El Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (RNVSO), en Nicoya, Guanacaste, es reconocido mundialmente como un sitio clave para la anidación de la tortuga lora. Costa Rica lo exhibe como ejemplo de su liderazgo ambiental. Sin embargo, detrás de esta vitrina verde se esconde una realidad mucho más contradictoria: la conservación como excusa para desplazar a comunidades locales, mientras las mansiones de lujo crecen sin obstáculos a la orilla del mar.
La reciente resolución del Área de Conservación Tempisque (ACT) expone la compleja situación jurídica del refugio. Por mandato de la Sala Constitucional desde 2009, se deben desalojar ocupaciones consideradas “ilegales”, salvo casos previos a la creación del refugio en 1983 o proyectos de investigación y ecoturismo. El documento reconoce la existencia de 198 personas físicas y 190 jurídicas ocupando “de manera precaria” los terrenos, y admite que la ausencia de un plan de manejo ha dejado la gobernanza en un limbo jurídico. Documentos consultados:
Carta-SINAC-ACT-OR-DT-656-2025
Área identificadas como potenciales para compensación proyecto de ley
La dureza de la ley para los débiles
El testimonio de doña Heidy Villegas habitante de Playa Pelada sintetiza la dureza del Estado para quienes menos tienen:
“El MINAE me denunció por usurpación, cosa que no era cierto. Perdí el juicio por un mal abogado y me ordenaron cárcel, demolición de mi casa y mi propiedad en un mes. Mientras tanto, a 50 metros de la playa, una propiedad lujosa se remodela con maquinaria pesada, sin sanción alguna. La ley no se aplica igual: para los ticos hay demolición, para los extranjeros hay permisos y silencio.”
Aquí la premura en la ejecución de la ley se vuelve evidente. Los plazos son draconianos: un mes para demoler una casa familiar, un año de cárcel, tres de probatoria, sin siquiera otorgar medidas cautelares mientras se revisa el proceso. El aparato judicial y administrativo actúa con contundencia sobre las familias locales, ejecutando fallos sin contemplar la viabilidad humana, económica o social de esas decisiones.
La lentitud (y complicidad) con los poderosos
En contraste, las construcciones de lujo en la misma franja costera parecen vivir en otra dimensión legal. La resolución misma lo admite: existen propiedades privadas inscritas dentro del refugio, algunas con títulos cuestionables, que deberían ser revisadas o incluso adquiridas por el Estado. Sin embargo, esos procesos se alargan durante años bajo la excusa de su “complejidad jurídica”.
Mientras tanto, proyectos inmobiliarios de alto nivel continúan avanzando: remodelaciones con maquinaria pesada, publicidad turística que ofrece “exclusividad frente a la playa” y hasta la instalación de infraestructura en áreas de manglar. Aquí la lentitud casi omisiva del Estado contrasta con la rapidez de las órdenes de desalojo a familias humildes.
El documento oficial plantea incluso escenarios de “compensación ambiental”, donde se excluirían propiedades privadas del refugio para regularizarlas. En la práctica, esto significaría legalizar lo que en otros casos es considerado “usurpación” cuando lo realiza un campesino o pescador local.
El borrado de las trayectorias comunitarias
Uno de los aspectos más graves es cómo la aplicación de la ley desconoce la historia y los derechos de las personas que han vivido en estas comunidades desde mucho antes de la declaratoria del refugio.
Quienes crecieron, trabajaron y construyeron sus hogares en estas playas hoy son tratados como “ocupantes precarios”, una categoría administrativa que borra sus trayectorias familiares y comunitarias. Sus vínculos con la tierra —basados en la pesca, la agricultura de subsistencia o el arraigo comunitario— quedan invisibilizados por un lenguaje técnico que los reduce a “problemas de tenencia de la tierra”.
La resolución del ACT reconoce, casi de forma marginal, que “la prioridad número uno es el uso habitacional de las familias que han vivido por años en las ocupaciones que ahí existen”. Sin embargo, en la práctica este principio rara vez se traduce en protección efectiva. La ley y las resoluciones judiciales ignoran las trayectorias vitales de estas comunidades, imponiéndoles un régimen de desalojo mientras, paradójicamente, se tolera la permanencia de inversiones extranjeras de alto nivel.
Este borrado de la memoria comunitaria también tiene implicaciones culturales: se niega el derecho a habitar el territorio, a mantener prácticas tradicionales de relación con el mar y la tierra, y a construir futuro en el mismo lugar donde generaciones anteriores ya lo habían hecho. Se trata de un despojo no solo físico, sino también histórico y simbólico.
Desigualdad socioambiental estructural
El problema no es solo jurídico, sino estructural:
Las comunidades locales cargan con el peso de una legislación que las ve como “ocupantes precarios”.
Los proyectos de lujo, en cambio, son tolerados o incluso integrados en la discusión como “propiedades debidamente inscritas”.
La conservación se convierte en un lenguaje de legitimación: proteger tortugas y manglares se usa como argumento, pero la aplicación es selectiva según quién ocupe el territorio.
En síntesis, se configura una doble vara ambiental: la conservación se aplica como castigo a los más vulnerables y como oportunidad de negocio para los sectores con recursos económicos y conexiones políticas.
Una Costa Rica partida en dos
El caso Ostional refleja un país partido en dos: la Costa Rica verde para afuera, con campañas internacionales que promocionan su compromiso con la biodiversidad, y la Costa Rica desigual por dentro, donde las comunidades costeras viven bajo la amenaza constante del desalojo, mientras las inversiones inmobiliarias extranjeras encuentran grietas legales y complicidad institucional para seguir expandiéndose.
La pregunta que queda abierta es: ¿será capaz el país de construir un marco jurídico y político que realmente equilibre la protección de la naturaleza con la justicia social? O seguiremos viendo cómo la “conservación modelo” encubre, una y otra vez, desigualdades socioambientales que dejan a las comunidades locales sin casa, sin derechos y sin futuro.
El caso de Heidy Villegas en Playa Pelada
Heidy Villegas, vecina de Playa Pelada en Nosara de Nicoya, Guanacaste, ha denunciado públicamente la inminente demolición de su casa, programada para el próximo 7 de septiembre. Su caso expone la compleja y desigual aplicación de la ley en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional.
Villegas asegura haber sido acusada falsamente de usurpación por funcionarios del MINAE, pese a contar con plano, permisos de construcción, avales de SETENA y de la Municipalidad. La ampliación de su vivienda a tres habitaciones, realizada para sus hijas, fue el detonante del proceso que terminó con una condena de un año de prisión, tres de probatoria y la orden de demoler su hogar.
En su testimonio, relata cómo fue víctima de la ineficiencia y corrupción de abogados que la dejaron en estado de indefensión en el juicio inicial y en la apelación posterior. Aunque aportó pruebas —incluida una carta del MINAE que habilitaba a pobladores a obtener servicios básicos si cumplían requisitos—, estas no fueron consideradas de manera adecuada en los procesos judiciales.
Lo que para ella es más doloroso es la doble vara con que se aplica la ley. Mientras a los costarricenses como ella se les exige demoler sus casas, en la misma zona florecen hoteles, restaurantes y mansiones de lujo que operan en condiciones similares, e incluso más invasivas, sin enfrentar consecuencias legales.
Su voz refleja la angustia y la urgencia:
“Tengo una demolición programada para el 7 de septiembre. No sé si podré detenerla antes de que ocurra. Tal vez luego reconozcan que la propiedad era mía, pero ya la casa estaría destruida. ¿Por qué la ley no es pareja?”.
El conflicto se arrastra desde 2017, cuando un tribunal resolvió que debía abandonar y demoler la casa. Tras varios años de trámites y apelaciones, el reloj ahora corre en su contra. Heidy sigue buscando apoyo legal y comunitario para frenar lo que describe como la injusticia más grande de su vida.
La Municipalidad de Nicoya fue consultada sobre este caso, pero al cierre de la nota no había dado respuesta.
La paradoja de Ostional
La contradicción alcanza niveles grotescos. Mientras familias locales enfrentan juicios, cárcel y órdenes de demolición por vivir en el refugio, en el mismo sitio circula la venta de huevos de tortuga al margen de toda normativa. Lo que debería ser estrictamente regulado para garantizar la conservación de la especie, se convierte en un negocio paralelo que ocurre con la vista gorda de las autoridades.
Así, la conservación en Ostional aparece como un campo de desigualdad: la vivienda campesina se castiga con dureza, mientras el mercado ilegal de huevos de tortuga y el lujo turístico se mueven con impunidad.
El capital, no la nacionalidad, marca la diferencia: la verdadera frontera es entre capital y comunidades
El caso de Ostional no debe leerse como una simple disputa entre costarricenses y foráneos. Lo que está en juego es mucho más profundo: la capacidad del capital —sin importar la nacionalidad de quien lo detente— para adecuar las normas a su conveniencia.
En estos procesos conviven tanto extranjeros como nacionales que, al contar con recursos, contactos o influencia, logran legitimar sus proyectos, regularizar propiedades cuestionables o mantener construcciones dentro de un refugio. Esta dinámica no sería posible sin la complicidad o la omisión de funcionarios nacionales dispuestos a flexibilizar, reinterpretar o incluso ignorar las propias reglas del Estado.
La verdadera línea divisoria no es el pasaporte, sino la asimetría entre quienes tienen la posibilidad de torcer o demorar la aplicación de la norma —con la venia de autoridades públicas—, y quienes deben acatarla de inmediato, aun cuando eso signifique perder su hogar, su historia y su futuro.
Ostional revela así una contradicción central de la Costa Rica contemporánea: un país que se enorgullece de su modelo de conservación, pero donde las reglas se flexibilizan para el capital y se endurecen para las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.
¿De qué hablamos? Memoria borrada: las comunidades antes del refugio
El relato oficial del Estado insiste en que quienes hoy habitan dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional son “ocupantes precarios”. Sin embargo, la historia local cuenta otra versión.
Desde las décadas de 1960 y 1970, familias campesinas y pescadoras se asentaron en la zona, mucho antes de que en 1982 se declarara el refugio. Estos hogares no llegaron como invasores: construyeron sus casas con materiales de la zona, practicaron la pesca artesanal, cultivaron en pequeñas parcelas y mantuvieron una relación cotidiana con las playas y los manglares. Las comunidades de Ostional, Nosara y Guiones tenían escuelas, comités comunales y redes de cooperación mucho antes de que existiera la categoría legal de “área silvestre protegida”.
Cuando en 1983 la Ley de Fauna Silvestre ratificó la creación del refugio, la vida de estas familias cambió sin que mediara un proceso de consulta ni compensación. Su presencia histórica quedó reducida a la invisibilidad. Desde entonces, cualquier mejora en sus viviendas, cualquier intento de ampliar un rancho o de consolidar una propiedad, ha sido interpretado como “usurpación”.
El resultado es un borrado de memoria: las trayectorias familiares que fundaron la vida comunal en Ostional han sido anuladas por un lenguaje jurídico que las coloca al margen de la legalidad. Se desconoce que ellas mismas fueron las primeras guardianas del territorio, mucho antes de que el Estado apareciera con su marco de conservación.
