Hace aproximadamente cuatro años, el Observatorio de Bienes Comunes comenzó a acompañar y documentar la situación que atraviesa la cuenca del Río Frío–Caño Negro, en la Zona Norte de Costa Rica. Desde entonces, múltiples recorridos, conversaciones comunitarias, registros territoriales y espacios de intercambio han permitido observar no solo las transformaciones físicas del río, sino también las tensiones políticas y territoriales que se profundizan alrededor de su futuro.
La reciente gira realizada por el Observatorio al territorio permitió dar seguimiento a un proceso que las comunidades llevan años denunciando: la expansión de un modelo extractivo sobre el río y la ausencia de una discusión amplia sobre las consecuencias sociales, ecológicas y económicas que esto implica para las poblaciones locales.
Lejos de tratarse de una problemática aislada, el caso del Río Frío refleja disputas cada vez más visibles en distintas regiones del país, donde comunidades cuestionan formas de desarrollo basadas en la explotación intensiva de bienes naturales sin participación efectiva de quienes habitan los territorios.
Un río transformado: cambios acumulados y pérdida territorial
A lo largo de estos años, las comunidades han señalado cómo la extracción intensiva de materiales ha alterado profundamente la dinámica del río. La desaparición de pozas, la modificación del cauce, la pérdida de espacios de recreación y la disminución del caudal forman parte de una transformación acumulativa que modifica no solo el paisaje, sino también las formas de vida alrededor del territorio.
Durante la gira, integrantes del Grupo Defensa de la Cuenca del Río Frío–Caño Negro insistieron en que el problema no se limita a “sacar piedras”. Lo que está en discusión es la forma en que se entiende el río: como cantera y recurso de explotación o como espacio vital, ecológico, comunitario y cultural.
La preocupación comunitaria también apunta a las consecuencias futuras sobre los mantos acuíferos, la biodiversidad y las actividades económicas que históricamente existieron en la zona, especialmente aquellas vinculadas al turismo rural y al disfrute comunitario del río.
Oportunidades que también se están perdiendo
Uno de los elementos más reiterados por las personas de la comunidad es que la degradación del río no solo destruye ecosistemas: también limita posibilidades económicas y sociales para la región.
Durante años, el Río Frío fue un espacio utilizado para tubing, kayak, visitación local, actividades recreativas y encuentros comunitarios. Varias familias proyectaban iniciativas asociadas al turismo rural, hospedajes, actividades de naturaleza y economías vinculadas al disfrute responsable del río. Sin embargo, la transformación del cauce y la pérdida de las condiciones naturales del río han reducido drásticamente estas posibilidades.
En ese sentido, la discusión sobre el modelo de desarrollo también implica preguntarse cuáles oportunidades se priorizan y cuáles se sacrifican. Mientras algunas actividades extractivas generan beneficios inmediatos y concentrados, otras alternativas económicas más sostenibles y comunitarias ven disminuidas sus posibilidades de existencia.
La pérdida del río como espacio vivo también representa una pérdida cultural y generacional. Las comunidades recuerdan un río donde se aprendía a nadar, se compartía colectivamente y se construían vínculos cotidianos con el territorio. Su deterioro implica también la desaparición de experiencias comunitarias y memorias territoriales.
El desarrollo como disputa política
Uno de los elementos centrales que emergieron durante el intercambio es la necesidad de discutir críticamente qué se entiende por “desarrollo”.
Para las comunidades organizadas, el conflicto alrededor del Río Frío expresa una tensión entre dos visiones profundamente distintas de territorio. Por un lado, un modelo de corto plazo centrado en la extracción intensiva, donde el río aparece principalmente como fuente de materiales para sostener dinámicas de infraestructura y mercado. Por otro, una visión que entiende el territorio como espacio de vida, cuidado y permanencia comunitaria.
La pregunta de fondo no es únicamente cuánto material puede extraerse del río, sino qué tipo de futuro se está construyendo para las comunidades de la zona norte.
Las personas entrevistadas durante la gira señalaron que muchas de las expectativas vinculadas al turismo rural, las actividades recreativas y otras formas de economía local han ido desapareciendo conforme avanza la degradación del río. En ese sentido, el conflicto no enfrenta “desarrollo versus conservación”, sino modelos distintos de desarrollo y distintas prioridades sobre cómo habitar el territorio.
Dimensiones en disputa
La situación del Río Frío–Caño Negro también evidencia múltiples dimensiones en disputa que atraviesan los conflictos socioambientales contemporáneos:
El agua y la vida comunitaria: El río no es únicamente un elemento paisajístico. Representa acceso al agua, espacios de encuentro, recreación, memoria y reproducción de la vida cotidiana.
Las economías locales: Mientras algunas actividades extractivas generan beneficios concentrados y de corto plazo, otras iniciativas comunitarias —como el turismo rural o proyectos ecológicos locales— dependen de la permanencia y salud del ecosistema.
El conocimiento sobre el territorio: Las comunidades cuestionan que las decisiones técnicas e institucionales muchas veces invisibilicen el conocimiento construido por quienes han vivido históricamente junto al río y han observado sus cambios durante décadas.
La participación política: Las organizaciones locales denuncian dificultades para ser escuchadas y tomadas en cuenta en los procesos de decisión sobre el territorio, a pesar de ser quienes experimentan directamente las consecuencias de estas actividades.
El tiempo del desarrollo: Mientras las dinámicas extractivas responden frecuentemente a lógicas inmediatas de rentabilidad, las comunidades plantean preocupaciones sobre los impactos acumulativos y las condiciones de vida de las futuras generaciones.
Persistir también es defender el territorio
En un contexto donde muchas veces las comunidades organizadas enfrentan desgaste, desatención institucional y aislamiento, la permanencia del Grupo Defensa de la Cuenca del Río Frío–Caño Negro adquiere una relevancia particular.
Durante años han sostenido procesos de denuncia, envío de cartas, articulaciones con la Universidad de Costa Rica, documentación territorial y acciones de incidencia pública. Esa persistencia ha permitido que la problemática no desaparezca del debate público y que hoy pueda conectarse con otras luchas similares en distintas regiones del país.
La organización comunitaria continúa siendo clave no solo para denunciar impactos, sino también para construir memoria territorial, generar reflexión colectiva y defender la posibilidad de pensar futuros distintos para las comunidades.
Pensar alternativas desde el territorio
Las comunidades organizadas también han insistido en que defender el río no significa oponerse a toda posibilidad de desarrollo. Por el contrario, implica abrir la discusión sobre alternativas que permitan proteger los ecosistemas y al mismo tiempo fortalecer formas de vida sostenibles para las poblaciones locales.
Entre las propuestas que han surgido desde el territorio destaca la solicitud de una moratoria sobre las actividades extractivas en el Río Frío, particularmente en los sectores más afectados por décadas de intervención intensiva. La moratoria aparece como una medida urgente para detener el deterioro acumulado y permitir procesos de recuperación ecológica.
Asimismo, diferentes personas de la comunidad han planteado la posibilidad de impulsar la protección del tramo del río que conecta hacia el Parque Nacional y las zonas altas de la cuenca, imaginándolo como un santuario ecológico y comunitario que priorice la conservación, el turismo responsable y la recuperación del vínculo entre las comunidades y el río.
Más allá de la viabilidad inmediata de estas propuestas, lo que revelan es algo fundamental: las comunidades no solo denuncian daños. También imaginan futuros posibles y alternativas para habitar el territorio desde el cuidado, la permanencia y la defensa de la vida.
Escuchar a las comunidades
La gira del Observatorio reafirma la importancia de escuchar a quienes habitan los territorios y viven cotidianamente las consecuencias de las decisiones sobre los bienes comunes.
Después de cuatro años de seguimiento, el caso del Río Frío muestra que los conflictos socioambientales no son únicamente disputas técnicas o administrativas. Son también debates profundamente políticos sobre quién decide, qué se prioriza y cuáles vidas y territorios son considerados sacrificables en nombre de determinadas ideas de progreso.
Frente a ello, las comunidades continúan planteando una pregunta fundamental: ¿es posible hablar de desarrollo cuando un río, sus ecosistemas y las formas de vida que dependen de él comienzan a desaparecer?
Cuando la extracción se vuelve permanente
Uno de los elementos más preocupantes que emergen en el caso del Río Frío es que estas actividades extractivas no solo son intensivas por la cantidad de material removido, sino también extensivas por la forma en que avanzan progresivamente sobre mayores segmentos del territorio y transforman de manera acumulativa la vida alrededor del río.
Esto implica que los impactos no se limitan al punto exacto donde opera una concesión. Conforme las dinámicas extractivas se expanden, también se amplían las afectaciones sobre ecosistemas, actividades comunitarias, paisajes, formas de recreación, economías locales y vínculos cotidianos con el agua. El río deja de ser únicamente un espacio natural y comienza a convertirse en un corredor intervenido de manera permanente.
Las comunidades advierten además que este tipo de actividades generan una lógica difícil de revertir: mientras más se degrada el río, más se normaliza su transformación en cantera y más se reducen las posibilidades de imaginar otros usos y futuros posibles para el territorio.
Por eso, la discusión no pasa solamente por cuánto material se extrae, sino por las consecuencias acumulativas de un modelo de ocupación territorial que opera bajo horizontes de corto plazo y que frecuentemente traslada los costos ambientales, sociales y culturales a las comunidades y a las futuras generaciones.
El caso del Río Frío recuerda que los bienes comunes no desaparecen únicamente por eventos abruptos o desastres visibles. Muchas veces también se deterioran lentamente, a través de procesos continuos de extracción que terminan modificando de forma profunda aquello que sostenía la vida comunitaria y ecológica de un territorio.









