Durante años, el Caribe Sur ha sido escenario de una tala que avanza sin hacer ruido, mientras un puñado de papeles –permisos, regencias, declaraciones forestales– opera como una especie de blindaje administrativo. Las observaciones y análisis de Philippe Vangoidsenhoven, quien ha documentado estos procesos por décadas, ayuda a iluminar la trama: no se trata simplemente de tala ilegal, sino de una legalidad que se retuerce para permitir lo que la ley dice que debe evitar.
El resultado es un paisaje que cambia sin que las instituciones registren el deterioro, y un bosque que desaparece mientras la documentación parece estar siempre “en regla”.
- Permisos que se reciclan: la legalidad en bucle
Una de las tendencias más persistentes es el uso reiterado de permisos forestales. Algunos se emplean más allá de su alcance; otros reaparecen para justificar aprovechamientos posteriores; otros simplemente se muestran como escudo ante cualquier inspección.
En la práctica, la presencia de un papel –sin verificación de fondo– se convierte en un salvoconducto para seguir extrayendo.
Es la legalidad como trámite, no como garantía.
- El bosque que dejan de llamar bosque
Quizá la maniobra más elocuente es la reclasificación territorial. Luego de años de extracción, ciertas fincas dejan súbitamente de figurar como bosque, aunque lo fueron durante décadas.
Ese simple cambio administrativo legitima lo que ocurre después: si “no es bosque”, entonces no cuenta como afectación, y tanto la tala como la siembra posterior quedan envueltas en una apariencia de normalidad.
Se borra la historia ecológica del lugar para que encaje con el presente que conviene.
- Reforestar para volver a talar: la plantación continua
Tras el agotamiento del bosque original, se siembran árboles destinados a ciclos muy cortos de aprovechamiento: troncos de 20 o 30 centímetros, cortados apenas alcanzan valor comercial.
Esta reforestación acelerada funciona como maquillaje verde: se presenta como manejo responsable, pero en realidad sostiene un negocio de extracción constante. Se siembra para talar, y se tala para volver a sembrar.
Es una sustitución progresiva del bosque por una fábrica de madera.
- El permiso como escudo y la retirada del Estado
Philippe describe una escena repetida: llega MINAE, se observa la tala, se muestra un permiso, y la inspección termina ahí.
La autoridad no revisa si el documento es válido, pertinente o coherente con lo que ocurre en el terreno. Tampoco investiga si existe un historial de aprovechamientos acumulados.
El papel pesa más que el daño.
- Cuando el control llega tarde —o no llega
La fiscalización institucional suele presentarse cuando ya no hay nada que ver: el bosque ya fue tumbado, acarreado o empujado con maquinaria.
Las visitas posteriores se encuentran con rebrotes o áreas recién sembradas y concluyen que “no hay afectación visible”.
Es un control que opera en diferido, sin capacidad de reconstruir lo que ocurrió antes.
El vacío temporal se vuelve parte del mecanismo.
- El transporte como punto crítico… y su límite
Durante años, el único control relativamente efectivo ha sido la revisión de furgones cargados de madera en carretera. Ahí sí se detienen camiones, se inspeccionan troncos y se piden documentos.
Pero incluso esa instancia es frágil: la corrupción, los arreglos informales o la presión local pueden diluir el impacto de estas revisiones.
Nada garantiza que el punto de control sea un verdadero cierre de brechas.
La ruta puede convertirse en coladero si quienes vigilan no cuentan con independencia o apoyo institucional.
- Conservación de oportunidad: cuando proteger es solo una pausa
En varios casos, las fincas ingresan a esquemas de conservación justo cuando se llega al límite de aprovechamiento. Durante esos años reciben beneficios económicos, mientras esperan a que los permisos vuelvan a activarse.
Una vez termina el periodo, el ciclo de tala se retoma.
Es una conservación que preserva el ingreso, no el bosque.
- Tala selectiva que termina siendo tala total
Lo que empieza como extracción de árboles grandes termina en un barrido casi completo del paisaje.
Primero se llevan los gigantes; luego los medianos; luego los más jóvenes; luego los sembrados; luego los recién sembrados.
El bosque se convierte en secuencia de diámetros decrecientes.
La selectividad inicial abre camino al agotamiento sistemático.
- La ciudadanía como última defensa
En medio de estas prácticas, Philippe aparece como uno de los pocos que insiste en denunciar, documentar y señalar las contradicciones.
Mientras muchos funcionarios operan en un margen estrecho —por miedo a sanciones internas, por presión comunitaria o por falta de apoyo—, son personas como él quienes sostienen la línea mínima para que estos casos no queden invisibilizados.
La defensa del bosque termina sostenida por quienes se rehúsan a acostumbrarse.
La tala de aprovechamiento como llave para urbanizar: el nuevo patrón en la costa
Philippe advierte sobre un mecanismo que se ha vuelto cada vez más común en zonas del Caribe Sur: usar los permisos de “tala de aprovechamiento” como antesala de procesos de urbanización, loteo y construcción. No se trata de un fenómeno aislado; es un método que se repite con precisión quirúrgica.
El libreto funciona así:
- Primero se extrae la madera valiosa. Puede haber ocurrido hace años o recién; lo importante es que el bosque ya está debilitado o fragmentado.
- Luego se solicita un permiso de aprovechamiento para tumbar lo que “queda”: árboles dispersos, especies menores, restos de cobertura.
En el papel, la finca aparece con pocos árboles por superficie, lo cual facilita justificar el permiso. - Una vez ejecutada la tala y con el terreno ralo, las instituciones concluyen que “ya no es bosque”. Esta lectura ignora la historia reciente: hace 3, 5 o 10 años ese mismo terreno sí era bosque continuo, y su reducción está prohibida por ley desde 1995.
- Con el bosque debilitado, inicia la segunda fase: el loteo. Se rellenan áreas, se trazan caminos, se subdividen las fincas y arranca el mercado inmobiliario. A veces se construyen casas de lujo; otras veces simplemente se venden los lotes.
- La supervisión institucional llega tarde, atrapada en el “aquí y ahora”: mide la cobertura actual, ignora la pérdida previa y concluye que la zona “no cumple criterios de bosque”.
- Este patrón se repite en Playa Negra y otros puntos de la costa: grandes extensiones de bosque convertidas en proyectos inmobiliarios bajo una secuencia bien conocida por quienes la ejecutan.
Philippe incluso describe episodios donde, al alertar a la fiscalía, las obras se detienen de inmediato, lo que confirma que el proceso avanza mientras nadie lo vea; cuando se investiga seriamente, se paraliza. Pero sin vigilancia sostenida, el ciclo vuelve a comenzar.
Este uso instrumental de la tala de aprovechamiento no solo fragmenta el bosque en todo el Caribe Sur: abre la puerta para que intereses privados —incluidos capitales opacos— remodelen la costa según su conveniencia, desplazando ecosistemas y encareciendo el territorio.
No es una coincidencia ni un error técnico.
Es una estrategia.
Y hoy es visible como uno de los patrones que más amenaza lo poco que queda del bosque costero en el Caribe Sur.
Una trama que se repite… y que urge detener
Lo que Philippe ha venido mostrando no son historias aisladas. Son patrones.
Son formas de burlar la ley a través de la propia ley.
Son ciclos que degradan el bosque mientras mantienen una apariencia de orden.
Nombrarlos, documentarlos y exponerlos es un paso necesario para frenar una dinámica que, de seguir así, convertirá los últimos bosques del Caribe Sur en simples viveros de aprovechamiento.
Cuando el caso se repite: de hechos aislados a un patrón que corroe la institucionalidad
Lo que Philippe describe no es la excepción geográfica ni temporal. Los relatos, los permisos que aparecen a última hora, la retirada de las autoridades ante cualquier papel, los ciclos de siembra–tala, las revisiones superficiales y la ausencia de seguimiento forman una secuencia que los actores locales reconocen, aceptan o reproducen como parte del “funcionamiento real” del Caribe Sur.
La suma de estos episodios crea un paisaje donde la ley deja de ser herramienta y se convierte en telón: está ahí, pero no orienta ni limita. Las prácticas se normalizan hasta el punto de que cualquier intento de control institucional queda atrofiado por tres fuerzas que se alimentan entre sí:
- La repetición sistemática de maniobras —permisos usados como escudo, reclasificación del bosque, extracción progresiva— crea una rutina de impunidad.
- Los actores conocen el libreto, saben qué decir, a quién mostrarle qué documento y en qué momento detenerse para luego continuar.
- Las instituciones operan desde una fragilidad aprendida, donde inspeccionar no es investigar, y observar no es intervenir.
Con el tiempo, el patrón deja de esconderse: se vuelve paisaje. Las autoridades llegan, ven un terreno ya alterado, revisan documentación fragmentada y, al no encontrar “evidencia inmediata”, se retiran. Así, cada omisión reafirma la idea de que el bosque puede ser desmontado sin consecuencias reales.
En este escenario, la institucionalidad no solo pierde autoridad; pierde memoria.
Cada caso se evalúa como si fuera el primero, sin reconstruir la secuencia previa ni identificar a los actores que la repiten. Y cuando el Estado no conecta los puntos, quienes desean explotar el bosque lo hacen por adelantado.
El resultado es una erosión silenciosa: un sistema que funciona sin funcionar, y un bosque que se desvanece mientras el papel certifica que todo está en orden.
Casos que lo evidencian: cuando el patrón se vuelve territorio
Las observaciones de Philippe no se quedan en análisis generales. Son fruto de recorrer, denunciar y documentar situaciones concretas a lo largo del Caribe Sur. Cada caso apunta a lo mismo: tala de aprovechamiento utilizada para abrir camino al loteo, la venta y la construcción, mientras la institucionalidad responde tarde, o simplemente avala.
Estos son algunos de los ejemplos que él mismo ha acompañado:
- Camino hacia Cahuita
Talaron los últimos árboles para lotear y vender con fines de construcción. Philippe denunció la situación, pero la respuesta institucional fue que “no era bosque” y que “todo estaba bien”. La urbanización avanzó sin obstáculos. - Calle hacia Cahuita (otro punto del mismo sector)
El patrón se repite: los últimos árboles fueron talados, se dividió la finca en lotes, se vendieron y luego se construyó. No hubo impedimento ni cuestionamiento.
Terreno en Puerto Viejo
Eliminación total de los árboles. En este sitio pasa una quebrada que fue intubada, ocultando su presencia para poder aplanar y preparar el terreno para construir. Un ecosistema convertido en plataforma inmobiliaria.
Playa Negra
Zona de bosque y humedal. Se eliminaron la mayoría de los árboles, se rellenó y se inició el loteo para venta. Lo que era un ecosistema costero se transformó en una operación comercial acelerada.
- Punta Uva / REGAMA
Philippe y otras personas lograron detener temporalmente una carga de madera. El sitio estaba siendo talado y los troncos cargados.
Al llegar con MINAE, la institución ratificó que “todo estaba bien” porque existía un permiso emitido por un ingeniero forestal. - El caso terminó exponiendo algo de mayor escala: ese mismo funcionario fue arrestado posteriormente en la investigación del caso Pacheco Dent, donde se demostró la existencia de permisos ilegales para tala dentro de REGAMA, incluyendo áreas de bosque, humedal y patrimonio natural del Estado. El permiso fue declarado ilegal.
Estos ejemplos muestran que el problema no es hipotético ni excepcional: ocurre en sitios distintos, con actores distintos, pero con la misma secuencia.
La tala se presenta como legal, la urbanización avanza, las denuncias chocan con la inercia institucional y los ecosistemas desaparecen sin dejar huella en los expedientes.
