Después de la vigilia: cuando la disputa deja de ser únicamente técnica
La discusión sobre el proyecto de “armonización” eléctrica entró en una nueva etapa después de que el gobierno no lograra reunir los 38 votos necesarios para aprobar la iniciativa en segundo debate. Lo que inicialmente había sido presentado como una discusión técnica sobre eficiencia, inversión y crecimiento energético terminó revelando un conflicto mucho más amplio alrededor del papel del Estado, el sentido de lo público y las formas legítimas de participación democrática en Costa Rica.
Horas después de la vigilia realizada frente a la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo respondió mediante una conferencia de prensa marcada por un tono confrontativo, donde se mezclaron argumentos económicos, advertencias sobre el futuro energético del país y acusaciones dirigidas hacia quienes cuestionan el proyecto.
La conferencia no solo buscó defender una reforma eléctrica. También intentó fijar una interpretación específica del conflicto político que se está desarrollando alrededor de ella.
De un lado, se construyó la idea de un gobierno que intenta “modernizar” el país frente a sectores que supuestamente obstaculizan el desarrollo mediante miedo, desinformación y resistencia ideológica. Del otro lado, las voces que se mantuvieron durante horas frente a la Asamblea insistían en algo distinto: que la discusión eléctrica no puede reducirse únicamente a competitividad o crecimiento económico porque involucra preguntas fundamentales sobre desigualdad, solidaridad, acceso universal y control democrático de bienes estratégicos.
Lo que está ocurriendo, entonces, no es solamente un desacuerdo técnico sobre cómo organizar el sistema eléctrico nacional. Lo que aparece en disputa son distintas maneras de entender el desarrollo, el futuro de lo público y la relación entre mercado, democracia y vida colectiva.
El discurso oficial: crecimiento económico, inevitabilidad y construcción del adversario
La conferencia presidencial posterior a la votación legislativa dejó ver con claridad una narrativa política organizada alrededor de una idea central: la reforma eléctrica no sería una opción debatible, sino una necesidad inevitable para evitar el rezago económico del país.
A lo largo de la intervención, el Ejecutivo insistió repetidamente en que Costa Rica enfrenta un escenario de creciente demanda energética asociado a zonas francas, inversión extranjera y expansión económica. La reforma fue presentada como una condición necesaria para garantizar competitividad y evitar que el país pierda oportunidades frente a otros mercados regionales.
Esta forma de plantear el debate tiene implicaciones importantes. Cuando una reforma deja de presentarse como una decisión política discutible y comienza a representarse como una necesidad técnica inevitable, el espacio del desacuerdo democrático se reduce. La pregunta deja de ser “qué modelo energético queremos construir” y pasa a convertirse en “cómo adaptarnos obligatoriamente a las exigencias del mercado”.
En esa lógica, conceptos como “modernización”, “eficiencia” y “competencia” adquieren una dimensión casi moral. La apertura del mercado eléctrico aparece asociada automáticamente a progreso, innovación y futuro, mientras que las críticas quedan vinculadas implícitamente al atraso, la irracionalidad o el miedo al cambio.
La conferencia también recurrió constantemente a comparaciones históricas con el TLC, la apertura de telecomunicaciones, seguros y banca estatal. El mensaje era claro: anteriormente también existieron advertencias sobre privatización o colapso institucional y, según la narrativa oficial, esas advertencias resultaron equivocadas.
Sin embargo, esta lectura simplifica profundamente procesos históricos mucho más complejos. Las transformaciones asociadas a apertura económica continúan generando debates sobre concentración económica, precarización laboral, desigualdad territorial y acceso diferenciado a servicios. Presentar esas experiencias como éxitos indiscutibles permite desactivar críticamente cualquier discusión actual sobre los posibles efectos sociales de reorganizar servicios estratégicos bajo lógicas de mercado.
Pero quizá el elemento más preocupante de la conferencia fue la forma en que comenzó a construirse el adversario político. Sectores críticos del proyecto fueron asociados reiteradamente con “comunismo”, con intereses contrarios al desarrollo nacional e incluso con escenarios políticos vinculados a Cuba o Venezuela.
El problema de este tipo de discursos no radica únicamente en su tono polarizante. Lo verdaderamente delicado es que desplazan el conflicto desde el terreno del debate democrático hacia el terreno de la sospecha ideológica. Ya no se trata solamente de personas que cuestionan un proyecto de ley. Se trata de actores construidos discursivamente como amenazas para el progreso nacional.
Y cuando el desacuerdo político comienza a representarse como amenaza interna, el espacio democrático se vuelve considerablemente más frágil.
Lo que las voces de la vigilia estaban diciendo
Mientras la conferencia presidencial insistía en crecimiento económico, competitividad e inversión, afuera de la Asamblea Legislativa la discusión seguía desarrollándose en otros términos.
Las voces de la vigilia no hablaban únicamente sobre tarifas eléctricas o participación privada. Lo que aparecía constantemente en las conversaciones era una preocupación más amplia sobre el debilitamiento progresivo de principios históricos asociados a lo público en Costa Rica.
Muchas personas insistían en que la electricidad no puede pensarse únicamente como infraestructura o mercado porque sostiene condiciones básicas de vida cotidiana: estudiar, cocinar, trabajar, comunicarse, acceder a salud o sostener actividades económicas locales. Por eso la preocupación central no giraba solamente alrededor de “quién produce energía”, sino sobre qué ocurre cuando servicios esenciales comienzan a reorganizarse principalmente desde criterios de rentabilidad.
En las conversaciones aparecía repetidamente una idea importante: la privatización no necesariamente ocurre únicamente cuando una institución pública se vende directamente. También puede desarrollarse mediante procesos graduales de fragmentación institucional, apertura competitiva desigual, subordinación a dinámicas de mercado o transferencia progresiva de decisiones estratégicas hacia actores privados.
Esta diferencia es central para entender el conflicto actual. Mientras el discurso oficial reduce el debate a la pregunta “¿se está vendiendo el ICE o no?”, muchas voces críticas están discutiendo algo distinto: cómo cambian las prioridades de un sistema público cuando comienza a organizarse bajo incentivos competitivos y lógicas de mercado.
La tensión, entonces, no es únicamente jurídica o administrativa. Es una tensión sobre el sentido mismo de lo público.
Dos formas de imaginar el país
La discusión sobre la armonización eléctrica enfrenta, en el fondo, dos formas profundamente distintas de imaginar el desarrollo nacional.
| Discurso oficial | Voces desde la vigilia |
|---|---|
| La apertura eléctrica representa modernización y progreso | La reorganización del mercado puede debilitar principios solidarios |
| El crecimiento económico depende de mayor competencia energética | El acceso universal no puede depender únicamente de rentabilidad |
| La crítica al proyecto responde a miedo o desinformación | La crítica intenta advertir efectos sociales y territoriales |
| El mercado garantiza eficiencia | Lo público debe sostenerse desde solidaridad y planificación colectiva |
| La protesta aparece asociada a conflicto y desorden | La protesta es participación democrática y vigilancia ciudadana |
| El futuro se piensa desde competitividad global | El futuro también se piensa desde derechos colectivos y bienes comunes |
La disputa por el significado de la protesta
Otro de los elementos más significativos del momento actual tiene que ver con cómo se interpreta la movilización social.
Durante la conferencia, el gobierno enfatizó principalmente la agresión sufrida por un oficial de Fuerza Pública. Mientras tanto, desde las organizaciones presentes en la vigilia se denunciaba el arresto y agresión policial contra un estudiante que posteriormente requirió atención hospitalaria.
Aquí vuelve a aparecer una disputa narrativa profunda: ¿qué hechos se vuelven visibles y cuáles quedan desplazados?
Porque lo ocurrido durante la vigilia no puede reducirse únicamente a tensión o confrontación. La jornada estuvo marcada por conversaciones públicas, explicaciones colectivas del proyecto, intercambio entre generaciones, organización comunitaria, música, baile y acompañamiento mutuo.
La protesta social apareció allí no solamente como mecanismo de presión política, sino también como espacio pedagógico y experiencia de producción colectiva de conocimiento político. La calle funcionó simultáneamente como aula abierta, foro público y espacio de encuentro. Y quizá eso es precisamente lo que resulta más incómodo para ciertas formas de poder: la posibilidad de que personas diversas se organicen, compartan interpretaciones críticas y construyan colectivamente otras maneras de entender el país.
La olla común y la política del cuidado
Tal vez la imagen más potente de toda la jornada no ocurrió dentro de la Asamblea Legislativa ni en la conferencia presidencial posterior.
Ocurrió alrededor de la olla común.
Mientras dentro se discutía el futuro energético nacional mediante lenguajes asociados a competencia, inversión y mercado, afuera muchas personas compartían café, comida, descanso y cuidado colectivo entre desconocidos.
Y justamente allí aparece una dimensión profundamente política que suele pasar desapercibida. Porque la olla común no es únicamente alimentación. También es una forma concreta de construir vínculos sociales y sostener colectivamente la permanencia en el espacio público.
Sostener una vigilia durante horas requiere mucho más que consignas. Requiere crear condiciones materiales para permanecer juntos. Requiere cuidado. La gente preguntando quién necesitaba agua, quién llevaba demasiadas horas sin comer, quién necesitaba descansar o simplemente conversar. Todo eso formó parte de la jornada.
La olla común terminó funcionando como una pequeña metáfora de otra forma posible de entender lo público: no únicamente desde competencia individual y eficiencia económica, sino desde interdependencia, cooperación y sostenimiento mutuo.
Porque defender lo público no consiste solamente en defender instituciones estatales. También implica defender prácticas sociales donde la vida colectiva puede sostenerse desde solidaridad y cuidado compartido.
Y quizá allí se encuentra una de las preguntas más profundas que deja toda esta discusión:
¿qué tipo de sociedad se está intentando construir cuando se debate el futuro de la electricidad pública en Costa Rica?
