “vagabundos”; quienes cuestionan, en “enemigos”; quienes investigan, en “sicarios”; quienes discrepan, en “comunistas” o “antipatriotas”. La etiqueta funciona como una respuesta rápida: permite desacreditar al interlocutor sin necesidad de entrar en el contenido de su argumento.

Este mecanismo adquiere especial relevancia cuando pensamos en los bienes comunes. Defender un río, el agua, un bosque, un territorio, un parque, una escuela, la salud o cualquier otro espacio fundamental para la vida colectiva implica muchas veces organizarse, participar, cuestionar decisiones y disputar públicamente las formas en que se administra aquello que nos pertenece colectivamente.

La protesta, en ese sentido, no es una anomalía de la democracia. Es también una de sus expresiones.

Registrar para poder volver sobre lo ocurrido

Aquí aparece el sentido de este ejercicio. Registrar no significa asumir que cada expresión constituye por sí misma un acto de violencia política ni que todas tienen la misma gravedad. Significa conservar la evidencia para poder discutirla.

¿Quién lo dijo? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? ¿Contra quién? ¿Fue una expresión aislada o forma parte de un repertorio que se repite? ¿Qué efecto produce cuando ese lenguaje proviene de una autoridad?

Estas preguntas son importantes porque la comunicación política contemporánea está marcada por una velocidad que favorece el olvido. Una declaración provoca indignación durante unas horas, se convierte en meme al día siguiente y pronto queda desplazada por la siguiente controversia. La acumulación desaparece. El patrón se vuelve difícil de percibir.

El registro interrumpe ese ciclo. Permite volver sobre las palabras, compararlas y reconstruir una secuencia. También permite enfrentar la desinformación: una frase puede ser recortada, sacada de contexto, reinterpretada o negada con el paso del tiempo. Conservar las declaraciones y sus fuentes permite regresar a lo ocurrido y discutirlo sobre una base documental.

Por eso, documentar estas expresiones no consiste simplemente en guardar insultos. Es construir memoria política.

El peligro de acostumbrarnos

Existe además un riesgo menos visible: la normalización. Una expresión que inicialmente provoca rechazo puede convertirse, después de repetirse muchas veces, en parte del paisaje político. Lo que ayer parecía inaceptable comienza a ser explicado como “el estilo” de determinada figura pública. La violencia verbal deja de discutirse y pasa a considerarse simplemente una característica del personaje.

Ahí el registro cumple otra función. Permite decir que algo ocurrió antes de que se vuelva invisible por repetición.

La normalización no significa que todas las palabras fuertes deban recibir el mismo tratamiento. Tampoco supone exigir una política sin confrontación. Significa prestar atención cuando la descalificación sistemática empieza a sustituir al argumento y cuando el desprecio se convierte en una forma habitual de responder a la crítica.

Registrar permite conservar la posibilidad de mirar hacia atrás y preguntar: ¿cuándo comenzó a parecernos normal?

Cien días como punto de partida

Los primeros cien días de un gobierno suelen utilizarse para hacer balances de proyectos, decisiones, anuncios y resultados. Proponemos agregar otra dimensión: observar cómo habla el poder cuando enfrenta el desacuerdo.

La “plantonitis” es, en este sentido, una puerta de entrada satírica a una discusión mucho más seria. El problema no está únicamente en una palabra, sino en lo que un repertorio de palabras puede revelar sobre la relación entre autoridad, crítica y participación.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes nos interesa mirar estas formas de comunicación porque la defensa de lo común requiere precisamente espacios donde las comunidades puedan cuestionar, organizarse y disputar las decisiones que afectan sus territorios y sus condiciones de vida. Si quienes ejercen ese derecho son sistemáticamente ridiculizados o deslegitimados, también se está afectando la calidad del espacio democrático en el que esas disputas ocurren.

Las palabras no son un detalle separado de la política. Pueden cerrar conversaciones o abrirlas; pueden deshumanizar o reconocer; pueden convertir una demanda social en una molestia o permitir que esa demanda sea escuchada.

Por eso hacemos este registro. Registrar para recordar. Recordar para discutir. Discutir para no normalizar.

Porque frente a la velocidad del discurso político, el olvido también puede convertirse en una forma de impunidad. Y porque quienes defienden un río, el agua, un bosque, un territorio o cualquier otro bien común tienen derecho a algo tan sencillo como fundamental: que su voz sea escuchada antes de ser descalificada.

100 expresiones de la confrontación política

Las siguientes palabras y expresiones han sido utilizadas y enunciadas públicamente desde lugares de poder político y tribunas institucionales. Se presentan como un registro del lenguaje empleado para descalificar, ridiculizar, estigmatizar o confrontar a personas, grupos, medios e instituciones.

No se trata de equiparar todas las expresiones ni de afirmar que tienen la misma gravedad. El interés del registro está precisamente en observar la acumulación y las distintas formas que puede adoptar el lenguaje de la confrontación.

  • Inútiles
  • Mafiosos
  • Chantajistas
  • Banda de corruptos
  • Antipatriotas
  • Desgraciados
  • Malnacidos
  • Burros
  • Mentirosos
  • Desagradables
  • Que rebuznan
  • Vagos
  • Mezquinos
  • Traidores de la patria
  • Ratas
  • Cucarachas
  • Judas
  • Matrafuleros
  • Loca de Gandoca
  • Zánganos
  • Sicarios políticos
  • Ticos con corona
  • Medios canallas
  • Mentirosos
  • Desinformadores
  • Manipuladores
  • Hipócritas
  • Escandalosos
  • Malintencionados
  • Cafoleados
  • Despreciable
  • En lo único que a usted no la he visto metida […] es en el gimnasio
  • Ticos con corona
  • Tontita
  • Tres medios
  • asesinos a sueldo
  • Sicario que se vende al mejor postor
  • Prensa canalla
  • Defensor de las castas
  • Prensa malvada
  • Prensa ruin
  • Vende humo
  • Resentidos sociales
  • Damas de compañía
  • Diputadilla comunista y resentida social
  • Vagabunda
  • Tonta que no entiende
  • Gran mentirosa
  • Vagabunda, tonta que no entiende, o mentirosa
  • Traición a los ideales del pueblo de Costa Rica
  • Comunista
  • Desagradable
  • Vendidos
  • Corruptos
  • Equino
  • Atacan sin piedad
  • Campaña psicológica
  • Grupo chiquitito de diputados
  • El ridículo que están haciendo
  • Meterse en la misma cama
  • El escándalo que hagan
  • El ridículo que están haciendo
  • Escandalillos baratos
  • Morbo
  • Mentir sin pudor
  • Patente de corso
  • Hacer lo que le dé la gana
  • A donde le dé la gana
  • Como le dé la gana
  • Escudarse en la libertad de prensa
  • Comunistas
  • Vagabundos
  • Canallas
  • Vergüenza nacional
  • Lastre
  • Partida de comunistas
  • Que se enderecen
  • Trolles
  • Obstruccionistas
  • Privilegiados
  • Caníbales
  • Póngase crema de rosas”
  • “Que le llevara serenata”
  • Acusetas
  • La desaparición del comunismo
  • Maricón
  • Chuchinga
  • Pernicioso
  • Vulgar
  • Perverso
  • Animal
  • Hocico
  • Chancletudo barato de quinta categoría
  • Chusma
  • Pachuco
  • Cobarde
  • Miserable
  • Que llega drogado a la Asamblea
  • El más inepto e inútil de los funcionarios
  • Un plantón que no merece más que el desprecio
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Cien días de Laura Fernández: las señales de un rumbo socioambiental

Antes de la llegada de Laura Fernández a la Presidencia, el gobierno de Rodrigo Chaves cerraba su período dejando una señal clara sobre la forma en que había venido construyendo su relación con la política ambiental: una creciente confrontación con quienes defendían límites ambientales, una asociación cada vez más explícita entre regulación y obstáculos para la inversión, y una defensa del desarrollo económico como argumento para cuestionar decisiones de las instituciones encargadas de la protección ambiental. El episodio ocurrido en los últimos días de su administración, marcado por los cuestionamientos y descalificaciones hacia quienes interpusieron recursos y decisiones institucionales que frenaban determinadas iniciativas, no puede leerse únicamente como un conflicto puntual. Forma parte de una tendencia más amplia en la que la protección ambiental comienza a ser presentada como una fuente de incertidumbre para la inversión y donde quienes defienden esos límites son colocados discursivamente del lado de los obstáculos al desarrollo. Es sobre este terreno político que Laura Fernández inicia su gobierno.

Los primeros 100 días del gobierno de Laura Fernández permiten identificar algunas señales sobre la orientación que comienza a tomar su administración en materia ambiental. La apuesta por formalizar la minería en Crucitas, las decisiones alrededor de la presión turística en Corcovado y la persistencia de un discurso confrontativo hacia sectores ambientalistas abren una pregunta de mayor alcance: ¿estamos ante una profundización del giro que comenzó durante la administración de Rodrigo Chaves?

Cien días no bastan para definir por completo el rumbo de un gobierno. Sería apresurado convertir este breve período en una explicación definitiva de lo que será toda una administración. Sin embargo, los primeros meses sí permiten observar prioridades, identificar conflictos que adquieren centralidad y reconocer las formas en que un nuevo gobierno comienza a responder a las tensiones que atraviesan al país.

En el caso de Laura Fernández, esta lectura adquiere una particularidad. Su llegada a la Presidencia no representa una ruptura absoluta con el período anterior, sino la continuidad de un bloque político que durante la administración de Rodrigo Chaves ya había mostrado una relación conflictiva con diversos sectores ambientalistas y una disposición creciente a cuestionar los límites que la institucionalidad ambiental establece sobre determinadas actividades económicas.

Los primeros 100 días permiten preguntarse, entonces, qué elementos de ese rumbo se mantienen y cuáles comienzan a profundizarse.

La discusión sobre Crucitas, las tensiones alrededor de la gestión del Parque Nacional Corcovado y las formas en que desde el oficialismo se ha respondido a quienes cuestionan determinadas decisiones ambientales permiten observar algo más que conflictos aislados. En conjunto, estos acontecimientos muestran una forma particular de entender la relación entre desarrollo y naturaleza, donde la conservación parece enfrentar una presión creciente para demostrar su compatibilidad con determinados intereses económicos.

Crucitas: cuando la explotación comienza a presentarse como respuesta

La situación en Crucitas ha ocupado un lugar central dentro de esta discusión. Durante años, el territorio ha sido escenario de minería ilegal, degradación ambiental, presencia de redes dedicadas a la extracción de oro y una evidente incapacidad estatal para controlar de manera sostenida lo que ocurre en la zona.

Frente a este escenario, la posición asumida por la presidenta Laura Fernández ha sido clara: la explotación formal del oro comienza a presentarse como una alternativa necesaria frente a un problema que el Estado no ha logrado resolver.

El argumento parte de una realidad difícil de negar. La minería ilegal continúa y las capacidades institucionales para detenerla son limitadas. Pero el debate comienza a adquirir otra dimensión cuando la incapacidad para controlar una actividad ilegal se convierte en una razón para abrir la discusión sobre la explotación formal.

La pregunta deja de ser únicamente cómo detener la extracción ilegal, restaurar el territorio o recuperar ambientalmente una zona afectada durante años. También comienza a plantearse cómo aprovechar formalmente un recurso que, según esta lógica, continuará siendo extraído de una u otra manera.

Esta forma de construir el problema permite recuperar una de las reflexiones desarrolladas por Eduardo Gudynas alrededor de los extractivismos. La explotación de la naturaleza no se sostiene únicamente mediante proyectos, inversiones o decisiones legales. También requiere discursos que la presenten como necesaria, inevitable o como la única respuesta realista frente a un determinado problema.

En Crucitas comienza a configurarse precisamente esa tensión. La formalización de la minería aparece como una alternativa pragmática, mientras las propuestas que priorizan la restauración o la protección del territorio pueden ser presentadas como posiciones incapaces de responder a la realidad.

Pero esta oposición simplifica un conflicto mucho más complejo. La incapacidad estatal para controlar la minería ilegal no convierte automáticamente la explotación formal en la única alternativa posible. También obliga a preguntarse qué tipo de respuesta pública se construye cuando un problema de gobernanza termina abriendo el camino para una nueva forma de apropiación económica de un territorio.

Corcovado: cuando la conservación comienza a negociarse

El caso de Corcovado permite observar esta tensión desde otro lugar. Aquí no se discute directamente la apertura de una actividad extractiva, sino la capacidad de un área protegida para establecer límites frente a la presión turística.

Las dificultades de la infraestructura sanitaria de la Estación Biológica Sirena llevaron al Sinac a reducir temporalmente el aforo, aplicando el principio precautorio ante el riesgo de afectaciones ambientales. Sin embargo, la medida generó presión de sectores vinculados con la actividad turística y, poco después, el límite de visitación volvió a aumentar.

Más allá de la discusión sobre la pertinencia técnica de cada decisión, el episodio permite observar una dinámica relevante: los límites ambientales pueden comenzar a ser negociados cuando entran en conflicto con intereses económicos. La protección no desaparece necesariamente; las instituciones continúan existiendo y las decisiones siguen presentándose como técnicamente fundamentadas. Lo que cambia es el límite que se considera aceptable.

Este tipo de desplazamiento resulta importante para leer la política ambiental. La flexibilización no siempre ocurre mediante la eliminación de una norma o la apertura explícita de un territorio a una nueva actividad. También puede producirse mediante ajustes sucesivos de los umbrales de protección, reinterpretaciones técnicas o modificaciones de las condiciones bajo las cuales una actividad puede continuar.

Corcovado plantea así una pregunta que trasciende el caso: ¿los límites ambientales están orientando las actividades económicas o son las presiones económicas las que terminan redefiniendo esos límites?

La diferencia es fundamental. En el primer escenario, la actividad económica debe adaptarse a las condiciones ecológicas del territorio. En el segundo, son esas condiciones las que progresivamente deben acomodarse a las necesidades de la actividad económica.

La disputa también ocurre en el lenguaje

Los primeros 100 días de un gobierno no se leen únicamente a través de sus decisiones. También se observan en el lenguaje con el que se construyen los conflictos y se responde a quienes cuestionan determinadas políticas.

En este punto resulta significativa la continuidad de una forma de confrontación que ya había sido característica del oficialismo durante la administración de Rodrigo Chaves. El episodio protagonizado por el entonces presidente y la reacción hacia un diputado electo, luego de las acciones legales relacionadas con la tala de árboles en Playa Panamá, permite observar la manera en que determinados conflictos ambientales pueden transformarse rápidamente en una confrontación contra quienes los cuestionan.

La discusión no se concentra únicamente en la tala, los procedimientos legales o los impactos ambientales. También se desplaza hacia la descalificación de la persona que interpone la acción y hacia la construcción de su posición como una expresión de fanatismo o radicalismo. Este desplazamiento no es menor.

Cuando el debate ambiental comienza a organizarse alrededor de una oposición entre pragmatismo y fanatismo, quienes defienden límites a determinadas actividades económicas pueden ser presentados como personas que se oponen al desarrollo, al empleo o a la prosperidad.

Desde esta perspectiva, las reflexiones de Gudynas permiten observar otro componente de los extractivismos: sus formas de legitimación. La explotación de la naturaleza necesita ser presentada como una actividad necesaria para el bienestar, mientras quienes cuestionan sus impactos pueden ser convertidos en obstáculos para alcanzar ese bienestar.

Así, una discusión sobre minería, conservación o protección de un bosque corre el riesgo de transformarse en otra discusión: quién tiene derecho a cuestionar las decisiones que se toman sobre los territorios. La crítica ambiental deja de ser solamente una diferencia política o técnica y comienza a ser presentada como un problema que debe enfrentarse.

Más que hechos aislados

Crucitas, Corcovado y la confrontación con sectores ambientalistas son conflictos distintos. Sería simplista afirmar que todos responden exactamente a una misma lógica o que los primeros 100 días permiten establecer conclusiones definitivas sobre toda la política ambiental del gobierno de Laura Fernández. Sin embargo, observar estos acontecimientos en conjunto permite identificar algunas señales:

-La primera es una mayor disposición a presentar la explotación de la naturaleza como una respuesta legítima e incluso necesaria frente a determinados problemas. En Crucitas, la formalización de la minería comienza a ocupar un lugar central dentro de las alternativas planteadas para enfrentar la extracción ilegal.

-La segunda tiene que ver con la posición de la conservación frente a las actividades económicas. El caso de Corcovado muestra que los límites ambientales pueden quedar rápidamente sometidos a presión cuando afectan intereses económicos y sociales vinculados a la explotación turística de un territorio. Más aún, muestra cómo una medida precautoria puede ser revisada en un contexto de presión sectorial y poco después de producirse un cambio en la dirección responsable de la gestión del área.

-La tercera se encuentra en el terreno político y discursivo. La confrontación con sectores ambientalistas y la tendencia a presentar determinadas posiciones como radicales o fanáticas contribuyen a reducir el espacio para una discusión pública más amplia sobre las alternativas de desarrollo.

Vistas por separado, estas situaciones pueden parecer conflictos específicos, con actores y circunstancias particulares. Vistas en conjunto, permiten preguntarse si estamos asistiendo a una profundización de una orientación que ya había comenzado a consolidarse durante el gobierno de Rodrigo Chaves: una forma de entender el desarrollo donde la naturaleza aparece cada vez más como un recurso disponible para ser aprovechado y donde los límites ambientales deben justificar constantemente su permanencia.

Cien días y una pregunta abierta

Eduardo Gudynas ha insistido en que el extractivismo no debe entenderse únicamente como un conjunto de actividades dedicadas a extraer recursos naturales. También constituye una forma de organizar la relación entre economía, Estado y naturaleza, con efectos que pueden extenderse hacia las instituciones, la participación ciudadana y la propia manera en que se entiende el desarrollo.

Esta perspectiva permite leer los primeros 100 días de Laura Fernández más allá de una lista de decisiones o declaraciones. La pregunta no es solamente si su gobierno promoverá o no determinados proyectos extractivos.

La cuestión de fondo es qué tipo de relación comienza a construirse entre la actividad económica y los límites que imponen los ecosistemas.

-¿La conservación será entendida como una condición que debe orientar las decisiones sobre el desarrollo?

-¿O comenzará a ser presentada, cada vez con mayor frecuencia, como un obstáculo que debe flexibilizarse cuando entra en conflicto con determinadas actividades económicas?

Los primeros 100 días todavía no ofrecen una respuesta definitiva. Pero sí permiten reconocer señales, prioridades y formas de entender los conflictos. Y esas señales importan.

Porque los cambios en la política ambiental no siempre comienzan con la aprobación de una gran reforma o con la apertura inmediata de un nuevo proyecto. A veces comienzan con algo aparentemente más sutil: con una nueva forma de nombrar la naturaleza, de definir qué se considera una solución realista y de establecer quiénes pueden participar legítimamente en la discusión sobre el futuro de los territorios.

A cien días de iniciado el gobierno de Laura Fernández, quizás esa sea una de las preguntas más importantes que comienza a plantearse: ¿hacia dónde se está moviendo Costa Rica cuando se trata de decidir qué proteger, qué explotar y quién tiene derecho a cuestionar esas decisiones?

Leer la dirección del cambio

Las políticas ambientales no siempre cambian de un día para otro. A veces el desplazamiento ocurre de manera gradual: una excepción, una modificación técnica, un cambio de criterio, una nueva interpretación de una norma o una decisión que parece aislada. Por eso, además de preguntarnos qué decisión toma un gobierno, necesitamos observar hacia dónde se mueve el límite.

Esta tabla propone seguir esas pequeñas variaciones. ¿Se fortalecen las capacidades de protección o se debilitan? ¿Se mantienen los límites ambientales o comienzan a flexibilizarse? ¿La naturaleza continúa siendo entendida como un bien que debe protegerse o aparece cada vez más como un recurso disponible para la inversión y el aprovechamiento económico?

La clave no está en etiquetar inmediatamente cada decisión, sino en seguir la trayectoria. Una decisión aislada puede decir poco; varias decisiones que apuntan en una misma dirección comienzan a revelar una tendencia.

Leer la política ambiental es, también, aprender a reconocer hacia dónde se está moviendo el límite.

Tendencia observada¿Qué significa preguntar?
Fortalecimiento de límites¿Se están ampliando las capacidades de protección y regulación?
Mantenimiento¿Se mantienen las reglas y capacidades existentes?
Flexibilización¿Se modifican límites para facilitar determinadas actividades?
Debilitamiento institucional¿Se reducen capacidades, controles o autonomía institucional?
Expansión extractiva¿Se abren nuevas posibilidades de apropiación de bienes naturales?
Mercantilización¿Un bien común comienza a ser tratado principalmente como recurso económico?
Conflicto y confrontación¿La crítica ambiental está siendo deslegitimada o criminalizada discursivamente?
Democratización¿Se amplían los espacios de participación y deliberación sobre las decisiones territoriales?

Referencias

Arrieta, Esteban (2026, 12 de junio). Laura Fernández a opositores de explotar oro de Crucitas: “Que Dios los perdone, ojalá que el pueblo de Costa Rica no”. La República.

Gudynas, Eduardo (2015). Extractivismos: Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza. CEDIB y CLAES.

Madrigal, Luis (2026, 23 de abril). Chaves insulta a magistrado de Sala IV y diputado electo tras freno a tala de árboles en Papagayo. Delfino.cr.

Martínez, Alonso (2026, 3 de julio). Minae reubica a director de ACOSA tras presión de sectores turísticos por reducción de aforo en Corcovado. Delfino.cr

May, Sebastian. (2026, 19 de mayo). Laura Fernández invita a diputaciones a gira por Crucitas el 19 de junio. Delfino.cr.

Pomareda, Fabiola. (2026, 28 de julio). Sinac vuelve a aumentar el aforo en Corcovado tras salida de director que alertó por colapso ambiental. Semanario Universidad.