En el marco del Día de la Tierra, resulta urgente poner en valor las formas concretas en que se defiende la vida en los territorios. En el Caribe Sur de Costa Rica, la experiencia de monitoreo sostenido por Philippe Vangoidsenhoven muestra que la protección ambiental no depende únicamente de marcos legales o discursos institucionales, sino de la persistencia cotidiana de quienes deciden no mirar hacia otro lado.
Su trabajo de vigilancia territorial —basado en la observación directa, la denuncia oportuna y el acompañamiento constante de los procesos— ha logrado frenar intervenciones que, de no haber sido detenidas, habrían generado daños irreversibles en ecosistemas frágiles. Chapeas iniciales, movimientos de tierra, rellenos de humedales, ocupaciones en la Zona Marítimo Terrestre y alteraciones de cauces han sido contenidos en distintas etapas, evidenciando que actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre la degradación y la posibilidad de recuperación.
Lo que estos casos revelan es un patrón: muchas de las afectaciones ambientales no comienzan con grandes obras visibles, sino con acciones aparentemente menores que funcionan como antesala de transformaciones más profundas. Bajo figuras como “limpieza”, “poda” o “aprovechamiento”, se abren procesos de ocupación, cambio de uso del suelo y fragmentación de ecosistemas. Frente a esto, la vigilancia activa desde el territorio se convierte en una herramienta clave de alerta temprana.
Más allá de detener daños puntuales, este trabajo también tensiona a las instituciones. En múltiples ocasiones, ha sido necesaria la insistencia directa —incluyendo la articulación con la Fiscalía Ambiental— para lograr que las autoridades actúen. Esto pone en evidencia una realidad incómoda: sin presión desde el territorio, muchas afectaciones avanzarían bajo lógicas de hecho consumado.
Los casos documentados en el Caribe Sur no son excepcionales. Reflejan dinámicas estructurales: la reincidencia de intervenciones, la lentitud institucional, la presión turística e inmobiliaria, la falta de reconocimiento de ecosistemas como humedales y la existencia de economías locales que dependen de la transformación del territorio, como el saqueo de tierra para rellenos. En este contexto, defender la naturaleza implica no solo conocimiento técnico y legal, sino también una disposición constante a sostener procesos largos, desgastantes y, en ocasiones, conflictivos.
Sin embargo, también hay resultados. Bosques costeros que hoy muestran signos de recuperación, humedales que no fueron rellenados, construcciones que no se consolidaron, quebradas que no fueron alteradas. Cada intervención detenida habla de algo más amplio: la posibilidad real de proteger los bienes comunes cuando existe presencia, compromiso y capacidad de actuar.
Esta experiencia, además, permite mirar más allá de los casos puntuales y abrir una pregunta más amplia: ¿qué tipo de desarrollo se está impulsando en territorios como el Caribe Sur, y a qué costo?
Donde tiembla
Durante décadas, Costa Rica ha construido y proyectado con éxito la imagen de “país verde”: un referente global de conservación, biodiversidad y turismo sostenible. Sin embargo, lo que ocurre en territorios como el Caribe Sur muestra que esa narrativa convive con tensiones profundas que rara vez logran hacerse visibles en el relato país.
El trabajo de Philippe Vangoidsenhoven permite ver con claridad esas fisuras. A través de recorridos constantes, registros audiovisuales y denuncias sostenidas en el tiempo, ha documentado cómo, detrás de la promesa de sostenibilidad, avanzan procesos de urbanización turística e inmobiliaria que transforman ecosistemas frágiles bajo lógicas de mercado.
Lejos de ser situaciones aisladas, estas transformaciones responden a patrones que se repiten. Intervenciones que inician con permisos fragmentados o interpretaciones flexibles de la normativa, continúan con tala selectiva, limpieza del terreno y uso de maquinaria, y terminan en rellenos, nivelaciones y procesos de comercialización del espacio. Lo que en apariencia es una acción puntual o menor, suele ser el primer paso de cambios más profundos y, en muchos casos, irreversibles.
Comprender este proceso exige ir más allá de categorías simplificadas como “desarrollo” o “progreso”. Lo que está en juego es una disputa por el territorio: entre una lógica que reduce la naturaleza a mercancía y otra que la reconoce como base de la vida y como bien común.
En ese contexto, la documentación territorial adquiere un valor político clave. No solo aporta evidencia; también cuestiona activamente la narrativa dominante, visibiliza lo que suele quedar fuera del encuadre y abre una discusión necesaria sobre los límites del modelo de desarrollo vigente. En territorios como el Caribe Sur, mirar de cerca no solo informa: incomoda, interpela y obliga a replantear las formas en que entendemos la relación entre conservación, economía y vida.
Pero esa mirada —rigurosa, persistente y crítica— no ocurre sin consecuencias.
Vivir bajo amenaza por defender la naturaleza
Reconocer el trabajo de Philippe Vangoidsenhoven implica también nombrar las condiciones en que se realiza. Defender el ambiente en América Latina y el Caribe —y también en Costa Rica— es una actividad de alto riesgo, especialmente cuando entra en conflicto con intereses económicos y estructuras de poder local.
A lo largo de más de dos décadas, Philippe ha interpuesto cientos de denuncias por delitos ambientales. Esa labor lo ha expuesto a una violencia sostenida que incluye agresiones físicas, amenazas directas, hostigamiento constante, criminalización judicial y campañas de difamación. No se trata de episodios aislados, sino de un patrón que busca desgastar, intimidar y silenciar.
Las formas que adopta esta violencia son múltiples y acumulativas: desde insultos en el espacio público y persecuciones, hasta ataques físicos, daños a su propiedad y situaciones que han puesto en riesgo su integridad. A esto se suma una dimensión especialmente grave: la respuesta institucional insuficiente o tardía, que en algunos casos ha derivado en la criminalización de quien denuncia, invirtiendo el lugar entre víctima y agresor.
El costo de esta defensa no es solo físico. También es económico y emocional. Implica asumir gastos constantes para sostener el monitoreo, enfrentar pérdidas materiales, reorganizar la vida cotidiana y convivir con una sensación permanente de riesgo. En este contexto, incluso la autoprotección se vuelve una decisión límite, reflejo de la ausencia de garantías efectivas por parte del Estado.
Lejos de ser una excepción, este caso revela una realidad más amplia: la defensa ambiental en muchos territorios depende de personas que operan en condiciones de vulnerabilidad estructural. Personas que sostienen, casi en soledad, una tarea que debería ser colectiva.
Un día cualquiera en la vigilancia del territorio
La defensa ambiental no ocurre en momentos extraordinarios, sino en la repetición de días que exigen atención constante. Un día de monitoreo puede iniciar con un recorrido aparentemente rutinario, pero siempre con la expectativa de encontrar algo fuera de lugar: una chapea reciente, maquinaria donde no debería estar, marcas en el suelo que anuncian una intervención mayor.
Observar implica detenerse, registrar, contrastar lo que se ve con lo que debería estar ocurriendo. Fotografías, videos, anotaciones. La documentación no es opcional: es la única forma de sostener una denuncia en contextos donde la palabra suele ser cuestionada o deslegitimada. Por eso, cada recorrido también es un ejercicio de resguardo: cámaras activas, registros en tiempo real, evidencia que permita responder ante versiones que intenten invertir los hechos.
Denunciar, sin embargo, no es un acto neutro. Implica exponerse. En muchos casos, la reacción no es la atención inmediata de las autoridades, sino la posibilidad de conflicto: cuestionamientos, intimidaciones, intentos de desacreditar lo observado. Esto hace que cada decisión —quedarse, retirarse, insistir— se tome evaluando no solo el daño ambiental, sino también el riesgo personal.
El día continúa entre llamadas, gestiones y seguimiento. Contactar instituciones, insistir para que se presenten en el sitio, explicar una y otra vez por qué una intervención es irregular. A menudo, la respuesta es lenta o ambigua, lo que obliga a sostener la presión desde el territorio para evitar que el daño avance.
Con el paso de las horas, el monitoreo también se traslada a otros espacios: organizar la información, respaldar archivos, preparar denuncias, anticipar posibles escenarios. La vigilancia no termina cuando se abandona el lugar intervenido; continúa en la necesidad de sostener cada caso en el tiempo.
Pero este trabajo no se limita a lo técnico. También implica habitar una tensión constante. Saber que denunciar puede generar represalias, que no siempre habrá respaldo, que en algunos momentos se puede quedar en soledad frente a situaciones complejas. Esa conciencia transforma la rutina: cada recorrido, cada registro, cada llamada se realiza con una atención que no es solo ambiental, sino también de cuidado propio.
Así, lo que desde fuera puede parecer una acción puntual, es en realidad una práctica sostenida que combina observación, documentación, insistencia y gestión. Un trabajo que se construye día a día, muchas veces en silencio, y que resulta clave para que los daños no se consoliden antes de ser vistos.
Una decisión sostenida en el tiempo
En el caso de Philippe Vangoidsenhoven, la defensa ambiental no aparece como una acción puntual, sino como una decisión que ha asumido de forma consciente y sostenida a lo largo de los años. No se trata únicamente de observar o denunciar, sino de mantenerse presente en un contexto donde hacerlo implica riesgos reales.
Desde su propia mirada, este compromiso nace de una certeza difícil de eludir: cuando se identifican daños y no se actúa, estos continúan y se profundizan. Esa claridad es la que lo ha llevado a sostener el monitoreo incluso en condiciones adversas, aun cuando hacerlo ha significado enfrentar conflictos, presiones y situaciones de desgaste constante.
Su experiencia también pone en evidencia un elemento clave: muchas personas optan por no denunciar debido al temor a represalias o a la percepción de que hacerlo puede traer problemas. En ese escenario, su decisión adquiere un peso particular. No porque sea excepcional en términos individuales, sino porque revela el vacío que se produce cuando la defensa del territorio no cuenta con suficientes condiciones colectivas para sostenerse.
Al mismo tiempo, su posición no está exenta de contradicciones y costos. Sostener esta labor implica reorganizar la vida cotidiana, asumir gastos, invertir tiempo y convivir con una sensación permanente de exposición. Sin embargo, lejos de abandonar, ha optado por continuar, entendiendo que su ausencia dejaría aún más desprotegidos los espacios que monitorea.
Esta decisión no responde a una lógica de sacrificio, sino a una forma de asumir responsabilidad frente a lo que ocurre en el territorio. Y, en ese sentido, su trayectoria no solo habla de persistencia individual, sino que interpela directamente a la sociedad: la defensa de los bienes comunes no puede seguir dependiendo de decisiones aisladas, sino que requiere convertirse en una tarea compartida y respaldada colectivamente.
Defender la Tierra también es defender a quienes la cuidan
Volver sobre estos elementos en el Día de la Tierra obliga a ampliar la mirada. No basta con reconocer la importancia de proteger los ecosistemas; es necesario preguntarse quiénes están haciendo posible esa defensa y en qué condiciones.
La experiencia de Philippe Vangoidsenhoven muestra que la protección de los bienes comunes no ocurre de forma abstracta. Se construye desde el territorio, con presencia, conocimiento y una persistencia que muchas veces implica riesgos personales significativos.
Pero también evidencia un límite claro: no es sostenible que esta responsabilidad recaiga en unos pocos. La vigilancia comunitaria es fundamental, pero no puede sustituir el rol del Estado ni operar sin respaldo social e institucional.
Reivindicar este trabajo implica algo más que reconocerlo. Supone asumir un compromiso colectivo: fortalecer los mecanismos de protección para personas defensoras, mejorar la respuesta institucional, garantizar el acceso a información ambiental y cuestionar las formas de desarrollo que siguen poniendo en riesgo territorios frágiles.
Porque, en última instancia, defender la Tierra no es solo una consigna. Es una práctica concreta, sostenida —y muchas veces solitaria— que hoy más que nunca necesita dejar de serlo.
