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PRONUNCIAMIENTO ANTE EL PROYECTO DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: IMPACTOS SOBRE LA SOBERANÍA, LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y EL AMBIENTE -Colectivo Antonio Saldaña

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  1. Una propuesta que amenaza derechos fundamentales

El denominado “Proyecto de Armonización del Mercado Eléctrico” representa una iniciativa legal que, lejos de modernizar el sector, atenta directamente contra lo dispuesto en la Constitución Política en materia de protección ambiental. Asimismo, vulnera el Estado Social de Derecho al facilitar la intervención de inversiones extranjeras y privadas sin un control efectivo por parte del Estado costarricense, lo que constituye una violación flagrante de nuestra soberanía nacional.

  1. Impacto sobre los pueblos indígenas: violación del Convenio 169 de la OIT

Para los pueblos originarios, este proyecto implica un nuevo menoscabo a su autodeterminación y autonomía. Se continúa violentando los tratados internacionales firmados por el Estado costarricense, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su artículo 6, que garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada, es sistemáticamente ignorado. Además, la promoción de proyectos extractivos, como los hidroeléctricos, afectaría gravemente a las poblaciones originarias.

Exigimos, por tanto, el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la realización de estudios rigurosos que determinen los impactos ambientales del proyecto en los territorios indígenas. No es admisible que, después de tantos años de evidencia, se siga desvalorizando el daño que los proyectos hidroeléctricos causan en estas comunidades.

  1. ¿Quién decide sobre los territorios y los bienes comunes?

El posicionamiento de los pueblos originarios frente a este proyecto revive una discusión que Costa Rica intenta eludir sistemáticamente: ¿quién decide sobre los territorios, los ríos y los bienes comunes de la nación?

El debate sobre el mercado eléctrico no es meramente técnico o económico. Es, fundamentalmente, un debate sobre soberanía, democracia y el modelo de país que deseamos. Detrás de términos como “modernización”, “competitividad” o “apertura del mercado” se esconden decisiones concretas que transforman territorios, alteran ecosistemas y destruyen formas de vida comunitaria.

La apresurada apertura a intereses privados y extranjeros genera preocupaciones legítimas: por un lado, el debilitamiento del rol rector del Estado en sectores estratégicos; por otro, la merma de la capacidad real de las comunidades para incidir en decisiones que afectan directamente sus territorios. Cuando la energía deja de entenderse como un bien público y se concibe principalmente como un espacio de inversión y rentabilidad, los territorios se convierten, inevitablemente, en zonas de sacrificio al servicio de proyectos concebidos lejos de las comunidades.

  1. La memoria histórica de los pueblos originarios

Los pueblos indígenas no hablan desde el miedo abstracto ni desde una oposición vacía al desarrollo. Hablan desde la memoria histórica.

Durante décadas, los proyectos energéticos, extractivos y de infraestructura se han diseñado sin la participación efectiva de los pueblos originarios, a pesar de que sus impactos recaen directamente sobre sus territorios, sus ríos, sus prácticas culturales y sus condiciones de vida. Esta exclusión histórica constituye una forma más de marginación estructural.

Con demasiada frecuencia, se convoca a los pueblos indígenas cuando las decisiones ya están tomadas, reduciendo la consulta a un mero trámite institucional en lugar de un verdadero proceso de diálogo y consentimiento. Esa lógica reproduce una relación desigual en la que las comunidades son vistas como obstáculos administrativos, no como sujetos políticos titulares de derechos colectivos.

En este contexto, la defensa de la consulta previa, libre e informada establecida en el Convenio 169 de la OIT no es un simple requisito legal. Es una lucha por el reconocimiento de la dignidad política de los pueblos originarios y de su derecho a decidir sobre todo aquello que afecte sus territorios y sus formas de vida. 

  1. La huella del Proyecto Hidroeléctrico Diquís

La memoria del Proyecto Hidroeléctrico Diquís sigue viva en los pueblos indígenas de Costa Rica. Ese proceso dejó profundas heridas en torno al derecho a la consulta, la autonomía territorial y los impactos de los megaproyectos impulsados sin consentimiento previo, libre e informado.

El caso Diquís evidenció cómo, bajo los discursos de progreso y desarrollo nacional, se pueden invisibilizar las consecuencias sociales, culturales y ambientales que recaen sobre comunidades concretas. Para muchos pueblos indígenas, no se trataba únicamente de electricidad, sino de desplazamiento, transformación del territorio, afectación de sitios sagrados y culturales, y pérdida del control sobre espacios vitales para la vida comunitaria.

Recordar esta experiencia es también recordar que el desarrollo no puede construirse a costa de los derechos de los pueblos. La historia reciente demuestra que cuando las comunidades son excluidas de las decisiones estratégicas del país, las heridas sociales permanecen mucho después de que los debates institucionales han terminado.

  1. La importancia de levantar la voz

En medio del debate actual sobre la reforma y privatización del mercado eléctrico, resulta fundamental la intervención de colectivos y organizaciones como el Colectivo Antonio Saldaña, porque vuelven a colocar en el centro a voces históricamente relegadas de la discusión pública.

Nuestro pronunciamiento no solo expresa preocupaciones ambientales o jurídicas; representa también un ejercicio de memoria, defensa territorial y participación política desde los pueblos originarios. En un contexto dominado por visiones tecnocráticas y empresariales de la energía, estas voces recuerdan que detrás de cada proyecto existen comunidades, historias, culturas y derechos colectivos.

La participación de los pueblos indígenas en este debate amplía la discusión democrática y obliga al país a preguntarse: ¿qué modelo energético queremos construir y para quién lo construimos? Escuchar estas voces no debe verse como un obstáculo para el desarrollo, sino como una oportunidad para repensar colectivamente el bienestar, la energía, la soberanía y la justicia ambiental.

  1. Hacia una discusión sobre justicia energética

El debate sobre la reforma y privatización del mercado eléctrico también nos exige hablar de justicia energética.

La energía no puede entenderse únicamente como una mercancía o un espacio de rentabilidad económica. La electricidad sostiene la vida cotidiana, la producción, la comunicación, el acceso a derechos y las posibilidades de desarrollo de las comunidades. Por eso, discutir el futuro del sistema eléctrico implica preguntarse: ¿quién produce la energía?, ¿quién se beneficia de ella?, ¿quién asume los costos ambientales y territoriales?, ¿y quién queda excluido de las decisiones?

Hablar de justicia energética significa reconocer que los impactos y beneficios de los proyectos energéticos no se distribuyen de manera equitativa. Mientras algunos sectores obtienen ganancias económicas, muchas comunidades —especialmente los pueblos indígenas, los territorios rurales y las poblaciones históricamente marginadas— sufren las consecuencias ambientales, sociales y culturales.

También implica cuestionar aquellos modelos de desarrollo que conciben los territorios como meros espacios disponibles para la extracción o la generación de rentabilidad. Desde la perspectiva de la justicia energética, los ríos, bosques y territorios no son simples recursos: son espacios de vida, memoria, identidad y reproducción comunitaria.

En este sentido, las voces de los pueblos originarios aportan elementos fundamentales para repensar la relación entre energía y vida colectiva. Sus luchas nos recuerdan que la defensa de los territorios no es una demanda sectorial, sino una discusión central sobre el tipo de país que Costa Rica desea construir.

Por todo ello, la discusión energética no debería limitarse a cifras de mercado, competitividad o apertura económica. Debe incorporar, necesariamente, preguntas sobre democracia, participación, derechos colectivos, sostenibilidad y protección de los bienes comunes. Hablar de justicia energética es reconocer que el acceso y la gestión de la energía forman parte de una discusión más amplia sobre dignidad, soberanía y justicia social y ambiental.

Colectivo Antonio Saldaña

Responsable: Filidencia Cubillo Morales
Cédula: 70680258

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Sitios de memoria en disputa: cuando el recuerdo se convierte en «botín»

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Reflexión desde el Colectivo Antonio Saldaña

Los pueblos originarios han visto cómo su memoria, sus territorios y sus símbolos han sido sistemáticamente apropiados por el mundo occidental. La explotación no solo ha sido de sust ierras, de sus cuerpos o de sus recursos, sino también de su historia, sus sitios sagrados y sus objetos ancestrales. Es una forma de colonización que continúa hoy, disfrazada de museos, declaratorias patrimoniales o planes de desarrollo.

Los sitios de memoria —aquellos lugares donde se concentra la vida espiritual, los relatos colectivos y las raíces de los pueblos— han sido convertidos en vitrinas al servicio de la mirada dominante. A menudo, estas piezas arqueológicas, restos prehispánicos y paisajes rituales están bajo control de instituciones blancas, administradas por el Estado o por intereses turísticos, sin participación real de los pueblos a quienes pertenecen.

Como nos comparten desde el Colectivo:

“Todos los sitios son acaparados, controlados, administrados por los blancos. Al final, siquieren, lo destruyen o lo desaparecen. Así se destruye la memoria histórica de los pueblos poco a poco, para finalmente destruir los pueblos en sí, no sólo su cultura, sino a las mismas personas.”

Esta violencia no es nueva. Es parte de un proyecto histórico que ha avanzado con distintas formas: el extractivismo, el turismo cultural, la arqueología sin diálogo, la burocracia que impone barreras, y la imposición de narrativas únicas sobre lo que debe recordarse y cómo.

Frente a esta realidad, desde los pueblos y organizaciones indígenas surgen propuestas de reexistencia, de reapropiación de la memoria y defensa de los sitios sagrados como territorios vivos. La memoria no es un objeto, ni un pasado congelado. Es un proceso colectivo que se teje en comunidad, que se defiende desde la autonomía y que se conecta con las luchas actuales por el territorio, la dignidad y la vida.

Exigimos que los sitios de memoria no sean más zonas de despojo simbólico. Que el cuidado de estas tierras, objetos y relatos esté en manos de quienes los han guardado por generaciones. Que los museos, universidades e instituciones públicas abran paso a formas de reparación histórica y restitución cultural, no a nuevas formas de colonización.

Guayabo y otros sitios: memorias que enriquecen al sistema, pero excluyen a sus guardianes

Como nos recordó una compañera en una reciente conversación:

“Los sitios arqueológicos, los sitios sagrados, son más bien lugares de ganancia para el mundo occidental. Tenemos muchos lugares como el sitio Monumento Nacional Guayabo, en Turrialba. ¿Y de ahí para qué nos sirve? Simplemente lo acapararon, lo controlan desde afuera. Toda la ganancia que obtienen de ese sitio no vuelve a nuestros pueblos. Se enriquecieron con esos monumentos, con esa belleza natural, con esos paisajes que son memorias de nuestros ancestros. Y ahora quieren destruirlos.”

El caso del Guayabo —como el de tantos otros lugares sagrados— evidencia cómo el despojo se reinventa bajo formas institucionales: se imponen criterios técnicos de conservación, se construyen infraestructuras para el turismo, y se administra la memoria desde fuera. La historia viva que habita esos territorios es desplazada por narrativas oficiales que ocultan el despojo.

A la vez que se genera riqueza simbólica,turística y económica para actores externos, se margina a los pueblos guardianes. El sitio deja de ser un espacio de encuentro con los ancestros y la espiritualidad para convertirse en un “atractivo” más, gestionado por otros, sin vínculo con su tejido original.

Por eso, insistimos: la memoria no se protege sin justicia. No basta con conservar piedras, rutas o piezas: hay que devolver el sentido y el poder sobre ellas. Hay que restituir el derecho a recordar desde la raíz, no desde los márgenes. Los pueblos no piden permiso para defender sus memorias: exigen respeto, devolución y reparación.

El cercamiento de la memoria: entre el folclore y la instrumentalización

La memoria de los pueblos originarios no es un adorno cultural ni un archivo del pasado. Es una forma de vida, un entramado de relaciones con el territorio, con los ancestros, con las fuerzas que sostienen la existencia. Sin embargo, esa memoria ha sido cercada —como fueron cercadas las tierras comunales durante la colonización— para convertirla en mercancía, en objeto de exhibición, en símbolo vacío.

Así como los bienes naturales han sido transformados en “recursos”, la memoria ha sido transformada en “patrimonio” para usos institucionales, turísticos o académicos, muchas veces sin conexión con los pueblos que la sostienen. Se la encapsula en declaratorias, festivales o vitrinas, vaciándola de su potencia crítica, de su vínculo con la lucha y la vida cotidiana. Se convierte en folclore, en decorado para la mirada externa.

Esta forma de apropiación es una nueva etapadel despojo: no se tratasolo de quitar la tierra, sinode controlarlos sentidos que lahabitan, de decidirqué memorias son válidas,cuálessepuedenmostrar,cuálessedebensilenciarofolklorizar.

Desde los pueblos, la memoria no se vive como una posesión, sino como un bien común relacional, algo que se cuida en comunidad, que se transmite en la práctica, en los caminos, en los cuerpos y en los rituales. No se reduce a piezas ni a fechas: está viva en la lucha por el agua, en la defensa de los cerros, en la lengua que resiste, en la siembra que guarda los saberes.

Frente a su uso instrumental, es urgente reconocer y defender la memoria como un derecho colectivo y un proceso comunitario, no como una herramienta decorativa para agendas externas. No se puede hablar de justicia histórica sin devolver a los pueblos el control sobre sus propias memorias, sus sitios sagrados y sus relatos.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.

Este artículo, titulado “Sitios de memoria en disputa: cuando el recuerdo se convierte en botín”, es una reflexión colectiva elaborada por el Colectivo Antonio Saldaña. Se publica en el marco del Observatorio de Bienes Comunes, como parte de nuestro compromiso por abrir espacios donde las voces de los pueblos originarios cuestionen las lógicas de despojo que persisten sobre sus territorios, memorias y sitios sagrados. Esta publicación busca aportar a las luchas por la justicia histórica y el reconocimiento pleno de quienes, desde hace generaciones, han cuidado y defendido estas memorias vivas.