Ante las constantes y evidentes manifestaciones de desprecio, discriminación, racismo, xenofobia y clasismo hacia los pueblos originarios, sus manifestaciones y expresiones culturales y espirituales, así como hacia su cultura en todas sus dimensiones y sus derechos naturales a la salud y a la tierra (territorialidad), reivindicamos los derechos que estos pueblos poseen desde antes de 1492.
El sometimiento de los pueblos originarios se inauguró en esa fatídica fecha y, a diferencia del resto de la población, nuestros pueblos no se independizaron en 1821. Seguimos siendo oprimidos por una casta criolla e imperialista.
El Gobierno actual y la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa han manifestado públicamente su desprecio hacia los pueblos indígenas, de manera sistemática y estructural. Esta actitud forma parte de un sistema de exclusión que se ha consolidado e institucionalizado.
La casta política, económica y social ha rechazado y archivado iniciativas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas, entre ellas: el proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas; el reconocimiento de las prácticas tradicionales de salud; el derecho a la gobernanza mediante instituciones libremente electas por los propios pueblos indígenas; el intento de derogar la Ley Indígena N.° 6172, impulsado por Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN); y el desconocimiento de decretos relacionados con la salud, la educación y el derecho a la tierra, reconocido desde 1939, así como de la creación del Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASPI).
Estas actuaciones representan una violación al espíritu del artículo primero de la Constitución Política y a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales el Estado costarricense es signatario.
Se realizan recortes presupuestarios en salud, educación, agricultura y muchos otros sectores, estrechando las oportunidades de acceso a la educación superior y propiciando el cierre de sedes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad de Costa Rica (UCR) y otras instituciones. Estas medidas contravienen lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación con el sistema de salud de los pueblos indígenas.
Asimismo, se limitan las oportunidades de las personas con discapacidad y se despoja de recursos a instituciones como el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), la Cruz Roja Costarricense, la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y muchas otras, que se ven erosionadas y disminuidas en sus capacidades de atención.
Mientras tanto, el Gobierno asigna presupuesto al Ministerio de Comunicación de la Presidencia para viajes, vehículos de lujo y otros beneficios, así como para ampliar su imagen pública. También se mantienen situaciones como las pensiones de lujo, en las que se reciben simultáneamente una pensión y un salario, sin ningún sonrojo.
No haremos ni hacemos reclamos que, al final, sabemos que caerán en saco roto o serán recibidos con total indiferencia por parte de un sistema arrogante y prepotente.
Reafirmamos nuestra actitud de defensa de la dignidad, como lo hicieron nuestros próceres y caudillos: Pablú Presbere, Antonio Saldaña y los pueblos originarios de Abya Yala.
Seguiremos hasta las últimas instancias.
Colectivo Antonio Saldaña
Filidencio Cubillo Morales
Coordinador
¿Quién fue Antonio Saldaña?
