El reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la gobernanza de la política ambiental en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) presenta un panorama que exige atención urgente. No se trata únicamente de debilidades administrativas; se expone una crisis estructural en la rectoría ambiental del país, justo cuando las tensiones territoriales, extractivas y climáticas son más severas que nunca.
El documento revela una institucionalidad ambiental sin dirección estratégica, sin una visión integral de los recursos naturales, sin mecanismos adecuados de monitoreo y con capacidades mermadas. Las funciones esenciales del Ministerio —liderar, coordinar, orientar, supervisar— se encuentran fragmentadas o delegadas en otras instituciones con mandatos distintos (como MIDEPLAN o Hacienda). Esto genera un vacío de gobernanza que termina dejando las decisiones ambientales sin brújula ni responsabilidad clara.
Las contradicciones internas también son profundas: traslape de funciones entre dependencias clave, ausencia de un marco ético, carencia de herramientas para gestionar riesgos, falta de transparencia, y nula evaluación de la satisfacción de las comunidades y sectores afectados por las políticas ambientales. Todo esto ocurre mientras las metas nacionales de biodiversidad, conservación y manejo de humedales presentan rezagos significativos.
El resultado es claro: una rectoría ambiental debilitada en un país cuya narrativa histórica de liderazgo verde ya no corresponde con la realidad institucional.
Dimensiones críticas de la política ambiental en un escenario de agotamiento, extractivismo y crisis climática
El informe no solo muestra fallas internas; también deja en evidencia cómo estas debilidades chocan con un contexto donde las tensiones ambientales son más complejas y profundas. En Costa Rica convergen hoy al menos cinco dimensiones críticas que exigen una rectoría ambiental fuerte, coherente y articulada:
1. El agotamiento de los bienes naturales como límite del modelo de desarrollo
Los territorios viven presiones crecientes sobre los bienes comunes: sobreexplotación del agua para agroindustrias, expansión inmobiliaria en cuencas y zonas costeras, pérdida acelerada de bosques secundarios, fragmentación de hábitats y degradación de humedales. La ausencia de políticas claras permite que el mercado, las presiones locales o los intereses económicos marquen el rumbo, debilitando la resiliencia ecológica y social del país.
2. La expansión de actividades extractivas “legales” y “a-legales”
Minería no metálica, turismo depredador, urbanizaciones en ZMT, monocultivos intensivos, acaparamiento de territorios, y en algunos casos captura territorial por crimen organizado. La falta de dirección del MINAE abre espacios para:
-permisología discrecional,
-licencias sin evaluación integral,
-omisiones de fiscalización, o
-uso instrumental de vacíos normativos.
Es un escenario donde el extractivismo se abre paso “por ausencia” del Estado.3. La vulnerabilidad frente al cambio climático
Inundaciones, sequías prolongadas, erosión costera, elevación del nivel del mar y pérdida de suelos agrícolas exigen políticas robustas de adaptación y mitigación. Sin embargo:
-no existe una estrategia ambiental integral,
-los riesgos no son evaluados,
-no hay indicadores unificados,
-y la planificación está desconectada entre dependencias.
Una institucionalidad frágil simplemente no puede liderar procesos de adaptación territorial con la urgencia que exige la crisis climática.
4. La creciente conflictividad socioambiental
Comunidades enteras enfrentan proyectos que afectan sus ríos, bosques, acuíferos y formas de vida. La falta de rectoría provoca:
-indefensión jurídica,
-falta de información oportuna,
-procesos de participación simbólica,
-decisiones sin transparencia,
-y desgaste en la confianza hacia el Estado.
La desarticulación institucional fomenta escenarios donde las comunidades deben suplir tareas de monitoreo, fiscalización y denuncia.
5. La fragilidad institucional ante la captura y la opacidad
La CGR señala la ausencia de un sistema de rendición de cuentas, la inexistencia de un código de ética y la falta de control interno. Esto abre la puerta a:
-discrecionalidad,
-riesgos de corrupción,
-debilitamiento del control público,
-y pérdida de credibilidad.
En un contexto marcado por grandes intereses económicos, estos vacíos pueden convertirse en puntos de entrada para influencias indebidas.
Hallazgos y desafíos
| Hallazgo clave del informe | Qué significa | Desafío para defensoras, comunidades y organizaciones |
|---|---|---|
| Rectoría ambiental fragmentada | No hay liderazgo estratégico del Ministro; las direcciones y órganos desconcentrados funcionan como islas. | Exigir coherencia interinstitucional y fortalecer articulaciones locales que compensen la falta de coordinación estatal. |
| Ausencia de una estrategia integral de política ambiental | No existe un plan que integre temáticas como mares, humedales, agua potable o biodiversidad. | Visibilizar vacíos de política y presionar por planificación basada en ciencia y participación comunitaria. |
| Seguimiento de la política ambiental delegado a MIDEPLAN y no al MINAE | El órgano rector no monitorea los avances ambientales, lo hace otra institución con fines distintos. | Generar monitoreo ciudadano y comunitario que complemente o cuestione el seguimiento oficial. |
| Traslape y falta de coordinación entre SEPLASA y la Dirección de Planificación | Funciones duplicadas o reactivas, falta de claridad en roles y responsabilidades. | Documentar casos donde la descoordinación genera afectaciones en territorios o ecosistemas. |
| Carencia de un sistema de valoración de riesgos (SEVRI) | La institución no identifica ni gestiona riesgos ambientales o institucionales. | Señalar riesgos emergentes (crimen organizado, turismo depredador, expansión inmobiliaria, minería, etc.). |
| Falta de controles de transparencia y rendición de cuentas | No existe sistema unificado de información; los reportes dependen de órganos desconcentrados. | Demandar acceso a datos, trazabilidad y apertura de decisiones ambientales. |
| No se evalúa la satisfacción de partes interesadas | Las comunidades y organizaciones no son escuchadas ni consideradas en el ciclo de política. | Fortalecer espacios de participación y exigir mecanismos vinculantes. |
| Inexistencia de un código de ética institucional | No hay marco de valores que oriente la gestión pública ambiental. | Insistir en la probidad, independencia técnica y ética pública como pilares de la rectoría ambiental. |
| Dependencia excesiva de cooperación internacional por falta de capacidades internas | Debilidad estructural para ejecutar funciones básicas. | Plantear la urgencia de fortalecer recursos técnicos y humanos nacionales. |
Cuidar los bienes comunes cuando la institucionalidad se debilita
La defensa de los bienes comunes naturales —agua, bosques, humedales, mares y biodiversidad— depende de un Estado capaz de orientar, regular y proteger. El informe de la CGR muestra que hoy esa capacidad se encuentra gravemente comprometida. Esta fragilidad institucional tiene efectos directos en los territorios: más conflictos, más presiones extractivas, menos capacidad de control, mayor desprotección para quienes defienden la vida.
En este escenario, el reto para las comunidades, organizaciones y personas defensoras es doble:
sostener la vigilancia y la organización territorial, y exigir la reconstrucción de una institucionalidad ambiental fuerte, ética, transparente y participativa que pueda enfrentar la crisis ecológica y climática del presente.