A 25 años de la última entrevista de Parmenio Medina: una pregunta que la democracia aún no responde
Hace veinticinco años, pocos días antes de ser asesinado, el periodista Parmenio Medina concedió la que sería su última entrevista televisiva. Más que una conversación sobre su situación personal, fue una profunda reflexión sobre el papel de la comunicación en una sociedad democrática.
En un momento en que enfrentaba la censura de su programa radial y denunciaba presiones por sus investigaciones periodísticas, Parmenio defendió una idea que hoy conserva toda su vigencia: el periodismo no existe para repetir lo que dice el poder, sino para investigar, contrastar y poner al servicio de la ciudadanía información que permita comprender la realidad.
Aquella entrevista no solo dejó el testimonio de un periodista comprometido con la verdad. También planteó una pregunta que continúa interpelando a Costa Rica: ¿para quién sirve la comunicación pública?
Veinticinco años después, el contexto tecnológico ha cambiado profundamente. La radio y la televisión ya no son los únicos espacios donde se disputa la opinión pública. Las redes sociales, las plataformas digitales y las estrategias de comunicación institucional ocupan hoy un lugar central en la construcción del debate público. Sin embargo, el desafío democrático sigue siendo el mismo: garantizar que la comunicación fortalezca el derecho de la ciudadanía a estar informada y no se convierta en una herramienta para administrar la percepción del poder.
Esta reflexión cobra especial relevancia en momentos en que el país discute el fortalecimiento presupuestario de la comunicación gubernamental y las prioridades del gasto público. Más allá de la coyuntura, la pregunta que planteaba Parmenio continúa abierta: ¿la comunicación financiada con recursos públicos está orientada a ampliar el derecho ciudadano a la información o a consolidar el relato de quienes gobiernan?
Recordar a Parmenio Medina no significa únicamente honrar la memoria de un periodista asesinado por ejercer su oficio. Significa recuperar una discusión imprescindible para la democracia costarricense: la comunicación no es un fin en sí mismo. Es un bien público que debe contribuir a la transparencia, la rendición de cuentas, el pluralismo y la deliberación democrática.
A un cuarto de siglo de aquella última entrevista, el mejor homenaje a Parmenio quizá no sea mirar únicamente hacia el pasado, sino volver a formular las preguntas que él consideraba esenciales. Porque la calidad de una democracia también se mide por la calidad de la información con la que sus ciudadanos comprenden el presente y deciden su futuro.
Un debate que sigue abierto
El contexto ha cambiado profundamente desde 2001. Hoy la comunicación gubernamental no depende únicamente de conferencias de prensa o espacios en radio y televisión; también se despliega en redes sociales, plataformas digitales y sofisticadas estrategias audiovisuales. Sin embargo, la pregunta de fondo permanece intacta. La reciente decisión de aumentar el presupuesto destinado a la comunicación de Casa Presidencial ofrece una oportunidad para volver a discutir qué espera una democracia de la comunicación pública y cuáles son los límites entre informar a la ciudadanía y construir una narrativa política.
La reciente aprobación de un aumento de ¢70 millones para el Programa de Información y Comunicación de Casa Presidencial reabre una discusión que trasciende cualquier gobierno: ¿cuál debe ser el papel de la comunicación pública en una democracia? Veinticinco años después de su asesinato, el legado de Parmenio Medina ofrece claves para pensar esa pregunta.
Hace veinticinco años, en la última entrevista que concedió antes de ser asesinado, el periodista Parmenio Medina dejó una reflexión que conserva una enorme vigencia. Para él, el debate sobre la comunicación nunca fue únicamente un asunto de libertad de expresión. Era, sobre todo, una discusión sobre democracia.
Durante aquella conversación defendió una idea sencilla pero profundamente exigente: el periodismo no puede limitarse a reproducir versiones oficiales. Su responsabilidad consiste en investigar, contrastar, profundizar y cuestionar el poder, porque una ciudadanía solo puede tomar decisiones libres cuando dispone de información rigurosa, plural e independiente.
En ese mismo diálogo se planteó otra reflexión que hoy merece volver al centro del debate. Se recordó que las frecuencias de radio y televisión son bienes públicos y que, precisamente por ello, la comunicación conlleva responsabilidades éticas que trascienden los intereses comerciales y políticos. Los medios no solo transmiten información: contribuyen a construir la manera en que una sociedad comprende la verdad, identifica los problemas públicos y delibera sobre su futuro.
Una discusión que vuelve al presente
La reciente aprobación, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, de un aumento de ¢70 millones para el Programa de Información y Comunicación de Casa Presidencial ha abierto un debate sobre las prioridades del gasto público en un contexto donde el propio Gobierno ha insistido en la necesidad de la austeridad y ha planteado la posibilidad de un ajuste fiscal.
Más allá de las posiciones políticas sobre esa decisión, el episodio invita a formular una pregunta más profunda: ¿qué modelo de comunicación pública queremos fortalecer?
Toda democracia necesita que el Estado comunique. Informar sobre políticas públicas, explicar decisiones, facilitar el acceso a los servicios y rendir cuentas forma parte de sus obligaciones. La comunicación institucional es una función legítima y necesaria. Sin embargo, la legitimidad de esa comunicación no depende únicamente de los recursos que recibe, sino del propósito que persigue.
Informar no es lo mismo que construir una narrativa
Existe una diferencia fundamental entre comunicar para garantizar el derecho ciudadano a la información y comunicar para fortalecer la posición política de quienes gobiernan. La comunicación orientada al interés público busca ampliar la capacidad de la ciudadanía para comprender la realidad. Explica decisiones, ofrece datos verificables, transparenta procesos, reconoce errores cuando existen y facilita que las personas construyan su propio criterio.
La comunicación orientada principalmente al ejercicio del poder persigue un objetivo distinto: administrar la percepción pública. Prioriza determinados temas, enfatiza los logros, reduce la visibilidad de los conflictos y procura consolidar un relato favorable para quienes ejercen el gobierno.
La diferencia puede parecer sutil, pero tiene profundas implicaciones democráticas.
Cuando la comunicación pública deja de fortalecer el derecho ciudadano a la información y comienza a privilegiar la gestión de la imagen política, la deliberación democrática se empobrece. La ciudadanía recibe más mensajes, pero no necesariamente dispone de mejores herramientas para comprender la realidad, evaluar las políticas públicas o exigir rendición de cuentas.
El legado de Parmenio
En la apertura de aquella última entrevista, Parmenio advertía que los medios de comunicación tenían la capacidad de influir en la manera en que las personas distinguen entre lo justo y lo injusto, entre la verdad y la mentira. Esa afirmación resulta aún más pertinente en una época donde la comunicación gubernamental se despliega no solo en radio y televisión, sino también en redes sociales, plataformas digitales y estrategias permanentes de producción audiovisual.
Su legado no consiste únicamente en haber denunciado hechos de corrupción o en haber defendido la libertad de prensa. También radica en haber comprendido que la calidad de una democracia depende, en buena medida, de la calidad de la información que reciben sus ciudadanos.
Por eso, cuando un Estado decide fortalecer su aparato de comunicación, la discusión no debería limitarse al monto de los recursos asignados.
Las preguntas verdaderamente relevantes son otras:
- -¿La inversión fortalecerá el derecho de la ciudadanía a recibir información útil, verificable y oportuna?
- -¿Contribuirá a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas?
- -¿Facilitará el acceso a información pública o incrementará la capacidad del gobierno para posicionar su propio relato?
- -¿Qué mecanismos existen para garantizar que la comunicación financiada con recursos públicos sirva al conjunto de la ciudadanía y no únicamente a quienes ejercen el poder?
Una pregunta para toda democracia
Recordar a Parmenio Medina no significa únicamente mantener viva la memoria de un periodista asesinado por ejercer su oficio. Significa recuperar una pregunta que sigue interpelando a cualquier sociedad democrática.
¿Está la comunicación pública al servicio del interés de la ciudadanía o de la consolidación del poder político?
La respuesta no depende de un gobierno en particular. Depende de la capacidad de las instituciones para garantizar transparencia, de la independencia del periodismo para fiscalizar al poder y del compromiso ciudadano con el derecho a una información plural, crítica y verificable.
Porque una democracia sólida no se construye solamente con elecciones libres. También necesita una comunicación pública que informe antes que persuada, que rinda cuentas antes que promocione y que fortalezca la deliberación democrática antes que la propaganda.
Referencias:
Canal Trece Nuestro Canal – YouTube. (2001). La última entrevista de Parmenio Medina en TV (Canal 13)
CRHoy. (2026). Oficialismo avala aumento de ¢70 millones para prensa de Casa Presidencial.