Para el año 2023 se ha llegado a acumular 380 litigios en la región, esto representa una importante ofensiva de los sectores inversionistas, que genera una presión sobre los Estados, y en particular sobre las estructuras políticas e institucionales de nuestros países.
Estos procesos han implicado reformas legales e institucionales, que han venido ha favorecer la tendencia de la «promoción» de la inversión extranjera, esto ha representando una desregulación de los marcos normativos, y una política púiblica en favor del inversionista, y en detrimento de los sectores sociales y productivos de los países receptores de estos flujos de inversión.
En este marco de promoción, se han impulsado la firma de cientos de tratados internacionales que protegen a la inversión extranjera y otorgan a los inversionistas derechos sin precedentes, dentro de estos procesos, se ha normalizado la demanda a los Estados ante tribunales internacionales, este procedimiento aparantemente «normal», ha sido poco estudiado, dado que sin duda, ha representado importantes costes monetarios, sociales y políticos.
Por esta razón, seguimos reflexionando sobre el estado actual de estos procesos de litigio, para invitar a su reflexión e implicaciones para nuestras sociedades.
Para más información, les invitamos también ver nuestra publicación «Inversiones y arbitrajes en América Latina y el Caribe: Trayectos de los extractivismos financieros».
Para profundizar las dimensiones de estos procesos, pueden leer el documento «Costos y beneficios de los tratados de inversión» de Columbia Center on Sustainable Investmen.
