Las imágenes de un campesino de 70 años arreando su ganado bajo la lluvia en Chorreras, San Carlos, han circulado ampliamente como un recordatorio doloroso de cómo se están gestionando los territorios rurales en Costa Rica. Su llanto, mientras abandona la finca donde ha vivido y trabajado durante casi un cuarto de siglo, reabre un debate que va más allá de un operativo puntual: ¿cómo trata el Estado a las comunidades que han logrado sostener su vida a pesar de la frontera, del abandono institucional y de las contradicciones históricas de la política territorial?
Este giro en el título permite visibilizar algo central: las familias campesinas no solo han habitado la franja fronteriza; han vivido allí a pesar de las condiciones adversas, del aislamiento, de la falta de inversión pública y del estigma que recae sobre quienes construyen vida y arraigo en territorios de alta complejidad política. El desalojo de Chorreras no se explica sin reconocer esta persistencia social y cotidiana.
Lo que ocurre en Chorreras no es un episodio administrativo ni una simple ejecución judicial. Es la manifestación de un conflicto socioambiental más profundo, donde se cruzan la ecología política, la gestión de bienes comunes, la criminalización selectiva y las tensiones arraigadas entre el Estado y las comunidades rurales que han sostenido sus vidas —no gracias a las instituciones, sino muchas veces a pesar de ellas— en la línea fronteriza norte.
Una comunidad marcada por la frontera y por la historia
Chorreras está ubicada en la franja fronteriza norte, dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo. Durante décadas fue una comunidad como muchas otras en la ruralidad costarricense: con escuela, iglesia, caminos y fincas trabajadas por familias que construyeron allí su proyecto de vida. La presencia campesina no era la excepción, sino la norma.
Sin embargo, en los últimos años el territorio ha sido redefinido por el Estado no como comunidad productiva, sino como un espacio de amenaza: una zona “cargada de ocupaciones irregulares”, asociada a minería ilegal, tráfico y otros delitos. Esa narrativa —insistida por el Minae y otras instituciones— no distingue historias, trayectorias ni modos de vida. Todo se fusiona en una categoría única: ocupación ilegal.
Este giro en el discurso estatal es clave. Las mismas familias que por décadas ayudaron a sostener la frontera —muchas veces sin apoyo institucional alguno— ahora son tratadas como intrusas, sospechosas o actores de riesgo.
El desalojo y la construcción de la ilegalidad
Las imágenes del desalojo muestran a Óscar Rojas, un finquero de 70 años, guiando 16 vacas por un camino enlodado. “Casi 25 años de estar aquí y hoy me tiran afuera como cualquier delincuente”, dice entre lágrimas. Su testimonio revela una contradicción central: mientras el gobierno habla de “coligalleros ilegales que ingresaron este año”, el operativo está afectando también a familias de larga data.
La ecología política permite entender esta tensión. Cuando el Estado enfrenta una crisis territorial —como la minería ilegal en Crucitas— suele recurrir a respuestas rápidas basadas en la criminalización y la homogenización. En vez de distinguir responsabilidades, se construye una categoría totalizante que confunde a campesinos con actores de economías ilícitas. Esta estrategia, usada históricamente en procesos de conservación excluyente, legitima desalojos sin diálogo y sin análisis social.
Así, la conservación se convierte en herramienta de expulsión y no de justicia ambiental.
Una conservación sin gente: desposesión en nombre de la naturaleza
Aunque la ley define la franja fronteriza como propiedad del Estado, eso no significa que sea un territorio vacío o sin historia. Por décadas ha funcionado como un bien común de facto, donde comunidades han gestionado el territorio a partir de economías campesinas, ganadería familiar y relaciones sociales que sostienen la vida rural.
La intervención estatal actual rompe ese tejido, imponiendo un modelo vertical de conservación en el que:
-no se reconocen derechos consuetudinarios de quienes habitan desde hace décadas,
-se ignoran las funciones sociales que cumple la presencia campesina en zonas fronterizas,
-y se privilegia un enfoque policial-militar sobre uno socioambiental.
El resultado es una forma de desposesión ambiental: se protege la naturaleza, pero desplazando a quienes históricicamente la han habitado y cuidado. Se preserva el bosque, pero a costa de la vida campesina. Se “recupera” territorio, pero sin reconocer la complejidad de los lazos construidos entre gente y paisaje.
El peso de las decisiones estatales: de Crucitas a Chorreras
El gobierno justifica los desalojos señalando que la zona es un punto de acceso hacia Crucitas, donde opera la minería ilegal. Pero esta explicación omite un dato fundamental: la crisis de Crucitas es resultado directo de decisiones estatales —concesiones, permisos, abandono y fallas de fiscalización— que generaron un territorio fracturado y vulnerable.
Mientras los grandes responsables permanecen impunes, la respuesta institucional recae sobre quienes menos poder tienen: familias campesinas que han vivido ahí mucho antes del auge del oro. Es un patrón común en América Latina: cuando los conflictos socioambientales escalan, la carga se desplaza hacia los márgenes, hacia los mismos territorios que el Estado históricamente dejó abandonados.
El caso de Chorreras revela la incapacidad estatal para diferenciar actores dentro de un territorio complejo. No es lo mismo una familia con 25 años de arraigo que un grupo que ingresa recientemente para actividades ilegales. Pero la política pública actúa como si lo fuera.
Promesas rotas y uso político del territorio
La indignación en Chorreras también se explica porque, en 2023, el propio gobierno había prometido entregar documentos equivalentes a escrituras para regularizar la situación de las familias de la franja fronteriza. Hoy esas mismas familias están siendo desalojadas bajo la acusación de ser ilegales.
Esta contradicción pone en evidencia el uso político y estratégico del territorio fronterizo. Las promesas se activan en momentos de necesidad electoral o de exposición pública; los desalojos se ejecutan luego, cuando las comunidades dejan de ser útiles para la narrativa gubernamental.
El diputado Geison Valverde lo señaló con claridad: el gobierno se escuda en el argumento de que “solo cumple una orden judicial”, aunque fue uno de sus propios ministerios el que impulsó la denuncia.
¿Qué modelo de soberanía queremos en la frontera?
Lo que está en juego en Chorreras no es solo la aplicación de una resolución judicial. Es una disputa por el modelo de relación entre Estado, comunidades y territorios rurales. La soberanía no se construye expulsando campesinos. Se construye reconociendo sus derechos, dialogando con su conocimiento, fortaleciendo sus proyectos y articulando políticas que integren conservación, producción y vida digna.
Desde una perspectiva de justicia socioambiental, cualquier proceso en la franja fronteriza debe incluir:
-reconocimiento de derechos de ocupación histórica,
-participación comunitaria real en la gestión del refugio y del territorio,
-distinción clara entre actividades ilícitas y prácticas campesinas,
-desarrollo rural como política de seguridad y no solo como inversión social,
-y un enfoque de conservación con gente, no contra la gente.
¿Qué defensa? Bienes comunes o privación
El desalojo de Chorreras nos obliga a preguntarnos qué significa “proteger la naturaleza” y quién asume los costos de esa protección. Si la conservación se construye expulsando a quienes han vivido por décadas en la frontera, lo que se está defendiendo no son los bienes comunes, sino una versión vaciada de territorio: sin campesinos, sin historia y sin voces comunitarias.
Las lágrimas de Don Óscar no solo reflejan la pérdida de una finca. Reflejan la fractura de un país que, en nombre del orden y la conservación, está desmantelando el tejido social que sostiene sus territorios más frágiles.
La ecología política nos recuerda que no hay naturaleza sin gente y que no hay frontera segura sin comunidades fuertes. Recuperar esa verdad es el primer paso para una política que proteja tanto los ecosistemas como la dignidad de quienes han vivido y trabajado en ellos durante generaciones.
Referencias:
Pomareda, Fabiola. (2025, julio 21). Familias de Chorreras notificadas de desalojo apelarán decisión judicial y no abandonarán sus hogares, afirman. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/familias-de-chorreras-notificadas-de-desalojo-apelaran-decision-judicial-y-no-abandonaran-sus-hogares-afirman/
Pomareda, Fabiola. (2025, noviembre 28). Campesinos de Chorreras muestran desalojo: “Así se despide uno de una finca, sacando el ganado, como si fuéramos delincuentes o narcotraficantes”. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/campesinos-de-chorreras-muestran-desalojo-asi-se-despide-uno-de-una-finca-sacando-el-ganado-como-si-fueramos-delincuentes-o-narcotraficantes/