Costa Rica continúa proyectándose internacionalmente como un país verde, democrático y comprometido con la sostenibilidad. Sin embargo, los datos más recientes muestran una realidad distinta y profundamente preocupante: el país experimenta un aumento sostenido en los mercados criminales y en la presencia de actores ilícitos vinculados a actividades que depredan la naturaleza. Este deterioro ocurre en paralelo a un debilitamiento de capacidades institucionales y a un incremento de riesgos para las comunidades que defienden sus territorios.
En este escenario, los bienes comunes naturales —bosques, ríos, mares, suelos y biodiversidad— se ven cada vez más disputados por redes criminales, intereses económicos irregulares y comunidades que intentan proteger su entorno y su forma de vida. Las tensiones ambientales ya no deben entenderse únicamente como conflictos puntuales, sino como parte de una transformación estructural que afecta la gobernanza ecológica, la seguridad y la democracia del país.
A continuación se desarrollan las principales tendencias identificadas y, luego, se analizan sus implicaciones para los bienes comunes y para las personas defensoras que los protegen.
Tendencias socioambientales en Costa Rica (2025)
El diagnóstico revela cinco procesos clave que, lejos de ser coyunturales, se consolidan como tendencias críticas para comprender la situación ambiental y territorial del país.
Crecimiento sostenido de la tala ilegal y del tráfico de flora
La tala ilegal persiste como la principal denuncia ambiental en buena parte del territorio nacional. La extracción ilícita de especies de alto valor —como cocobolo y chilamate— se orienta a mercados internacionales y se sostiene mediante redes que operan con la implicación o la tolerancia de agentes públicos encargados de la fiscalización forestal.
Más allá de la pérdida arbórea inmediata, este proceso fragmenta hábitats, debilita corredores biológicos y presiona territorios indígenas y zonas de recarga hídrica que sostienen servicios ecosistémicos fundamentales para comunidades locales.
Aumento del tráfico de fauna silvestre
El tráfico de fauna convierte a Costa Rica en un punto de origen relevante para la extracción ilícita de anfibios, aves, mariposas, tortugas y tiburones con destino a mercados en América del Norte y Europa. Las redes criminales sofisticadas se apoyan en plataformas digitales y, en ciertos casos, en nexos con estructuras del narcotráfico para evadir controles.
El impacto ecológico es severo: reducción de poblaciones de especies vulnerables, alteración de cadenas tróficas y socavamiento de décadas de esfuerzos de conservación liderados por comunidades y organizaciones locales.
Expansión de la minería ilegal y contaminación por mercurio
La minería ilícita —con antecedentes notorios en zonas como Crucitas— se extiende hacia nuevas áreas, creando focos de degradación ambiental caracterizados por deforestación, erosión, sedimentación y contaminación por mercurio. Estas prácticas suelen asentarse en contextos de explotación laboral de poblaciones migrantes y se desarrollan al margen de controles estatales efectivos.
Los territorios afectados por la minería ilegal se transforman así en enclaves de precariedad socioeconómica, violencia y daño ecológico difícil de revertir.
Puertos, fronteras y mares como zonas críticas del crimen ambiental
La posición estratégica de Costa Rica —fronteras terrestres y accesos marítimos al Caribe y al Pacífico— convierte determinadas zonas en corredores para múltiples actividades ilícitas: tráfico de fauna y flora, contrabando, narcotráfico y rutas migratorias informales. Estas áreas concentran riesgos elevados y concentran tensiones entre intereses económicos, criminales y comunitarios.
Cuando el control estatal es débil, las comunidades costeras, pesqueras e indígenas ven erosionada su capacidad para gestionar y proteger sus recursos.
Debilitamiento de la capacidad estatal para la gestión ambiental
Aunque el país cuenta con marcos legales avanzados, existen problemas persistentes: insuficiente financiamiento para fiscalización, tensiones interinstitucionales, presiones por flexibilizar controles ambientales y limitaciones en la respuesta judicial. En conjunto, estas deficiencias reducen la capacidad preventiva y reactiva del Estado frente a delitos ambientales.
La pérdida de presencia estatal en territorios clave crea vacíos que facilitan la expansión de actividades ilícitas y deja a las comunidades en una situación de mayor vulnerabilidad.
Tendencias clave del deterioro ambiental y territorial (2025)
| Tendencia | Descripción | Impacto socioambiental |
|---|---|---|
| Tala ilegal y tráfico de madera | Extracción ilícita de especies de alto valor para mercados internacionales. | Pérdida forestal, fragmentación de hábitats, afectación de servicios ecosistémicos. |
| Tráfico de fauna | Comercio de anfibios, aves, mariposas, tortugas y tiburones mediante redes criminales. | Reducción de poblaciones, riesgo para especies vulnerables, disrupción ecológica. |
| Minería ilegal | Expansión de operaciones auríferas informales con uso de mercurio y efectos contaminantes. | Contaminación hídrica, deforestación, erosión y impactos en salud comunitaria. |
| Criminalidad en puertos y fronteras | Corredores logísticos que facilitan múltiples economías ilícitas. | Aumento de violencia, presión sobre comunidades costeras y fronterizas. |
| Captura institucional | Implicación o tolerancia de funcionarios que facilitan actividades irregulares. | Erosión de la gobernanza y menor efectividad en la fiscalización. |
| Débil fiscalización estatal | Falta de recursos y coordinación para implementar controles y sanciones. | Incapacidad de respuesta ante delitos ambientales y proliferación delictiva. |
| Riesgos para comunidades e indígenas | Expansión de economías ilícitas en territorios vulnerables. | Amenazas, desplazamientos, pérdida de autonomía y derechos territoriales. |
Implicaciones para los bienes comunes naturales
Las tendencias descritas configuran una disputa profunda sobre quién controla y se beneficia de los recursos naturales del país. Más que delitos aislados, estamos ante una reconfiguración del acceso y la gobernanza de los bienes comunes.
Privatización de facto de territorios y recursos: La ocupación por redes criminales implica la conversión de bosques, ríos, minas y mares en activos económicos explotados sin rendición de cuentas. En la práctica, esto equivale a una privatización violenta de bienes que deberían gestionarse de manera colectiva.
Debilitamiento de las formas comunitarias de gestión: Comunidades indígenas, rurales y costeras, que históricamente han sido guardianas de territorios y prácticas sostenibles, ven amenazada su capacidad de decisión y gestión. La presencia criminal y la limitada protección estatal reducen su margen de acción y comprometen medios de vida.
Colapso institucional en áreas estratégicas: La penetración de corrupción y la falta de recursos en organismos de fiscalización, administración municipal y sistemas judiciales generan vacíos de autoridad. Esos vacíos permiten que la destrucción ecológica y la explotación ilegal avancen con impunidad.
Integración del crimen ambiental con otras economías ilícitas: La tala, la minería y el tráfico de fauna no operan aisladamente: se articulan con narcotráfico, contrabando y lavado de activos. Esta integración transforma territorios frágiles en nodos multifuncionales del crimen organizado y multiplica la complejidad de cualquier respuesta pública.
Riesgos y desafíos para las personas defensoras ambientales
El deterioro ambiental y la captura territorial tienen consecuencias directas para la seguridad y el trabajo de quienes defienden los bienes comunes.
Presencia de grupos armados y redes transnacionales: La competencia por recursos estratégicos atrae actores con capacidades violentas y vínculos internacionales, que consideran a defensores y liderazgos comunitarios como obstáculos a eliminar.
Corrupción y captura institucional: Cuando las instancias encargadas de recibir y procesar denuncias están permeadas por actores con intereses en lo ilegal, las vías de respuesta se cierran y las denuncias se vuelven peligrosas para quienes las presentan.
Normalización de la violencia: El crecimiento de economías ilícitas trae consigo amenazas, hostigamientos y agresiones. Los mecanismos de protección existentes enfrentan saturación y restricciones presupuestarias, lo que limita la protección efectiva de personas en riesgo.
Estigmatización y criminalización de defensores: Narrativas que presentan a los defensores como obstáculos al “desarrollo” o como generadores de conflicto erosionan el respaldo social que podría protegerlos y facilitan su persecución o aislamiento.
Desigualdad territorial: Las áreas más afectadas coinciden con territorios históricamente marginados (fronteras, Caribe, territorios indígenas), donde la ausencia estatal y la precariedad estructural aumentan la exposición a riesgos múltiples.
Un momento decisivo para la defensa de los bienes comunes
Costa Rica se encuentra en un punto de inflexión. Aun cuando mantiene una imagen internacional de liderazgo ambiental, el avance del crimen organizado sobre recursos naturales y el debilitamiento de la gobernanza muestran que la protección de los bienes comunes requiere medidas urgentes y profundas.
Para responder a este desafío es imprescindible: fortalecer la fiscalización ambiental, garantizar protección efectiva y preventiva para las personas defensoras, transparentar procesos de permisos y concesiones, mejorar la coordinación interinstitucional, y garantizar la participación real de comunidades rurales, indígenas y costeras en la gestión de sus territorios. Sin estas medidas, el vacío dejado por el Estado será ocupado por intereses que ponen en riesgo tanto los ecosistemas como la cohesión social y la democracia.
Referencia
OCINDEX. (2025). Global Organized Crime Index: Costa Rica (Country profile 2025). OCINDEX.
Imágenes de carácter ilustrativo.
