Costa Rica ha construido durante décadas una imagen internacional de país verde, defensor de la biodiversidad y ejemplo de sostenibilidad. Se nos reconoce por haber eliminado el ejército para invertir en educación y ambiente, por nuestros parques nacionales y por ser hogar de un 6% de la biodiversidad mundial. Sin embargo, este relato se cae a pedazos cuando se confronta con la realidad que se vive en muchas regiones del país, especialmente en la costa Caribe Sur, donde la tala de árboles, la expansión inmobiliaria y la permisividad institucional amenazan con destruir lo que aún queda de bosque.
En esta zona, que forma parte del Corredor Biológico Talamanca-Caribe y que ha sido históricamente un refugio de vida silvestre y cultura viva, los proyectos urbanísticos avanzan a paso firme. La desregulación ambiental no es un accidente, sino una consecuencia directa de decisiones políticas que priorizan el desarrollo turístico e inmobiliario sobre la protección de los ecosistemas. La Ley Forestal y la institucionalidad ambiental están siendo debilitados, reinterpretados o ignorados sistemáticamente, por no decir complíce. Es más fácil conseguir un permiso para talar que para reforestar. Y eso lo saben bien quienes viven día a día la destrucción del territorio.
Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental en la región, lo vive con rabia e impotencia. Denuncia cómo en las cercanías de Playa Negra se otorgan permisos para talar árboles centenarios, o en Puerto Viejo, bajo pretextos como el «riesgo para la propiedad», sin criterios técnicos sólidos ni procesos transparentes. «Una vecina pidió permiso para talar dos árboles que estaban inclinados hacia su casa —relata—. Acudió a los juzgados, vino alguien a revisar, y con esos datos el juez autorizó la tala. Pero lo que ocurre es que, además de esos dos, el juez aprobó talar seis más, supuestamente también por representar un peligro. En total, ocho árboles. ¿Cómo es posible que se tomen decisiones así? La señora ahora está avergonzada, porque me llamó inicialmente preocupada, están talando a toda máquina», cuenta, mientras describe cómo ha acudido a la Fiscalía Ambiental, al MINAE, a reuniones comunitarias, y aún así la tala continúa. Las fotos que toma documentan un crimen ambiental que parece no tener culpables. «Yo no soy policía ni fiscal», dice con frustración, mientras constata que la impunidad es parte del sistema.
La normativa ambiental en Costa Rica, hoy está atravesada por vacíos legales, falta de fiscalización y corrupción. Los permisos para construcción en zonas boscosas, cerca de quebradas o en terrenos de alto valor ecológico se otorgan sin estudios técnicos rigurosos, sin consulta comunitaria y sin considerar el impacto acumulativo. Esto se ve agravado por una municipalidad que responde más rápido a los intereses de empresas constructoras que a los llamados de atención de las comunidades.
De bosque a concreto: el costo silencioso del progreso
Las imágenes comparativas de los años 2005 y 2023 muestran una transformación significativa del paisaje, caracterizada por una notable disminución de la cobertura boscosa. En la imagen de 2005 se observa un entorno predominantemente cubierto por vegetación, mientras que en la de 2023 se evidencia una expansión de áreas urbanizadas a expensas del bosque. Esta deforestación tiene implicaciones críticas, tanto ecológicas como sociales: se pierde biodiversidad, se alteran los ciclos hidrológicos y se incrementa la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos. Además, el avance urbano sin una planificación sostenible puede afectar negativamente la calidad de vida de las comunidades locales y contribuir al cambio climático. Este tipo de transformación resalta la urgencia de implementar políticas de ordenamiento territorial que prioricen la conservación ambiental y el desarrollo sostenible.
Fotos de la tala "legal" señalada en las fotos en 2025
La tala avanza, la vida retrocede
La impunidad se normaliza en discursos oficiales que hablan de «desarrollo sostenible», mientras se permite rellenar humedales, destruir corredores biológicos y talar árboles centenarios para construir hoteles boutique, casas de lujo y piscinas. El modelo de «progreso» que se impulsa desde el gobierno responde a intereses económicos a corto plazo, y deja por fuera los derechos de las personas, de la naturaleza y de las futuras generaciones. Lo que se pierde con cada árbol no es solo sombra o paisaje: se pierde hábitat, se pierden servicios ecosistémicos, se pierde la posibilidad de un futuro sostenible.
En muchos casos, la tala no ocurre en zonas alejadas o invisibles, sino frente a nuestras narices, a la orilla de las carreteras o en pleno centro de las comunidades. Philippe lo resume con dureza: «Solo vemos lo que se alcanza desde la calle. No queremos imaginar los desastres que ocurren más adentro, donde la propiedad privada impide monitorear lo que pasa en el bosque». Esta destrucción silenciosa es aún más peligrosa, porque pasa sin testigos, sin protesta, sin documentación. La desprotección es generalizada, pero especialmente grave en territorios donde las comunidades han sido históricamente marginadas.
Urge una respuesta política y ciudadana clara. No podemos seguir tolerando que la institucionalidad ambiental esté al servicio del mercado. No podemos permitir que se sigan desmantelando los mecanismos de protección del bosque bajo el pretexto de “progreso”. La biodiversidad que aún tenemos no es un recurso más: es la base de la vida. Y defenderla no es solo un acto ecológico, es un acto ético y político. Cada árbol talado sin justificación es una muestra más de que Costa Rica ha dejado de priorizar la vida.
Es hora de mirar más allá del eslogan. Costa Rica ya no es el ejemplo que fue. Y si no hacemos algo —desde las comunidades, desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía crítica— pronto solo quedará el recuerdo de un país que alguna vez se creyó verde.
Más allá de la tala legal: lo que está en juego en el Caribe Sur
Reducir la discusión sobre la deforestación al tema de la tala legal o ilegal resulta insuficiente cuando se trata de un territorio tan delicado como el Caribe Sur costarricense. En esta región, caracterizada por su biodiversidad única y su riqueza cultural, cada hectárea de bosque perdido implica mucho más que un cambio de uso de suelo: representa una fractura en los ecosistemas que sostienen la vida.
El Caribe Sur no es un espacio cualquiera. Sus sistemas naturales —bosques costeros, humedales, cuencas hidrográficas, corredores biológicos— operan en interdependencia con comunidades que por generaciones han vivido en estrecha relación con la tierra. Cuando el bosque desaparece, no solo se pierde hábitat, se debilitan las funciones ecológicas que amortiguan el cambio climático, regulan el agua, y permiten la reproducción de especies vitales para la seguridad alimentaria y cultural de la población local.
Por ello, impulsar actividades extractivas, aunque legales, sin un enfoque ecosistémico y de justicia territorial, equivale a ignorar la fragilidad de un entorno ya presionado por el turismo masivo, el desarrollo inmobiliario y las brechas históricas en la gobernanza ambiental. Proteger el Caribe Sur no es solo conservar árboles; es garantizar la continuidad de un tejido social y ecológico que no admite sustituciones.
