A pesar de la suspensión temporal de la subasta ordenada por la Sala Constitucional, desde el Colectivo Antonio Saldaña recordamos que persisten vacíos graves en el debate público.
La falta de frecuencias reservadas para pueblos indígenas, la ausencia de mecanismos diferenciados de acceso y la exclusión de nuestras comunidades en las decisiones sobre comunicación siguen intactas.La suspensión detiene el proceso, pero no corrige la injusticia.
Seguimos llamando la atención sobre estas ausencias que amenazan nuestra autonomía, nuestra organización y nuestro derecho a comunicarnos con dignidad.
Un vacío imperdonable en tiempos democráticos: la ausencia de frecuencias reservadas para pueblos indígenas
Antes inclusode analizarlos riesgos jurídicos, económicos ypolíticos de lasubastadel espectro, es necesario señalar un vacío estructural que revela la falta de visión democráticadelproceso:elEstadocostarricensenoreservóniunasolafrecuencia para los pueblos indígenas.
En un país que se reconoce multiénica, pluricultural y plurilingüe, donde los territorios indígenas han sido históricamente marginados del acceso a la comunicación propia, la ausencia de una reserva explícita es más que una omisión técnica: es un retroceso en derechos.
Los estándares internacionales —incluida la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano— han sido contundentes:
-Los pueblos originarios deben tener acceso preferente al espectro.
-La comunicación indígena es parte del ejercicio de la autonomía, la cultura y la libre determinación.
-Sin medios propios, no hay garantías plenas de participación ni protección de la identidad colectiva.
Aun así, la subasta avanzó sin mecanismos diferenciados, sin cupos reservados, sin diálogo intercultural y sin reconocer que las condiciones materiales y las necesidades comunicativas de los territorios no son comparables con las de los actores comerciales.
Este vacío no es menor: implica que la vida comunicativa de los pueblos originarios depende, nuevamente, de un mercado que no fue diseñado para ellos y que no reconoce sus realidades.
Unprocesodereasignacióndelespectroqueexcluyealospueblosindígenases,por definición,unprocesoincompletoeinjusto.
Comunicar desde el territorio: un derecho, no un lujo
ParalascomunidadesNgäbe,Brörán,Cabécar,Bribri,Malekuyotras,lacomunicación noesun“servicio”ni un“negocio”. Es territorio, es memoria, es palabra compartida. Es el espacio donde se transmite la historia, se sostienen las luchas y se toman decisionescolectivas.
En muchos territorios, la radio comunitaria —hecha con recursos mínimos y con enorme esfuerzo colectivo— es el único medio estable de información, organización y cultura en lengua propia.
Por eso, desde el Colectivo Antonio Saldaña lo decimos con claridad: si ya vivimos con dificultades para comunicar, esta subasta puede empujar a nuestras comunidades a una incomunicación aún más profunda.
La subasta y el riesgo de un silencio impuesto
La preocupación es seria:
-Si suben los costos,
-si se ofrecen frecuencias en litigio,
-si no existen mecanismos de acceso diferenciado,
-si el diseño responde únicamente a criterios de mercado,
-la consecuencia es inevitable: menos radios comunitarias, menos voces propias, más silencio en los territorios.
Y ese silencio no es un detalle técnico. Es una amenaza directa a la autonomía, a la lengua, a la cultura y a la capacidad de las comunidades para responder colectivamente frente a invasiones, proyectos extractivos, emergencias o desatención estatal.
Diferenciar para garantizar derechos
Los pueblos originarios no pedimos beneficios especiales: pedimos justicia.
Tratar igual a actores que viven realidades profundamente desiguales solo profundiza la inequidad.
La diferenciación en los procesos públicos es una herramienta democrática, no una excepción.
Implica reconocer que los medios indígenas y comunitarios no son empresas: son formas de vida comunicativa, espacios de soberanía cultural y herramientas de protección territorial.
Un proceso justo debería incluir:
-Reservas de frecuencias para medios indígenas y comunitarios.
-Condiciones preferentes que reconozcan su aporte social.
-Criterios de evaluación que vayan más allá del pago económico.
-Participación real de las comunidades en el diseño del proceso.
-Modelos de gestión plurales que no reproduzcan la exclusión histórica.
Sin estas garantías, la subasta se vuelve una carrera donde solo participan quienes pueden pagar, mientras se empuja al silenciamiento a quienes sostienen la diversidad cultural del país.
La palabra como bien común
En un clima político donde se descalifica a la prensa como “prensa canalla”, se socavan las bases del debate público. Para los pueblos originarios, este contexto es doblemente preocupante:
nuestras voces ya han sido históricamente marginadas, y la pérdida de medios comunitarios profundizaría aún más ese silenciamiento.
-Porquesiseapagannuestrasradios,
-¿quiéncontaránuestrasluchas?,
-¿quiénavisaráanteunaamenaza?,
-¿quiénsostendrálatransmisióndelamemoriaenlenguapropia?
Que nadie hable por nosotros y nosotras
La comunicación indígena no es un favor del Estado: es un derecho colectivo.
Es parte de nuestra continuidad cultural, de nuestra autonomía y de nuestra relación con el territorio.
Por eso hacemos un llamado urgente a comprender la dimensión de lo que está en juego.
La subasta del espectro no solo reorganiza frecuencias: está redefiniendo quién tiene derecho a la palabra y quién puede quedarse fuera de la conversación nacional.
Defender el espectro como bien común social es defender la democracia y la pluralidad de Costa Rica.
Es defender que cada pueblo, cultura y comunidad pueda hablar con su propia voz, sin silenciamientos, sin intermediarios y sin barreras económicas que profundicen la exclusión.
Como pueblos originarios, afirmamos: sincomunicación propia no hay autonomía, no hay territorio y n ohay futuro.
Colectivo Antonio Saldaña 25 de noviembre del 2025
¿Quién fue Antonio Saldaña?
