La decisión del presidente Rodrigo Chaves de mantener bloqueado el proyecto de ley 25.240, indispensable para asegurar el pago de las licencias de cuido a personas cuidadoras de pacientes terminales o menores con enfermedades graves, ha dejado de ser un simple diferendo legislativo. La insistencia del Ejecutivo en no convocar el proyecto, pese a los llamados de diputaciones, mujeres cuidadoras, la DESAF, el ministro de Trabajo e incluso la Contraloría, evidencia una estrategia que produce daño y administra el sufrimiento como herramienta política. Esto es lo que varios marcos teóricos reconocen como necropolítica: la capacidad del Estado de decidir quién puede vivir en condiciones dignas y quién queda expuesto a la vulnerabilidad extrema.
A pesar de que la CCSS aprobó ₡2.700 millones para hacer frente al pago, la falta de la reforma legal —reconocida por todas las instituciones técnicas— sigue impidiendo jurídicamente la transferencia de recursos por encima del 0,5% del Fodesaf. El Presidente continúa afirmando que la ley no es necesaria, aun cuando la propia Contraloría insiste en que la legislación vigente limita el uso de esos fondos y requiere una corrección legal expresa. En este vacío deliberado, miles de familias que cuidan vidas frágiles han sido empujadas a resistir sin ingresos durante meses.
Las manifestaciones de las cuidadoras frente a Casa Presidencial durante varios días seguidos, así como su presencia en la Asamblea Legislativa, no son un gesto simbólico: son una respuesta desesperada a una omisión estatal que afecta la salud, la seguridad económica y la estabilidad emocional de quienes cuidan. Negar la urgencia, dilatar la reforma y colocar la responsabilidad en otras instituciones constituye una forma de violencia institucional sobre cuerpos ya agotados.
Frente a la reactivación temporal de los pagos gracias a la presión social y a la institucionalidad —especialmente la Sala IV y la Contraloría— no debe perderse de vista lo central: mientras el Ejecutivo mantenga la reforma detenida, la vulnerabilidad —y el riesgo de nuevos impagos— permanece abierta.
¿Qué implica que un gobierno ejerza esta capacidad de disposición sobre la vida?
Cuando un Gobierno de la República utiliza su control institucional para administrar la vulnerabilidad, negar derechos reconocidos o colocar a ciertos grupos en condiciones extremas como herramienta política, se modifica algo más profundo que una discusión legislativa: se transforma la naturaleza misma del pacto democrático.
Un gobierno que actúa con esta capacidad de disposición sobre la vida de las personas manda mensajes claros y peligrosos a la población:
1. Que los derechos pueden convertirse en favores: La no convocatoria del proyecto 25.240 demuestra que, si el Ejecutivo lo desea, derechos garantizados por ley pueden volverse inestables, sujetos al humor político del día.
2. Que la institucionalidad puede ser instrumentalizada: Cuando se descarta lo que advierten ministerios, DESAF o Contraloría, el mensaje es que la evidencia técnica importa menos que la narrativa política.
3. Que hay vidas que valen menos en la ecuación estatal: Un Estado que deja a familias sin ingresos sabe lo que hace: produce precariedad selectiva sobre quienes menos capacidad de defensa tienen.
4. Que el cuidado deja de ser un valor público: Al debilitar las licencias de cuido, el Estado comunica que la reproducción de la vida ya no es prioridad colectiva, sino un costo trasladado a los hogares.
5. Que el poder puede operar por desgaste: La dilación calculada muestra una forma de gobernar mediante agotamiento emocional y administrativo, no mediante soluciones.
6. Que el Ejecutivo concentra la decisión sobre quién puede esperar: El control de la agenda legislativa se convierte en una herramienta para definir qué vidas son urgentes y cuáles pueden posponerse.
7. Que la legalidad puede usarse sin romperla, pero vaciándola: La necropolítica no siempre se ejerce con represión abierta: también opera desde la omisión estratégica, que daña sin admitir responsabilidad.
¿Qué es la necropolítica y por qué importa aquí?
El concepto de necropolítica, desarrollado por el filósofo Achille Mbembe, describe cómo los Estados determinan quién puede vivir en condiciones dignas y quién es expuesto a la precariedad, el abandono o la muerte lenta. No se trata solo de violencia directa, sino de decisiones que configuran territorios de vida y territorios de sufrimiento.
En este caso, la necropolítica se expresa en:
-La decisión consciente de no convocar un proyecto sabiendo que sin él no se puede pagar el subsidio.
-La administración del tiempo como forma de castigo político.
-La incertidumbre y el desgaste emocional como mecanismos de disciplinamiento.
-La creación de cuerpos sacrificables: mujeres pobres, madres solas, personas cuidadoras agotadas.
Un gobierno ejerce necropolítica cuando hace de la vida un terreno de disputa y del sufrimiento un instrumento de control.
El cercamiento de los bienes comunes sociales: cuando la vida se vuelve frágil
Las licencias de cuido forman parte de los bienes comunes sociales: estructuras colectivas que sostienen la vida, el bienestar y el cuidado. No son favores ni asistencialismo; son instituciones creadas para garantizar que la sociedad no deje atrás a quienes más lo necesitan.
Bloquear el proyecto 25.240 es una forma de cercamiento de esos bienes comunes. Así como los cercamientos históricos privatizaron lo colectivo, hoy asistimos a un proceso donde los sistemas públicos de apoyo se reducen, se condicionan o se vuelven inestables, trasladando la carga a las familias.
Este cercamiento se manifiesta en:
-La restricción deliberada de un derecho ya reconocido.
-El debilitamiento de los fondos públicos que sostienen la protección social.
-El traslado de responsabilidades estatales a hogares vulnerables.
-La precarización del cuidado como actividad esencial para la vida.
Ambas dimensiones —necropolítica y cercamiento— convergen en un mismo mensaje: la vida digna deja de ser prioridad estatal y se convierte en un privilegio gestionado políticamente.
Cuando el Estado decide quién puede esperar
La Sala IV ordenó a la CCSS y al Ministerio de Trabajo reactivar y pagar de inmediato las licencias de cuido, recordando que los derechos a la salud y a la protección familiar no pueden detenerse por falta de presupuesto. En respuesta, la Caja aprobó un presupuesto extraordinario que incluye los fondos necesarios para saldar las licencias pendientes y retomar los trámites que estaban paralizados desde agosto. Además, la Sala resolvió varios amparos a favor de las personas afectadas, obligando a las instituciones a garantizar estos subsidios sin excusas ni retrasos.
