Una lectura del informe de Global Witness sobre la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente
¿Qué ocurre antes de que una amenaza se convierta en un ataque? ¿Cómo reconocer que un conflicto territorial está cambiando de escala? ¿Qué sucede cuando una comunidad empieza a ser presentada como un obstáculo, una organización como una amenaza o una persona defensora como alguien que debe ser silenciado?
El informe Poder colectivo: la lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente, publicado por Global Witness en septiembre de 2026, parte de una realidad difícil de ignorar: durante 2025 fueron asesinadas 124 personas defensoras del ambiente y el territorio en el mundo. Desde 2012, la organización ha documentado 2.375 asesinatos y desapariciones de larga duración. Pero el propio informe advierte que estas cifras no alcanzan a mostrar toda la dimensión de la violencia. Muchos casos no llegan a denunciarse o no pueden verificarse, particularmente allí donde existen conflictos armados, represión y restricciones al espacio cívico.
Por eso, quizá una de las preguntas más importantes que deja este informe no sea solamente cuántas personas fueron asesinadas, sino qué ocurre antes de llegar a ese extremo.
Global Witness describe los asesinatos como la parte visible de un «iceberg oculto» de agresiones. Debajo aparecen la criminalización, las amenazas, las campañas de desprestigio, la intimidación y el acoso, incluyendo el uso de redes sociales para desacreditar y aislar a quienes defienden sus territorios. Esta mirada permite comprender que la violencia no siempre comienza con una agresión física. Puede comenzar mucho antes, cuando se intenta debilitar la legitimidad de una comunidad, fragmentar sus vínculos, instalar miedo o convertir la defensa de un derecho en algo sospechoso.
El informe también muestra que estas situaciones no aparecen desconectadas. Más de la mitad de los asesinatos documentados en 2025 estuvieron vinculados con conflictos por la tierra, mientras que otros estuvieron relacionados con minería, explotación forestal, agroindustria, energía, agua e infraestructura. Al mismo tiempo, la corrupción, la impunidad, el debilitamiento del espacio cívico y la presencia del crimen organizado pueden aumentar la vulnerabilidad de las comunidades.
Así, defender un territorio no ocurre en un vacío. Ocurre dentro de relaciones de poder concretas.
Cuando la amenaza empieza a parecer normal
Una lectura crítica de nuestros propios contextos puede ayudarnos a mirar aquello que muchas veces se vuelve cotidiano y, precisamente por eso, deja de llamar nuestra atención.
No todas las situaciones de conflicto anuncian necesariamente una agresión grave. Tampoco cada desacuerdo con una empresa, una institución o una autoridad significa que exista una estrategia de persecución. Pero el informe permite identificar patrones que conviene observar colectivamente, especialmente cuando comienzan a acumularse.
Una primera señal aparece cuando cambia la manera en que se habla de quienes defienden un territorio. ¿Una comunidad comienza a ser presentada como enemiga del desarrollo? ¿Una organización es descrita como un obstáculo para la inversión? ¿Se cuestiona públicamente la legitimidad de quienes participan en una defensa territorial? En el informe, este tipo de estigmatización aparece vinculada con otras formas de presión y con intentos de aislar a las personas defensoras de sus propias comunidades.
Otra señal puede encontrarse en la aparición de mecanismos de criminalización: denuncias, procesos judiciales, acusaciones desproporcionadas o utilización de normas relacionadas con seguridad, terrorismo, orden público o difamación para restringir la acción colectiva. Global Witness identifica la criminalización como una de las formas no letales de represalia y llama la atención sobre legislaciones que pueden ser utilizadas para silenciar el activismo pacífico.
También resulta importante observar aquello que sucede alrededor del territorio. ¿Aparecen nuevos proyectos, concesiones, cambios de uso del suelo o intereses económicos? ¿Se acelera alguna decisión institucional? ¿Existen procesos de consulta que dejan de ser significativos? ¿Comienzan a aparecer actores desconocidos en la zona? ¿Se incrementan las disputas por la tierra o el acceso a determinados recursos?
El informe muestra que la inseguridad en la tenencia de la tierra constituye un factor importante de riesgo y que los conflictos territoriales pueden abrir el camino a nuevos ataques. También documenta vínculos entre proyectos extractivos y violencia contra personas defensoras.
Y hay otra dimensión que merece atención: la acumulación. Una campaña de desprestigio puede parecer menor. Una denuncia aislada puede parecer un asunto administrativo. Una vigilancia puede interpretarse como casualidad. Una amenaza puede ser considerada un episodio individual. Pero cuando distintas formas de presión aparecen simultáneamente, quizá sea necesario dejar de leerlas como hechos separados y comenzar a preguntarnos qué relación existe entre ellas.
Leer críticamente el contexto significa, entonces, no esperar a que la violencia sea evidente para empezar a organizarnos.
Las amenazas no siempre tienen el mismo rostro
El informe permite realizar una generalización importante, aunque necesariamente abierta a las particularidades de cada territorio: las amenazas contra quienes defienden el ambiente y el territorio suelen combinar dimensiones físicas, jurídicas, económicas, territoriales, comunicativas y comunitarias.
Pueden aparecer como amenazas directas o como hostigamiento; como procesos judiciales o campañas de difamación; como vigilancia o restricciones a la movilidad; como desplazamiento y despojo; como debilitamiento de las organizaciones; como militarización; como presión económica; o mediante el cierre de espacios para participar y reclamar derechos.
Las mujeres, además, enfrentan formas persistentes de agresión no letal. El informe recoge datos de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos que documentó, entre 2012 y 2023, más de 30.000 agresiones no letales contra mujeres defensoras en México y Centroamérica, entre ellas acoso, desprestigio, amenazas verbales, vigilancia y violencia psicológica.
Esto obliga a ampliar nuestra idea de seguridad. La seguridad no puede reducirse a evitar una agresión física. También implica poder participar, organizarse, comunicarse, desplazarse, habitar el territorio, sostener los vínculos comunitarios y defender derechos sin que esas acciones se conviertan en motivos de persecución.
Por eso, una lectura crítica de nuestros contextos podría comenzar con algunas preguntas sencillas: ¿qué está cambiando en el territorio?, ¿quiénes están adquiriendo capacidad de decisión?, ¿qué intereses aparecen?, ¿cómo se está hablando de quienes cuestionan esos cambios?, ¿qué mecanismos institucionales se están utilizando?, ¿qué ocurre con quienes levantan la voz?, ¿se están produciendo formas de aislamiento o fragmentación?, ¿qué respuestas existen cuando aparece una primera señal de alerta?
No se trata de vivir bajo sospecha permanente. Se trata de desarrollar una capacidad colectiva para leer las transformaciones que pueden afectar la vida comunitaria.
Defenderse también es construir comunidad
Frente a este panorama, el informe propone una idea especialmente sugerente: la protección no debería pensarse únicamente alrededor de una persona amenazada.
Las personas defensoras rara vez son atacadas solamente por lo que hacen como individuos. Muchas veces son atacadas por formar parte de comunidades, organizaciones y movimientos que defienden tierras, territorios, ecosistemas y derechos colectivos. Por eso, Global Witness plantea trascender los modelos exclusivamente individuales y fortalecer formas de protección colectiva.
Esta perspectiva cambia la pregunta. Ya no se trata solamente de cómo proteger a quien recibe una amenaza, sino de cómo fortalecer las condiciones colectivas que permiten que una comunidad pueda seguir existiendo, organizándose y defendiendo aquello que considera fundamental para su vida.
El ejemplo de las guardias indígenas presentado en el informe permite observar esta dimensión. En la Amazonía peruana, el pueblo Kakataibo creó una estructura comunitaria con presencia en distintas comunidades, una asamblea general y mecanismos propios para monitorear amenazas, responder ante ellas y decidir colectivamente qué hacer.
No se trata de trasladar mecánicamente esta experiencia a otros territorios. Su importancia está en mostrar que la protección puede construirse desde los propios conocimientos, formas de gobierno, relaciones comunitarias y capacidades organizativas existentes.
Global Witness identifica allí algunos componentes de la protección colectiva: liderazgo comunitario, autodeterminación, solidaridad, monitoreo de riesgos, documentación de abusos, cohesión social y capacidad de actuar colectivamente. También señala la importancia de contar con condiciones materiales y políticas que hagan posible esa protección, como el reconocimiento de la tenencia de la tierra, la participación significativa, el respeto de las formas comunitarias de gobernanza y espacios cívicos seguros.
Esto permite pensar la defensa de otra manera. Defender no es solamente reaccionar ante una amenaza. También es construir capacidades antes de que la amenaza aparezca.
Es saber quiénes están en el territorio y qué está cambiando. Es mantener comunicación. Es documentar. Es cuidar los vínculos. Es compartir información. Es evitar que una persona quede aislada. Es construir alianzas. Es reconocer conocimientos locales. Es generar mecanismos comunitarios para tomar decisiones cuando aparecen situaciones de riesgo. Y también es sostener espacios de cuidado, porque el miedo, el desgaste y la presión prolongada afectan a quienes defienden y a las comunidades que los acompañan.
El propio informe señala que la protección colectiva contribuye al bienestar y al cuidado psicosocial del colectivo y que las estrategias más sostenibles suelen apoyarse en la autodeterminación, el control territorial, el cuidado colectivo y la capacidad de las comunidades para definir sus propias formas de defensa.
Del miedo individual a la capacidad colectiva
Quizá una de las principales provocaciones de Poder colectivo consiste en obligarnos a desplazar la mirada. No basta con contar las agresiones cuando ya ocurrieron. Tampoco basta con proteger a una persona mientras las condiciones que producen la amenaza permanecen intactas.
Necesitamos aprender a leer los contextos, reconocer las señales, identificar cómo se acumulan distintas formas de presión y preguntarnos qué capacidades tenemos, como comunidad, organización, colectivo o movimiento para responder.
El informe recomienda precisamente desarrollar sistemas de alerta temprana capaces de identificar patrones emergentes de violencia y actuar antes de que ocurran los ataques. También plantea que estos mecanismos incorporen la participación de las propias personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil.
Esta propuesta puede leerse más allá de un mecanismo institucional. También puede convertirse en una pregunta organizativa: ¿cómo aprendemos colectivamente a reconocer aquello que amenaza la vida antes de que la amenaza se vuelva irreversible?
La defensa del territorio puede ser, entonces, también una práctica de aprendizaje. Aprender a mirar. Aprender a escuchar. Aprender a documentar. Aprender a cuidarnos. Aprender a reconocer cuándo un conflicto está cambiando. Aprender a no dejar sola a una persona. Aprender a construir redes antes de necesitarlas.
Porque frente a amenazas que buscan fragmentar, aislar y generar miedo, la respuesta colectiva no consiste únicamente en sumar más personas a una protesta. Consiste en construir una trama de relaciones capaz de sostener la vida, la memoria, la organización y la capacidad de decidir.
Y quizá ahí esté una de las preguntas que este informe deja abierta para nuestros propios territorios: ¿Qué necesitamos aprender colectivamente para defendernos antes de que sea demasiado tarde?
El informe Poder colectivo: la lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente puede consultarse como una invitación a mirar estas preguntas desde las experiencias de quienes, en distintos lugares del mundo, continúan defendiendo la tierra, el agua, los bosques, las comunidades y las posibilidades de una vida digna.
Leer las amenazas antes de que se vuelvan violencia
Las agresiones contra quienes defienden el territorio y el ambiente no aparecen necesariamente de un momento a otro. Pueden comenzar con discursos que deslegitiman, formas de vigilancia, presiones sobre las organizaciones, procesos de criminalización o transformaciones en el territorio que, acumuladas, configuran escenarios de mayor riesgo. Por eso, reconocer las amenazas implica también aprender a observar sus señales, identificar cambios en el contexto y preguntarnos colectivamente qué está ocurriendo, a quiénes afecta y cómo están cambiando las condiciones para organizarse y defender la vida. La siguiente matriz propone algunas claves para esa lectura; no busca establecer una fórmula para predecir la violencia, sino ayudar a reconocer patrones, acumulaciones y señales que merecen atención colectiva.
| Amenaza | ¿Cómo puede manifestarse? | Señales de alerta para leer el contexto |
|---|---|---|
| Estigmatización y difamación | Presentar a personas, organizaciones o comunidades como enemigas del desarrollo, conflictivas, radicales o vinculadas con intereses ajenos. | Aumento de mensajes públicos contra quienes participan; circulación de rumores; cuestionamientos sistemáticos sobre su legitimidad; campañas en redes sociales; intentos de desacreditar liderazgos. |
| Intimidación y amenazas | Mensajes, advertencias, hostigamiento o acciones destinadas a generar miedo y desalentar la participación. | Aparición de mensajes anónimos o advertencias; seguimiento inusual; presencia reiterada de personas desconocidas; cambios en las formas de comunicación; personas que comienzan a retirarse de las actividades por temor. |
| Criminalización | Uso de denuncias, procesos judiciales o normas para obstaculizar la defensa del territorio y la acción colectiva. | Incremento de denuncias contra integrantes de una organización; acusaciones desproporcionadas; utilización reiterada de determinadas figuras legales; procesos dirigidos contra quienes ejercen roles visibles. |
| Vigilancia y seguimiento | Observación de personas, reuniones, actividades comunitarias o comunicaciones con el propósito de conocer y controlar la organización. | Personas desconocidas en reuniones; preguntas insistentes sobre actividades y participantes; registro o seguimiento de actividades; cambios inexplicados en la seguridad de espacios o comunicaciones. |
| Hostigamiento y acoso | Presiones reiteradas dirigidas a desgastar emocional, económica o socialmente a quienes participan en la defensa. | Contactos insistentes; interrupciones constantes de actividades; presiones sobre familias o espacios de trabajo; aparición de conflictos dirigidos hacia determinados liderazgos. |
| Presiones sobre el territorio | Cambios, proyectos, concesiones o decisiones que pueden afectar tierras, agua, bosques, costas u otros bienes comunes. | Aparición de nuevos proyectos o actores; cambios acelerados en usos del territorio; procesos de permisos o decisiones poco transparentes; presión para aceptar acuerdos; reducción de espacios de participación. |
| Despojo o desplazamiento | Pérdida o amenaza sobre la permanencia de comunidades en sus territorios y sobre sus formas de vida. | Conflictos crecientes por la tenencia de la tierra; ocupaciones o intentos de apropiación; presión para abandonar el territorio; cambios en las condiciones de acceso o permanencia. |
| Violencia física | Agresiones dirigidas contra personas defensoras o comunidades. | Escalada de amenazas previas; presencia de actores violentos; ataques contra infraestructura comunitaria; agresiones que comienzan a repetirse o dirigirse contra más integrantes de la organización. |
| Violencia contra la comunidad | El objetivo deja de ser una persona y pasa a ser la organización, comunidad o movimiento en su conjunto. | Aumento simultáneo de distintas formas de presión; ataques contra varios liderazgos; división interna; desplazamiento; restricciones a reuniones o actividades comunitarias. |
| Cierre del espacio cívico | Obstáculos para reunirse, protestar, organizarse, informar o participar en decisiones públicas. | Restricciones a reuniones; obstáculos administrativos; vigilancia de actividades públicas; discursos que cuestionan el derecho a protestar; reducción de espacios de participación. |
| Militarización o respuestas de seguridad | Presencia o intervención de fuerzas de seguridad en contextos de conflicto territorial, con posibles efectos sobre las comunidades. | Incremento de presencia armada; controles o restricciones de movilidad; cambios en las dinámicas cotidianas del territorio; tratamiento de un conflicto social como problema exclusivamente de seguridad. |
| Aislamiento y fragmentación | Intentos de separar a las personas defensoras entre sí o debilitar los vínculos comunitarios y organizativos. | Conflictos internos que aparecen o se intensifican; presión diferenciada sobre determinados liderazgos; rumores dirigidos contra organizaciones; disminución de la comunicación y participación. |
| Impunidad | Falta de investigación o respuesta frente a agresiones, lo que puede favorecer su repetición. | Denuncias que no avanzan; ausencia de información sobre investigaciones; repetición de agresiones; falta de respuesta institucional ante señales previamente documentadas. |
¿Seguridad para quién?
En Costa Rica, la seguridad ocupa un lugar central en el discurso político del Estado y del gobierno. Sin embargo, esta preocupación adquiere otra dimensión cuando se observa desde quienes defienden los territorios. Durante su gobierno, el entonces presidente Rodrigo Chaves se refirió públicamente al Acuerdo de Escazú para transmitir al sector privado que podía estar tranquilo y que el acuerdo no avanzaría. Más allá de las implicaciones políticas de aquella posición, la escena permite formular una pregunta incómoda: ¿por qué la tranquilidad del sector privado frente a las personas defensoras ambientales parece formar parte de la conversación sobre seguridad, mientras la seguridad de quienes defienden el ambiente aparece mucho menos en ella?
El contraste resulta particularmente sugerente frente al artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que plantea la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
La pregunta, entonces, puede formularse con cierta ironía: si el sector privado puede recibir garantías para estar tranquilo, ¿quién garantiza la tranquilidad de quienes defienden los territorios? Y todavía más: ¿qué entendemos por seguridad cuando una persona que denuncia una amenaza ambiental puede terminar siendo presentada como el problema, mientras aquello que amenaza al territorio permanece fuera de esa conversación?
