La discusión sobre el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente n.º 23.414) continúa abierta. Después de su aprobación en primer debate y las posteriores negociaciones políticas para buscar acuerdos que permitan su avance, el futuro del modelo eléctrico costarricense sigue en disputa.
Desde el Colectivo Antonio Saldaña rechazamos el proyecto en su formulación actual. Nos preocupa que una transformación de esta magnitud se impulse bajo las promesas de modernización y competitividad, sin una discusión pública suficiente sobre sus consecuencias para la soberanía energética, las instituciones públicas y las comunidades que podrían asumir sus impactos.
La justicia energética que Costa Rica todavía no discute
La discusión energética no puede reducirse a cómo producir electricidad o atraer inversiones. Necesitamos preguntarnos quién controla su producción, quién obtiene los beneficios, quién asume los costos ambientales y territoriales y quién tiene capacidad para decidir sobre un servicio indispensable para la vida.
Costa Rica mantiene una deuda con la discusión sobre justicia energética. Mientras se promueven cambios en la organización del mercado eléctrico, no se debate suficientemente qué necesidades deben orientar la política energética ni cómo garantizar que el bienestar colectivo prevalezca sobre los intereses económicos particulares.
¿Para quién estamos reorganizando la energía?
La expansión de los centros de datos y de las infraestructuras destinadas a la inteligencia artificial introduce nuevas presiones sobre la electricidad, el agua y los territorios. Estos desarrollos nos obligan a examinar qué intereses económicos están detrás de las transformaciones propuestas y qué condiciones se pretenden establecer para atender las demandas de grandes consumidores de energía.
Poco a poco, comenzamos a reconocer quiénes podrían beneficiarse de una mayor apertura del mercado eléctrico. No afirmamos que estos intereses expliquen por sí solos la reforma, pero sí que su expansión hace indispensable preguntarnos si estamos reorganizando el sistema para garantizar derechos y responder a las necesidades de la población o para facilitar nuevas oportunidades de negocio.
No podemos discutir las promesas de inversión tecnológica al margen de sus necesidades energéticas y ambientales, ni asumir que sus beneficios económicos se traducirán automáticamente en bienestar para las comunidades.
Nuestra posición: los bienes comunes no son una plataforma de negocios
Rechazamos que el futuro energético del país se defina sin resolver las preocupaciones sobre soberanía, justicia energética y protección de los bienes comunes. Defendemos el fortalecimiento de las responsabilidades públicas, la transparencia sobre los intereses económicos involucrados y la participación efectiva de las comunidades y los pueblos originarios.
La memoria del Proyecto Hidroeléctrico Diquís nos recuerda que las decisiones energéticas pueden dejar profundas consecuencias cuando los derechos colectivos y la autonomía territorial quedan subordinados a las prioridades económicas. Los ríos, los bosques y los territorios no son espacios disponibles únicamente para generar rentabilidad: son parte de los bienes comunes que sostienen la vida.
Costa Rica necesita discutir su futuro energético, pero esa discusión no puede limitarse a decidir cómo abrir nuevos espacios de rentabilidad privada. Debe permitirnos definir colectivamente qué sistema energético necesitamos para garantizar una vida digna, proteger nuestros territorios y responder al bienestar de las mayorías.
Rechazar este proyecto en su formulación actual es defender el derecho de la sociedad a decidir sobre su futuro energético. La energía debe estar al servicio de la vida, no la vida al servicio de la rentabilidad.
Colectivo Antonio Saldaña
Talamanca, Costa Rica
Octubre de 2026
¿Quién fue Antonio Saldaña?
