Este fin de semana, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven reportó que, en la calle principal camino a Punta Riel, en el Caribe Sur costarricense, se detectó un camión sin placas cargado con tucas de madera. En el material audiovisual disponible, se observa también la draga utilizada para cargar el furgón, así como la presencia de varios vehículos que, según señala Vangoidsenhoven, «podemos presumir que son los encargados de este desastre». El defensor enfatizó: «Es una barbaridad, y ahora está calmado, imagínese. Hay que hacer algo sobre eso».
Este hallazgo evidencia la intensificación de prácticas de tala, tanto bajo permisos cuestionables como de forma completamente ilegal. La situación se da en un contexto preocupante de extracción forestal descontrolada, mientras las instituciones responsables parecen actuar de manera omisa o desbordada ante el volumen de casos.
El uso de vehículos sin placa es una estrategia común entre los grupos dedicados a la tala ilegal: impide rastrear la propiedad del vehículo, complica las investigaciones judiciales y reduce las posibilidades de sanción. Sin embargo, esta no es la única práctica irregular. También se reportan permisos forestales tramitados con información falsa, movilización de madera fuera de los horarios permitidos, tala encubierta bajo proyectos agrícolas o de infraestructura, y el uso de rutas clandestinas para el transporte de madera.
Vangoidsenhoven agregó que anteriormente se habían decomisado 11 furgones de madera en la zona de Tuba Creek, advirtiendo que el patrón de operación continúa: «Ellos tienen que seguir hacia Limón para procesar la madera, deben ir a un lugar específico que tiene permisos y todo eso. Allí tiene que pasar por el control de puesto. Vamos a ver si los van a parar. La policía los tiene que revisar y comunicarse inmediatamente con la Fiscalía ambiental». No obstante, advirtió sobre una grave limitación: «La policía no está entrenada para ese tipo de cosas. Lo que sucede es que les enseñan cualquier papel y vámonos».
La legislación costarricense, a través de la Ley Forestal N° 7575, establece que toda extracción, transporte y comercialización de productos forestales debe contar con permisos debidamente otorgados, y que el transporte debe hacerse en vehículos identificables, con guías de transporte en regla. El uso de camiones sin placas constituye una infracción a la Ley de Tránsito (Ley N° 9078) y una falta grave en materia ambiental, susceptible de sanciones administrativas y penales. Además, el Código Penal castiga los delitos contra los recursos naturales en su artículo 50 y siguientes.
La situación en el Caribe Sur exige acciones urgentes. No sólo está en riesgo el patrimonio natural, sino también los medios de vida locales, la biodiversidad y los esfuerzos de conservación comunitaria. La situación evidencia la necesidad de una respuesta más efectiva por parte de las autoridades ambientales, judiciales y municipales para contener la ilegalidad y proteger los bosques del Caribe Sur.
Esta nota se realizó con el apoyo del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, cuyo compromiso con la protección del Caribe Sur ha sido fundamental para visibilizar estas denuncias.
Aspectos a considerar sobre la tala ilegal
- Ley Forestal N° 7575 (art. 38 y 46): Toda tala debe contar con permisos otorgados por el SINAC. El transporte de madera requiere una Guía de Transporte Forestal y vehículos plenamente identificados.
- Ley de Tránsito N° 9078 (art. 98): Circular sin placas es una infracción gravísima, sancionada con multa y decomiso del vehículo.
- Código Penal (art. 385): La extracción ilegal de productos forestales puede ser castigada con penas de prisión de 1 a 3 años.
- Prácticas ilegales frecuentes:
- Uso de camiones sin placa o con placas falsas.
- Tala en propiedades ajenas o territorios indígenas sin autorización.
- Transporte nocturno para evadir controles.
- Alteración de documentos para legalizar madera extraída ilícitamente.
- Impacto ambiental:
- Pérdida acelerada de biodiversidad.
- Aumento de la erosión y degradación del suelo.
- Alteración de fuentes de agua y afectación a las comunidades locales.
