Las decisiones económicas nunca son únicamente económicas. También expresan una determinada manera de comprender qué vidas merecen ser protegidas.
La propuesta de revisar la Canasta Básica Tributaria (CBT) abrió en Costa Rica una discusión que trasciende el ámbito fiscal. La exdiputada Pilar Cisneros planteó que la lista de productos exonerados del Impuesto al Valor Agregado (IVA) debía revisarse porque, según afirmó, «la gente más humilde de este país no consume 140 productos». En la misma línea, el Ministerio de Hacienda ha señalado que estudia un eventual «IVA personalizado» con el propósito de evitar que hogares de altos ingresos reciban las mismas exoneraciones tributarias que quienes viven en condición de pobreza.
La discusión sobre el diseño de un sistema tributario más progresivo es legítima y necesaria. También es razonable preguntarse si los beneficios fiscales llegan efectivamente a quienes más los necesitan. Sin embargo, el debate cambia de naturaleza cuando deja de preguntarse cómo garantizar el acceso a una vida digna y comienza a definir qué bienes son suficientes para quienes viven en pobreza.
En ese momento ya no estamos únicamente frente a una discusión tributaria. Estamos frente a una discusión ética.
Cuando la pobreza se administra
Toda política pública construye una determinada imagen de la sociedad. También lo hacen las palabras.
Cuando el debate se centra en establecer qué productos «realmente consume» una persona pobre, el riesgo consiste en transformar la pobreza en una categoría administrativa antes que en una realidad social compleja. Las personas dejan de aparecer como sujetos de derechos y pasan a ser clasificadas según un patrón de consumo considerado aceptable.
La pregunta deja de ser cómo ampliar las condiciones materiales para ejercer una vida digna y comienza a desplazarse hacia otra mucho más limitada: ¿cuál es el mínimo que una persona necesita para sobrevivir?
No se trata de una diferencia menor. Mientras la primera pregunta busca reducir las desigualdades, la segunda corre el riesgo de administrarlas.
La economía como compromiso ético
Hace más de cuatro décadas, Óscar Arnulfo Romero advertía que una sociedad pierde su horizonte cuando el dinero, el poder o la eficiencia económica se convierten en valores absolutos. En su Cuarta Carta Pastoral, Misión de la Iglesia en medio del país, describía esa lógica como una idolatría del capital: un orden social que termina subordinando la vida humana a los intereses económicos.
Más allá del contexto salvadoreño en el que escribió, la fuerza de esa reflexión reside en el criterio que propone: las decisiones públicas no pueden evaluarse únicamente por su rentabilidad fiscal o por los indicadores de eficiencia que producen. También deben examinarse por la concepción de ser humano que contienen y por las consecuencias que generan sobre quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Este no es un argumento confesional. Es un principio ético ampliamente compartido en las tradiciones contemporáneas de los derechos humanos y de la justicia social: la economía constituye un medio para sostener la vida colectiva, no un fin en sí mismo.
Los bienes comunes también sostienen la vida
Con frecuencia pensamos los bienes comunes como ríos, bosques, humedales o semillas. Sin embargo, las sociedades también construyen bienes comunes sociales: instituciones, políticas públicas y acuerdos colectivos que garantizan condiciones indispensables para la reproducción de la vida.
La educación pública, la seguridad social, los sistemas universales de salud o el acceso al agua son ejemplos de esos bienes comunes porque no responden únicamente a intereses individuales. Expresan compromisos colectivos orientados a proteger aquello que ninguna sociedad democrática debería abandonar a la lógica exclusiva del mercado.
Desde esa perspectiva, la Canasta Básica Tributaria puede comprenderse como un bien común social.
No porque sea una lista perfecta o inmodificable, sino porque representa un acuerdo político sobre cuáles bienes esenciales deben recibir una protección especial para evitar que el sistema tributario profundice las desigualdades existentes.
Su sentido no consiste únicamente en disminuir la carga impositiva. También expresa una decisión colectiva acerca de las condiciones materiales que una sociedad considera indispensables para sostener una vida digna.
Por ello, cualquier discusión sobre su reforma debería partir de una pregunta distinta: ¿fortalece este mecanismo nuestra capacidad colectiva para garantizar el acceso a esos bienes esenciales o debilita ese compromiso compartido?
Más allá de las etiquetas
En Costa Rica se ha vuelto habitual que las críticas a la desigualdad o las propuestas orientadas a fortalecer mecanismos de protección social sean descalificadas mediante etiquetas ideológicas. Con frecuencia, el debate se desplaza rápidamente hacia acusaciones de «comunismo», «marxismo» o «estatismo», evitando discutir el contenido de los argumentos.
Esa estrategia empobrece la deliberación democrática.
Defender que las políticas públicas deben evaluarse también desde sus efectos sobre la vida cotidiana de las personas no pertenece a una corriente política específica. Forma parte de una tradición ética mucho más amplia que sostiene que la dignidad humana debe constituir el criterio último de las decisiones colectivas.
Romero conoció bien ese tipo de descalificaciones. Fue acusado reiteradamente de responder a intereses ideológicos cuando denunció estructuras económicas y políticas que sacrificaban personas en nombre del orden o del crecimiento. Su respuesta consistió en insistir en un principio sencillo y profundamente político: ninguna sociedad puede considerarse justa cuando normaliza que algunos grupos humanos carguen sistemáticamente con el costo del bienestar de otros.
La pregunta que permanece
El debate sobre la Canasta Básica Tributaria probablemente continuará en los próximos meses. Habrá estudios técnicos, estimaciones fiscales y diferentes propuestas de reforma. Todo ello resulta necesario.
Pero ninguna discusión sobre impuestos debería hacernos perder de vista la pregunta fundamental.
No se trata únicamente de cuántos productos contiene una lista ni de cuánto recauda el Estado.
Se trata de decidir qué condiciones materiales consideramos indispensables para que todas las personas puedan desarrollar una vida digna y qué responsabilidades estamos dispuestos a asumir colectivamente para protegerlas.
En última instancia, esa es la función de los bienes comunes: recordar que existen dimensiones de la vida que no pueden reducirse a una lógica de costos y beneficios. Son el resultado de acuerdos sociales construidos para sostener la convivencia, disminuir las desigualdades y afirmar que la dignidad humana no constituye un privilegio reservado para quienes pueden pagarla, sino un patrimonio compartido que una sociedad democrática tiene el deber de resguardar.
Referencias:
Loaiza, David (2026). Pilar Cisneros propuso revisión a alimentos en la canasta básica. Diario Extra.
Romero, Óscar Arnulfo (2007). Su pensamiento. IV. Homilías. Tomo VII (junio de 1979-marzo de 1980). San Salvador: UCA Editores.