El pasado mes de julio se publicó por parte de Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas el Informe del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos realizado por Marcos Orellana, y el cual se tituló «El derecho a la ciencia en el contexto de las sustancias tóxicas». Pueden descargar el informe completo aquí.
Este documento nos propone reflexionar sobre una situación que junto a la crisis climática, está marcando nuestra época, el aumento de las actividades industriales en diversos ámbitos alimentarios, construcción, agroindustria, transporte, minería, entre otros campos, ha traído consigo repercusiones sensibles sobre nuestro bienestar como seres humanos, pero también sobre nuestros ecosistemas.
Parte de este documento, nos expone algunas de las malas prácticas que utilizan diversos actores para retrasar o impedir la prohibición de las sustancia tóxicas, mismas que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana a través de los medios de comunicación, tales como la aparente toma de medidas por parte de actores reguladores, pero sin responsabilidades vinculantes o la manipulación de información sobre los efectos de determinada sustancia, ya sea ocultando resultados o presentando conclusiones parciales.
Les compartimos esta infografía que nos presenta algunas de estas prácticas utilizadas con el fin de entorpecer la prohibición de estas sustancias tóxicas.
