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Cómo fallar correctamente en una universidad que mide todo menos lo importante

with No Comment Reflexión
Donde empieza realmente el aula

Querida comunidad,

Se insiste en que el aula comienza cuando el orden está garantizado: horarios definidos, contenidos delimitados, jerarquías claras. Sin embargo, mi experiencia ha sido otra. El aula comienza, con mayor honestidad, cuando ese orden se fisura.

En Assassination Classroom, me asignaron una clase diseñada para no importar: separada, señalada, funcional como recordatorio permanente del fracaso. No era un error del sistema. Era parte de su arquitectura.

Toda pedagogía, incluso la más técnica, descansa sobre una decisión previa: qué vidas merecen ser cultivadas y cuáles pueden ser relegadas sin que el conjunto se cuestione. Ese es el verdadero currículo oculto.

El conflicto no es una anomalía

Hoy, la universidad se encuentra atravesada por un paro activo. La reacción inmediata ha sido nombrarlo como interrupción, desviación, pérdida de normalidad.

Pero toda normalidad es una construcción. Y toda construcción, cuando se vuelve incuestionable, empieza a ocultar más de lo que muestra. El paro, en ese sentido, no irrumpe desde afuera. 

Emerge de tensiones acumuladas: decisiones que reconfiguran silenciosamente lo público, prácticas institucionales que administran el desacuerdo en lugar de procesarlo, y discusiones —como la del FEES— que tienden a reducirse a cifras mientras desplazan sus implicaciones materiales. Porque el FEES no es únicamente financiamiento.

Es una definición concreta de universidad: quién accede, quién permanece, qué saberes se priorizan, qué vínculos se sostienen con la sociedad. Cuando esa discusión se estrecha, el conflicto no desaparece. Se desplaza.

El lenguaje como dispositivo de orden

En este contexto, ciertas palabras han circulado con rapidez para nombrar a quienes protestan. No es necesario repetirlas para reconocer su efecto.

Nombrar no es un acto neutral. Es una operación de poder.

Cuando se define a estudiantes como amenaza, el conflicto deja de ser político y se convierte en problema de control. La pregunta ya no es qué se está disputando, sino quién debe ser contenido.

El desplazamiento es sutil, pero decisivo. Y cuando ese lenguaje proviene de voces que han ocupado posiciones de autoridad universitaria, su efecto se amplifica: no solo expresa una opinión, sino que reactiva formas de ordenar lo legítimo y lo ilegítimo dentro de la institución.

Así, el desacuerdo se vacía de contenido y se llena de sospecha.

Aprender a sostener lo común

En mi aula, pronto comprendí que enseñar no consistía en producir adecuación, sino en abrir posibilidades.

No se trataba de corregir estudiantes para que encajaran en un molde, sino de crear condiciones para que pudieran reconocerse como sujetos capaces de incidir en el mundo que habitan. Eso implica asumir una premisa exigente: el conflicto no es una falla del proceso educativo. Es uno de sus motores.

Defender la educación pública como bien común —incluida la disputa por el FEES— no siempre adopta formas ordenadas ni previsibles. A veces irrumpe, desacomoda, incomoda.

Pero esa incomodidad no invalida la demanda. La vuelve visible. Y, en muchos casos, inevitable.

La lección que incomoda

He visto estudiantes a quienes se les enseñó, de múltiples formas, que no importaban. También los he visto, en el momento menos esperado, dejar de aceptar esa premisa.

No porque el sistema se volviera justo, sino porque comenzaron a leerlo críticamente.

Ese momento —preciso e inestable— es profundamente pedagógico.

Por eso, ante el impulso de restaurar la normalidad con rapidez, propondría otra pregunta: ¿qué normalidad es la que se intenta preservar?

Porque una universidad que no puede pensarse a sí misma en medio del conflicto corre el riesgo de perfeccionar algo distinto al conocimiento: la administración de su propio silencio.

Y cuando eso ocurre, lo que se erosiona no es solo el debate. Es la posibilidad misma de educar.

Nota al pie (innecesariamente necesaria) del colaborador

Confieso algo: cuando me invitaron a colaborar con el Observatorio de Bienes Comunes, revisé si existía algún protocolo para criaturas de dudosa procedencia y velocidad cuestionablemente alta.

No lo encontré. Lo cual, debo decir, es una excelente señal.

Un Observatorio que no intenta normalizar a quienes observa —ni a quienes escriben— probablemente esté más cerca de comprender lo común que muchas instituciones perfectamente ordenadas.

He pasado por sistemas que miden todo: rendimiento, conducta, resultados. Sistemas que convierten la educación en una serie de indicadores impecables… y profundamente incapaces de explicar por qué sus estudiantes dejan de creer en ellos.

Aquí, en cambio, me encuentro con algo más inestable: preguntas.

Preguntas sobre lo público, sobre el cuidado, sobre aquello que no puede reducirse sin perderse. Debo admitir que es un entorno peligroso… especialmente para quienes prefieren respuestas rápidas.

Si este Observatorio hiciera bien su trabajo —y sospecho que lo hace— no produciría tranquilidad. Produciría incomodidad.

Esa ligera sensación de que lo que dábamos por sentado necesita ser revisado. Esa sospecha persistente de que lo común no se administra: se disputa, se cuida, se aprende.

En mi experiencia, ese es el tipo de aprendizaje que más cuesta. Y, curiosamente, el que más vale la pena.

Atentamente (y a velocidad moderada),
Koro-sensei
Colaborador, Observatorio de Bienes Comunes

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El diablo anda suelto: la mayoría está en la calle (aunque no tenga 31 votos)

with No Comment PARTICIPACIÓN

Dicen que el diablo anda suelto, pero esta vez decidió colaborar. Se sumó al Observatorio de Bienes Comunes como cronista incómodo de este 1° de mayo: caminó la calle, escuchó las voces, tomó nota de lo que se dice y de lo que se intenta callar. No vino a asustar, sino a registrar. Y lo que encontró —entre estudiantes, magisterio, trabajadores y defensores de la vida— fue un país que habla en plural y que ya no está dispuesto a quedarse en silencio.

Memoria que insiste, conflicto que permanece

Empiezo por donde siempre conviene empezar: la memoria. El 1° de mayo no es una fecha ceremonial ni un gesto vacío que se repite por costumbre; es una memoria histórica que se reactiva precisamente cuando las tensiones vuelven a hacerse visibles. Fui a revisar el origen —Chicago, 1886— y no encontré épica despolitizada, sino conflicto: huelga, represión, criminalización y ejecución de dirigentes obreros. Desde ahí se instala una constante que todavía incomoda al poder: los derechos laborales y sociales no emergen de la benevolencia institucional, sino de procesos conflictivos donde la organización colectiva empuja y desborda los límites que se le imponen.

Lo que registro en el presente es que esa memoria no está clausurada ni archivada; opera, se actualiza y reaparece cada vez que las condiciones materiales de vida se tensan, que las formas de representación política se perciben insuficientes y que los sentidos de lo público entran nuevamente en disputa. Conmemorar, en ese marco, no es un ejercicio retrospectivo sino una forma de leer el presente con una historia que sigue abierta y que, por lo tanto, no ha dejado de producir efectos.

Soy un síntoma político

Sobre mi presencia —ya que insisten en nombrarla— conviene precisar algo: decir que “el diablo anda suelto” no describe una anomalía ni una irrupción irracional, sino la manifestación de un malestar que ha dejado de ser silencioso. No aparezco desde afuera ni interrumpo un orden estable; más bien, hago visible que ese orden ya contenía fracturas que ahora resultan inocultables.

Funciono, si se quiere, como un síntoma político: aparezco cuando la inconformidad se acumula, encuentra lenguaje y se despliega en el espacio público. No produzco el conflicto, lo evidencio. Y en esa evidencia queda expuesto que lo que se presentaba como estabilidad muchas veces descansaba sobre silencios, exclusiones o desigualdades naturalizadas.

Lo que este 1° de mayo en Costa Rica dejó ver no fue una irrupción aislada ni un episodio excepcional, sino la convergencia de múltiples malestares que, al encontrarse en la calle, adquieren una densidad política que ya no puede leerse como suma de casos individuales.

Una polifonía que desborda el orden

El material que recoge este collage de voces no se deja organizar bajo una narrativa única, y precisamente ahí radica su potencia. No se trata de sintetizar ni de jerarquizar demandas, sino de exponer una polifonía que desborda los intentos de reducción. En ese entramado, el movimiento estudiantil no se limita a defender el financiamiento de la educación pública a través del FEES, sino que cuestiona de manera más profunda los procesos de despolitización de la universidad y los intentos de restringir su papel como espacio crítico.

El magisterio, por su parte, articula una crítica que no se agota en lo sectorial, sino que vincula el deterioro de las condiciones educativas con dinámicas estructurales de precarización que inciden directamente en la reproducción de desigualdades sociales. No se trata únicamente de condiciones laborales, sino de las bases mismas sobre las cuales se construye la posibilidad de igualdad.

En ese mismo plano, la defensa de la CCSS aparece como uno de los núcleos más densos de la disputa, en tanto concentra una discusión sobre el sentido de lo público. Lo que está en juego no es solo la preservación de una institución, sino la continuidad —o la transformación— de un modelo de bienestar que enfrenta presiones crecientes hacia su fragmentación y eventual mercantilización.

Poder, cierre democrático y narrativas en disputa

En el plano político-institucional, lo que se escucha en la calle no es un rechazo abstracto, sino una lectura situada de cómo se está ejerciendo el poder. Las voces recogidas dan cuenta de una percepción creciente de que las dinámicas de gobierno están transitando hacia formas que restringen la deliberación y amplían los márgenes de imposición. La idea de decisiones adoptadas “a golpe de tambor” no funciona solo como consigna, sino como síntesis de una inquietud más profunda sobre el debilitamiento de los procedimientos democráticos sustantivos.

Este señalamiento se articula con la identificación de redes de cuido político que permiten la continuidad de ciertas estructuras de poder, incluso en contextos donde el discurso oficial se presenta como disruptivo o transformador. La tensión entre narrativa y práctica emerge, así, como uno de los ejes más persistentes del malestar: lo que se promete no coincide necesariamente con lo que se ejecuta, y esa brecha es percibida, nombrada y cuestionada.

Mi papel aquí no es resolver esa tensión, sino dejar constancia de su existencia y de su creciente visibilidad.

Tramas de lucha y horizontes compartidos

Lo que este recorrido permite observar es que las luchas no se presentan de forma aislada, sino como parte de una trama compleja donde distintas agendas se entrelazan sin perder su especificidad. La defensa de los derechos de las mujeres se inscribe en un contexto donde las violencias persisten y donde las capacidades institucionales para garantizar protección efectiva son puestas en cuestión.

La reivindicación de los sindicatos reaparece como afirmación de la legitimidad de la organización colectiva frente a discursos que buscan erosionarla, recordando que las condiciones laborales no se negocian individualmente, sino que se disputan colectivamente.

Por su parte, las demandas en torno al ROP introducen una dimensión intergeneracional que evidencia tensiones sobre el derecho a una vejez digna en un contexto de transformación de los sistemas de seguridad social. Estas luchas, aunque diversas en sus formas y énfasis, convergen en una exigencia más amplia: la democratización de la vida política entendida no como un procedimiento formal, sino como una práctica que requiere apertura, participación efectiva y reconocimiento del conflicto como parte constitutiva de lo democrático.

Escalas de la protesta: entre lo local y lo global

El alcance de lo que se expresa en la calle no se limita a las fronteras nacionales. Las voces recogidas articulan también una crítica a la injerencia de Estados Unidos en la región, incluyendo Costa Rica, lo que reactualiza debates históricos sobre soberanía en un contexto de dependencias persistentes.

De manera simultánea, la solidaridad con el pueblo palestino y la denuncia del genocidio amplían el horizonte de la protesta, inscribiéndola en una lógica internacionalista que reconoce la interconexión de las luchas. Lo local y lo global no aparecen como niveles separados, sino como dimensiones que se cruzan y se condicionan mutuamente en la experiencia concreta de quienes protestan.

Escuchar como acto político

Escuchar este collage no es un ejercicio pasivo ni meramente descriptivo. Implica reconocer que lo que está en juego es la producción de sentidos en disputa sobre el presente y el futuro. En un contexto donde la política tiende a reducirse a gestión, administración y control, la calle reaparece como un espacio donde se produce lenguaje, se articulan demandas y se ensayan formas de comunidad.

En esta clave, mi presencia deja de ser leída como amenaza para convertirse en indicador: allí donde aparezco, hay conflicto, pero también hay vitalidad democrática. No soy el problema; soy la señal de que algo está siendo puesto en cuestión.

No me olvido de los bienes naturales

Hay, sin embargo, una dimensión que atraviesa todo el recorrido y que no puede ser tratada como un tema más: la cuestión ambiental. La voz ecologista que emerge en este 1° de mayo no se limita a la defensa abstracta de la naturaleza, sino que introduce una lectura sobre la reorganización del poder en los territorios, sobre quién decide y bajo qué criterios se establecen los límites de intervención.

Lo que se denuncia con insistencia es una tendencia hacia la concentración de decisiones en el aparato central del MINAE, lo que reduce los márgenes de autonomía técnica y debilita instancias que históricamente han funcionado como contrapesos dentro de la institucionalidad ambiental. Esta recentralización no es un ajuste administrativo menor, sino una reconfiguración del poder de decisión que desplaza equilibrios y condiciona los procesos de evaluación.

A ello se suma el recorte presupuestario, cuyos efectos no son abstractos: menos recursos implican menor capacidad de fiscalización, menor presencia institucional en los territorios y, por lo tanto, una mayor exposición de los ecosistemas a presiones externas. En este contexto, la flexibilización de los marcos regulatorios —presentada bajo el lenguaje de la eficiencia— es percibida como una apertura de portillos que debilita el principio de precaución y facilita intervenciones sobre entornos sensibles.

Las propuestas orientadas a la privatización o intensificación del uso de las zonas costeras refuerzan esta lectura, al poner en tensión el carácter público de las playas y abrir la posibilidad de su transformación en espacios subordinados a lógicas de mercado. Este conjunto de medidas se articula, además, con un discurso desarrollista que deslegitima las preocupaciones ambientales al reducirlas a caricaturas, desplazando el debate hacia una falsa oposición entre desarrollo y conservación.

Simultáneamente, se identifica un uso estratégico del lenguaje ambiental que distintas voces nombran como greenwashing: la apelación a la sostenibilidad y a la defensa de los océanos convive con prácticas que, en la experiencia concreta, contradicen esos principios. Esta brecha entre narrativa y acción alimenta la desconfianza y refuerza la percepción de inconsistencia.

Finalmente, la erosión de los mecanismos de participación ambiental cierra el cuadro. Procesos que formalmente incluyen consulta terminan operando como instancias de validación sin incidencia real, debilitando tanto la legitimidad de las decisiones como la relación entre comunidades e institucionalidad.

Lo que se configura, en conjunto, no es una desaparición de la institucionalidad ambiental, sino su reconfiguración: menos autónoma, más frágil, más permeable a presiones externas.

Y en ese punto, mi tarea es sencilla: no exagero, no adorno, no dramatizo.

Registro.

Porque cuando la protección ambiental se vuelve flexible, lo que entra en negociación no es solo la norma. Es la vida misma.

Reporte del diablo: la mayoría que se quedó esperando

Transmisión desde las inmediaciones del poder…

Mientras yo caminaba la calle —llena, ruidosa, viva—, me dio por asomarme al edificio que dicen concentra la “mayoría”. Y ahí estaba: impecable, custodiado, listo para una escena que nunca ocurrió. Un operativo desplegado con disciplina, vallas en su lugar, policías atentos… resguardando, curiosamente, nada. O peor: resguardando una ausencia.

Confirmo: la manifestación no pasó por ahí. No fue descuido. Fue decisión.

Porque mientras adentro se repite el número —31, 31, 31— como si fuera un conjuro de legitimidad, afuera la cuenta se hacía de otra manera: en pasos, en voces, en cuerpos que eligieron no pedir permiso ni girar alrededor de ningún edificio. Yo mismo tomé otro rumbo. No por perderme, sino por encontrarme con lo que estaba pasando.

No hubo cerco. No hubo choque. No hubo siquiera la cortesía de acercarse. Y, sin embargo, el mensaje fue más claro que cualquier consigna: se puede blindar un edificio, pero no se puede obligar a la calle a reconocerlo como centro.

La escena, lo admito, tenía algo de comedia involuntaria. Un dispositivo listo para contener una amenaza que decidió no presentarse. Una institucionalidad esperando ser interpelada… y una calle que, simplemente, siguió hablando en otro lado. Más que ignorancia, fue desplazamiento.

Así que dejo constancia en este reporte: la “gran mayoría” se quedó esperando. Y la política, por un momento, ocurrió sin ella.

Dicen que ando suelto. Puede ser. Pero esta vez ni siquiera toqué la puerta.
Entrevista exclusiva con el diablo

—Se insiste en que usted “anda suelto”. ¿Cómo interpreta esa afirmación?
—La frase dice más del miedo de quien la enuncia que de mí. “Suelto” sugiere descontrol, pero lo que hay es organización. Aparezco cuando el malestar deja de ser individual y encuentra formas colectivas de expresarse.

—¿Por qué su presencia se vuelve más visible en fechas como el 1° de mayo?
—Porque la memoria no es pasiva. El 1° de mayo activa una genealogía de luchas que recuerda que los derechos se conquistaron enfrentando al poder. En ese contexto, mi presencia no es excepcional: es coherente.

—Se le asocia con el caos y la desestabilización.
—Esa es una lectura interesada. Se llama “caos” a todo aquello que interrumpe la comodidad del orden. Pero no hay nada más inestable que un sistema que necesita silenciar para sostenerse.

—¿Qué lectura hace del momento actual del país?
—Hay una tensión evidente entre formas de poder que buscan concentrarse y sectores sociales que exigen ser escuchados. Esa tensión no es nueva, pero hoy se expresa con mayor claridad porque los márgenes de tolerancia al deterioro se han reducido.

—En el collage aparecen múltiples luchas. ¿Cómo se relacionan entre sí?
—No necesitan ser idénticas para ser compatibles. Lo que comparten es una experiencia de límite: educativo, económico, político. Yo no unifico esas luchas; las pongo en contacto.

—¿Qué papel juega la institucionalidad en este escenario?
—La institucionalidad puede ser espacio de mediación o de cierre. Cuando se percibe como cerrada, la calle se vuelve inevitable. No como rechazo absoluto, sino como corrección de ese cierre.

—También hay referencias internacionales en estas voces.
—Porque las luchas no están aisladas. Las dinámicas de poder, las formas de intervención externa, incluso los modelos económicos, operan a escala global. Ignorar eso sería ingenuo.

—¿Tiene algún horizonte o finalidad?
—No soy un programa político. Soy una señal. Indico que hay algo que no está funcionando y que requiere ser transformado.

—¿Cuándo deja de aparecer el “diablo”?
—Cuando el conflicto deja de ser necesario para ser escuchado. Es decir, cuando la democracia deja de temerle a su propia gente.

—Entonces, ¿se va a quedar?
—Mientras intenten gobernar sin escuchar, ya sabe la respuesta.

El diablo anda suelto.
No como amenaza, sino como evidencia.
Y esta vez, no habla en singular.

Galería
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De “estúpido” a “malintencionado”: cómo se naturaliza la estigmatización de quienes defienden el ambiente

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En la conferencia de prensa semanal del presidente de la República, Rodrigo Chaves, junto Ministra de la Presidencia y presidenta electa Laura Fernández, tuvo lugar un intercambio que, para muchos, pudo pasar desapercibido. Sin embargo, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, constituye un ejemplo claro de estigmatización institucional contra personas defensoras del ambiente.

Durante su intervención, el presidente Chaves se refirió al diputado electo Edgardo Araya como “la clase de estúpido que es este ser humano” y “el padre del desastre de Crucitas”. En la misma línea, calificó al magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema, como “un desvisado”, “de extrema izquierda y nefasto para el país” y “malintencionado”. Por su parte, la presidenta electa aludió a “personas radicalistas” que “engañan” al país con “información falsa”.

Lo que está en juego aquí no es la libertad de opinión. El problema radica en la normalización de un discurso que descalifica a las personas —y no a sus argumentos—, y que, además, asocia la defensa del ambiente con daño al desarrollo, pérdida de empleos o incluso mala fe.

Lo que dice el derecho interamericano

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Norte de Centroamérica: Personas defensoras del medio ambiente” (2022), es contundente al respecto:

“La difamación y estigmatización de personas defensoras son prácticas comúnmente utilizadas para distorsionar la percepción que se tiene sobre su labor.” (párr. 114)

El documento señala que, en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, funcionarios públicos y actores privados han recurrido a etiquetas como “criminales”, “terroristas”, “antidesarrollo” o “enemigos del Estado” para desacreditar a quienes defienden el ambiente (párr. 115). Aunque con un lenguaje distinto, ese mismo patrón discursivo se hizo presente este miércoles en la conferencia del Poder Ejecutivo costarricense.

La CIDH advierte que la estigmatización no constituye un simple exceso retórico. Por el contrario, contribuye a crear un clima de hostilidad, legitima la descalificación pública y, en contextos de alta conflictividad, puede convertirse en la antesala de amenazas, criminalización e incluso violencia letal (párrs. 116–118).

¿Por qué esto importa en Costa Rica?

Costa Rica experimenta una erosión en las condiciones para la defensa ambiental. Aunque no se trate de un escenario de violencia sistemática como en otros países de la región, el país no está exento de hechos extremos: se han registrado asesinatos de personas vinculadas a la defensa del territorio. En este contexto, se acumulan señales de deterioro —conflicto sostenido en territorios indígenas, declaratorias de “no grato” y afiches de “no bienvenidos”— que, lejos de ser aisladas, delinean una tendencia preocupante. A ello se suma el uso de mecanismos de intimidación legal, como las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), reforzando un entorno cada vez más adverso, profundizado por discursos estigmatizantes desde el Poder Ejecutivo.

Estos discursos no solo acompañan este proceso, sino que lo profundizan y legitiman. En primer lugar, normalizan el insulto y la descalificación personal como formas válidas de hacer política y de responder a posiciones críticas, particularmente en materia ambiental. En segundo lugar, deslegitiman la defensa del ambiente al asociarla de manera automática con “fanatismo”, “radicalismo” o “engaño”, sin distinguir entre posturas legítimas y acciones ilegales.

Además, este clima discursivo pone en riesgo el derecho a disentir en temas ambientales, especialmente para comunidades locales, liderazgos indígenas y personas que se oponen a megaproyectos. Finalmente, este tipo de posicionamientos contradice los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, incluyendo su papel histórico en torno al Acuerdo de Escazú y los estándares desarrollados por la CIDH.

Lo que la CIDH recomienda (y Costa Rica debería escuchar)

El informe dedica un apartado específico a las obligaciones estatales en materia de estigmatización. Entre sus conclusiones, señala:

“Las autoridades estatales deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.” (párr. 175)

Asimismo, recomienda de forma expresa:

“Crear una campaña de educación y promoción […] Las autoridades, desde los más altos niveles, deben abstenerse de hacer declaraciones o afirmaciones que estigmaticen o desacrediten a las personas defensoras.” (párr. 305, recomendación 2)

Hasta el momento, lejos de promover esta cultura, el Poder Ejecutivo costarricense ha avanzado en sentido contrario.

Más allá de la anécdota: un patrón discursivo

Lo ocurrido el 22 de abril no puede entenderse como un hecho aislado. En los últimos años, desde el Ejecutivo se ha reiterado un patrón discursivo que califica a quienes cuestionan proyectos turísticos, mineros o de infraestructura como “obstruccionistas”, “radicales” o “enemigos del desarrollo”.

Lo novedoso en esta ocasión es la intensidad de la descalificación —dirigida a personas concretas como Araya y Cruz— y la generalización negativa hacia quienes defienden el ambiente, presentados como parte de “corrientes extremas”.

De acuerdo con la CIDH, la estigmatización suele ser el primer eslabón de una cadena que puede escalar hacia el hostigamiento, la criminalización y, en los escenarios más graves, la violencia física (párr. 96). En Costa Rica, aunque no se ha llegado a esos extremos, el discurso oficial comienza a sentar las condiciones para ello.

Cuando el discurso oficial cruza la línea

Señalar la estigmatización desde el Poder Ejecutivo no implica perseguir al gobierno ni restringir la libertad de expresión presidencial. Tampoco se trata de dirimir si un proyecto es viable, beneficioso o no, ni de impedir el desarrollo. Implica, más bien, reconocer que las palabras de quienes ejercen poder público tienen peso, generan efectos y deben ajustarse a ciertos límites, especialmente cuando se refieren a personas que ejercen un derecho fundamental: la defensa del ambiente.

La CIDH ha sido clara: proteger a las personas defensoras comienza por reconocer la legitimidad de su labor y abstenerse de descalificarlas. Un país que se presenta como referente ambiental y de derechos humanos, como Costa Rica, debería comenzar por garantizar ese estándar en su propio discurso institucional.

En este sentido, lo ocurrido no puede leerse como un hecho aislado ni como un simple exceso retórico. Forma parte de un entramado más amplio de violencias que afectan a quienes defienden el ambiente. La siguiente matriz, basada en el informe de la CIDH, permite visualizar cómo estas formas de violencia se articulan y escalan, situando la estigmatización como uno de sus puntos de partida.

Cómo operan las violencias contra personas defensoras del ambiente
Tipo de violencia¿En qué consiste?¿Cómo se manifiesta?Efectos principalesRelación con la estigmatización
Estigmatización y desprestigioDiscursos que deslegitiman la labor de defensa ambientalDeclaraciones públicas, etiquetas como “radicales”, “antidesarrollo”, “enemigos”Erosiona legitimidad social, aísla a las personas defensorasEs el punto de partida: construye el clima que permite otras violencias
Amenazas y hostigamientoIntimidación directa o indirecta contra personas defensorasMensajes de amenaza, vigilancia, acoso, agresiones físicas o psicológicasGenera miedo, limita la participación y la denunciaSe legitima más fácilmente cuando la persona ya ha sido desacreditada públicamente
CriminalizaciónUso indebido del sistema penal para obstaculizar la defensaDenuncias infundadas, procesos judiciales, prisión preventiva abusivaDesgasta recursos, inhibe la acción colectiva, castiga la protestaLa estigmatización construye la narrativa que “justifica” la persecución
Ataques a la vida e integridadViolencia directa contra la integridad físicaAtentados, asesinatos, desapariciones forzadasElimina liderazgos, genera terror en comunidadesEs el extremo de la cadena, precedido muchas veces por estigmatización y hostigamiento

Fuente: elaboración propia con base en el informe de la CIDH “Norte de Centroamérica: Personas defensoras del medio ambiente” (2022).

¿A quiénes alcanza este tipo de discurso?

Hay un elemento adicional que no puede pasarse por alto. En este caso, las descalificaciones se dirigen a figuras con alta exposición pública como Fernando Cruz y Edgardo Araya. Se trata de personas con trayectoria, experiencia institucional y cierto nivel de protección derivado de sus cargos —magistrado y diputado electo—, lo que podría sugerir que están más habituadas a este tipo de confrontaciones.

Sin embargo, el problema no se agota en quienes reciben directamente los ataques. Este tipo de discurso, emitido desde los más altos niveles del poder, no solo impacta a estas figuras: también envía un mensaje más amplio que puede ser replicado y amplificado en otros espacios.

Cuando se normaliza la descalificación personal, se habilita —explícita o implícitamente— que ese mismo trato se reproduzca hacia personas defensoras con menor visibilidad y menor capacidad de protección: liderazgos comunitarios, colectivos locales, juventudes organizadas o personas que participan por primera vez en la defensa de sus territorios.

En esos contextos, las consecuencias pueden ser mucho más graves. A diferencia de figuras públicas consolidadas, estas personas suelen enfrentar mayores niveles de vulnerabilidad frente al hostigamiento, la intimidación o la violencia, precisamente porque no cuentan con los mismos recursos políticos, mediáticos o institucionales para responder.

Esto no implica minimizar los efectos que estas expresiones tienen sobre Fernando Cruz y Edgardo Araya, quienes también pueden verse afectados en distintos niveles por este tipo de violencia simbólica. Más bien, permite dimensionar el alcance del problema: un discurso estigmatizante no se queda en quienes nombra, sino que se expande, permea y reconfigura las condiciones en las que muchas otras personas ejercen su derecho a defender el ambiente.

En ese sentido, la responsabilidad del discurso público no radica solo en a quién se dirige, sino en todo lo que habilita más allá de ese momento.

¿Qué dice esto sobre la política ambiental de Costa Rica?

Más allá del episodio puntual, este tipo de declaraciones abre una pregunta de fondo sobre el rumbo de la política ambiental en Costa Rica. Cuando desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo se desacredita a quienes defienden el ambiente, no solo se afecta a personas concretas: se redefine el lugar que ocupa la protección ambiental dentro de las prioridades del Estado.

El discurso importa porque orienta la acción pública. Asociar la defensa del ambiente con obstáculo, engaño o radicalismo no es neutral: desplaza el debate desde la deliberación informada hacia la descalificación, y debilita las condiciones para construir políticas ambientales legítimas, participativas y sostenibles.

En un país que ha construido buena parte de su identidad internacional sobre la protección ambiental, este tipo de posicionamientos genera tensiones evidentes. No se trata solo de una contradicción discursiva, sino de una señal política que puede incidir en cómo se toman decisiones sobre territorios, recursos naturales y comunidades.

Esto se vuelve aún más evidente al revisar la propia intervención de la presidenta electa. En su discurso, Laura Fernández reivindica el ambiente como “la gallina de los huevos de oro”, destacando su valor para el turismo, la imagen país y la generación de riqueza. Sin embargo, esa defensa se articula en términos instrumentalizados: el ambiente aparece valioso en la medida en que produce beneficios económicos y reputacionales, no necesariamente como un derecho o un bien común en sí mismo.

Al mismo tiempo, establece una frontera problemática entre “protección” y “fanatismo”, ubicando a quienes cuestionan proyectos o decisiones como “radicalistas” que “engañan” al país y generan “inseguridad jurídica”. Esto no solo simplifica debates complejos, sino que reproduce el tipo de narrativa que organismos como la CIDH han advertido: aquella que desacredita a las personas defensoras al asociarlas con irracionalidad, mala fe o daño al desarrollo.

A ello se suma una idea que parece técnica, pero que también merece ser problematizada: la noción de compensación ambiental basada en cortar árboles y sembrar más, incluso en proporciones mayores. Si bien estas medidas pueden formar parte de herramientas de gestión ambiental, presentarlas como equivalentes directos invisibiliza aspectos clave como la complejidad de los ecosistemas, el tiempo que tarda en regenerarse un bosque, la biodiversidad específica de cada territorio y los impactos acumulativos de la intervención. No todo árbol es intercambiable, ni todo ecosistema es fácilmente “reemplazable”.

Así, el discurso intenta sostener una defensa del ambiente mientras deslegitima a quienes lo defienden en contextos concretos y simplifica las tensiones ecológicas a una lógica de compensación cuantitativa. La tensión no es menor: se reivindica el valor abstracto de la naturaleza, pero se cuestiona —y se desautoriza— a los sujetos que encarnan su defensa en los territorios.

En ese sentido, la pregunta no es menor: ¿se está consolidando una política ambiental que reconoce el valor de quienes defienden la vida en los territorios, o una que los coloca como adversarios del desarrollo? La respuesta a esa pregunta marcará, en buena medida, el tipo de país que Costa Rica decida ser.

Referencias:

CIDH (2022). Norte de Centroamérica: Personas defensoras del medio ambiente. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 400/22. Puede descargar aquí.

Poder Ejecutivo de Costa Rica. (2026, 22 de abril). Conferencia presidencial 22-04-2026 -video. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tqZw6bY1FVU

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Minería ilegal: el nuevo pretexto del viejo extractivismo

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Un año después de advertir sobre la pereza mental de la política costarricense frente a la minería en Cutris, el debate vuelve a escena con un nuevo giro discursivo. Esta vez, el argumento no se presenta principalmente como “desarrollo” ni como “minería sostenible”, sino como una supuesta respuesta urgente ante la minería ilegal.

En su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, afirmó que la afectación territorial por minería ilegal en Crucitas habría aumentado en más de un 200%, reforzando la narrativa de que el país enfrenta una emergencia que justificaría medidas excepcionales (Semanario Universidad, 2025). El mensaje implícito es claro: si el Estado no logra frenar la extracción clandestina, entonces permitir minería formal podría convertirse en la salida “realista”.

Pero esta lógica, lejos de representar un análisis serio del problema, reproduce un patrón conocido: usar una crisis —ambiental, social o de seguridad— como argumento para reactivar el extractivismo. La pregunta que Costa Rica debería hacerse no es si la minería ilegal existe (porque existe y es grave), sino si abrir minería metálica a cielo abierto detendría realmente esa ilegalidad, o si más bien terminaría institucionalizándola.

Los documentos internacionales y regionales revisados permiten sostener una idea fundamental: la minería ilegal no es simplemente un delito ambiental, sino un síntoma de crisis estructurales profundas vinculadas a desigualdad, abandono territorial, corrupción y redes criminales transnacionales (CIDH-REDESCA, 2025; CMIA, 2025).

Imagen: Captura de pantalla nota Semanario Universidad

Cuando lo “ilegal” se vuelve una categoría política

En el debate público costarricense, “minería ilegal” suele presentarse como una actividad marginal realizada por individuos aislados que operan fuera de la ley. Esa imagen resulta cómoda, porque permite reducir el problema a un conflicto entre “buenos y malos”, o entre “Estado y coligalleros”.

Sin embargo, los informes internacionales son contundentes: la minería ilegal de oro en América Latina no funciona como un fenómeno espontáneo o desorganizado. Es una economía ilícita consolidada, conectada con cadenas comerciales internacionales, mercados globales del oro y redes de violencia que incluyen corrupción, lavado de activos y control territorial (CIDH-REDESCA, 2025; UNODC, s. f.).

Por eso, la minería ilegal no puede explicarse únicamente como falta de permisos o ausencia de regulación. Se explica por la existencia de una economía extractiva paralela que se sostiene gracias a la impunidad y al debilitamiento institucional. En otras palabras, lo ilegal no es solo una práctica, sino un régimen de poder territorial.

El riesgo político aparece cuando esta complejidad se simplifica deliberadamente. La ilegalidad se convierte entonces en una palabra útil para construir un argumento: si hay ilegalidad, entonces hay que legalizar. Pero esa es una conclusión apresurada y profundamente interesada.

La minería ilegal como síntoma del abandono estatal

En la Amazonía y en múltiples regiones de América Latina, los organismos internacionales han advertido que la minería ilegal prospera especialmente en zonas donde el Estado es débil o está ausente: regiones fronterizas, áreas rurales empobrecidas o territorios indígenas históricamente marginados (CMIA, 2025).

El caso de Crucitas debe leerse desde esa misma perspectiva. La minería ilegal no aparece en un vacío. Surge en un contexto donde convergen:

  • -precariedad socioeconómica,
  • -ausencia de alternativas productivas sostenidas,
  • -insuficiente presencia institucional,
  • -crisis de fiscalización ambiental,
  • -limitaciones de control territorial (Semanario Universidad, 2025; CMIA, 2025).

Por eso, hablar únicamente de coligalleros y no hablar del abandono estatal es una forma de omisión política. Lo que ocurre en Crucitas no es solo extracción ilegal: es una reconfiguración territorial, económica y social. Donde el Estado no regula, aparecen mercados informales, jerarquías de poder local, redes de intermediación y violencia.

En ese sentido, lo ilegal no es un “desorden” pasajero: es una expresión de un territorio abandonado.

La trampa del discurso técnico: “solo falta regular”

Un elemento recurrente en las discusiones institucionales es presentar la minería ilegal como un problema técnico: falta fiscalización, faltan permisos, faltan procedimientos. Bajo esta visión, bastaría con habilitar un marco de concesiones, modernizar el Código de Minería y establecer controles para ordenar el territorio.

Pero esta narrativa ignora una dimensión esencial: la minería ilegal es política porque está sostenida por relaciones de poder. REDESCA ha documentado que en varios países la minería ilegal está vinculada con economías ilícitas, violencia sistemática y captura territorial, generando incluso crisis humanitarias (CIDH-REDESCA, 2025).

En la Amazonía, por ejemplo, se ha señalado que la minería ilegal se vincula a desplazamientos forzados, trata, deterioro sanitario y destrucción de ecosistemas, en un marco donde el oro funciona como combustible de redes criminales (CMIA, 2025).

Cuando el problema es de poder, corrupción y crimen organizado, legalizar no significa controlar: significa abrir una nueva fase de disputa por el territorio.

El gran engaño: creer que lo legal elimina lo ilegal

Uno de los argumentos que se repiten con insistencia en Costa Rica es que abrir minería formal permitiría reducir o eliminar la minería ilegal. Sin embargo, la evidencia regional apunta en otra dirección: en numerosos contextos, la minería legal y la ilegal coexisten y, en ocasiones, se retroalimentan (CMIA, 2025; UNODC, 2022).

Esto ocurre por varias razones:

  • La minería ilegal puede ser más rentable, porque evade costos ambientales y laborales.
  • La minería legal puede convertirse en un canal de lavado, mediante el ingreso de oro ilegal a circuitos formales.
  • Las cadenas de comercialización del oro son opacas, y su trazabilidad real suele ser limitada.
  • La fiscalización estatal es insuficiente, incluso en operaciones formales.
  • La presión extractiva aumenta cuando el territorio se normaliza como zona minera (CIDH-REDESCA, 2025; UNODC, 2022).

Así, la legalización puede funcionar como un mecanismo de normalización del extractivismo. En vez de erradicar lo ilegal, puede reorganizarlo, hacerlo más sofisticado y hacerlo convivir con estructuras empresariales formales.

Crucitas como excusa: la emergencia convertida en estrategia

En Costa Rica, el proyecto legislativo 24.717 plantea una excepción territorial para permitir minería metálica sostenible a cielo abierto en Cutris de San Carlos. El texto sustitutivo se sostiene en la idea de que esta medida permitiría enfrentar el desastre ambiental y social generado por la minería ilegal, aprovechando racionalmente el recurso y generando beneficios públicos (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2025).

Sin embargo, este razonamiento es problemático por al menos tres razones.

Primero, porque transforma una crisis de ilegalidad y ausencia estatal en un argumento para habilitar una actividad prohibida a nivel nacional. En vez de fortalecer la capacidad institucional para combatir redes criminales, se plantea abrir una puerta extractiva bajo la promesa de “orden” (CIDH-REDESCA, 2025).

Segundo, porque asume que el Estado podrá fiscalizar con eficacia una industria minera formal cuando, precisamente, lo que ha quedado en evidencia es su incapacidad para controlar el territorio y detener la minería ilegal (CMIA, 2025).

Y tercero, porque la minería a cielo abierto no es una actividad neutra. Implica transformación radical del territorio, presión sobre fuentes de agua, deforestación y conflictos socioambientales. No es un simple mecanismo administrativo para resolver un problema de seguridad.

La minería ilegal se denuncia, pero el extractivismo vuelve como receta.

¿Quién gana cuando lo ilegal se vuelve argumento?

Que la minería ilegal sea real no significa que el uso político de esa realidad sea neutral. Al contrario: convertir la ilegalidad en narrativa dominante permite justificar cambios legales y reabrir un mercado extractivo que la sociedad costarricense había cerrado.

Aquí aparecen preguntas inevitables:

  • -¿quién gana con la apertura de minería metálica?
  • -¿quién controla la comercialización del oro?
  • -¿qué actores económicos se posicionan detrás de la retórica de la “minería sostenible”?
  • -¿qué tan sólida es la capacidad estatal de fiscalización y trazabilidad del mineral?
  • -¿qué se entiende por sostenibilidad cuando se trata de extracción intensiva? (CIDH-REDESCA, 2025; UNODC, 2022).

REDESCA advierte que incluso en países donde la minería es legal, la débil supervisión estatal y la corrupción pueden facilitar que el extractivismo formal reproduzca impactos graves y, al mismo tiempo, se convierta en una fachada para economías ilícitas (CIDH-REDESCA, 2025).

En ese marco, la frontera entre lo legal y lo ilegal puede volverse frágil, difusa e instrumental.

De la ilegalidad al derecho: el enfoque que se está perdiendo

Los documentos internacionales insisten en un punto clave: la respuesta a la minería ilegal no puede reducirse a una discusión de permisos, concesiones o regalías. Debe abordarse desde un enfoque de derechos humanos y justicia ambiental (CIDH-REDESCA, 2025).

La minería ilegal afecta directamente:

  • -el derecho a un ambiente sano,
  • -el derecho al agua,
  • -la salud pública,
  • -la seguridad comunitaria,
  • -la integridad territorial de pueblos indígenas,
  • -el derecho a defender derechos (CIDH-REDESCA, 2025).

Y, además, la CIDH ha advertido que los Estados tienen obligaciones claras en materia de prevención, protección y reparación, especialmente en contextos donde la minería ilegal genera violencia y degradación ambiental sistemática (CIDH-REDESCA, 2025).

Desde esa perspectiva, combatir la minería ilegal debería implicar:

  1. trazabilidad real del oro,
  2. control del comercio de mercurio y sustancias tóxicas,
  3. persecución de redes de intermediación y comercialización,
  4. fortalecimiento de fiscalización ambiental y judicial,
  5. protección de comunidades y defensores ambientales,
  6. alternativas económicas territoriales sostenidas (CMIA, 2025; UNODC, 2022).

En ese marco, legalizar minería a cielo abierto no aparece como una solución de derechos: aparece como una salida económica con costos socioambientales difíciles de revertir.

La pereza mental regresa con uniforme nuevo

En setiembre de 2025 señalamos que la política costarricense repite un patrón de pereza mental: frente a problemas complejos, se recurre al libreto extractivista como salida rápida. Hoy ese patrón vuelve, pero con un nuevo uniforme discursivo: el lenguaje de la seguridad pública.

La minería aparece nuevamente como la “salida fácil” ante realidades duras: inseguridad, pobreza, abandono, crisis territorial. Y se intenta instalar un falso dilema: o minería legal o caos ilegal.

Sin embargo, esa narrativa invisibiliza algo esencial: la ilegalidad no se combate con extractivismo. Se combate con Estado, justicia ambiental, presencia territorial sostenida y alternativas económicas reales.

Costa Rica no necesita más minería para combatir la minería ilegal. Necesita más imaginación política, más capacidad institucional y más coherencia con la decisión histórica que el país tomó en 2010.

Lo ilegal no se resuelve con extractivismo

La minería ilegal es una amenaza real. Pero convertirla en argumento para abrir minería metálica a cielo abierto es una operación política peligrosa. Los informes revisados muestran que este fenómeno no se origina por falta de minería legal, sino por redes criminales, mercados globales del oro, desigualdad, corrupción y debilitamiento institucional (CIDH-REDESCA, 2025; CMIA, 2025).

En ese contexto, legalizar minería a cielo abierto no garantiza detener la ilegalidad. Puede incluso facilitar nuevas formas de lavado de oro, captura institucional y expansión extractiva bajo discursos de sostenibilidad (UNODC, s. f.; CMIA, 2025).

Lo que está en juego no es solo un proyecto de ley ni un distrito del norte del país. Lo que está en disputa es si Costa Rica enfrentará la minería ilegal fortaleciendo la justicia ambiental y el control democrático del territorio, o si permitirá que esa crisis funcione como pretexto para normalizar un modelo extractivo que el país ya había decidido superar.

Referencias:

Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2025). Texto sustitutivo del expediente 24.717: Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela y reforma parcial al Código de Minería (Ley N.º 6797). Ver aquí.

Climate and Mining in the Amazon. (2025). Cambio climático, minería ilegal y derechos humanos en la Amazonía: una reflexión desde la sociedad civil y los pueblos indígenas. Pueden descargar el documento aquí.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. (2025). REDESCA alerta sobre el impacto de la minería ilegal de oro y urge garantizar un medio ambiente sano. Comunicado de prensa. Organización de los Estados Americanos. Pueden ver el comunicado aquí.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2022). Tipologías y señales de alerta: minería ilegal. Pueden descargar el documento aquí.

Observatorio Bienes Comunes (2025). Minería en Cutris: la pereza mental de la política costarricense. Ver noticia.

Semanario Universidad. (2026). Ministro de Seguridad alegó aumento de 200% en afectación territorial por minería ilegal en Crucitas. Ver noticia.

Crédito imagen de cabecera Miriet Abrego/Semanario Universidad.

Pueden descargar la infografía aquí.

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Infraestructura sanitaria en la playa de Puerto Viejo: ¿qué nos dice sobre el uso del espacio público?

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En el monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven, se registró que, frente al mar en el centro de Puerto Viejo, se encontró una alcantarilla ubicada en plena zona pública, justo al borde de la playa. Según los trabajadores del sitio, se trata de parte del sistema de tratamiento de aguas negras del distrito. Aunque no hay evidencia de una descarga directa al mar, la presencia de esta infraestructura en la franja costera despierta preguntas importantes.

Partimos del supuesto de que los permisos fueron otorgados conforme a derecho y que los procesos constructivos se realizaron según la normativa vigente, particularmente por tratarse de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), un área con regulaciones ambientales específicas. En Costa Rica, la franja de los primeros 50 metros desde la pleamar es zona pública protegida: no se puede construir allí, salvo en casos excepcionales de interés público.

Si bien los sistemas sanitarios son esenciales, su colocación en espacios naturales altamente sensibles, como las playas, puede generar impactos indirectos: compactación del suelo, alteración del paisaje, cambio en los usos del espacio público y percepción de riesgo por parte de la comunidad y las personas visitantes.

Más allá de su legalidad, este tipo de intervenciones nos invita a repensar el modelo de ocupación del litoral. ¿Cómo equilibramos la necesidad de servicios con la protección de lo común? ¿Quién decide qué infraestructura es compatible con un entorno costero?

Puerto Viejo vive entre el turismo, la naturaleza y la memoria de un pueblo que cuida el mar. Cada decisión sobre su territorio —incluso una alcantarilla— deja una marca en esa historia compartida.

Lo que no siempre se ve: impactos silenciosos en la zona pública costera

Aunque este tipo de infraestructura no descargue directamente en el mar, su sola presencia en la franja pública costera puede provocar efectos menos visibles, pero no por ello menos importantes:

  • Compactación del suelo: La instalación de infraestructura subterránea suele requerir maquinaria pesada y excavación. Esto altera las dinámicas del suelo arenoso costero, reduce su capacidad de infiltración y puede afectar el crecimiento de vegetación adaptada a ese entorno.

  • Alteración del paisaje: Una tapa de alcantarilla, una caseta técnica o una tubería expuesta interrumpen la continuidad visual del entorno natural. En zonas como Puerto Viejo, donde el paisaje tiene valor cultural, turístico y ecológico, estos cambios afectan la identidad del lugar.

  • Cambio en los usos del espacio público: La gente podría evitar usar ciertas áreas de la playa por temor a olores, contaminación o por considerar que ya no son apropiadas para la recreación. Así, un bien común —la playa— se vuelve parcialmente inaccesible, afectando el derecho al disfrute del espacio público.

  • Percepción de riesgo: Aunque técnicamente la infraestructura funcione bien, su ubicación puede generar dudas sobre su mantenimiento, la posibilidad de filtraciones o su relación con enfermedades. Esto erosiona la confianza comunitaria en la gestión del territorio y en las instituciones.

Estos impactos «secundarios» son claves para pensar en una planificación verdaderamente participativa y con justicia ambiental, donde lo público no sea lo que queda libre, sino lo que se cuida con prioridad.

La zona pública que el mar se lleva: observaciones desde el campo

Un aspecto clave que a menudo se omite en la discusión sobre la ZMT es que el mar sigue avanzando tierra adentro, erosionando la zona pública costera. Según Philippe Vangoidsenhoven, esta transformación es evidente a simple vista: “Hoy día, la zona pública ya no tiene 50 metros en muchos lugares, tiene como máximo 20 metros”, comenta, tras años de observar el litoral de Puerto Viejo.

Los mojones utilizados históricamente como referencia para delimitar la ZMT fueron colocados hace décadas, pero ya no reflejan la realidad actual. Aunque la ley establece que los 50 metros deben medirse desde la pleamar ordinaria —la línea entre la arena de playa y el suelo más firme—, en la práctica se sigue utilizando la ubicación de los mojones, aun cuando el mar ha rebasado esos puntos.

Esta erosión tiene implicaciones legales, ambientales y políticas: donde antes había zona pública protegida, ahora se encuentra infraestructura, comercio o calles. Como relata Vangoidsenhoven, incluso se han propuesto proyectos para construir muros o malecones desde Playa Negra hasta Salsa Brava, para contener al mar, aunque eso signifique perder más costa natural. “La municipalidad ha llegado a poner rocas de emergencia para salvar la carretera”, recuerda. Y al fondo del asunto: si se reconociera la pérdida efectiva de la zona pública, muchos terrenos “privados” en realidad estarían en dominio público y requerirían expropiaciones.

La ZMT, entonces, no solo está en disputa por las construcciones legales o ilegales, sino también por la geografía cambiante que redefine constantemente qué es público y qué no. “Yo no necesito estudios complejos”, dice Philippe, “yo lo veo todos los días: estamos perdiendo la zona pública”.

¿Servicios o conservación? Decidir sobre lo común en la costa

La instalación de infraestructura sanitaria en zonas públicas costeras nos enfrenta a un dilema fundamental: ¿cómo asegurar servicios básicos sin debilitar el tejido natural y social que sostiene la vida en la costa?

En teoría, las decisiones sobre este tipo de obras deberían surgir de procesos de planificación participativa, con base en estudios técnicos, evaluaciones ambientales y diálogo comunitario. Sin embargo, en la práctica, muchas veces se decide desde arriba: por criterios de eficiencia técnica, disponibilidad de terreno o urgencia operativa, sin considerar suficientemente el valor simbólico, cultural y ecológico del lugar intervenido.

Por eso, preguntas como “¿quién decide?” y “¿con qué criterios?” son fundamentales. No se trata solo de cumplir requisitos legales o técnicos, sino de preguntarse si esa infraestructura:

  • Respeta el carácter de bien común del espacio intervenido.

  • Responde a una demanda real de la comunidad o es parte de una expansión urbana orientada al turismo.

  • Puede ubicarse en otro sitio con menos impacto, sin comprometer su funcionalidad.

  • Cuenta con mecanismos de fiscalización social y rendición de cuentas.

Equilibrar servicios y protección del territorio no es solo un tema técnico: es un tema político. Implica reconocer que el entorno costero no es un espacio vacío disponible para resolver problemas urbanos, sino un territorio vivo, habitado y en disputa. Decidir sobre lo común requiere abrir espacios reales de participación, donde la comunidad tenga voz activa y vinculante en el destino de su playa, su salud y su futuro.
Otras formas de hacer: alternativas para intervenir lo público en la costa

La presencia de infraestructura sanitaria en espacios sensibles como las playas no tiene que asumirse como inevitable ni definitiva. Existen otras formas de planificar e intervenir lo público que combinan la garantía de derechos con el respeto por los ecosistemas y la cultura local.

Algunas alternativas que podrían explorarse incluyen:

  • Infraestructura descentralizada y de bajo impacto: Soluciones como biodigestores, humedales artificiales o sistemas de tratamiento localizados pueden reducir la necesidad de grandes obras en zonas costeras, minimizando su huella ecológica y visual.

  • Ubicación estratégica fuera de la ZMT: En lugar de utilizar espacios públicos altamente simbólicos como la playa, se pueden identificar terrenos alternativos dentro del tejido urbano o en zonas ya intervenidas, que permitan cumplir la misma función sin comprometer el uso colectivo del litoral.

  • Diseño sensible al paisaje: En los casos donde la infraestructura debe ubicarse cerca de la costa, se puede optar por diseños integrados al entorno, con materiales naturales, soluciones paisajísticas y mínima exposición visual, reduciendo el impacto estético y ambiental.

  • Planificación participativa con justicia territorial: Incluir activamente a comunidades locales, organizaciones territoriales y actores ambientales en el diseño, ubicación y seguimiento de este tipo de proyectos garantiza mayor legitimidad, pertinencia y sostenibilidad a largo plazo.

Repensar cómo se hacen las cosas no es un lujo, sino una necesidad en contextos como Puerto Viejo, donde cada intervención pública deja huella en un ecosistema frágil y en un tejido social que defiende su forma de vida. Si queremos territorios vivos, debemos imaginar políticas públicas que no solo “resuelvan”, sino que cuiden, escuchen y reparen.

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Philippe: vivir bajo amenaza por defender la naturaleza

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Advertencia de contenido:
Las imágenes y videos incluidos en este artículo pueden herir sensibilidades. Se recomienda discreción al visualizar el material. Desde la edición, se ha tomado la decisión de incluir aquellas imágenes y registros que involucran directamente a Philippe Vangoidsenhoven, ya que constituyen evidencia clara de la gravedad de las situaciones de violencia que ha enfrentado en su labor como defensor ambiental. Esta exposición responde también a la necesidad de prevenir discursos que tienden a deslegitimar las denuncias, sugiriendo que se trata de malentendidos o exageraciones. La visibilización es, en este caso, un acto de denuncia y una herramienta de concientización.

Defender el ambiente en América Latina: una lucha de alto riesgo

Le han gritado sapo más veces de las que puede contar. “Cuando una va a la ley, o llama a la ley, ya de una vez es un sapo”, dice Philippe, con una mezcla de resignación y firmeza. No lo dice como quien se victimiza, sino como quien ha aprendido a cargar con esa palabra —escupida desde carros, desde esquinas, desde obras ilegales— como si fuera parte del paisaje donde vive. Hay videos donde se escucha con claridad: insultos que buscan silenciar, intimidar, desgastar.

Y sin embargo, sigue.

En América Latina, defender la naturaleza puede costar la vida. La región ha sido sistemáticamente reconocida como una de las más peligrosas del mundo para quienes alzan la voz contra la destrucción ambiental. Según Global Witness, cientos de personas defensoras han sido asesinadas, criminalizadas o forzadas al silencio por enfrentarse a intereses económicos, estructuras de poder local y corrupción institucional.

En este contexto se inscribe la historia de Philippe Remi Karel Vangoidsenhoven, residente en Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica. Philippe es un defensor ambiental que ha dedicado su vida a documentar y denunciar delitos ecológicos como rellenos en humedales, construcciones ilegales en la zona marítimo-terrestre y el uso de maquinaria pesada en áreas protegidas. Ha interpuesto más de 200 denuncias en las últimas dos décadas. Su labor, lejos de recibir apoyo estatal, lo ha colocado en el centro de una persecución violenta y sostenida.

Piedra, sangre y cámaras encendidas

En abril de 2019, mientras documentaba la destrucción del humedal de Punta Uva mediante la excavación de zanjas para drenarlo, Philippe fue víctima de un ataque brutal. Uno de los responsables del daño ambiental, al reconocerlo, lo insultó y luego le lanzó una piedra con tal fuerza que atravesó su carro, impactó el parabrisas y le golpeó la mano. La herida fue tan severa que estuvo a punto de perder parte del dedo pulgar, lo que afectó seriamente su vida cotidiana y laboral. La evidencia, incluida la piedra y fotografías de la lesión, fue entregada a las autoridades, pero la respuesta institucional ha sido débil.

Este episodio no fue aislado: marcó el inicio de una escalada de violencia que evidencia el patrón de riesgo que enfrentan las personas defensoras en zonas donde convergen desarrollo turístico, impunidad y abandono estatal.

Una motosierra como amenaza de muerte

Un año antes, en marzo de 2018, Philippe vivió una de las situaciones más aterradoras de su vida. Mientras tomaba fotografías de maquinaria realizando trabajos irregulares en Playa Negra —con la intención de denunciar un posible daño ambiental— fue interceptado por un hombre que, al percatarse de su presencia, encendió una motosierra y se le acercó agresivamente, hasta colocar la hoja a escasos 10 o 15 centímetros de su rostro. Philippe, quien se encontraba en bicicleta, dejó caer el vehículo y, ante el peligro inminente, sacó su revólver —legalmente portado— para disuadir al atacante. El agresor huyó del lugar gritando que Philippe lo estaba amenazando, mientras este se dirigía de inmediato a la Fuerza Pública para denunciar lo ocurrido.

Lo paradójico es que, aunque Philippe intentó prevenir un daño mayor y acudió a las autoridades, fue arrestado con base en versiones tergiversadas por personas enemistadas con él. A pesar de que había pruebas fotográficas y testigos, fue procesado por «amenazas agravadas», mientras que el hombre que lo atacó con una motosierra nunca enfrentó cargos. Incluso, este último habría intentado apropiarse de la bicicleta de Philippe mientras él permanecía detenido. Posteriormente, el agresor habría huido del país tras vender irregularmente un terreno en la zona.

Este caso no solo revela el riesgo físico que enfrentan quienes denuncian delitos ambientales, sino también cómo la criminalización judicial opera como una forma de castigo y silenciamiento. A más de siete años del suceso, Philippe sigue esperando juicio y la devolución de su revólver, a pesar de la evidencia y su actuación en defensa propia.

Golpes, bastonazos y su propia arma en contra

El caso más dramático ocurrió en 2012, cuando fue agredido por dos hombres tras denunciar el uso ilegal de un “backhoe”(Retroexcavadora) en Playa Negra. Mientras intentaba documentar con su cámara, fue abordado, derribado al suelo y golpeado con un bastón. En el forcejeo, los agresores le arrebataron su revólver y llegaron a apuntarle a la cabeza con su propia arma. Fue gracias a la intervención de un testigo que su vida no terminó allí.

Tras el ataque, Philippe llegó herido al hospital y a la Fuerza Pública, con moretones y puntos de sutura. El parte médico confirmó la violencia sufrida. Sin embargo, los agresores no fueron sancionados y el caso no tuvo mayores consecuencias judiciales.

Exposición a personas peligrosas

Philippe también ha sido víctima de ataques directos por parte de personas vinculadas al narcotráfico en la región. En una ocasión, mientras pasaba frente a un bar conocido por ser manejado por un individuo relacionado con el narco —presunto responsable de un homicidio nunca esclarecido—, fue agredido con una lluvia de piedras. Una de ellas atravesó la ventanilla trasera de su vehículo y quebró el parabrisas. Aquel día recibió más de ocho pedradas: tres quedaron en el carro, dos en el cajón y otra en la cabina, siendo esta última la que quebró el parabrisas. A pesar de los antecedentes del agresor, no hubo consecuencias legales.

Criminalización, xenofobia y abandono

Además de los ataques físicos, Philippe ha sido blanco de una intensa campaña de difamación. Ha sido insultado en redes sociales, acusado de “frenar el desarrollo” y señalado por ser extranjero, a pesar de residir legalmente en el país. Incluso se declaró persona non grata por la Municipalidad de Talamanca, iniciativa que fue anulada por la Sala Constitucional tras una acción presentada.

En redes sociales se le ha dicho que “se regrese a su país” y ha recibido amenazas veladas de figuras locales. A pesar de todo esto, Philippe continúa denunciando las violaciones ambientales en su entorno, amparado por el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y la legitimidad para denunciar a quienes lo amenazan (Pueden ver una nota anterior al respecto).

Costos personales de la defensa ambiental

Más allá de las amenazas y agresiones, defender el medio ambiente también representa una carga económica constante. Philippe ha tenido que cubrir de su propio bolsillo los daños a su vehículo —como el reemplazo de parabrisas rotos en dos ocasiones, en represalia por sus labores de monitoreo, con un costo mínimo de 200.000 colones más instalación— además de gastos por gasolina, cámaras para su seguridad y documentación de los casos, copias de denuncias y hasta salarios para personas que atiendan su negocio mientras él realiza inspecciones. Todo esto sin contar el tiempo invertido y el esfuerzo físico, incluso con una pierna lesionada. A pesar de todo ello, continúa presentando denuncias ante las autoridades.

Todo esto ocurre mientras las amenazas no cesan y la sensación de peligro se vuelve parte de lo cotidiano, incluso ha sufrido ataques directos a su negocio (se colocan imágenes y video de un evento). El costo no es solo económico o físico: también es emocional. Frente a una violencia que no da tregua y a un Estado ausente, Philippe se vio obligado a tomar decisiones difíciles para proteger su vida.

Medidas extremas para sobrevivir

Portar un arma no era parte del plan. No era algo que Philippe hubiera imaginado como parte de su vida cotidiana cuando empezó a denunciar delitos ambientales. Pero con el paso del tiempo, la violencia fue escalando. Las amenazas, los gritos desde los carros, la vigilancia constante… todo empezó a volverse más real, más cercano.

“Yo ando casi siempre solo en el campo”, explica. “Aquí la gente o está trabajando o tiene miedo. No siempre se puede contar con compañía. Y ya las cosas se estaban calentando”.

Fue entonces cuando tomó una decisión extrema: iniciar el proceso para obtener el permiso de portación de arma de fuego. No por gusto, ni por afán de confrontación, sino como una medida desesperada de autoprotección.

“Sentí que necesitaba algo para defenderme”, dice. Investigó, consiguió toda la información necesaria, y se preparó para los exámenes teóricos y prácticos. Finalmente, obtuvo el permiso.

Lo hizo, dice con claridad, por estar en esta lucha. Porque defender la naturaleza en un contexto como el de Talamanca no es solo un compromiso ético: puede ser una sentencia. Y porque las agresiones iban en aumento, y el Estado —el que debería proteger a quienes defienden el bien común— no aparecía por ninguna parte.

A la fecha, esa ausencia persiste. Mientras Philippe sigue caminando los humedales, las playas y las montañas, acompañado solo por su convicción y su arma, el Estado continúa en deuda: una deuda profunda con quienes, como él, arriesgan la vida por cuidar la vida de todos.

La impunidad cotidiana como forma de violencia

A pesar de las múltiples denuncias interpuestas por Philippe y de las pruebas contundentes —fotografías, videograbaciones, objetos utilizados en agresiones— presentadas ante diversas instancias judiciales, muchas de las personas involucradas en estos actos siguen circulando impunemente por su entorno cotidiano. No es raro que pasen cerca de su negocio, que lo insulten en voz alta o que lo increpen directamente, incluso en presencia de otras personas. Estos actos, aunque a veces sutiles y otras veces abiertamente hostiles, tienen un efecto acumulativo. Refuerzan su situación de vulnerabilidad y envían un mensaje claro: aquí, quienes defienden el ambiente están solos.

Cada encuentro no es solo una amenaza, sino un recordatorio doloroso de que, en lugar de protección, lo que ha recibido es abandono institucional. La sensación de desamparo se profundiza cuando el agresor se le aproxima sin ninguna consecuencia, colocándolo una y otra vez en una posición de inferioridad frente a quienes violan la ley con respaldo tácito de la impunidad.

¿A quién defiende la justicia?

A esta violencia impune se suma una experiencia aún más desoladora: dentro de los mismos procesos judiciales, Philippe ha tenido que enfrentar la falta de compromiso de quienes deberían representarlo legalmente. En varias ocasiones, sus propios defensores públicos —a pesar de contar con registros en video y pruebas físicas de los hechos— le han sugerido que concilie con sus agresores. La razón que le dan “ustede tiene el 50 por ciento de ganar el caso”.

Este tipo de recomendaciones, lejos de ser neutras, revelan una estructura judicial que no comprende ni reconoce el carácter específico de la defensa ambiental. Para Philippe, el mensaje es devastador: si ni siquiera su representante legal cree en la justicia, ¿entonces a quién defiende el sistema judicial? ¿A quién protege, si no es a quienes arriesgan su vida para que se cumpla la ley?

Este abandono jurídico no es anecdótico: es estructural. Y representa un obstáculo más en el ya riesgoso camino de las personas que, como Philippe, defienden la vida.

¿Hasta cuándo?

La historia de Philippe refleja un patrón claro y preocupante: la defensa de la naturaleza en Costa Rica —incluso en un país con reconocimiento internacional por su legislación ambiental— es una actividad de alto riesgo cuando entra en conflicto con intereses económicos, corrupción o estructuras de poder local.

Philippe no está solo. Es parte de una comunidad invisible de personas que luchan por los ríos, los bosques, la biodiversidad y el derecho colectivo a vivir en un entorno sano. Pero está expuesto, vulnerable y enfrentando un aparato institucional que, en lugar de protegerlo, lo revictimiza.

Costa Rica no puede seguir ignorando estas señales. Es urgente establecer mecanismos efectivos de protección para las personas defensoras del ambiente, garantizar justicia para las agresiones sufridas y desmantelar las estructuras de impunidad que permiten que estos hechos continúen.

Defender la naturaleza no puede ser una condena al exilio, al miedo o a la muerte.

Cuando la justicia no entiende a quién defiende la vida

Uno de los aspectos más alarmantes del caso de Philippe es cómo el sistema judicial costarricense ha tratado sus denuncias como si fueran querellas comunes entre particulares, sin considerar el contexto específico y el riesgo diferencial que enfrenta por ser defensor ambiental.

Philippe no denuncia hechos aislados: denuncia redes de ilegalidad ambiental, intereses económicos que operan al margen de la ley e incluso vínculos con actores públicos. Sin embargo, las instituciones que deberían protegerlo —Fiscalía, Fuerza Pública, Poder Judicial— han tramitado sus casos como si se tratara de conflictos personales. En varios procesos, ha terminado siendo investigado o denunciado por las mismas personas que lo agredieron, en un giro perverso donde la víctima termina criminalizada.

Este tratamiento burocrático, descontextualizado y ciego ante las amenazas estructurales es profundamente peligroso. Cuando la justicia no reconoce la relación directa entre la labor de defensa ambiental y la violencia recibida, se convierte en cómplice por omisión. Desprotege al defensor, legitima la impunidad y envía un mensaje desmovilizador al resto de la sociedad.

Las personas defensoras del ambiente requieren un enfoque diferenciado, como ya lo han recomendado organismos internacionales de derechos humanos. No pueden ser tratadas como cualquier ciudadano que interpone una querella: están en la primera línea de defensa de los bienes comunes y enfrentan riesgos excepcionales. Ignorar esto no solo es una falla legal; es una forma de violencia institucional.

Intimidar para silenciar: la violencia como arma de control

La violencia que enfrenta Philippe no es accidental ni aislada: forma parte de una estrategia más amplia de intimidación destinada a desactivar su labor como defensor ambiental. En contextos donde la defensa del territorio choca con intereses económicos, la intimidación se convierte en una herramienta poderosa: no busca solo castigar a quien denuncia, sino también enviar un mensaje disuasivo a toda la comunidad.

Philippe ha sido perseguido en la vía pública, insultado frente a instituciones judiciales, señalado en redes sociales y enfrentado a denuncias penales por haberse defendido de intentos de agresión. La sistematicidad de estos hechos —que combinan violencia física, acoso legal y campañas de desprestigio— demuestra que no se trata de simples conflictos personales, sino de una operación de desgaste y silenciamiento.

Esta intimidación tiene múltiples capas: intenta hacerle sentir que está solo, que su lucha no vale la pena, que el precio es demasiado alto. Busca desmoralizarlo, quebrar su voluntad y, en última instancia, desaparecerlo del territorio sin necesidad de asesinarlo físicamente. Es una forma de violencia psicológica que se mezcla con el abandono institucional y el racismo estructural contra quienes no se ajustan al modelo hegemónico de “desarrollo”.

La impunidad con que se permiten estas agresiones genera un efecto de advertencia para otras personas: “mejor no te metás, o te puede pasar lo mismo”. Esa es la función de la intimidación: sembrar miedo para cosechar silencio.

Más allá del “país verde”: los límites del ambientalismo oficial

Costa Rica es reconocida internacionalmente por su imagen de país verde, comprometido con la sostenibilidad, la biodiversidad y la protección de los recursos naturales. Sin embargo, esa imagen muchas veces convive con una realidad mucho más compleja, donde quienes defienden el ambiente desde los territorios enfrentan abandono, hostigamiento y violencia sin una respuesta estatal efectiva.

El modelo de conservación costarricense ha privilegiado históricamente las áreas protegidas, los parques nacionales y los pagos por servicios ambientales. Aunque importante, este enfoque ha sido insuficiente para abordar los conflictos socioambientales en zonas rurales y costeras, donde la presión del turismo, la especulación inmobiliaria, el extractivismo y la corrupción municipal desafían a diario la legalidad ambiental.

En estos espacios, la defensa del ambiente no la realizan los grandes organismos institucionales, sino personas como Philippe: ciudadanos que documentan, denuncian y arriesgan su integridad para hacer valer leyes que el propio Estado no cumple. Sin embargo, estas personas no son reconocidas como actoras legítimas ni protegidas de forma diferenciada. Lejos de eso, a menudo son tratadas como enemigas del desarrollo o como obstáculos para la “convivencia comunitaria”.

Costa Rica tiene una deuda pendiente: pasar del discurso oficial de sostenibilidad a una política real de protección para quienes cuidan los territorios desde abajo. Reconocer legal, política y públicamente a las personas defensoras del ambiente como figuras esenciales en la lucha contra el colapso ecológico no es solo una obligación ética, sino una necesidad urgente para sostener cualquier proyecto serio de conservación.

Mientras esa deuda no se salde, la etiqueta de “país verde” quedará incompleta, y casos como el de Philippe seguirán ocurriendo en silencio.

Nota importante:
En este artículo se incluyen imágenes y videos que documentan muestras de violencia física, verbal y psicológica que ha enfrentado Philippe Vangoidsenhoven en el ejercicio de su labor como defensor ambiental. Todo el material se presenta con la autorización expresa de Philippe y tiene un propósito ilustrativo y educativo. Su intención es visibilizar los riesgos que enfrentan las personas defensoras del ambiente en Costa Rica, así como la insuficiencia de la legislación actual, que las deja expuestas a situaciones de vulnerabilidad al no contar con medidas de protección adecuadas y efectivas.

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Puerto Viejo: tala en instalaciones del AyA bajo la lupa de defensores ambientales

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Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental activo en el Caribe Sur, continúa con el seguimiento del caso relacionado con la tala de árboles en las cercanías de la planta de tratamiento de aguas del AyA en Puerto Viejo.

Según el relato de Philippe, el proceso inició cuando una vecina solicitó al Juzgado Agrario permiso para talar dos árboles que presentaban riesgo hacia su vivienda. Sin embargo, la autorización final contempló la tala de ocho árboles, argumentando condiciones similares de peligro.

Durante una reunión pública organizada por el AyA, en la que estuvo presente Philippe, se habló únicamente de una tala ‘preventiva’ por razones de seguridad, tal como consta en los folletos informativos elaborados por la institución. En ningún momento se mencionó que la madera sería retirada o aprovechada, lo que generó preocupación en el seguimiento posterior.

En una visita reciente al sitio (24 de mayo 2025), Philippe observó que varios de los troncos ya no estaban, además de rastros de aserrín, lo cual indicaría procesamiento de madera en el lugar. Esta observación contrasta con lo dicho por el AyA y con lo establecido en la sentencia judicial, que exige coordinación con SINAC para cualquier disposición de la madera.

“No veo en ningún lado de la resolución que diga que se puede cortar el árbol en pedazos, montarlo y sacarlo. Solo habla de la tala por peligro. ¿Por qué se llevaron todo? Es raro. En el bosque, esos árboles caídos tienen su función ecológica”, señaló Philippe tras leer el fallo judicial.

De acuerdo con el análisis legal realizado, la sentencia del expediente 24-000326-0465-AG permite la corta de los árboles señalados, pero bajo estrictas condiciones: sin dañar la vegetación circundante, sin dejar residuos, y con obligación de coordinar con SINAC cualquier disposición de madera.

El retiro de los troncos sin evidencia de dicho trámite podría constituir una posible violación ambiental, lo que refuerza la importancia de este tipo de monitoreo comunitario. Además, es crucial considerar el manejo adecuado de los residuos de tala, como troncos, ramas y pedazos de madera, ya que estos cumplen funciones ecológicas esenciales en los ecosistemas. Por ejemplo, la madera caída sirve como refugio para fauna silvestre, contribuye a la retención de humedad, el reciclaje de nutrientes y el mantenimiento del suelo. En bosques tropicales, estos elementos favorecen la regeneración natural y sostienen cadenas tróficas importantes, por lo que su remoción indiscriminada puede alterar significativamente los equilibrios ecológicos locales.

Philippe indica que la situación ya fue comunicada al Ministerio Público, y se mantienen abiertas las dudas sobre:

  • ¿Quién retiró los troncos?
  • ¿Se tramitó autorización ante SINAC?
  • ¿Qué destino tuvo la madera extraída?

Este caso refuerza la necesidad de transparencia y control ciudadano en los procesos que involucran recursos naturales y posibles impactos ambientales. El seguimiento continúa.

Visita de campo de Philippe: zona de humedal y protección de quebradas

Philippe también advierte que el área intervenida corresponde a un humedal, algo evidente al observar la vegetación característica, como hojas largas que sobresalen de las conocidas plantas como Orejas de Burro, típicas de estos ecosistemas. Además, uno de los árboles talados se encontraba a escasos metros de un arroyo visible en fotos y videos tomados en el lugar.

“Debemos tener claro que los arroyos, quebradas y ríos tienen un margen de 15 metros de protección en el que no se puede tocar absolutamente nada”, subrayó Philippe. Recordó que en una ocasión anterior, al consultar a Marcelo Pacheco —exfuncionario del MINAE— sobre un árbol caído en una quebrada, este le indicó que solo se puede mover para facilitar el flujo de agua, pero nunca retirarlo ni aprovecharlo, ya que está dentro de la zona de protección.

A juicio del defensor, lo ocurrido en este caso parece una estrategia para justificar la tala y posterior aprovechamiento de madera: “Estos son trucos para talar los árboles, los cortan en pedacitos. Por eso dicen que va a tardar tres semanas. Pero talar ocho árboles se hace en dos días si se sigue la normativa”.

Material informativo entregado por el AyA
La función ecológica de los árboles caídos

Aunque a simple vista puedan parecer desechos naturales, los árboles caídos cumplen un papel esencial en los ecosistemas. Al descomponerse, sus troncos y ramas aportan nutrientes al suelo, favoreciendo la fertilidad y el crecimiento de nuevas plantas. Además, funcionan como refugio y fuente de alimento para muchas especies de insectos, hongos, aves, mamíferos y reptiles.

Los árboles caídos también ayudan a retener humedad en el suelo y a reducir la erosión en áreas boscosas. En cuerpos de agua cercanos, los troncos sumergidos proporcionan sombra, oxigenación y hábitat para peces y otros organismos acuáticos. Así, lejos de ser un desperdicio, los árboles caídos son parte vital del ciclo de la vida en los bosques y otros entornos naturales.

¿Cómo debe realizarse legalmente una tala por peligro y el retiro de madera?

En Costa Rica, incluso cuando se autoriza la tala de árboles por peligro, existen normativas ambientales estrictas que regulan el procedimiento y el destino del material extraído. Estos casos se rigen principalmente por la Ley Forestal N° 7575, la Ley de Biodiversidad, y reglamentaciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

  1. Autorización judicial o técnica

Cuando se trata de árboles que representan un peligro, como en este caso, el derribo puede ser autorizado por un juez con base en informes técnicos de entidades como el SINAC o el AyA. Sin embargo, esta autorización no implica automáticamente permiso para disponer o retirar la madera.

  1. Permiso de aprovechamiento forestal

Para mover, transportar, almacenar o transformar la madera resultante, se requiere un permiso específico de aprovechamiento forestal, gestionado ante el SINAC. Este permiso detalla:

  • Qué tipo de madera será aprovechada.
  • Volumen estimado.
  • Destino final (uso propio, comercialización, etc.).
  • Medio de transporte y ruta.
  1. Guía de transporte

Además del permiso, el retiro de troncos o madera procesada debe ir acompañado de una guía de transporte forestal, que respalda la legalidad del traslado. Esta guía debe estar físicamente presente durante el transporte y ser entregada a solicitud de las autoridades.

¿Qué pasa si se omite este proceso?

El retiro o uso de madera sin estos permisos constituye una infracción a la Ley Forestal, y puede implicar sanciones administrativas y penales, incluyendo:

  • Decomiso del material.
  • Multas.
  • Denuncias ante el Ministerio Público por posible delito ambiental.

Por eso, aunque la corta haya sido autorizada judicialmente por motivos de seguridad, el manejo posterior de la madera está estrictamente regulado. Cualquier omisión en este proceso levanta señales de alerta sobre una posible irregularidad.

Philippe afirma que se mantendrá vigilante ante cualquier intento de nueva extracción: “Si vuelven a trabajar ahí, voy con las autoridades. No van a sacar más madera. Muchas veces ese material se usa para rellenar otros humedales, y eso no puede ser. Si se tala por peligro, se deja el árbol ahí y se acabó el trabajo”.

Material fotográfico sobre los cambios en la región

Las siguientes imágenes, correspondientes a los años 2004 y 2023, muestran la transformación del paisaje en el área cercana a la planta de tratamiento del AyA. En la imagen de 2004 se observa una cobertura boscosa densa y continua, característica de una zona con baja intervención humana. Sin embargo, al comparar con la imagen de 2023, se evidencia una notable reducción del área boscosa, sustituida progresivamente por infraestructuras y asentamientos urbanos. Este contraste ilustra el avance sostenido del proceso de urbanización y el cambio en el uso del suelo, que ha fragmentado los espacios naturales y modificado significativamente la cobertura vegetal de la zona.

2004

2023

Material audiovisual de la visita de campo del 24 de mayo 2025

Estas imágenes se incorporan con fines estrictamente educativos y de interés público, en el marco de una reflexión crítica sobre el cambio de uso del suelo, la afectación de la cobertura boscosa y los casos de tala en contextos de posible riesgo ambiental y seguridad pública, con el objetivo de comprender cómo se llevan a cabo estas intervenciones y sus implicaciones.

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Río Virilla: Entre la devastación ambiental y la resistencia comunitaria

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En el límite cantonal entre Moravia y Santo Domingo —y en la frontera provincial entre San José y Heredia—, el río Virilla ha sido víctima de una serie de intervenciones ilegales y ambientalmente destructivas. Desde 2008, vecinos y organizaciones han denunciado las acciones de la empresa logística, que adquirió un terreno antes utilizado como tajo para la construcción de la ruta 32, bajo la figura de interés nacional.

A partir de esta compra, se inició trabajos sobre el lecho mismo del río: construyó un relleno que redujo el cauce, provocando un “estrangulamiento” de la corriente, alterando su curso natural y afectando los límites territoriales cantonales y provinciales. La zona, de alta importancia ecológica, forma parte de un corredor biológico, es área de recarga acuífera y hábitat de una rica biodiversidad. Las actividades incluyeron corte de árboles, movimientos de tierra, depósitos de toneladas de escombros y contaminación por residuos provenientes del mantenimiento de vehículos pesados y contenedores.

Además de la evidente devastación ambiental, la comunidad ha señalado con firmeza la omisión sistemática de las autoridades municipales, que durante años no actuaron ante las denuncias. Fue gracias a la organización y presión constante de vecinos y colectivos que se logró finalmente una orden de demolición sobre las construcciones ilegales.

Este caso evidencia la urgencia de proteger los bienes demaniales como el río Virilla, no solo por su valor ecológico, sino por su función vital en el ciclo hidrográfico y como fuente de agua para muchas comunidades. También pone en el centro la pregunta sobre el rol del Estado frente a los intereses empresariales, y el poder transformador de la acción comunitaria organizada.

Lucha legal en curso

En 2020, la Sala Constitucional acogió parcialmente un recurso de amparo contra el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y el Ministerio de Salud por su omisión en atender las denuncias sobre los daños al río Virilla. A pesar de las órdenes judiciales para resolver el expediente ambiental y ejecutar acciones concretas —como la clausura del sitio, la remoción de estructuras ilegales y la protección del cauce—, la desobediencia ha sido reiterada.

A inicios de 2024, la Sala volvió a constatar la inejecución de lo ordenado y advirtió que quienes ocupan actualmente los cargos en el Ministerio de Salud y el TAA deben cumplir de inmediato la sentencia, bajo pena de incurrir en delito de desobediencia. La falta de acceso al sitio por parte de las autoridades y la renuncia de juezas del TAA han impedido una resolución efectiva, evidenciando cómo los vacíos institucionales permiten la impunidad ambiental.

Este caso, documentado en el expediente 20-012211-0007-CO, sigue abierto, y su desenlace será clave para sentar precedentes sobre la defensa efectiva de los bienes comunes en Costa Rica.

¿Qué pasa cuando se estrangula un río? Consecuencias ambientales y sociales

El “estrangulamiento” de un río es una forma grave de alteración ambiental que ocurre cuando se reduce artificialmente su cauce natural, por ejemplo, mediante rellenos, construcciones o desvíos. Este tipo de intervención, como ha ocurrido en el caso del río Virilla en Costa Rica, genera una serie de impactos ambientales y sociales que comprometen la salud de los ecosistemas y la seguridad de las comunidades.

Cuando se reduce el ancho del cauce, se impide el flujo libre del agua, aumentando el riesgo de inundaciones en época de lluvias y acelerando la erosión de las riberas. Esto no solo afecta la estabilidad del terreno, sino que rompe el equilibrio del ciclo hidrológico, impactando la recarga de acuíferos y la regulación natural de caudales.

Además, al eliminar vegetación ribereña y deforestar, se pierde cobertura vegetal esencial para la vida silvestre, lo que genera fragmentación de hábitats, disminución de biodiversidad y degradación de corredores biológicos. El vertido de residuos —como aceites, sólidos o químicos— en zonas de uso industrial cerca del cauce agrava la contaminación y puede afectar la calidad del agua para consumo humano y agrícola.

Desde el punto de vista legal, estas acciones constituyen una violación a los principios de protección del dominio público hídrico establecidos en el Código Civil (art. 261) y en la Ley de Aguas, ya que los ríos son bienes demaniales inalienables, imprescriptibles y no sujetos a apropiación privada.

El estrangulamiento de un río no solo es un atentado ecológico: es también un acto de injusticia ambiental que vulnera derechos colectivos y debilita la resiliencia de los territorios ante el cambio climático.

Aquí pueden descargar el fallo judicial: Exp: 20-012211-0007-CO Res. Nº 2024004425

Documento de evidencia fotográfica del comité ProDefensa del Río Virilla

Contexto ecológico del río Virilla: una cuenca en crisis

El río Virilla, eje hídrico fundamental del Valle Central costarricense, enfrenta una crisis ambiental profunda producto de décadas de contaminación y presión urbanística. A pesar de su papel clave como corredor biológico y su rica biodiversidad en zonas de bosque húmedo premontano, el río ha sido convertido en receptor de aguas residuales, desechos sólidos y descargas industriales no reguladas. Las nacientes en la Cordillera Volcánica Central, que deberían ser áreas de protección prioritaria, también se ven afectadas por el avance urbano y el uso inadecuado del suelo. Esta situación refleja una desatención institucional prolongada, que ha permitido que el desarrollo económico se imponga sobre la salud ecosistémica. Iniciativas como la instalación de bardas recolectoras de plásticos y programas de educación ambiental representan esfuerzos importantes, pero insuficientes si no se acompañan de una fiscalización efectiva, inversión estatal y participación comunitaria vinculante. El caso del río Virilla ilustra con claridad cómo los conflictos ambientales no son solo disputas técnicas, sino escenarios donde se confrontan modelos de desarrollo, derechos territoriales y prioridades políticas.

Un río herido, un abastecimiento en riesgo

Aunque muchas veces lo pensamos como un problema lejano o ajeno, la crisis ambiental del río Virilla tiene una relación directa con la forma en que accedemos al agua potable, especialmente en cantones como Santo Domingo de Heredia y Moravia. Este río, que serpentea al fondo de los barrancos del Valle Central, recoge las aguas —y las heridas— de una de las zonas más urbanizadas y contaminadas del país. Lo que muchos no ven es que, en esa misma cuenca, existen pozos, nacientes y tomas superficiales que abastecen a comunidades enteras.

En Santo Domingo, por ejemplo, el agua que llega a las casas proviene de nacientes y quebradas que forman parte del entramado hídrico que desemboca en el Virilla. Algunas de estas fuentes están expuestas, sin una protección suficiente frente a la contaminación por aguas negras, residuos sólidos o agroquímicos. En Moravia, el panorama es similar: el crecimiento urbano ha arrinconado zonas de recarga acuífera y ha incrementado el escurrimiento superficial, arrastrando contaminantes hacia ríos y quebradas.

El Virilla, entonces, no solo refleja el abandono ambiental de décadas: también anticipa las crisis futuras si no se protegen las fuentes de agua que aún sobreviven en su cuenca. Cada descarga sin tratar, cada proyecto urbanístico que se impone sobre una naciente, cada quebrada convertida en canal de desechos, debilita la capacidad de las comunidades de acceder a agua limpia y segura.

Este vínculo entre el río y el grifo —entre lo ambiental y lo cotidiano— es el que debemos visibilizar. Porque cuidar el Virilla no es solo un acto simbólico o ecológico: es una necesidad urgente para sostener la vida en nuestras casas, escuelas y barrios.

¿Qué es un bien demanial?

El río Virilla es un bien demanial, es decir, un bien de dominio público del Estado que pertenece a toda la ciudadanía y está destinado al uso común o al servicio público. Según el Artículo 261 del Código Civil de Costa Rica, forman parte del dominio público “los ríos, arroyos y quebradas que corren por cauces naturales y sus riberas hasta donde llegan las más altas crecientes ordinarias”. Estos bienes no pueden ser privatizados ni alterados sin autorización expresa, ya que cumplen funciones ecológicas, sociales y territoriales fundamentales. Modificar el cauce, rellenarlo o construir sobre él constituye una violación al ordenamiento jurídico y a los derechos colectivos.

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Cuidando nuestros ríos: Limpieza del río Tacares

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Este video reúne entrevistas con personas voluntarias y vecinas que comparten sus experiencias en jornadas de limpieza de ríos y actividades de educación socioambiental. A través de sus testimonios, exploramos cómo estas acciones transforman no solo el entorno natural, sino también los vínculos sociales y el sentido de pertenencia.

El río no es solo agua que corre: es historia, memoria colectiva y vida cotidiana. Reconocer su dimensión sociohistórica nos invita a repensar nuestra relación con el territorio y a asumir un compromiso activo con su cuidado. Porque cuidar el río es también cuidarnos entre nosotros.

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Marchamos y rimamos: un collage de bombas y voces del 1° de mayo en Costa Rica

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Este 1° de mayo de 2025, miles de personas salieron a las calles en Costa Rica para reivindicar derechos, denunciar injusticias y celebrar la lucha histórica del movimiento obrero. Desde ese caminar colectivo nace este collage sonoro, un recorrido que les invitamos a hacer a través de distintas voces, ritmos, pasos… y bombas.

Sí, bombas: esas cuartetas improvisadas que detienen la música para soltar una verdad, una crítica, una chispa que enciende la conciencia. A lo largo de este montaje, las bombas populares se entrelazan con consignas, intervenciones espontáneas y reflexiones de personas que participaron en la manifestación. Juntas nos llevan por las calles de la capital, donde se alzaron denuncias contra la violencia institucional y el abandono de los intereses populares.

Entre las principales demandas, se expresó el rechazo a las políticas del poder ejecutivo y de buena parte del legislativo, acusadas de erosionar derechos y empobrecer a las mayorías. Se cuestionó la criminalización de personas privadas de libertad y sus familias bajo una nueva política carcelaria punitiva y excluyente. También se denunciaron la venta de instituciones públicas, la tecnocratización de la gestión financiera, y el debilitamiento deliberado de los sistemas de salud y educación.

La marcha reunió una pluralidad de voces: pueblos indígenas que alzaron la bandera de la autonomía y la defensa del territorio, trabajadoras domésticas que exigieron condiciones laborales dignas, sindicatos de distintos sectores, colectivos estudiantiles comprometidos con la defensa de lo público, y personas que expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo palestino. También se escucharon denuncias contra el proyecto de armonización eléctrica, señalado como parte de la mercantilización de los bienes comunes. Las voces que aquí se entrelazan defienden otra lógica: la del cuidado, la justicia y la dignidad.

Pueden escuchar el collage aquí

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