Gracias al seguimiento constante del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, se ha documentado un caso alarmante de tala autorizada por orden judicial en terrenos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ubicados en una zona de humedales de alta fragilidad ecológica. Lo que debía ser una intervención controlada y técnica terminó derivando en malas prácticas: árboles talados desde la base, vegetación arrasada y afectación a ejemplares que no estaban contemplados en la resolución. Esta situación revela una peligrosa desconexión entre lo que dictan los tribunales y lo que ocurre realmente en el terreno.
Tras esta denuncia inicial sobre irregularidades en la tala de árboles en zonas ecológicamente frágiles, voces vecinales confirman que las prácticas cuestionadas no se detuvieron; por el contrario, se agravaron. Según el testimonio de una persona residente cercana, luego de una primera fase de supervisión por parte de profesionales del AyA y técnicos forestales, el proceso quedó completamente en manos de la empresa taladora. Fue entonces cuando se ejecutaron las peores prácticas: árboles que debían ser cortados cuidadosamente fueron derribados de forma violenta, provocando el arrastre de vegetación secundaria y la caída de al menos siete árboles jóvenes adicionales.
La tala, que inicialmente debía intervenir ocho árboles de forma progresiva y regulada, terminó afectando al menos quince, según cálculos de personas vecinas. Este abuso responde, en parte, a la ausencia de supervisión institucional una vez que los responsables se retiraron del sitio. “Cuando ya no vinieron los del AyA, ellos tumbaron los árboles a lo bruto”, señaló la persona denunciante.
Estos hechos revelan un patrón preocupante: las empresas contratadas incumplen los protocolos ambientales tan pronto dejan de ser observadas, y las instituciones no garantizan un seguimiento riguroso que asegure la ejecución responsable de las disposiciones judiciales. Frente a esta omisión, la vigilancia comunitaria ha sido clave para documentar lo que ocurre realmente en el terreno, alertar a la Fiscalía Ambiental y defender activamente el ecosistema local.
Actualmente, las acciones de tala se encuentran paralizadas y todo el material extraído permanece en el terreno del AyA. Esto ha sido posible gracias a la intervención de la Fiscalía Ambiental, que actuó tras recibir denuncias y evidencia sobre el incumplimiento de los protocolos. Si bien la tala ya provocó un daño significativo, esta pausa representa un respiro momentáneo y evidencia el impacto que puede tener la articulación entre la vigilancia comunitaria y las instituciones cuando se responde con prontitud.
La situación exige respuestas institucionales claras: no basta con dictar medidas desde el escritorio si no se vigila su cumplimiento. Mientras tanto, la comunidad permanece alerta, demostrando que la defensa ambiental no descansa.
Sin vigilancia, el daño avanza
En este caso, la tala fue autorizada mediante una resolución judicial, lo que implicaba una obligación reforzada para garantizar su cumplimiento conforme a derecho y bajo estrictas medidas ambientales. Sin embargo, la falta de seguimiento institucional permitió que se actuara de forma contraria a lo establecido. La salida temprana de los funcionarios del AyA y del equipo técnico dejó la ejecución en manos de la empresa contratada, que incumplió los protocolos al talar árboles de forma entera, sin aplicar las prácticas progresivas estipuladas para evitar daños colaterales.
Este tipo de omisión no solo representa una falla administrativa, sino también una vulneración a los principios de legalidad y protección ambiental. Cuando las instituciones no garantizan la ejecución adecuada de las disposiciones judiciales, se corre el riesgo de que medidas excepcionales terminen causando un impacto ambiental mayor al que pretendían corregir. La ausencia de monitoreo no puede normalizarse. Urge que los entes públicos asuman su rol con seriedad, asegurando mecanismos de fiscalización continua y rendición de cuentas que eviten que estas prácticas se repitan.
Del papel al terreno: la desconexión que permite el daño
La situación vivida en los terrenos del AyA expone una falla estructural que va más allá de un caso puntual: la brecha entre las resoluciones judiciales y su cumplimiento efectivo en el territorio. Las decisiones tomadas desde los despachos, aunque formalmente legítimas, muchas veces no consideran las condiciones reales del entorno ni cuentan con mecanismos adecuados para garantizar su aplicación responsable. Esta desconexión deja espacio para que actores privados, como las empresas contratadas, actúen sin control, tergiversando el espíritu de la resolución y generando impactos mayores a los que se pretendía mitigar.
El caso también revela cómo el lenguaje técnico y jurídico puede volverse cómplice del deterioro ambiental cuando no está acompañado de una fiscalización efectiva. En contextos de alta fragilidad ecológica, no basta con autorizar medidas “controladas” si no se cuenta con estructuras que aseguren su cumplimiento integral, en tiempo real y con rendición de cuentas clara.
Frente a esta realidad, urge repensar el rol de las instituciones: no como simples emisoras de permisos o fallos, sino como garantes activos de la justicia ambiental. Y sobre todo, reconocer el papel insustituible que tienen las comunidades en alertar, documentar y exigir que lo dictado en el papel se traduzca en acciones reales que protejan la vida y el territorio.
Aquí pueden leer las notas de seguimiento de este caso:
Tala innecesaria en bosque de Puerto Viejo: una decisión judicial desproporcionada
Puerto Viejo: tala en instalaciones del AyA bajo la lupa de defensores ambientales
Tala “controlada” bajo la lupa comunitaria: evidencia de malas prácticas en terrenos del AyA
