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Talamanca no está en venta – Pronunciamiento del Colectivo Antonio Saldaña frente al Acuerdo Transpacífico

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Desde Talamanca, las familias productoras indígenas conocemos las dificultades de sostener nuestro trabajo y vivir dignamente de lo que producimos. Durante años hemos cultivado la tierra, diversificado nuestros productos y mantenido una relación con la naturaleza que forma parte de nuestra vida y nuestra identidad. Sin embargo, hoy enfrentamos precios injustos, intermediarios que condicionan nuestra comercialización y la falta de respuestas concretas de las instituciones públicas. Nuestra experiencia nos ha enseñado que producir no siempre significa poder vivir dignamente de nuestro trabajo.

Ante esta realidad, rechazamos la incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) y exigimos que no sea aprobado. Nos preocupa que se profundice un modelo económico que presenta la apertura comercial como una oportunidad para todos, mientras nuestras comunidades siguen enfrentando condiciones desiguales para producir, comercializar y sostener sus economías. ¿De qué sirve abrir nuevos mercados si quienes trabajamos la tierra continuamos recibiendo precios que no reconocen nuestro esfuerzo? ¿Quiénes se benefician realmente de estas reglas comerciales y quiénes terminan pagando sus consecuencias?

No queremos que el futuro de nuestros pueblos dependa de decisiones económicas tomadas sin considerar nuestras realidades. La tierra no es solamente un espacio para producir mercancías; es territorio, memoria, cultura y sustento de nuestras comunidades. Nuestras formas de producción, nuestros conocimientos y nuestras relaciones con la naturaleza tienen valor más allá de las ganancias que puedan generar en el mercado. Defenderlos significa también defender nuestro derecho a decidir cómo queremos vivir y qué futuro queremos construir.

Por eso, no aceptamos que las promesas de crecimiento económico justifiquen compromisos comerciales cuyos efectos sobre nuestras comunidades deben examinarse con seriedad. La experiencia del banano en Talamanca nos recuerda que aumentar las oportunidades de comercialización no garantiza, por sí mismo, justicia económica. Sin condiciones dignas para producir y vender, quienes trabajamos terminamos asumiendo los costos mientras otros concentran los beneficios.

Exigimos al Gobierno de Costa Rica y a la Asamblea Legislativa que no aprueben la incorporación al CPTPP. Demandamos que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, nuestra autonomía y nuestras formas de producción, y que ninguna decisión de esta magnitud se tome ignorando las voces de quienes habitamos y sostenemos estos territorios.

No hablamos desde el rechazo al intercambio entre pueblos, sino desde la defensa de relaciones económicas justas, donde nuestro trabajo sea valorado y nuestras comunidades no queden subordinadas a los intereses de las grandes empresas. Queremos mercados que respeten a quienes producen, instituciones que respondan a nuestras necesidades y políticas que fortalezcan nuestras capacidades, en lugar de profundizar las desigualdades existentes.

Desde el Colectivo Antonio Saldaña reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la dignidad de las familias productoras indígenas y con el derecho de nuestros pueblos a construir su propio futuro. Talamanca no necesita que decidan por ella: necesita respeto, justicia económica y autonomía para vivir dignamente.

Nuestra tierra no es una mercancía. Nuestro trabajo no puede seguir siendo menospreciado. Nuestro futuro no se negocia a nuestras espaldas.

Colectivo Antonio Saldaña

Talamanca, Costa Rica

Octubre de 2026

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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«Yo no soy independiente, estoy sujeto al sistema»

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Texto: Andrea Espinoza y Janice Peters

Fotografías: Sofía Padilla

Estudiantes TC-590 Defensa comunitaria de territorios

El Colectivo Antonio Saldaña organizó una reunión el sábado 16 de mayo para conversar sobre distintas problemáticas que vive el territorio bribri de Talamanca. A continuación se comparte un resumen de las intervenciones que realizaron distintas personas integrantes de diversas comunidades del territorio.

Al retomar la historia del pueblo indígena Bribri, nos recordaron que antes de la colonización y el genocidio, la única forma de vida que reinaba era la suya. Dentro del territorio, se respetaba su propia constitución, (una forma sikua de entender este suceso) ahora los problemas son externos. Actualmente, existen conflictos que no se resuelven con los códigos indígenas, porque estos problemas son creados por las personas sikua (persona no indígena). Entonces, las personas indígenas fueron forzadas a este nuevo sistema de leyes que no respeta su identidad ni cultura. 

Justamente, Filidencio Cubillo, recalcó que la identidad de las personas indígenas se ha visto invisibilizada por el sistema occidental y con ello negada por años. Se dice que Costa Rica es un país donde el lema es “sepamos ser libres, no siervos menguados”, pero esto no aplica para las personas indígenas. Donde, su libertad esta mediada por un sistema colonial que les excluye y no les deja disfrutar su vida. Incluso, las repercusiones llegan a afectar a las personas más jóvenes. 

Como el caso de las escuelas, donde las personas estudiantes reciben clases 1 día a la semana de bribri, en comparación con las otras materias. De la mano con la ausencia del idioma, tampoco hay esfuerzos por enseñar la legalidad indígena en los centros educativos. En consecuencia, las infancias están desconectadas de la cultura, y de la lucha contra la estructura. Porque hay un sistema que los y las empuja a salir de su propia cultura e insertarse en las dinámicas occidentales. 

Precisamente, la escuela se guía bajo un sistema que solo reconoce una única forma de existir, y quienes no se ajusten a esa norma se les excluye. A raíz de esa situación, Ornicio Reyes, recalcó que dentro de la educación de este país no aceptan las formas de orden de los pueblos indígenas. Estas formas han funcionado para regular sus propios problemas, pero tristemente, no son respetadas, porque no se ajustan a la lógica neoliberal del país. Lógica en la cual el desarrollo es sinónimo de construir proyectos que atentan contra el medio ambiente y los animales. 

Sin embargo, las desigualdades que enfrenta la comunidad Bribri no se limitan solamente a los ámbitos culturales o educativos. Adicionalmente existen otras condiciones materiales que reflejan con más claridad y contundencia el abandono histórico por parte del Estado costarricense. Problemas relacionados con el acceso al agua, la violencia de personas dentro del territorio y la falta de apoyo institucional afectan la vida diaria de muchas familias indígenas, quienes día con día se enfrentan a un sistema legal que no responde ni reconoce sus necesidades y sus formas de organización.

Durante la charla se mencionó que los conflictos relacionados con el acceso al agua fueron llevados hasta la Sala Constitucional, la cual mediante sentencia en firme condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y ordena solucionar las problemáticas existentes. No obstante, a la resolución judicial, estas afectaciones continúan sin resolverse, de esta manera, evidencian que un reconocimiento formal de derecho no necesariamente se traduce a un reconocimiento material de los mismos para las comunidades indígenas.

Asimismo, durante la reunión se mencionó como algunos productos fundamentales para la economía de la comunidad, como lo son el banano y el cacao, son pagados a precios sumamente bajos. Un ejemplo de esto es el precio del kilogramo de cacao, este ronda los trecientos colones, siendo que el esfuerzo y el trabajo indígena continúa siendo subvalorado dentro de un sistema que prioriza y se beneficia de su producción sin garantizar condiciones dignas para las comunidades.  

Ante todo, esto, muchas personas jóvenes encuentran dificultades para poder continuar sus estudios, especialmente cuando las becas se hacen escasas y las ayudas económicas son inexistentes. De alguna manera, es el mismo sistema quien empuja a las personas fuera de territorio, de sus dinámicas culturales para adaptarse a estructuras externas que no les aceptan plenamente y que no reconocen plenamente su identidad, dejándolos en un limbo donde no son lo suficientemente occidentales, pero tampoco son lo suficientemente indígenas.

A pesar de la existencias de discursos institucionales sobre la inclusión y diversidad, muchas comunidades consideran que sus necesidades solo reciben atención dentro de contextos políticos específicos, como las elecciones presidenciales. Fuera de este espacio las demandas relacionadas con territorio, infraestructura y reconocimiento jurídico continúan siendo ignoradas sistemáticamente.

La situación se vuelve más contradictoria analizando la narrativa de la memoria histórica nacional. El 12 de octubre continúa siendo presentado en diversos contextos como un día de celebración, de relación entre culturas, aunque para muchos pueblos indígenas esta fecha representa el inicio de procesos de violencia, despojo y muerte.

La experiencia expuesta demuestra que muchas de las desigualdades que enfrentan los pueblos indígenas siguen siendo normalizadas dentro de la estructura del país y a la visión de miles de personas. La frase «Yo no soy independiente, estoy sujeto al sistema» fue expresada por Ornicio Reyes y resume esa sensación de vivir en un sistema que no fue hecho para los pueblos originarios y que no busca adaptarse o siquiera reconocer su existencia pero que sin embargo constantemente les exige encajar en el mismo. A pesar de todo, las comunidades continúan resistiendo, defendiendo fielmente su territorio, cultura y su forma de vida.

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¿Qué obstaculiza la atención médica en los territorios indígenas? Una reflexión urgente desde Talamanca – Colectivo Antonio Saldaña

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Desde los territorios indígenas Bribri y Cabécar de Talamanca seguimos observando con preocupación múltiples dificultades para acceder a una atención médica digna, oportuna y ajustada a la realidad de nuestras comunidades.

Las situaciones que viven muchas familias no son casos aislados. Son experiencias que se repiten y que revelan profundas limitaciones del sistema de salud cuando este intenta responder desde protocolos rígidos, sin considerar las condiciones sociales, geográficas, económicas y culturales propias de los territorios indígenas.

Adultos mayores, personas con padecimientos complejos y familias enteras enfrentan obstáculos para recibir tratamientos, medicamentos o seguimiento médico adecuado. En algunos casos, el personal de salud expresa tener voluntad de ayudar, pero señala que no cuenta con recursos suficientes, medicamentos específicos, camillas, transporte o posibilidades de actuar fuera de lo que permiten los protocolos institucionales.

La situación de doña Matilde Fernández, así como otros casos que viven cotidianamente las comunidades, deja preguntas urgentes:

  • ¿Por qué continúan existiendo barreras para recibir atención médica adecuada en los territorios indígenas?
  • ¿Cómo es posible que una persona deba desplazarse largas distancias para recibir un medicamento que no existe en su EBAIS?
  • ¿Por qué los protocolos parecen imponerse sobre las necesidades humanas y comunitarias?
  • ¿No deberían las instituciones adaptar sus mecanismos de atención a la realidad territorial de Talamanca?

Estas preocupaciones no surgen únicamente desde la experiencia comunitaria. También encuentran respaldo en el marco jurídico nacional e internacional que obliga al Estado costarricense a garantizar una atención diferenciada y culturalmente pertinente para los pueblos indígenas.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica mediante la Ley N.º 7316, establece que los gobiernos deben garantizar a los pueblos indígenas servicios de salud adecuados o proporcionarles los medios que les permitan organizar y prestar dichos servicios bajo su propia responsabilidad y control.

Además, el artículo 25 de dicho convenio señala que los servicios de salud deben organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario y planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados, tomando en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales.

Precisamente ahí surge una profunda preocupación e indignación para las comunidades indígenas de Talamanca. Porque si un Estado como el costarricense —que históricamente ha proyectado una imagen internacional de institucionalidad, cobertura social y compromiso con los derechos humanos— continúa teniendo tantas dificultades para hacer efectiva esa “medida de lo posible”, entonces es necesario preguntarse qué lugar ocupan realmente los territorios indígenas dentro de las prioridades nacionales.

¿Cómo puede seguir considerándose “difícil” adaptar servicios de salud a las realidades territoriales cuando existen obligaciones legales, tratados internacionales ratificados y décadas de experiencia institucional acumulada? ¿Por qué sigue pareciendo excepcional o inviable construir mecanismos de atención acordes con las condiciones culturales y geográficas de los pueblos indígenas, cuando precisamente eso es lo que establecen los compromisos internacionales asumidos por el país?

Las comunidades indígenas no están solicitando privilegios. Están exigiendo que se cumpla un derecho reconocido por la legislación nacional e internacional: recibir atención médica pertinente, accesible y humanamente adecuada a sus condiciones de vida.

La Constitución Política de Costa Rica también reconoce el derecho a la vida, la salud y la dignidad humana como principios fundamentales que deben orientar toda acción institucional. A esto se suma la obligación de las instituciones públicas de garantizar igualdad real en el acceso a servicios esenciales, especialmente para poblaciones históricamente excluidas.

Por ello, resulta necesario preguntarse si los actuales protocolos institucionales realmente responden a las condiciones del territorio indígena o si, por el contrario, terminan profundizando barreras de acceso y exclusión.

No se trata de señalar únicamente al personal médico o administrativo, que muchas veces también trabaja bajo limitaciones estructurales. Se trata de reconocer que existe un problema más profundo que requiere voluntad institucional, diálogo y soluciones construidas junto a las comunidades.

Por eso consideramos urgente abrir una mesa de diálogo territorial donde participen comunidades indígenas, personal de salud, autoridades de la CCSS e instituciones vinculadas, con el fin de identificar obstáculos reales y construir mecanismos de atención más humanos, pertinentes y accesibles.

La salud no puede depender únicamente de protocolos que desconocen la realidad de los territorios. La salud debe partir del respeto a la dignidad humana, del reconocimiento cultural y de la responsabilidad del Estado de garantizar atención para todas las personas.

Colectivo Antonio Saldaña

Talamanca, Costa Rica

13 de mayo del 2026

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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De paraíso natural a botín inmobiliario: crónica de una tala anunciada

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Costa Rica ha construido durante décadas una imagen internacional de país verde, defensor de la biodiversidad y ejemplo de sostenibilidad. Se nos reconoce por haber eliminado el ejército para invertir en educación y ambiente, por nuestros parques nacionales y por ser hogar de un 6% de la biodiversidad mundial. Sin embargo, este relato se cae a pedazos cuando se confronta con la realidad que se vive en muchas regiones del país, especialmente en la costa Caribe Sur, donde la tala de árboles, la expansión inmobiliaria y la permisividad institucional amenazan con destruir lo que aún queda de bosque.

En esta zona, que forma parte del Corredor Biológico Talamanca-Caribe y que ha sido históricamente un refugio de vida silvestre y cultura viva, los proyectos urbanísticos avanzan a paso firme. La desregulación ambiental no es un accidente, sino una consecuencia directa de decisiones políticas que priorizan el desarrollo turístico e inmobiliario sobre la protección de los ecosistemas. La Ley Forestal y la institucionalidad ambiental están siendo debilitados, reinterpretados o ignorados sistemáticamente, por no decir complíce. Es más fácil conseguir un permiso para talar que para reforestar. Y eso lo saben bien quienes viven día a día la destrucción del territorio.

Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental en la región, lo vive con rabia e impotencia. Denuncia cómo en las cercanías de Playa Negra se otorgan permisos para talar árboles centenarios, o en Puerto Viejo, bajo pretextos como el «riesgo para la propiedad», sin criterios técnicos sólidos ni procesos transparentes. «Una vecina pidió permiso para talar dos árboles que estaban inclinados hacia su casa —relata—. Acudió a los juzgados, vino alguien a revisar, y con esos datos el juez autorizó la tala. Pero lo que ocurre es que, además de esos dos, el juez aprobó talar seis más, supuestamente también por representar un peligro. En total, ocho árboles. ¿Cómo es posible que se tomen decisiones así? La señora ahora está avergonzada, porque me llamó inicialmente preocupada, están talando a toda máquina», cuenta, mientras describe cómo ha acudido a la Fiscalía Ambiental, al MINAE, a reuniones comunitarias, y aún así la tala continúa. Las fotos que toma documentan un crimen ambiental que parece no tener culpables. «Yo no soy policía ni fiscal», dice con frustración, mientras constata que la impunidad es parte del sistema.

La normativa ambiental en Costa Rica, hoy está atravesada por vacíos legales, falta de fiscalización y corrupción. Los permisos para construcción en zonas boscosas, cerca de quebradas o en terrenos de alto valor ecológico se otorgan sin estudios técnicos rigurosos, sin consulta comunitaria y sin considerar el impacto acumulativo. Esto se ve agravado por una municipalidad que responde más rápido a los intereses de empresas constructoras que a los llamados de atención de las comunidades.

De bosque a concreto: el costo silencioso del progreso

Las imágenes comparativas de los años 2005 y 2023 muestran una transformación significativa del paisaje, caracterizada por una notable disminución de la cobertura boscosa. En la imagen de 2005 se observa un entorno predominantemente cubierto por vegetación, mientras que en la de 2023 se evidencia una expansión de áreas urbanizadas a expensas del bosque. Esta deforestación tiene implicaciones críticas, tanto ecológicas como sociales: se pierde biodiversidad, se alteran los ciclos hidrológicos y se incrementa la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos. Además, el avance urbano sin una planificación sostenible puede afectar negativamente la calidad de vida de las comunidades locales y contribuir al cambio climático. Este tipo de transformación resalta la urgencia de implementar políticas de ordenamiento territorial que prioricen la conservación ambiental y el desarrollo sostenible.

Fotos de la tala "legal" señalada en las fotos en 2025
La tala avanza, la vida retrocede

La impunidad se normaliza en discursos oficiales que hablan de «desarrollo sostenible», mientras se permite rellenar humedales, destruir corredores biológicos y talar árboles centenarios para construir hoteles boutique, casas de lujo y piscinas. El modelo de «progreso» que se impulsa desde el gobierno responde a intereses económicos a corto plazo, y deja por fuera los derechos de las personas, de la naturaleza y de las futuras generaciones. Lo que se pierde con cada árbol no es solo sombra o paisaje: se pierde hábitat, se pierden servicios ecosistémicos, se pierde la posibilidad de un futuro sostenible.

En muchos casos, la tala no ocurre en zonas alejadas o invisibles, sino frente a nuestras narices, a la orilla de las carreteras o en pleno centro de las comunidades. Philippe lo resume con dureza: «Solo vemos lo que se alcanza desde la calle. No queremos imaginar los desastres que ocurren más adentro, donde la propiedad privada impide monitorear lo que pasa en el bosque». Esta destrucción silenciosa es aún más peligrosa, porque pasa sin testigos, sin protesta, sin documentación. La desprotección es generalizada, pero especialmente grave en territorios donde las comunidades han sido históricamente marginadas.

Urge una respuesta política y ciudadana clara. No podemos seguir tolerando que la institucionalidad ambiental esté al servicio del mercado. No podemos permitir que se sigan desmantelando los mecanismos de protección del bosque bajo el pretexto de “progreso”. La biodiversidad que aún tenemos no es un recurso más: es la base de la vida. Y defenderla no es solo un acto ecológico, es un acto ético y político. Cada árbol talado sin justificación es una muestra más de que Costa Rica ha dejado de priorizar la vida.

Es hora de mirar más allá del eslogan. Costa Rica ya no es el ejemplo que fue. Y si no hacemos algo —desde las comunidades, desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía crítica— pronto solo quedará el recuerdo de un país que alguna vez se creyó verde.

Más allá de la tala legal: lo que está en juego en el Caribe Sur

Reducir la discusión sobre la deforestación al tema de la tala legal o ilegal resulta insuficiente cuando se trata de un territorio tan delicado como el Caribe Sur costarricense. En esta región, caracterizada por su biodiversidad única y su riqueza cultural, cada hectárea de bosque perdido implica mucho más que un cambio de uso de suelo: representa una fractura en los ecosistemas que sostienen la vida.

El Caribe Sur no es un espacio cualquiera. Sus sistemas naturales —bosques costeros, humedales, cuencas hidrográficas, corredores biológicos— operan en interdependencia con comunidades que por generaciones han vivido en estrecha relación con la tierra. Cuando el bosque desaparece, no solo se pierde hábitat, se debilitan las funciones ecológicas que amortiguan el cambio climático, regulan el agua, y permiten la reproducción de especies vitales para la seguridad alimentaria y cultural de la población local.

Por ello, impulsar actividades extractivas, aunque legales, sin un enfoque ecosistémico y de justicia territorial, equivale a ignorar la fragilidad de un entorno ya presionado por el turismo masivo, el desarrollo inmobiliario y las brechas históricas en la gobernanza ambiental. Proteger el Caribe Sur no es solo conservar árboles; es garantizar la continuidad de un tejido social y ecológico que no admite sustituciones.

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Día del Campesino: entre el abandono estatal y la digna rabia de los productores indígenas en Talamanca

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Este artículo se desarrolla a partir de una conversación con integrantes de la organización indígena Antonio Saldaña, un colectivo que lucha por los derechos de las personas productoras en Talamanca. En el marco del Día del Campesino, este colectivo alza la voz para denunciar que, mientras el país celebra simbólicamente a quienes trabajan la tierra, las comunidades indígenas continúan enfrentando condiciones de vida marcadas por el abandono institucional, la injusticia económica y la invisibilización sistemática.

Desde hace años, las personas indígenas que se dedican al cultivo de banano, cacao, plátano y otros productos tradicionales enfrentan una estructura de mercado profundamente desigual. “Nos siguen pagando miseria por el banano mientras las empresas exportadoras se llenan los bolsillos”, señalan desde la organización. Según denuncian, los precios los imponen intermediarios sin ningún control estatal, y los costos de producción superan muchas veces las ganancias obtenidas.

Lejos de las estadísticas oficiales que enarbolan el crecimiento del sector agroexportador, la realidad en los territorios indígenas es de precariedad. Las comunidades enfrentan dificultades para acceder a créditos, infraestructura básica y rutas adecuadas para comercializar sus productos. Además, enfrentan trabas burocráticas e institucionales que limitan su derecho a la tierra y a decidir sobre sus formas de producción.

La organización Antonio Saldaña subraya que esta situación no es nueva, pero se agrava cada año ante la indiferencia estatal y el avance del modelo extractivista que expulsa al campesinado de sus territorios o lo somete a condiciones laborales de cuasi esclavitud. “El Día del Campesino se ha convertido en una fecha decorativa, cuando en realidad debería ser un momento de lucha y memoria. No queremos felicitaciones, queremos justicia y autonomía para trabajar nuestra tierra en paz”, afirma una lideresa bribri.

La lucha de las comunidades en Talamanca no es solo por precios justos o por reconocimiento cultural: es una lucha por la vida, por el derecho a permanecer en los territorios sin ser empujadas a la pobreza o al éxodo. Frente al olvido institucional, las redes de solidaridad, las prácticas agroecológicas, el trueque, el trabajo comunal y los saberes ancestrales se convierten en actos cotidianos de resistencia y dignidad.

Este 15 de mayo, Día del Campesino, las comunidades indígenas de Talamanca nos recuerdan que sin justicia social, sin acceso a tierra, sin respeto a sus formas de vida y sin políticas que los escuchen, no hay nada que celebrar. En cambio, hay mucho por transformar.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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El Rugido Silenciado en Talamanca: Donde el Jaguar Habita, el Estado Olvida y el Banano Paga Miseria

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Crisis en la Producción de Banano en Talamanca: Explotación, Precios Injustos y la Lucha por la Dignidad.

Este artículo se desarrolla a partir de una entrevista con la organización «Antonio Saldaña», un colectivo que lucha por los derechos de los productores indígenas en Talamanca y que ha denunciado la grave crisis que enfrentan las comunidades debido a la explotación y los bajos precios impuestos en la comercialización del banano.

El Presidente de la República ha adoptado al jaguar como símbolo de su gobierno. En sus discursos, lo menciona como emblema de fuerza, liderazgo y orgullo nacional. Sin embargo, en Talamanca, donde el jaguar aún camina libre, los verdaderos guardianes de esta especie han sido abandonados. Los pueblos indígenas Bribris y Cabécares han protegido estas tierras por generaciones, asegurando la existencia del jaguar y la conservación del territorio. Pero mientras el gobierno se apropia del símbolo, ignora y margina a quienes realmente han luchado por su preservación.

Parte fundamental de esta protección es su sistema de producción tradicional y diversificado, basado en la armonía con la naturaleza. A diferencia del monocultivo industrial que degrada la tierra y amenaza la biodiversidad, los pueblos indígenas han mantenido un modelo agrícola sostenible, respetando los ciclos naturales y asegurando el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, este sistema enfrenta una crisis profunda, ya que los productores indígenas se ven obligados a vender su banano a precios de miseria, sin apoyo para fortalecer su modelo de producción ni acceso a mercados justos.

Esta contradicción se refleja en la crisis que enfrentan los productores de banano. La economía de estas comunidades se encuentra en un estado de precariedad extrema debido a la imposición de precios injustos y la indiferencia del gobierno. Se glorifica al jaguar en las campañas políticas, pero se olvida a los pueblos indígenas que lo protegen. El gobierno se presenta como defensor de la naturaleza, pero deja en el abandono a quienes sostienen los ecosistemas que permiten la existencia de esa fauna icónica.

Precios Miserables y Control de Intermediarios

Los productores han denunciado que las empresas intermediarias imponen precios extremadamente bajos, sin considerar los costos de producción y las dificultades logísticas que implica trabajar en un territorio alejado de los grandes centros comerciales. Hace años, el precio por kilo de banano alcanzó los 82 colones, pero actualmente se ha desplomado a 60 colones. Esta cifra es insuficiente para cubrir los gastos básicos de las familias productoras.

A esta crisis se suma una nueva directriz informal que obliga a los productores a vender solo la mitad de su producción, sin ofrecer ninguna solución para el sobrante. Esto significa que, si antes una familia vendía 200 kilos y obtenía 12,000 colones, ahora solo puede vender 100 kilos, reduciendo su ingreso a 6,000 colones. Mientras tanto, los costos de traslado siguen siendo altos, con productores que deben viajar hasta una hora y media para entregar sus productos, asumiendo todos los costos sin apoyo.

Una Economía en Ruinas: Sin Opciones y Sin Respuesta del Gobierno

El problema del bajo precio no solo afecta al banano, sino también a otros productos agrícolas de la zona, como el plátano y el cacao. La falta de mercados locales y la ausencia de ferias cantonales limitan aún más las oportunidades de venta directa, obligando a los productores a depender de las grandes empresas que controlan la comercialización y fijan los precios de manera arbitraria.

Las comunidades han intentado buscar soluciones mediante diálogos con instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad. Sin embargo, hasta ahora no han recibido ninguna respuesta concreta ni medidas que ayuden a revertir la crisis.

En una carta enviada al Ministro de Agricultura y Ganadería, Victor Carvajal Porras, la organización «Antonio Saldaña» ha denunciado que Talamanca se encuentra en una de las peores condiciones socioeconómicas del país. La zona presenta altos índices de pobreza, mortalidad infantil, deserción escolar, embarazo adolescente y problemas de salud mental. Esta vulnerabilidad ha sido aprovechada por los intermediarios, quienes continúan lucrando mientras las comunidades ven cómo sus condiciones de vida se deterioran cada día más.

La contradicción es evidente: el gobierno habla de proteger la biodiversidad, pero abandona a los pueblos indígenas, quienes han sido los verdaderos guardianes de los bosques. Se promueven discursos sobre sostenibilidad, pero se permite que los productores indígenas sean explotados por intermediarios sin que se tomen medidas para garantizar su bienestar.

El jaguar sigue rugiendo en los discursos oficiales, pero en Talamanca sus guardianes luchan en silencio contra el hambre, la exclusión y la indiferencia estatal.

El Llamado a la Acción: Precios Justos y Mercados Alternativos

Los productores de Talamanca exigen la implementación de medidas urgentes que les permitan recibir un pago justo por su trabajo. Entre las propuestas destacan:

Apertura de mercados nacionales e internacionales para la comercialización del banano y otros productos a precios justos.

Simplificación de trámites burocráticos para la venta en el mercado local y nacional.

Creación de ferias cantonales que permitan a los productores vender directamente al consumidor.

Regulación de los precios del banano para evitar la explotación de los intermediarios.

Apoyo estatal para cubrir los costos logísticos y mejorar las condiciones de producción.

La organización «Antonio Saldaña» continuará visibilizando esta problemática y luchando por los derechos de las comunidades indígenas productoras de Talamanca. Es urgente que el gobierno y la sociedad tomen conciencia de esta crisis y tomen medidas concretas para evitar que más familias caigan en la pobreza extrema debido a la explotación del mercado agrícola.

El gobierno puede seguir usando el jaguar como su símbolo, pero en Talamanca saben la verdad: los jaguares no necesitan discursos, necesitan bosques, y los bosques necesitan a sus guardianes. Ignorar a los pueblos indígenas mientras se lucra con su identidad no es proteger al jaguar, es despojarlo de su verdadero hogar.

Derechos de los Pueblos Indígenas y Protección Económica

Costa Rica ha ratificado diversos instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y establecen la obligación del Estado de proteger sus medios de vida, incluyendo su actividad económica.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica, establece en su artículo 4 que los gobiernos deben adoptar medidas especiales para salvaguardar las instituciones, bienes, cultura y medio de vida de los pueblos indígenas. Además, en su artículo 6, exige que se consulte a estos pueblos sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar sus derechos, incluyendo el acceso a mercados y condiciones de producción.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) reconoce en su artículo 20 el derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar sus sistemas económicos y medios de subsistencia, asegurando protección contra condiciones de explotación. También, el artículo 26 establece que tienen derecho a poseer, utilizar y controlar sus tierras y recursos, lo que implica que el Estado debe garantizar condiciones justas para su desarrollo económico.

Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha establecido precedentes que obligan a los Estados a garantizar condiciones de vida dignas para los pueblos indígenas, protegiendo su autonomía económica y su derecho a un desarrollo sostenible.

En el contexto de Talamanca, la situación actual de los productores de banano refleja un incumplimiento grave de estos compromisos internacionales. La falta de políticas estatales para garantizar precios justos, la dependencia forzada de intermediarios y la ausencia de mercados accesibles contradicen el marco normativo internacional que Costa Rica ha ratificado y debe cumplir.

El Estado Costarricense: Obligaciones y Retos Pendientes

Dado el reconocimiento de estos instrumentos internacionales, el gobierno costarricense tiene la responsabilidad de:

  • Garantizar precios justos y condiciones de comercialización dignas para los pueblos indígenas, evitando la explotación de intermediarios.

  • Fomentar la autonomía económica de los pueblos indígenas, mediante incentivos para mercados locales y apoyo a la producción.

  • Asegurar la consulta y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre políticas agrícolas y económicas que los afectan directamente.

  • Implementar mecanismos de protección económica que impidan la vulnerabilidad extrema de estas comunidades frente a prácticas abusivas del mercado.

El caso de los productores de banano en Talamanca es un reflejo de la deuda histórica del Estado costarricense con sus pueblos indígenas. La crisis actual no es solo un problema económico, sino una violación de derechos humanos que requiere acciones inmediatas para garantizar condiciones de vida dignas y el respeto a la autonomía productiva de estas comunidades.

Orgánico, pero Injusto: Cómo las Certificaciones No Garantizan Precios Dignos

Las certificaciones orgánicas suelen presentarse como una garantía de comercio justo y sostenibilidad. En teoría, aseguran que los productos cumplen con estándares ambientales y sociales que deberían beneficiar tanto a los consumidores como a los productores. Sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas de Talamanca, esta certificación no se traduce en precios justos ni en mejores condiciones de vida.

A pesar de cumplir con los requisitos de producción orgánica, los productores indígenas siguen enfrentando precios bajos impuestos por intermediarios. Mientras los consumidores  pagan un alto valor por productos «orgánicos y sostenibles», quienes los cultivan reciben una fracción mínima de ese precio. Además, los costos asociados a la certificación (trámites, auditorías y cumplimiento de normativas) recaen sobre los productores, sin que esto garantice un beneficio económico real.

El caso del banano en Talamanca demuestra que la certificación orgánica, por sí sola, no protege a los productores de la explotación ni corrige las desigualdades del mercado. Sin un acceso directo a mejores mercados, sin regulación de los precios y sin apoyo estatal para fortalecer su autonomía económica, las comunidades indígenas continúan atrapadas en un sistema que se disfraza de justo, pero que sigue perpetuando la exclusión y el abuso.

¿Quiénes Son los Intermediarios y Cómo Afectan a los Productores Indígenas?

Los intermediarios son empresas o personas que compran productos agrícolas directamente a los productores para luego revenderlos en mercados nacionales e internacionales. En teoría, su función es facilitar la comercialización y distribución de los productos, pero en la práctica, muchas veces imponen precios injustos y condiciones desventajosas para quienes cultivan la tierra.

En el caso de los productores indígenas de Talamanca, los intermediarios compran el banano a precios extremadamente bajos, a veces incluso imponiendo restricciones sobre la cantidad que pueden vender. Mientras los productores apenas sobreviven con ingresos insuficientes, estos intermediarios aumentan su margen de ganancia al vender el producto a precios mucho más altos en el mercado.

El problema radica en que las comunidades indígenas no tienen acceso directo a los mercados ni a infraestructura para comercializar su producción sin depender de los intermediarios. Esto crea un ciclo de explotación donde los productores trabajan largas jornadas, asumen los costos de producción y transporte, pero reciben una paga que no cubre ni lo básico para vivir.

Regular la actividad de los intermediarios y generar mercados alternativos donde los productores puedan vender de manera justa es una de las demandas urgentes de las comunidades indígenas de Talamanca.

El Muro Silencioso: Cómo el Racismo Institucional Margina a los Productores Indígenas en Talamanca

El racismo institucional es una de las principales barreras que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica. En el caso de los productores de banano en Talamanca, esta discriminación se manifiesta en la indiferencia del Estado ante sus demandas, la falta de políticas de apoyo y el ninguneo sistemático por parte de las instituciones.

A pesar de que el territorio Bribri enfrenta altos niveles de pobreza, precarización laboral y falta de acceso a servicios básicos, las autoridades no han tomado medidas para garantizar condiciones dignas para sus productores. Organizaciones como «Antonio Saldaña» han denunciado que los trámites para buscar soluciones son excesivamente burocráticos y las respuestas, cuando llegan, son tardías o insuficientes.

El racismo institucional se evidencia en la ausencia de mercados accesibles para los productos indígenas, en la falta de programas de financiamiento y en la imposición de normas comerciales que no consideran la realidad de estas comunidades. Mientras tanto, los intermediarios y las grandes empresas se benefician de su vulnerabilidad, perpetuando un sistema de explotación.

Este tipo de discriminación no es un caso aislado, sino un patrón histórico de exclusión que se repite en diversas comunidades indígenas del país. La lucha por precios justos no es solo una cuestión económica, sino también un acto de resistencia contra un sistema que invisibiliza y margina a los pueblos indígenas.

Los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Derecho a una Vida Digna

Los derechos de los pueblos indígenas van mucho más allá de la visión folclórica o decorativa con la que suelen ser tratados en la política tradicional. No se trata solo de reconocer su cultura en discursos o de exhibir sus símbolos en eventos oficiales, sino de garantizar condiciones reales para una vida digna, basada en autonomía, justicia y equidad.

El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que los Estados deben garantizar el acceso a tierras, recursos, educación, salud y mercados justos, sin discriminación ni explotación. Sin embargo, en la práctica, muchas comunidades indígenas siguen enfrentando pobreza, exclusión y la imposición de modelos económicos que no respetan su forma de vida.

En el caso de Talamanca, los productores indígenas no solo deben luchar contra los bajos precios del banano y la explotación de intermediarios, sino también contra la indiferencia de un Estado que los deja fuera de sus políticas económicas y de desarrollo. Mientras el gobierno se apropia de su simbología, como el jaguar, las comunidades que protegen la tierra y la biodiversidad son marginadas y empobrecidas.

Respetar los derechos de los pueblos indígenas implica asegurar su bienestar material y su derecho a decidir sobre sus territorios y economías. No es suficiente con reconocerlos en la cultura oficial; es necesario garantizar que puedan vivir con dignidad, sin explotación ni olvido.

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¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Cocles en Peligro: La Lucha por un Bosque Costero Protegido

with No Comment JUSTICIA ECOLÓGICA

Las denuncias ambientales son fundamentales para la preservación de los ecosistemas y el cumplimiento de la legislación ambiental. Permiten identificar y frenar actividades ilegales como la deforestación, contaminación y destrucción de hábitats, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Además, garantizan la rendición de cuentas de quienes incumplen las normativas y fomentan una cultura de respeto por el medio ambiente. La participación ciudadana es clave para prevenir daños irreversibles y asegurar un desarrollo sostenible para las futuras generaciones.

Denuncia ambiental en la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca

Desde el 2016 hasta la fecha, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven realizó labores de vigilancia y denuncia sobre un terreno ubicado entre el Hotel Selina y el Hotel Rocking J’s, en Cocles, contiguo a la zona pública. Según una revisión del SINAC, este sector cuenta con la Certificación SINAC-ACLAC-PNE-C 011-2017, emitida por la Dirección del Área de Conservación Amistad-Caribe, que lo declara parte del Patrimonio Natural del Estado.

La documentación muestra que el demandado, junto con otras personas, habría intervenido el terreno sin autorización, a pesar de su protección legal. La denuncia incluye inspecciones realizadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), así como solicitudes de medidas cautelares para detener los daños y permitir la regeneración del bosque costero. También se señala la posible responsabilidad de la Municipalidad de Talamanca en la entrega de permisos irregulares.

Cronología de los hechos

  • 22 de abril de 2016: Se observa a un hombre chapeando vegetación en el terreno. La policía interviene y detiene la actividad. Más tarde, el demandado se presenta molesto en un negocio del denunciante.
  • 12 de agosto de 2017: Se realiza una gran chapea del terreno. Se notifica al MINAE, que inspecciona pero no encuentra a nadie. En una reinspección posterior, se encuentra al demandado en el terreno y se levanta una denuncia.
  • 13 de agosto de 2017: Inspección oficial del SINAC confirma el corte de vegetación en la zona marítimo-terrestre.
  • 23 de agosto de 2017: El demandado admite la chapea y la justifica alegando razones de seguridad.
  • 28 de diciembre de 2017: Se observa al demandado fumigando el terreno.
  • 23 de marzo de 2018: Personas vuelven al terreno con machetes. Se llama al 911, pero los responsables se esconden antes de que llegue la policía.
  • 24 de marzo de 2018: Se graba en video al demandado dentro del terreno con productos de fumigación.
  • 21 de noviembre del 2024: Se reporta y denuncia chapeado en la zona marítimo terrestre.

Imagen de Croquis obtenida de SINAC-ACLAC -189–201 –PIPCP (06 de Setiembre del 2017) 

Acciones continuaron

El último aviso que realizó Vangoidsenhoven fue el 21 de noviembre de 2024, cuando llamó a la policía y comprobó la presencia de personas realizando actividades en el terreno, a pesar de las medidas cautelares vigentes. Phillipe señala que, desde 2016, cada tres o cuatro meses se han enviado peones para realizar labores; no han dejado de chapear, fumigar y llevar a cabo otras acciones desconocidas.

A pesar de las múltiples advertencias de las autoridades y de que los responsables han sido identificados, la actividad ilegal continúa. Phillipe denuncia: “Aun así, siguen, siguen y siguen. A pesar de las medidas cautelares, enviaron a dos peones. El denunciado no estuvo ahí porque sabe lo que está pasando”.

El personal del MINAE ha indicado que, si se detecta actividad en el terreno, debe ser denunciada ante el MINAE o directamente a la policía. Quienes incumplan estas disposiciones deben ser arrestados y llevados a la Fiscalía.

Sin embargo, gracias a la vigilancia y las denuncias constantes, se ha logrado frenar en parte estas acciones. Sin este esfuerzo, probablemente el bosque ya no existiría.

Eventos ocurridos el pasado 21 de noviembre del 2024

La Ley de la Zona Marítimo-Terrestre, en su Artículo 12, establece que sin autorización legal, está prohibido explotar la flora y fauna, cercar terrenos, construir edificaciones, cortar árboles, extraer recursos o realizar cualquier tipo de desarrollo o actividad en estas áreas protegidas.

La urgencia de proteger el bosque costero

Actualmente, este terreno cuenta con medidas cautelares, pero sigue siendo necesaria una intervención urgente para garantizar su protección y regeneración.

Los bosques costeros son fundamentales para:
✅ Proteger contra la erosión y marejadas, reduciendo el impacto de fenómenos climáticos extremos.
✅ Refugiar una gran diversidad de flora y fauna, muchas veces endémica o en peligro de extinción.
✅ Capturar carbono y mitigar el cambio climático, ayudando a reducir los gases de efecto invernadero.
✅ Mantener el equilibrio ecológico y la calidad del agua, beneficiando la biodiversidad y el bienestar humano.
✅ Sostener actividades económicas como el ecoturismo y la pesca, que dependen de un ambiente saludable.

La vigilancia ambiental y la denuncia de actividades ilegales son fundamentales para preservar estos ecosistemas. Proteger el Humedal de Cocles es responsabilidad de toda la sociedad y un llamado urgente para que las instituciones cumplan su deber.

Eventos enfrentados por Philippe por sus labores de vigilancia y denuncia.

Durante su labor, Phillipe ha estado expuesto a constantes agresiones, como se evidencia en los videos que nos proporcionó, llegando incluso a ser amenazado en su propio negocio.

La primera vez ocurrió en 2016, cuando, tras observar actividades ilegales de chapeo en el terreno y alertar a la policía, lograron detenerlas. Phillipe relata que, al llegar a su negocio, aproximadamente una o dos horas después, el denunciado llegó con un peón, reclamando en voz alta y de manera amenazante: “¿Qué estás haciendo? Ese terreno es mío, puedo hacer lo que me dé la gana”.

En otra ocasión, el denunciado y su pareja comenzaron a seguirlo mientras conducía. Para Vangoidsenhoven, es fundamental denunciar estos hechos, pues forman parte de las estrategias utilizadas para amedrentar y silenciar. Situaciones como estas explican por qué pocas personas se atreven a denunciar, ya que temen sufrir agresiones similares.

Es crucial visibilizar estos episodios de violencia que enfrentan las personas defensoras del ambiente, solo por el hecho de proteger la naturaleza.

Documento: SINAC-ACLAC -189–201 –PIPCP (06 de Setiembre del 2017)

Denuncias presentadas

Denuncia 22 de abril 2016

Denuncia 24 de marzo 2018