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Río Zapote: organizarse para defender un río

La defensa del Río Zapote, en Upala, muestra cómo una preocupación compartida puede convertirse en organización, conocimiento y acción colectiva. Frente a los impactos asociados a la extracción de materiales, la comunidad ha aprendido a investigar, vigilar, exigir respuestas y construir acciones concretas para cuidar el río.

Del malestar a la organización

Las imágenes sobre el deterioro del río generaron preocupación, pero también una pregunta: ¿cómo pasar de la indignación a la acción? La respuesta fue comenzar a organizarse, convocar a personas comprometidas con el territorio y construir una capacidad colectiva para defender el río.

Una defensa que también pregunta por la justicia

La experiencia de los llamados areneros introduce otra dimensión del conflicto. Según el relato de la entrevista, alrededor de 60 familias habían desarrollado durante décadas una extracción artesanal de arena utilizando métodos tradicionales. Al mismo tiempo, el grupo cuestionó que existieran diferencias en la manera en que las instituciones trataban estas actividades frente a operaciones de mayor escala.

Esta situación llevó a acompañar a estas familias en la búsqueda de los permisos correspondientes. La defensa del río, entonces, también implica preguntarse quiénes pueden aprovechar sus materiales, bajo qué condiciones, con qué controles y cómo se distribuyen las cargas de la regulación.

Aprender a vigilar y conocer

La experiencia muestra que defender un río requiere aprender a seguir los procesos institucionales, investigar concesiones, revisar permisos y conocer los mecanismos mediante los cuales pueden autorizarse actividades de extracción. Para el grupo, una de las dificultades es que algunas decisiones pueden avanzar durante años antes de hacerse visibles para las comunidades.

Algunas ideas fuerza que deja esta experiencia:

  • -Convertir la preocupación en organización.
  • -Investigar y conocer antes de que el conflicto se vuelva irreversible.
  • -Dar seguimiento a permisos, concesiones y decisiones institucionales.
  • -Reconocer las particularidades sociales y económicas de cada territorio.
  • -Defender el río sin perder de vista a las comunidades que dependen de él.
  • -Articular denuncia, vigilancia, organización y acciones de cuidado.
Defender también es cuidar

La experiencia del Río Zapote no termina en la denuncia. En la parte alta de la cuenca también se han impulsado acciones de conservación: análisis de la calidad del agua, reforestación de las riberas, recolección de residuos y vigilancia de actividades que pueden afectar el río. La intención es ampliar estas acciones hacia otras comunidades y sumar a estudiantes y organizaciones locales.

La experiencia del Río Zapote nos deja así una pregunta para seguir profundizando: ¿cómo construir formas de defensa de los bienes comunes naturales que sean capaces de enfrentar los impactos, pero también de comprender las necesidades, desigualdades y relaciones que atraviesan los territorios?

Cuando defender un río nos hace mirar el territorio de otra manera

La experiencia de defensa del Río Zapote, junto con la lucha que se ha venido construyendo alrededor del Río Pizote, también está ampliando la manera de mirar el territorio. Ya no se trata únicamente de defender un río frente a una amenaza particular, sino de comenzar a reconocer las relaciones que existen entre los distintos ríos, sus comunidades y las actividades que transforman sus cuencas. Así, la defensa del Zapote y del Pizote empieza a encontrarse con una preocupación más amplia: la defensa de los ríos de Upala como parte de un mismo territorio vivo, donde lo que ocurre en un cauce, en una ribera o en una comunidad también puede tener consecuencias más allá de sus límites inmediatos. Esta mirada permite pasar de la defensa aislada de un río a preguntarse cómo cuidar las cuencas, cómo fortalecer las capacidades comunitarias y cómo construir otra forma de comprender y habitar el territorio.

Galería
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Disculpen las molestias: hoy cumple años Capusotto

Por Micky Vainilla-Especialista en orden, buenas costumbres y administración responsable del sentido común. Experto en decir lo políticamente incorrecto con una sonrisa y absoluta corrección. Consultor en autoridad, respeto, jerarquías y control de aquello que amenaza con volverse demasiado libre. Colaborador ocasional del Observatorio de Bienes Comunes.

Antes que nada, sentimos las molestias. Sabemos que hay temas importantes. El agua, la tierra, los ríos, los territorios, las comunidades, los contratos, los recortes. Temas serios, adultos, responsables. Temas que requieren documentos, reuniones, formularios y, cuando sea posible, una persona autorizada para explicarlos. Pero hoy cumple años Diego Capusotto y, por alguna razón que todavía estamos tratando de controlar, el Observatorio decidió hablar de humor. Si usted llegó hasta aquí esperando otra cosa, tenemos una recomendación muy sencilla: siga leyendo. Así podrá comprobar que efectivamente hay problemas.

Capusotto dice que “el humor es siempre anárquico”. Bueno, tampoco exageremos. Una cosa es reírse un rato y otra permitir que la gente se acostumbre a reírse de las instituciones, de las autoridades, de los discursos oficiales y de aquellas verdades que, con mucho esfuerzo, hemos conseguido mantener en su sitio. Porque una sociedad ordenada necesita límites. Uno puede cuestionar, naturalmente, pero dentro de ciertos márgenes, con respeto, con prudencia y, preferiblemente, después de solicitar el permiso correspondiente. El humor, en cambio, tiene la pésima costumbre de aparecer sin autorización.

Y ahí empieza el problema. Porque uno se ríe y, mientras se ríe, puede comenzar a hacerse preguntas. ¿Por qué esto funciona así? ¿Quién decidió que fuera así? ¿Por qué esta autoridad dice una cosa y hace otra? ¿Por qué hay discursos que se presentan como verdades absolutas y, sin embargo, cuando uno los mira con un poco de humor comienzan a derretirse? Esto es particularmente inconveniente. Capusotto incluso habla de “demoler verdades que no son”. Yo preferiría algo menos agresivo: “revisar consensos consolidados”. Demoler suena a falta de respeto. Y ya sabemos que cuando algo lleva mucho tiempo en pie, inmediatamente aparece alguien preguntando por qué no lo dejamos tranquilo.

Pero quizá ahí está justamente la potencia del humor: en no dejar tranquilo aquello que se presenta como intocable. Capusotto cuenta que puede inventar una banda de rock contra Maradona, no porque tenga un problema personal con Maradona, sino porque incluso aquello que hemos convertido en símbolo puede ser puesto momentáneamente patas arriba. ¡Qué necesidad! Hay cosas que deberían permanecer sagradas. Aunque, pensándolo bien, quizá cuando algo necesita ser protegido permanentemente de la risa es porque la risa podría mostrar que no era tan sólido como parecía.

¿Y qué tiene que ver esto con los bienes comunes? Muchísimo, aunque entiendo que no sea inmediatamente evidente. Estamos acostumbrados a pensar lo común desde el agua, la tierra, los bosques o los territorios, pero también existen bienes comunes culturales: nuestras historias, memorias, palabras, músicas, imágenes, relatos, formas de creación y maneras de interpretar lo que vivimos. Son expresiones que circulan, se comparten, se transforman y vuelven a nosotros convertidas en algo diferente. No son piezas quietas ni pertenecen completamente a una sola persona: se alimentan de experiencias compartidas, de lenguajes construidos colectivamente y de la posibilidad de recrear aquello que recibimos.

Capusotto lo cuenta de una manera bastante peligrosa para quienes preferimos tener todo perfectamente ordenado: él pone la cara, pero reconoce que detrás hay una idea que circula y un trabajo colectivo con Pedro Saborido. Uno escribe, otro actúa, las ideas pasan de uno a otro y el resultado termina siendo algo más que la suma de sus partes. Una verdadera dificultad para quienes creemos que cada cosa debe tener propietario, etiqueta y responsable. Resulta que también podemos crear juntos, transformar lo que recibimos y devolverlo convertido en otra forma de expresión.

Y quizás ahí el humor produce conocimiento. No necesariamente el conocimiento que viene acompañado de una bibliografía de treinta páginas, aunque tampoco tenemos nada contra eso. Es otro tipo de conocimiento: el que aparece cuando una contradicción se vuelve visible, cuando una autoridad queda momentáneamente sin discurso, cuando una frase solemne empieza a sonar ridícula o cuando alguien consigue mirar de nuevo aquello que todos habían dejado de mirar. Reírse puede ser una manera de volver extraño lo que se había vuelto demasiado normal. Y esa capacidad de crear otras miradas, otras narraciones y otras formas de nombrar lo que vivimos también forma parte de lo que construimos culturalmente en común.

Por supuesto, no todo humor es maravilloso. También puede reproducir prejuicios, humillar y reforzar las mismas jerarquías que pretende cuestionar. Eso sería demasiado fácil. El asunto es otro: reconocer que la posibilidad de crear, imaginar, contar, reír y producir colectivamente nuestros propios sentidos sobre el mundo forma parte de los bienes comunes culturales. Porque si hasta el humor tiene que pasar por un comité de aprobación, quizá ya no estamos hablando de algo que se comparte, se transforma y se recrea, sino de un bien perfectamente administrado.

Así que sí, sentimos las molestias. Hoy, en el cumpleaños de Capusotto, hemos decidido hablar de humor. Una elección poco responsable, probablemente poco institucional y, si me permiten decirlo, bastante anárquica. Pero no se preocupen: mañana podemos volver a hablar de temas serios. Del agua, de la tierra, de los ríos, de los territorios. Eso sí, sería bueno que nadie se riera demasiado mientras lo hacemos.

Porque si esperaban que el Observatorio hablara de bienes comunes sin hablar de los bienes comunes culturales, del humor y de esa extraña posibilidad de crear sentidos sin pedir permiso… realmente no nos están leyendo.

Referencia:

Zarranz, Luis. (s. f.). Entrevista exclusiva a Diego Capusotto: “El humor es siempre anárquico”. Colectivo Al Margen. – https://www.barilochense.com/bariloche-social/almargen/entrevista-exclusiva-a-diego-capusotto.-el-humor-es-siempre-anarquico

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¿Adoctrinamos con el FEES?

Hay preguntas que llegan con respuesta incluida. “¿Adoctrinan en la Universidad Pública?” parece ser una de ellas. Pero en el Observatorio de Bienes Comunes decidimos hacer algo un poco más complicado: en vez de responder, salimos a preguntar.

Porque, si vamos a hablar de educación, quizá también tengamos que estar dispuestos a que nos sorprendan las respuestas.

En una de nuestras giras, David Menjívar, defensor ambiental y habitante de la comunidad de Birmania en Upala, conversó con Andrea Espinoza, estudiante universitaria. No había una clase convencional, ni una pizarra, ni una presentación de PowerPoint. Había una conversación entre personas con trayectorias diferentes, preguntas, experiencias y saberes construidos desde lugares distintos.

Y entonces volvió la pregunta: ¿esto es adoctrinamiento?

La sospecha de que conversar también puede ser adoctrinar

En el Observatorio nos hemos encontrado con una idea que aparece cada vez que hablamos de estas experiencias: que llevar estudiantes a comunidades, conversar con personas defensoras de los territorios o acercarse a distintas problemáticas sociales podría ser una forma de “adoctrinamiento”.

No queremos resolver aquí, de una vez y para siempre, si esa afirmación es correcta o incorrecta. Nos interesa más hacer algo que quizá resulte menos cómodo: mirar qué pasa realmente cuando ocurre el encuentro.

Por eso fuimos a preguntar ¿Qué aprende una estudiante cuando conversa con una persona que ha construido buena parte de sus conocimientos a partir de su propia experiencia comunitaria? ¿Qué sucede cuando una problemática deja de aparecer como un dato, una cifra o un concepto y adquiere un nombre, una historia, un territorio y una trayectoria de vida? ¿Qué ocurre cuando los saberes que habitualmente no aparecen en los programas de estudio entran en conversación con los conocimientos universitarios?

Quizá ahí haya algo que observar antes de ponerle una etiqueta.

Una vida no cabe en una estadística

Las comunidades suelen aparecer en los documentos institucionales de maneras bastante ordenadas: población, territorio, actividad económica, problemática ambiental, cantidad de personas afectadas. Pero una gira permite que esa comunidad aparezca de otra manera.

Aparecen las historias. Los recorridos. Las decisiones tomadas durante años. Las preocupaciones cotidianas. Las formas de organizarse. Los conflictos. Los aprendizajes. También aparecen las contradicciones y las preguntas que no tienen una respuesta sencilla.

La experiencia de una persona de comunidad no sustituye los contenidos formales ni pretende convertirse en una nueva autoridad incuestionable. Lo que hace es algo diferente: permite ampliar la mirada sobre aquello que estamos estudiando.

David no llega a la conversación solamente como alguien que “cuenta un caso”. Su trayectoria constituye un saber. Un saber construido caminando el territorio, enfrentando situaciones concretas, conversando con otras personas y participando en procesos comunitarios. Y reconocer eso también es parte del aprendizaje.

¿Quién aprende de quién?

Aquí aparece una pequeña complicación para la idea del adoctrinamiento.

Si una persona estudiante llega a una comunidad, escucha una experiencia, formula preguntas y encuentra respuestas que quizá no había considerado, ciertamente está aprendiendo.

Pero el aprendizaje tampoco termina ahí. Las personas de comunidad también pueden verse interpeladas por las preguntas de quienes llegan desde otros espacios. Al explicar su experiencia, pueden ordenar recuerdos, revisar ideas, ampliar reflexiones o descubrir nuevas preguntas sobre aquello que han vivido.

No se trata entonces de una transferencia de conocimiento en una sola dirección: alguien sabe y alguien aprende.

El encuentro puede producir un aprendizaje de doble vía. Y quizá ahí esté una de las dimensiones más interesantes de estas experiencias: los saberes no aparecen como objetos que una institución posee y entrega, sino como construcciones que pueden encontrarse, contrastarse y enriquecerse cuando distintas personas ponen en común sus experiencias.

Cuando el aula decide salir a caminar

También está la cuestión del lugar. La educación suele imaginarse dentro de determinados espacios: un aula, una universidad, una biblioteca, un laboratorio. Pero aprender también puede ocurrir caminando, visitando una comunidad, escuchando una historia o intentando comprender cómo una problemática se vive desde otro lugar.

La visita puede convertirse en un hecho educativo precisamente porque desplaza la educación de sus espacios habituales. No significa abandonar los contenidos, sino ponerlos en movimiento.

Una problemática ambiental estudiada desde un libro puede adquirir otras dimensiones cuando se escucha a quienes han convivido con ella. Una discusión sobre territorio puede cambiar cuando se reconoce que ese territorio no es solamente una superficie delimitada en un mapa, sino un espacio donde las personas construyen sus vidas. Una conversación sobre participación puede adquirir otro significado cuando se escucha a quienes llevan años intentando organizarse para defender aquello que consideran común.

El territorio no reemplaza al aula. Pero puede hacerle preguntas.

Entonces, ¿adoctrinamos?

Después de hacer la pregunta, no salimos corriendo a buscar una respuesta definitiva.

Tal vez porque el propio encuentro nos dejó otras preguntas.

¿Es adoctrinamiento reconocer que existen saberes construidos fuera de la universidad? ¿Es adoctrinamiento escuchar experiencias que contradicen nuestras propias certezas? ¿Es adoctrinamiento poner en conversación conocimientos diferentes y permitir que quienes participan formulen sus propias preguntas? ¿O será que parte del problema está en imaginar que aprender consiste únicamente en recibir contenidos previamente organizados?

No pretendemos resolver estas preguntas por decreto. Mucho menos desde el Observatorio.

Preferimos seguir preguntando. Porque si algo hemos aprendido en estas experiencias es que educar también puede significar encontrarse con aquello que no sabíamos que íbamos a encontrar.

Y eso puede ser bastante incómodo para cualquiera que espere que la educación funcione como una máquina de respuestas.

Una conversación, no una receta

La conversación entre David y Andrea no pretende representar todas las experiencias comunitarias ni todas las experiencias estudiantiles. Es un encuentro particular, entre personas particulares, en un momento particular.

Precisamente por eso nos interesa. Porque permite mirar la educación desde las trayectorias concretas de quienes participan en ella.

Las personas no llegan vacías a estos encuentros. Llegan con historias, conocimientos, dudas, experiencias y condiciones de vida distintas. Reconocerlo permite comprender que la construcción de saberes también ocurre cuando esas experiencias entran en relación.

Y allí aparece una dimensión política de la educación que no necesita convertir la conversación en una receta: reconocer a las personas como sujetos capaces de interpretar sus realidades, construir conocimientos y participar en la transformación de aquello que viven.

Quizá por eso seguimos saliendo de gira. No porque tengamos todas las respuestas. Sino porque todavía tenemos demasiadas preguntas.

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¿Hasta dónde podemos cavar un río sin cambiarlo?

Las consecuencias de profundizar y ampliar el cauce de un río.

Cuando hablamos de extracción de material en un río, solemos preguntarnos cuánto material se retira: piedras, arena, grava u otros sedimentos. Pero hay otra pregunta fundamental: ¿qué pasa con el río cuando para extraer ese material necesitamos profundizar y ampliar su cauce?

La diferencia es importante. Cuando la extracción modifica de manera significativa el fondo y las márgenes, ya no se trata solamente de sacar material: estamos interviniendo la forma en que funciona el río.

Un río no es simplemente un lugar por donde pasa el agua. Su profundidad, ancho, fondo y márgenes se han construido y transformado mediante el movimiento del agua y los sedimentos, junto con la vegetación y los organismos que lo habitan. Las piedras, arenas y gravas tampoco están simplemente «de más»: se movilizan, se depositan y participan en la formación de pozas, rápidos, acumulaciones y diferentes ambientes dentro del cauce.

Por eso, un río no funciona como una cantera a cielo abierto por la que simplemente pasa agua.

¿Qué pasa cuando profundizamos el cauce?

Profundizar significa retirar material del fondo para hacerlo más hondo. Aunque pueda parecer que así simplemente se crea más espacio para el agua, la profundidad del cauce está relacionada con la velocidad y distribución de la corriente, el transporte de sedimentos y la estabilidad de las márgenes.

Cuando se baja artificialmente el fondo, estas relaciones cambian. El agua puede encontrar nuevas condiciones para erosionarlo y también para erosionar las orillas. Si se ha retirado más material del que el sistema puede reponer, el río puede comenzar a movilizar sedimentos desde otros sectores para compensar esa pérdida.

Dicho de manera sencilla: sacar material de un sitio puede hacer que el río busque material en otros sitios.

Por eso, una extracción localizada puede producir cambios aguas arriba, aguas abajo o en las propias márgenes. El problema no necesariamente termina donde termina la maquinaria.

¿Y qué ocurre cuando además ampliamos el cauce?

Ampliar el cauce significa modificar lateralmente el espacio por donde circula el agua: retirar material de las márgenes, desplazar las orillas o transformar sectores que antes tenían otra forma.

Las orillas no son simplemente el límite entre el agua y la tierra. Allí se encuentran raíces, vegetación, materia orgánica, sedimentos y organismos que también contribuyen a regular cómo se mueve el agua y cómo se distribuye su energía.

Cuando estas estructuras son eliminadas o transformadas, pueden cambiar la corriente, los lugares donde se acumulan los sedimentos y las condiciones de las márgenes. También pueden desaparecer o modificarse pozas, sectores de corriente rápida, acumulaciones de grava y otros espacios utilizados por distintas especies.

Profundizar y ampliar un cauce significa, en conjunto, modificar la geometría del río.

Y cuando cambia la geometría, cambia también la manera en que el agua y los sedimentos se mueven.

La presión por encontrar «la parte buena»

Hay una situación que ayuda a comprender esta dinámica. Si el material que se busca tiene determinadas características o un mayor valor comercial, puede ser necesario remover primero las capas que se encuentran encima.

Entonces la extracción puede no detenerse al retirar el material superficial. Si para encontrar «la parte buena» hay que seguir excavando, aparece una presión para profundizar cada vez más el cauce.

Aquí se enfrentan dos maneras de mirar el río.: Una lo entiende como un depósito de materiales que deben retirarse hasta encontrar aquello que tiene valor. La otra lo entiende como un sistema vivo, donde cada capa del fondo participa en su funcionamiento.

La pregunta deja de ser únicamente: ¿Cuánto material todavía se puede sacar? Y pasa a ser: ¿Qué ocurre con el río cuando para sacar ese material tenemos que cambiar su profundidad y su ancho?

Un río también necesita su material

Las piedras, arenas y gravas del fondo forman parte de la dinámica del río. Las crecidas las movilizan y las depositan nuevamente en otros sectores. Cuando la extracción supera la capacidad del sistema para reponer esos materiales, puede producirse un desequilibrio que favorezca la erosión del fondo, la modificación de las márgenes y la redistribución de sedimentos.

El río continúa transportando agua y sedimentos después de que las máquinas se retiran. Lo que cambia es el punto de partida desde el cual continúa haciendo su trabajo.

Por eso, observar la extracción implica mirar más allá del lugar donde entra la maquinaria: ¿qué profundidad alcanza?, ¿cuánto se ha ampliado el cauce?, ¿qué ocurre con las márgenes?, ¿cómo se mueve el sedimento después de la intervención?, ¿qué cambios aparecen aguas arriba y aguas abajo?

¿Y qué pasa con el agua que se infiltra?

Cuando se modifica profundamente el fondo de un río, también puede cambiar la relación entre el agua que vemos correr y el agua que se encuentra debajo del suelo.

El fondo del río no es una superficie impermeable. El agua puede moverse entre los sedimentos y el subsuelo, y en determinadas condiciones una parte del agua del río puede infiltrarse hacia capas subterráneas. También puede ocurrir el proceso contrario: el agua almacenada bajo tierra puede regresar al río y contribuir a mantener su caudal, especialmente durante los períodos en que llueve menos.

Cuando se extraen grandes cantidades de arena, grava y piedras, y se profundiza o limpia intensivamente el fondo, estas relaciones pueden modificarse. Al cambiar la profundidad y las características de los materiales que forman el lecho, también cambian las condiciones en las que el agua circula entre el río y el subsuelo.

Esto es importante porque el agua que entra al suelo no desaparece del ciclo del agua. Puede almacenarse temporalmente bajo tierra, desplazarse hacia otros lugares y, dependiendo de las condiciones, volver a aparecer en nacientes, quebradas o en el propio río.

Por eso, intervenir el cauce también significa intervenir una parte del camino que sigue el agua.

El problema es que no siempre podemos observar estos cambios a simple vista. Una excavación puede verse únicamente como un fondo más profundo o un cauce más amplio, mientras que debajo de esa superficie pueden estar cambiando los intercambios entre el agua superficial y el agua subterránea.

Y aquí aparece una pregunta que suele quedar fuera cuando hablamos de extracción: ¿Qué pasa con el agua que ya no se mueve por el río de la misma manera que antes?

El ciclo del agua también pasa por el río

La lluvia que cae sobre un territorio puede tomar diferentes caminos. Una parte corre por la superficie, otra se infiltra en el suelo, otra es utilizada por las plantas y otra puede almacenarse temporalmente en depósitos de agua subterránea. Los ríos conectan muchos de estos procesos.

Por eso, cuando cambia la forma del cauce, no estamos modificando solamente el lugar por donde circula el agua. Podemos estar modificando la velocidad con que se mueve, los lugares donde se almacena temporalmente, la relación con el subsuelo y la forma en que el agua vuelve a circular por el territorio.

Esto también ayuda a entender por qué las consecuencias de una extracción pueden aparecer mucho después y lejos del punto donde se realizó.

Una modificación del fondo puede favorecer procesos de erosión, cambiar la distribución de los sedimentos y alterar la relación del río con sus márgenes y con el subsuelo. Y todos estos procesos están conectados con la manera en que el territorio recibe, mueve, almacena y devuelve el agua.

El río, entonces, no es solamente un canal que lleva agua de un lugar a otro. También forma parte de la infraestructura natural mediante la cual el territorio regula el movimiento del agua.

Por eso, cuando preguntamos cuánto material podemos extraer, también deberíamos preguntarnos: ¿Qué transformaciones estamos provocando en el camino que sigue el agua?

¿Qué pasa con las actividades de las comunidades?

El río tampoco es solamente un sistema físico o ecológico. Es parte de la vida cotidiana de las comunidades.

Un río puede ser espacio de recreación, encuentro y descanso; un lugar para bañarse, nadar, pescar y compartir en familia; un espacio vinculado al turismo local y a actividades como cabalgatas u otras formas de disfrute del territorio. También puede utilizarse como abrevadero para animales y estar relacionado con actividades productivas y cotidianas.

Estas posibilidades dependen de determinadas condiciones del río.

Una poza que desaparece, una corriente que cambia, una orilla que se vuelve inestable o un sector que modifica su profundidad pueden parecer cambios menores desde la perspectiva de quien extrae material. Para quienes utilizan ese espacio, pueden significar la pérdida o transformación de un lugar construido y disfrutado durante años.

Por eso, no se trata solamente de preguntarnos qué material sale del río, sino también: ¿Qué usos y posibilidades permanecen en el río después de que ese material sale?

El río que queda

Hablar de extracción en un río implica mirar el proceso completo: cuánto material se retira, de dónde, qué profundidad alcanza la extracción, cuánto se modifica el ancho del cauce, qué ocurre con las márgenes y cómo responde el río después. Pero también implica mirar aquello que muchas veces queda fuera de las discusiones técnicas: los usos y relaciones que las comunidades han construido alrededor del río.

Porque un río no es solamente agua ni una reserva de materiales. Es también un espacio de vida, recreación, trabajo, encuentro y relación con el territorio. La discusión sobre la extracción, entonces, no termina cuando el material sale en un camión. También tenemos que mirar el río que queda.

Cuando “arrecostar” el río también transforma su cauce

En este video, una persona vecina comparte imágenes de los trabajos que se están realizando para “arrecostar” el río, modificando y acercando sus márgenes. Estas intervenciones pueden parecer puntuales, pero adquieren otra dimensión cuando ocurren en un río que ya está siendo excavado y sometido a una extracción intensiva de materiales.

Profundizar el fondo, ampliar o modificar las márgenes y remover sedimentos no son acciones independientes: juntas pueden transformar la forma del cauce, la circulación del agua, el movimiento de los sedimentos y la relación del río con sus orillas y el subsuelo.

Las imágenes nos invitan a mirar más allá de la maquinaria y preguntarnos: ¿qué río estamos construyendo con cada una de estas intervenciones?

Posterior a la intervención
This monument near Tinglayan in Kalinga province. Philippines, commemorates three tribal leaders killed during resistance to the Chico River dam project in the 1980s.

¿Qué precio tiene defender la naturaleza? 124 personas defensoras asesinadas en 2025 ¿qué señales no estamos viendo?

Una lectura del informe de Global Witness sobre la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente

Pueden descargar el informe completo aquí

¿Qué ocurre antes de que una amenaza se convierta en un ataque? ¿Cómo reconocer que un conflicto territorial está cambiando de escala? ¿Qué sucede cuando una comunidad empieza a ser presentada como un obstáculo, una organización como una amenaza o una persona defensora como alguien que debe ser silenciado?

El informe Poder colectivo: la lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente, publicado por Global Witness en septiembre de 2026, parte de una realidad difícil de ignorar: durante 2025 fueron asesinadas 124 personas defensoras del ambiente y el territorio en el mundo. Desde 2012, la organización ha documentado 2.375 asesinatos y desapariciones de larga duración. Pero el propio informe advierte que estas cifras no alcanzan a mostrar toda la dimensión de la violencia. Muchos casos no llegan a denunciarse o no pueden verificarse, particularmente allí donde existen conflictos armados, represión y restricciones al espacio cívico.
Por eso, quizá una de las preguntas más importantes que deja este informe no sea solamente cuántas personas fueron asesinadas, sino qué ocurre antes de llegar a ese extremo.

Global Witness describe los asesinatos como la parte visible de un «iceberg oculto» de agresiones. Debajo aparecen la criminalización, las amenazas, las campañas de desprestigio, la intimidación y el acoso, incluyendo el uso de redes sociales para desacreditar y aislar a quienes defienden sus territorios. Esta mirada permite comprender que la violencia no siempre comienza con una agresión física. Puede comenzar mucho antes, cuando se intenta debilitar la legitimidad de una comunidad, fragmentar sus vínculos, instalar miedo o convertir la defensa de un derecho en algo sospechoso.

El informe también muestra que estas situaciones no aparecen desconectadas. Más de la mitad de los asesinatos documentados en 2025 estuvieron vinculados con conflictos por la tierra, mientras que otros estuvieron relacionados con minería, explotación forestal, agroindustria, energía, agua e infraestructura. Al mismo tiempo, la corrupción, la impunidad, el debilitamiento del espacio cívico y la presencia del crimen organizado pueden aumentar la vulnerabilidad de las comunidades.
Así, defender un territorio no ocurre en un vacío. Ocurre dentro de relaciones de poder concretas.

Cuando la amenaza empieza a parecer normal

Una lectura crítica de nuestros propios contextos puede ayudarnos a mirar aquello que muchas veces se vuelve cotidiano y, precisamente por eso, deja de llamar nuestra atención.

No todas las situaciones de conflicto anuncian necesariamente una agresión grave. Tampoco cada desacuerdo con una empresa, una institución o una autoridad significa que exista una estrategia de persecución. Pero el informe permite identificar patrones que conviene observar colectivamente, especialmente cuando comienzan a acumularse.

Una primera señal aparece cuando cambia la manera en que se habla de quienes defienden un territorio. ¿Una comunidad comienza a ser presentada como enemiga del desarrollo? ¿Una organización es descrita como un obstáculo para la inversión? ¿Se cuestiona públicamente la legitimidad de quienes participan en una defensa territorial? En el informe, este tipo de estigmatización aparece vinculada con otras formas de presión y con intentos de aislar a las personas defensoras de sus propias comunidades.

Otra señal puede encontrarse en la aparición de mecanismos de criminalización: denuncias, procesos judiciales, acusaciones desproporcionadas o utilización de normas relacionadas con seguridad, terrorismo, orden público o difamación para restringir la acción colectiva. Global Witness identifica la criminalización como una de las formas no letales de represalia y llama la atención sobre legislaciones que pueden ser utilizadas para silenciar el activismo pacífico.

También resulta importante observar aquello que sucede alrededor del territorio. ¿Aparecen nuevos proyectos, concesiones, cambios de uso del suelo o intereses económicos? ¿Se acelera alguna decisión institucional? ¿Existen procesos de consulta que dejan de ser significativos? ¿Comienzan a aparecer actores desconocidos en la zona? ¿Se incrementan las disputas por la tierra o el acceso a determinados recursos?

El informe muestra que la inseguridad en la tenencia de la tierra constituye un factor importante de riesgo y que los conflictos territoriales pueden abrir el camino a nuevos ataques. También documenta vínculos entre proyectos extractivos y violencia contra personas defensoras.

Y hay otra dimensión que merece atención: la acumulación. Una campaña de desprestigio puede parecer menor. Una denuncia aislada puede parecer un asunto administrativo. Una vigilancia puede interpretarse como casualidad. Una amenaza puede ser considerada un episodio individual. Pero cuando distintas formas de presión aparecen simultáneamente, quizá sea necesario dejar de leerlas como hechos separados y comenzar a preguntarnos qué relación existe entre ellas.

Leer críticamente el contexto significa, entonces, no esperar a que la violencia sea evidente para empezar a organizarnos.

Las amenazas no siempre tienen el mismo rostro

El informe permite realizar una generalización importante, aunque necesariamente abierta a las particularidades de cada territorio: las amenazas contra quienes defienden el ambiente y el territorio suelen combinar dimensiones físicas, jurídicas, económicas, territoriales, comunicativas y comunitarias.

Pueden aparecer como amenazas directas o como hostigamiento; como procesos judiciales o campañas de difamación; como vigilancia o restricciones a la movilidad; como desplazamiento y despojo; como debilitamiento de las organizaciones; como militarización; como presión económica; o mediante el cierre de espacios para participar y reclamar derechos.

Las mujeres, además, enfrentan formas persistentes de agresión no letal. El informe recoge datos de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos que documentó, entre 2012 y 2023, más de 30.000 agresiones no letales contra mujeres defensoras en México y Centroamérica, entre ellas acoso, desprestigio, amenazas verbales, vigilancia y violencia psicológica.

Esto obliga a ampliar nuestra idea de seguridad. La seguridad no puede reducirse a evitar una agresión física. También implica poder participar, organizarse, comunicarse, desplazarse, habitar el territorio, sostener los vínculos comunitarios y defender derechos sin que esas acciones se conviertan en motivos de persecución.

Por eso, una lectura crítica de nuestros contextos podría comenzar con algunas preguntas sencillas: ¿qué está cambiando en el territorio?, ¿quiénes están adquiriendo capacidad de decisión?, ¿qué intereses aparecen?, ¿cómo se está hablando de quienes cuestionan esos cambios?, ¿qué mecanismos institucionales se están utilizando?, ¿qué ocurre con quienes levantan la voz?, ¿se están produciendo formas de aislamiento o fragmentación?, ¿qué respuestas existen cuando aparece una primera señal de alerta?

No se trata de vivir bajo sospecha permanente. Se trata de desarrollar una capacidad colectiva para leer las transformaciones que pueden afectar la vida comunitaria.

Defenderse también es construir comunidad

Frente a este panorama, el informe propone una idea especialmente sugerente: la protección no debería pensarse únicamente alrededor de una persona amenazada.

Las personas defensoras rara vez son atacadas solamente por lo que hacen como individuos. Muchas veces son atacadas por formar parte de comunidades, organizaciones y movimientos que defienden tierras, territorios, ecosistemas y derechos colectivos. Por eso, Global Witness plantea trascender los modelos exclusivamente individuales y fortalecer formas de protección colectiva.

Esta perspectiva cambia la pregunta. Ya no se trata solamente de cómo proteger a quien recibe una amenaza, sino de cómo fortalecer las condiciones colectivas que permiten que una comunidad pueda seguir existiendo, organizándose y defendiendo aquello que considera fundamental para su vida.

El ejemplo de las guardias indígenas presentado en el informe permite observar esta dimensión. En la Amazonía peruana, el pueblo Kakataibo creó una estructura comunitaria con presencia en distintas comunidades, una asamblea general y mecanismos propios para monitorear amenazas, responder ante ellas y decidir colectivamente qué hacer.

No se trata de trasladar mecánicamente esta experiencia a otros territorios. Su importancia está en mostrar que la protección puede construirse desde los propios conocimientos, formas de gobierno, relaciones comunitarias y capacidades organizativas existentes.

Global Witness identifica allí algunos componentes de la protección colectiva: liderazgo comunitario, autodeterminación, solidaridad, monitoreo de riesgos, documentación de abusos, cohesión social y capacidad de actuar colectivamente. También señala la importancia de contar con condiciones materiales y políticas que hagan posible esa protección, como el reconocimiento de la tenencia de la tierra, la participación significativa, el respeto de las formas comunitarias de gobernanza y espacios cívicos seguros.

Esto permite pensar la defensa de otra manera. Defender no es solamente reaccionar ante una amenaza. También es construir capacidades antes de que la amenaza aparezca.

Es saber quiénes están en el territorio y qué está cambiando. Es mantener comunicación. Es documentar. Es cuidar los vínculos. Es compartir información. Es evitar que una persona quede aislada. Es construir alianzas. Es reconocer conocimientos locales. Es generar mecanismos comunitarios para tomar decisiones cuando aparecen situaciones de riesgo. Y también es sostener espacios de cuidado, porque el miedo, el desgaste y la presión prolongada afectan a quienes defienden y a las comunidades que los acompañan.

El propio informe señala que la protección colectiva contribuye al bienestar y al cuidado psicosocial del colectivo y que las estrategias más sostenibles suelen apoyarse en la autodeterminación, el control territorial, el cuidado colectivo y la capacidad de las comunidades para definir sus propias formas de defensa.

Del miedo individual a la capacidad colectiva

Quizá una de las principales provocaciones de Poder colectivo consiste en obligarnos a desplazar la mirada. No basta con contar las agresiones cuando ya ocurrieron. Tampoco basta con proteger a una persona mientras las condiciones que producen la amenaza permanecen intactas.

Necesitamos aprender a leer los contextos, reconocer las señales, identificar cómo se acumulan distintas formas de presión y preguntarnos qué capacidades tenemos, como comunidad, organización, colectivo o movimiento para responder.

El informe recomienda precisamente desarrollar sistemas de alerta temprana capaces de identificar patrones emergentes de violencia y actuar antes de que ocurran los ataques. También plantea que estos mecanismos incorporen la participación de las propias personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil.

Esta propuesta puede leerse más allá de un mecanismo institucional. También puede convertirse en una pregunta organizativa: ¿cómo aprendemos colectivamente a reconocer aquello que amenaza la vida antes de que la amenaza se vuelva irreversible?

La defensa del territorio puede ser, entonces, también una práctica de aprendizaje. Aprender a mirar. Aprender a escuchar. Aprender a documentar. Aprender a cuidarnos. Aprender a reconocer cuándo un conflicto está cambiando. Aprender a no dejar sola a una persona. Aprender a construir redes antes de necesitarlas.

Porque frente a amenazas que buscan fragmentar, aislar y generar miedo, la respuesta colectiva no consiste únicamente en sumar más personas a una protesta. Consiste en construir una trama de relaciones capaz de sostener la vida, la memoria, la organización y la capacidad de decidir.

Y quizá ahí esté una de las preguntas que este informe deja abierta para nuestros propios territorios: ¿Qué necesitamos aprender colectivamente para defendernos antes de que sea demasiado tarde?

El informe Poder colectivo: la lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente puede consultarse como una invitación a mirar estas preguntas desde las experiencias de quienes, en distintos lugares del mundo, continúan defendiendo la tierra, el agua, los bosques, las comunidades y las posibilidades de una vida digna.

Leer las amenazas antes de que se vuelvan violencia

Las agresiones contra quienes defienden el territorio y el ambiente no aparecen necesariamente de un momento a otro. Pueden comenzar con discursos que deslegitiman, formas de vigilancia, presiones sobre las organizaciones, procesos de criminalización o transformaciones en el territorio que, acumuladas, configuran escenarios de mayor riesgo. Por eso, reconocer las amenazas implica también aprender a observar sus señales, identificar cambios en el contexto y preguntarnos colectivamente qué está ocurriendo, a quiénes afecta y cómo están cambiando las condiciones para organizarse y defender la vida. La siguiente matriz propone algunas claves para esa lectura; no busca establecer una fórmula para predecir la violencia, sino ayudar a reconocer patrones, acumulaciones y señales que merecen atención colectiva.

Amenaza¿Cómo puede manifestarse?Señales de alerta para leer el contexto
Estigmatización y difamaciónPresentar a personas, organizaciones o comunidades como enemigas del desarrollo, conflictivas, radicales o vinculadas con intereses ajenos.Aumento de mensajes públicos contra quienes participan; circulación de rumores; cuestionamientos sistemáticos sobre su legitimidad; campañas en redes sociales; intentos de desacreditar liderazgos.
Intimidación y amenazasMensajes, advertencias, hostigamiento o acciones destinadas a generar miedo y desalentar la participación.Aparición de mensajes anónimos o advertencias; seguimiento inusual; presencia reiterada de personas desconocidas; cambios en las formas de comunicación; personas que comienzan a retirarse de las actividades por temor.
CriminalizaciónUso de denuncias, procesos judiciales o normas para obstaculizar la defensa del territorio y la acción colectiva.Incremento de denuncias contra integrantes de una organización; acusaciones desproporcionadas; utilización reiterada de determinadas figuras legales; procesos dirigidos contra quienes ejercen roles visibles.
Vigilancia y seguimientoObservación de personas, reuniones, actividades comunitarias o comunicaciones con el propósito de conocer y controlar la organización.Personas desconocidas en reuniones; preguntas insistentes sobre actividades y participantes; registro o seguimiento de actividades; cambios inexplicados en la seguridad de espacios o comunicaciones.
Hostigamiento y acosoPresiones reiteradas dirigidas a desgastar emocional, económica o socialmente a quienes participan en la defensa.Contactos insistentes; interrupciones constantes de actividades; presiones sobre familias o espacios de trabajo; aparición de conflictos dirigidos hacia determinados liderazgos.
Presiones sobre el territorioCambios, proyectos, concesiones o decisiones que pueden afectar tierras, agua, bosques, costas u otros bienes comunes.Aparición de nuevos proyectos o actores; cambios acelerados en usos del territorio; procesos de permisos o decisiones poco transparentes; presión para aceptar acuerdos; reducción de espacios de participación.
Despojo o desplazamientoPérdida o amenaza sobre la permanencia de comunidades en sus territorios y sobre sus formas de vida.Conflictos crecientes por la tenencia de la tierra; ocupaciones o intentos de apropiación; presión para abandonar el territorio; cambios en las condiciones de acceso o permanencia.
Violencia físicaAgresiones dirigidas contra personas defensoras o comunidades.Escalada de amenazas previas; presencia de actores violentos; ataques contra infraestructura comunitaria; agresiones que comienzan a repetirse o dirigirse contra más integrantes de la organización.
Violencia contra la comunidadEl objetivo deja de ser una persona y pasa a ser la organización, comunidad o movimiento en su conjunto.Aumento simultáneo de distintas formas de presión; ataques contra varios liderazgos; división interna; desplazamiento; restricciones a reuniones o actividades comunitarias.
Cierre del espacio cívicoObstáculos para reunirse, protestar, organizarse, informar o participar en decisiones públicas.Restricciones a reuniones; obstáculos administrativos; vigilancia de actividades públicas; discursos que cuestionan el derecho a protestar; reducción de espacios de participación.
Militarización o respuestas de seguridadPresencia o intervención de fuerzas de seguridad en contextos de conflicto territorial, con posibles efectos sobre las comunidades.Incremento de presencia armada; controles o restricciones de movilidad; cambios en las dinámicas cotidianas del territorio; tratamiento de un conflicto social como problema exclusivamente de seguridad.
Aislamiento y fragmentaciónIntentos de separar a las personas defensoras entre sí o debilitar los vínculos comunitarios y organizativos.Conflictos internos que aparecen o se intensifican; presión diferenciada sobre determinados liderazgos; rumores dirigidos contra organizaciones; disminución de la comunicación y participación.
ImpunidadFalta de investigación o respuesta frente a agresiones, lo que puede favorecer su repetición.Denuncias que no avanzan; ausencia de información sobre investigaciones; repetición de agresiones; falta de respuesta institucional ante señales previamente documentadas.
¿Seguridad para quién?

En Costa Rica, la seguridad ocupa un lugar central en el discurso político del Estado y del gobierno. Sin embargo, esta preocupación adquiere otra dimensión cuando se observa desde quienes defienden los territorios. Durante su gobierno, el entonces presidente Rodrigo Chaves se refirió públicamente al Acuerdo de Escazú para transmitir al sector privado que podía estar tranquilo y que el acuerdo no avanzaría. Más allá de las implicaciones políticas de aquella posición, la escena permite formular una pregunta incómoda: ¿por qué la tranquilidad del sector privado frente a las personas defensoras ambientales parece formar parte de la conversación sobre seguridad, mientras la seguridad de quienes defienden el ambiente aparece mucho menos en ella?

El contraste resulta particularmente sugerente frente al artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que plantea la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

La pregunta, entonces, puede formularse con cierta ironía: si el sector privado puede recibir garantías para estar tranquilo, ¿quién garantiza la tranquilidad de quienes defienden los territorios? Y todavía más: ¿qué entendemos por seguridad cuando una persona que denuncia una amenaza ambiental puede terminar siendo presentada como el problema, mientras aquello que amenaza al territorio permanece fuera de esa conversación?

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¿De quién es la nube? Centros de datos, bienes comunes y territorio en Costa Rica

Antes de leer: escucha lo que suena la nube

Antes de sumergirte en esta nota, te proponemos algo poco habitual: escuchar un centro de datos.

El video que acompaña a este texto no muestra paisajes ni personas. No hay entrevistas ni gráficos. Solo el sonido ambiente de una instalación real: el zumbido constante de los ventiladores, el rumor mecánico de los sistemas de refrigeración, el pulso eléctrico de miles de servidores trabajando sin pausa, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Es un sonido que muchas comunidades vecinas conocen demasiado bien. Lo escuchan al despertar, al intentar dormir, al trabajar, al conversar. Es un sonido que no se detiene y que, en muchos casos, se convierte en una presencia permanente que afecta la salud, el descanso y la calidad de vida.

La nube, esa metáfora que usamos para hablar de lo digital, suena. Y suena fuerte.

Te invitamos a escuchar el video con atención. Sube el volumen si puedes. Cierra los ojos si quieres. Imagina que ese sonido está frente a tu casa, a pocos metros de tu ventana, y que no va a detenerse. Porque para muchas personas, esa es la realidad cotidiana de vivir cerca de un centro de datos.

Una vez que hayas escuchado, te invitamos a leer el resto de la nota. Allí encontrarás datos, contextos y preguntas sobre lo que significa construir esta infraestructura en nuestros territorios. Pero antes, el sonido. Porque la nube no es silenciosa. Y tampoco es inmaterial.

Cuando hablamos de la nube solemos imaginar un espacio casi inmaterial donde se almacenan nuestros archivos, circulan nuestras comunicaciones y funcionan las aplicaciones que utilizamos todos los días. Sin embargo, la nube tiene una geografía concreta. Detrás de cada servicio digital existen edificios, servidores, cables, sistemas de refrigeración, redes eléctricas, agua, minerales y trabajo humano. La expansión de la inteligencia artificial y de los servicios digitales está haciendo crecer rápidamente esta infraestructura y, con ella, también la demanda de recursos que muchas veces permanecen fuera de nuestra mirada.

Costa Rica no está al margen de este proceso. El país ya cuenta con infraestructura de centros de datos y las proyecciones disponibles apuntan a un crecimiento importante de la demanda durante los próximos años. Una estimación reciente identifica 18 centros de datos operados por 11 proveedores y señala una fuerte concentración de esta capacidad en San José (Camarillo, 2026). Este crecimiento obliga a ampliar una conversación que hasta ahora suele presentarse principalmente en términos de inversión, conectividad e innovación tecnológica.

La pregunta es sencilla: ¿qué necesita el país para sostener esta nueva infraestructura y cómo se distribuyen sus beneficios y sus costos?

La nube tiene territorio y también tiene sed

Un centro de datos no es solamente un conjunto de computadoras. Es una infraestructura física que debe operar continuamente y que requiere electricidad, refrigeración, conectividad y sistemas de respaldo. Los servidores producen calor y ese calor debe ser disipado de manera permanente. Por eso, el funcionamiento de la economía digital está estrechamente relacionado con los flujos de energía, agua y materiales.

El estudio The Cloud Is Material(2022) propone precisamente mirar la nube desde esta dimensión material. Los servicios digitales descansan sobre una infraestructura que consume energía y agua, utiliza minerales y componentes electrónicos, produce calor y genera residuos. Lo que parece ocurrir en un espacio virtual depende, en realidad, de territorios concretos.

Un aspecto crítico, y a menudo pasado por alto, es el consumo de agua. Un estudio publicado en npj Clean Water (2021) revela que los centros de datos consumen agua de dos formas principales: de manera indirecta, a través de la generación de electricidad (especialmente en plantas termoeléctricas que requieren agua para enfriarse), y de manera directa, para refrigerar los servidores. Para dimensionar esto, un centro de datos mediano (15 MW) puede usar tanta agua como tres hospitales promedio o más de dos campos de golf de 18 hoyos. A nivel global, se estima que en 2014 los centros de datos en Estados Unidos consumieron 626 mil millones de litros de agua, una cifra que, aunque parece pequeña frente al consumo total del país, compite directamente con otros usuarios por recursos locales, a menudo en zonas de estrés hídrico.

El estudio señala que menos de un tercio de los operadores de centros de datos miden su consumo de agua, y que en muchos casos más de la mitad del agua utilizada proviene de fuentes potables. Esto ha generado controversia en regiones donde el agua es un recurso escaso, ya que las instalaciones compiten con las comunidades locales por el acceso al agua potable.

Costa Rica ante una nueva demanda

La discusión adquiere mayor relevancia si consideramos las proyecciones de crecimiento. Si la demanda de infraestructura para procesamiento y almacenamiento de datos aumenta significativamente durante la próxima década, sus efectos no se limitarán a los edificios donde funcionen los servidores. Será necesario ampliar redes eléctricas, sistemas de conectividad, infraestructura de agua y otros servicios que permiten sostenerlos.

Por eso, la pregunta no debería ser únicamente cuántos centros de datos puede atraer Costa Rica, sino qué tipo de expansión resulta compatible con las condiciones sociales, ambientales y territoriales del país.

Esto también obliga a mirar los impactos más allá del consumo de recursos. Estas instalaciones ocupan suelo, generan calor y ruido, requieren equipos que deben ser sustituidos periódicamente y forman parte de una cadena global de extracción de minerales, fabricación de componentes, transporte y generación de residuos electrónicos. La infraestructura digital no empieza cuando encendemos una computadora ni termina cuando cambiamos un servidor: forma parte de un ciclo material mucho más amplio.

Al mismo tiempo, no todos los centros de datos tienen la misma escala ni producen las mismas presiones. Por eso sería un error reducir la discusión a una oposición entre tecnología y ambiente. El desafío consiste más bien en distinguir las diferentes necesidades y escalas de infraestructura, comprender sus impactos y establecer condiciones adecuadas para cada territorio. La eficiencia energética (medida por el PUE, por sus siglas en inglés) ha mejorado mucho en los centros de datos de hiperescala, pero esto no elimina el consumo de agua, especialmente la que se usa para generar la electricidad que los alimenta.

Una discusión sobre bienes comunes

Desde la perspectiva de los bienes comunes, esta discusión permite mirar algo que suele quedar oculto. Los centros de datos pueden ser instalaciones privadas, pero su funcionamiento depende de sistemas y recursos que tienen una dimensión colectiva: electricidad, agua, territorio, conectividad, infraestructura pública, conocimientos y condiciones ambientales.

Esto no significa que el uso empresarial de estos recursos sea necesariamente problemático. Significa que debemos preguntarnos bajo qué condiciones ocurre esa relación. Cuando una actividad económica requiere de manera intensiva recursos y sistemas construidos socialmente, resulta legítimo discutir cómo se distribuyen sus beneficios, quién asume sus costos y qué mecanismos existen para garantizar la participación y el control público.

La falta de transparencia es un problema central. El estudio sobre agua señala que ni siquiera los tres grandes proveedores de nube (Amazon, Google y Microsoft) publican datos completos sobre su consumo de agua. Amazon, por ejemplo, no publica ninguna cifra, mientras que Google y Microsoft solo ofrecen datos agregados que no permiten distinguir cuánto corresponde a los centros de datos ni desglosan las fuentes de agua. Esto dificulta enormemente la evaluación de impactos y la rendición de cuentas.

La experiencia internacional muestra que algunos de los conflictos asociados con centros de datos aparecen precisamente alrededor del agua, la energía, el uso del suelo, el ruido y el acceso a la información. Esto debería servirnos menos como una advertencia alarmista que como una oportunidad para anticiparnos.

Costa Rica todavía tiene margen para discutir estas condiciones antes de que la expansión de esta infraestructura se convierta en una sucesión de decisiones aisladas. La planificación energética y territorial, la protección de las fuentes de agua, la transparencia sobre los proyectos, la evaluación de sus impactos acumulativos y la participación de las comunidades deberían formar parte de esta conversación.

Porque la pregunta no es si queremos vivir en una sociedad digital. Ya lo hacemos.

La cuestión es qué infraestructura queremos construir para sostenerla y qué relación queremos establecer entre esa infraestructura, nuestros territorios y nuestros bienes comunes.

¿De quién es la nube?

La nube tiene edificios, servidores, cables, electricidad, agua, minerales, trabajadores y territorios. También tiene costos y beneficios que no se distribuyen necesariamente de la misma manera.

Por eso, discutir centros de datos es también discutir qué entendemos por desarrollo tecnológico y qué lugar ocupan los bienes comunes en ese proceso.

No se trata de estar contra la tecnología. Se trata de hacer visibles sus condiciones materiales. Porque si la nube necesita nuestros territorios y nuestros bienes comunes para existir, entonces también necesitamos preguntarnos: ¿bajo qué condiciones queremos ponerlos a su servicio?

¿Qué es un centro de datos y por qué importa?

Antes de discutir políticas, regulaciones o resistencias, necesitamos entender qué es exactamente un centro de datos. No se trata solo de computadoras: es una infraestructura industrial que consume energía y agua de forma intensiva, genera calor, ruido y residuos electrónicos, y opera con una opacidad que dificulta evaluar sus impactos reales. La siguiente matriz sintetiza sus características principales y las implicaciones que cada una tiene para los territorios que los albergan. No es una lista exhaustiva, pero sí una guía para comprender de qué hablamos cuando decimos que la nube tiene una geografía concreta.

Eje temáticoCaracterización del centro de datos¿Qué implica?
1. Naturaleza físicaNo es un espacio inmaterial ni virtual. Es una infraestructura industrial concreta: naves, servidores, cables, sistemas de refrigeración, transformadores, tuberías y generadores. Ocupa territorio y consume recursos.La nube tiene geografía y materialidad. Cada servicio digital depende de edificios, energía, agua y minerales. Lo que parece virtual es, en realidad, una cadena de infraestructuras físicas que transforman el territorio.
2. Consumo de energíaConsume electricidad de forma continua e intensiva, las 24 horas del día. La refrigeración puede representar más del 40% del consumo total. Un solo centro de datos puede usar la electricidad de 50,000 hogares.La eficiencia no ha frenado el crecimiento. Aunque los equipos sean más eficientes, la demanda total aumenta exponencialmente por la IA, el streaming y el almacenamiento masivo. El problema es de escala, no solo de diseño.
3. Consumo de aguaConsume agua de dos formas: indirecta (para generar la electricidad que usa) y directa (para refrigerar servidores, a menudo por evaporación). Un centro mediano (15 MW) usa tanta agua como tres hospitales. Más de la mitad puede ser agua potable.El agua es un recurso crítico y conflictivo. Los centros de datos compiten con comunidades, agricultura y ecosistemas por agua dulce, especialmente en zonas áridas o con sequías. La falta de métricas sobre el agua usada para generar electricidad hace invisible gran parte del impacto.
4. Falta de transparenciaLa mayoría de los operadores no miden ni publican su consumo de agua. Los grandes proveedores solo ofrecen datos agregados o no publican nada. Algunos consideran el agua un «secreto comercial».La opacidad es una estrategia, no un accidente. Sin datos públicos y verificables, es imposible evaluar impactos, exigir responsabilidades o planificar territorialmente. La falta de transparencia impide la participación democrática.
5. Impactos sociales y comunitariosGenera contaminación acústica constante (ventiladores, generadores, chillers) que afecta la salud mental y física de los vecinos: insomnio, hipertensión, estrés. También compite por agua potable y desplaza comunidades.Los impactos van más allá de lo ambiental. Incluyen ruido, pérdida de calidad de vida, conflictos por recursos y movilización comunitaria. La salud pública y el derecho al descanso son ejes centrales del conflicto.
6. Residuos electrónicosLos servidores y equipos se vuelven obsoletos rápidamente. La basura electrónica termina en vertederos del Sur global, con metales tóxicos y contaminantes. Un solo computador requiere 240 kg de combustibles fósiles y 1,500 kg de agua para fabricarse.La obsolescencia programada genera montañas de basura tóxica. La cadena de residuos es global y afecta desproporcionadamente a países vulnerables. El ciclo de vida completo —desde la minería hasta el desecho— es parte del impacto.
7. Cultura y trabajoLos técnicos trabajan con miedo constante a fallos que causen interrupciones costosas. Las decisiones se toman por «instinto» o «corazonadas», no solo por modelos. La cultura del «enfriar en exceso» por miedo muestra que las prácticas humanas afectan la eficiencia.La dimensión humana es clave. Las decisiones, miedos y hábitos de los trabajadores influyen en el impacto ambiental. La sostenibilidad no depende solo de la tecnología, sino también de la cultura laboral y la organización del trabajo.
8. Escala del problemaLa demanda de datos crece exponencialmente. Se espera que el número de dispositivos conectados pase de 18.4 mil millones (2018) a 29.3 mil millones (2030). El tráfico de internet se duplica cada pocos años.La escala es global y creciente. La expansión de la IA y el streaming está multiplicando la demanda de recursos y los impactos asociados. No es un problema local ni estático: se expande rápidamente y presiona territorios en todo el mundo.
9. Alternativas y solucionesSe proponen métricas más completas (como incluir el agua usada para generar electricidad), usar agua no potable, refrigeración líquida y ubicaciones con clima frío. Pero las promesas corporativas no son verificables ni vinculantes.Las soluciones técnicas son insuficientes. Se necesita transparencia obligatoria, regulación vinculante, planificación territorial y un debate público sobre el modelo de desarrollo digital. La pregunta no es solo cómo hacerlo más eficiente, sino cuánto, para qué y bajo qué condiciones.
10. Pregunta central¿Qué caracteriza a un centro de datos? Es una infraestructura física, intensiva en recursos, opaca, ruidosa y en expansión acelerada.¿Bajo qué condiciones queremos que exista la infraestructura digital? No se trata de oponerse a la tecnología, sino de hacer visibles sus costos materiales, sociales y ambientales, y decidir democráticamente su rumbo.
De la caracterización a la respuesta social

Hasta aquí hemos caracterizado los centros de datos como infraestructuras físicas, intensivas en recursos, opacas y en expansión acelerada. Hemos visto que consumen energía y agua, generan ruido y residuos, y operan con una falta de transparencia que dificulta evaluar sus impactos reales. Pero esta caracterización estaría incompleta si no atendemos a una dimensión fundamental: la respuesta de las comunidades que los reciben.

A medida que la infraestructura digital se expande, también lo hace la oposición organizada. Lo que comenzó como quejas aisladas de vecinos afectados por el ruido o la escasez de agua se ha convertido en un movimiento social medible, con estructuras, estrategias y demandas concretas. Estados Unidos —el país con mayor concentración de centros de datos del mundo— ofrece un espejo donde mirarnos: allí, el monitoreo sistemático de la oposición permite dimensionar un fenómeno que ya no puede ignorarse.

Los datos recolectados y analizados por Coalition for Responsible Data Center Development son elocuentes. A finales de 2025, los grupos locales de oposición a centros de datos en Estados Unidos sumaban unas 76.000 personas. Para abril de 2026, la cifra superaba las 360.000. Y para agosto del mismo año, ya eran más de 640.000 miembros distribuidos en al menos 580 grupos locales en casi todos los estados del país. Desde septiembre de 2025, el número de nuevos grupos se disparó: en los primeros meses de 2026, se creaban hasta dos nuevos grupos por día. La oposición ya no es un fenómeno marginal ni localizado; es una respuesta nacional y bipartidista, presente tanto en estados demócratas como republicanos, con una presencia especialmente fuerte en estados clave para las elecciones.

¿Qué explica este crecimiento? Las razones coinciden con los impactos que hemos documentado: consumo de agua en regiones con sequías severas, demanda eléctrica que compite con las necesidades locales, contaminación del aire por generadores diésel y plantas de gas, ruido constante que afecta la salud, pérdida de tierras agrícolas y patrimoniales, y una falta de transparencia que impide a las comunidades conocer los detalles de los proyectos hasta que ya están aprobados.

Un caso emblemático es el de Independence, Missouri, donde un proyecto de 1,2 gigavatios —más de cuatro veces el consumo eléctrico máximo de la ciudad— se asentaría sobre un acuífero que abastece de agua a 250.000 personas. En Ohio, un solo proyecto solicitó 2.000 megavatios para un pueblo cuyos residentes apenas consumen entre 10 y 15 megavatios. En Memphis, investigaciones satelitales detectaron aumentos significativos de dióxido de nitrógeno en las zonas cercanas a un centro de datos de IA. Y en múltiples comunidades, el zumbido perpetuo de ventiladores y sistemas de refrigeración afecta el sueño, la concentración y la salud mental de quienes viven cerca. Como resume una organizadora: «No sabemos cuánta agua van a utilizar, no sabemos qué tipo de emisiones van a generar, no sabemos cuánta electricidad van a necesitar».

Pero la oposición no se limita a protestar. Los grupos locales han desarrollado estrategias sofisticadas: litigios, referendos, cambios electorales, investigación ciudadana y campañas de comunicación. En varios municipios, los votantes han destituido a alcaldes y concejales que apoyaron proyectos sin consultar a la comunidad. En Ohio, una coalición ciudadana impulsa una enmienda constitucional estatal para prohibir la construcción de centros de datos que superen los 25 megavatios. En Independence, Missouri, se recolectaron miles de firmas para forzar un referendo sobre las exenciones fiscales. En Festus, Missouri, los cuatro concejales que aprobaron un proyecto fueron removidos de sus cargos. Vecinos organizados han rastreado compras de tierras a través de empresas fantasma, solicitado registros públicos y documentado patrones de concentración de centros de datos cerca de sistemas de agua y redes eléctricas.

Estas luchas no son exclusivas de Estados Unidos. En España, colectivos como los que se oponen al proyecto de Meta en Talavera de la Reina han sentado precedentes. En Chile, la resistencia al centro de datos de Google en Santiago logró que la empresa rediseñara su sistema de refrigeración para reducir el consumo de agua. En Uruguay, la movilización contra un proyecto de Google obligó a la compañía a cambiar su diseño para no consumir agua. En Paraguay, vecinas de Villarrica lograron que la fiscalía detuviera el ruido de una granja de criptominería. Lo que emerge es un movimiento conectado globalmente, que comparte información, estrategias y narrativas, y que se reconoce como parte de un mismo fenómeno: la materialidad de la nube y la disputa por los bienes comunes.

El monitoreo de esta oposición ofrece una lección clave: la resistencia crece cuando la información fluye. Los proyectos que se aprueban en secreto, con acuerdos de confidencialidad y sin evaluación ambiental, generan desconfianza y movilización. En cambio, cuando las comunidades conocen los detalles —consumo de agua, energía, emisiones, empleos reales— pueden tomar decisiones informadas.

El monitoreo también muestra que la oposición no es un obstáculo para el desarrollo tecnológico, sino una demanda de democracia y transparencia. No se trata de estar contra la tecnología, sino de exigir que su infraestructura se planifique con criterios de justicia ambiental, participación ciudadana y respeto por los territorios.

Porque si la nube necesita nuestros territorios y nuestros bienes comunes para existir, entonces las comunidades tienen derecho a preguntar: ¿bajo qué condiciones?

Referencias

Camarillo, B. (2026). Demanda de centros de datos en Costa Rica podría triplicarse en los próximos 10 años. La República.

Fabra Caro, F. J., & Serón Arbeloa, F. J. (2025). Impacto y huella ambiental de los centros de datos y proveedores de nube. ECODES.

Gómez Delgado, A. (2026). El precio de las nubes: La expansión de los Centros de Datos en Aragón. Tu Nube Seca Mi Río.

Gonzalez Monserrate, S. (2022). The cloud is material: On the environmental impacts of computation and data storage. MIT Schwarzman College of Computing, MIT Case Studies in Social and Ethical Responsibilities of Computing. https://doi.org/10.21428/2c646de5.031d4553

Murillo, E. (2026). País se posiciona como mercado emergente en centros de datos. CRHoy.

Shaw, M., Krueger, D., Malik, S., Sheremet, D., & van der Velde, F. (2026). Data Center Opposition Report [Serie de informes 2026]. Coalition for Responsible Data Center Development, Evitable, & Together Against AI. https://datacenteropposition.com

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Las mujeres indígenas hablan: cultura, semillas y defensa del territorio

Un encuentro en Boca Coen del territorio indígena Tjai, puso en el centro las voces de mujeres indígenas, la defensa de la cultura, el idioma, las semillas ancestrales y el cuidado de la tierra y los bienes naturales.

Conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena también puede ser una oportunidad para detenerse, conversar y escuchar. No solamente para hablar sobre las mujeres indígenas, sino para encontrarse con quienes, desde sus comunidades, sostienen conocimientos, prácticas y formas de relacionarse con el territorio.

Así ocurrió en la comunidad de Boca Coen, del territorio indígena Tjai este 12 de septiembre, donde mujeres lideresas se reunieron en el Rancho Cultural Däyë para compartir, dialogar y reflexionar sobre aquello que consideran fundamental para la continuidad de su pueblo.

En este espacio también participaron personas mayores de la comunidad de Boca Coen, cuya presencia permitió sumar otras voces y experiencias a un encuentro atravesado por la memoria, los conocimientos y las prácticas que se transmiten dentro de la comunidad.

Para Hugo Céspedes Morales, líder y habitante de Boca Coen, el encuentro permitió compartir con las lideresas de la comunidad Boca Coen y conversar sobre asuntos que atraviesan la vida cotidiana y el futuro del territorio.

Entre ellos estuvieron la importancia de preservar el idioma y la cultura, recuperar y proteger las semillas ancestrales, así como cuidar la tierra y los recursos naturales que, desde su cosmovisión, Sibö les dejó.

Más que una actividad protocolaria, las personas participantes describen el espacio como un encuentro para compartir, dialogar e interactuar. Y quizá ahí está una de las claves: la cultura no solamente se conserva, también se conversa, se practica y se comparte entre generaciones y comunidades.

«Me siento muy feliz de ser una mujer indígena»

Una de las voces que compartió durante el encuentro fue la de Johana Morales Morales, lideresa de la comunidad de Boca Coen.

Su testimonio parte de algo profundamente sencillo y, al mismo tiempo, profundamente político: el orgullo de ser mujer indígena.

Johana se reconoce como cuidadora de los bosques, de la tierra y de las semillas ancestrales. Desde ese lugar, señala la necesidad de no olvidar aquello que sostiene la identidad comunitaria: el idioma cabécar, la cultura y los conocimientos asociados al territorio.

La conversación también puso sobre la mesa la importancia de rescatar las semillas ancestrales y de fortalecer el trabajo colectivo entre las mujeres.

Porque las mujeres indígenas no solamente participan de la vida comunitaria: han desempeñado y continúan desempeñando un papel fundamental en la construcción y sostenimiento de sus territorios.

Pero el encuentro también permitió nombrar una preocupación: el poco apoyo que muchas veces reciben de las instituciones públicas.

Johana hace un llamado para que ese apoyo no se reduzca a reuniones, actividades o espacios donde las mujeres son escuchadas momentáneamente. Lo que se demanda es algo más concreto: proyectos y acciones que contribuyan realmente a fortalecer a las mujeres indígenas y sus procesos de conservación de la cultura, el idioma y los conocimientos propios.

No se trata solamente de ser invitadas a conversar. Se trata también de que sus voces tengan consecuencias.

Conocer los derechos también es una forma de defenderse

Durante la actividad también se compartieron elementos relacionados con la Ley Indígena N.° 6172, como parte de una conversación sobre los derechos que deben conocer y ejercer las mujeres indígenas.

Para Seidy Estela Morales López, presidenta de la Asociación de Mujeres Jolpé Kjané, la conmemoración fue un motivo de orgullo y, sobre todo, una oportunidad para encontrarse como mujeres.

Su intervención puso énfasis en una preocupación que atraviesa los testimonios: la necesidad de que las mujeres indígenas no sean invisibilizadas en la sociedad y que sus voces sean escuchadas.

La legislación, sin embargo, no aparece aquí como un punto de llegada. Conocer los derechos puede ser también una herramienta para reconocer las desigualdades existentes y exigir que las instituciones cumplan con sus responsabilidades.

Porque entre el reconocimiento formal y la vida cotidiana existe todavía una distancia que las propias mujeres están señalando.

Semillas, idioma, tierra y memoria

Los distintos testimonios coinciden en algo: hablar de las mujeres indígenas implica hablar también del territorio.

El idioma no aparece separado de la cultura. Las semillas no aparecen separadas de la tierra. El cuidado de los bosques no aparece separado de la memoria. Y la organización de las mujeres tampoco aparece separada de la defensa de aquello que permite sostener la vida comunitaria.

Por eso, cuando las mujeres hablan de semillas ancestrales, no están hablando únicamente de variedades que deben conservarse. Hablan también de conocimientos, prácticas, relaciones y memorias que han sido transmitidas y que necesitan continuar viviendo.

Cuando hablan del idioma, hablan de una manera de nombrar y comprender el mundo.

Cuando hablan de la tierra y los bosques, hablan de espacios que no pueden reducirse simplemente a recursos disponibles.

Y cuando hablan de organizarse, están hablando de una práctica colectiva que permite enfrentar el presente y construir posibilidades para el futuro.

La participación de las personas mayores de la comunidad recuerda además que esta transmisión no ocurre solamente a través de discursos o documentos. También ocurre en la palabra compartida, en la memoria de quienes han vivido el territorio y en los encuentros entre distintas generaciones.

Que escuchar no sea suficiente

La conmemoración dejó también una pregunta abierta para las instituciones. ¿Qué significa realmente apoyar a las mujeres indígenas?

Los testimonios son claros al respecto: no basta con convocar, reunirse o escuchar. El acompañamiento debe traducirse en acciones, proyectos y condiciones que fortalezcan los procesos que las propias mujeres y comunidades ya vienen construyendo.

La demanda no parte de una ausencia de organización. Al contrario.

En Boca Coen existen mujeres organizándose, cuidando, transmitiendo conocimientos, defendiendo su cultura y pensando colectivamente el futuro.

Tal vez el desafío institucional sea aprender a acompañar sin sustituir esos procesos; reconocer sin apropiarse de sus voces; y apoyar sin convertir la participación en una simple actividad de calendario.

Porque una conmemoración puede terminar cuando termina la actividad.

Pero el trabajo de las mujeres que cuidan la cultura, las semillas, el idioma, los bosques y la tierra continúa al día siguiente. Y es ahí donde la conversación realmente comienza.

Voces del encuentro

La actividad contó con la participación de mujeres de espacios como el Grupo de Mujeres Kjueko Boca Coen y el Grupo de Mujeres Jirorwá, entre otras participantes y lideresas comunitarias, así como con la presencia de personas mayores de la comunidad de Boca Coen.

Sus voces recuerdan que defender la cultura también es defender las condiciones que permiten reproducirla; que cuidar las semillas es cuidar memoria y futuro; y que escuchar a las mujeres indígenas implica reconocerlas como protagonistas de sus territorios y de las decisiones que afectan sus vidas.

En un contexto donde muchas veces se habla de los territorios indígenas desde afuera, este encuentro propone otra ruta: escuchar lo que las propias mujeres tienen que decir, compartir y construir.

Porque también ahí, en la conversación entre mujeres, en el encuentro entre generaciones, en la transmisión de una palabra, en una semilla que se conserva y en una lengua que continúa hablándose, se está cuidando lo común.

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Memoria, martirio y diálogo para defender la vida: Espiritualidades diversas frente a los conflictos por los territorios y los bienes comunes

Desde el Observatorio de Bienes Comunes compartimos dos documentos que nos invitan a pensar el diálogo, la defensa de los territorios y el cuidado de la vida desde una perspectiva profundamente situada en las comunidades.

En tiempos marcados por conflictos socioambientales, extractivismo, despojo territorial y distintas formas de violencia contra quienes defienden la vida, hablar de diálogo no puede reducirse a sentar a diferentes actores alrededor de una misma mesa. Dialogar también implica preguntarnos quiénes pueden hablar, quiénes son escuchados, quiénes tienen capacidad de decisión y qué relaciones de poder atraviesan ese encuentro.

Esta preocupación atraviesa el documento Diálogo justo y en equidad para la transformación de conflictos, elaborado desde redes eclesiales latinoamericanas en contextos de extractivismo. El texto parte de una constatación importante: aunque distintos actores reconocen el valor del diálogo, la palabra no necesariamente significa lo mismo para una empresa, una institución pública, una comunidad afectada o un movimiento social. Por eso propone mirar las condiciones concretas que pueden hacer del diálogo una herramienta de justicia y transformación.

El documento llama particularmente la atención sobre las asimetrías de poder, la necesidad de escuchar a quienes padecen los conflictos, garantizar su participación efectiva, asegurar el acceso a la información y situar los procesos de diálogo en los propios territorios donde se viven las consecuencias.
Desde el Observatorio consideramos que estas reflexiones pueden abrir una conversación más amplia: ¿cómo construir diálogos capaces de encontrarnos en nuestras diferencias sin convertirlas en obstáculos?

Más allá de una sola voz

Las comunidades están atravesadas por múltiples maneras de comprender la vida, el territorio y nuestras responsabilidades colectivas. En ellas conviven distintas tradiciones religiosas, espiritualidades, cosmovisiones, experiencias comunitarias y también personas que no profesan ninguna religión.

Reconocer esta diversidad no significa buscar una espiritualidad única ni construir consensos artificiales. Significa, más bien, abrir espacios donde podamos escuchar las distintas formas en que las personas nombran aquello que consideran valioso y digno de ser cuidado.

Para algunas personas, la defensa de un río puede estar vinculada con la fe y con una relación espiritual con la creación. Para otras, puede partir de una cosmovisión indígena, de una memoria comunitaria, de una experiencia histórica de defensa territorial, de una preocupación ecológica o de una convicción ética que no necesita recurrir a una referencia religiosa.

Todas estas experiencias pueden encontrarse alrededor de preguntas comunes: ¿qué vida queremos defender?, ¿qué territorios queremos cuidar?, ¿qué relaciones queremos construir?, ¿qué formas de violencia y despojo no estamos dispuestas a aceptar?

El diálogo ecuménico puede ser parte de ese camino, pero también puede desbordar los límites del propio mundo religioso. El encuentro entre distintas espiritualidades y con personas no creyentes puede convertirse en una oportunidad para reconocer que existen múltiples caminos para acercarnos a preocupaciones compartidas: la dignidad, la justicia, la solidaridad, el cuidado de la naturaleza y la defensa de los bienes comunes.

Escuchar también a quienes resisten

El segundo documento, Mártires de la Creación, coloca otra dimensión sobre la mesa: la memoria de quienes han defendido la tierra, el agua, los bosques y sus comunidades frente a proyectos extractivos y otras formas de despojo. El texto propone ampliar la mirada del martirio para incluir no solamente a las personas, sino también a comunidades y territorios afectados por estas dinámicas.

Esta memoria aparece acompañada de una preocupación por las condiciones que permiten que determinadas violencias se reproduzcan. El documento llama a comunicar y registrar estos casos, fortalecer la solidaridad, impulsar procesos de aprendizaje colectivo y compartir saberes con otras comunidades.

Aquí aparece un punto de encuentro particularmente fértil para el diálogo: aprender de quienes están defendiendo la vida en los territorios.

No se trata únicamente de hablar sobre las comunidades, sino de escuchar sus experiencias, sus conocimientos, sus memorias y sus propias formas de comprender lo que está ocurriendo. El primer documento insiste precisamente en que las comunidades afectadas deben ocupar un lugar real de autoridad y expresión dentro de los procesos de diálogo.

Del encuentro a la acción común

El diálogo adquiere sentido cuando puede transformar relaciones y ampliar las posibilidades de justicia. El propio documento habla de un “diálogo orientado a la transformación” y de un “diálogo emancipador”, entendido como aquel que contribuye a modificar las relaciones sociales y las desigualdades en la distribución del poder.

Esta perspectiva resulta especialmente sugerente para pensar los bienes comunes. El encuentro entre diferentes espiritualidades, tradiciones religiosas y posiciones no religiosas no tendría que buscar que pensemos igual. Puede buscar algo más sencillo y, al mismo tiempo, más exigente: que podamos reconocernos como parte de una conversación común sobre aquello que sostiene la vida.

Esto supone también aprender a conversar cuando existen diferencias profundas. Escuchar no significa renunciar a las propias convicciones. Dialogar tampoco significa relativizar las injusticias o colocar en un mismo nivel a quienes tienen capacidades de decisión radicalmente distintas. Como advierte el documento, un diálogo justo requiere reconocer las asimetrías de poder que atraviesan cada conflicto.

Quizás allí exista una tarea especialmente importante para nuestras sociedades: construir espacios de encuentro donde la diversidad espiritual, religiosa y no religiosa no sea una barrera, sino una fuente de aprendizajes para defender aquello que compartimos.

Más allá de sentarse a dialogar: seis claves para la transformación

Diálogo justo y en equidad para la transformación de conflictos propone seis dimensiones para pensar un diálogo que pueda contribuir realmente a la transformación de los conflictos. Su punto de partida es reconocer que no todas las personas, comunidades e instituciones llegan a la conversación en las mismas condiciones: existen diferencias de poder, acceso a la información, capacidad de decisión y posibilidades de incidencia. Por ello, dialogar no puede reducirse a reunir a las partes, sino que requiere crear condiciones de mayor justicia y equidad.

A continuación, presentamos una síntesis de estas seis dimensiones, que ponen especial atención en la escucha de las comunidades afectadas, su participación efectiva, el acceso a información, la importancia de situar los procesos en los territorios y la responsabilidad de las instituciones públicas frente a las acciones empresariales. La propuesta entiende el diálogo como una posibilidad para transformar las relaciones sociales, reconocer las asimetrías de poder y construir condiciones más equitativas para abordar los conflictos.

Dimensión del diálogo¿Qué plantea el documento?Clave para un diálogo justo
1. Reconocer las asimetrías de poderLos actores que participan en un conflicto no cuentan necesariamente con las mismas capacidades de decisión, información, recursos o responsabilidades.No asumir que todas las partes llegan a la mesa en condiciones equivalentes. El diálogo debe reconocer y considerar las relaciones de fuerza existentes.
2. La Iglesia garante de la voz de las víctimasLa Iglesia no debe asumir una posición de observadora o mediadora neutral, sino partir de la opción preferencial por las personas empobrecidas y vulnerables.La escucha de quienes sufren las consecuencias del conflicto debe ocupar un lugar central en el proceso de diálogo.
3. Dar autoridad, voz y oportunidad de propuestas a las víctimasLas personas y comunidades afectadas no deben limitarse a ser invitadas, consultadas o representadas indirectamente.Deben contar con espacios reales de expresión, reconocimiento y autoridad para participar y formular propuestas. El documento amplía esta escucha hacia las víctimas no humanas: ecosistemas, especies y territorios.
4. Garantizar la transparencia y el acceso universal a la informaciónLa falta de información adecuada, oportuna y accesible puede impedir que las comunidades defiendan sus derechos.La información debe estar disponible de manera equitativa antes de cualquier negociación o decisión.
5. Situar el diálogo en los territorios en conflictoEl diálogo no debería quedar desconectado de los lugares donde se experimentan los impactos y donde las comunidades resisten y cuidan sus territorios.Llevar la conversación al territorio permite incorporar las experiencias, demandas y conocimientos de quienes viven directamente el conflicto.
6. Monitoreo y control de las acciones empresariales a través de las leyes e instituciones públicasEl respeto de los derechos humanos y ambientales no puede depender únicamente de la voluntad o autorregulación empresarial.Se requiere regulación efectiva, instituciones públicas capaces de supervisar y hacer cumplir las normas, y un Estado democrático que garantice justicia y derechos.
Dos documentos para continuar la conversación

Compartimos estos materiales como una invitación a leer, conversar y abrir preguntas. No los presentamos como una respuesta definitiva. Nos interesa ponerlos en circulación porque contienen reflexiones y experiencias que pueden alimentar conversaciones más amplias sobre los conflictos socioambientales, las relaciones de poder, la defensa de los territorios, la memoria y las distintas formas de comprender nuestro vínculo con la naturaleza.

El camino puede comenzar precisamente allí: sentarnos a escuchar qué nos une, reconocer aquello que nos diferencia y preguntarnos qué podemos hacer juntxs para cuidar la vida y los bienes comunes.

Documentos para descargar y leer

Diálogo justo y en equidad para la transformación de conflictos Reflexiones de las redes eclesiales latinoamericanas en contextos de extractivismo.

El documento propone seis dimensiones para pensar un diálogo verdaderamente transformador: reconocer las asimetrías de poder, garantizar la voz de las víctimas, asegurar transparencia e información, situar el diálogo en los territorios y fortalecer el papel de las instituciones públicas y las comunidades en el seguimiento de los conflictos.

Mártires de la Creación

Un documento que recupera testimonios y experiencias de personas, comunidades y territorios afectados por la violencia asociada a la defensa de la naturaleza, el agua y los territorios. Desde una perspectiva de fe, propone fortalecer la memoria, el aprendizaje colectivo, la organización comunitaria, la solidaridad y el cuidado de la Casa Común.
Los compartimos para seguir conversando. Porque quizá una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo sea aprender a encontrarnos sin exigirnos pensar igual, y descubrir desde nuestras diferencias qué podemos hacer juntxs para defender la vida.

En un videomensaje dirigido a la comunidad de Lampedusa, el papa León XIV afirmaba: “La historia es devastada por los poderosos, pero es salvada por los humildes, los justos y los mártires, en quienes brilla el bien y la auténtica humanidad resiste y se renueva”. Más que una frase para ubicarnos cómodamente del lado de quienes defienden la vida, estas palabras abren una pregunta incómoda: ¿desde dónde acompañamos y compartimos las luchas de quienes resisten? La tensión entre el poder, sus comodidades y privilegios, y la ética de quienes sostienen la vida en sus territorios también nos interpela a quienes caminamos junto a estas experiencias.

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El golpe también se cuenta: mentiras, poder y la disputa por la realidad

11 de septiembre de 1973: cuando las “noticias falsas” todavía no tenían redes sociales

Hay una manera de recordar el 11 de septiembre de 1973 que consiste en volver sobre la fecha, enumerar los acontecimientos y repetir, año tras año, que aquel día ocurrió un golpe de Estado en Chile.

Hay otra posibilidad: preguntarnos cómo fue posible que un golpe de Estado pudiera presentarse como una defensa del orden, de la institucionalidad y hasta de la democracia. Esta segunda pregunta resulta más incómoda, pero también más necesaria.

Cuando hablamos hoy de fake news, desinformación o manipulación informativa solemos pensar inmediatamente en redes sociales, algoritmos, teléfonos y plataformas digitales. Como si el problema hubiera nacido con Facebook, X, TikTok o WhatsApp. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1973 nos recuerda algo fundamental: las noticias falsas no nacieron en internet.

Mucho antes de las redes sociales, el poder ya sabía que para transformar una realidad política no bastaba con ocupar un territorio. También era necesario disputar las palabras con las que ese territorio sería interpretado.

Antes de las redes ya existía la disputa por la realidad

El documento 1-11 septiembre de 1973 muestra un Chile profundamente polarizado durante los días previos al golpe. Esa polarización atravesaba también los medios de comunicación: mientras quienes apoyaban a la Unidad Popular seguían Televisión Nacional, sectores opositores seguían Canal 13, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica. La disputa política era, por tanto, también una disputa por los espacios desde los cuales se construía y circulaba la realidad.

Esto permite mirar la desinformación de una manera menos cómoda. No se trata únicamente de personas que comparten contenidos falsos en internet. La pregunta de fondo es otra: ¿quién tiene la capacidad de definir qué está ocurriendo?

Quien consigue instalar una explicación como sentido común adquiere una forma particular de poder. Puede decidir quién aparece como amenaza, quién como víctima, quién como enemigo y quién como salvador. Puede conseguir que una interpretación particular de los acontecimientos termine presentándose como si fuera simplemente “la realidad”.

En Chile esa disputa existía mucho antes de que una pantalla pudiera enviarnos una notificación.

“Esto no es un golpe de Estado”

Quizá uno de los ejemplos más reveladores se encuentre en las propias palabras de quienes estaban ejecutando el golpe.

A las ocho de la mañana del 11 de septiembre, con Valparaíso bajo control militar, el almirante José Toribio Merino afirmó: “Este no es un golpe de Estado”. Según la proclama, lo que estaba ocurriendo era el “restablecimiento de un estado de derecho”.

La frase importa no porque una mentira pueda convertirse en verdad por ser pronunciada desde el poder, sino porque muestra una necesidad política: el poder necesita producir un lenguaje capaz de hacer inteligible y justificable aquello que está haciendo.

Los militares no dijeron simplemente que habían decidido tomar el poder. Construyeron otro relato. Hablaron de una patria que se derrumbaba, de una crisis social y moral, de un gobierno incapaz de controlar el caos, de grupos paramilitares, de una amenaza de guerra civil y de la necesidad de liberar a Chile del “yugo marxista”.

Aquí aparece una operación que todavía reconocemos en muchos discursos políticos: primero se presenta una situación de emergencia; después se identifican responsables; luego se construye una amenaza extraordinaria y, finalmente, aparece quien afirma tener la capacidad de salvarnos de ella.

Por eso el problema no puede reducirse a una falsedad aislada. Hay algo más complejo: una arquitectura política del relato.

El caos puede ser real y también puede ser narrado

Esto permite mirar de otra manera las referencias al “caos”. El documento registra un contexto efectivamente atravesado por una fuerte crisis política, económica y social: inflación, desabastecimiento, acaparamiento, sabotaje empresarial y una creciente polarización.

Reconocer que existía una crisis, sin embargo, no significa aceptar automáticamente cualquier explicación sobre sus causas ni cualquier solución presentada para resolverla.

Una crisis puede ser real y, al mismo tiempo, puede ser narrada políticamente.

Lo importante no es solamente determinar si algo ocurrió. También importa observar cómo se seleccionan los acontecimientos, cómo se ordenan, qué causas se les atribuyen, quiénes son responsabilizados y qué respuestas terminan apareciendo como inevitables.

La existencia del conflicto no determina por sí misma el relato sobre el conflicto.

Esta distinción resulta fundamental para comprender cómo opera la propaganda. La mentira no siempre necesita inventarlo todo. Puede ser mucho más eficaz cuando toma elementos reales, los separa de su contexto, exagera algunos, oculta otros y establece conexiones interesadas hasta construir una explicación conveniente.

En Chile había conflictos, violencia, escasez, polarización y confrontación política. Sobre esa realidad se construyó un relato que permitió presentar la intervención militar como una respuesta necesaria frente al caos y la amenaza.

El golpe no solamente necesitó soldados. Necesitó una explicación.

Para imponer una explicación también hay que controlar quién puede hablar

La disputa por la realidad no se desarrolló únicamente mediante discursos. Mientras las fuerzas militares avanzaban, también se desplegó una operación para controlar las comunicaciones.

A las 4:30 de la madrugada comenzó en Valparaíso la llamada “Operación Silencio”, destinada a acallar sistemas de comunicación y radios vinculadas a la Unidad Popular. Horas después, aviones Hawker Hunter bombardearon los estudios de Radio Corporación. La primera proclama golpista fue transmitida desde el Ministerio de Defensa.

La Junta no se limitó a informar lo que estaba ocurriendo. Ordenó a la prensa, las radioemisoras y los canales considerados afines a la Unidad Popular suspender sus actividades informativas, bajo amenaza de castigo aéreo y terrestre.

Esto cambia nuestra manera de entender la desinformación. No se trata solamente de producir información falsa. También se trata de decidir qué información puede circular, qué voces pueden ser escuchadas, qué imágenes pueden verse y qué acontecimientos pueden ser nombrados.

En otras palabras, el silencio también puede ser una forma de construir realidad.

Cuando algunas voces son silenciadas y otras reciben el poder de hablar en nombre de todos, la disputa ya no ocurre únicamente sobre lo que es verdadero o falso. Ocurre también sobre quién tiene la posibilidad de contar lo sucedido.

Cuando el lenguaje intenta gobernar los acontecimientos

Quizá uno de los aspectos más reveladores del 11 de septiembre sea la velocidad con la que se intentó transformar el significado de lo que estaba ocurriendo.

A las 8:10 de la mañana se informaba que las Fuerzas Armadas comenzaban a hacerse cargo del país. A las 8:40 se transmitía una proclama que hablaba de crisis, caos, guerra civil, liberación de la patria y restauración del orden y la institucionalidad. Mientras La Moneda era atacada, el relato oficial continuaba construyéndose.

A las 10:00 se anunció que, si no había rendición, La Moneda sería bombardeada. A las 11:52 comenzó el bombardeo. Y posteriormente, cuando el palacio ya estaba siendo destruido, la Junta presentó la acción militar como una operación destinada a “evitar el derramamiento de sangre”.

La contradicción es evidente. Pero precisamente por eso resulta pedagógica.

Nos muestra que el lenguaje político no solamente describe los acontecimientos: también intenta gobernar su interpretación.

La palabra “orden” puede acompañar una ruptura institucional. “Libertad” puede aparecer en un contexto de censura. “Restauración” puede nombrar una toma del poder. “Bien común” puede ser invocado para justificar decisiones tomadas por quienes han desplazado el orden democrático.

Las palabras no son neutrales cuando están respaldadas por determinadas relaciones de poder.

Fabricar legitimidad

A las 14:10, la Junta Militar transmitió un nuevo bando en el que afirmaba que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder porque un gobierno inicialmente legítimo había caído en una “ilegitimidad flagrante”. La acción se justificaba, además, apelando al supuesto sentir de la “gran mayoría nacional”, al “bien común” y al “alto interés patriótico”.

Aquí aparece algo políticamente más complejo que una mentira: la fabricación de legitimidad.

El poder que acaba de romper el orden constitucional se presenta como encargado de restaurarlo. Quien toma el poder por la fuerza habla de institucionalidad. Quien clausura espacios de expresión puede hablar de libertad. Quien impone un nuevo orden puede presentarse como quien viene a salvar a la patria.

Por eso quizá sea insuficiente preguntar únicamente si un mensaje es verdadero o falso. También necesitamos preguntar quién está hablando, desde dónde habla, con qué poder cuenta, qué efectos busca producir, qué queda fuera del relato y quién tiene la posibilidad de responder.

Estas preguntas nos permiten pasar de la verificación aislada de un dato a una lectura política de la información.

La censura también construye memoria

Después del golpe, la relación entre poder y comunicación no terminó. La censura y el control de las industrias culturales limitaron la circulación de expresiones artísticas y políticas dentro de Chile. Muchas manifestaciones artísticas chilenas tuvieron que desarrollarse fuera del país, mientras dentro del territorio surgía lentamente un movimiento reivindicativo a través de medios de comunicación de oposición.

La represión, por tanto, no operó solamente sobre las personas. También operó sobre las palabras, las imágenes, los relatos y las posibilidades de recordar.

Esto resulta especialmente importante porque una sociedad no recuerda únicamente aquello que ocurrió. Recuerda también aquello que pudo ser contado, aquello que fue silenciado y aquello que logró permanecer a pesar de la censura.

La disputa por la realidad no termina cuando termina el acontecimiento. Continúa en la memoria.

Las redes sociales no inventaron el problema

¿Qué tienen que ver las redes sociales con todo esto?

Mucho, pero quizá no de la manera que solemos pensar.

Las redes han acelerado la circulación de información, multiplicado los productores de contenido, facilitado nuevas formas de manipulación y creado otras maneras de producir propaganda y desinformación. Pero no inventaron la manipulación política de la realidad.

Tampoco inventaron los rumores, la propaganda, la censura, la construcción de enemigos, la utilización del miedo o la fabricación de amenazas. Mucho menos inventaron la posibilidad de presentar una ruptura del orden democrático como una operación necesaria para salvarlo.

Lo digital cambió la velocidad, la escala y las herramientas. No inventó la lógica política.

El 11 de septiembre de 1973 permite mirar precisamente esa continuidad. Las tecnologías cambian, pero algunas preguntas permanecen: ¿quién cuenta la historia?, ¿quién tiene capacidad para imponer una interpretación?, ¿qué voces quedan fuera?, ¿qué acontecimientos son presentados como inevitables?

Una vieja disputa con nuevas tecnologías

Lo que ocurre hoy alrededor de figuras como Fernando Cerimedo y de distintos equipos y medios vinculados a las nuevas derechas vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa esta historia: ¿qué sucede cuando la tecnología aumenta enormemente la capacidad de intervenir sobre aquello que una sociedad percibe como real? Investigaciones recientes han documentado el uso de campañas negativas, redes de trolls, contenidos manipulados y estructuras digitales orientadas a amplificar determinados mensajes e intervenir en la conversación pública.

El problema, entonces, no consiste solamente en identificar una noticia falsa. La cuestión es más amplia: quién produce los contenidos, quién consigue hacerlos circular, qué emociones buscan activar, qué temas logran instalar y qué voces quedan desplazadas en medio de esa saturación. Las tecnologías digitales permiten producir y distribuir información a una velocidad y escala que no existían en 1973, pero la lógica política que las atraviesa no es completamente nueva. Cambian las herramientas; persiste la disputa por la realidad.

Esto vuelve especialmente necesario repensar la relación entre comunicación, tecnología y democracia. Una granja de cuentas, un contenido manipulado o una pieza generada mediante inteligencia artificial no son problemas exclusivamente técnicos. Adquieren importancia política cuando forman parte de ecosistemas capaces de fabricar autoridad, instalar sospechas, amplificar determinadas interpretaciones y desgastar la capacidad colectiva para distinguir entre información, propaganda y manipulación.

Por eso, recordar el 11 de septiembre de 1973 no debería llevarnos únicamente a mirar hacia atrás. También puede ayudarnos a desarrollar una mirada más atenta sobre el presente. Si entonces el control de las radios, los medios y las palabras fue parte de la construcción de una nueva realidad política, hoy necesitamos preguntarnos qué ocurre cuando esa disputa se desplaza hacia plataformas digitales, algoritmos, cuentas coordinadas y herramientas capaces de producir imágenes, audios y textos sintéticos.

La pregunta sigue siendo incómodamente actual: quién está contando la realidad, con qué herramientas, para quién y con qué consecuencias. Repensar esto no significa asumir que toda comunicación digital es manipulación ni que toda tecnología conduce inevitablemente a la desinformación. Significa reconocer que las tecnologías también son espacios de poder y que defender una conversación democrática requiere aprender a mirar no solo lo que circula, sino también las condiciones que hacen posible su circulación.

Recordar para sospechar

Por eso recordar Chile no debería reducirse a una efeméride.

No se trata solamente de mirar hacia atrás y decir que esto ocurrió hace 53 años. Se trata de preguntarnos qué mecanismos seguimos reconociendo en nuestro presente.

Cuando alguien nos dice que existe una amenaza tan extraordinaria que determinadas reglas deben suspenderse, conviene preguntar quién construyó esa amenaza. Cuando nos dicen que todo es caos, vale la pena preguntarse qué acontecimientos produjeron ese caos y quién se beneficia de esa explicación. Cuando alguien se presenta como la única alternativa frente al desastre, podemos preguntar quién decidió que las demás alternativas dejaron de existir.

Y cuando una autoridad afirma que restringir determinadas voces es necesario para defender la libertad, la pregunta debería ser sencilla: ¿qué libertad está defendiendo?

También conviene mirar aquello que queda fuera de cuadro. Cuando una versión de los acontecimientos comienza a repetirse hasta convertirse en sentido común, no basta con preguntarnos si contiene algún dato verdadero. Hay que preguntarse qué otras voces fueron desplazadas para que esa versión pudiera ocupar todo el espacio.

En ese sentido, recordar el golpe de Estado de 1973 también es aprender a leer críticamente la información del presente.

El golpe también se cuenta

La historia recogida en 1-11 septiembre de 1973 muestra que la toma del poder estuvo acompañada por una rápida reorganización del Estado: cierre del Congreso, clausura de la Central Única de Trabajadores, establecimiento de un nuevo orden económico, persecución política, prisión, tortura, asesinato, exilio y censura.

Pero muestra también algo que puede resultar menos visible cuando reducimos el golpe a una secuencia de acontecimientos militares: la disputa por la realidad continuó.

Cuando un poder necesita legitimarse, necesita también contar una historia sobre sí mismo. Una historia donde el caos antecede al salvador, donde la amenaza justifica la excepción, donde la violencia aparece como necesidad, donde la ruptura institucional se presenta como restauración y donde la censura puede aparecer como protección.

Quizá esa sea una de las razones por las que el 11 de septiembre sigue siendo una fecha incómoda. No solamente porque nos recuerda que una democracia puede ser destruida, sino porque nos obliga a pensar que antes de destruirla también puede ser necesario convencer a suficientes personas de que destruirla es necesario.

Y para eso hacen falta armas. Pero también hacen falta palabras. Recordar el golpe es, entonces, aprender a escuchar esas palabras. No para vivir atrapados en el pasado, sino para reconocer, en el presente, cuándo alguien comienza nuevamente a decirnos que para salvar el orden hay que destruirlo.

Referencia

Memoria Chilena. (2013). 1-11 septiembre de 1973. Biblioteca Nacional de Chile. 

Para profundizar

Esta nota parte de la necesidad de volver a las fuentes y acercarnos a los documentos que permiten reconstruir los acontecimientos más allá de las interpretaciones que circulan en el presente. Te invitamos a consultar y descargar 1-11 septiembre de 1973, elaborado por Memoria Chilena, un documento que reúne materiales y referencias para aproximarse al contexto del golpe de Estado en Chile y a las formas en que aquellos acontecimientos fueron narrados y documentados. Revisarlo también puede ser una oportunidad para seguir preguntándonos cómo se construyen las versiones de la realidad, qué voces quedan fuera y qué papel juegan los medios y las tecnologías en esas disputas.

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¿Qué país se planifica? Naturaleza, derechos y democracia en el PNDIP 2027-2030

Antes de entrar en nuestras preguntas, les invitamos a leer el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, conocer sus diagnósticos, prioridades y propuestas, y acercarnos directamente a la hoja de ruta que plantea para el país. Leer el Plan también es una forma de preguntarnos qué futuro está imaginando y cómo pretende construirlo.

El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030 propone una ruta para los próximos cuatro años en la que conviven crecimiento económico, atracción de inversión, reducción de la pobreza, transformación tecnológica, descarbonización y fortalecimiento de los servicios públicos. Pero más allá de sus metas e indicadores, el documento construye una determinada imagen del país: una forma de entender la naturaleza, los derechos sociales y el papel de quienes participan en las decisiones públicas.

Leer el Plan desde estas dimensiones permite encontrar algunas tensiones que no siempre aparecen cuando se lo observa únicamente como instrumento técnico.

La primera pregunta es aparentemente sencilla: ¿qué naturaleza aparece en el PNDIP?

Una naturaleza que debe ser gestionada

El capítulo de Ambiente y Energía incorpora biodiversidad, recurso hídrico, mares y costas, suelos, energía, descarbonización, acción climática y gestión del riesgo. El diagnóstico reconoce el deterioro de ecosistemas, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la vulnerabilidad de distintos territorios. También plantea la necesidad de restaurar, conservar y mejorar la gestión ambiental.

Pero junto con esta preocupación aparece un lenguaje particularmente revelador: capital natural, servicios ecosistémicos, bioeconomía, financiamiento, incentivos e inversión sostenible.

No se trata simplemente de palabras técnicas. Expresan una determinada manera de comprender la relación entre sociedad y naturaleza. El bosque, el agua, la biodiversidad o los ecosistemas aparecen no solo como condiciones que sostienen la vida, sino también como recursos que pueden ser valorados, gestionados, financiados e incorporados a determinadas dinámicas productivas.

El propio Plan plantea la necesidad de hacer visible el “capital natural” en las decisiones económicas y financieras, mientras incorpora mecanismos de financiamiento para bienes y servicios ecosistémicos. De esta manera, la conservación deja de aparecer únicamente como una obligación pública o una responsabilidad colectiva y comienza también a hablar el lenguaje de la inversión, los incentivos y las oportunidades económicas.

Aquí aparece una primera tensión. ¿Qué significa conservar cuando la conservación debe, al mismo tiempo, demostrar su utilidad económica?

La pregunta no supone negar que la naturaleza tenga dimensiones económicas ni que existan instrumentos financieros capaces de contribuir a su protección. El problema aparece cuando esa valoración termina delimitando qué merece ser protegido, bajo qué condiciones y con qué criterios. Un bosque puede ser importante porque presta servicios ecosistémicos, pero también porque sostiene una comunidad, una cultura, un territorio y múltiples formas de vida cuya importancia difícilmente puede reducirse a una rentabilidad, un precio o un indicador.

Pero existe una tensión todavía más profunda. La conservación no ocurre fuera del modelo de desarrollo. Los mismos territorios que son presentados como espacios de protección, restauración o provisión de servicios ecosistémicos pueden ser, simultáneamente, espacios de infraestructura, producción, inversión y aprovechamiento de recursos.

Esto obliga a preguntar por los límites de este tipo de conservación. ¿Qué sucede cuando proteger un ecosistema no implica necesariamente cuestionar las actividades económicas que presionan sobre él? ¿Hasta dónde puede llegar una política de conservación que busca hacer compatible la protección ambiental con nuevas oportunidades productivas? ¿Qué ocurre cuando el lenguaje de la sostenibilidad permite incorporar nuevas actividades económicas sin discutir de manera suficiente sus impactos territoriales?

El caso del agua permite observar con mayor claridad esta tensión. El Plan habla de seguridad hídrica, infraestructura, gestión por cuencas y fortalecimiento de capacidades locales. Pero la seguridad hídrica puede significar cosas muy diferentes según cómo se defina. Puede significar garantizar disponibilidad para las actividades económicas, ampliar infraestructura y asegurar el suministro, o proteger el agua como condición fundamental de la vida y como responsabilidad colectiva.

Por eso, la pregunta no es únicamente cómo gestionar mejor el recurso, sino también para qué, para quién y bajo qué prioridades se gestiona. ¿Quién decide sobre el agua? ¿Quién participa en esas decisiones? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién obtiene los beneficios de su aprovechamiento? ¿Quién asume los costos cuando el territorio se deteriora?

La referencia a la naturaleza como “capital” introduce así una pregunta que atraviesa todo el Plan: ¿qué ocurre cuando aquello que debe ser protegido también es pensado como un recurso para dinamizar el desarrollo?

El desafío no consiste solamente en escoger entre conservación o desarrollo. Es preguntarnos qué tipo de desarrollo puede sostenerse sin convertir las condiciones que hacen posible la vida en simples insumos de ese mismo desarrollo. Porque una política puede restaurar un ecosistema y, al mismo tiempo, mantener intactas las lógicas que producen nuevas presiones sobre otros territorios. Puede financiar la conservación y, simultáneamente, ampliar las condiciones para nuevas inversiones. Puede hablar de sostenibilidad sin necesariamente interrogar las relaciones de poder que determinan quién puede decidir sobre la naturaleza.

La naturaleza que emerge del Plan es, entonces, una naturaleza fundamentalmente administrada: una naturaleza que debe ser medida, ordenada, restaurada, financiada y gestionada. La cuestión que queda abierta es hasta dónde llegan esas herramientas cuando aquello que está en disputa no es solamente la gestión de la naturaleza, sino el modelo de desarrollo que define sus usos y sus límites.

Y esto conduce directamente a la segunda pregunta: ¿qué entiende el Plan por derechos sociales?

¿Qué entiende el Plan por derechos sociales?

El PNDIP declara incorporar un enfoque de Derechos Humanos y Sostenibilidad y reconoce derechos vinculados con educación, salud, vivienda, trabajo y protección social. Pero el reconocimiento de un derecho no agota la discusión sobre cómo se garantiza.

En el Plan, buena parte de los derechos sociales se traduce en cobertura, acceso, beneficiarios, eficiencia, metas e indicadores. En salud, por ejemplo, se plantea aumentar la cobertura del Seguro de Salud; en protección social aparecen metas relacionadas con pensiones; y en educación se establecen indicadores de permanencia, conclusión, cobertura y aprendizaje.

Medir estas dimensiones es necesario. El problema aparece cuando la medición comienza a sustituir la discusión sobre el derecho mismo.

Tener cobertura no significa necesariamente tener acceso efectivo. Estar matriculado no garantiza una educación significativa. Recibir un servicio no implica que existan condiciones dignas para ejercer el derecho.

Esta diferencia es fundamental porque los derechos sociales no funcionan bajo la misma lógica que una mercancía o un servicio cualquiera. Su fundamento no debería depender de la rentabilidad, de la capacidad de pago o del atractivo de un territorio para la inversión.

Sin embargo, el PNDIP incorpora de manera importante el lenguaje de financiamiento, inversión y alianzas público-privadas, incluso en ámbitos vinculados con vivienda e infraestructura.

Esto abre una frontera problemática: ¿hasta dónde llega la responsabilidad pública y dónde comienza la lógica de la inversión?

No se trata de afirmar que toda participación privada implique privatización. La cuestión es más estructural. Cuando la disponibilidad de capital se convierte en una condición central para resolver necesidades sociales, existe el riesgo de que la política pública comience a organizar sus prioridades según aquello que puede ser financiado, ejecutado o convertido en proyecto de inversión.

Ahí se produce un desplazamiento importante: del derecho como garantía colectiva hacia la necesidad como problema de gestión y financiamiento.

¿Derecho o cobertura? Cuando garantizar no es solamente llegar a más personas

El énfasis del PNDIP en ampliar coberturas y mejorar el acceso permite mostrar resultados, establecer metas y medir avances. Pero también deja abierta una pregunta de fondo: ¿cuándo podemos decir que un derecho está efectivamente garantizado? La cantidad de personas cubiertas por un servicio puede crecer sin que necesariamente mejoren, en la misma proporción, las condiciones materiales para ejercer ese derecho.

Esta tensión resulta especialmente relevante cuando se observan derechos como la salud, la educación, la vivienda o la protección social. Una política puede aumentar la cobertura de un seguro, ampliar la matrícula educativa, otorgar soluciones habitacionales o incrementar el número de personas beneficiarias de un programa y, aun así, persistir desigualdades relacionadas con la calidad, la oportunidad, la continuidad o las condiciones territoriales de acceso.

Por eso, cobertura y garantía no son necesariamente equivalentes. La primera responde, sobre todo, a una pregunta cuantificable: ¿a cuántas personas llega una política? La segunda exige preguntas más amplias: ¿en qué condiciones llega?, ¿qué posibilidades reales abre?, ¿qué desigualdades reproduce o transforma?, ¿qué ocurre con quienes quedan fuera y por qué?

El propio lenguaje de indicadores puede hacer menos visibles estas diferencias. Cuando el cumplimiento de un derecho se expresa principalmente mediante porcentajes, metas y número de personas atendidas, existe el riesgo de que aquello que resulta más sencillo de medir termine ocupando el centro de la política pública. Lo que no cabe fácilmente en un indicador puede quedar relegado, aunque sea decisivo para la experiencia concreta de un derecho.

Esto no significa cuestionar la necesidad de medir. Significa preguntarse qué estamos midiendo y qué dejamos de mirar cuando la medición se convierte en la principal forma de demostrar que un derecho está siendo garantizado.

La discusión también tiene una dimensión territorial. Una misma cobertura puede producir experiencias muy distintas según las condiciones del lugar donde se vive: las distancias, la infraestructura disponible, las capacidades institucionales, las condiciones económicas o las posibilidades de organización comunitaria. De ahí que garantizar derechos no pueda reducirse únicamente a ampliar porcentajes nacionales.

La pregunta entonces cambia de escala: no basta con saber cuánto cubre una política; necesitamos saber qué condiciones de vida hace posibles. Y allí aparece una tensión central para el modelo de desarrollo: si los derechos son entendidos principalmente como servicios que deben ampliar su cobertura y eficiencia, ¿qué lugar ocupan las condiciones sociales, territoriales y colectivas que hacen posible ejercerlos?

Así, el desafío no consiste en escoger entre derechos o indicadores, sino en evitar que el indicador termine reemplazando al derecho. El PNDIP permite avanzar en la primera pregunta —cuánto se cubre—, pero deja abierta una discusión más profunda: ¿cómo sabemos que una sociedad está garantizando efectivamente los derechos que reconoce?

El territorio donde ambas preguntas se encuentran

Naturaleza y derechos sociales no son asuntos separados. Ambos se expresan en territorios concretos, donde las condiciones ambientales, las desigualdades sociales, las formas de producción y las capacidades institucionales se encuentran y, muchas veces, entran en conflicto.

El PNDIP reconoce esta dimensión territorial y construye parte de su diagnóstico a partir de las brechas existentes entre regiones. Identifica, por ejemplo, el estrés hídrico y la contaminación de fuentes en el Pacífico Norte; los problemas de saneamiento, planificación y gobernanza en las zonas marino-costeras; la presión sobre el agua, el aire, los residuos y la biodiversidad en la Gran Área Metropolitana; y la degradación de suelos y los déficits de planificación en territorios rurales y áreas fuera de las zonas protegidas.

Esta diferenciación resulta importante porque muestra que los problemas ambientales y sociales no se distribuyen de manera homogénea. El lugar donde se vive condiciona las posibilidades de acceder a determinados servicios, enfrentar riesgos, desarrollar actividades económicas o sostener formas de vida. Por eso, hablar de brechas territoriales no debería significar únicamente distribuir recursos de manera diferenciada, sino también preguntarse cómo se producen esas desigualdades y quiénes tienen capacidad para definir el futuro de esos territorios.

El Plan propone respuestas que van desde infraestructura y gestión de cuencas hasta ordenamiento territorial, restauración, saneamiento, desarrollo local y fortalecimiento de capacidades. En vivienda, por ejemplo, plantea intervenciones integrales en barrios vulnerables y asentamientos informales que combinan infraestructura, equipamiento, vivienda, regularización, renovación urbana y mitigación de riesgos.

Aquí aparece una cuestión que atraviesa todo el PNDIP: ¿el territorio es solamente el lugar donde se implementan las políticas o también un espacio desde donde se construyen las decisiones?

La pregunta adquiere todavía más fuerza cuando observamos cómo el propio Plan describe su proceso de participación. El PNDIP afirma que las consultas ciudadanas, regionales y sectoriales permitieron identificar necesidades de la población y que sus resultados constituyeron un insumo relevante para formular las intervenciones públicas. Pero participar en una consulta y participar en la definición de las decisiones no son necesariamente lo mismo.

Participar no es necesariamente decidir

El PNDIP incorpora consultas directas, consultas con organizaciones, consultas regionales y mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, el propio documento muestra que la participación tiene alcances distintos según la intervención. En el sector vivienda, por ejemplo, señala que solo dos de las siete intervenciones programadas incorporaron mecanismos de participación ciudadana en su formulación, mientras otras contemplan mecanismos de retroalimentación durante la implementación.

La diferencia no es menor. Ser consultado, aportar información, retroalimentar una política y tener capacidad para modificar sus prioridades son formas distintas de participación.

Esto permite formular una pregunta más exigente: ¿en qué momento la voz de los territorios deja de ser un insumo para convertirse en capacidad efectiva de decisión?

La cuestión resulta particularmente relevante cuando las políticas intervienen sobre espacios donde ya existen comunidades, actividades productivas, ecosistemas y formas diversas de habitar. Un plan puede identificar correctamente una brecha territorial y diseñar una intervención para atenderla, pero todavía queda abierta la discusión sobre quién define qué debe cambiar, cómo debe cambiar y qué costos o transformaciones serán asumidos por quienes habitan ese territorio.

El propio PNDIP ofrece ejemplos de esta diversidad. Mientras algunas intervenciones contemplan articulación con organizaciones comunales y procesos de seguimiento y rendición de cuentas, otras no incorporan mecanismos de participación ciudadana en su formulación o implementación.

Por eso, el dilema no está únicamente en cuánta participación ofrece el Plan, sino en qué capacidad efectiva tienen quienes participan para incidir sobre las decisiones que afectan sus territorios.

Esta discusión conecta nuevamente las preguntas que atraviesan el documento. La naturaleza aparece como ecosistema, recurso, capital natural y objeto de protección; los derechos sociales aparecen como garantías que deben ampliar cobertura y producir resultados; y los territorios aparecen como espacios diferenciados que requieren intervenciones específicas. La participación debería permitir poner estas dimensiones en diálogo, pero queda abierta la pregunta de si también permite discutir las prioridades y las propias reglas del desarrollo.

Ahí se encuentra una de las tensiones centrales del PNDIP: ¿qué ocurre cuando los territorios son reconocidos como espacios con necesidades particulares, pero las decisiones sobre su futuro continúan organizándose principalmente desde instituciones, indicadores, proyectos e instrumentos de inversión?

La pregunta no busca negar la importancia de planificar ni de contar con metas. Busca mirar qué queda fuera cuando planificar significa, sobre todo, identificar brechas, asignar intervenciones y medir resultados.

Porque un territorio no es únicamente una unidad de planificación. También es un espacio vivido, habitado, disputado y construido colectivamente.

¿Profundizar o erosionar la democracia?

Las tensiones anteriores también tienen una dimensión democrática. La forma en que una política pública entiende la naturaleza, los derechos y la participación no es políticamente neutral: define quién puede decidir, qué conocimientos son reconocidos y cuáles intereses tienen capacidad para orientar las decisiones.

El PNDIP apuesta por una fuerte capacidad de planificación, rectoría institucional, medición de resultados y coordinación entre actores. Esta arquitectura puede fortalecer la capacidad del Estado para responder a problemas complejos. Pero también puede producir un efecto contrario cuando la definición de las prioridades queda concentrada en expertos, instituciones e instrumentos técnicos, mientras la participación social se limita a espacios consultivos.

Aquí aparece una tensión entre democracia como participación y democracia como gestión. En la primera, las personas y comunidades no son solamente receptoras de políticas, sino sujetos capaces de disputar diagnósticos, prioridades y decisiones. En la segunda, participan principalmente dentro de procedimientos diseñados previamente por las instituciones.

La diferencia adquiere mayor importancia cuando las decisiones involucran naturaleza y derechos. Si los ecosistemas son traducidos principalmente en indicadores de conservación, servicios y mecanismos de financiamiento, y los derechos sociales en coberturas, metas y resultados, existe el riesgo de que aquello que no puede ser fácilmente cuantificado pierda capacidad para intervenir en la definición de lo público.

Algo similar ocurre con la incorporación del mercado. La participación de actores privados puede ampliar capacidades y recursos, pero también introduce una asimetría que no puede ignorarse: no todos los actores llegan a la mesa con los mismos recursos, capacidades de negociación o posibilidades de incidir. Una política que convoca por igual a comunidades, instituciones y capital privado puede parecer participativa y, sin embargo, reproducir profundas desigualdades en la capacidad efectiva de decisión.

La paradoja es que un Estado puede ampliar sus mecanismos de consulta mientras concentra la definición de las reglas, puede multiplicar indicadores de transparencia mientras mantiene decisiones difíciles de disputar técnicamente, y puede convocar a la ciudadanía mientras las decisiones fundamentales siguen organizándose alrededor de criterios de eficiencia, inversión y gestión.

Por eso, la cuestión democrática no se reduce a preguntar si hubo participación. La pregunta más exigente es qué capacidad tuvo esa participación para transformar las decisiones.

En este sentido, el PNDIP deja abierto un dilema de fondo. Su apuesta por la planificación, la experticia técnica, los indicadores, la inversión y la coordinación institucional puede contribuir a fortalecer las capacidades públicas, pero también puede erosionar la dimensión deliberativa y conflictiva de la democracia si convierte la política en un problema predominantemente técnico y administrativo.

La democracia también supone reconocer que existen desacuerdos legítimos sobre qué proteger, qué producir, qué distribuir y qué priorizar. No todos los conflictos pueden resolverse mediante un indicador de desempeño, ni todas las decisiones colectivas pueden delegarse en quienes poseen la experticia técnica o financiera para ejecutarlas.

Ahí se encuentra quizá la tensión democrática más profunda del Plan: si la participación será entendida como un mecanismo para legitimar y mejorar la gestión, o como una capacidad efectiva de las personas y comunidades para disputar el rumbo de las decisiones públicas.

La diferencia entre ambas opciones no es menor. En ella se juega buena parte de la posibilidad de que la planificación fortalezca la democracia o, bajo el lenguaje de la eficiencia y la modernización, termine reduciendo los espacios desde los cuales la sociedad puede intervenir, cuestionar y decidir sobre aquello que afecta su vida.

Las tensiones del modelo de desarrollo: entre lo común y lo mercantil

El PNDIP no presenta estas dimensiones como conflictos abiertos. Más bien, las articula dentro de una misma arquitectura de desarrollo en la que conviven protección ambiental, derechos sociales, inversión, financiamiento, infraestructura y participación. Precisamente ahí aparecen las tensiones que interesa explorar: ¿qué sucede cuando aquello que sostiene la vida también es pensado como recurso, servicio, inversión o proyecto? La siguiente matriz recoge algunos de estos puntos de fricción y propone preguntas para mirar cómo se relacionan, dentro del Plan, las necesidades colectivas con las lógicas de valorización económica.

Dimensión¿Qué plantea el PNDIP?Tensión que aparecePreguntas críticas
NaturalezaReconoce biodiversidad, agua, suelos, mares y ecosistemas como ámbitos prioritarios de intervención. Plantea conservación, restauración, gestión ambiental y sostenibilidad.La naturaleza aparece como aquello que debe protegerse, pero también como parte de las estrategias productivas y de desarrollo.¿Qué significa proteger la naturaleza cuando su protección también se incorpora a una determinada idea de desarrollo? ¿Qué formas de relación con ella quedan fuera de esa mirada?
Capital naturalUtiliza la categoría de “capital natural” y plantea hacer visible su importancia en las decisiones económicas y financieras.La naturaleza adquiere reconocimiento dentro del lenguaje económico y puede ser incorporada a decisiones de inversión, financiamiento y gestión.¿Qué ganamos y qué perdemos cuando aquello que sostiene la vida es nombrado como “capital”? ¿Qué otros valores de la naturaleza quedan fuera cuando se la traduce al lenguaje económico?
Servicios ecosistémicosIncorpora mecanismos de financiamiento para bienes y servicios ecosistémicos y utiliza instrumentos de compensación y reconocimiento económico.La conservación puede quedar vinculada a mecanismos financieros que asignan valor económico a determinadas funciones de los ecosistemas.¿La conservación necesita convertirse en un servicio susceptible de financiamiento para ser reconocida? ¿Qué ocurre con aquello que no puede traducirse fácilmente en una unidad financiable?
Conservación y desarrolloVincula biodiversidad, producción, bioeconomía, restauración, incentivos y planificación territorial bajo criterios de sostenibilidad.La conservación no aparece necesariamente como límite frente a determinadas actividades económicas, sino también como una dimensión que puede coexistir con ellas.¿Hasta dónde puede llegar una conservación que busca ser compatible con las dinámicas productivas? ¿Cuándo la sostenibilidad transforma las formas de producir y cuándo simplemente permite hacerlas compatibles con nuevos instrumentos ambientales?
Minería y actividades extractivasEn el caso de Crucitas, reconoce impactos ambientales críticos asociados a la minería ilegal, incluida la deforestación y contaminación de fuentes de agua. Al mismo tiempo, plantea promover la exploración y explotación regulada de minería metálica a cielo abierto en Cutris de San Carlos mediante un marco legal.Un mismo territorio aparece como espacio afectado por daños ambientales, receptor de inversión pública para atender necesidades básicas y, simultáneamente, como territorio donde se contempla desarrollar una actividad minera regulada.¿Qué significa ordenar un territorio donde la actividad extractiva aparece simultáneamente como problema ambiental y como posibilidad de desarrollo? ¿Dónde se sitúan los límites de la sostenibilidad? ¿Quién decide qué actividades son compatibles con el futuro del territorio?
AguaVincula seguridad hídrica con infraestructura, gestión de cuencas, saneamiento y fortalecimiento de capacidades locales. También incorpora instrumentos económicos de gestión ambiental.El agua aparece simultáneamente como recurso, servicio, condición sanitaria y objeto de gestión económica.¿Desde dónde se define el agua: como recurso, como servicio, como derecho o como condición fundamental de la vida? ¿Qué sucede cuando esas distintas formas de entenderla entran en conflicto?
InversiónPresenta la inversión como motor del desarrollo productivo y destaca la movilización de capital para infraestructura, servicios y actividades económicas.Las necesidades colectivas se articulan con una estrategia de atracción, movilización y ejecución de inversión.¿Qué necesidades tienen prioridad cuando el desarrollo se organiza alrededor de la capacidad de movilizar inversión? ¿Qué lugar ocupan aquellas necesidades que no representan una oportunidad de inversión?
InfraestructuraPrioriza carreteras, caminos y puentes, además de electricidad, telecomunicaciones, acueductos y alcantarillados.La infraestructura puede ampliar derechos y capacidades, pero también transforma los territorios donde se instala y puede habilitar nuevas dinámicas productivas.¿Infraestructura para quién y para qué proyecto de territorio? ¿Cómo se decide qué debe transformarse y qué debe permanecer? ¿Quién participa en esas decisiones y quién asume sus costos?
ViviendaIncluye alternativas crediticias, financiamiento y alianzas público-privadas para el desarrollo habitacional.La vivienda como derecho se articula con mecanismos financieros y participación de actores privados.¿Qué ocurre cuando garantizar el derecho a la vivienda pasa también por las condiciones del crédito y de la inversión? ¿Puede hablarse de garantía efectiva cuando el acceso depende de determinados mecanismos financieros?
TerritorioIncorpora diagnósticos regionales, planes de desarrollo, ordenamiento territorial, intervenciones diferenciadas y mecanismos de retroalimentación de actores sociales.El territorio es simultáneamente espacio de vida, planificación, inversión, producción y localización de proyectos.¿El territorio es solamente el lugar donde se implementan las políticas o también un espacio desde donde se construyen las decisiones? ¿Quién tiene capacidad para definir su futuro?
Derechos socialesTraduce derechos vinculados con salud, educación, vivienda, trabajo y protección social en coberturas, beneficiarios, metas, resultados e indicadores.La garantía de derechos puede desplazarse hacia una lógica de cobertura, eficiencia y gestión de servicios.¿Cuándo podemos decir que un derecho está efectivamente garantizado? ¿Qué dimensiones de la vida quedan fuera cuando la garantía se mide principalmente mediante cobertura e indicadores?
ParticipaciónIncorpora consultas ciudadanas, regionales y sectoriales. Algunas intervenciones contemplan participación en la formulación y otras mecanismos de retroalimentación durante la implementación.Ser consultado, aportar información, retroalimentar una política y poder modificar sus prioridades son formas distintas de participación.¿Participar significa ser escuchado o poder modificar las decisiones? ¿En qué momento entra la ciudadanía: cuando se define el rumbo o cuando se consulta sobre un rumbo ya trazado?
Actores privadosIncorpora organizaciones productivas, entidades financieras, empresas y otros actores en determinadas intervenciones y mecanismos de articulación.Los actores participan desde posiciones diferentes y con capacidades desiguales de negociación, recursos e incidencia.¿Quién tiene mayor capacidad para hacer valer sus intereses dentro de esta gobernanza? ¿Una mesa compartida implica necesariamente una distribución compartida del poder?
Indicadores y gestiónOrganiza buena parte del Plan mediante Gestión para Resultados, metas, indicadores, cobertura y cumplimiento.Lo que puede medirse y compararse adquiere mayor visibilidad dentro de la política pública, mientras otras dimensiones pueden resultar más difíciles de incorporar.¿Qué ocurre cuando aquello que resulta más sencillo de medir termina definiendo qué cuenta como resultado? ¿Qué dimensiones de los derechos, los territorios o la naturaleza quedan fuera del indicador?