Costa Rica: ¿una nueva frontera para las infraestructuras digitales?
En Costa Rica, esta discusión ha adquirido una relevancia concreta con el interés por atraer inversiones en centros de datos especializados en inteligencia artificial.
El 17 de septiembre de 2026, la Universidad Estatal a Distancia informó sobre una iniciativa anunciada para Limón que contempla un campus de aproximadamente 42 hectáreas y una capacidad proyectada de hasta 200 megavatios. La publicación señala que su viabilidad requiere examinar aspectos como el consumo eléctrico, la disponibilidad de agua, los permisos ambientales, la conectividad y los beneficios para las comunidades. Se trata de características anunciadas para un proyecto, no de un consumo que deba darse por realizado.
La dimensión de esta iniciativa permite comprender por qué la expansión de los centros de datos debe formar parte de una discusión nacional sobre el modelo de desarrollo.
Costa Rica ha construido una posición internacional vinculada con la conservación de la biodiversidad, la generación eléctrica renovable y la producción de dispositivos médicos y otros bienes de alta tecnología. Estas capacidades pueden ofrecer oportunidades para participar en nuevas actividades económicas, pero también hacen necesario examinar las condiciones bajo las cuales se desarrollan las inversiones.
El interés por atraer centros de datos no debería evaluarse únicamente por el volumen de capital anunciado o por la posibilidad de posicionar al país como destino tecnológico. También es necesario conocer sus requerimientos de energía y agua, las inversiones públicas que podrían necesitar, los empleos que generarían, la formación profesional asociada y las capacidades que permanecerían en el territorio.
La pregunta es particularmente importante cuando se trata de instalaciones que pueden requerir grandes cantidades de electricidad y elevados niveles de inversión, pero cuya operación no necesariamente se traduce en una cantidad proporcional de empleos directos.
Esto no significa que los centros de datos carezcan de beneficios económicos o tecnológicos. Significa que sus aportes deben evaluarse a partir de información concreta y de las prioridades que la sociedad establezca para el uso de sus recursos.
¿Desarrollo tecnológico o provisión de condiciones para el capital global?
Costa Rica necesita discutir qué entiende por desarrollo tecnológico.
Una posibilidad es concentrarse en atraer instalaciones que respondan a la demanda internacional de capacidad informática. Otra es aprovechar las inversiones para fortalecer la formación profesional, la investigación, la innovación local y las capacidades productivas vinculadas con la economía digital.
Ambas dimensiones no son necesariamente incompatibles. Sin embargo, sus resultados dependen de las condiciones de cada proyecto, de las políticas públicas que lo acompañan y de la capacidad de negociación del país.
Por eso, resulta importante preguntar qué compromisos asumen las empresas, qué conocimientos se desarrollan localmente, qué oportunidades existen para proveedores nacionales y cómo se distribuyen los beneficios económicos.
También es necesario analizar los efectos territoriales. La disponibilidad de electricidad, agua y suelo no puede considerarse únicamente una ventaja competitiva para atraer inversiones. Estos recursos sostienen múltiples actividades y formas de vida, y su utilización requiere decisiones que contemplen las necesidades de las poblaciones.
El país debe preguntarse, además, si dispone de información pública suficiente para evaluar las implicaciones de proyectos de gran escala y si existen mecanismos adecuados para que las comunidades participen en las decisiones que pueden transformar sus territorios.
La llegada de nuevas inversiones tecnológicas puede abrir oportunidades, pero su contribución al bienestar colectivo no está garantizada de antemano.
El desafío consiste en que la política de atracción de inversiones no sustituya la discusión sobre qué desarrollo tecnológico necesita Costa Rica y bajo qué condiciones quiere construirlo.
Centroamérica: territorios estratégicos en una economía que necesita más infraestructura
La expansión de los centros de datos también está generando interés en otros países de Centroamérica. La ubicación geográfica de la región, sus conexiones internacionales y el desarrollo de sus infraestructuras de telecomunicaciones ofrecen oportunidades para ampliar las redes digitales.
Sin embargo, la instalación de centros de datos forma parte de un proceso más amplio de reorganización de la economía mundial. La competencia por las infraestructuras digitales se conecta con la búsqueda de electricidad, materiales, conectividad y territorios donde desarrollar nuevas capacidades industriales.
Esto significa que Centroamérica puede adquirir importancia no solo como mercado de servicios digitales, sino también como espacio para instalar infraestructuras que sostengan actividades económicas desarrolladas en otras partes del mundo.
La pregunta es si esta transformación contribuirá a fortalecer las capacidades de la región o si profundizará una inserción económica basada principalmente en ofrecer condiciones favorables para el capital internacional.
La diferencia importa.
Una región puede atraer inversiones, ampliar sus redes de telecomunicaciones y construir nuevas instalaciones sin desarrollar necesariamente las capacidades científicas, industriales y tecnológicas necesarias para controlar una parte significativa de las actividades de mayor valor agregado.
También puede asumir los costos de ampliar sus infraestructuras energéticas e hídricas sin que exista una discusión suficiente sobre quién se beneficia de esas inversiones y quién termina financiándolas.
Por eso, las políticas de atracción de centros de datos deben analizarse junto con las estrategias de desarrollo industrial, formación profesional, investigación científica, planificación energética y protección ambiental.
La coordinación regional podría contribuir a establecer criterios comunes de transparencia, evaluación ambiental y distribución de beneficios. También permitiría fortalecer las capacidades públicas para negociar con empresas internacionales y evitar que la competencia entre países por atraer inversiones debilite las condiciones sociales y ambientales.
La integración centroamericana no debería limitarse a facilitar el tránsito de mercancías o conectar infraestructuras. También puede servir para discutir colectivamente cómo participar en la economía digital y qué condiciones deben respetarse para proteger los bienes comunes y las necesidades de las poblaciones.
Los costos invisibles de la transición tecnológica
La relación entre minerales críticos y centros de datos permite identificar una contradicción que atraviesa buena parte de la economía tecnológica contemporánea.
Por un lado, la digitalización se presenta como una vía para mejorar la eficiencia, ampliar el acceso a la información y desarrollar nuevas soluciones para problemas sociales y ambientales. Por otro, su expansión requiere infraestructuras materiales que dependen de la extracción de recursos, el consumo de energía y la transformación de territorios.
Esta contradicción no significa que las tecnologías digitales sean intrínsecamente perjudiciales. Sus efectos dependen de cómo se diseñan, para qué se utilizan, quién controla sus infraestructuras y qué necesidades buscan satisfacer.
La inteligencia artificial puede tener aplicaciones relevantes en la investigación científica, la salud, la educación y el análisis ambiental. Pero esas posibilidades no justifican automáticamente cualquier expansión de la capacidad informática ni cualquier proyecto de infraestructura.
Es necesario distinguir entre el desarrollo de herramientas que contribuyen a resolver necesidades colectivas y el crecimiento de sistemas orientados principalmente a ampliar mercados, automatizar actividades rentables o sostener modelos de negocio basados en un consumo creciente de recursos.
La misma distinción debe aplicarse a la transición energética.
La sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables es importante para enfrentar el cambio climático, pero las tecnologías utilizadas también requieren materiales y procesos industriales. Una transición que reduce determinadas emisiones mientras desplaza los costos ambientales hacia territorios de extracción necesita ser examinada desde una perspectiva de justicia ambiental.
Asimismo, la sustitución de un proveedor de minerales por otro puede reducir una dependencia geopolítica sin disminuir la presión general sobre los recursos naturales.
El reciclaje, la recuperación de materiales, la durabilidad de los equipos y la reparación pueden contribuir a reducir algunas necesidades extractivas. Sin embargo, sus resultados dependen de las características de las tecnologías, los sistemas de recuperación y las decisiones económicas que orientan la producción.
Por eso, el desafío no consiste únicamente en hacer más eficiente la infraestructura tecnológica. También implica discutir cuánto necesitamos expandirla, con qué propósitos y bajo qué criterios sociales y ambientales.
Una tecnología no puede considerarse sostenible únicamente porque su funcionamiento utiliza electricidad renovable o porque ofrece servicios digitales avanzados. También debemos considerar los materiales que requiere, los territorios que transforma y las necesidades que contribuye a satisfacer.
Una agenda para Costa Rica y Centroamérica: ¿qué debemos discutir?
La competencia por los minerales críticos y la expansión de los centros de datos plantean desafíos que no pueden resolverse únicamente desde las políticas de inversión extranjera o las estrategias empresariales.
Para Costa Rica y Centroamérica, resulta necesario construir una agenda que permita evaluar estas transformaciones desde las necesidades de las poblaciones y las condiciones de sus territorios.
Primero, conocer los requerimientos materiales de la economía digital. Esto supone examinar las cadenas de suministro, la procedencia de los equipos, los materiales utilizados y las implicaciones de su producción. La infraestructura digital debe dejar de presentarse como una actividad desvinculada de los territorios donde se extraen sus recursos.
Segundo, garantizar la transparencia sobre el uso de la energía y el agua. Los proyectos de centros de datos deben evaluarse con información verificable sobre su demanda prevista, sus sistemas de refrigeración, las inversiones necesarias y sus posibles efectos sobre otros usos de estos recursos.
Tercero, discutir los beneficios sociales de las inversiones. La creación de empleo, la formación profesional, la transferencia de conocimientos, el desarrollo de proveedores nacionales y las contribuciones económicas deben examinarse de manera concreta, sin asumir que el volumen de inversión garantiza por sí mismo un beneficio colectivo.
Cuarto, fortalecer la participación de las comunidades. Las decisiones sobre nuevas infraestructuras deben considerar las necesidades de los territorios y permitir una discusión pública informada sobre sus implicaciones. La participación no debería limitarse a comunicar proyectos ya definidos, sino contribuir a establecer sus condiciones y prioridades.
Quinto, desarrollar capacidades científicas y tecnológicas propias. La región necesita políticas que fortalezcan la investigación, la formación profesional, la innovación y la capacidad pública para evaluar y regular las nuevas tecnologías. Esto permitiría ampliar las posibilidades de negociación y reducir la dependencia de conocimientos, equipos y decisiones controlados exclusivamente desde el exterior.
Sexto, preguntarnos qué necesidades queremos atender con la tecnología. La expansión de la capacidad informática debe discutirse junto con las prioridades sociales. El acceso a servicios digitales, la educación, la investigación científica y las herramientas para enfrentar problemas ambientales son dimensiones que merecen consideración, pero sus requerimientos deben compararse con los costos y las alternativas disponibles.
Estas discusiones pueden contribuir a que la región no se limite a competir por atraer proyectos, sino que desarrolle criterios propios para decidir qué inversiones necesita, cuáles son sus condiciones y qué formas de desarrollo desea impulsar.
La nube, los minerales y los bienes comunes: ¿quién decide sobre el futuro?
El informe Mineral Commodity Summaries 2026 muestra cómo el acceso a los minerales se ha convertido en un componente estratégico de la competencia internacional. La dependencia de las importaciones, las restricciones comerciales y las políticas para reorganizar las cadenas de suministro revelan que la economía tecnológica está profundamente vinculada con las decisiones de los Estados y las empresas sobre los recursos materiales.
La expansión de los centros de datos añade otra dimensión a esta disputa. La inteligencia artificial y los servicios digitales necesitan infraestructuras que ocupan territorios, requieren energía y agua y dependen de cadenas globales de extracción, procesamiento y fabricación.
Estas transformaciones también afectan a Costa Rica y Centroamérica. La región puede encontrar oportunidades para desarrollar nuevas capacidades tecnológicas, pero también enfrenta el desafío de determinar cómo se distribuyen los beneficios y las responsabilidades asociados con estas inversiones.
El punto de partida debe ser reconocer que el agua, la energía, los ecosistemas y los territorios no son únicamente factores de producción disponibles para satisfacer las demandas del mercado internacional. Son condiciones que sostienen la vida y que permiten el desarrollo de múltiples actividades sociales, económicas y culturales.
Desde esta perspectiva, la discusión sobre los centros de datos y los minerales críticos también es una discusión sobre los bienes comunes: sobre las condiciones materiales que compartimos, las relaciones que las sostienen y las decisiones colectivas que necesitamos construir para protegerlas.
No se trata de rechazar la tecnología ni de ignorar las oportunidades que puede ofrecer. Se trata de evitar que la promesa de innovación cierre la discusión sobre sus consecuencias y que la necesidad de atraer inversiones sustituya la capacidad de decidir sobre nuestros territorios.
La pregunta central no es únicamente cómo posicionar a Costa Rica en la economía digital o cómo conseguir que Centroamérica participe en las nuevas cadenas de suministro. Es también cómo garantizar que esa participación contribuya a mejorar las condiciones de vida, fortalezca las capacidades de nuestras sociedades y respete los límites ecológicos.
¿Quién decide qué tecnologías necesitamos? ¿Quién controla los recursos que las hacen posibles? ¿Quién recibe sus beneficios y quién asume sus costos?
La fiebre por los centros de datos y la disputa por los minerales críticos nos recuerdan que el poder tecnológico también es poder sobre la materia, la energía, el agua y el territorio.
Comprender estas relaciones es indispensable para abrir una discusión pública sobre el futuro que queremos construir. Porque la pregunta no es solamente de quién es la nube, sino también de quién son los recursos que la sostienen, al servicio de qué intereses se organizan y qué lugar ocupan nuestras comunidades en las decisiones sobre su futuro.
El Escudo de las Américas: minerales críticos, centros de datos y seguridad para quién
La inclusión de los minerales críticos entre las prioridades de seguridad del Escudo de las Américas abre una discusión fundamental sobre el rumbo de la transformación tecnológica en Centroamérica. Cuando el acceso a determinados materiales y la protección de las cadenas de suministro se vinculan con la seguridad regional, los minerales dejan de ser considerados únicamente recursos necesarios para la industria y pasan a ocupar un lugar estratégico en la competencia económica y geopolítica. Esta perspectiva también permite comprender la creciente importancia de las infraestructuras digitales, entre ellas los centros de datos que sostienen la expansión de la inteligencia artificial.
En este escenario, la llamada fiebre por los centros de datos adquiere una dimensión política. Estas instalaciones requieren energía, agua, conectividad y suelo, y su expansión puede generar nuevas presiones sobre los territorios. Si, además, las infraestructuras digitales comienzan a presentarse como estratégicas para la seguridad económica y tecnológica, surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando las necesidades de las comunidades entran en conflicto con las prioridades de seguridad definidas por los gobiernos y los intereses económicos globales?
La preocupación no consiste en afirmar que el Escudo de las Américas establezca mecanismos para imponer proyectos o limitar la participación comunitaria, sino en examinar las implicaciones de situar los minerales críticos y sus cadenas de suministro en el ámbito de la seguridad. Cuando una inversión se presenta como indispensable para la competitividad, el desarrollo tecnológico o la seguridad nacional, existe el riesgo de que las objeciones de las comunidades sean tratadas como obstáculos frente a objetivos considerados superiores. Por eso, es necesario preguntarse qué espacio tendrán la deliberación pública, la evaluación de los impactos y la capacidad de las poblaciones para cuestionar iniciativas que comprometan sus condiciones de vida.
Para Costa Rica y Centroamérica, esta discusión resulta especialmente relevante. La atracción de inversiones en infraestructura digital no debería evaluarse únicamente por el capital movilizado o la posición que los países puedan ocupar en las cadenas globales de suministro. También requiere examinar quién recibe los beneficios, quién asume los costos de ampliar las redes eléctricas y los servicios de agua, qué necesidades locales podrían quedar desplazadas y qué mecanismos permiten a las comunidades intervenir en las decisiones. Si los centros de datos y las cadenas de suministro de minerales críticos adquieren prioridad estratégica, ¿podrán las comunidades decidir sobre el futuro de sus territorios o sus necesidades quedarán subordinadas a intereses definidos fuera de ellos?
La cuestión de fondo es qué entendemos por seguridad. ¿Se trata de garantizar el suministro de materiales, la disponibilidad de energía y el funcionamiento de infraestructuras para la economía digital, o también de proteger el agua, los ecosistemas, las condiciones de vida y la capacidad de los pueblos para decidir sobre los bienes comunes? Vincular la tecnología con la seguridad regional no debería convertir las prioridades geopolíticas en razones para reducir el debate democrático. Por el contrario, hace más necesario fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y los mecanismos de rendición de cuentas.
En última instancia, la pregunta para Centroamérica no es solamente cómo incorporarse a la economía digital, sino quién define sus prioridades, a qué intereses responde esa transformación y qué capacidad tendrán los pueblos para decidir sobre ella. Porque una región puede convertirse en un espacio estratégico para las cadenas globales de suministro y la expansión tecnológica sin que eso garantice mejores condiciones de vida para sus habitantes. El desafío es evitar que la seguridad de la economía digital termine prevaleciendo sobre la seguridad y la autonomía de las comunidades que sostienen, habitan y cuidan estos territorios.
Referencias:
Acontecer Digital. (2026, 17 de septiembre). Data center en Costa Rica abre oportunidad tecnológica, pero exige certezas sobre energía, agua y viabilidad. Universidad Estatal a Distancia.
Departamento de Estado de los Estados Unidos. (2026, 22 de septiembre). Declaración conjunta sobre el Escudo de las Américas.
Picerni, R. (2026, 23 de febrero). Latin America data center report: Year-end 2025. JLL.
U.S. Geological Survey. (2026). Mineral commodity summaries 2026. U.S. Department of the Interior.
