Tras meses de organización, análisis técnico y presión ciudadana, la comunidad de Salamá celebra un triunfo significativo en defensa de su territorio. El Concejo Municipal de Osa declaró como «inconveniente para los intereses del cantón» el proyecto privado de relleno sanitario y planta de generación eléctrica promovido por la empresa Nova Tierra C.R. S.R.L (MOCIÓN-AM-012-2025-2028).
Este resultado no se dio en el vacío. Fue el fruto de un proceso amplio de incidencia política comunitaria, donde vecinas y vecinos, acompañados por organizaciones como el Proyecto Paso de la Danta y diversas instituciones públicas, documentaron y expusieron los vicios legales y riesgos ambientales del proyecto. Entre los hallazgos más relevantes se identificaron nacientes y quebradas no contempladas en los estudios iniciales, lo cual hizo inviable el desarrollo del relleno sanitario en el sitio propuesto.
Es importante recordar como un momento clave en el proceso de defensa territorial la intervención del diputado Ariel Robles, quien solicitó formalmente a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) la anulación de la viabilidad ambiental del proyecto, argumentando, entre otros puntos, que la normativa prohíbe el vertido de aguas residuales en áreas silvestres protegidas como el Humedal Nacional Térraba-Sierpe. Esta acción fue decisiva para que el proceso se encauzara hacia la reciente declaratoria de inviabilidad emitida por el Concejo Municipal.
Riesgos ambientales y sociales: ¿por qué era tan grave este proyecto?
El proyecto pretendía instalarse en una región de alto valor ecológico y social, entre los corredores biológicos Fila Cruces y Osa, en un área que abarca más de 60 hectáreas. Se estimaba que recibiría 3,000 toneladas diarias de basura, una carga ambiental desproporcionada para la capacidad del ecosistema.
Uno de los principales peligros identificados era la generación de lixiviados, líquidos altamente contaminantes que resultan del contacto del agua con los residuos sólidos. Estos lixiviados podrían infiltrarse en el suelo y contaminar acuíferos y nacientes que abastecen a comunidades como Finca Puntarenas y Salamá, donde muchas familias dependen de pozos artesanales y ríos para su consumo diario.
Además del riesgo al agua, se señalaban posibles alteraciones al flujo hídrico natural, pérdida de biodiversidad, afectación a humedales cercanos como el Térraba-Sierpe, y conflictos socioambientales derivados del aumento en el tráfico pesado, olores desagradables y el cambio abrupto en el uso del suelo. En una región caracterizada por su fragilidad ecológica y riqueza biocultural, estos impactos habrían sido devastadores
¿Qué significa la decisión del Concejo?
La declaración de “inconveniencia” del proyecto por parte del Concejo Municipal no implica automáticamente su cancelación definitiva, ya que existen trámites que dependen de entidades nacionales como SETENA, MINAE o la Dirección de Aguas. Sin embargo, la decisión del gobierno local tiene un peso político y técnico relevante, ya que puede bloquear permisos esenciales como:
- El uso del suelo municipal.
- Las licencias de construcción.
- La patente comercial.
En la práctica, sin estos avales municipales, el avance del proyecto se vuelve extremadamente difícil, especialmente cuando ya existe una resolución de inviabilidad técnica y ambiental sustentada en evidencia.
Participación ciudadana: la clave para revertir el rumbo
Durante tres sesiones mesas de trabajo —dos facilitadas por el Alcalde Minor Anchía y la última por la Vicealcaldesa Aura Fórester y con participación de actores como SETENA, la Fiscalía Ambiental y MINAE— la comunidad logró posicionar sus conocimientos, preocupaciones y propuestas. El esfuerzo colectivo y la persistencia organizada fueron determinantes para que el municipio reconociera la legitimidad de la oposición vecinal.
En el documento oficial aprobado en mayo de 2025, el Concejo no solo rechaza el proyecto privado, sino que instruye a la Alcaldía a desarrollar una propuesta pública de gestión de residuos sólidos, elaborada desde la institucionalidad local y con participación ciudadana. Este nuevo enfoque será trabajado en los seis distritos del cantón con el apoyo de síndicos y comunidades organizadas.
Un precedente para el futuro
Este caso marca un hito en la defensa del bien común en Osa. La comunidad no solo frenó una iniciativa riesgosa, sino que obligó a las autoridades a repensar un modelo más sostenible, democrático y transparente de gestión de residuos. El proceso también pone en evidencia el valor de las alianzas entre poblaciones locales, ONGs, académicos y funcionarios públicos comprometidos con el respeto a la legalidad ambiental.
Desde Salamá, se envía un mensaje claro: la participación ciudadana informada y organizada tiene el poder de incidir en las decisiones políticas, especialmente cuando están en juego la salud ambiental, el acceso al agua y el futuro de las comunidades rurales.
