Una historia que solo existe en la imaginación
Esta es una historia ficticia. No ocurre en Costa Rica —un país donde todas las voces son escuchadas, nadie recibe embargos por opinar y las grandes empresas jamás usarían su poder para disciplinar a quienes critican. Si usted encuentra coincidencias con la realidad, es culpa de su imaginación, que insiste en ver patrones donde no los hay.
El expediente #6548793
En esta historia, el Proyecto Innombrable, ese que ocupa varias fincas públicas en cierta playa cuyo nombre ya no podemos decir, decidió dar por concluido su enfrentamiento judicial con un par de comunicadores que osaron mencionarlo en redes sociales. ¿Cómo terminó el conflicto? Con un “acuerdo de conciliación” que, según se dijo, fue fruto del diálogo responsable y del respeto mutuo.
El expediente #6548793 se cerró con un comunicado donde los comunicadores reconocieron que parte de la información compartida provenía de terceros o de búsquedas no verificadas. A cambio, la empresa reiteró que su megaproyecto sigue adelante “bajo estricto cumplimiento de la normativa ambiental y en beneficio de las comunidades”. Todos sonrientes para la foto, todos de acuerdo en que la libertad de expresión es fundamental, siempre que se ejerza con responsabilidad.
La paradoja es que este “diálogo” no empezó con una mesa redonda ni con una invitación a conversar. Empezó con una demanda, la amenaza de un embargo y la posibilidad real de perder los recursos para vivir. En esas condiciones, cualquier “consenso” se parece más a una negociación con la espada sobre la cabeza que a un verdadero ejercicio democrático.
Así, el Innombrable enseña una lección curiosa: que el silencio o la rectificación se pueden conseguir sin necesidad de ganar un juicio. Basta con recordar a las personas defensoras ambientales lo vulnerables que son cuando enfrente tienen a un adversario con muchos ceros en su cuenta.
El caso #6548793 —imaginario, por supuesto— deja planteada la pregunta incómoda: ¿qué significa diálogo cuando una de las partes llega con bufetes, demandas y embargos, y la otra solo con su voz?
El Innombrable y la paradoja del honor ambiental
En esta historia ficticia, el Innombrable insiste en presentarse como víctima: un proyecto con el honor herido por publicaciones en redes sociales. En su narrativa, lo que está en juego no son los impactos ambientales ni el cuestionamiento ciudadano, sino la “reputación” corporativa.
Lo curioso es que, al mismo tiempo, el Innombrable se envuelve en un discurso de compromiso con la sostenibilidad: habla de equilibrio con la naturaleza, de respeto a la normativa, de beneficios para las comunidades. Se proclama defensor del mismo ambiente que, en la práctica, se ve amenazado por el modelo de desarrollo que impulsa.
Esa dualidad es la esencia de la hipocresía corporativa: victimizarse ante la crítica, pero blindarse tras un relato “verde” que no admite cuestionamientos. Así, cualquier voz disonante no es una contribución al debate democrático, sino un “ataque” al buen nombre. Y cualquier demanda no se presenta como censura, sino como una defensa legítima del honor.
El resultado es un paisaje extraño donde quien concentra el poder económico se viste de vulnerable, y quienes defienden los bienes comunes aparecen como agresores.
Escazú pa’ cuándo
En esta historia ficticia hay un ingrediente ausente que lo cambia todo: el Acuerdo de Escazú. Ese tratado regional que protege a las personas defensoras ambientales, garantiza el acceso a la información y fortalece la participación pública.
Si Costa Rica lo hubiera ratificado, el expediente #6548793 tendría otra dinámica. Las defensoras y defensores contarían con un marco claro para evitar que demandas desproporcionadas se utilicen como herramienta de censura. Habría mecanismos para prevenir que el miedo a un embargo se convierta en el precio de ejercer la palabra.
Pero aquí seguimos, preguntándonos como si cantáramos un coro prestado de JLo: “¿Escazú pa’ cuándo?”. Porque mientras el tratado duerme en la Asamblea Legislativa, los megaproyectos avanzan y las voces críticas enfrentan un desbalance evidente en cada mesa de negociación.
Ratificar Escazú no resolvería todos los conflictos, pero sí nivelaría el terreno de juego. Haría menos probable que la conciliación naciera de la amenaza y más de un verdadero diálogo entre partes en igualdad de condiciones.
El arte del apadrinamiento técnico
El Innombrable no camina solo. Tiene padrinos. Y no cualquiera: ministerios, oficinas jurídicas y hasta instancias de comercio exterior que, curiosamente, encuentran tiempo para preguntar si acaso la ley del polo turístico tiene más peso que la protección del bosque. Una consulta “técnica”, dicen.
Lo que siguió fue aún más revelador: la asesoría jurídica del MINAMBI adelantó criterio sobre un expediente que debería ser resuelto con independencia por la SETAE. En otras palabras, el árbitro fue advertido sobre cómo debería pitar el partido… antes de que la jugada llegara a su área.
Así, lo que debería ser un debate técnico sobre impacto ambiental se convirtió en un ejercicio de alineamiento político. La propuesta de resolución que circula en la SETAE parece escrita con la pluma del Innombrable y sus aliados: cerrar filas para declarar que no hay problema, que el bosque puede esperar, que la normativa ambiental se acomoda si la ley turística lo pide.
Este tipo de movimientos son el corazón del apadrinamiento político disfrazado de técnica. No es que las instituciones fallen por incapacidad: fallan porque se acomodan, porque el poder económico no llega solo, sino acompañado de criterios jurídicos “superiores” y consultas “inoportunamente oportunas”.
En este teatro, el Innombrable ya no necesita solo de demandas para callar voces. Ahora cuenta con el Estado mismo, dispuesto a vestir de tecnicismo lo que es, en esencia, un acto de subordinación política al capital turístico.
Y mientras tanto, el bosque, el manglar y el patrimonio natural del Estado quedan atrapados en el juego de poder donde lo jurídico se usa como disfraz y lo técnico como excusa.
El honor verde: un greenwashing de alto nivel
En esta historia ficticia, el Innombrable no solo logra presentarse como víctima de un honor herido, sino que además convierte la conciliación en un espectáculo de sostenibilidad corporativa. La narrativa es impecable: se habla de respeto, diálogo, responsabilidad y compromiso ambiental, mientras por debajo se mantiene intacto el desequilibrio de poder que dio origen a todo el conflicto.
Lo que debería ser un debate abierto sobre los impactos de un megaproyecto se traduce en una operación de imagen: las críticas desaparecen, el consenso se firma y el Innombrable queda vestido de verde esperanza. Es un greenwashing que no necesita campañas publicitarias, porque se legitima con el sello de una conciliación judicial.
Este es otro nivel difícil de superar: convertir un proceso desigual, marcado por embargos y amenazas legales, en una vitrina para reforzar credenciales ambientales. Es la paradoja perfecta: usar la libertad de expresión para celebrar un acuerdo que nació de intentar restringirla.
Defender lo común —aunque sea con palabras— no debería acabar en conciliaciones condicionadas ni en silencios forzados. Pero ya sabemos, todo esto es pura ficción.
¿Te imaginás si esta historia ficticia fuera real?
Nosotrxs sí.
