Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental comprometido con la defensa del territorio costero, realizó como parte de su labor de monitoreo ambiental un recorrido por un conocido punto de la costa caribeña sur, frecuentado por surfistas y turistas. Lo que encontró vuelve a confirmar las alertas sobre una situación que se repite cada vez con más frecuencia: ocupación irregular de la zona pública y la playa, generando alteraciones en el ecosistema y evidenciando la omisión de deberes por parte de las autoridades municipales.
En las inmediaciones de beach break(lugar donde las olas rompen sobre un fondo de arena, en lugar de sobre un arrecife o roca), en Cocles —una franja de aproximadamente 300 metros conocida como zona dedicada al surf, como muchas otras ubicadas frente al mar— se observan siembras de cocoteros directamente sobre la arena de la playa. Estas intervenciones se suman a la presencia de construcciones que, aunque utilizan materiales como madera redonda para disimular su carácter permanente, cumplen funciones claras dentro del negocio: brindar servicios, delimitar espacios o establecer una presencia física sobre el terreno.
¿Regenerar o encubrir?
La regeneración costera es una necesidad urgente ante los efectos del cambio climático y la erosión. Sin embargo, en este caso, se observa un uso distorsionado del concepto: la siembra de cocoteros no responde a un criterio técnico de restauración ecológica, sino a una apropiación encubierta del espacio público. Se plantan árboles grandes, ajenos al ecosistema originario, con el objetivo de marcar presencia y generar sombra para uso comercial, desplazando especies nativas como el almendro de playa o el jobo.
Este tipo de prácticas transforma la fisonomía de la playa, impide la regeneración natural de la flora local y promueve una imagen homogénea que invisibiliza la diversidad biológica propia del territorio. Además, generan un efecto psicológico de “territorio ocupado”, disuadiendo el uso libre por parte de otras personas.
Construcciones disfrazadas: apropiación sin permiso
Una práctica cada vez más común en esta zona es la instalación de estructuras que se presentan como temporales, ecológicas o móviles, pero que en realidad son parte del funcionamiento permanente de los negocios. Al usar materiales naturales o poco visibles, se busca evitar sanciones y pasar desapercibidos ante la inspección municipal. Algunas de estas construcciones incluso cuentan con conexiones eléctricas y servicio de internet, lo que evidencia su carácter permanente y funcional.
Durante el recorrido realizado por Philippe se evidencia también el uso nocturno del sitio, con intensa iluminación, lo que comprueba que todas estas instalaciones son de uso permanente. A esto se suma que varias zonas del Caribe sur son parte de rutas de anidamiento de tortugas, y este tipo de instalaciones luminosas en la playa puede repercutir negativamente en estos procesos naturales, provocando la desorientación de las tortugas durante su ciclo reproductivo.
Todo lo anterior demuestra que estos elementos no son neutros: alteran profundamente la dinámica del espacio, sustituyen el uso colectivo por un uso comercial, promueven desigualdad —ya que mientras a algunas personas se les exige operar dentro de sus propiedades, otras extienden su actividad directamente sobre la playa— y generan impactos negativos en los ecosistemas costeros, afectando procesos naturales como el anidamiento de tortugas y la regeneración de la vegetación autóctona.
Abandono institucional y urgencia de acción
Lo registrado por Philippe es un ejemplo más del abandono institucional en la protección de la playa. A pesar de múltiples denuncias, los mecanismos de control municipal y estatal no están respondiendo con firmeza ni coherencia. Esta inacción permite que se normalicen prácticas irregulares que vulneran el derecho colectivo y ponen en riesgo la sostenibilidad del territorio.
La recuperación de la zona pública costera no solo es una responsabilidad legal del Estado, sino también una tarea urgente para la protección de nuestros ecosistemas, el acceso equitativo al espacio común y la defensa del bien común frente al avance de la privatización encubierta.
La ausencia institucional que habilita abusos… e ingenuidades
La falta de monitoreo y presencia efectiva por parte de las autoridades encargadas de velar por la zona pública —como municipalidades, MINAE o el Instituto Costarricense de Turismo— no solo permite que se consoliden prácticas ilegales, sino que crea un ambiente de ambigüedad normativa que habilita tanto abusos intencionados como transgresiones por desconocimiento.
En contextos donde no hay reglas claras aplicadas ni fiscalización visible, florecen las llamadas “zonas grises”: espacios donde se aprovecha la debilidad institucional para apropiarse de bienes comunes sin mayores consecuencias. Esto beneficia especialmente a quienes cuentan con recursos o conexiones para avanzar con obras, instalar negocios o modificar el entorno, incluso dentro de la franja pública.
Pero esta falta de control también genera un efecto menos visible, aunque igualmente preocupante: muchas personas que dependen de actividades económicas de pequeña escala (alquiler de bicicletas, ventas, servicios turísticos) reproducen prácticas irregulares sin saber que están violentando la legislación, simplemente porque no existe acompañamiento, orientación ni procesos formativos desde las instituciones competentes.
Este vacío institucional no solo expone el bien común al deterioro, sino que también crea desigualdad frente a la ley: mientras algunos actores operan en la informalidad con total impunidad, otros reciben sanciones selectivas, y muchos más ni siquiera saben con certeza qué se puede o no hacer en la zona costera.
Revertir esta situación exige más que fiscalización. Implica fortalecer la presencia institucional con enfoque preventivo, educativo y transparente, que combine vigilancia con procesos de diálogo comunitario y apoyo técnico. Solo así podremos construir una relación justa, sostenible y compartida con nuestro litoral.
¿Por qué importa la zona pública costera? Un bien común vital y vivo
La zona pública costera —los primeros 50 metros contados desde la pleamar ordinaria— no es solo una franja de tierra. Es un espacio protegido por ley, concebido como espacio común, de libre acceso y uso colectivo. Su función es social, ambiental y cultural. Es un lugar donde confluyen biodiversidad, recreación, modos de vida y valores simbólicos que son parte del tejido de nuestras comunidades costeras.
Este espacio no pertenece a ningún negocio, empresa ni persona particular, por más tiempo que lleve operando en sus inmediaciones. Pertenece a toda la ciudadanía y debe ser resguardado con criterios de equidad y sostenibilidad.
Dentro de esta zona, la vegetación autóctona cumple funciones ecológicas esenciales:
- Sostiene la tierra y previene la erosión, al fijar el suelo con sus raíces.
- Ofrece sombra y refugio para personas, aves, insectos y otros seres que habitan la costa.
- Protege frente al avance del mar, actuando como una barrera natural ante el oleaje y las tormentas.
- Favorece la biodiversidad, al mantener un entorno compatible con las especies nativas del ecosistema costero.
- Preserva la identidad del lugar, aportando a la memoria ecológica y cultural de la comunidad.
Cuando se sustituyen estas especies por cocoteros u otras plantas introducidas con fines ornamentales o comerciales, no solo se altera el paisaje: se debilita el ecosistema costero y se pierde la memoria viva del territorio.
Defender la zona pública costera es, por tanto, defender un espacio que nos protege, nos conecta y nos pertenece a todas y todos. Reforestar con especies nativas, respetar los usos comunes y exigir que se respete la ley no es una actitud radical: es un compromiso mínimo con la vida y con el futuro de nuestras costas.
¿Qué hacemos? Actividades económicas que respetan la zona pública costera
Frente a las múltiples formas de ocupación indebida de la franja costera, también existen experiencias que demuestran que es posible desarrollar actividades económicas sostenibles sin invadir ni privatizar lo que es público. Estas prácticas respetuosas del entorno no solo son legales, sino que refuerzan el vínculo comunitario y el valor ambiental de la zona.
A continuación, algunos ejemplos de buenas prácticas:
- Turismo responsable sin infraestructura fija en la playa
Algunos emprendimientos turísticos han optado por ofrecer servicios (clases de surf, yoga, tours guiados) que se realizan sin instalar estructuras permanentes ni delimitar espacios en la playa. Usan señalización móvil, promueven el respeto por la biodiversidad y orientan a los visitantes sobre el valor del ecosistema.
- Venta ambulante consciente
Personas vendedoras de comida, bebidas o artesanías utilizan puestos móviles, sin anclajes ni estructuras fijas, que se retiran al final del día. Esta práctica permite aprovechar la dinámica del turismo sin generar apropiación territorial ni residuos permanentes en la zona pública.
- Alquiler de bicicletas, tablas o equipos fuera de la zona pública
Emprendimientos de alquiler de equipos para actividades recreativas han instalado sus locales dentro de propiedades privadas o concesiones legales, sin extenderse sobre la franja costera. Algunas de estas iniciativas incluso ofrecen información sobre cómo cuidar el entorno mientras se usa el equipo.
- Restauración ecológica participativa
Colectivos comunitarios y negocios conscientes han impulsado procesos de reforestación con especies nativas, retirando residuos y promoviendo la educación ambiental. Estas acciones mejoran el entorno sin necesidad de ocuparlo ni modificarlo para beneficio propio.
- Educación ambiental como propuesta económica
Algunos emprendimientos ofrecen recorridos guiados o talleres educativos sobre flora costera, historia local o conservación, contribuyendo al conocimiento y al aprecio por la zona sin alterar el espacio físico ni imponer su uso.
Estas experiencias muestran que es posible generar ingresos, atraer turismo y sostener modos de vida en la costa sin apropiarse de la zona pública ni degradar su valor ecológico. La clave está en el respeto por el entorno, el cumplimiento de la normativa y una visión que entienda el bien común como una base, no como un obstáculo.
