Agradecimiento y advertencia: la protección ambiental merece algo más que buenas intenciones
Es justo reconocerlo: no es común que un presidente de la República dedique tiempo en una conferencia de prensa a hablar de abejas, polinizadores y su importancia para la vida. Agradecemos que Rodrigo Chaves haya expresado preocupación por estos organismos y haya anunciado la prohibición del fipronil como un paso para protegerlos. En un país donde muchas veces el ambiente aparece solo como un tema accesorio, estas palabras importan.
Sin embargo, al igual que sucede con la economía —a la que el propio presidente suele aludir como un sistema complejo lleno de variables— la protección ambiental también exige comprender sus múltiples dimensiones. No se trata simplemente de eliminar un químico para dar por resuelto un problema: la crisis de las abejas, la contaminación de suelos y aguas, la exposición de comunidades rurales y la pérdida de biodiversidad responden a dinámicas mucho más amplias, estructurales y profundas.
Por eso, si bien celebramos cualquier decisión que contribuya a reducir riesgos, es necesario recordar que los desafíos ambientales no pueden abordarse con explicaciones lineales ni soluciones aisladas. La ecología —igual que la economía— nos muestra que los sistemas son interdependientes, que los problemas se entrelazan, y que las decisiones que se toman en un punto del territorio producen efectos en muchos otros.
Esta nota busca justamente abrir esa discusión: reconocer el gesto, pero también poner en evidencia la complejidad que no puede quedar fuera del debate público.
Pueden descargar el decreto aquí. Fue publicado en la Gaceta 152 N 223 del 26 de noviembre del 2025
Un gesto importante, sin una visión estructural
Durante la conferencia de prensa del 3 de diciembre, el presidente Rodrigo Chaves afirmó que su gobierno prohibió el fipronil, “responsable de la mayoría de muertes de abejas”, presentando la medida como un avance histórico para la protección de los polinizadores. La narrativa fue directa: fipronil = mueren las abejas; prohibición = protección garantizada.
Sin embargo, esta explicación lineal oculta una realidad más compleja. El uso de agroquímicos en Costa Rica —en especial en zonas agrícolas intensivas— no se caracteriza por la presencia de una única molécula peligrosa, sino por mezclas simultáneas de insecticidas, herbicidas y fungicidas, aplicados en repetidas ocasiones durante el año. Estas combinaciones, conocidas como “cocteles agroquímicos”, generan efectos acumulativos, sinérgicos y en muchos casos poco estudiados sobre las abejas, la biodiversidad y la salud humana.
En este contexto, la prohibición del fipronil es relevante, pero no transforma el modelo que ha producido la crisis de polinizadores en el país.
Más allá del fipronil: el problema son los cocteles, no solo un ingrediente “malo”
La lógica causa-efecto simplificada (prohibir un químico = resolver el daño) es políticamente útil, pero científicamente insuficiente. En campo, las abejas no encuentran sustancias aisladas: encuentran un paisaje químico.
Factores críticos que quedan fuera del discurso oficial:
-La exposición simultánea a múltiples moléculas, incluso a niveles subletales, afecta la orientación, la reproducción, el sistema inmune y la capacidad de forrajeo de las abejas.
-Los fungicidas, que suelen considerarse “menos riesgosos”, pueden potenciar la toxicidad de insecticidas al mezclarse en las plantas, el agua o el polen.
-Los herbicidas reducen la flora disponible, limitando el alimento de polinizadores y debilitando sus ciclos.
-Las abejas también enfrentan la degradación del hábitat, la fragmentación de ecosistemas y la exposición constante a aplicaciones terrestres y aéreas.
Decir que “ahora las abejas están protegidas” por prohibir una molécula simplifica un fenómeno estructural y genera la ilusión de que el modelo agroindustrial puede seguir intacto si elimina sus sustancias “más tóxicas”.
El Decreto 45310 y la tensión entre discurso y política pública
Mientras el presidente celebraba la prohibición del fipronil como un acto de protección ambiental, su gobierno publicó simultáneamente el Decreto Ejecutivo N.° 45310, un reglamento que reorganiza las condiciones para las aplicaciones terrestres de agroquímicos en Costa Rica. Aunque el texto normativo hace referencia al derecho constitucional a un ambiente sano, su enfoque operativo y técnico no se orienta hacia la reducción del uso de sustancias químicas, sino hacia la optimización y modernización de los mecanismos para aplicarlas.
Esto genera un contraste evidente entre el discurso de “protección de las abejas” y las reglas que efectivamente moldean el modelo agrícola del país. Entre los puntos más relevantes:
-El decreto no menciona a las abejas ni a los polinizadores, ni establece distancias de protección, zonas de resguardo o medidas específicas para evitar su contaminación o exposición a químicas sistémicas.
-Las áreas de protección se reducen a entre 1 y 5 metros, incluso en cultivos altos o zonas colindantes con viviendas, escuelas o espacios comunitarios. Estas distancias, basadas en cálculos de deriva bajo condiciones ideales, no contemplan lluvias, pendientes, vientos variables ni acumulación química en el tiempo.
-Los drones pasan a considerarse equipos terrestres, lo cual permite ampliar la intensidad y regularidad de las aplicaciones sin los controles más estrictos que tradicionalmente se exigían a la aspersión aérea.
-El decreto se fundamenta en la lógica de que “si se aplica bien, no hay riesgo”, apoyándose en modelos técnicos de precisión que no abordan los efectos acumulativos ni la sinergia entre múltiples moléculas.
-No incorpora criterios ecológicos adicionales que protejan cuerpos de agua, corredores biológicos o zonas de alta fragilidad ambiental, a pesar de que estos espacios ya enfrentan presiones históricas por el uso intensivo de químicos en monocultivos.
Así, mientras el discurso presidencial se orienta a producir un efecto simbólico —el gobierno “defiende a las abejas”— la política regulatoria avanza hacia una simplificación y agilización del modelo químico-productivo. El resultado es una apertura para aumentar la capacidad de aplicación sin cambiar las bases del sistema que genera los riesgos. La tensión entre ambas dimensiones no es menor: revela una estrategia comunicativa que destaca acciones puntuales mientras los cambios estructurales se mueven en dirección contraria.
¿Qué está realmente en juego?
El centro de la discusión no es únicamente el fipronil ni la presencia de una molécula específica en los sistemas productivos. Lo que se debate de fondo es el modelo agrícola que Costa Rica ha consolidado durante décadas, basado en monocultivos extensivos, dependencia de insumos químicos y una lógica de producción orientada a la exportación.
Los siguientes elementos ayudan a comprender la magnitud del desafío:
-Monocultivos intensivos: sectores como la piña, el banano, el café y diversos productos hortícolas operan bajo esquemas de repetidas aplicaciones químicas para sostener rendimientos. Estas prácticas han generado impactos acumulativos en suelos, fuentes de agua y biodiversidad, especialmente en territorios del Caribe y la Zona Norte.
-Altas cargas de agroquímicos: Costa Rica se ha ubicado durante años como uno de los países de mayor consumo por hectárea en el mundo, lo que refleja no solo condiciones agroclimáticas sino también la estructura industrial y comercial del país.
-Ecosistemas fragmentados: la pérdida de hábitat, la expansión agrícola y la reducción de áreas naturales crean condiciones que vuelven a los polinizadores más vulnerables a cualquier estrés químico adicional.
-Comunidades expuestas: personas trabajadoras agrícolas, familias vecinas a plantaciones y centros educativos rurales viven en territorios donde la deriva química y las aplicaciones continuas forman parte de la cotidianidad.
-Dependencia económica del agronegocio: el país ha colocado su competitividad agrícola por encima del principio precautorio, lo que hace difícil implementar transiciones hacia modelos menos dependientes de agroquímicos.
En este contexto, la prohibición de una molécula específica tiene efectos reales, pero no transforma las condiciones estructurales que generan riesgo, contaminación y pérdida de biodiversidad. Más aún, puede contribuir a una narrativa donde pequeñas acciones se presentan como grandes soluciones, sin tocar las bases del modelo.
Costa Rica necesita una discusión más honesta y profunda sobre el rumbo del sector agrícola y la relación entre productividad, salud y bienes comunes. Esto implica ir más allá de la sustitución de moléculas peligrosas e incorporar debates sobre:
-reducción gradual y sostenida del uso de plaguicidas;
-fortalecimiento de la agroecología y la soberanía alimentaria;
-criterios ecológicos robustos para zonas de amortiguamiento y corredores biológicos;
-regulación efectiva de mezclas y cocteles químicos;
-y participación real de comunidades y territorios afectados en la toma de decisiones.
En síntesis, las abejas no son víctimas aisladas de un solo químico, sino de un sistema que combina sustancias, presiones territoriales y decisiones políticas que amplifican su vulnerabilidad. Protegerlas implica transformar ese sistema, no solo eliminar ingredientes activos individuales.
Cómo leer esta tabla y por qué importa
Para cerrar el análisis del Decreto 45310, es útil detenerse en las tensiones estructurales que atraviesan la regulación del uso de agroquímicos en Costa Rica. La siguiente tabla ofrece una lectura crítica que condensa los principales elementos discutidos en la nota: el peso de la competitividad, la influencia del agronegocio, la despolitización del riesgo, la exposición desigual de comunidades y el impacto en los bienes comunes.
No busca repetir lo dicho, sino organizar las ideas clave para facilitar su comprensión, permitir comparaciones y abrir preguntas sobre el modelo agrícola que el país sigue reproduciendo. Es una herramienta para mirar el decreto no solo como un texto técnico, sino como el reflejo de decisiones políticas que afectan territorios, ecosistemas y formas de vida.
| Eje de análisis | Qué muestra el decreto | Lectura crítica desde ecología política y bienes comunes |
|---|---|---|
| 1. Competitividad como criterio central | La protección ambiental queda condicionada a “no obstaculizar la competitividad”. | La salud y el ambiente se subordinan al rendimiento agroexportador. Se prioriza la viabilidad del agronegocio, no el principio precautorio. |
| 2. Influencia del lobby agroindustrial | Flexibiliza distancias, incorpora drones y agiliza aplicaciones. | Sectores bananeros y piñeros han impulsado históricamente regulaciones más permisivas; el decreto consolida esa agenda. |
| 3. Modelo extractivo-exportador | Reproduce un esquema agrícola dependiente de insumos químicos. | El decreto no discute cómo reducir el uso de tóxicos; moderniza la infraestructura para seguir aplicándolos. |
| 4. Agroquímicos como “tecnología inevitable” | Enfatiza la precisión técnica como solución (equipos, condiciones, calibración). | Reafirma el paradigma químico-productivista: el problema no son los tóxicos, sino cómo se aplican. No abre espacio para agroecología. |
| 5. Despolitización del riesgo | Sustenta la norma en modelos técnicos, cálculos y estándares internacionales. | El riesgo se presenta como asunto técnico, no de justicia ambiental. Se ocultan las desigualdades territoriales. |
| 6. Invisibilización de los procesos acumulativos | Regula eventos puntuales (una aplicación, una distancia, una condición). | Las crisis ambientales responden a acumulación, sinergias químicas y exposición continua: nada de esto está contemplado. |
| 7. Afectación de bienes comunes | No incluye medidas diferenciadas para agua, suelos o biodiversidad. | El agua, el suelo y los polinizadores quedan desprotegidos. Se nombran como “recursos”, no como bienes comunes. |
| 8. Exposición desigual de comunidades | Distancias mínimas (1–5 m), sin participación comunitaria en el diseño. | Poblaciones rurales absorben los impactos sin voz en la regulación. Se reproduce la inequidad territorial. |
| 9. Falta de horizonte de transición | Normativa centrada en eficiencia operativa. | No plantea caminos hacia modelos que reduzcan agroquímicos; se limita a hacer más eficiente su uso. |
| 10. Preguntas estructurales abiertas | La norma no aborda el modelo agrícola a largo plazo. | El país debe discutir qué agricultura quiere: ¿más intensificación química o transiciones agroecológicas reales? |
