Una reflexión del Colectivo Antonio Saldaña sobre la autonomía indígena, los saberes ancestrales y la defensa de la vida
Hay algo que nos debe preocupar profundamente: que nos acostumbremos a ver cómo se desconocen nuestros derechos, nuestras decisiones y nuestras formas de vida, como si no estuviera pasando nada.
Como Colectivo Antonio Saldaña, sentimos dolor cuando observamos que, frente a decisiones que afectan a nuestros pueblos, parece que poco a poco nos vamos acostumbrando a la indiferencia. El Gobierno y las instituciones toman decisiones, se establecen restricciones y se desconocen prácticas tradicionales y culturales, mientras la vida cotidiana continúa como si nada estuviera ocurriendo.
Pero sí está ocurriendo algo. Y necesitamos hablarlo.
Cuando se desconocen nuestras prácticas tradicionales, no se está despreciando solamente una costumbre o un conocimiento particular. Se está poniendo en cuestión nuestra cosmovisión, nuestra filosofía ancestral, nuestra historia, nuestra autonomía y nuestra identidad. Se está cuestionando nuestro derecho a existir como pueblos con conocimientos, formas de organización y maneras propias de comprender y cuidar la vida.
Para abrir esta reflexión, queremos poner en común tres situaciones que nos invitan a pensar qué lugar ocupan realmente los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus vidas.
1. Cuando nuestros conocimientos no encuentran lugar en los servicios de salud
El pasado 6 de octubre de 2026, el medio Delfino.cr informó que la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley 24.506, que buscaba reconocer las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas en los servicios de salud.
La iniciativa contemplaba el reconocimiento de la medicina tradicional indígena, las prácticas de las parteras durante el embarazo y el parto, y el respeto a las prácticas culturales relacionadas con la muerte y los funerales.
La mayoría que apoyó el archivo señaló preocupaciones sobre los riesgos sanitarios, la regulación y la supervisión de estas prácticas. Una propuesta de minoría, por su parte, planteó modificaciones para atender algunas de esas observaciones y mantener vivo el proyecto.
Pero esta noticia nos deja una pregunta que va más allá de lo ocurrido en la Asamblea Legislativa: ¿por qué sigue siendo tan difícil construir servicios de salud que reconozcan las condiciones culturales, territoriales y sociales de los pueblos indígenas?
En Talamanca conocemos las dificultades que enfrentan muchas familias para acceder a una atención médica digna y oportuna. Personas adultas mayores, familias con necesidades de atención compleja y personas que requieren medicamentos o tratamientos se encuentran con obstáculos relacionados con la distancia, la falta de recursos y la rigidez de los procedimientos institucionales.
En ocasiones, las propias personas trabajadoras de la salud reconocen estas dificultades, pero señalan que sus posibilidades de actuación están limitadas por los protocolos y los recursos disponibles.
Por eso, el problema no puede reducirse a una discusión entre medicina convencional y medicina tradicional. Necesitamos preguntarnos cómo construir servicios de salud que respondan a las necesidades de las comunidades, respeten sus conocimientos y garanticen la atención necesaria.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece, en su artículo 25, que los servicios de salud deben organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario, planificarse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados, y considerar sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales.
Entonces, ¿por qué el reconocimiento de estas realidades continúa encontrando tantas dificultades?
Nuestros conocimientos no son piezas de museo. Son parte de nuestra vida, de nuestra historia y de las formas en que hemos aprendido a cuidar de nuestras familias y comunidades.
Reconocerlos no significa renunciar a la atención médica necesaria. Significa construir relaciones respetuosas entre conocimientos y garantizar que las decisiones sobre nuestra salud no se tomen ignorando quiénes somos y dónde vivimos.
2. Cuando las decisiones de nuestras comunidades no son respetadas
En agosto de 2026, comunidades bribris de Talamanca se movilizaron hasta las oficinas centrales de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), en San José.
Según informó el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, más de 60 personas de distintas comunidades participaron en la protesta del 20 de agosto. Exigían que DINADECO atendiera la decisión de la Asamblea de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Talamanca (ADITIBRI) de destituir a su presidenta.
El conflicto se relaciona con un contrato firmado en septiembre de 2024 con una empresa privada para la venta de certificados de créditos de carbono basados en la cobertura forestal del territorio. De acuerdo con la información publicada, la Asamblea de ADITIBRI había anulado el contrato desde 2024 y, en mayo de 2026, una nueva asamblea decidió destituir a la presidenta. Las personas manifestantes denunciaron que DINADECO no había tramitado esa decisión.
Aquí aparece una cuestión fundamental: ¿qué significa la autonomía indígena si las decisiones adoptadas por las comunidades encuentran obstáculos para hacerse efectivas ante las instituciones del Estado?
La autonomía no puede reducirse a una palabra que aparece en las leyes o en los discursos oficiales. Tiene que expresarse en la posibilidad real de que los pueblos discutan sus asuntos, tomen decisiones colectivas y ejerzan control sobre aquello que afecta su vida.
Cuando una comunidad cuestiona un contrato, exige que se respete una decisión de su asamblea o reclama información sobre una negociación, no está planteando un asunto administrativo aislado. Está defendiendo su derecho a participar en las decisiones que comprometen su presente y su futuro.
También debemos preguntarnos qué sucede cuando los mecanismos institucionales terminan alejando las decisiones de los espacios comunitarios donde deberían discutirse.
¿Quién tiene la última palabra sobre los asuntos que afectan al territorio? ¿Qué ocurre cuando la voluntad expresada en una asamblea no encuentra respuesta? ¿Cómo se garantiza que las estructuras de representación actúen conforme a los acuerdos y las decisiones de las comunidades?
Estas preguntas son necesarias porque la autonomía se construye y se defiende cotidianamente. Requiere información accesible, participación efectiva, transparencia y respeto por las decisiones colectivas.
No basta con afirmar que los pueblos indígenas tienen derechos. Es necesario que existan condiciones para ejercerlos.
3. Cuando proteger el bosque puede significar perder el control sobre el territorio
La discusión sobre los contratos de carbono también nos obliga a mirar más allá de las instituciones nacionales y preguntarnos qué intereses están entrando en nuestros territorios.
En agosto de 2025, durante un conversatorio solicitado por la comunidad de Alto Coén, personas bribris y cabécares de Talamanca analizaron los mecanismos de compensación de emisiones de carbono, en particular el Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) y el Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF).
En ese encuentro se discutieron las condiciones de estos instrumentos, sus implicaciones para los usos tradicionales del bosque y las posibilidades reales de las comunidades de decidir sobre su implementación.
La preocupación no era que el bosque dejara de ser importante. Todo lo contrario: se trataba de defender una relación con la naturaleza que no puede reducirse a la cantidad de carbono que capturan los árboles.
Como señaló Filidencio Cubillo durante la protesta de agosto de 2026: «Es parte de nuestra cosmovisión, cuidar la naturaleza, porque en la naturaleza, en los bosques es que se encuentra nuestro alimento, la medicina, nuestras viviendas».
Estas palabras nos recuerdan que el bosque no es únicamente una superficie que captura carbono y que puede generar certificados para vender en los mercados internacionales. Es también un espacio de vida, de memoria, de alimentación, de medicina y de reproducción cultural.
Por eso, cuando los contratos establecen restricciones sobre el uso de los bosques, necesitamos preguntarnos qué consecuencias pueden tener para las comunidades que han construido históricamente sus formas de vida en relación con ellos.
¿Puede hablarse de conservación si las comunidades pierden capacidad para decidir cómo relacionarse con sus propios territorios?
¿Quién define qué significa proteger un bosque: las personas que han vivido y cuidado ese territorio durante generaciones, las instituciones que diseñan los programas o las empresas que compran certificados de carbono?
¿Quién obtiene los beneficios económicos y quién asume las restricciones y los riesgos?
Los cuestionamientos expresados en Talamanca apuntan a un problema de fondo: la conservación no puede convertirse en una nueva forma de limitar la autonomía indígena ni de subordinar las relaciones con la naturaleza a las necesidades de los mercados.
Los mecanismos de compensación de emisiones deben examinarse considerando sus condiciones concretas, sus efectos y las posibilidades reales de participación de las comunidades. No basta con que un proyecto se presente como ambientalmente beneficioso para dar por hecho que también lo es para los pueblos que habitan los territorios involucrados.
Cuidar el bosque no puede significar desconocer a quienes han construido su vida junto a él.
La protección de la naturaleza y la autonomía de los pueblos no deberían presentarse como objetivos incompatibles. El desafío es reconocer los conocimientos, las decisiones y las formas de manejo territorial de las comunidades, en lugar de imponerles condiciones definidas desde fuera.
4. Tres situaciones, una preocupación compartida
¿Qué tienen en común el archivo de un proyecto sobre medicina tradicional, los reclamos de las comunidades bribris ante DINADECO y las preocupaciones por los contratos de carbono?
Aunque se trata de situaciones diferentes, todas nos invitan a examinar una cuestión fundamental: ¿quién tiene la capacidad de decidir sobre nuestras vidas, nuestros conocimientos y nuestros territorios?
En la salud, la pregunta aparece cuando los servicios no responden adecuadamente a las condiciones culturales y territoriales de las comunidades, o cuando los saberes tradicionales encuentran dificultades para ser reconocidos.
En el gobierno del territorio, aparece cuando las comunidades reclaman que se respeten las decisiones de sus asambleas y que las instituciones atiendan su voluntad.
En la conservación de los bosques, aparece cuando los acuerdos con actores externos pueden establecer condiciones que afectan los usos tradicionales y la capacidad comunitaria de decidir sobre el territorio.
No debemos confundir estas situaciones ni asumir que todas responden exactamente a los mismos mecanismos. Cada una tiene su historia, sus actores y sus particularidades. Sin embargo, juntas nos permiten reconocer una preocupación común: el reconocimiento de los derechos indígenas no puede quedarse en el papel, sino que debe expresarse en las relaciones cotidianas entre los pueblos, las instituciones y los demás actores que intervienen en sus territorios.
La autonomía no existe plenamente si otras personas deciden qué conocimientos son válidos, qué prácticas pueden mantenerse, qué usos del bosque están permitidos o qué decisiones comunitarias merecen ser atendidas.
Y aquí necesitamos insistir en algo: no estamos hablando de privilegios, sino del respeto a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos, con historia, conocimientos, autoridades, formas de organización y capacidad para decidir sobre su futuro.
5. ¿Cómo llegamos a acostumbrarnos a la indiferencia?
Hay algo que nos duele y que necesitamos reconocer.
Cuando vemos que se toman decisiones que afectan a nuestros pueblos y sentimos que nada cambia, podemos terminar pensando que no vale la pena hablar, reclamar o participar. Cuando los procedimientos son complicados, las respuestas no llegan y nuestras voces parecen no tener suficiente peso, el cansancio puede convertirse en silencio.
Pero necesitamos preguntarnos qué sucede cuando ese silencio comienza a parecer normal.
¿En qué momento dejamos de sentir como propio lo que afecta a nuestra comunidad? ¿Cuándo empezamos a pensar que la pérdida de una práctica tradicional, la falta de atención médica o una decisión sobre nuestros bosques son asuntos separados de nuestra vida cotidiana?
La indiferencia no debe entenderse simplemente como una falta de interés de las personas. También debemos mirar las condiciones que la alimentan: el desgaste de las luchas, las dificultades para obtener respuestas, la falta de información, las divisiones internas y la sensación de que las decisiones importantes siempre se toman en otros lugares.
Por eso, esta reflexión no pretende señalar a nuestras comunidades ni responsabilizarlas por todo lo que ocurre. Busca abrir una conversación sobre cómo recuperar nuestra capacidad de escucharnos, reconocernos y organizarnos.
Porque la defensa de los derechos no comienza únicamente cuando presentamos una denuncia o participamos en una movilización. También comienza cuando compartimos lo que está ocurriendo, cuando conversamos con las personas mayores, cuando transmitimos nuestros conocimientos a las nuevas generaciones y cuando creamos espacios para discutir las decisiones que afectan a nuestra vida colectiva.
Necesitamos mantener vivas nuestras preguntas y construir respuestas en común.
No podemos permitir que el cansancio nos haga olvidar el valor de lo que defendemos. Tampoco podemos dejar que nuestras diferencias nos impidan reconocer las preocupaciones que compartimos.
La organización comunitaria necesita información, conversación y participación. Necesita que las personas puedan comprender qué está en juego, expresar sus preocupaciones y decidir juntas cómo actuar.
6. Defender lo que somos también es defender nuestro futuro
Nuestra identidad no es una herencia inmóvil que debemos conservar sin cambios. Es una historia viva que se transmite, se transforma y se reconstruye en las relaciones entre las generaciones, en el cuidado de los territorios y en las decisiones que tomamos como pueblos.
Defender nuestras prácticas tradicionales no significa rechazar cualquier conocimiento nuevo. Defender la autonomía no significa renunciar al diálogo con otras instituciones. Defender los bosques no significa aceptar que otras personas decidan por nosotros cómo debemos vivir en ellos.
Significa que esos diálogos, acuerdos y decisiones deben construirse desde el respeto, con participación efectiva y reconociendo nuestra capacidad para decidir.
Queremos servicios de salud que respondan a las necesidades de nuestras familias. Queremos instituciones que respeten nuestras decisiones comunitarias. Queremos que la conservación de los bosques no se convierta en una excusa para restringir nuestros derechos o abrir la puerta a nuevas formas de apropiación de los territorios.
Y, sobre todo, queremos que nuestras voces sean escuchadas antes de que las decisiones estén tomadas.
No podemos aceptar que nuestra historia sea tratada como algo que ya pasó, que nuestros conocimientos sean vistos como obstáculos o que nuestra relación con la naturaleza sea reducida a un valor económico.
Nuestros saberes están vivos. Nuestros territorios están vivos. Nuestras comunidades siguen pensando, actuando y construyendo sus propios caminos.
Por eso, frente a estas situaciones, necesitamos preguntarnos cómo fortalecer nuestra organización, cómo acompañar las luchas de nuestras comunidades y cómo hacer que las nuevas generaciones conozcan las historias que nos han traído hasta aquí.
No podemos permitir que el desconocimiento se vuelva costumbre, ni que la indiferencia termine pareciéndonos normal.
El dolor que sentimos ante estas situaciones también puede convertirse en una oportunidad para conversar, recuperar la memoria y fortalecer los vínculos que sostienen nuestra vida colectiva.
Porque defender nuestros derechos no es solamente reaccionar ante lo que otros hacen. Es también afirmar quiénes somos, qué valoramos y qué futuro queremos construir.
Una pregunta para conversar en nuestras comunidades
Queremos dejar abierta esta reflexión para que no termine en estas palabras.
Cuando se archiva una iniciativa que busca reconocer nuestros conocimientos, cuando una comunidad tiene que movilizarse para exigir que se respeten sus decisiones o cuando se establecen condiciones que pueden afectar nuestra relación con los bosques, tenemos razones para detenernos y conversar.
¿Qué podemos hacer, desde nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras formas de organización, para que el desconocimiento de nuestros derechos no se convierta en algo que terminemos aceptando en silencio?
¿Qué necesitamos recuperar para fortalecer nuestra autonomía? ¿Cómo podemos transmitir nuestros conocimientos y nuestra historia a las nuevas generaciones? ¿Qué espacios debemos construir para que las decisiones sobre nuestra salud, nuestra cultura y nuestros territorios se tomen con nuestra participación real?
No tenemos que responder estas preguntas en soledad. Podemos hacerlo escuchándonos, compartiendo nuestras experiencias y construyendo acuerdos.
La defensa de nuestros derechos también se sostiene en esa capacidad de reconocernos como parte de una historia común y de actuar colectivamente para que siga viva.
9 de octubre del 2026
Colectivo Antonio Saldaña
Talamanca, Costa Rica
