Por Colectivo Antonio Saldaña
Colaboración especial para el Observatorio de Bienes Comunes
A pesar de los múltiples marcos normativos nacionales e internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades originarias de Talamanca continúan enfrentando condiciones inaceptables en el acceso a la salud. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se convierte día a día en un camino de sufrimiento, desprotección y maltrato institucional.
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica, establece que los servicios de salud para los pueblos indígenas deben tomar en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. Sin embargo, en la práctica, estas condiciones son ignoradas sistemáticamente.
Imagen: Estas son las condiciones de las vías de comunicación utilizadas para salir y llegar a los puestos de salud, lo cual influye directamente en el acceso a los servicios médicos, especialmente en situaciones de emergencia.
Un sistema que margina
En los territorios indígenas de Talamanca, muchas personas deben recorrer hasta 8 kilómetros o más para llegar al EBAIS más cercano. Sin embargo, estos centros de atención no cuentan con servicios especializados como pediatría, ginecología ni equipos de rayos X. En casos más complejos, las personas deben trasladarse al hospital de Valle La Estrella o al hospital Tony Facio en Limón, lo que representa distancias de más de 80 o 100 km. En escenarios aún más graves, el traslado se extiende hasta los hospitales centrales en San José, con todos los costos, tiempos y dificultades que esto implica. Esta situación obliga a realizar múltiples viajes para tratar un solo padecimiento, lo cual vulnera profundamente el derecho a la salud de estas comunidades.
La situación se agrava porque muchos EBAIS no cuentan con ambulancias y, en casos de emergencia, el traslado puede tomar horas. Durante este tiempo, las personas indígenas sufren dolor, angustia y, muchas veces, la indiferencia del personal de salud.
Deshumanización institucional
Uno de los aspectos más dolorosos señalados por el Colectivo Antonio Saldaña es el trato deshumanizante que muchas veces reciben por parte del personal médico, especialmente en el hospital de Limón. A pesar de su formación profesional, señalan que la sensibilidad humana brilla por su ausencia. La pérdida de una cita puede dar pie a gritos y humillaciones, mientras que el sufrimiento en urgencias se enfrenta con indiferencia, largas esperas y desatención.
Un sistema que no comprende ni respeta
Además del abandono físico, existe una violencia burocrática e institucional. El sistema SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado) descalifica a muchas familias indígenas del acceso a programas sociales, al compararlas con estándares económicos ajenos a su realidad de subsistencia. Esto ocurre sin transparencia ni criterios adecuados.
Por otro lado, la medicina tradicional indígena no es reconocida por el sistema de salud nacional, lo cual representa una forma de colonialismo institucional que invalida saberes ancestrales fundamentales para estas comunidades.
El CONASPI y la promesa incumplida
El Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASPI) fue creado por decreto para articular y garantizar un enfoque intercultural en salud. Sin embargo, su inacción ha llevado a que las comunidades lo describen como “un decreto que duerme el sueño de los justos”, sin impacto real.
Anécdotas que duelen
El pasado 1 de mayo de 2025, un niño indígena de 13 años sufrió un accidente en motocicleta mientras era acompañado por un adulto. Sin embargo, el informe oficial indicaba que el menor conducía solo una “bicimoto”, lo que provocó la intervención de instituciones como el PANI, que lejos de proteger, actúan con base en prejuicios y suposiciones fuera de contexto. El caso fue usado, según denuncia el colectivo, para humillar a la familia del menor en lugar de apoyarla.
Un llamado urgente
El artículo 24.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas deben tener acceso sin discriminación a todos los servicios sociales y de salud. Lo que se vive en Talamanca es una violación sistemática de estos principios.
Desde el Colectivo Antonio Saldaña alzamos la voz por nuestros pueblos. Exigimos una transformación profunda del sistema de salud y de las instituciones del Estado, para que reconozcan la dignidad, la diversidad cultural y los derechos humanos de las comunidades indígenas.
Compromisos del Estado costarricense con el derecho a la salud
Costa Rica ha asumido múltiples compromisos nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Estos compromisos obligan al Estado a asegurar que todas las personas, sin discriminación, puedan acceder a servicios de salud adecuados, oportunos y culturalmente pertinentes.
Constitución Política de Costa Rica
El artículo 21 establece que la vida humana es inviolable, y el artículo 50 señala que es deber del Estado procurar el mayor bienestar de todos los habitantes mediante la organización y estímulo de la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como la protección de la salud como parte de ese bienestar.
Ley General de Salud (N.º 5395)
Esta ley declara que la salud es un bien de interés público, y establece la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones sanitarias adecuadas y en organizar un sistema nacional de salud accesible para toda la población.
Convenio 169 de la OIT
Ratificado por Costa Rica en 1993, este tratado internacional establece que los gobiernos deben garantizar a los pueblos indígenas el acceso a servicios de salud que consideren sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, e integren adecuadamente sus conocimientos y prácticas tradicionales.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Costa Rica ha respaldado esta declaración, cuyo artículo 24 reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, así como a acceder, sin discriminación, a todos los servicios sociales y de salud disponibles.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
Como Estado parte de este pacto, Costa Rica reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y se compromete a tomar medidas concretas para lograr progresivamente su plena realización.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
En particular, el ODS 3: Salud y bienestar, compromete a Costa Rica a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, prestando especial atención a grupos en condición de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas.
Racismo, colonialidad y discriminación: las raíces profundas del abandono
La situación que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca no es solo una crisis de acceso a servicios médicos: es la expresión de una histórica estructura de exclusión y racismo institucional que persiste en Costa Rica, a pesar del discurso oficial de paz, democracia y respeto a los derechos humanos.
Los patrones de desatención que sufren las comunidades indígenas están marcados por una lógica de colonialidad del poder, en la que el conocimiento, las formas de vida y los derechos de los pueblos originarios son subordinados o invalidados por sistemas construidos desde y para una cultura dominante. Esta colonialidad no se expresa únicamente en la omisión de servicios médicos, sino en el desconocimiento sistemático de la medicina tradicional, en la imposición de criterios burocráticos ajenos a sus realidades, y en la falta de formación intercultural del personal médico y administrativo.
El racismo estructural se evidencia cuando el sistema de salud no adapta sus servicios ni sus prácticas a las condiciones territoriales, económicas y culturales de los pueblos indígenas, sino que los obliga a desplazarse largas distancias, a esperar en condiciones inhumanas, y a ser juzgados o humillados por profesionales que actúan desde el prejuicio y la indiferencia.
Asimismo, los mecanismos de control y vigilancia institucional —como SINIRUBE o el accionar del PANI— terminan reforzando estereotipos coloniales que criminalizan o culpabilizan a las familias indígenas por su pobreza o por vivir fuera de los parámetros urbanos del “ciudadano ideal”. Estas formas de discriminación no son errores aislados; son parte de un sistema que sigue tratando a las poblaciones indígenas como sujetos de segunda categoría.
La salud, entendida como un derecho humano integral, solo será posible cuando el Estado reconozca y repare estas desigualdades históricas, y se comprometa con una verdadera descolonización institucional. Esto implica no solo políticas inclusivas, sino un cambio profundo en la ética pública, la formación profesional y la voluntad política, para garantizar el respeto, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos originarios.
Una voz que resiste: el papel del Colectivo Antonio Saldaña en la defensa de la dignidad indígena
La labor del Colectivo Antonio Saldaña ha sido fundamental para visibilizar las múltiples formas de discriminación, abandono y violencia institucional que enfrentan los pueblos indígenas de Talamanca. A través de la denuncia pública, la documentación de casos y la incidencia política, el colectivo ha contribuido a generar conciencia crítica sobre la urgencia de transformar un sistema que sigue reproduciendo prácticas coloniales. Su trabajo no solo pone en evidencia las fallas estructurales del Estado, sino que también reafirma el derecho de las comunidades a ser escuchadas, respetadas y reconocidas en su dignidad y saberes propios. En un contexto donde el silencio perpetúa la injusticia, la voz del Colectivo Antonio Saldaña es un acto de resistencia y esperanza.
