Colectivo Antonio Saldaña alza la voz: basta de falsas consultas en territorios indígenas
Desde el territorio indígena bribri de Talamanca, queremos expresar de forma clara y directa nuestro rechazo al modo en que se han venido desarrollando los procesos para establecer “protocolos” de consulta indígena en Costa Rica. Consideramos que se trata de un proceso profundamente excluyente, que reproduce las mismas lógicas coloniales e impuestas que durante décadas nos han marginado de las decisiones que nos afectan directamente.
A pesar de que la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT son muy claros en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de forma libre, previa e informada sobre cualquier proyecto que afecte nuestros territorios, la realidad es que dicho derecho ha sido constantemente ignorado o manipulado por los gobiernos de turno.
En nuestro territorio, por ejemplo, solo en una ocasión se intentó impulsar una propuesta de protocolo de consulta en conjunto con el gobierno. Fue durante las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. En ese momento se presentó un proyecto con una solicitud de apenas 18 millones de colones para facilitar un proceso de consulta real, adaptado a nuestras condiciones. A pesar de ello, el gobierno solo realizó una reunión y luego abandonó completamente el proceso. Nunca se retomó ni se dio respuesta a nuestras solicitudes posteriores.
Nosotros vivimos en un territorio extenso, con 33 comunidades y una población aproximada de 16 mil personas. No contamos con transporte público interno, ni con infraestructura adecuada para realizar grandes reuniones. Hay ríos que cruzar en bote, personas mayores que requieren traducción, y una serie de condiciones que hacen extremadamente difícil la participación si no hay una logística adaptada a nuestra realidad. Sin embargo, estas condiciones nunca son tomadas en cuenta por las instituciones.
En lugar de ello, hemos sido testigos de cómo sucesivos gobiernos impulsan protocolos sin nuestra participación, y cuando no aceptamos esas condiciones, simplemente nos excluyen del proceso. Así fue con el decreto emitido por el gobierno anterior: como el territorio bribri de Talamanca no firmó ni estuvo de acuerdo con el contenido, quedamos fuera del decreto. Desde entonces, nadie nos ha vuelto a consultar sobre el tema.
Nosotros vivimos en un territorio extenso, con 33 comunidades y una población aproximada de 16 mil personas. No contamos con transporte público interno, ni con infraestructura adecuada para realizar grandes reuniones. Hay ríos que cruzar en bote, personas mayores que requieren traducción, y una serie de condiciones que hacen extremadamente difícil la participación si no hay una logística adaptada a nuestra realidad. Sin embargo, estas condiciones nunca son tomadas en cuenta por las instituciones.
En lugar de ello, hemos sido testigos de cómo sucesivos gobiernos impulsan protocolos sin nuestra participación, y cuando no aceptamos esas condiciones, simplemente nos excluyen del proceso. Así fue con el decreto emitido por el gobierno anterior: como el territorio bribri de Talamanca no firmó ni estuvo de acuerdo con el contenido, quedamos fuera del decreto. Desde entonces, nadie nos ha vuelto a consultar sobre el tema.
Lo que está haciendo actualmente la Asamblea Legislativa, sin una vinculación efectiva con los territorios, es repetir los errores del pasado. Nos preocupa que se siga confiando el trabajo a consultorías externas, las cuales tienen un histórico de hacer procesos superficiales, sin consultar realmente a la población. Hemos visto casos en los que se contratan consultores con sumas de hasta 40 millones de colones, quienes realizan una o dos reuniones con muy poca participación, y luego presentan informes diciendo que hicieron «consulta».
En nuestro territorio han pasado decenas de consultorías en temas ambientales, sociales, de niñez, entre otros, sin que hasta el día de hoy tengamos un solo resultado positivo o un proyecto que realmente beneficie a la comunidad. Por el contrario, hemos sido usados para justificar el uso de recursos sin que haya ningún cambio real. Es una burla.
Nos preocupa, además, que se esté utilizando la información previa como si fuera consulta. Esto es una manipulación inaceptable del principio de consulta libre, previa e informada. La información no puede sustituir la consulta real.
Nuestra posición es clara: no nos oponemos a los proyectos en nuestros territorios. Lo que exigimos es que estos proyectos sean buenos, pertinentes y adaptados a nuestras necesidades y realidades. Lo que queremos es que se cumpla el derecho a ser consultados de verdad, y no solo en el papel.
Llevamos años solicitando esto de manera individual y colectiva. No es un capricho. Es un derecho. Sin embargo, seguimos viendo cómo nuestras necesidades se ignoran y se manipulan. Hoy, nuestro territorio enfrenta problemas graves de infraestructura, transporte, economía y producción. Vivimos porque sembramos. Sobrevivimos porque seguimos siendo autosostenibles. Pero eso no significa que no tengamos derecho a ser escuchados.
Hasta el día de hoy, sentimos que hemos sido utilizados por los gobiernos para justificar sus agendas, pero nunca como interlocutores válidos. Exigimos que se nos respete y que cualquier protocolo de consulta sea construido desde y con los territorios.
