¿Qué tan fácil es hablar de un golpe de Estado?
Cartman: «¡Bienvenidos bienvenidas a una nueva edición de CartmanCast Política Premium! Hoy vamos a hablar de algo gravísimo. Casa Presidencial dice que hubo un golpe de Estado. ¿Entraron los tanques? No. ¿Tomaron los cuarteles? Tampoco. ¿Suspendieron la Constitución? Pues no. La Sala Constitucional prorrogó temporalmente el nombramiento de magistrados suplentes y la respuesta fue: ¡Golpe de Estado!»
(Pausa dramática)
Cartman: «Como aquí todavía creemos en leer antes de opinar, fui a buscar un libro que sí sabe de golpes de Estado. Veamos qué tiene que decir Marcos Roitman antes de empezar a repartir certificados de golpista.»
La escena parece salida de una sátira, pero plantea una pregunta seria: ¿qué ocurre cuando conceptos cargados de una profunda memoria histórica se utilizan para describir cualquier conflicto institucional?
Durante la presentación de su posición frente a la resolución de la Sala Constitucional, la Presidencia de la República calificó la decisión como un «golpe de Estado» y describió a los magistrados que votaron a favor como «magistrados golpistas». Más allá del debate jurídico sobre el alcance de la resolución, vale la pena detenerse en el peso político e histórico de esas palabras.
Un concepto construido con sangre y autoritarismo
En Tiempos de oscuridad. Historia de los golpes de Estado en América Latina, Marcos Roitman Rosenmann reconstruye el golpe de Estado como uno de los principales mecanismos mediante los cuales las élites políticas, económicas y militares interrumpieron procesos democráticos en la región. El libro muestra que los golpes no fueron simples desacuerdos entre instituciones, sino rupturas del orden constitucional acompañadas por persecución política, censura, desapariciones forzadas, tortura y dictaduras que marcaron la historia latinoamericana.
Roitman también sostiene que los golpes han cambiado de forma. Si durante buena parte del siglo XX estuvieron encabezados por las fuerzas armadas, en las últimas décadas pueden asumir modalidades más complejas, donde intervienen poderes legislativos, judiciales, actores económicos, medios de comunicación y redes de poder que buscan alterar el rumbo político de un país. Los denomina, entre otras expresiones, «golpes de guante blanco», precisamente porque ya no siempre requieren tanques en las calles para producir una ruptura del orden democrático.
Sin embargo, ese análisis no significa que cualquier conflicto entre poderes constituya automáticamente un golpe de Estado.
No toda crisis institucional es un golpe
La historia latinoamericana enseña que los golpes de Estado implican algo más profundo que una decisión judicial polémica o una confrontación entre instituciones.
En términos generales, suponen la alteración deliberada del orden constitucional para desplazar o neutralizar un poder legítimamente constituido, sustituyendo las reglas democráticas por una nueva correlación de fuerza.
Precisamente por eso el concepto exige rigor.
La resolución de la Sala Constitucional podrá ser discutida, criticada o incluso impugnada desde distintos argumentos jurídicos. Pero convertir automáticamente esa controversia en un «golpe de Estado» supone trasladar un concepto construido a partir de experiencias históricas traumáticas hacia un escenario institucional que continúa desarrollándose dentro del marco constitucional.
No se trata de minimizar la importancia del conflicto entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional. Se trata de reconocer que las democracias también viven tensiones entre poderes, y que no toda controversia constitucional representa una ruptura del régimen democrático.
Cuando las palabras pierden su significado
Existe un riesgo político cuando conceptos tan cargados de historia comienzan a utilizarse como herramientas de confrontación cotidiana.
El primero es el desgaste del lenguaje.
Si toda resolución judicial incómoda, toda derrota parlamentaria o toda diferencia institucional es presentada como un golpe de Estado, el término deja de describir un hecho excepcional y termina convertido en un recurso retórico para deslegitimar al adversario político.
El segundo riesgo es todavía mayor: el debilitamiento de la memoria histórica.
En América Latina y el Caribe, hablar de golpes de Estado significa hablar de miles de personas asesinadas, desaparecidas, encarceladas, exiliadas o perseguidas por defender proyectos políticos democráticos. Significa recordar sociedades enteras sometidas al terror estatal y generaciones marcadas por la violencia política. Esa historia no puede reducirse a una metáfora para describir cualquier conflicto institucional.
No toda crisis institucional es un golpe
La historia latinoamericana y Caribeña nos enseña que los golpes de Estado implican mucho más que una decisión judicial polémica o una confrontación entre instituciones. No basta con que exista una disputa entre poderes, una interpretación constitucional controvertida o un conflicto político intenso para afirmar que estamos frente a un golpe.
Hablar de un golpe de Estado exige un ejercicio de rigurosidad conceptual e histórica. No se trata únicamente de preguntarse quién tomó una decisión, sino qué tipo de transformación del poder político está ocurriendo.
A lo largo del siglo XX, los golpes de Estado significaron la interrupción abrupta del orden constitucional mediante la sustitución del poder legítimamente constituido. En muchos casos estuvieron encabezados por las fuerzas armadas, pero detrás de ellas actuaban élites económicas, sectores empresariales, partidos políticos, grupos de poder, gobiernos extranjeros y medios de comunicación que buscaban reorganizar el Estado de acuerdo con un nuevo proyecto político.
Como explica Marcos Roitman Rosenmann, esas formas de ruptura han evolucionado. En el siglo XXI las democracias pueden enfrentar procesos de erosión institucional más complejos, donde la ruptura ya no siempre llega acompañada de tanques en las calles o juntas militares. Existen experiencias en las que distintos poderes del Estado son utilizados para desplazar gobiernos, impedir el ejercicio de sus competencias o alterar la voluntad popular. Sin embargo, reconocer esa transformación no significa que cualquier conflicto entre instituciones pueda calificarse automáticamente como un golpe de Estado.
Para aproximarnos con mayor seriedad al concepto conviene plantearnos algunas preguntas fundamentales.
¿Existe una intención de sustituir el orden constitucional? Un golpe de Estado supone algo más que cuestionar una decisión pública. Implica la voluntad de alterar las reglas fundamentales mediante las cuales se organiza el poder político, desplazando o neutralizando a las autoridades legítimamente constituidas.
¿Se busca reemplazar a quienes ejercen el poder? Los golpes no persiguen únicamente modificar una política pública o revertir una resolución judicial. Buscan alterar quién gobierna, cómo se distribuye el poder y bajo qué reglas continuará funcionando el Estado.
¿Existe una concentración extraordinaria del poder? Otro elemento relevante es la acumulación de facultades que rompen el sistema de pesos y contrapesos. Cuando un actor político elimina los mecanismos de control, impide el funcionamiento de otros poderes o concentra competencias incompatibles con el régimen democrático, la preocupación adquiere otra dimensión.
¿Se restringen derechos y libertades fundamentales? Históricamente, los golpes de Estado han venido acompañados por la suspensión de garantías constitucionales, persecución de opositores, censura, criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias y uso de la violencia estatal. Estas medidas buscan consolidar el nuevo poder e impedir cualquier resistencia.
¿Se rompe la posibilidad de resolver los conflictos por las vías democráticas? Las democracias constitucionales están diseñadas precisamente para gestionar desacuerdos. Los conflictos entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial forman parte de su funcionamiento cotidiano. La existencia de controversias constitucionales, recursos judiciales o interpretaciones distintas sobre las competencias de cada institución no constituye, por sí sola, evidencia de un golpe de Estado. De hecho, la posibilidad de discutir esas diferencias dentro del marco jurídico es una expresión del propio Estado de derecho.
La resolución de la Sala Constitucional podrá ser discutida, criticada o incluso impugnada desde distintos argumentos jurídicos. Es legítimo debatir si la interpretación realizada fue correcta o si excedió determinadas competencias. Pero convertir automáticamente esa controversia en un «golpe de Estado» supone trasladar un concepto construido a partir de algunas de las experiencias más traumáticas de la historia latinoamericana hacia un escenario que continúa desarrollándose mediante mecanismos institucionales previstos por el propio orden constitucional.
Reconocer esta diferencia no significa minimizar la importancia del conflicto político actual. Tampoco implica asumir que todas las actuaciones de los poderes públicos son correctas o están exentas de control democrático. Significa, más bien, comprender que la democracia no consiste en la ausencia de conflictos, sino en la existencia de reglas, procedimientos e instituciones capaces de procesarlos sin destruir el orden constitucional.
Precisamente por eso resulta tan importante cuidar el significado de las palabras. Si cada derrota política, cada resolución judicial incómoda o cada interpretación constitucional controvertida es presentada como un golpe de Estado, terminamos perdiendo la capacidad de reconocer cuándo una democracia enfrenta una verdadera ruptura de sus fundamentos.
El último comentario de Cartman
Cartman: «A ver si entendí el nuevo reglamento de la democracia. Si un juez falla en contra mía… ¡golpe de Estado! Si el Congreso no aprueba mi súper ley para prohibir las verduras… ¡golpe de Estado! Si mi mamá no me deja jugar PlayStation… ¡golpe de Estado doméstico! ¡Mamá, estoy siendo víctima de un régimen autoritario!»
(Pausa)
Cartman: «¿Ven el problema? Si todo es un golpe de Estado, entonces nada es un golpe de Estado.»
(Pasa las hojas del libro.)
Cartman: «Y aquí es donde la historia les arruina la fiesta. Porque mientras nosotros usamos la palabra para ganar una discusión política, en América Latina y el Caribe hubo gente que desapareció, fue torturada, encarcelada, exiliada o asesinada durante golpes de Estado de verdad. Hubo familias que nunca volvieron a ver a sus hijos. Hubo dictaduras que gobernaron durante años con miedo, censura y represión.»
(Silencio.)
Cartman: «Así que no, amiguitos. No digo que no existan conflictos entre poderes. Para eso están los tribunales, las leyes y la Constitución. Tampoco digo que un juez siempre tenga la razón. Lo que digo es que una democracia puede vivir disputas muy fuertes sin que eso signifique que el orden constitucional se rompió.»
Cartman: «Los golpes de Estado no son cualquier pleito institucional. Son otra cosa. Y justamente porque América Latina pagó un precio tan alto por ellos, deberíamos pensarlo dos veces antes de usar esa palabra como si fuera un insulto de moda.»
(Música de cierre.)
Cartman: «Así que hagan un favor a la democracia: antes de gritar ‘¡golpe de Estado!’, lean un poquito de historia. Porque cuando todo es un golpe de Estado, los verdaderos golpes dejan de reconocerse… y ahí sí estamos en problemas.»
Quizá esa sea la principal enseñanza que deja Tiempos de oscuridad: defender la democracia también implica defender el significado de las palabras. La memoria histórica no existe únicamente para recordar el pasado, sino para dotarnos de criterios que nos permitan distinguir entre una controversia institucional, por intensa que sea, y una verdadera ruptura del orden democrático. Banalizar conceptos como «golpe de Estado» no fortalece el debate público; por el contrario, debilita nuestra capacidad para reconocer las amenazas reales cuando estas aparecen.
Referencia:
Roitman, Marcos. (2025). Tiempos de oscuridad: Historia de los golpes de Estado en América Latina. Akal.