El conversatorio Soberanía y Justicia: luchas laborales, ambientales y sociales en Panamá reunió este 14 de octubre en la Universidad de Costa Rica a voces sindicales, académicas y sociales de Panamá y Costa Rica, en una jornada que buscó tender puentes entre las resistencias populares de ambos países. El encuentro se desarrolló en el marco de una jornada de solidaridad con el sector magisterial panameño, que enfrenta despidos, persecución y criminalización tras oponerse a la reforma de la seguridad social y denunciar el avance extractivista y la injerencia extranjera en su país.
Lejos de una conversación aislada, este espacio permitió articular diagnósticos comunes sobre la ofensiva neoliberal en la región, las múltiples formas de represión estatal y el desmantelamiento progresivo de los sistemas públicos de educación, salud y seguridad social. Las y los panelistas coincidieron en que lo que ocurre en Panamá, Costa Rica y Centroamérica no son procesos separados, sino capítulos de una misma historia marcada por la concentración de la riqueza, la erosión de los derechos y la subordinación a intereses empresariales y geopolíticos.
Ideas comunes: la defensa de la vida y los derechos frente al autoritarismo
En las intervenciones se trazó un hilo claro: el modelo neoliberal no sólo precariza el trabajo, privatiza los bienes comunes y destruye los territorios; también promueve la desinformación y el miedo como mecanismos de control. Desde esa lectura compartida, la unidad entre los pueblos, sindicatos y movimientos sociales se planteó como una urgencia política y ética.
Los panelistas subrayaron que las luchas por la salud, la educación, el ambiente o las pensiones no son batallas sectoriales, sino expresiones de una defensa integral de la vida digna y de la soberanía popular frente a gobiernos autoritarios y corporaciones transnacionales.
Fernando Ábrego: “No hay democracia sin derecho a la huelga”
El secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), Fernando Ábrego, compartió un panorama preocupante: un gobierno cívico-militar que reprime, persigue y criminaliza a los dirigentes magisteriales. Explicó que la reciente huelga de 81 días fue respondida con sanciones masivas —298 docentes separados de sus puestos—, una medida que vulnera el derecho constitucional a la huelga y los convenios internacionales de la OIT.
Ábrego denunció también la entrega de la soberanía panameña mediante acuerdos con Estados Unidos, la evasión fiscal de las élites y la captura empresarial del Estado. “Nos quieren devolver a tiempos coloniales —afirmó—, pero seguiremos defendiendo la educación pública y la organización popular como pilares de la justicia social”.
Deivis Ovares: “La precarización es una estrategia política”
Desde Costa Rica, Deivis Ovares, secretario de organización de UNDECA y coordinador del Frente Nacional por la Seguridad Social, advirtió que las políticas neoliberales comparten una misma lógica de despojo: debilitar la seguridad social, criminalizar la protesta y subordinar los Estados a los intereses de las oligarquías locales y extranjeras.
Ovares destacó la importancia de fortalecer los lazos de solidaridad entre pueblos que enfrentan las mismas imposiciones económicas. “La lucha trasciende las fronteras —señaló—, porque la clase trabajadora es una sola. La unidad y la conciencia colectiva son las herramientas más poderosas frente al fascismo que avanza”.
Allen Cordero: “Aprender de las luchas, pensar desde abajo”
El sociólogo Allen Cordero propuso una lectura histórica y comparativa de las luchas sociales en Costa Rica y Panamá. Analizó cómo, desde las jornadas contra el TLC hasta las recientes huelgas, los movimientos han enfrentado la ofensiva neoliberal en oleadas. Subrayó el valor de las alianzas multisectoriales, que articulan sindicatos, campesinos, indígenas y juventudes urbanas.
Cordero insistió en la necesidad de que la universidad pública dialogue con los movimientos y salga de su “torre de marfil”, aportando pensamiento crítico a la acción colectiva. “No podemos limitarnos a observar —dijo—, debemos acompañar, investigar y aprender junto a los pueblos que resisten”.
Andrés Carranza: “Defender la institucionalidad también es cuidar la salud del pueblo”
El representante del movimiento Unidos por la Caja, Andrés Carranza, destacó que la defensa de la seguridad social no es solo un asunto administrativo, sino un tema de salud pública y justicia social. Desde su experiencia en el sector salud, recordó que el acceso al agua, la educación y la atención médica son los verdaderos indicadores de bienestar.
Carranza expresó preocupación por el debilitamiento de la institucionalidad democrática y la creciente concentración del poder en el Ejecutivo costarricense. Llamó a articular luchas desde distintos sectores y a salir de la indiferencia: “No basta con indignarse; hay que organizarse y construir alternativas”.
¿Qué entendemos por las luchas por la salud, la educación, el ambiente o las pensiones?
El conversatorio permitió también profundizar en un punto clave: comprender que estas luchas no son demandas aisladas, sino dimensiones interdependientes de un mismo conflicto civilizatorio. Luchar por la salud, la educación, el ambiente o las pensiones significa defender el derecho a una vida digna frente a un modelo que convierte los derechos en mercancías y los territorios en zonas de sacrificio.
Luchar por la salud implica exigir un sistema público fuerte, equitativo y universal, donde la atención no dependa del bolsillo ni de la lógica empresarial. Es oponerse a la privatización encubierta de la seguridad social y entender que la salud no empieza en el hospital, sino en el acceso al agua, al trabajo digno, a la alimentación y a un ambiente sano.
Luchar por la educación es defender la posibilidad de pensar críticamente, de formar ciudadanía y no mano de obra barata. Significa resistir la mercantilización del conocimiento y la censura ideológica, y sostener el carácter emancipador de la educación pública como bien común.
Luchar por el ambiente es proteger los territorios como espacios de vida y no como recursos explotables. Es reconocer la interconexión entre justicia ecológica y justicia social, denunciando las alianzas entre gobiernos y empresas que destruyen ecosistemas mientras reprimen comunidades.
Luchar por las pensiones es cuidar la vejez de quienes sostuvieron con su trabajo el bienestar colectivo, y resistir el despojo financiero que pretende convertir la seguridad social en negocio de unos pocos. Es recordar que un país que abandona a sus mayores está renunciando a su propia memoria social.
Estas dimensiones se entrelazan en una sola causa: la defensa de los bienes comunes, de la soberanía popular y del derecho a imaginar un futuro distinto. En palabras de los participantes, las luchas contemporáneas deben ser comprendidas como una sola lucha por la vida, en todas sus formas.
Una región que resiste y se reconoce
El intercambio entre Ábrego, Ovares, Cordero y Carranza dejó ver que las luchas actuales en Panamá y Costa Rica forman parte de un mismo mapa de resistencias.
Mientras en Panamá se enfrenta la represión directa de un Estado cooptado por intereses corporativos, en Costa Rica se vive un proceso más sutil de desmantelamiento institucional y captura mediática. En ambos casos, el resultado es el mismo: pérdida de derechos, debilitamiento del tejido social y avance del miedo como forma de gobierno.
Los panelistas coincidieron en que la respuesta no puede ser meramente defensiva. Propusieron recuperar el horizonte ético de la política como servicio público, reconstruir la confianza social y fortalecer la articulación regional desde los pueblos. La lucha por la soberanía no se reduce a la independencia estatal, sino que se expresa en cada acto de resistencia que defiende la vida frente al lucro.
Así, este encuentro fue también un recordatorio de que la dignidad no se delega ni se negocia: se ejerce colectivamente. La soberanía, en este sentido, es una práctica viva que nace de la organización popular, de la solidaridad concreta y de la memoria compartida entre los pueblos de nuestra América.
Un cierre necesario: la solidaridad como horizonte
El conversatorio reafirmó que la defensa de los derechos humanos y de los bienes comunes no puede limitarse por fronteras nacionales. Las luchas del magisterio panameño, del movimiento sindical costarricense o de las comunidades que defienden su territorio son parte de una misma trama regional.
En tiempos de censura, represión y desinformación, estos espacios son vitales para recuperar el sentido profundo de la palabra soberanía: no como dominio estatal, sino como capacidad colectiva para decidir sobre la vida, la justicia y el futuro común.
Esta actividad fue posible gracias a las gestiones y colaboración de DEI, Kioscos Socioambientales UCR, Morfo, SITUN, SINDEU, AFITEC, SIUNED, UTRAUTN y PT, quienes participaron en la organización del Conversatorio Soberanía y Justicia Social: Luchas laborales, ambientales y sociales en Panamá, un espacio clave para visibilizar y reflexionar sobre las distintas formas de lucha y resistencia en el país.
